Venley

Sentencia N.º 1076

Sentencia
N.º 1076
Fecha
21/10/2026
Sala
Constitucional
Expediente
26-0850
Ponente
Lourdes Benicia Suárez Anderson
Procedimiento
Demanda de nulidad

 

MAGISTRADA PONENTE: LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON

 

El 8 de junio de 2026, se recibió ante la Secretaría de esta Sala Constitucional, escrito presentado por los ciudadanos TELÉMACO RAMÓN FIGUEROA, OSCAR ANTONIO IBARRA LIRA y PAUL NICOLÁS SEIJA SUPERLANO, titulares de las cédulas de identidad números V-5.870.846, V-3.844.579 y V-3.753.957, respectivamente, asistidos por los abogados Indira María Ocando Argüelles y Wilman Antonio Molina Romero, titulares de las cédulas de identidad números V-12.329.632 y V-8.204.038, respectivamente, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 76.999 y 128.492, procediendo en su propio nombre y en su condición de empleados del sector público universitario, con los cargos de profesores de la Universidad Politécnica Territorial de Paria “Luis Mariano Rivera” (UPTPLMR), Carúpano estado Sucre, Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas (UNEXCA), Caracas Distrito Capital y la Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE), Caracas Distrito Capital y como ciudadanos titulares de derechos e intereses colectivos o difusos vinculados al trabajo, contentivo de la demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad conjuntamente con medida cautelar, contra el acto administrativo de efectos generales denominado Memorándum-Circular n.° 2792 de fecha 11 de octubre de 2018, suscrito por el Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, donde se establecieron “los lineamientos para ser implementados en las negociaciones colectivas de trabajo en el marco del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica”, todo ello al considerar que vulnera de manera directa la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

   

El 8 de junio de 2026, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson.  

 

Revisadas de forma acuciosa y pormenorizada las actas procesales que dan cuerpo al presente expediente, esta Sala pasa a decidir según las consideraciones siguientes: 

 

I

DE LOS FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD

 

Los demandantes interpusieron la presente demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, conjuntamente con medida cautelar, contra el acto administrativo de efectos generales denominado Memorándum-Circular n.° 2792 de fecha 11 de octubre de 2018, suscrito por el Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, con fundamento en que: 

 

“(…omissis…)

CAP[Í]TULO VII

FUNDAMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD

La naturaleza jurídica del Recurso de Nulidad por Inconstitucionalidad que presentamos debe examinarse de estricta conformidad con la doctrina judicial vinculante dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Al respecto, la célebre Sentencia N° 1104 del 13 de junio de 2002 (Caso: Colegio de Abogados del Distrito Federal), bajo la ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, precisó de manera categórica que este mecanismo procesal constituye una acción de carácter eminentemente objetivo. Consecuentemente, el objeto del proceso no radica en la resolución de un litigio subjetivo o conflicto particular de intereses entre partes, sino en la realización de un juicio abstracto de compatibilidad y confrontación lógica entre la norma jurídica o acto impugnado y el texto de la Constitución. El fin supremo de esta acción es preservar la pureza formal y material del ordenamiento jurídico, depurándolo de cualquier disposición de rango legal o sublegal que vulnere el principio de supremacía constitucional.

PRIMERA DENUNCIA Violación del principio de progresividad e intangibilidad de los derechos laborales.

Los artículos 89 y 19 de la Constitución consagran la progresividad, intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales.

El Memorándum 2792 ordena la revisión y reducción práctica de beneficios derivados de convenciones colectivas previamente negociadas, sustituyendo mecanismos salariales libremente pactados por referencias uniformes vinculadas al salario mínimo nacional.

Tal actuación implica una regresión material de derechos previamente adquiridos, prohibida expresamente por el artículo 89 constitucional.

La Sala Constitucional ha sostenido reiteradamente que ninguna autoridad administrativa puede desconocer beneficios laborales consolidados ni disminuir el nivel de protección alcanzado por los trabajadores.

SEGUNDA DENUNCIA Violación de la autonomía colectiva y del derecho a la negociación colectiva.

Los artículos 95, 96 y 97 de la Constitución garantizan la libertad sindical y la negociación colectiva.

Asimismo, los Convenios N° 87 y N° 98 de la Organización Internacional del Trabajo protegen la autonomía sindical y el derecho de negociación colectiva.

El acto impugnado sustituye la voluntad de las partes negociadoras por una directriz administrativa obligatoria emanada del Poder Ejecutivo.

La negociación colectiva deja de ser un espacio autónomo de concertación para convertirse en un proceso condicionado por instrucciones gubernamentales.

Tal intervención constituye una restricción incompatible con los estándares internacionales de libertad sindical.

TERCERA DENUNCIA Violación del principio de reserva legal.

Conforme al artículo 137 constitucional, toda actuación administrativa debe estar sometida a la Constitución y a la ley.

Ninguna disposición de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras faculta al Ministro del Trabajo para modificar convenciones colectivas vigentes, alterar fabuladores salariales pactados o imponer unilateralmente criterios de revisión de beneficios contractuales.

