Sentencia N.º 108
- Sentencia
- N.º 108
- Fecha
- 29/01/2002
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 01-2498
- Ponente
- Antonio García García
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA
El 2 de noviembre de 2001 fue recibido en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, proveniente del Tribunal Séptimo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, el oficio distinguido con los números y letra N° 2.627-A, del 30 de octubre de 2001, por el cual se remitió el expediente N° 7U-810-01(nomenclatura de dicho Tribunal), contentivo de la acción de amparo interpuesta por la ciudadana MARISELA DEL CARMEN AZOCAR FIGUEROA DE RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad N° 12.036.640, asistida por el abogado Carlos Eduardo Azaf Rumierk, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 55.114, contra actuaciones proferidas por el Fiscal del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial de ese mismo Estado.
Dicha remisión obedece a la declinatoria de competencia que efectuara el indicado Tribunal de Juicio en esta Sala Constitucional el 30 de octubre de 2001.
En esa misma oportunidad, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Antonio José García García, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
ANTECEDENTES
El 29 de octubre de 2001, la ciudadana MARISELA DEL CARMEN AZOCAR FIGUEROA DE RODRÍGUEZ, asistida por el abogado Carlos Eduardo Azaf Rumierk, interpuso ante el Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, la acción de amparo descrita.
En esa misma oportunidad, dicho Juzgado, conforme al artículo 18 y 19 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales, solicitó que el recurrente aclarara la situación jurídica infringida.
El 30 de octubre de 2001, el Tribunal Séptimo de Juicio de ese Circuito Judicial Penal, declinó la competencia para conocer del presente amparo, en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
II
DECLINATORIA DE COMPETENCIA
El Tribunal Séptimo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, declinó la competencia a esta Sala Constitucional, con base en los siguientes fundamentos:
Expresó, que el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece que el Tribunal Supremo de Justicia debía conocer, en única instancia, en la Sala de competencia afín con los derechos o garantías constitucionales violados o amenazados de violación, de las acciones de amparo contra los hechos, actos y omisiones emanados del Fiscal General de la República.
Con ocasión de lo anterior, precisó que, en sentencia del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán), esta Sala Constitucional estableció que le correspondía conocer, en única instancia, de las acciones de amparo a que se refería el artículo 8, incoada contra ese alto funcionario, ...así como contra los funcionarios que actúen por delegación de las atribuciones de los anteriores....
Señaló, que los Fiscales del Ministerio Público eran funcionarios que actuaban por delegación del Fiscal General de la República y que, además, eran sus representantes, conforme lo establecían los artículos 3 y 21, numeral 12, de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Precisó, que el Fiscal General de la República podía actuar personalmente en cualquier proceso, pero que también podía hacerlo a través de un delegado especial, cualquier Fiscal del Ministerio Público, o por medio de los abogados adjuntos.
Indicó, que la Sala del Tribunal Supremo de Justicia goza de autonomía funcional, porque ella tiene la facultad de señalar hasta donde llegan los efectos de sus propias decisiones, de conformidad con el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, precepto que debe salvaguardar la integridad y supremacía de la Constitución y sus decisiones, en lo que se refiere a violación y amenazas de un derecho o garantía constitucional, deben ser vinculantes, toda vez que debe unificarse el criterio en relación de una misma norma constitucional.
Por tal motivo, señaló que los amparos seguidos contra las actuaciones u omisiones de los fiscales del Ministerio Público, actuando por delegación del Fiscal General de la República, deben ser conocidos por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, por lo que, concluyó que ese órgano carecía de competencia para conocer y decidir del presente amparo, en virtud de que los Fiscales del Ministerio Públicos actuaban en delegación del Fiscal General de la República y, además, porque esta Sala determinó la aplicación extensiva del artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
III
COMPETENCIA DE ESTA SALA
La presente declinatoria de competencia surgió con ocasión de la acción de amparo interpuesta por la ciudadana MARISELA DEL CARMEN AZÓCAR FIGUEROA DE RODRÍGUEZ, asistida por el abogado CARLOS EDUARDO AZAF RUMIERK. En efecto, consideró la accionante que el Fiscal del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial de ese mismo Estado, le cercenó el derecho al debido proceso y a la defensa, al incumplir lo dispuesto en el artículo 507 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con el artículo 259, parte in fine, eiusdem.
Ahora bien, precisado lo anterior, esta Sala Constitucional debe determinar si es competente para conocer y decidir, según la condición del presunto agraviante (ratione condicio personarum), la presente acción de amparo interpuesta contra un Fiscal del Ministerio Público.
