Venley

Sentencia N.º 1107

Sentencia
N.º 1107
Fecha
22/06/2001
Sala
Constitucional
Expediente
01-0208
Ponente
Antonio García García
Procedimiento
Acción de Amparo


SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Antonio García García

 

 

Corresponde a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, decidir la acción de amparo constitucional interpuesta el 2 de febrero de 2001 por la abogada ANA MERCEDES ALVARADO HERRERA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 30.447, actuando con el carácter de apoderada judicial de JOSE RAFAEL ALVARADO PALMA C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara  el 18 de octubre de 1993, bajo el Nº 53, tomo 4-A, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, del 23 de noviembre de 2000. En tal sentido observa:

Mediante auto del 2 de febrero de 2001 se dio cuenta en Sala, y se designó ponente al Magistrado Antonio García García, quién con tal carácter suscribe el presente fallo.

Por medio de la decisión del 9 de abril de 2001, en la cual se admitió la presente acción, esta Sala ordenó la notificación del ciudadano Juez Titular del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para que compareciera por ante la Secretaría de la Sala, a fin de conocer el día y hora en que se celebraría la audiencia pública. Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se ordenó notificar al Fiscal General de la República.

            Efectuadas las notificaciones correspondientes, por auto del 5 de junio de 2001, se fijó el 11 de junio de 2001, a las doce y treinta (12:30 p.m.) para que tuviera lugar la audiencia constitucional a que hace referencia el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

El 11 de junio de 2001 tuvo lugar la audiencia constitucional, a la cual comparecieron el representante judicial de la compañía accionante del amparo, el Juez titular del antes referido Juzgado, los terceros coadyuvantes y la abogada Luisa Elena Monsalve Casado, representante del Ministerio Público. En esa oportunidad se le concedió el derecho de palabra a las partes, y a la representación del Ministerio Público, los cuales ejercieron el derecho a réplica y contrarréplica; éste último consignó escrito contentivo de su exposición. En este estado la Sala se retiró a deliberar y finalizada la deliberación, se declaró con lugar el amparo constitucional interpuesto, lo cual fue anunciado oralmente por el Magistrado Presidente de esta Sala constitucional.

Corresponde en esta oportunidad a la Sala emitir, íntegramente y por escrito, su fallo, para lo cual realiza las siguientes consideraciones:

 

 

 

 

I

DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

 

            Alegó la apoderada judicial de JOSE RAFAEL ALVARADO PALMA C.A. que su representada interpuso, por ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, juicio de desalojo contra la sucesión de JUAN GEDLER representado por su esposa, la ciudadana LIGIA DE GEDLER y su hija LISBETH JOSEFINA GEDLER MEDINA, ocupantes de un inmueble propiedad de la referida sociedad mercantil. Que una vez introducida la demanda, ésta se tramitó por el procedimiento de Juicio Breve, contemplado en el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil, y practicadas las citaciones, las demandadas procedieron a contestar la demanda y en dicho acto formularon la reconvención de la misma.

            Que el 4 de octubre de 2000, el antes referido, Juzgado de Primera Instancia, declaró inadmisible la reconvención propuesta por las co-demandadas, y el 16 de octubre de 2000, el apoderado judicial de las co-demandadas, abogado Argimiro Sira Medina, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 1259, apeló de la misma.

            Asimismo, señaló que el 18 de octubre de 2000, el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con el artículo 894 del Código de Procedimiento Civil, negó el recurso de apelación interpuesto.

            Vista la negativa del referido tribunal de oír la apelación interpuesta, las co-demandadas intentaron un recurso de hecho por ante el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual fue declarado con lugar, el 23 de noviembre de 2000, ordenando al tribunal “A quo OIR EN AMBOS EFECTOS” la apelación interpuesta.

            Expuso, que mediante sentencia emitida el 23 de noviembre de 2000, el Juzgado Superior antes mencionado violentó “LOS PRINCIPIOS DEL DEBIDO PROCESO Y DE CELERIDAD PROCESAL, PUES OTORGO A LA PARTE EN EL JUICIO DE DESALOJO (JUICIO BREVE), UN RECURSO CONTRA UN AUTO, QUE EN LA LEGISLACIÓN PROCESAL NO ESTA PREVISTO, CREANDO CON ELLO UN EVIDENTE MENOSCABO DEL DERECHO A LA DEFENSA DE MI REPRESENTADA”. Asimismo, señaló que “(...) de conformidad con los artículos 894 y 888 del C.P.C. (sic), en concordancia con el artículo 35 de la Ley de arrendamiento inmobiliario (sic), observamos que la apelación no es permitida por la Ley, pues, es negada en el procedimiento breve en una manera categórica, por lo tanto al no tener apelación, pasa hacer (sic) cosa juzgada y el principio de la cosa juzgada, es una de las consecuencias del derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (..)” . Por último señaló, que en la sentencia emitida por el Juzgado Superior “... se violentó...el derecho a la defensa, así como la celeridad procesal,...colocando a mi representada y a sus derechos procesales amparados en los artículos 7, 25, 26, 49, 257, 334, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en evidente desigualdad de procedimiento(...)”.