El Memorándum 2792 crea normas generales, abstractas y obligatorias sin fundamento legal suficiente, invadiendo competencias reservadas al legislador.

CUARTA DENUNCIA Violación del derecho a un salario suficiente.

El artículo 91 constitucional reconoce el derecho de todo trabajador a percibir un salario suficiente que permita vivir con dignidad y cubrir las necesidades básicas propias y de su familia.

La homologación forzosa de escalas salariales y la eliminación de diferenciales contractuales produjo una reducción efectiva de remuneraciones reales y de beneficios económicos conquistados mediante negociación colectiva.

La medida lesionó gravemente el contenido esencial del derecho al salario digno.

QUINTA DENUNCIA Violación de los tratados internacionales de derechos humanos.

El acto impugnado resulta incompatible con:

o   El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

o  El Protocolo de San Salvador.

o   Los Convenios 87,98 y 154 de la OIT.

o  La Declaración Universal de Derechos Humanos.

o  La Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los derechos económicos y sociales.

Todos estos instrumentos reconocen el principio de progresividad y prohíben medidas regresivas injustificadas en materia laboral.

SEXTA DENUNCIA Desviación de poder.

Formalmente el acto invoca la protección del empleo y la estabilidad económica.

Sin embargo, sus efectos reales consistieron en reducir costos laborales mediante la neutralización de cláusulas económicas y salariales previamente conquistadas por los trabajadores.

Existe una evidente contradicción entre la finalidad legal de protección al trabajo y los efectos materiales producidos por el acto.

 

CAP[Í]TULO VIII

DE LOS DERECHOS HUMANOS CONCULCADOS

 

La violación de los derechos humanos laborales en Venezuela representa una transgresión directa al modelo de Estado democrático y social de Derecho y de Justicia consagrado en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Al vulnerar las garantías del hecho social laboral, se fractura el principio de progresividad e irrenunciabilidad tipificado en el artículo 19 y el artículo 89 constitucional, los cuales prohíben cualquier acción o convenio que implique un menoscabo a las condiciones del trabajador.

Esta visión humanista del derecho del trabajo es respaldada por la jurisprudencia patria a través de pensadores jurídicos fundamentales. Por un lado, el célebre jurista magistrado José Manuel Delgado Ocando, desde la Sala Constitucional, impulsó criterios técnicos de interpretación constitucional para dotar de rigurosidad y efectividad a las garantías individuales frente al poder del Estado y los patronos. Esto quedó plasmado de forma precisa en la Sentencia N° 141 del 16 de febrero de 2004 (Caso: Confederación de Trabajadores de Venezuela), donde se fijó el alcance de la progresividad laboral ante despidos masivos, y en la Sentencia N° 657 del 4 de abril de 2003 (Caso: Inmobiliaria New Honse), la cual estableció los estándares formales del amparo constitucional como la garantía idónea para el restablecimiento inmediato de los derechos humanos y laborales vulnerados.

Solicitamos a esta honorable Sala Constitucional que tenga en cuenta a la hora de decidir el rango supranacional de los tratados internacionales ratificados por Venezuela en materia de derechos humanos laborales lo cual está consagrado de forma expresa en el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta norma constitucional establece un mecanismo de recepción automática que otorga a estos instrumentos jurídicos jerarquía constitucional, ordenando que sus disposiciones prevalezcan en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en la propia Carta Magna. En el ámbito iuslaboralista, este principio dota de fuerza normativa superior a los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —como el Convenio N° 87 sobre la libertad sindical y el Convenio N° 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva—, así como al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). En consecuencia, este bloque de constitucionalidad actúa como un límite infranqueable para los poderes públicos y los patronos, convirtiendo cualquier regresión o vulneración de los derechos laborales en una transgresión de orden internacional y en una violación directa de la supremacía constitucional venezolana.

La doctrina laboral de la Dra. Carmen Zuleta de Merchán concibe el derecho del trabajo como una disciplina de eminente carácter social e iusfundamental, estructurando la defensa de los derechos humanos laborales a través de la noción del ‘Derecho Social Constitucional’. Como catedrática emérita, investigadora y exmagistrada de la Sala Constitucional, su aporte iuslaboralista se enfoca en que el proceso laboral no es un mero trámite de formas legales, sino una herramienta de tutela efectiva de los derechos colectivos y difusos de los trabajadores. Esta visión humanista se fundamenta en tres pilares esenciales:

o Dimensión constitucional del hecho social: En su obra académica Derecho constitucional del trabajo, postula que las garantías del trabajador no son simples concesiones contractuales, sino derechos humanos positivados de carácter progresivo e irrenunciable.

o Visión sindical y democrática: Defiende de forma irrestricta la libertad y la democracia sindical como libertades civiles fundamentales, las cuales actúan como contrapeso directo frente a los poderes tácticos y estatales.

o La tutela de los intereses colectivos: Desarrolló propuestas procesales pioneras para el amparo y defensa de los derechos de índole colectiva en las relaciones de trabajo, orientando la interpretación judicial hacia la protección integral del sujeto débil de la relación jurídica.

