Venley

Sentencia N.º 1074

Sentencia
N.º 1074
Fecha
08/07/2008
Sala
Constitucional
Expediente
08-0380
Ponente
Carmen Zuleta De Merchan
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

El 31 de marzo de 2008, fue recibido en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, proveniente del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el oficio distinguido con el N° 0083/2008, por medio del cual se remitió el expediente distinguido con el alfanumérico GP02-0-2008-000007 (cursante en ese Juzgado) contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta, el 10 de marzo de 2008, por el abogado Sabas Acosta Guevara, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 2.903, con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana MAYELA GERALDINE LANZA DÍAZ, titular de la cédula de identidad N° 9.442.920, contra la sentencia dictada el 8 de enero de 2008, por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

Dicha remisión obedece al recurso de apelación ejercido el 14 de marzo de 2007, por el apoderado judicial de la accionante, contra la sentencia dictada el 12 de marzo de 2008, por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta.

El 10 de abril de 2008, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter, suscribe el presente fallo.

El 21 de mayo de 2008, el abogado Francisco Ardiles consignó documento autenticado en el cual el abogado Sabas Acosta Guevara señaló que: “…sustituyo en los abogados FRANCISCO ARDILES Y GUSTAVO SOTO VALENZUELA, (…) el poder que le confirió la ciudadana MAYELA GERALDINE LANZA DIAZ…”. En esa misma oportunidad el abogado Francisco Ardiles, con el carácter de apoderado judicial de la accionante, presentó escrito contentivo de la fundamentación de la apelación interpuesta.

Realizado el estudio individual del presente expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

Del escrito contentivo de la solicitud y de las actas que rielan al expediente se constatan como hechos previos a la presente acción de amparo constitucional, los siguientes:

El 21 de junio de 2002, la ciudadana Mayela Geraldine Lanza Díaz solicitó la calificación de despido del cual fue objeto por parte de Distribuidora Konk del Centro C.A. El 23 de enero de 2002, el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, admitió la demanda y ordenó el emplazamiento de la demandada.

Que “[u]na vez en vigencia el nuevo Régimen Procesal del Trabajo, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, el 8 de Octubre de 2003 se avocó (sic) al conocimiento de la causa y ordenó la notificación de la demandada”.

Que “[I]nfructuosas como habían resultado las gestiones para la notificación de la demandada, el Tribunal Undécimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial (antes Juzgado Segundo de Sustanciación, Mediación y Ejecución), en fecha 2 de Octubre de 2007, ordenó librar nuevamente los carteles de notificación y los remitió a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para la notificación de la demandada”.

Que de la diligencia estampada el 16 de noviembre de 2007, el Alguacil del Juzgado Trigésimo Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, informó que el 13 de noviembre de 2007, se practicó la notificación de la demandada, siendo agregadas las resultas de dicha notificación en el Juzgado de la causa, el 5 de diciembre de 2007.

El 7 diciembre de 2007, el Tribunal de la causa dictó un auto “indicándole a las partes que ese mismo día (7/12/07) se consumó el término de la distancia y que a partir de esa fecha comenzaría a computarse los diez (10) días hábiles para la celebración de la Audiencia Preliminar”.

El 8 de enero de 2008, se celebró el acto de audiencia preliminar y no encontrándose presente la parte actora se declaró desistido el procedimiento y concluido el proceso.

El 10 de marzo de 2008, el apoderado judicial de la ciudadana Mayela Geraldine Lanza Díaz, ejerció, ante el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo acción de amparo constitucional contra la referida decisión, correspondiéndole el conocimiento de la causa al Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial.

El 12 de marzo de 2008, el referido Juzgado Superior Segundo declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta.

El 14 de marzo de 2008, el apoderado judicial de la accionante apeló de la mencionada decisión.

II

FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

Señaló el apoderado judicial de la accionante que “…el lapso de comparecencia para la Audiencia Preliminar comienza a contarse desde el día siguiente a aquél en que el Secretario o el propio Tribunal deje constancia o certifique sobre la actuación cumplida por el Alguacil en el momento de practicar la notificación”.

