Venley

Sentencia N.º 1089

Sentencia
N.º 1089
Fecha
19/05/2006
Sala
Constitucional
Expediente
06-0042
Ponente
Francisco Antonio Carrasquero López
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

El 19 de diciembre de 2005, se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el oficio n° 457-05, del 8 de diciembre de 2005, librado por la Sala n° 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual remitió el expediente n° 1749-05 (nomenclatura de dicha Sala), que contiene la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano ANTONIO RAMÓN RODRÍGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 561.817, asistido por el abogado ADOLFO OLIVO ROJAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad n° 927.860, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 2.975, contra el Tribunal Trigésimo Noveno de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en virtud de la presunta omisión en que éste incurrió al no declarar el sobreseimiento de la causa en beneficio de dicho ciudadano, en el proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de estafa.

 

Tal remisión obedece al recurso de apelación intentado por el referido abogado, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, contra la decisión dictada el 14 de noviembre de 2005, por la Sala n° 9 de la mencionada Corte de Apelaciones, que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional propuesta.

 

En fecha 13 de enero de 2006, se designó ponente al Magistrado doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

El 13 de febrero de 2006, el abogado Adolfo Olivo Rojas, actuando en su carácter de defensor del ciudadano Antonio Ramón Rodríguez, presentó ante esta Sala un (1) escrito a los fines de fundamentar el recurso de apelación intentado.

 

El 2 de marzo de 2006, se recibió en esta Sala oficio n° 0364, del 23 de febrero de 2006, librado por la Inspectoría General de Tribunales, mediante el cual se solicita la remisión a ese organismo “… copias certificadas de las actuaciones cursantes en la causa judicial N° 06-042, nomenclatura de la Sala del Máximo Tribunal que usted preside, y que rielan a los folios 75,81,82,121, y 122 de la Segunda Pieza; y 1 al 3, 25 al 28, 66 al 80, 92, 95, 112, 114 al 117, y 122 al 126, de la Pieza de Inhibición”, toda vez que “… las mismas guardan relación con la investigación que se practica en el expediente disciplinario N° 050163 de esta Inspectoría, siendo de interés para su culminación”.

 

Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

 

I

ANTECEDENTES DEL CASO

 

1.- Se inicia el proceso penal que originó la interposición de la presente acción de amparo constitucional, mediante denuncia interpuesta por el ciudadano Rómulo Lares Sánchez, ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, distribuyéndose posteriormente el expediente al Tribunal Sexto de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda. El 2 de septiembre de 1992, se abrió la correspondiente averiguación sumarial.

 

2.- El 14 de septiembre de 1992, el ciudadano Antonio Ramón Rodríguez compareció a rendir declaración ante el Tribunal Sexto de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda. De igual forma, el 10 de diciembre de 1992, el ciudadano Rómulo Lares Sánchez compareció ante el mencionado juzgado, a los fines de rendir declaración. Por último, los días 7 y 22 de enero de 1993, el señalado juzgado recibió declaración de los ciudadanos Néstor Juan Velasco Marcano y María Ferreira César Abreu, respectivamente.

 

3.- El 16 de marzo de 1993, se recibió en el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el expediente instruido por el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, signado con el número D-430-359, en virtud de la denuncia formulada ante ese organismo policial, por el ciudadano Jesús Ramón González Caraballo, por encontrarse vinculado dicho expediente a los hechos denunciados por el ciudadano Rómulo Lares Sánchez.

 

4.- El 6 de octubre de 1994, el Tribunal Sexto de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante auto, declaró terminada la averiguación sumarial, de conformidad con el artículo 206.1 del entonces Código de Enjuiciamiento Criminal, por no revestir los hechos investigados carácter penal. Posteriormente, el 17 de octubre de 1994, el expediente contentivo de la causa fue remitido en consulta al Juzgado Superior respectivo.

 

5.- El 7 de abril de 1995, el Juzgado Superior Segundo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, revocó la decisión sometida a consulta, a saber, el auto dictado el 6 de octubre de 1995, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. De igual forma, dicho juzgado superior decretó la detención judicial del ciudadano Antonio Ramón Rodríguez, por la comisión del delito de estafa, previsto y sancionado en el artículo 464 del Código Penal vigente para la época de comisión del hecho, todo ello con base en lo dispuesto en el artículo 182 del entonces Código de Enjuiciamiento Criminal. En consecuencia, en esa misma fecha se libraron las correspondientes boletas de encarcelación, dirigidas al Director de la Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal El Paraíso (La Planta), y al Jefe de la División de Capturas del Cuerpo Técnico de Policía Judicial.

 

6.- El 18 de septiembre de 1997, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, libró requisitoria contra el ciudadano Antonio Ramón Rodríguez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del entonces Código de Enjuiciamiento Criminal, en virtud de que hasta esa fecha el mencionado ciudadano no había sido capturado.

 

7.- El 3 de agosto de 1999, el Juzgado Primero de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se abocó al conocimiento de la causa, de conformidad con el artículo 506 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

8.- El 4 de abril de 2000, el Juzgado Primero de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, libró requisitoria contra el ciudadano Antonio Ramón Rodríguez, de conformidad con el artículo 507.2 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de que hasta esa fecha el mencionado ciudadano no había sido capturado.

 

9.- El 3 de abril de 2002, el señalado juzgado ordenó remitir el expediente a la Oficina Distribuidora de Expedientes Penales de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de que aquél fuera distribuido a un Juzgado de Control, ello a los efectos del artículo 522.2 del Código Orgánico Procesal Penal, correspondiéndole el conocimiento de dicha causa al Juzgado Trigésimo Noveno de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

 

10.- El 15 de abril de 2002, Juzgado Trigésimo Noveno de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, ratificó la orden de detención y captura (requisitoria) librada el 4 de abril de 2000, contra el ciudadano Antonio Ramón Rodríguez, a los fines de que éste fuera puesto “… a la Orden (sic) de este despacho y sea impuesto del Auto de Detención procediéndose en consecuencia a su ejecución”. De igual forma, ordenó remitir las actuaciones al Fiscal Superior del Ministerio Público a los fines de la designación de un Fiscal de Proceso que continuara con la investigación. En consecuencia, en esa misma fecha se libraron los correspondientes oficios al Jefe de la División de Capturas adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, al Director del Internado Judicial “Rodeo I”, y al Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

11.- El 15 de julio de 2003, el Juzgado Trigésimo Noveno de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, libró oficio n° 557-03, dirigido a la Dirección de Proyectos Especiales del Ministerio Público, a los efectos de la designación de un Fiscal para el Régimen Transitorio que conociera de de las actuaciones vinculadas al proceso penal seguido contra el ciudadano Antonio Ramón Rodríguez.