Finalmente, la protección de los derechos humanos laborales en Venezuela no representa una mera declaración de principios abstractos, sino una obligación jurídica perentoria que afecta directamente la dignidad y subsistencia de millones de ciudadanos venezolanos.

 

CAP[Í]TULO IX

DE LAS OTRAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS.

Además, entre los derechos y garantías constitucionales directamente vulnerados o conculcados por tal acto administrativo denominado Memorándum Circular 2792, antes identificado, encontramos los previstos en los artículos 21, 25, 26, 43, 87, 89.2, 89.3, 89.4, 89.5 y 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: (…omissis…)

 

En efecto, el mencionado Memorándum 2792, antes identificado, vulneró flagrantemente los derechos a la igualdad, tutela judicial efectiva y al trabajo de los suscritos trabajadores de la Administración Pública, y de todos los demás trabajadores y empleados de la misma, toda vez que tal acto nulo de nulidad absoluta e irrito, uniformó sin consulta, y sin aplicación de ningún tipo de criterios técnicos, el sistema salarial o remunerativo de los distintos órganos y entes de la Administración Pública, en sus también distintos niveles y formas, así como sectores y materias.

Ello aunado a las desmejoras sufridas en cada uno de los rubros o conceptos remunerativos indicados en las Tablas del referido acto administrativo, respecto a los anteriores regímenes, que violentó la categoría de ‘suficiencia’ de salario digno de los trabajadores y empleados de la Administración Pública, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de sus derechos individuales, subjetivos y directos y de los colectivos y difusos de quienes se encuentren en su misma condición.

Adicionalmente, el principio constitucional del trabajo como hecho social que gozará de la protección especial del Estado, consagrado en el artículo 89 del citado texto constitucional, en cada uno de sus numerales, resultó también afectado, ya que el acto administrativo nulo de nulidad absoluta emanado del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Memorándum Circular 2792, antes identificado, contraria a la Constitución, atentó y/o menoscabó iodos y cada uno de los aludidos principios del Derecho Laboral, como son la intangibilidad, progresividad, no renunciabilidad, buena fe, in dubio pro operario, reserva legal, orden público, entre otros.

Por último, tal acto administrativo nulo de nulidad absoluta al amparo del artículo 25 Constitucional, antes identificado, vulneró el derecho constitucional a la obtención de un ingreso, remuneración o salario digno, contenido en el artículo 91 del texto constitucional, que le permita a los suscritos trabajadores y su núcleo familiar, subsistir o satisfacer sus necesidades básicas materiales y espirituales.

Ahora bien, la acción de amparo como es sabido tiene su fundamento en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en la Ley Orgánica que rige la materia.

A continuación, transcribimos parcialmente las normas legales invocadas y que sin duda constituyen el pilar fundamental de la presente acción:

‘Artículo 1.- Toda persona natural habitante de la República, o persona jurídica domiciliada en ésta, podrá solicitar ante los Tribunales competentes el amparo previsto en el artículo 49 de la Constitución (actual artículo 27),para el goce y el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos derechos fundamentales de la persona humana que no figuren expresamente en la Constitución, con el propósito de que se restablezca inmediatamente la situación jurídica infringidao la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto’ (Cursivas y subrayado nuestro)

‘Artículo 2.- La acción de amparo procede contra cualquier hecho, actou omisión provenientes de los órganos del Poder Público(...) También procede contra el hecho, acto u omisión originados por ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas, que hayan violado, violeno amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta Ley.’ (Cursivas y subrayado nuestro)

‘Artículo 5.- La acción de amparo procede contra todo acto administrativo, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violeno amenacen violar un derecho o una garantía constitucionales, cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional’. (Cursivas y subrayado nuestro)

Las disposiciones legales parcialmente transcritas legitiman la presente acción, toda vez que no existe ningún otro medio o mecanismo procesal breve, sumario y eficaz, a los fines del restablecimiento en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de los suscritos trabajadores, obreros, empleados, funcionarios y profesionales de la Administración Pública, y de todos los que están en condiciones similares o análogas, flagrantemente vulnerados por el referido acto administrativo emanado del Ministerio del Poder Popular del Trabajo para el proceso Social, antes identificado, al establecer, uniformar, aplanar y desmejorar todos los sistemas remunerativos de la Administración Pública, en sus distintos niveles y formas, establecidos mediante Ley, Reglamentos, desconociendo la libertad sindical y las Convenciones Colectivas ya firmadas estandarizándolas y retrocediendo derechos ya consolidados y Tablas Especiales, perjudicando con ello a la totalidad del recurso humano vinculado.

Aun cuando la materia de la presente acción es de naturaleza eminentemente constitucional, las desmejoras salariales o remunerativas, saltan a la vista meridianamente al comparar las distintas Tablas de remuneración, los porcentajes en los beneficios laborales, primas, profesionalización, antigüedad y otras bonificaciones de índole prestacional existentes previamente y el referido Memorándum.