            Finalmente solicitó que la presente solicitud fuese declarada con lugar, y en consecuencia se “(...) revoque la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 23 de noviembre de 2000(...)”, y de conformidad con el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil “(...) se suspendan los efectos de la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 23 de noviembre de 2000, hasta tanto se decida la presente solicitud de amaro constitucional(...)”

 

II

DE LA DECISIÓN JUDICIAL

 

            La sentencia sobre la cual se aduce la violación de derechos constitucionales, dictada el 23 de noviembre de 2000, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró con lugar el recurso de hecho propuesto por las co-demandadas, y ordenó al tribunal a quo, oír la apelación en ambos efectos, al considerar “(...) que la decisión dictada por el Juzgador de la Primera Instancia en fecha 04 de octubre de 2000, pudiera causar un gravamen irreparable a la parte demandada y la negativa de su apelación se consagraría incluso en violación al derecho a la defensa por lo que es criterio de esta Superioridad que las apelaciones interpuestas en fechas 16 y 17 de octubre  de 2000, por la parte demandada sean oídas en ambos efectos. Y ASI SE DECIDE.”

III

DEL ESCRITO PRESENTADO POR EL JUEZ TITULAR DEL JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL DE LA CIRCUNCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS

 

 

            Expuso el ciudadano Elías Quijada, Juez del antes identificado Juzgado Superior, que al momento de emitir la sentencia del 23 de noviembre de 2000, lo hizo ateniéndose a lo alegado y probado por las partes, así como a las normas de derecho, conforme al principio de legalidad que debe existir en todo proceso, dando cumplimiento a la ley y a la Constitución.

            Que la parte accionante, al aducir la violación del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución vigente, manifiesta su inconformidad con el fallo accionado, y lo que pretende es obtener una tercera instancia, ya que le solicita a la Sala se pronuncie sobre lo ya decidido.

Según el ciudadano Juez, en el fallo accionado, lo único que se trató de evitar, es que se le causara un daño irreparable a la parte demandada, por ello se lo ordenó al tribunal a quo, oír la apelación en ambos efectos, situación que no le causa ningún daño a la accionante. Además –continua alegando-, del mismo no se desprende la violación imputada por la accionante, pues los pronunciamientos que se señalan como lesivos son el resultado de la motivación y consideración precisa, expresa y congruente de su fallo.

 

 

IV

DEL ESCRITO PRESENTADO POR LOS TERCEROS COADYUVANTES

 

            Expuso el abogado Argimiro Sira Medina, apoderado judicial de las ciudadanas Ligia de Gedler y Lisbeth Josefina Gedler Medina, que José Rafael Alvarado Palma C.A. interpuso una demanda de desalojo, contra la sucesión de Juan Gedler; en su debida oportunidad, las referidas ciudadanas contestaron la demanda y al hacerlo solicitaron la publicación de edictos conforme al artículo 231 del Código de Procedimiento Civil e, igualmente opusieron cuestiones previas y propusieron reconvención.

            Alegó el referido apoderado, que el tribunal de la causa, no se pronunció el mismo día sobre la reconvención propuesta, como lo prevé el artículo 888 de Código Adjetivo, creando así una incertidumbre a sus representadas. Continuó exponiendo que el Juez dictó decisión de manera extemporánea, declarando sin lugar la solicitud de publicación de edictos, así como inadmisible la reconvención. De dicha decisión apeló el 17 octubre de 2000, la cual fue negada el 18 del mismo mes y año, celeridad –a juicio del exponente- no compatible con la tardanza observada para pronunciarse de la reconvención, por lo que en vista de tal negativa recurrieron de hecho ante  el Juzgado Superior Con funciones de Distribuidor, ya que consideraban que la negativa de la apelación causaba un daño irreparable a la parte demandada, recurso que, sin causarle un perjuicio a la parte actora, fue resuelto a su favor, ordenando que se oyera la apelación interpuesta.