 

12.- El 6 de agosto de 2003, el referido juzgado de control dictó auto mediante el cual ratificó la orden de detención y captura que pesa sobre el ciudadano Antonio Ramón Rodríguez, así como el oficio librado el 15 de abril de 2002, al Jefe de la División de Capturas adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, para la captura de aquél, librándose las respetivas boletas.

 

13.- El 8 de octubre de 2004, el Juzgado Trigésimo Noveno de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictó auto mediante el cual ratificó la orden de detención y captura contra el referido ciudadano, y el oficio dirigido el 6 de agosto de 2003, al Jefe de la División de Capturas adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, para la práctica de la correspondiente captura, librándose las respetivas boletas.

 

14.- El 11 de octubre de 2004, el abogado Antonio Olivo Rojas, en su carácter de defensor del ciudadano Antonio Ramón Rodríguez, compareció ante el Juzgado Trigésimo Noveno de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y consignó un (1) escrito mediante el cual solicitó el sobreseimiento de la causa, de conformidad con los artículos 37 y 110 del Código Penal, y los artículos 48.8 y 318.3 del Código Orgánico Procesal Penal, alegando para ello la prescripción de la acción penal. De igual forma, el 14 de diciembre de 2004, el abogado Leopoldo Fernández, actuando también en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Antonio Ramón Rodríguez, consignó ante dicho juzgado de control un (1) escrito en el cual solicitó se decrete el sobreseimiento de la causa en beneficio de este último, por haber operado la prescripción de la acción penal.

 

15.- El 14 de febrero de 2005, el ciudadano Antonio Ramón Rodríguez, asistido por el abogado Adolfo Olivo Rojas, interpuso acción de amparo constitucional contra el Juzgado Trigésimo Noveno de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en virtud de la omisión en que éste incurrió al no declarar el sobreseimiento de la causa en beneficio de dicho ciudadano.

 

16.- El 15 de febrero de 2005, la Sala n° 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas –a quien correspondió el conocimiento de la acción de amparo interpuesta-, ordenó la corrección del escrito contentivo de dicha acción de amparo, con base en los artículos 18.2 y 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

17.- El 18 de febrero de 2005, la Sala n° 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, toda vez que el accionante no subsanó el escrito contentivo de la solicitud de tutela constitucional.

 

18.- El 24 de febrero de 2005, la referida Sala de la Corte de Apelaciones remitió el expediente contentivo de las actas esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de la consulta de ley. Posteriormente, el 21 de julio de 2005, el abogado Adolfo Olivo Rojas diligenció ante esta Sala a los fines de solicitar  que se dictara la respectiva decisión.

 

19.- El 21 de julio de 2005, esta Sala Constitucional, mediante sentencia n° 2.109, revocó la decisión dictada el 18 de febrero de 2005, por la Sala n° 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por el ciudadano Antonio Ramón Rodríguez. De igual forma, en el mencionado fallo se ordenó la reposición de la causa al estado en que esa Corte de Apelaciones se pronuncie nuevamente sobre la admisión o no de la acción de amparo.

 

20.- El 23 de septiembre de 2005, la Sala n° 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, admitió la acción de amparo interpuesta por el ciudadano Antonio Ramón Rodríguez. En esa misma oportunidad, el Juzgado Trigésimo Noveno de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, consignó su informe correspondiente, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

21.- En virtud de la declaratoria con lugar de las inhibiciones planteadas por los integrantes de la Sala n° 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el conocimiento de la causa le correspondió a la Sala n° 9 de dicha Corte de Apelaciones.

 

22.- El 6 de octubre de 2005, el Juzgado Trigésimo Noveno de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, fijó una audiencia oral para imponer al ciudadano Antonio Ramón Rodríguez del auto de detención dictado en su contra. El 13 de octubre de 2005, fecha fijada para la realización de la mencionada audiencia, el señalado tribunal de control acordó diferir el acto, en virtud de la incomparecencia de aquél. Llegada la fecha de la celebración de la mencionada audiencia diferida, a saber, el 18 de octubre de 2005, el abogado Adolfo Olivo Rojas diligenció en el expediente de la causa, a los fines de solicitar de que se difiriera la celebración de la audiencia oral, alegando que el ciudadano Antonio Ramón Rodríguez fue trasladado a una institución médica “…por sufrir una fuerte baja de tensión…”. En virtud de lo anterior, el Tribunal de Control acordó diferir la audiencia oral para el día 2 de noviembre de 2005, oportunidad en la cual tampoco compareció el mencionado ciudadano.

 

23.- El 14 de noviembre de 2005, la Sala n° 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, declaró sin lugar la acción de amparo interpuesta. El 16 de noviembre de 2005, el abogado Adolfo Olivo Rojas, actuando en su carácter de defensor del ciudadano Antonio Ramón Rodríguez, intentó recurso de apelación contra dicha decisión, con base en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

II

ALEGATOS DEL ACCIONANTE

 

Que “… si tomamos en cuenta la fecha del auto detención (sic), 07-04-95, hasta la presente fecha 10-02-05, tenemos que han transcurrido, 9 años, 8 meses y 6 días, habiendo de tal manera transcurrido los lapsos establecidos para operar la prescripción de la acción penal, tanto ordinaria como extraordinaria, y si tomamos en cuenta, como debe ser, que el delito, en el supuesto negado que se haya cometido, lo fue en fecha 08-05-92, han transcurrido 12 años, 8 meses y 6 días. Es evidente Ciudadanos Magistrados, que la acción penal está evidentemente prescrita, conforme a lo establecido en los artículo 108 (numeral 5to), 110 y 37 del Código Penal Vigente, por aplicación del art. 464 (encabezamiento), ejusdem”.

 

Que “… como se desprende inequívocamente de los cómputos respectivos que se hagan, en mi caso se ha producido la prescripción de la acción penal, o sea el delito que me fuera imputado por la Juez Superior Segunda, está, manifiesta y evidentemente prescrito”.