En este caso, el aumento del salario mínimo oficial decretado por el Ejecutivo Nacional, lejos se tratarse de un avance en el fortalecimiento del salario y demás remuneraciones, y la capacidad adquisitiva del trabajador público, frente a los embates de la crisis económica producida por la inflación, el bloqueo, la guerra económica y las sanciones imperiales, resultó con el dictado del acto administrativo ‘Memorándum 2792’ para su implementación, una de las peores desmejoras laborales sufridas por los trabajadores públicos en décadas.

Pero lo más grave en el presente caso, es la vulneración flagrante de principios y garantías constitucionales, por vía de una norma de carácter sublegal, nula de nulidad absoluta, que atenta contra principios constitucionales como la vida, igualdad, progresividad, intangibilidad, orden público, y demás previstos en la Constitución, como se desarrolló previamente.

El derecho humano laboral y el derecho a la vida se encuentran indisolublemente vinculados mediante el principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, postulado según el cual la vulneración de las garantías socioeconómicas del trabajador menoscaba de forma inmediata su existencia digna y su integridad biopsicosocial. En el ordenamiento constitucional venezolano, este nexo halla su anclaje en la lectura sistemática del artículo 43 (inviolabilidad del derecho a la vida), el artículo 83 (derecho a la salud como derecho social fundamental) y el artículo 91 de la Constitución, el cual eleva el salario suficiente a rango de garantía vital al disponer que este debe permitir al trabajador vivir con dignidad y cubrir las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales de su familia.

Desde la perspectiva doctrinal, la Dra. Carmen Zuleta de Merchán ha desarrollado extensamente la tesis del ‘Derecho Social Constitucional’, advirtiendo que las condiciones de trabajo y la justa remuneración no son meras variables mercantiles, sino presupuestos ontológicos para la preservación de la vida misma del sujeto débil de la relación jurídica. Esta doctrina se complementa con el pensamiento iusfilosófico de José Manuel Delgado Ocando, quien concebía que la justicia material dentro del Estado social de Derecho exige que el proceso laboral tutele de forma efectiva la subsistencia del ciudadano frente a las arbitrariedades patronales o estatales.

Jurisprudencialmente, este criterio ha sido blindado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante la Sentencia hito N° 141 del 16 de febrero de 2004 (Caso: Confederación de Trabajadores de Venezuela), bajo la ponencia del propio Magistrado Delgado Ocando, y ratificado en sede de amparo por la jurisprudencia pacífica y reiterada del máximo tribunal al establecer que los conceptos de naturaleza salarial y las prestaciones sociales revisten un carácter estrictamente alimentario. Por consiguiente, cualquier acto administrativo o normativa sublegal que desmejore de forma regresiva las condiciones económicas o de seguridad en el empleo no solo configura una infracción laboral ordinaria, sino una agresión directa contra el derecho a la vida y la dignidad humana, transformando el reclamo laboral en una auténtica acción de defensa de derechos humanos fundamentales.

Siendo así, para mayor fundamentación jurisprudencial de la presente acción se ejerce pidiendo la protección de los derechos colectivos y difusos de todos los trabajadores y empleados de la Administración Pública, en sus distintos niveles y formas.

En apoyo a la procedencia y admisibilidad de las demandas incoadas para salvaguardar prerrogativas de naturaleza supraindividual, esta representación judicial invoca el criterio pacífico, reiterado y vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Este máximo órgano de control concentrado ha delineado progresivamente la fisonomía procesal de los intereses colectivos y difusos a través del siguiente cuerpo jurisprudencial, cuyos Magistrados Ponentes establecieron las bases de la tutela judicial efectiva en la República:

Sentencia N° 483 del 29 de mayo de 2000 (Caso: COFAVIC y Queremos Elegir, Ponencia del Magistrado José Manuel Delgado Ocando): Sentó el hito fundacional sobre las nociones axiológicas de la legitimación participativa, reconociendo la aptitud procesal de las asociaciones civiles para agrupar las demandas cívicas ciudadanas.

Sentencia N° 656 del 30 de junio de 2000 (Caso: Dilia Parra Guillen, Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero): Determinó que el artículo 26 constitucional debe interpretarse de forma extensiva (pro actione), habilitando a cualquier persona capaz para accionar judicialmente en salvaguarda de bienes transpersonales.

Sentencia N° 1571 del 21 de agosto de 2001 (Caso: Deudores Hipotecarios / Asociación de Usuarios de Servicios Financieros, Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero): Consolidó el amparo constitucional colectivo frente a lesiones patrimoniales y sociales masivas causadas por entes fácticos o económicos.

Sentencia N° 1321 del 19 de junio de 2002 (Caso: Máximo Febres Siso y Nelson Chitty La Roche, Ponencia del Magistrado José Manuel Delgado Ocando): Conceptualizó de forma impecable el distingo técnico entre interés difuso (indeterminación objetiva y subjetiva ligada a valores generales) y colectivo (pluralidad de sujetos cohesionados por un vínculo jurídico preexistente).