Alegó que “[e]n el expediente no aparece certificación alguna. Ni el Secretario ni el Tribunal, en su defecto, certificaron o dejaron constancia de la materialización de la notificación hecha por el Alguacil que la practicó, violentando de esta manera una formalidad esencial que es de orden público y que vicia de nulidad la sentencia que declaró desistido el procedimiento, en el Acta de fecha 8 de Enero de 2008…”.

Indicó que “[c]uando el Tribunal Undécimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución celebró el acto de apertura de la audiencia Preliminar y declaró desistido el procedimiento, sin haber cumplido con la formalidad esencial de la certificación de la actuación cumplida por el Alguacil que practicó la notificación, violentó el legítimo derecho a la defensa de [su] representada, que le garantiza el artículo 49 de la Constitución Nacional, pues le impidió que ´disponiendo del tiempo o lapso legal previsto en la ley especial y de los medios legales adecuados para ejercer la defensa de sus derechos e intereses, concurriera al acto de una audiencia Preliminar legítima, a consignar los medios probatorios adecuados para sustentar sus alegatos y argumentos esgrimidos en su libelo de demanda”.

Que “[s]e le impidió así, a [su] representada, el acceso al acto inicial de todo proceso judicial del trabajo, como lo es el inicio de la legítima Audiencia Preliminar y la consignación de sus medios probatorios´”.

Que “…cuando el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución celebró el acto de la Audiencia Preliminar y dictó sentencia, declarando desistido el procedimiento, sin haber cumplido con el requisito esencial de la certificación de la actuación del Alguacil que practicó la notificación, violentó una formalidad esencial consagrada en la ley procesal especial (Art. 126) y con él el debido proceso garantizado en el artículo 49 de la Constitución Nacional”.

En virtud de lo expuesto, solicitó se “acuerde a favor de [su] mandante MANDAMIENTO DE AMPARO CONSTITUCIONAL, decretando la NULIDAD ABSOLUTA del acto y de la sentencia que acordó el DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO, ambos contenidos en el ACTA DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR ILEGÍTIMAMENTE CELEBRADA el 8 de enero de 2008 por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta misma Circunscripción Judicial…”. Asimismo, se declare la nulidad del acto impugnado y, “se reponga la causa al estado de que el Secretario o el Tribunal, en su defecto, certifique la actuación cumplida por el Alguacil que practicó la notificación de la demandada, a los fines de que se inicie el conteo legítimo del lapso para la celebración de la audiencia preliminar”.

                                                                     III

DE LA SENTENCIA APELADA

Mediante decisión dictada el 12 de marzo de 2008, el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta, contra la sentencia dictada el 8 de enero de 2008, por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, teniendo como argumento para ello, lo siguiente:

“Ahora bien, aduce el querellante que el acto y la sentencia dictada en fecha 08 de enero del año 2007, conculco (sic) los derechos constitucionales del debido proceso y del derecho a la defensa, consagrado en el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en razón de que no existe dentro del expediente la certificación de la notificación practicada, por el Alguacil del Tribunal a quien le fuere remitido el exhorto a tales efectos, norma esta que establece:      
Admitida la demanda se ordenará la notificación del demandado, mediante un cartel que indicara el día y la hora acodada para la celebración de la audiencia preliminar, el cual será fijado por el Alguacil, a la puerta de la sede de la empresa, entregándole una copia del mismo al empleador o consignándola en su secretaria o en su oficina receptora de correspondencia si la hubiere. El Alguacil dejará constancia en el expediente de haber cumplido con lo prescrito en este Artículo y de los datos relativos a la identificación de la persona que recibió la copia del cartel. El día siguiente al de la constancia que ponga el secretario, en autos de haber cumplido dicho
(sic) actuación, comenzará a contarse el lapso de comparecencia del demandado.        
...Omissis…
Es decir por no haberse certificado la notificación practicada, norma esta de inminente orden público, que determina a partir de que fecha comienzan a correr los lapsos procesales, para la ocurrencia de la celebración de la audiencia preliminar, y que a su entender, tal omisión en la actividad del Juez, genero
(sic) indefensión y le impidió conocer la oportunidad para la audiencia preliminar por inexistencia de la formalidad esencial de la certificación de la notificación practicada por el alguacil.
Este Tribunal, de una revisión exhaustiva de las actas procesales, y de los documentos consignados junto al escrito de interposición del escrito del recurso, cabeza de autos, constata, que en fecha 02 de octubre del año 2007, el presunto agraviante exhorto
(sic) al Juzgado Trigésimo Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de cumplir con la notificación de la demandada de autos en la causa signada con el número “GH01-S-2002-000019”, contentiva de la demanda interpuesta por la ciudadana Mayela Geraldine Lanza, hoy recurrente en Amparo, por intermedio de su apoderado judicial, contra la sociedad de comercio Distribuidora KonK del Centro, C.A, con domicilio en la Ciudad de Caracas.     
En fecha 13 de noviembre del año 2007, se cumplió la notificación por el alguacil del Tribual
(sic) exhortado, cumplida como fue, se remitió al Tribunal presunto agraviante, y que recibida como fueron en fecha 05 de diciembre del año 2007, el Juez Onceavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, mediante auto suscrito por él y la secretaria del Tribunal ordenaron agregarlas a los autos, se observa igualmente que en fecha 07 de diciembre del año 2007, dicho Tribunal, procedió a dar por concluido el termino (sic) de la distancia concedido a la demandada de autos, fijando de manera expresa la oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar, acto este cumplido en fecha 08 de enero del año 2008, y en la cual se declaró el desistimiento del procedimiento, con vista a la incomparecencia de la parte actora hoy recurrente en amparo.

