Venley

Sentencia N.º 1105

Sentencia N.º 1105

Sentencia
N.º 1105
Fecha
30/11/2015
Sala
Casación Social
Expediente
15-988
Ponente
Marjorie Calderón Guerrero
Procedimiento
Recurso de control de la legalidad

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN SOCIAL.
Caracas, treinta (30) de noviembre de 2015. Años: 205º y 156°

En el juicio que por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, siguen los ciudadanos JOHANNA DEL VALLE EREU JIMÉNEZ, ELIOS RAMÓN LÓPEZ LISCANO, MARIELA MARGARITA MOGOLLÓN MARTÍNEZ, DENNYS JOSEFINA PEROZO RODRÍGUEZ y FLOR MAYORLY ARAUJO FIALLO, titulares de las cédulas de identidad Nros. 11.432, 12.848.883, 13.084.260, 15.228394 y 12.707.748, respectivamente, representados judicialmente por el abogado Carlos Eduardo de los Ríos Rodríguez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 52.862, contra la sociedad mercantil MEGA EMPAQUES C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, en fecha 01 de junio de 1998, bajo el Nro. 8, Tomo 187-A-Sgdo, representada judicialmente por el abogado José Javier Silva Álvarez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 51.039, y solidariamente contra la Sociedad Mercantil PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL, S.A., antes denominada “PROCTER & GAMBLE DE VENEZUELA, S.C.A.,  inscrita por ante el Registro Mercantil del Distrito Federal y estado Miranda, en fecha 19 de junio de 1991, bajo el Nro. 42, Tomo 141-A Sgdo, representada judicialmente por el abogado Jesús Manuel Da Silva, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 32.441; el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara, mediante decisión de fecha 8 de julio de 2015, declaró: sin lugar el recurso de apelación ejercido por la parte demandante, contra la decisión de fecha 26 de marzo de 2015, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, que declaró sin lugar la demanda, confirmando la decisión recurrida.

Contra la sentencia del ad quem, la representación judicial de la parte demandante, interpuso recurso de control de legalidad, en fecha 15 de julio de 2015, por lo que el expediente fue remitido a esta Sala de Casación Social.

En fecha 11 de agosto de 2015, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada doctora Marjorie Calderón Guerrero.

En la oportunidad procesal, se pasa a decidir sobre la admisibilidad del recurso ejercido, conforme a las consideraciones siguientes:

 

ÚNICO

De conformidad con lo establecido en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, esta Sala de Casación Social podrá conocer, por vía del control de la legalidad, de aquellos fallos emanados de los Juzgados Superiores del Trabajo, que no siendo recurribles en casación, violenten o amenacen con violentar normas de estricto orden público laboral.

En tal sentido, la Sala verificará que la sentencia contra la cual se recurre: 1) provenga de un Juzgado Superior, 2) que no sea recurrible en casación, 3) que la solicitud se interponga ante el Juzgado Superior correspondiente, en un escrito que no deberá exceder de tres (3) folios útiles y sus vueltos, 4) que dicha sentencia violente o amenace violentar normas de orden público laboral, y 5) que el recurso sea solicitado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación del fallo en cuestión.

Así las cosas, tratándose el recurso de control de la legalidad de un medio de impugnación de naturaleza extraordinaria, esta Sala de Casación Social debe restringir, de conformidad con la potestad discrecional que le otorga el artículo 178 de la Ley Adjetiva del Trabajo, la admisibilidad del mismo, especialmente en aquellas circunstancias donde se pretendan violaciones o amenazas al derecho sustantivo del trabajo, derechos indisponibles o normas adjetivas que menoscaben el derecho a la defensa y al debido proceso.

En este orden de ideas, quien recurre en la presente causa, alega que “…Se inicia el asunto en virtud de la demanda reclamando el derecho a percibir los beneficios contenidos (sic) la convención colectiva celebrada entre la sociedad mercantil PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL, C.A., ello en virtud de que las labores que prestan mis trabajadores…forman parte del proceso productivo de PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL, C.A…”. (Destacados del recurrente).

Por otra parte señala el recurrente que “el Tribunal de Primera Instancia de Juicio…declaró sin lugar la demanda por considerar que…de las actas que conforman el presente asunto que la parte actora no logró demostrar que Procter & Gamble Industrial…era la mayor fuente de lucro de la empresa Megaempaque…invirtiendo la carga de la prueba, toda vez que el hecho nuevo traído al expediente como lo es que Procter & Gamble Industrial…no era la mayor fuente de lucro de la empresa Megaempaque…le correspondía a los codemandados quienes fueron los que lo alegaron…”. (Destacados del recurrente).

Aduce el recurrente que “…se evidencia que MEGAEMPAQUES C.A., es intermediaria de PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL C.A., que la actividad de MEGAEMPAQUES C.A., se produce con ocasión de la actividad de PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL…”. (Destacados del recurrente).

Señaló además el quejoso que el sentenciador Superior del Trabajo, consideró que no se evidenció que exista la responsabilidad solidaria alegada por sus representados, ya que no concurrieron los extremos previstos en el artículo 22 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, por lo que declaró sin lugar la apelación ejercida.

Por otra parte, denuncia que “La decisión dictada por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara, violentó normas de orden público al señalar que no concurrieron los extremos previstos en el artículo 22 de (sic) reglamento de la Ley orgánica (sic) del Trabajo, el cual se refiere a la solidaridad existente entre los patronos o patronas que conforman un grupo de empresas, cuestión esta no alegada mis (sic) representantes en su escrito libelar”

Finalmente, esgrime que ejerce el recurso de control de la legalidad “por cuanto violentó normas de orden público en perjuicio del derecho a la defensa de mis representados, al no pronunciarse sobre la inversión de la carga de la prueba denunciada...”. (Destacados del recurrente).

Después de un examen exhaustivo de los argumentos expuestos por la parte recurrente, la sentencia impugnada y las restantes actas que conforman el expediente, considera esta Sala que la decisión recurrida no vulneró normas de orden público que en definitiva transgredirían el Estado de Derecho, en consecuencia, es innecesario desplegar la actividad jurisdiccional de la Sala para ejercer el control de la legalidad de la sentencia impugnada. Tal declaratoria resulta cónsona con la potestad revisora conferida a esta Sala la cual se ejerce de forma discrecional y excepcional de conformidad con lo establecido en el citado artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Por las razones mencionadas, con base en los criterios que fundamentan la presente decisión, se declara inadmisible el recurso de control de la legalidad. Así se decide.

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia, en nombre de la República, y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por el abogado Carlos Eduardo de los Ríos Rodríguez, actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos JOHANNA DEL VALLE EREU JIMÉNEZ, ELIOS RAMÓN LÓPEZ LISCANO, MARIELA MARGARITA MOGOLLÓN MARTÍNEZ, DENNYS JOSEFINA PEROZO RODRÍGUEZ y FLOR MAYORLY ARAUJO FIALLO, plenamente identificados, contra la sentencia publicada en fecha 8 de julio de 2015, proferida por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara.

No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la presente decisión.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Tribunales del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara, a los fines consiguientes. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen, todo ello de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

La Presidenta de la Sala y Ponente,

 

 

 

 

_______________________________

MARJORIE CALDERÓN GUERRERO

 

 

La Vicepresidenta,                                                                                           Magistrada,

 

 

 

__________________________________        _________________________________

MÓNICA MISTICCHIO TORTORELLA        CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

 

Magistrado,                                                                                                       Magistrado,

 

 

 

____________________________                          ______________________________

EDGAR GAVIDIA RODRÍGUEZ                                    DANILO A. MOJICA MONSALVO

 

 

El Secretario,

 

 

 

_____________________________

MARCOS ENRIQUE PAREDES

 

 

C.L. N° AA60-S-2015-000988

 

Nota: Publicada en su fecha a las

El Secretario,

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