Sentencia N° 1594 del 20 de junio de 2002 (Caso: Alfredo García Deffendini y otros, Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero): Flexibilizó las formalidades del libelo de demanda cuando se ventilan pretensiones de contenido social e indeterminado.

Sentencia N° 2634 del 14 de noviembre de 2002 (Caso: Defensoria del Pueblo, Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero): Amplió los mecanismos de ejecución forzosa y los efectos expansivos de los mandamientos de amparo en beneficio de la colectividad precarizada.

Sentencias N° 3342 del 19 de diciembre de 2002 y N° 02 del 14 de enero de 2003 (Caso: Félix Rodríguez, Ponencias de los Magistrados Pedro Rafael Rondón Haaz y Jesús Eduardo Cabrera Romero, respectivamente): Estructuraron las pautas cautelares innominadas que el juez puede dictar de oficio para frenar la continuidad de daños ambientales o socio-laborales de carácter masivo.

Sentencia N° 379 del 26 de febrero de 2003 (Caso: Mireya Ripanti y oíros, Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero): Ratificó los principios de sustanciación preferente e idoneidad del procedimiento sumario de amparo para derechos de carácter supraindividual.

Sentencia N° 536 del 14 de abril de 2005 (Caso: Centro Termal Las Trincheras, C.A., Ponencia del Magistrado Luis Velázquez Alvaray): Precisó la naturaleza jurídica prestacional de los derechos a la salud y a la preservación del entorno ambiental, encuadrándolos formalmente en la esfera de los derechos colectivos y difusos.

Sentencia N° 498 del 30 de junio de 2016 (Caso: Guillermo Eduardo Sánchez Rojas y otros contra Alcaldía del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, Ponencia de la Magistrada Dra. Carmen Zuleta de Merchán): Ratificó la doctrina procesal del ‘Derecho Social Constitucional’ al declarar con lugar la demanda de intereses colectivos y difusos interpuesta por los ciudadanos, reiterando que la tutela del bienestar común y los servicios esenciales de los habitantes de una localidad no pueden verse enervados por formalismos administrativos de carácter regresivo.

Este denso bloque de legalidad y jurisprudencia patria ratifica de manera incontestable que, ante la afectación masiva, sistemática y regresiva de las condiciones socio-laborales de la población venezolana, la pretensión deducida no constituye una reclamación privada aislada, sino una auténtica acción de tutela objetiva de los derechos humanos y colectivos de la clase trabajadora.

 

CAP[Í]TULO X

SOLICITUD DE AMPARO CAUTELAR

Con fundamento en los artículos 26 y 27 de la Constitución, se solicita la suspensión inmediata de los efectos del Memorándum N° 2792 mientras se decide el fondo de la presente causa.

La continuidad de su aplicación ocasiona daños graves, continuados e irreparables a millones de trabajadores, pensionados y beneficiarios de convenciones colectivas.

Siendo que existe:

1. Fumus boni iuris, derivado de las evidentes violaciones constitucionales expuestas.

2. Periculum in mora, dada la permanencia de los efectos regresivos sobre salarios y beneficios laborales.

Vistas las graves violaciones a principios y garantías constitucionales que atentan contra los derechos constitucionales de todos los trabajadores y empleados de la Administración Pública, solicitamos jurando la urgencia del caso, medida cautelar innominada de suspensión de efectos del acto administrativo, a favor de los suscritos trabajadores y empleados de la Administración Pública y de todos los que se encuentren en la misma situación de minusvalía, por extensión de la progresividad de los derechos colectivos y difusos, con el fin de salvaguardar los derechos infringidos como son los derechos a la igualdad, al trabajo, al ingreso, remuneración o salario, a la educación y a la salud, en razón de que el Estado Venezolano es democrático y social de Derecho y de justicia, toda vez que resulta conveniente para la protección constitucional, existiendo una presunción grave de la violación, ello conforme a lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Así mismo, invocamos la aplicación del criterio vinculante de esa Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, asentado en sentencias de fecha 24 de marzo de 2000, caso Corporación L' Hotels, C.A.; de fecha 26 de enero de 2001, Expediente No 001748, sentencia No 45; de fecha 12 de marzo de 2001, Expediente No 01-0289, sentencia No 330, entre otras, que dispusieron que el peticionante de medidas cautelares en los procedimientos de amparo constitucional no está obligado a demostrar la existencia del fumus boni iuris, ni del periculum in mora, dada la celeridad y brevedad que caracterizan el proceso, y que el hecho de acordar o no la medida cautelar solicitada depende del sano criterio del juez, de las máximas de experiencia y del examen detenido de los hechos planteados y de las actas procesales.