La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, regula la audiencia preliminar como la primera fase del proceso laboral, que será de forma oral, privada, y bajo la presidencia del Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, con la presencia obligatoria de las partes, y en el entendido de que la misma propende al estimulo (sic) de los medios alternos de resolución de conflicto, y cuyo fin tiende a garantizar el cumplimento de tal finalidad, que de nada serviría tal carácter obligatorio, si al mismo tiempo no se plasman los mecanismos procesales para persuadir a las partes a que acudan a la audiencia preliminar a resolver sus diferencias, por ello determino (sic), que si el demandante no compareciere se declarara desistido el procedimiento, si no concurriere el demandado se presumirá la admisión de los hechos, garantizando con este mecanismo que las partes comparezcan a tal importante acto del procedimiento.    
De la misma manera, en su artículo 7 de las
(sic) precitada ley, establece la notificación única, es decir, que cumplida la notificación para la audiencia preliminar no habrá necesidad de una nueva, para ningún otro acto del proceso, se observa igualmente de la Ley la consagración de los recursos ordinarios, esto es la consagración del derecho de las partes de apelar libremente de aquellas sentencias de las cuales no estén conformes, es decir, que tales actos recursivos ejercitados en la oportunidad procesal correspondientes (sic), son capaces de proteger como medio idóneo el ejercicio de la tutela judicial efectiva.    
Así existiendo el recurso procesal de la apelación, del cual el querellante no demostró la razón de la omisión de su ejercicio, se infiere que el mismo obvio
(sic) tal medio procesal, capaz de reparar su situación, siendo claro y transparente de la letra de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de la existencia de esos medios procesales pre existentes en jurisdicción ordinaria, capaces de alcanzar la tutela judicial efectiva de los derechos y garantías constitucionales, es decir, que la acción de amparo se torna inadmisible, cuando el agraviado no haya hecho uso de las vías ordinarias o de los medios judiciales preexistentes, pudiendo hacerlo, ya que si bien es cierto, alega el recurrente que se le violento (sic) el debido proceso y el derecho a la defensa, no es menos cierto, que la reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ha consagrado que la legitimación para solicitar el vicio afectado de nulidad, en primer lugar, por regla general es a instancia de parte, que el mismo no puede ser alegado si no por aquella parte que ha sufrido realmente el daño, es decir, por la parte gravada por el acto, que a decir de Carnelutti, es al mismo tiempo quien puede convalidarlo, como consecuencia lógica de la necesidad de un interés para obrar, el cual surge precisamente con el gravamen que el acto viciado produce a la parte, con base a que las leyes de orden público no pueden renunciarse ni relajarse, por convenio particulares, evidenciándose de los autos, que el recurrente en Amparo, se encontraba a derecho, que no ejerció los recursos ordinarios pudiendo hacerlo, en tres (3) oportunidades, cuando se agregaron las resultas del exhorto, en fecha 05 de diciembre del año 2007, cuando se dio por concluido el termino (sic) de la distancia, en fecha 07 de diciembre del año 2007, y dentro de los 5 días siguientes a la publicación del fallo, que lo fue en fecha 08 de enero del año 2008, y más aun cuando queda demostrado que el procedimiento termino (sic) con vista a la incomparecencia del actor, y no con vista al supuesto vicio alegado de existir este (sic), no quedando tampoco expuesto por el presunto agraviado el fundamento, o motivo que permitiera a este tribunal, llegar al convencimiento de que el medio idóneo para logra (sic) la efectiva tutela judicial era inexistente, o que los existentes no eran capaces de reparar las (sic) situación jurídica que dice se infringió.   
Por las razones expuestas es forzoso para quien decide declarar la Inadmisibilidad del recurso propuesto, por considerar que la pretensión fundamental deducida por la parte accionante se concreta, en que por la vía judicial extraordinaria del Amparo Constitucional, se deje sin efecto el acto y la sentencia dictada con ocasión al mismo, en fecha 08 de enero del año 2008, por ser nulo de pleno derecho, de conformidad- a su decir- con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y se reponga la causa al estado de que el Secretario o en su defecto el Tribunal certifique la actuación cumplida por el Alguacil que practico
(sic) la notificación de la demandada, a los fines de que se inicie el conteo legitimo (sic) del lapso para la celebración de la Audiencia Preliminar.     
El procedimiento cuestionado en definitiva, lo es la validez de la sentencia dictada sobre la base de presuntos vicios existentes en su realización, y para examinar la conformidad del procedimiento con el bloque de la legalidad que lo rige, situación esta que escapa al objeto del Amparo Constitucional, y lo que a criterio de este tribunal, el caso de autos no reviste el elemento de excepcionalidad exigido conforme a la doctrina expuesta para su viabilidad, máxime, cuando los supuestos denunciados, que los fundamentan, suponen determinar la violación de disposiciones legales, que indirectamente podrían inferir sobre los derechos denunciados, lo que de conformidad con el artículo 6, ordinal 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Garantías y Derechos Constitucionales, hace Inadmisible la acción de Amparo interpuesta, por existir medios procesales, breves, sumarios, eficaces e idóneos, en vía judicial ordinaria como lo es el recurso de apelación, dispuesto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo para dilucidar la pretensión deducida, lo cual hace forzosa la delación de Inadmisibilidad de la presente acción.
En virtud de lo expuesto se declara Inadmisible la presente acción de Amparo Constitucional y Así se establece”.