 

Que “La Juez 39 de Control, que tiene el expediente desde fecha anterior al 12 de julio de 2002, como se desprende de oficio enviado por dicho Tribunal al Fiscal Superior del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, copia del cual acompaño en marcada ‘C’, y haber recibido escrito firmado por el Dr. ADOLDO (sic) OLIVO ROJAS, abogado en ejercicio, de este domicilio, Inpreabogado 2974, (…), quien suscribe conmigo el presente escrito de solicitud de amparo constitucional en fecha de agosto del 2004, se ha negado a pronunciar el decreto de sobreseimiento de la causa, violando con ello el numeral 8 del art. 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También a (sic) violado el art. 49 ejusdem se (sic) numeral 1° (sic) al no permitir la lectura examén (sic) y análisis de las actas, así como la posibilidad de obtener las copias certificadas que preciso para mi defensa además el N° 8 del art. 49 de la Constitución”.

 

Que “Igualmente la agraviante con su retardo ha infringido los arts. (sic) 6, 255, (párrafo tercero), 313 (párrafo primero) del COPP, la agraviante con su reiterada conducta de omitir un pronunciamiento ha violado de manera continua mi derecho constitucional consagrado en el art. 51 de la Constitución al no dar respuesta oportuna a las solicitudes de que decrete el sobreseimiento”.

 

En consecuencia, solicitó el sobreseimiento de la causa en virtud de encontrarse prescrita la acción penal, que se oficie al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, a fin de dejar sin efecto el oficio n° 255-02 del 5 de abril de 2002, y la orden de captura n° 047-02 de esa misma fecha, librada por el Juzgado Trigésimo Noveno de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

 

Por su parte, del escrito contentivo del recurso de apelación ejercido por el abogado Adolfo Olivo Rojas, contra la decisión dictada el 14 de noviembre de 2005, por la Sala n° 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, se extraen las siguientes afirmaciones:

 

“Es cierto lo expuesto por la Sala 9, en términos procesales, la prescripción puede ser interrumpida y aunque no estoy de acuerdo que las actuaciones señaladas no figuran entre las causales de interrupción, lo admito con las respectivas reservas. Sin embargo, el legislador, pensando en que puede interrumpirse la prescripción de la acción penal, consecutivamente sin llevarse a cabo el juicio correspondiente convirtiéndose la acción penal en una especie de sanción perpetua o ilimitada en el tiempo, con el consiguiente perjuicio para el indiciado o imputado que ve restringidos sus derechos constitucionales, sanciona la posibilidad procesal penal de la interrupción de la prescripción de la acción penal, con la disposición contenida en el art. 110 del Código Penal que establece un lapso de tiempo a transcurrir el proceso, para que proceda la prescripción, no obstante las interrupciones, como el caso de autos, que pueden haber sucedido, es lo que se denomina por la doctrina ‘la prescripción extraordinaria’, en la que encuadra la situación de mi defendido, y es el alegato en que se fundamenta la acción de amparo constitucional, debido a que el no decretar ninguno de los órganos jurisdiccionales que han conocido la presente causa la prescripción de la acción penal y el correspondiente sobreseimiento de la causa, han violado y siguen violando los derechos constitucionales de mi defendido, razón por la cual y con fundamento a los alegatos contenidos en los escritos que cursan en el legajo de copias que acompaño y lo que obra en la presente causa, que ratifico mi pedimento de que sea declarado con lugar el amparo constitucional y se decrete o en su defecto se ordene a la Sala 9 que decrete la prescripción de la acción penal y el correspondiente sobreseimiento a favor de mi representado Antonio Ramón Rodríguez”.

 

III

DE LA SENTENCIA APELADA

 

La sentencia dictada el 14 de noviembre de 2005, por la Sala n° 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar la presente acción de amparo constitucional, estableció lo siguiente:

 

“…de las actas se evidencia que en contra del ciudadano Antonio Ramón Rodríguez pesa orden de captura, la cual ha sido ratificada en diversas oportunidades, como se explicó anteriormente, por lo que tal solicitud de aprehensión del referido ciudadano, constituye un  acto de interrupción de la prescripción.

Por todo lo anterior considera esta Sala de la Corte de Apelaciones que en el presente caso no ha operado la prescripción a que alude el accionante, ya que el Juzgado Superior Segundo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, decretó la detención judicial del ciudadano Antonio Ramón Rodríguez, la cual fuere ratificada en diversas oportunidades, por los distintos tribunales de primera instancia que han conocido de la presente causa.

Además de lo anterior considera esta Sala destacar que la acción de Amparo Constitucional, dado su carácter garante y protector de los derechos fundamentales, está circunscrita a los casos en que sean vulnerados de manera directa, inmediata y flagrante derechos subjetivos de rango Constitucional o previstos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, cuyo restablecimiento ha haya sido posible a través de las vías procesales ordinarias, las cuales igualmente sirven de protectoras a tal fin.

De proceder esta Alzada al trámite de un asunto que debe ser resuelto por la vía ordinaria, estaría violando el carácter extraordinario que caracteriza a la acción de amparo constitucional, a través de la cual no se puede pretender una declaratoria de prescripción.

En razón de todo lo antes expuesto esta Sala Nueve de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, actuando como Tribunal Constitucional, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR la acción de Amparo Constitucional interpuesta por el Profesional del Derecho ADOLFO OLIVO ROJAS, en su carácter de defensor del ciudadano ANTONIO RAMÓN RODRÍGUEZ, de conformidad con lo establecido en la sentencia N° 1118, de fecha 25 de junio de 2001, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, así como los artículos 26, 27, y 257 todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y los artículos 169 y 174 del Código Orgánico Procesal Penal.”

 

IV

DE LA COMPETENCIA

 

En primer lugar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer del presente recurso de apelación, y a tal efecto observa:

 

Que en sentencia n° 1/2000, del 20 de enero, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, determinó los criterios de competencia en materia de amparo constitucional, a la luz de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Específicamente, con relación a los recursos de apelación y a las consultas que establece el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sostuvo expresamente lo siguiente:

 

“...corresponde a esta Sala conocer las apelaciones y consultas sobre las sentencias de los Juzgados o Tribunales Superiores aquí señalados, de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en Primera Instancia...”.

 

Observa esta Sala, que en el presente caso, la sentencia apelada fue dictada por la Sala n° 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, actuando como tribunal de primera instancia en sede constitucional; en consecuencia, siendo ello así, esta Sala -aplicando el criterio sostenido en el fallo parcialmente transcrito supra-, resulta competente para conocer del presente recurso de apelación, y así se declara.

