Sentencia N.º 1074
- Sentencia
- N.º 1074
- Fecha
- 08/07/2008
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 08-0380
- Ponente
- Carmen Zuleta De Merchan
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
El 31 de marzo de 2008, fue recibido en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, proveniente del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de
Dicha remisión obedece al recurso de apelación ejercido el 14 de marzo de 2007, por el apoderado judicial de la accionante, contra la sentencia dictada el 12 de marzo de 2008, por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de
El 10 de abril de 2008, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a
El 21 de mayo de 2008, el abogado Francisco Ardiles consignó documento autenticado en el cual el abogado Sabas Acosta Guevara señaló que:
sustituyo en los abogados FRANCISCO ARDILES Y GUSTAVO SOTO VALENZUELA, (
) el poder que le confirió la ciudadana MAYELA GERALDINE LANZA DIAZ
. En esa misma oportunidad el abogado Francisco Ardiles, con el carácter de apoderado judicial de la accionante, presentó escrito contentivo de la fundamentación de la apelación interpuesta.
Realizado el estudio individual del presente expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
ANTECEDENTES
Del escrito contentivo de la solicitud y de las actas que rielan al expediente se constatan como hechos previos a la presente acción de amparo constitucional, los siguientes:
El 21 de junio de 2002, la ciudadana Mayela Geraldine Lanza Díaz solicitó la calificación de despido del cual fue objeto por parte de Distribuidora Konk del Centro C.A. El 23 de enero de 2002, el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo de
Que [u]na vez en vigencia el nuevo Régimen Procesal del Trabajo, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, el 8 de Octubre de 2003 se avocó (sic) al conocimiento de la causa y ordenó la notificación de la demandada.
Que [I]nfructuosas como habían resultado las gestiones para la notificación de la demandada, el Tribunal Undécimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial (antes Juzgado Segundo de Sustanciación, Mediación y Ejecución), en fecha 2 de Octubre de 2007, ordenó librar nuevamente los carteles de notificación y los remitió a
Que de la diligencia estampada el 16 de noviembre de 2007, el Alguacil del Juzgado Trigésimo Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, informó que el 13 de noviembre de 2007, se practicó la notificación de la demandada, siendo agregadas las resultas de dicha notificación en el Juzgado de la causa, el 5 de diciembre de 2007.
El 7 diciembre de 2007, el Tribunal de la causa dictó un auto indicándole a las partes que ese mismo día (7/12/07) se consumó el término de la distancia y que a partir de esa fecha comenzaría a computarse los diez (10) días hábiles para la celebración de
El 8 de enero de 2008, se celebró el acto de audiencia preliminar y no encontrándose presente la parte actora se declaró desistido el procedimiento y concluido el proceso.
El 10 de marzo de 2008, el apoderado judicial de la ciudadana Mayela Geraldine Lanza Díaz, ejerció, ante el Juzgado Superior del Trabajo de
El 12 de marzo de 2008, el referido Juzgado Superior Segundo declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta.
El 14 de marzo de 2008, el apoderado judicial de la accionante apeló de la mencionada decisión.
II
FUNDAMENTO DE
Señaló el apoderado judicial de la accionante que
el lapso de comparecencia para
Alegó que [e]n el expediente no aparece certificación alguna. Ni el Secretario ni el Tribunal, en su defecto, certificaron o dejaron constancia de la materialización de la notificación hecha por el Alguacil que la practicó, violentando de esta manera una formalidad esencial que es de orden público y que vicia de nulidad la sentencia que declaró desistido el procedimiento, en el Acta de fecha 8 de Enero de 2008
.
Indicó que [c]uando el Tribunal Undécimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución celebró el acto de apertura de la audiencia Preliminar y declaró desistido el procedimiento, sin haber cumplido con la formalidad esencial de la certificación de la actuación cumplida por el Alguacil que practicó la notificación, violentó el legítimo derecho a la defensa de [su] representada, que le garantiza el artículo 49 de
Que [s]e le impidió así, a [su] representada, el acceso al acto inicial de todo proceso judicial del trabajo, como lo es el inicio de la legítima Audiencia Preliminar y la consignación de sus medios probatorios´.
Que
cuando el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución celebró el acto de
En virtud de lo expuesto, solicitó se acuerde a favor de [su] mandante MANDAMIENTO DE AMPARO CONSTITUCIONAL, decretando
III
DE
Mediante decisión dictada el 12 de marzo de 2008, el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de
Ahora bien, aduce el querellante que el acto y la sentencia dictada en fecha 08 de enero del año 2007, conculco (sic) los derechos constitucionales del debido proceso y del derecho a la defensa, consagrado en el artículo 126 de
Admitida la demanda se ordenará la notificación del demandado, mediante un cartel que indicara el día y la hora acodada para la celebración de la audiencia preliminar, el cual será fijado por el Alguacil, a la puerta de la sede de la empresa, entregándole una copia del mismo al empleador o consignándola en su secretaria o en su oficina receptora de correspondencia si la hubiere. El Alguacil dejará constancia en el expediente de haber cumplido con lo prescrito en este Artículo y de los datos relativos a la identificación de la persona que recibió la copia del cartel. El día siguiente al de la constancia que ponga el secretario, en autos de haber cumplido dicho (sic) actuación, comenzará a contarse el lapso de comparecencia del demandado.
...Omissis
Es decir por no haberse certificado la notificación practicada, norma esta de inminente orden público, que determina a partir de que fecha comienzan a correr los lapsos procesales, para la ocurrencia de la celebración de la audiencia preliminar, y que a su entender, tal omisión en la actividad del Juez, genero (sic) indefensión y le impidió conocer la oportunidad para la audiencia preliminar por inexistencia de la formalidad esencial de la certificación de la notificación practicada por el alguacil.
Este Tribunal, de una revisión exhaustiva de las actas procesales, y de los documentos consignados junto al escrito de interposición del escrito del recurso, cabeza de autos, constata, que en fecha 02 de octubre del año 2007, el presunto agraviante exhorto (sic) al Juzgado Trigésimo Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de
En fecha 13 de noviembre del año 2007, se cumplió la notificación por el alguacil del Tribual (sic) exhortado, cumplida como fue, se remitió al Tribunal presunto agraviante, y que recibida como fueron en fecha 05 de diciembre del año 2007, el Juez Onceavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, mediante auto suscrito por él y la secretaria del Tribunal ordenaron agregarlas a los autos, se observa igualmente que en fecha 07 de diciembre del año 2007, dicho Tribunal, procedió a dar por concluido el termino (sic) de la distancia concedido a la demandada de autos, fijando de manera expresa la oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar, acto este cumplido en fecha 08 de enero del año 2008, y en la cual se declaró el desistimiento del procedimiento, con vista a la incomparecencia de la parte actora hoy recurrente en amparo.
De la misma manera, en su artículo 7 de las (sic) precitada ley, establece la notificación única, es decir, que cumplida la notificación para la audiencia preliminar no habrá necesidad de una nueva, para ningún otro acto del proceso, se observa igualmente de
Así existiendo el recurso procesal de la apelación, del cual el querellante no demostró la razón de la omisión de su ejercicio, se infiere que el mismo obvio (sic) tal medio procesal, capaz de reparar su situación, siendo claro y transparente de la letra de
Por las razones expuestas es forzoso para quien decide declarar
El procedimiento cuestionado en definitiva, lo es la validez de la sentencia dictada sobre la base de presuntos vicios existentes en su realización, y para examinar la conformidad del procedimiento con el bloque de la legalidad que lo rige, situación esta que escapa al objeto del Amparo Constitucional, y lo que a criterio de este tribunal, el caso de autos no reviste el elemento de excepcionalidad exigido conforme a la doctrina expuesta para su viabilidad, máxime, cuando los supuestos denunciados, que los fundamentan, suponen determinar la violación de disposiciones legales, que indirectamente podrían inferir sobre los derechos denunciados, lo que de conformidad con el artículo 6, ordinal 5 de
En virtud de lo expuesto se declara Inadmisible la presente acción de Amparo Constitucional y Así se establece.
IV
COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la presente apelación para lo cual, previamente, debe establecer su competencia para conocer de la misma. A tal efecto se observa que, conforme a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala es competente para conocer de las apelaciones de los fallos de los Tribunales Superiores que actuaron como primera instancia en los procesos de amparo, salvo en la materia contencioso administrativa, ya que, según la norma invocada, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción constitucional, la tramitación de las apelaciones, se rige tanto por las normativas especiales, como por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes de esta Sala (vid. caso: Emery Mata Millán, del 20 de enero de 2000, y caso: Yoslena Chanchamire Bastardo, del 8 de diciembre de 2000).
De acuerdo con estas últimas interpretaciones y con lo establecido en el artículo 35 de
V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Preliminarmente debe esta Sala pronunciarse con relación a la tempestividad del escrito contentivo de los fundamentos de la apelación y, al respecto, se constata que el presente expediente fue recibido ante este alto Tribunal el 10 de abril de 2008 y el aludido escrito fue consignado el 21 de mayo de 2008, razón por la cual,
Dicho amparo se fundamentó en la violación de los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, previstos en el artículo 49 de
Por su parte, el Juzgado remitente consideró que en el caso de autos, se encontraba presente la causal de inadmisibilidad establecida en el cardinal 5 del artículo 6 de
Ahora bien, observa esta Sala que, en el caso de autos la acción de amparo constitucional fue interpuesta contra la sentencia dictada el 8 de enero de 2008, por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de
En efecto, el artículo 130 de
Si el demandante no compareciere a la audiencia preliminar se considerará desistido el procedimiento, terminando el proceso mediante sentencia oral que se reducirá en un acta, la cual deberá publicarse en la misma fecha. Contra esta decisión, el demandante podrá apelar a dos (2) efectos por ante el Tribunal Superior del Trabajo competente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. (Desatacado añadido).
De lo anterior se desprende que la accionante contaba con el recurso de apelación para enervar la actuación que presuntamente menoscababa sus derechos. En ese sentido, el artículo 6, cardinal 5, de
Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo:
(
)
5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado.
El criterio anterior fue ratificado por esta Sala, en sentencia Nº 2369/2001, en la cual se indicó que:
Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente....
Asimismo, la sentencia N° 2581, del 11 de diciembre de 2001, (caso: Robinson Martínez Guillén), estableció lo siguiente:
Observa esta Sala que, si bien toda persona tiene derecho al ejercicio de la acción de amparo en defensa de sus derechos fundamentales, en no pocas ocasiones se ha distorsionado la finalidad de este medio de tutela contra decisiones judiciales, pretendiendo, tendenciosa y subrepticiamente, que sirva de correctivo ilimitado frente a situaciones procesales desventajosas, obviando que el restablecimiento de los derechos infringidos comienza por la utilización de los remedios procesales ordinarios y extraordinarios (la apelación, el recurso de hecho, la oposición en el proceso cautelar y su articulación probatoria, e incluso, los recursos de casación e invalidación). (Resaltado de Sala)
En tal sentido, observa
En virtud de ello, resulta forzoso para esta Sala declarar sin lugar el recurso de apelación ejercido por el abogado Sabas Acosta Guevara, apoderado judicial de la accionante y, en consecuencia, confirma la sentencia dictada el 12 de marzo de 2008, por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de
VI
DECISIÓN
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de
PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 14 de marzo de 2007 por el abogado Sabas Acosta Guevara, apoderado judicial de la ciudadana Mayela Geraldine Lanza Díaz.
SEGUNDO: CONFIRMA la sentencia dictada el 12 de marzo de 2008, por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de
Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de
Luisa EstelLa Morales Lamuño
El Vicepresidente,
Francisco A. Carrasquero López
Los Magistrados,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
MarcoS Tulio Dugarte Padrón
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Ponente
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp- 08-0380
CZdeM/tg.
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