Para mayor comprensión del presente escrito contentivo de acción de amparo constitucional, de seguidas procedemos a repasar los parámetros que se tienen con respecto a las Medidas Cautelares Innominadas, las cuales en el caso particular que nos ocupa se denomina MEDIDA DE TUTELA JUDICIAL PREVENTIVA ANTICIPATIVA y, conforme a ello nos permitimos citar al eminente autor Rafael Ortiz Ortiz, quien en su obra ‘Las Medidas Cautelares Innominadas. Estudio Analítico y Temático de la Jurisprudencia Nacional’, ha establecido:

‘...las medidas innominadas constituyen un tipo de medidas preventivas de carácter cautelar cuyo contenido no está expresamente determinado en la Ley sino que constituye el producto del poder cautelar general de los jueces quienes, a solicitud de parte, pueden decretar y ejecutar las medidas adecuadas y pertinentes para evitar cualquier lesión o daño que una de las partes amenace infringir en el derecho de la otra y con la finalidad de garantizar tanto la eficacia como la efectividad de la sentencia definitiva     y     de     la     función     jurisdiccional   de la misma’

Por otra parte, en Sentencia emanada de esta misma sala, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, de fecha 3 de abril de 2003, Exp. N°: 02-3105 se desprende lo siguiente respecto de este mismo punto:

‘Las medidas cautelares, instrumentos de la justicia dispuestos para que el fallo jurisdiccional sea ejecutable y eficaz, son expresión del derecho a una tutela judicial efectiva de los derechos e intereses, previsto en el art. 26 de la Constitución de 1999, y tienen por caracteres:

a) La instrumentalidad, pues no constituyen un fin en sí mismas sino que son un medio, instrumento o elemento que sirve para la realización práctica de otro proceso -eventual

o hipotético, según el caso- y su resolución principal, partiendo de la hipótesis de que ésta tenga un determinado contenido concreto, conforme a lo cual se anticipan los efectos previsibles, por lo que el contenido de estas medidas es el mantenimiento de una situación de hecho de Derecho en salvaguarda de derechos, sobre los que se pronunciará el Juez que conoce del fondo del asunto, para una vez se dicte sentencia definitiva sobre lo principal, no opere en el vacío y pueda ser realmente efectiva.’

De lo antes expuesto se colige entonces que, las medidas cautelares innominadas o medida de tutela judicial preventiva anticipativa; son aquellas que no se encuentran mencionadas de forma taxativa en la ley, y que discrecionalmente pueden ser decretadas por el Juez de la causa, a solicitud de la parte interesada o afectada, en cualquier estado y grado del proceso.

Como parte de los requisitos fundamentales de procedencia de las medidas cautelares innominadas; se encuentra el ‘periculum in mora’; el cual se traduce en el temor de un daño jurídico posible, inminente o inmediato, como consecuencia de la demora en la ejecución del fallo; así como el ‘fumus boni iuris’; que es la presunción grave del derecho que se reclama.

Así, es oportuno citar al autor Arístides Rangel Romberg (2007), en su obra ‘Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano’, volumen VI, relativo a los Procedimientos Especiales (p. 167), que indica lo siguiente:

‘... la medida preventiva, cualquiera que sea ella, debe dirigirse al mantenimiento del ‘Status quo’ existente al día de la demanda, para garantizar patrimonialmente una eventual ejecución cuando la medida tenga razonable justificación’; ratificando así, que el objeto de la medida es la instrumentalidad por su necesaria relación con la providencia definitiva o principal.

‘Se expresa así en el mencionado artículo 585 del nuevo Código el objeto propio de la tutela cautelar, que se concreta especialmente en estos dos presupuestos: el ‘periculum in mora’ y el ‘fumus boni iuris’

En este orden de ideas, el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 585, el cual nos permitimos citar expresamente de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; establece lo siguiente: (…omissis…)

Especialmente en la norma antes transcrita, se fundamenta la solicitud de la medida cautelar innominada o MEDIDA DE TUTELA JUDICIAL PREVENTIVA ANTICIPATIVA, puesto que, conforme a lo ampliamente explicado, dicha medida no se encuentra tipificada expresamente en el referido texto normativo; sin embargo puede ser acordada a solicitud de parte, conforme a lo conducente, para evitar cualquier daño a una de las partes, en este caso el hecho que, se continúe avanzando con hechos que definitivamente constituyen una amenaza por parte de EL AGRAVIANTE y el daño inminente que se corre es precisamente la violación de los derechos fundamentales amenazados, suficientemente identificados.

Ahora bien, respetados Magistrados de la Sala Constitucional, teniendo en cuenta el contenido del presente recurso de nulidad con amparo constitucional; así como el fundamento de derecho transcrito; se considera que confluyen los presupuestos del ‘periculum in mora’ y el ‘fumus boni iuris’, y en base a la presunción del buen derecho; tal y como lo establece el artículo 585 comentado, solicitamos a ustedes, se ordene la suspensión de los efectos del mencionado Memorándum 2792 emanado del Ministerio del Poder Popular para el proceso social del Trabajo.