 

V

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

Determinada la competencia, esta Sala observa que la acción de amparo constitucional se interpuso contra el Juzgado Trigésimo Noveno de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en virtud de la omisión en que éste incurrió al no declarar el sobreseimiento de la causa -por encontrarse presuntamente prescrita la acción penal- en beneficio del ciudadano Antonio Ramón Rodríguez. Como fundamento de esta acción de amparo, se alegó la vulneración del derecho a la defensa, a solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial retardo u omisión injustificada, y a la petición y oportuna respuesta, consagrados en los cardinales 1 y 8 del artículo 49, y en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente.

 

También se observa, que la Sala n° 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante decisión del 14 de noviembre de 2005, declaró sin lugar la acción de amparo interpuesta, siendo esta última decisión objeto del recurso de apelación interpuesto por la defensa.

 

La sentencia apelada se fundamentó en que en el proceso penal originario no operó la prescripción de la acción penal, toda vez que el Juzgado Superior Segundo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, “… decretó la detención judicial del ciudadano Antonio Ramón Rodríguez, la cual fuere ratificada en diversas oportunidades, por los distintos tribunales de primera instancia que han conocido de la presente causa”. De igual forma, la Corte de Apelaciones señaló que la acción de amparo constitucional se encuentra circunscrita a los casos en que sean vulnerados de manera directa, inmediata y flagrante derechos subjetivos de rango Constitucional o previstos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, cuyo restablecimiento no haya sido posible a través de las vías procesales ordinarias, las cuales igualmente sirven de protectoras a tal fin, todo lo cual obedece al carácter garante y protector de los derechos fundamentales de dicha acción, por lo que “De proceder esta Alzada al trámite de un asunto que debe ser resuelto por la vía ordinaria, estaría violando el carácter extraordinario que caracteriza a la acción de amparo constitucional, a través de la cual no se puede pretender una declaratoria de prescripción”.

 

A los efectos de una mayor claridad y sistematización del presente fallo, se realizarán, en primer término, unas breves consideraciones generales sobre la institución de la prescripción de la acción penal, a saber, su naturaleza jurídica, su fundamento, sus modalidades, y los distintos actos que la interrumpen. En segundo lugar, se analizará si efectivamente uno de dichos actos se configuró en el presente caso –tal como lo señaló el Juez a quo para justificar su decisión-, ello a los fines de precisar si hubo o no violación constitucional en el caso de autos, y en consecuencia determinar si resulta o no ajustada a derecho, la declaratoria sin lugar contenida en la sentencia objeto del presente recurso de apelación.

En tal sentido, debe partirse de que la institución de la prescripción, específicamente la referida a la acción penal, posee una indudable relevancia constitucional. Analizada desde esta óptica, la misma constituye una moldura que limita temporalmente la utilización del poder punitivo del Estado. A saber, a través de aquélla el legislador sustantivo ha considerado político-criminalmente adecuado no castigar un delito, en virtud de la extinción de la potestad punitiva estatal, por no haberse ejercido ésta dentro los límites temporales fijados en la ley (por ejemplo, los contenidos en el artículo 108 del Código Penal), configurando éstos el marco máximo dentro del cual debe operar el ejercicio del ius puniendi.

 

Ahora bien, la naturaleza de la prescripción de la acción penal no se agota únicamente en una visión material, toda vez que la misma ostenta igualmente una vertiente procesal, en el sentido de constituir un obstáculo de perseguibilidad penal que materializa el derecho a ser juzgado –específicamente en el ámbito del proceso penal- dentro de un plazo razonable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 49.3 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley Aprobatoria publicada en Gaceta Oficial n° 31.256, del 14 de junio de 1977).

 

Sobre este particular, ZAFFARONI señala lo siguiente:

 

“La Constitución quiere evitar uno de los casos más notorios de irracionalidad del poder punitivo que ocurre cuando la duración de los juicios penales se vincula con el problema de los presos sin condena causando una situación (muy claramente en América Latina) de rasgos genocidas. Una de las formas político-jurídicas más importantes para prevenir un agravamiento de ese trato inhumano es la exigencia de plazo razonable para la duración de los procesos (Cfr. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de Derecho Penal. Parte General. Editorial EDIAR. Buenos Aires, 2005, p. 688)”.

 

Todo lo anteriormente expuesto es susceptible de ser conjugado conceptualmente con el modelo de Estado que consagra el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, y partiendo de los principios de necesidad –derivado del modelo de Estado social- y de proporcionalidad de las penas –el cual, junto a la idea de dignidad de la persona humana, se deriva del modelo de Estado democrático-, debe señalarse que la duración del plazo dentro del cual el Estado debe llevar a cabo la persecución penal y la ulterior materialización del castigo, debe ser proporcional al quantum de la pena asignada legalmente al delito. En otras palabras, a mayor pena corresponderá un mayor término de prescripción, siendo entonces que tal postulado se erige como un mecanismo que amolda el ejercicio del ius puniendi a un tiempo razonable de operatividad.

 

De igual forma, debe afirmarse que el fundamento filosófico de la institución in commento descansa en el principio de seguridad jurídica, tal como lo ha señalado el Tribunal Constitucional español (vid. STC 157/1990, del 18 de octubre).

 

Sobre esta visión del principio de seguridad jurídica, PECES-BARBA, enseña que:

 

“La seguridad supone la creación de un ámbito de certeza, de saber a qué atenerse, que pretende eliminar el miedo y favorecer un clima de confianza en las relaciones sociales, entre los seres humanos que intervienen y hacen posible esas relaciones.

Es el minimum existencia que permite el desarrollo de la dignidad humana y hace posible la vida, el mantenimiento de esa vida con garantías y la posibilidad de una comunicación con los demás, sin sobresaltos, sin temor y sin incertidumbre.

(…)

Estamos ante una garantía central de la seguridad jurídica, es el imperio de la Ley, el <<rule of law>>, en definitiva el Estado de Derecho, donde se regula y se racionaliza el uso de la fuerza del Poder (quién puede usarlo, con qué procedimientos, con qué contenidos, con qué límites) y se asegura, tranquiliza, de certeza y permite a todos saber a qué atenerse. Por eso tiene una importante dimensión subjetiva que se organiza como derechos fundamentales y que al otorgarlos al individuo, respecto al ejercicio del poder, lo limita.

Pero quizás el caso más significativo, en este aspecto sea un conjunto de derechos, las llamadas garantías procesales y garantías penales, que con diversas formulaciones encontramos en todas las Declaraciones de derechos desde la revolución liberal” (Cfr. PECES-BARBA, Gregorio. Curso de derechos fundamentales. Coedición de la Universidad Carlos III de Madrid y el Boletín Oficial del Estado. Madrid, 1999, pp. 246, 251).