V

DE LA OPINIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO

 

La abogada Luisa Elena Monsalve Casado, Fiscal Tercero del Ministerio Público ante las Salas de Casación del Tribunal Supremo de Justicia (Suplente Especial), con competencia para actuar ante la Sala Constitucional, consignó la opinión del Ministerio público, y al respecto planteó, que si bien es cierto que el artículo 888 del Código de Procedimiento Civil, niega la apelación contra la inadmisión de la reconvención en el juicio breve, y el artículo 894 eiusdem establece que el Juez, a su prudente arbitrio resolverá las demás incidencias que llegaren a suscitarse, sin embargo, el artículo 2 de la Constitución vigente establece la preeminencia de los derecho humanos.

Dicha preeminencia es ratificada por lo dispuesto en el artículo 23 constitucional, el cual otorga jerarquía de normas constitucionales a los tratados y pactos internacionales suscritos por la República y además ordena su aplicación inmediata y directa.

En virtud de ello, la representante del Ministerio Público, solicitó a esta Sala Constitucional, que aplicara, al presente caso, el criterio establecido en sentencia del 14 de marzo de 2000 (Caso: ELECENTRO), en el cual se desaplicó el artículo 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en vista de que el artículo 8 literal h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), establece el derecho a recurrir de todo fallo ante un juez superior.

En virtud de estas consideraciones el Ministerio Público solicitó se declarase sin lugar la presente acción de amparo constitucional.

 

VI

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Observa la Sala, que la apoderada judicial de la sociedad mercantil accionante en amparo, alega la violación del debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución vigente, debido a que el juez al ordenar al Juzgado a quo oír la apelación en ambos efectos, le está otorgando a la otra parte un beneficio que no esta establecido en la ley, subvirtiendo así el proceso del juicio breve preestablecido en el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil.

En tal sentido, la Sala estima oportuno observar lo dispuesto en los artículos 888 y 894 del Código de Procedimiento Civil, los cuales son del tenor siguiente:

“Artículo 888: En la contestación de la demanda el demandado podrá proponer reconvención siempre que el Tribunal sea competente por la cuantía y por la materia para conocer de ella. El Juez, en el mismo acto de la proposición de la reconvención, se pronunciará sobre su admisión, admitiéndola o negándola. Si la admitiere, el demandante reconvenido se entenderá citado para dar contestación a la reconvención en el segundo día siguiente, procediéndose en ese acto conforme al artículo 887. Si hubiere cuestiones previas sobre la reconvención se resolverán conforme al artículo 884. La negativa de admisión de la reconvención será inapelable.”

 

“Artículo 894: Fuera de las aquí establecidas, no habrá más incidencias en el procedimiento breve, pero el Juez podrá resolver los incidentes que se presenten según su prudente arbitrio. De estas decisiones no oirá apelación. (Resaltado de la Sala)”

 

De las normas transcritas se puede apreciar que el legislador fue categórico en cuanto a las maneras de resolver las incidencias en el juicio breve, entre ellas la reconvención, estableciendo expresamente que para aquellos en que la misma no sea admitida, tal decisión sería inapelable.

En efecto, observa la Sala que el juez, como encargado de regular las actuaciones procesales, tiene como obligación la observancia y cumplimiento de la noción del debido proceso, entendido como aquel proceso que reúna las garantías indispensables para que exista tutela judicial efectiva. Esta noción le prohíbe al Juez, subvertir el orden procesal, es decir separarse del procedimiento establecido expresamente en la ley.

Así, sobre la subversión del proceso, esta Sala, comparte lo establecido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en el fallo del 15 de noviembre de 2000 (Caso: Inversiones Caraqueñas S.A), en el cual, como una de las obligaciones del Juez, señaló:

“...en la sustanciación de los procesos debe tener presente la noción doctrinaria del ‘debido proceso’, en base al principio de que el procedimiento está establecido estrictamente en la ley  y no puede ser alterado o subvertido por el juez ni las partes, ya que de no acatarse, se subvierte el orden lógico procesal, y, por consiguiente se quebranta la citada noción doctrinaria, así como también el principio del orden consecutivo legal con etapas de preclusión por el cual se rige el proceso civil venezolano. Por ello, se le advierte, sobre la ilegalidad de su actuación al quebrantar normas legales que interesan el orden público y al debido proceso (...)”