A los efectos de darle prístina y tangible materialidad a la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales denunciados como conculcados y garantizar el efectivo cumplimiento de una posible sentencia que declare con lugar la presente solicitud a nuestros representados y a los derechos colectivos y difusos objeto del presente Recurso de Nulidad por Inconstitucionalidad con Amparo Constitucional de Protección de Derechos Colectivos y Difusos, dada la gravedad de los derechos y garantías constitucionales denunciadas como violadas, en atención al daño que están sufriendo y el riesgo cierto e inminente de continuar sufriéndolo hacia el futuro y que pudiera hacerlos irreparables con la definitiva, la evidente violación al orden público constitucional, invocando los principios celeridad con que deben producirse, por los órganos del poder público, en este caso la honorable Sala Constitucional del Supremo Tribunal de la República, estatuido a favor de los sujetos derecho configurados en el artículo 78 de la CRBV, de conformidad con los poderes cautelares otorgados a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en consonancia con el útil y pertinente precedente constitucional relativo a la medida cautelar decretada en el contenido de la sentencia, Cfr. s. S.C N°.269 del 25 de abril de 2000, caso ICAP; ratificada en de fecha 19 de Diciembre de 2002, Exp. 02-3157, Caso Félix Rodríguez, que textualmente expresa: (…omissis…)

Ahora bien, en tanto los requisitos para el otorgamiento de las medidas cautelares innominadas, es decir el periculum in mora, el periculum in dani, así como, el fumus bonus iuris, están evidentemente demostrados de los argumentos expresados a lo largo del presente documento, en tanto en cuanto, los hechos denunciados son ilícitos que violan y ponen en peligro el orden constitucional en general tanto en lo axiológico, como en lo orgánico y dogmático de nuestro texto constitucional, es así que son de tal gravedad, que el trámite procesal para llegar a la decisión definitiva haría que los agravios denunciados sean irremediablemente irreparables, con lo cual la justificación y utilidad de la Medida Cautelar de Protección Constitucional, queda evidenciada en el sólo Fumus Bonus Iuris dado el cúmulo los derechos y garantías denunciados como violados, la verosimilitud de las denuncias explanadas en este escrito y fundamentación jurídica expuesta, que por sí solos hacen que la presente acción sea resuelta por la Sala de Pleno derecho visto el orden público que implica la protección constitucional solicitada, todo ello en concordancia con que los hechos narrados son del conocimiento público general, por tanto son hechos públicos notorios comunicacionales, tal como quedó demostrado en este escrito. Así solicitamos sea declarado.

 

CAP[Í]TULO XI

SOBRE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO CAUTELAR

La presente solicitud cautelar cumple plenamente con los extremos exigidos por la jurisprudencia constitucional para el otorgamiento de medidas de tutela anticipada.

A. Fumus Boni Iuris

La Sala Constitucional ha establecido que el fumus boni iuris consiste en una presunción grave, seria y razonable de la existencia del derecho invocado, sin que ello implique prejuzgamiento sobre el fondo de la controversia.

Entre otras decisiones, las sentencias N° 88 del 14 de marzo de 2000 y N° 156 del 24 de marzo de 2000 precisaron que la tutela cautelar constitucional procede cuando del examen preliminar de las actas surjan indicios suficientes de la posible vulneración de derechos constitucionales.

En el presente caso, la apariencia de buen derecho se evidencia por:

3. La presunta violación de los artículos 19, 89, 91, 95, 96 y 97 de la Constitución.

4. La presunta  transgresión de los principios de progresividad, intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales.

5. La posible vulneración de los Convenios 87, 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo.

6. La ausencia de habilitación legal suficiente para modificar unilateralmente convenciones colectivas y beneficios contractuales.

7. La existencia de una afectación masiva y generalizada de derechos  laborales constitucionalmente protegidos.

Todo ello configura una apariencia seria y razonable de inconstitucionalidad suficiente para justificar la tutela cautelar solicitada.

B. Periculum in Mora

La Sala Constitucional ha señalado reiteradamente que el peligro en la demora existe cuando la espera de la decisión definitiva puede ocasionar daños irreparables o de difícil reparación.

En el presente caso, la permanencia de los efectos del Memorándum-Circular N° 2792 continúa produciendo una disminución progresiva de beneficios laborales, afectando de manera constante los ingresos y condiciones de vida de millones de trabajadores y pensionados.

Cada día de vigencia material del acto impugnado implica la prolongación de una situación presuntamente inconstitucional que impacta directamente derechos alimentarios, salariales y de seguridad social.

La ejecución continuada del acto genera un daño constitucional sistemático, acumulativo y difícilmente reparable mediante una sentencia definitiva posterior.

Por ello concurren plenamente los requisitos de fumus boni iuris y periculum in mora exigidos para el otorgamiento de la medida cautelar solicitada.

 

CAP[Í]TULO XII

PETITORIO

Por las razones expuestas, solicitamos respetuosamente a este honorable Tribunal:

PRIMERO: Admitir a trámite el presente recurso contencioso administrativo de nulidad, por cumplir con todos los requisitos de ley.

SEGUNDO: Acordar la medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado, contenido en el Memorándum-Circular N° 2792, de fecha 11 de octubre de 2018, en virtud de la concurrencia de los extremos legales de procedencia.

TERCERO: Declarar con lugar en todas sus partes la presente acción principal.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, declarar la nulidad absoluta, por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, del referido Memorándum-Circular N° 2792, ordenando el cese definitivo de todas sus consecuencias jurídicas y materiales.

QUINTO: Ordenar el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas, incluyendo el reconocimiento pleno de los derechos derivados de convenciones colectivas, escalas salariales y beneficios afectados por la aplicación del referido acto. Así como la indexación por los daños patrimoniales que han causado los efectos de la aplicación ilegal de dicho acto administrativo, mediante la respectiva experticia complementaria del fallo. Con el compromiso y obligatoriedad por parte del Estado de resarcir dichos daños de forma inmediata.

SEXTO: Ordenar a los órganos competentes abstenerse de dictar actos administrativos que impliquen regresión de derechos laborales adquiridos. (…)”. (Mayúsculas, subrayado y negrillas de la cita textual del escrito parcialmente transcrito). 

 

II

COMPETENCIA DE LA SALA

 

Precisado lo anterior, corresponde a esta Sala Constitucional pronunciarse sobre su competencia para conocer del presente recurso de nulidad y, a tal efecto, observa que:

 

En el presente caso los demandantes interpusieron demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad conjuntamente con medida cautelar contra el acto administrativo de efectos generales denominado Memorándum-Circular n.° 2792 de fecha 11 de octubre de 2018, suscrito por el Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, al considerar que vulnera de manera directa la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En este contexto el artículo 25 cardinales 1, 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone que:

 

“Artículo 25. Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:

1. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

2. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios que sean dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que colidan con ella.

3. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley que sean dictados por el Ejecutivo Nacional, que colidan con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

4. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de la Constitución de la República, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público, cuando colidan con ésta. (…)”.

 

En el presente caso, se observa que la competencia para conocer el presente recurso de nulidad no encuadra en ninguno de los cardinales previstos en la referida norma, así tenemos que el artículo 26 cardinal 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece lo siguiente:

 

“Artículo 26. Son competencias de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia:

(…omissis…)

5. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por la Presidenta o Presidente de la República, la
Vicepresidenta Ejecutiva o Vicepresidente Ejecutivo de la República, las ministras o ministros del Poder Popular, así como por las máximas autoridades de los demás
organismos de rango constitucional, cuyo conocimiento no estuviere atribuido a otro órgano de la Jurisdicción Administrativa en razón de la materia.
(…)”.  

 

Asimismo, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en su artículo 23 cardinal 5 establece lo siguiente:

 

“Artículo 23. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer de:

(…omissis…)

5. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, los Ministros o Ministras, así como por las máximas autoridades de los demás organismos de rango constitucional, si su competencia no está atribuida a otro tribunal.(…)”.

Bajo el marco legal transcrito, se observa que en el presente caso, la presente demanda de nulidad fue interpuesta contra el acto administrativo de efectos generales denominado Memorándum-Circular n.° 2792 de fecha 11 de octubre de 2018, suscrito por el Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.

 

Por tanto, visto que en el presente caso lo que se impugna es un acto administrativo dictado por el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, resulta evidente que la competencia para conocer y decidir la demanda de nulidad esta atribuida a la Sala Político Administrativa; en consecuencia, esta Sala Constitucional se declara incompetente para conocer el presente asunto y declina la competencia a la Sala Político Administrativa, a la cual se ordena la remisión del expediente. (Ver sentencia n.° 00840 del 27 de julio de 2016, expediente n.° 2015-0086, dictada por la Sala Político Administrativa). Así se decide.

 

III

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley, se declara:

 

1.- INCOMPETENTE  para conocer y decidir la demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, conjuntamente con medida cautelar, interpuesta por los ciudadanos TELÉMACO RAMÓN FIGUEROA, OSCAR ANTONIO IBARRA LIRA y PAUL NICOLÁS SEIJA SUPERLANO, respectivamente, asistidos por los abogados Indira María Ocando Argüelles y Wulman Antonio Molina Romero, contra el acto administrativo de efectos generales denominado Memorándum-Circular n.° 2792 de fecha 11 de octubre de 2018, suscrito por el Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.

 

2.- DECLINA LA COMPETENCIA para conocer y decidir el presente asunto a la Sala Político Administrativadel Tribunal Supremo de Justicia.

 

3.- ORDENA la remisión del presente asunto a la Sala Político Administrativadel Tribunal Supremo de Justicia.

 

4.- Notifíquese en la forma establecida en el artículo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

 

Publíquese, regístrese, comuníquese y remítase el expediente. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 21 días del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026). Años: 216º de la Independencia y 167º de la Federación.

La Presidenta de la Sala,

 

 

TANIA  D’AMELIO CARDIET

La Vicepresidenta,

 

 

LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON

Ponente  

 

Las Magistradas,

 

 

MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET

 

JANETTE TRINIDAD CÓRDOVA CASTRO

 

 

ANABEL DEL CARMEN HERNÁNDEZ ROBLES

 

El Secretario

 

CARLOS ARTURO GARCÍA USECHE

 

26-0850

LBSA

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