 

En esta misma línea de criterio, MUÑOZ CONDE y GARCÍA ARÁN, respecto a la prescripción, afirman lo siguiente:

 

“Es una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos. Su fundamentación radica, pues, más en razones de seguridad jurídica, que en consideraciones de estricta justicia material. Se trata de impedir el ejercicio del poder punitivo, una vez que han transcurrido determinados plazos a partir de la comisión del delito o del pronunciamiento de la condena, sin haberse cumplido la sanción. (Cfr. MUÑOZ CONDE, Francisco, GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho Penal. Parte General. Editorial tirant lo blanch. Valencia, 2000, p. 465).

Como corolario de lo antes señalado, debe afirmarse, entonces, que el fundamento de la prescripción se encuentra constituido por la imposibilidad de mantener al ciudadano en una situación de incertidumbre, de zozobra, ante la inacción de la persecución penal y de la no imposición del ulterior castigo dentro de los términos configurados por la ley, razón la cual, resulta indudable que esta institución es una verdadera garantía para el ciudadano.

 

En el ámbito del ordenamiento jurídico venezolano, el principio de seguridad jurídica, visto como una limitación al ejercicio del poder, se deriva del modelo de Estado de Derecho, el cual se encuentra consagrado en el citado artículo 2 de la Constitución –y del que también se extrae el principio de legalidad-.

 

Dicho lo anterior, y en cuanto a las dos grandes facetas de la institución aquí analizada, debe señalarse, por una parte, que la ley sustantiva penal contempla la prescripción ordinaria, la cual se encuentra incardinada en el texto de su artículo 108. En tal sentido, esta primera categoría es aquella cuyo curso puede ser interrumpido, y que nuevamente comenzará desde el día de la interrupción. Su efecto jurídico es que desaparece la acción que nace de todo delito, siendo declarable por el órgano jurisdiccional por el simple transcurso del tiempo, y cuyo cálculo debe realizarse con base en el término medio de la pena del delito tipo, sin tomar en cuenta las circunstancias que la modifican, como atenuantes o agravantes (ver sentencias 396/2000, del 31 de marzo; y 813/2001, del 13 de noviembre, ambas de la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal).

 

De igual forma, la ley penal sustantiva contempla la denominada “prescripción extraordinaria” o “prescripción judicial”, la cual se encuentra contenida en la parte in fine del segundo párrafo del artículo 110 eiusdem, y que es aquella que se verifica por el solo transcurso de un determinado tiempo, esto es, el de la prescripción aplicable más la mitad del mismo, siempre y cuando la prolongación del juicio por ese tiempo se haya producido sin culpa del reo, no siendo, a diferencia de la prescripción ordinaria, susceptible de interrupción. Ahora bien, tal figura fue objeto de análisis esta Sala en sentencia n° 1.118/2001, del 25 de junio.

 

En el citado fallo se señaló lo siguiente:

 

“El comentado artículo 110 del Código Penal, y debido a que el proceso penal, en caso de fallo condenatorio restringe la libertad, garantiza al reo la extinción del proceso, si éste se prolongase por un tiempo igual al de la prescripción de la acción, más la mitad del mismo, y siempre que la dilación judicial ocurra sin culpa del reo. A esta extinción la llama el artículo 110, prescripción.

En realidad, la figura del artículo 110 comentado, no se trata de una prescripción, ya que la prescripción es interruptible, y este término no puede interrumpirse. Más bien se trata de una forma de extinción de la acción derivada de la dilación judicial. La fórmula también se aplica cuando la ley establece un término de prescripción menor de un año, y si desde el día en que comenzó a correr la prescripción no se dicta sentencia condenatoria en el término de un año, se tendrá por ‘prescrita’ (extinguida) la acción penal.

A juicio de esta Sala no se trata realmente de prescripciones, sino de extinciones de las acciones, por decaimiento de las mismos, debido a la falta de impulso pleno del proceso, hasta el punto que transcurre el tiempo y no se dictan sentencias definitivas.

Se trata de la prolongación del proceso por causas imputables al órgano jurisdiccional, ya que si la dilación es atribuible al reo, el lapso extintivo no corre. Pero, a juicio de esta Sala, la prolongación puede resultar del proceso que se paraliza, y por ello se prolonga sin culpa del reo, a quien no se le sentencia, lo que puede causar la extinción de la acción.

En el proceso penal no existe la figura de la perención de la instancia. No puede pensarse en una causa penal que se paralice (aunque podría suceder), y menos con el sistema del Código Orgánico Procesal Penal, así el proceso penal comience en la fase investigativa, como lo señala el artículo 292 del Código Orgánico Procesal Penal.

Es más, la disposición del artículo 110 del Código Penal bajo comentario, abarca procesos en pleno desarrollo”.

 

 

Siendo así, se evidencia que esta segunda modalidad tiende a proteger al encartado de un proceso interminable, cuya dilación no sea imputable a aquél, por lo que realmente no se trata ni de una prescripción, ni de una perención, sino de una fórmula diferente de extinción de la acción, que opera ajena a la prescripción (sentencia n° 1.118/2001).

 

Precisado lo anterior, deben analizarse los actos que ocasionan la interrupción de la prescripción ordinaria, la cual, tal como se indicó con anterioridad, es la única susceptible de ser interrumpida. En tal sentido, el catálogo contentivo de dichos actos, según el artículo 110 del Código Penal vigente para la época, estaba conformado de la siguiente manera:

 

“Artículo 110.  Se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal por el pronunciamiento de la sentencia siendo condenatoria, o por la requisitoria que se libre contra el reo, si este se fugare. 

Interrumpirán también la prescripción el auto de detención o de citación para rendir indagatoria y las diligencias procésales que le siga; pero si el juicio, sin culpa del reo, se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable mas la mitad del mismo, se declarara Prescrita la acción penal. 

Si establece la ley un termino de prescripción menor de un año, quedara ella interrumpida por cualquier acto de procedimiento; pero si en el termino de un año, contado desde el día en que comenzó a correr la prescripción, no se dictare sentencia condenatoria, se tendrá por prescrita la acción penal. 

La prescripción interrumpida comenzara a correr nuevamente desde el día de la interrupción. 

La interrupción de la prescripción surte efectos para todos los que han concurrido al hecho punible, aun cuando los actos que interrumpan la prescripción no se refiere sino a uno” (Subrayado del presente fallo).