 

Siendo esto así, al ordenar, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito del Área Metropolitana de Caracas, al tribunal a quo, oír la apelación contra la inadmisión de la reconvención propuesta por las ciudadanas Ligia de Gedler y Lisbeth Josefina Gedler Medina, ha subvertido el orden procesal del Juicio Breve contemplado en el artículo 881 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, ya que expresamente el artículo 888 eiusdem establece que “La negativa de admisión de la reconvención será inapelable.”, y mucho mas cuando ha basado su decisión en la consideración de que la inadmisión de la reconvención pudiera causar un gravamen irreparable a la parte demandada y la negativa de su apelación se consagraría incluso en violación al derecho a la defensa; razonamiento que resulta, y sobre el cual ya se ha pronunciado esta Sala en sentencia del 21 de noviembre de 2000 (Caso: Inés Arminda Rivas Paredes), al establecer:

“...tal razonamiento es una contradicción, ya que si la ley expresamente niega la apelación, no puede el juez violarla, aduciendo que la inadmisibilidad de la reconvención prevenida en el citado artículo 888, constituye un fallo definitivo, que como todo fallo definitivo está sujeto a apelación. Pareciera que el juez que dictó el fallo impugnado, no tomó en cuenta que los derechos a ventilarse mediante la reconvención, muy bien pueden ser objeto del juicio ordinario, ante el tribunal competente por la cuantía y la materia, por lo que nada definitivo tiene el fallo que niega la reconvención, con relación a los derechos del reconviniente.”

           

En cuanto al alegato formulado por la representante del Ministerio Público, relativo a que todo litigio debe estar sometido a la posibilidad de recurrir en doble instancia,  es cierto que esta Sala en fallo dictado el 14 de marzo de 2000 (Caso: ELECENTRO y CADELA), en base a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sostuvo dicho principio en los siguientes términos:

“(...)esta Sala acuerda dejar sin aplicación la disposición transcrita, contenida en el último aparte, primer párrafo, del artículo 185 de la Ley Orgánica en referencia, debiendo aplicarse en su lugar, en el caso de la sentencia que se pronuncie, de ser el caso, sobre el recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto por la parte actora ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (expediente N° 99-22167), la disposición prevista en el último aparte, segundo párrafo, del artículo 185 eiusdem, la cual es del tenor siguiente: ‘Contra las sentencias definitivas que dicte el mismo Tribunal … podrá interponerse apelación dentro del término de cinco días, ante la Corte Suprema de Justicia’ (rectius: Tribunal Supremo de Justicia)”. Así se decide.”

 

            Del fallo parcialmente transcrito, puede apreciarse, que dicho criterio es aplicable exclusivamente, en el caso de sentencias definitivas, y en vista de que esta Sala, en la antes mencionada sentencia del 21 de noviembre de 2000 (Caso: Inés Arminda Rivas Paredes), estableció que la sentencia que declara inadmisible la reconvención, en ningún caso es un fallo definitivo, se ve forzada, a desestimar dicho alegato. Así se declara.

            En las razones expuestas, esta Sala declara con lugar la presente acción de amparo, y en consecuencia se anula la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 23 de noviembre de 2000. Así se decide.

            Declarado lo anterior, esta Sala encuentra necesario llamar la atención al ciudadano Elías Quijada Rodríguez, Juez Titular del Juzgado Superior Primero antes identificado y del abogado Argimiro Sira Medina, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 1.259, quienes al finalizar el acto de la audiencia constitucional, y sin retirarse del recinto, emitieron a viva voz, conceptos injuriosos contra esta Sala Constitucional, lo cual configura falta a los deberes de las partes en el proceso, especialmente la conducta del referido Juez Superior si tomamos en cuenta que el mismo forma parte del Poder Judicial, por lo que se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Capital, a los fines de que imponga las medidas disciplinarias pertinentes al abogado Argimiro Sira Medina, e igualmente a la Inspectoría General de Tribunales para que inicie el procedimiento disciplinario al ciudadano Elías Quijada Rodríguez, Juez Superior antes identificado.

 

 

VII

DECISIÓN

 

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada ANA MERCEDES ALVARADO HERRERA, actuando con el carácter de apoderada judicial de JOSE RAFAEL ALVARADO PALMA C.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 23 de noviembre de 2000, en consecuencia se ANULA dicha decisión.

Se ORDENA a la Secretaría de la Sala remitir copia certificada del presente fallo al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Capital, a fin de que imponga al abogado Argimiro Sira Medina, Inpreabogado  Nº 1.259, las medidas disciplinarias pertinentes. Igualmente, se ordena remitir copia certificada de la presente decisión a la Inspectoría General para que sancione disciplinariamente al ciudadano Elías Quijada Rodríguez, Juez titular del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado .

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los 22  días del mes JUNIO            del año 2001. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

El Presidente,

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

El Vicepresidente,

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

JOSE M. DELGADO OCANDO                                      ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA                                         

                                                                                                              Ponente

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

El Secretario,

 

 

JOSE LEONARDO REQUENA CABELLO

 

Exp. Nº 01-0208

AGG/macm

 

 

 

 

 

 

 

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