IV

COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la presente apelación para lo cual, previamente, debe establecer su competencia para conocer de la misma. A tal efecto se observa que, conforme a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala es competente para conocer de las apelaciones de los fallos de los Tribunales Superiores que actuaron como primera instancia en los procesos de amparo, salvo en la materia contencioso administrativa, ya que, según la norma invocada, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción constitucional, la tramitación de las apelaciones, se rige tanto por las normativas especiales, como por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes de esta Sala (vid. caso: Emery Mata Millán, del 20 de enero de 2000, y caso: Yoslena Chanchamire Bastardo, del 8 de diciembre de 2000).

De acuerdo con estas últimas interpretaciones y con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y visto que la sentencia ha sido dictada por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, actuando como primera instancia constitucional, esta Sala resulta competente para conocer de la presente apelación.  Así se declara.

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Preliminarmente debe esta Sala pronunciarse con relación a la tempestividad del escrito contentivo de los fundamentos de la apelación y, al respecto, se constata que el presente expediente fue recibido ante este alto Tribunal el 10 de abril de 2008  y el aludido escrito fue consignado el 21 de mayo de 2008, razón por la cual, la Sala estima que dicho escrito fue interpuesto de manera extemporánea, por lo que no será tomado en consideración para la resolución del presente amparo. Ello, conforme con la doctrina que, sobre el particular, estableció esta Sala, en sentencia No. 422, del 4 de abril de 2001,  (caso: Estación de Servicios Los Pinos S.R.L). Así se declara.

Dicho amparo se fundamentó en la violación de los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, previstos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, configuradas según el apoderado judicial de la accionante, cuando “el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución celebró el acto de la Audiencia Preliminar y dictó sentencia, declarando desistido el procedimiento, sin haber cumplido con el requisito esencial de la certificación de la actuación del Alguacil que practicó la notificación, violentó una formalidad esencial consagrada en la ley procesal especial (Art. 126)…”. 

Por su parte, el Juzgado remitente consideró que en el caso de autos, se encontraba presente la causal de inadmisibilidad establecida en el cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por estimar que la accionante debió recurrir al mecanismo de impugnación establecido al efecto, como lo era el recurso de apelación.

Ahora bien, observa esta Sala que, en el caso de autos la acción de amparo constitucional fue interpuesta contra la sentencia dictada el 8 de enero de 2008, por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que declaró de conformidad con lo establecido en el artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, desistido el procedimiento, y terminado el proceso por la incomparecencia de la parte actora a la audiencia preliminar.

En efecto, el artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece que:

“Si el demandante no compareciere a la audiencia preliminar se considerará desistido el procedimiento, terminando el proceso mediante sentencia oral que se reducirá en un acta, la cual deberá publicarse en la misma fecha. Contra esta decisión, el demandante podrá apelar a dos (2) efectos por ante el Tribunal Superior del Trabajo competente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.” (Desatacado añadido).

 

De lo anterior se desprende que la accionante contaba con el recurso de apelación para enervar la actuación que presuntamente menoscababa sus derechos. En ese sentido, el artículo 6, cardinal 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales dispone lo siguiente:

“Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo:

(…)

5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado”.

 

            El criterio anterior fue ratificado por esta Sala, en sentencia Nº 2369/2001, en la cual se indicó que:

“Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente...”.

 

Asimismo, la sentencia N° 2581, del 11 de diciembre de 2001, (caso: Robinson Martínez Guillén), estableció lo siguiente:

“Observa esta Sala que, si bien toda persona tiene derecho al ejercicio de la acción de amparo en defensa de sus derechos fundamentales, en no pocas ocasiones se ha distorsionado la finalidad de este medio de tutela contra decisiones judiciales, pretendiendo, tendenciosa y subrepticiamente, que sirva de correctivo ilimitado frente a situaciones procesales desventajosas, obviando que el restablecimiento de los derechos infringidos comienza por la utilización de los remedios procesales ordinarios y extraordinarios (la apelación, el recurso de hecho, la oposición en el proceso cautelar y su articulación probatoria, e incluso, los recursos de casación e invalidación)”. (Resaltado de Sala)

 

En tal sentido, observa la Sala que en el caso de autos la accionante en amparo pudo recurrir a la vía judicial preexistente para solventar la situación jurídica infringida, como lo era ejercer el medio de impugnación que preceptúa el artículo 130 de la Ley Adjetiva Laboral (apelación), el cual pudo interponer dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del fallo que se cuestionó -8 de enero de 2008-, pues es éste mecanismo procesal, y no otro, el medio idóneo para tutelar los derechos constitucionales que la accionante alegó como infringidos; de allí que, la acción de amparo constitucional resulta inadmisible, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara.

En virtud de ello, resulta forzoso para esta Sala declarar sin lugar el recurso de apelación ejercido por el abogado Sabas Acosta Guevara, apoderado judicial de la accionante y, en consecuencia, confirma la sentencia dictada el 12 de marzo de 2008, por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta. Así se decide.

VI

DECISIÓN

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara:

            PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 14 de marzo de 2007 por el abogado Sabas Acosta Guevara, apoderado judicial de la ciudadana Mayela Geraldine Lanza Díaz.

            SEGUNDO: CONFIRMA la sentencia dictada el 12 de marzo de 2008, por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta contra el fallo dictado el 8 de enero de 2008, por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

 Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 08 días  del  mes de julio de dos mil ocho (2008). Años 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

La Presidenta,

 

 

Luisa EstelLa Morales Lamuño

                                                                        El Vicepresidente,        

 

 

Francisco A. Carrasquero López

Los Magistrados,

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

MarcoS Tulio Dugarte Padrón

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                                                                      Ponente

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

Exp- 08-0380

CZdeM/tg.

 

 

 

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