 

Sobre el análisis de tales actos, la sentencia antes citada, con base en la normativa del Código Penal para entonces vigente, estableció en esa oportunidad que:

 

“… el Código Penal en su artículo 108, contempla la prescripción de la acción penal.

Comienzan a correr estos lapsos de prescripción desde el día de la perpetración de los hechos punibles; en las infracciones intentadas o procesadas, desde el día en que se realizó el último acto de ejecución; y, para las infracciones continuadas o permanentes desde el día en que cesó la continuación o permanencia del hecho.

El artículo 110 del Código Penal señala las causas de interrupción de la prescripción.

1) La primera de ellas es la sentencia condenatoria, que claro está al llegar al fin el proceso mediante sentencia, mal puede correr prescripción alguna, ya que la acción quedó satisfecha.

2) Si el reo se fuga antes o durante el juicio, mediante la requisitoria librada contra el imputado;

3) El auto de detención o de citación para rendir indagatoria, figuras que actualmente no existen en el Código Orgánico Procesal Penal, y las diligencias procesales que les sigan.

Dado que el Código Orgánico Procesal Penal señala que el proceso penal comienza en la fase investigativa, la citación del imputado o su declaración como tal  en dicha fase, que es equivalente a la citación para rendir declaración, se convierte en actos interruptivos de la prescripción.

4) El desarrollo del proceso, que corresponde a las diligencias procesales que le siguen a la citación para rendir declaración, como se señaló antes. Por lo que mientras el proceso se encuentre  vivo, la prescripción se va interrumpiendo, en forma sucesiva.

Todos estos actos interruptores hacen que comience a correr de nuevo la prescripción desde el día de dichos actos”.

 

Ahora bien, luego de la última reforma efectuada a dicha ley sustantiva penal, (vid. Gaceta Oficial n° 5.768 “extraordinario”, del 13 de abril de 2005), la redacción de dicha norma quedó así:

“Artículo 110. Se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal por el pronunciamiento de la sentencia, siendo condenatoria, o por la requisitoria que se libre contra el imputado, si éste se fugare.

Interrumpirán también la prescripción, la citación que como imputado practique el Ministerio Público, o la instauración de la querella por parte de la víctima o de cualquier persona a los que la ley reconozca con tal carácter; y las diligencias y actuaciones procesales que le sigan; pero si el juicio, sin culpa del imputado, se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable más la mitad del mismo, se declarará prescrita la acción penal.

Si establece la ley un término de prescripción menor de un año, quedará ella interrumpida por cualquier acto de procedimiento; pero si en el término de un año, contado desde el día en que comenzó a correr la prescripción no se dictare la sentencia condenatoria, se tendrá por prescrita la acción penal.

La prescripción interrumpida comenzará a correr nuevamente desde el día de la prescripción.

La interrupción de la prescripción surte efectos para todos los que han concurrido al hecho punible, aun cuando los actos que interrumpan la prescripción no se refieren sino a uno” (Subrayado del presente fallo).

 

De una correcta lectura e interpretación de esta nueva norma, el listado de los actos que interrumpen de la prescripción puede ser estructurado en el siguiente orden:

 

1.- La sentencia condenatoria;

 

2.- La requisitoria que se libre contra el imputado, si éste se fugare;

 

3.- La citación que como imputado practique el Ministerio Público, y las diligencias y actuaciones procesales subsiguientes;

 

4.- La instauración de la querella por parte de la víctima o de cualquier persona a los que la ley reconozca tal carácter.

 

Hechas las anteriores consideraciones, observa este Máximo Tribunal, que el punto neurálgico en el presente caso consiste en determinar si fueron vulnerados los siguientes derechos constitucionales del quejoso: 1.- El derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; 2.- El derecho a solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial retardo u omisión injustificada; y 3.- El derecho a la petición y oportuna respuesta, consagrados todos ellos en los cardinales 3 y 8 del artículo 49, y en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente. Para lo anterior, resulta necesario precisar si transcurrió o no a favor de aquél el término de la prescripción ordinaria, así como también el que corresponde a la extinción de la acción penal –también denominada prescripción “extraordinaria” o “judicial”-.

 

En tal sentido, con base en el minucioso análisis de las actas que conforman el presente expediente, estima esta Sala que el hecho punible objeto del proceso penal que originó la interposición de la presente acción de amparo, se encuentra configurado presuntamente por un delito de estafa, figura punible tipificada en el artículo 464 del Código Penal para entonces vigente (actual 462). En efecto, a los fines de ilustrar la presente decisión, se estima necesario resaltar lo establecido por el Juzgado Superior Segundo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en su decisión del 7 de abril de 1995, mediante la cual revocó el auto dictado el 6 de octubre de 1994, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas:

 

“Del conjunto de elementos anteriormente narrados observa ésta (sic) instancia que se encuentra plenamente demostrado el cuerpo del delito de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 464 del Código Penal, cometido en perjuicio de la Compañía INEXPO TRADING COMPANY, representante legal de la Compañía BUD’S DISPOSAL SERVICES LTD.

(…)

Haciendo un estudio concatenado de todos los elementos señalados anteriormente y de las versiones de los hechos dada por el presunto indiciado, podemos establecer, que el ciudadano ANTONIO RAMÓN RODRÍGUEZ, por medio de artificios logró engañar a la Empresa de SEGUROS LA METROPOLITANA, la cual inducida en error le produjo un provecho injusto a dicho señor, con el pago del seguro y aunque el presunto indiciado dice ser el verdadero propietario del autobús descrito en autos, en realidad los verdaderos dueños son los de la Empresa BUD’S DISPOSAL SERVICES LTD de donde nunca el bien salió de su patrimonio. Todas las circunstancias descritas en autos nos llevan a la convicción de que existen fundados indicios en contra del ciudadano ANTONIO RAMÓN RODRÍGUEZ.

En consecuencia ameritando el referido delito pena corporal, sin estar evidentemente prescrita la acción penal para perseguirlo e igualmente dados como están los plurales y concordantes indicios de Culpabilidad, este Juzgado al encontrar llenos todos y cada uno de los extremos legales indicados en el artículo 182 del Código de Enjuiciamiento Criminal, considera que lo procedente en el presente caso será REVOCAR la decisión dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, (…) y en su lugar DECRETA LA DETENCIÓN JUDICIAL DEL ciudadano ANTONIO RAMÓN RODRÍGUEZ, por la comisión del delito de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 464 del Código Penal”.