En ese orden de ideas, se observa que el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dispone lo siguiente:
La Corte Suprema de Justicia [hoy Tribunal Supremo de Justicia] conocerá, en única instancia y mediante aplicación de los lapsos y formalidades previstos en la Ley, en Sala de competencia afin con los derechos o garantías constitucionales violados o amenazados de violación, de las accciones de amparo contra los hechos, actos y omisiones emanados del Presidente de la República, de los Ministros, del Consejo Supremo Electoral [hoy Consejo Nacional Electoral] y demás organismos electorales del país, del Fiscal General de la República, del Procurador General de la República o del Contralor General de la República (corchetes de la Sala).
En relación con el artículo antes citado, esta Sala asentó, en sentencia del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán), lo siguiente:
Corresponde a la Sala Constitucional, por su esencia, al ser la máxima protectora de la Constitución y además ser el garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, de acuerdo con el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el conocimiento directo, en única instancia, de las acciones de amparo a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, incoadas contra los altos funcionarios a que se refiere dicho artículo, así como contra los funcionarios que actúen por delegación de las atribuciones de los anteriores. Igualmente, corresponde a esta Sala Constitucional, por los motivos antes expuestos, la competencia para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia emanadas de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales.
En el caso sub exámine se observa que, el Tribunal Séptimo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo declinó la competencia para conocer y decidir del presente amparo constitucional, al considerar que los Fiscales del Ministerio Público actuaban, según lo previsto en la Ley Orgánica del Ministerio Público, por delegación del Fiscal General de la República y también, por haberse establecido en la sentencia citada supra, que esta Sala es la competente para conocer de los amparos contra las actuaciones de los funcionarios que actúan por delegación de las atribuciones de dicho alto funcionario, conforme al referido artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En ese orden de ideas, esta Sala debe precisar, sólo a los fines de la competencia para conocer de las acciones de amparos constitucionales, que cuando la acción de amparo se propone contra un hecho, acto u omisión violatorio de derechos fundamentales proveniente de un Fiscal del Ministerio Público, no debe entenderse que éstos actúan por delegación de atribuciones del Fiscal General de la República.
En ese sentido, se observa:
El artículo 284 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece lo siguiente:
El Ministerio Público estará bajo la dirección y responsabilidad del Fiscal o Fiscala General de la República, quien ejercerá sus atribuciones directamente con el auxilio de los funcionarios o funcionarios que determine la ley(...).
Por su parte, la Ley Orgánica del Ministerio Público prevé lo siguiente:
Artículo 1:
El Ministerio Público velará por la exacta observancia de la Constitución y de las leyes, y estará a cargo y bajo la dirección del Fiscal General de la República, quien ejercerá sus atribuciones directamente o por órgano de los demás funcionarios auxiliares que se determinan en esta Ley.
La autoridad del Fiscal General de la República se extiende a todos los funcionarios del Ministerio Público, sea cual fuere la jurisdicción a que pertenezcan.
Artículo 3:
El Ministerio Público es único e indivisible y ejercerá sus funciones a través de los órganos establecidos por la ley. Los fiscales señalados en esta ley lo representan íntegramente.
Artículo 5:
El Fiscal General de la República, mediante circular de carácter general, podrá establecer criterios para informar el ejercicio de la acción penal o de la renuncia al enjuiciamiento.
Artículo 6:
En el ejercicio de sus funciones los fiscales del Ministerio Público no podrán ser obligados por el Fiscal Superior a requerir o dictaminar en contra de su interpretación respecto de un asunto concreto, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. En tal caso, el Fiscal Superior deberá solicitar opinión al Fiscal General de la República, cuya decisión será vinculante. En supuestos de urgencia, el Fiscal Superior solicitará a otro fiscal que se encargue del asunto, o lo hará personalmente, sin perjuicio de consultar posteriormente su decisión.
Artículo 13:
El Ministerio Público estará integrado por el Fiscal General de la República, los fiscales del Ministerio Público y los demás que señale la Ley.
Los fiscales, conforme lo señalare el Fiscal General de la República, podrán ejercer las funciones de fiscales de proceso, de ejecución de la sentencia, de los derechos y garantías constitucionales, de procuradores de menores, de familia, de las jurisdicciones especiales y de auxiliares.
Artículo 16:
El Fiscal General de la República es el máximo representante del Ministerio Público.
De las anteriores disposiciones normativas, se constata que el Ministerio Público es único e indivisible. En efecto, el Ministerio Público está representado por el Fiscal General de la República y todos los Fiscales del Ministerio Público que actúen en los procesos penales, lo hacen bajo la autoridad y representación de dicho alto funcionario.
No obstante ello, estos funcionarios que auxilian al máximo representante del Ministerio Público y que actúan bajo su autoridad, igualmente tienen conferidas atribuciones legales.
Ejemplo de ello, lo encontramos en la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece las atribuciones de los Fiscales Superiores (artículo 31); de los Fiscales para actuar ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y la jurisdicción contencioso-administrativa, en caso que no intervenga directamente el Fiscal General (artículo 32), de los Fiscales ante las Salas de Casación (artículo 33); de los Fiscales del Ministerio Público, ya sean de proceso, de ejecución de sentencia, (artículos 34 y otros), y de los Fiscales de los Derechos y Garantías Constitucionales (artículo 44), entre otros.
Igualmente, observa esta Sala que le están conferidas al Fiscal General de la República, facultades o atribuciones legales en las cuales debe actuar de manera directa y personal.
Estas actuaciones directas y personales del alto funcionario, están igualmente distribuidas en diversas leyes, siendo un ejemplo de dichas facultades, presentar querella contra el Presidente de la República (artículo 377 del Código Orgánico Procesal Penal), conocer y designar al Fiscal del Ministerio Público suplente, cuando se haya interpuesto una recusación o se haya inhibido otro fiscal (artículo 58 de la Ley Orgánica del Ministerio Público), ejercer la potestad disciplinaria sobre los fiscales del Ministerio Público, funcionarios y empleados subalternos de su despacho (Artículo 14 en su numeral 14 eiusdem), designar a los fiscales del Ministerio Público y demás empleados de su dependencia (artículo 14 en su numeral 3).
En estos supuestos, es cuando esta Sala Constitucional es competente para conocer y decidir en única instancia, las acciones de amparos constitucionales por violaciones o amenazas de violación de derechos fundamentales ocasionadas por el Fiscal General de la República.
Por tanto, esta Sala precisa, que cuando se asentó en la sentencia del 20 de enero de 2000 (caso :Emery Mata Millán), que le correspondía conocer a esta Sala de los amparos constitucionales incoados contra los altos funcionarios señalados en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, así como contra los funcionarios que actúen por delegación de las atribuciones de los mismos, debe entenderse que dicha doctrina sólo es aplicable en los casos en que la ley le atribuya actuaciones directas y personales al Fiscal General de la República, supuesto que no incluye aquellos casos en los cuales juzgue intervenir en cualquier causa penal, conforme lo dispone el artículo 21, en su numeral 12, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en virtud de los principios de unidad e indivisibilidad del organismo que representa, ni tampoco en las actuaciones proferidas por los Fiscales del Ministerio Público, como ocurre en el presente caso, cuando se denunciaron presuntas violaciones a los derechos al debido proceso y a la defensa, proferidas por un Fiscal del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.
En ese orden de ideas, se observa que el artículo 64 de Código Orgánico Procesal Penal vigente, establece:
Es de la competencia del tribunal de juicio unipersonal el conocimiento de:
omissis
4. La acción de amparo cuando la naturaleza del derecho o de la garantía constitucional violado o amenazado de violación sea afin con su competencia natural, salvo que el derecho o garantía se refiera a la libertad y seguridad personales (...).
De la disposición anteriormente transcrita se desprende que son competentes los juzgados de primera instancia en lo penal, en función de juicio, para conocer de las demandas de amparo constitucional, salvo que el derecho o garantía presuntamente violentada se refiera a la libertad o seguridad personales, por lo que el presente caso, al constatarse que los hechos denunciados presuntamente violatorios de los derechos a la defensa y al debido proceso, fueron ocasionados por un Fiscal del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en el desarrollo de una investigación penal, esta Sala Constitucional colige que la competencia para conocer y decidir el presente amparo, le corresponde a un Tribunal de Juicio del Circuito Judicial Penal de ese mismo Estado.
Por tanto, esta Sala, congruente con lo antes señalado, no acepta la declinatoria de competencia que le hizo el Tribunal Séptimo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, por cuanto dicho Tribunal es el competente para conocer de la acción de amparo interpuesta por el abogado CARLOS EDUARDO AZAF RUMIREK. Así se decide.
IV
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: NO ACEPTA la competencia que le fuere declinada por el Tribunal Séptimo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo.
SEGUNDO: SE DECLARA COMPETENTE al Tribunal Séptimo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al referido Tribunal.
Dada, firmada y sellada, en la Salón de Audiencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en Caracas, a los 29 días del mes de ENERO dos mil dos. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.
El Presidente,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
JOSÉ M. DELGADO OCANDO ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA
Ponente
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. Nº 01-2498
AGG/
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