 

 

Dicho lo anterior, es el caso que el recurrente alega, por una parte, que en el proceso penal seguido en su contra, transcurrieron “… los lapsos establecidos para operar la prescripción de la acción penal, tanto ordinaria como extraordinaria…”, es decir, que se materializó tanto la prescripción ordinaria prevista en el artículo 108.5 del Código Penal vigente para la época, así como la extinción de la acción penal, también denominada prescripción “judicial” o “extraordinaria”, contenida en la parte in fine del segundo párrafo del artículo 110 eiusdem. Ante tal alegato, debe esta Sala hacer las siguientes consideraciones:

 

En primer término, en cuanto a la invocada prescripción ordinaria, debe afirmarse que de la lectura de las actas se desprende, que el hecho punible objeto del proceso fue presuntamente cometido el 8 de mayo de 1992, y el cual encuadra, según el fallo anteriormente mencionado, en el tipo de estafa contenido en el 464 del Código Penal vigente para la época, siendo que dicha norma establecía una pena de prisión de uno (1) a cinco (5) años. Entonces, aplicando las reglas dosimétricas del artículo 37 eiusdem, se observa que el término medio de tal penalidad es de tres (3) años de prisión, correspondiéndole entonces, a los fines del cálculo de la prescripción de la acción penal, el término de tres (3) años establecido en el artículo 108.5 del entonces vigente Código Penal.

 

El delito de estafa era regulado de la siguiente forma:

 

“Artículo 464. El que, con artificios o medios capaces de engañar o sorprender la buena fe de otro, induciéndole en error, procure para si o para otro un provecho injusto con perjuicio ajeno, será penado con prisión de uno a cinco años. La pena será de dos a seis años si el delito se ha cometido: 

1°. En detrimento de una administración pública, de una entidad autónoma en que tenga interés el Estado o de un instituto de asistencia social.

2°. Infundiendo en la persona ofendida el temor de un peligro imaginario o el erróneo convencimiento de que debe ejecutar una orden de la autoridad. 

El que cometiere el delito previsto en este artículo, utilizando como medio de engaño un documento público falsificado o alterado, o emitiendo un cheque sin provisión de fondos, incurrirá en la pena correspondiente aumentada de un sexto a una tercera parte” (Subrayado del presente fallo).

 

Por su parte, el artículo 108.5 de la ley sustantiva penal, disponía –y dispone aún- lo siguiente:

 

“Artículo 108. Salvo el caso en que la ley disponga otra cosa, la acción penal prescribe así:

(…)

5°. Por tres años, si el delito mereciere pena de prisión, de tres años o menos, arresto de mas de seis meses, relegación a colonia penitenciaria, confinamiento o expulsión del espacio geográfico de la República” (Subrayado del presente fallo).

 

Ahora bien, el 7 de abril de 1995, el Juzgado Superior Segundo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó decisión, previa consulta de ley, el auto emitido el 6 de octubre de 1994, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. De igual forma, en esa oportunidad, ese juzgado superior decretó la detención judicial del ciudadano Antonio Ramón Rodríguez con base en lo dispuesto en el artículo 182 del entonces Código de Enjuiciamiento Criminal, librándose en consecuencia las correspondientes boletas de encarcelación. Posteriormente, el contenido de dicho auto de detención fue ratificado por:

 

1.- La requisitoria dictada el 18 de septiembre de 1997, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas;

 

2.- La requisitoria emitida el 4 de abril de 2000, por el Juzgado Primero de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas;

 

3.- La orden de detención emitida el 15 de abril de 2002, por el Juzgado Trigésimo Noveno de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas;

 

4.- El auto dictado el 6 de agosto de 2003, por el cual el referido juzgado de control ratificó la orden de captura librada contra el ciudadano Antonio Ramón Rodríguez; y

 

5.- El auto dictado el 8 de octubre de 2004, por el que tal tribunal de control ratificó nuevamente la orden de captura contra el mencionado ciudadano.

 

Lo anterior fue debidamente analizado por la Sala n° 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en el fallo objeto de la presente apelación, al indicar que “… de las actas se evidencia que en contra del ciudadano Antonio Ramón Rodríguez pesa orden de captura, la cual ha sido ratificada en diversas oportunidades, como se explicó anteriormente, por lo que tal solicitud de aprehensión del referido ciudadano, constituye un  acto de interrupción de la prescripción”.

 

De lo anterior se desprende que la señalada sala de la Corte de Apelaciones actuó conforme a derecho, toda vez que efectivamente el mencionado término de prescripción se encontraba interrumpido por la serie de actuaciones judiciales realizadas en el proceso penal incoado contra del mencionado encartado, tales como el auto de detención, las subsiguientes requisitorias, y las órdenes de detención y captura emitidas en su contra, siendo que los espacios de tiempo transcurridos entre unas y otras actuaciones, no llegaron a tener una duración de tres (3) años tales actos procesales, por lo cual las mismas son susceptibles de ser encuadradas en la descripción contenida en el encabezado y en la primera parte del segundo párrafo del artículo 110 del Código Penal. En consecuencia, esta Sala concluye que la alegada prescripción ordinaria de la acción penal, se encuentra interrumpida por los actos antes señalados.

 

En segundo lugar, observa la Sala, respecto a la prescripción extraordinaria de la acción penal invocada por el recurrente, que aquélla no ha operado, en virtud de que según lo dispuesto en la parte in fine del segundo párrafo del artículo 110 del Código Penal, y con base en la interpretación que del mismo ha efectuado esta Sala (sentencia n° 1.118/2001), no es posible oponer la extinción de la acción penal, de acuerdo con la citada norma, ya que para la invocación del término de dicha extinción, es necesario que el mismo haya transcurrido por causas no atribuibles al imputado. En el caso sub lite, el ciudadano Antonio Ramón Rodríguez no se ha puesto a derecho, por tanto, no ha sido posible la ejecución del auto de detención dictado en su contra, y ratificado en sucesivas oportunidades, situación de la cual se presume que dicho ciudadano está en conocimiento de aquél –en virtud de las actuaciones de su apoderado judicial en el expediente de la causa-; de allí que el juicio se haya prolongado y, es más, permanezca paralizado porque la única actividad jurisdiccional legalmente posible, según el texto del artículo 522.2 del Código Orgánico Procesal Penal -norma correspondiente al régimen procesal transitorio-, es, precisamente, la ejecución del auto de detención y la subsiguiente remisión de las actas procesales al Ministerio Público, para que éste acuse o solicite el sobreseimiento (Sentencia n° 2.948/2005, del 10 de octubre).

 

Dicha norma adjetiva estatuye:

 

“Artículo 522. Causas en etapa sumarial. Las causas que se encuentren en etapa sumarial de conformidad con el Código de Enjuiciamiento Criminal derogado por este Código se regirán por las reglas siguientes:

(…)

2º. En los procesos en los cuales no se haya ejecutado el auto de detención o de sometimiento a juicio, el Juez diligenciará la ejecución del auto, y una vez ejecutado y firme, remitirá la causa al fiscal del Ministerio Público correspondiente, para que proceda como se indica en el ordinal siguiente;

3º. Los tribunales y juzgados remitirán al fiscal del Ministerio Público todas las causas en las cuales haya auto de detención o de sometimiento a juicio firme, y no se hubiere formulado cargos. El fiscal podrá formular la acusación respectiva o solicitar el sobreseimiento, con base en los recaudos que le fueron remitidos. El procedimiento continuará conforme a las normas de este Código” (Subrayado del presente fallo).

 

Entonces, resulta claro que el término establecido en el aparte in fine del segundo párrafo del artículo 110 del Código Penal, se ha verificado en el caso sub lite por causas imputables al ciudadano Antonio Ramón Rodríguez, y por lo tanto, no resulta procedente la declaración de extinción de la acción penal que, con base en ese artículo, pretende el recurrente. En otras palabras, la dilatación del juicio ha sido por culpa de dicho ciudadano, por lo cual no puede materializarse la consecuencia jurídica contemplada en la señalada norma sustantiva.

 

En definitiva, esta Sala reitera que el lapso para el cómputo de la extinción de la acción penal no puede iniciarse sino a partir del momento en que el encausado se ponga a derecho y cumpla con la actividad procesal que su condición le impone, porque será a partir de entonces, cuando, eventualmente, pueda concluirse que el juicio se ha prolongado por causas no imputables al mismo (Sentencia n° 2.948/2005).

 

A mayor abundamiento, vale hacer referencia al criterio expuesto en la sentencia n° 77/1992, del 20 de febrero, dictada por la Sala de Casación Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia, y acogido por esta Sala Constitucional en sentencia n° 554/2000, del 19 de junio, según el cual:

“Esta Sala en reiterada jurisprudencia ha dicho que la prescripción judicial (artículo 110 del Código Penal) debe contarse desde el comienzo del juicio y éste no existe mientras no haya enjuiciado, por lo que el término comienza desde la ejecución del auto de detención o de la notificación del sometimiento a juicio. En el mismo sentido ha establecido la Sala que el lapso de prescripción judicial o procesal sólo comienza a correr cuando existe un procesado y no desde el auto de proceder, y que existe procesado luego de ejecutado el auto de detención o de notificado el sometimiento a juicio”.

 

Asimismo, esta Sala debe recordar al recurrente, que no resulta apropiado invocar, acumulativamente, la verificación del término correspondiente a la prescripción ordinaria y el de la extinción de la acción penal -o “prescripción extraordinaria”-, toda vez que esta última es de carácter subsidiario, en el sentido de que sólo podrá aplicarse cuando previamente se haya descartado la utilización del término de la prescripción ordinaria, es decir, esta última institución excluye en absoluto a la primera.

 

Siendo así, esta Sala Constitucional estima que en el presente caso no se han vulnerado los derechos constitucionales del quejoso, específicamente, sus derechos a ser juzgado sin dilaciones indebidas, y a solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial retardo u omisión injustificada, consagrados en los cardinales 3 y 8 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente; ni mucho menos su derecho a la petición y oportuna respuesta, consagrado en el artículo 51 eiusdem, ello en virtud de que el proceso penal que se ha instaurado contra el ciudadano Antonio Ramón Rodríguez, se ha prolongado por culpa de éste, razón por la cual no puede hablarse que haya operado la extinción de la acción penal o “prescripción extraordinaria”; no obstante que el término de la prescripción ordinaria, la cual empieza a contarse desde el mismo día de la perpetración para los hechos punibles (ver artículo 109 del Código Penal), se encuentra interrumpida por las requisitorias emitidas en dicho proceso, así como por las subsiguientes órdenes de detención y sus ratificaciones, las cuales constituyen, tal como se señaló supra, actos idóneos para ocasionar tal interrupción. Así se declara.

 

En lo referido a la alegada violación del derecho a la defensa, consagrado en el artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala observa, que de la revisión del expediente de la causa, especialmente del acta de fecha 3 de noviembre de 2005, en la cual se dejó constancia de la celebración de la audiencia constitucional, no se desprende que la vulneración de tal derecho haya sido demostrada en la primera instancia constitucional. Así se declara.

 

Por último, se observa, respecto a la solicitud del recurrente, referente a que en sede constitucional se decrete la prescripción de la acción penal, y en consecuencia se declare el sobreseimiento de la causa, que el Juez Constitucional carece de la potestad para emitir tal pronunciamiento, ya que la apreciación de la concurrencia o no en el caso particular de la prescripción de la acción penal, así como su consiguiente declaratoria, constituye un asunto que encaja únicamente en la esfera de atribuciones de los jueces ordinarios con competencia penal. Así también se declara.

 

Por lo tanto, y con base en los planteamientos explanados a lo largo del presente fallo, forzoso es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto el 16 de noviembre de 2005, por el abogado Adolfo Olivo Rojas, actuando en su carácter de defensor del ciudadano Antonio Ramón Rodríguez, contra la decisión dictada el 14 de noviembre de 2005, por la Sala n° 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, la cual se confirma. Así se decide.

 

VI

DECISIÓN

 

En virtud de las consideraciones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

 

1.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido el 16 de noviembre de 2005, por el abogado Adolfo Olivo Rojas, actuando en su carácter de defensor del ciudadano Antonio Ramón Rodríguez, contra la decisión dictada el 14 de noviembre de 2005, por la Sala n° 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, la cual declaró sin lugar la acción de amparo constitucional ejercida por dicho ciudadano contra el Juzgado Trigésimo Noveno de Primera Instancia en Función de Control del mismo Circuito Judicial Penal.

 

2.- CONFIRMA la decisión dictada el 14 de noviembre de 2005, por la Sala n° 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional intentada por el ciudadano Antonio Ramón Rodríguez.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de origen.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 19 días del mes de mayo dos mil seis. Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                               El Vicepresidente,

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ 

                          

 

 

 

                                                                   LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ      

                            Ponente

 

 

 

 

                                                                          MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

                      

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN 

 

El Secretario,

   

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO 

 

 

FACL/

Exp. n° 06-0042

 

 

 

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias