Sentencia N.º 1120
- Sentencia
- N.º 1120
- Fecha
- 20/06/2007
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 07-0605
- Ponente
- Marcos Tulio Dugarte Padrón
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
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SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón
Mediante Oficio N° 394-2007 del 2 de abril de 2007, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, copia certificada del expediente contentivo de la decisión que emitió el 7 de agosto de 2006, con ocasión de la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana MIREYA COROMOTO PARIA FEBRES, titular de la cédula de identidad N° 11.336.374, debidamente asistida por el abogado José Ángel Mongue Abache, inscrito en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el N° 114.282, contra la decisión dictada el 9 de febrero de 2004, por el Juzgado Primero de Protección del Niño y del Adolescente de la misma Circunscripción Judicial.
La causa fue remitida a fin de que esta Sala se pronuncie en torno a la apelación tempestiva que ejerció el 9 de agosto de 2006, la abogada María Natividad Olivier, Juez titular del tribunal accionado, contra la mencionada decisión del Juzgado Superior, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
El 3 de mayo de 2007, se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
I
ANTECEDENTES
El 21 de abril de 2003, el Juzgado Primero de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, declaró con lugar la demanda de nulidad de título supletorio incoada por la ciudadana Ubarda López Roca, contra la ciudadana Mireya Coromoto Paria Febres, en representación de su menor hijo, cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.
El 4 de junio de 2003, se dio por notificado del fallo anterior el abogado Oscar Emilio Araguayan, en representación de la parte demandada; y el 11 de junio de 2003, ejerció recurso de apelación contra el mismo.
El 19 de agosto de 2003, vista la incomparecencia de la parte recurrente para la formalización del recurso de apelación, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, declaró desistido el recurso de apelación.
El 9 de febrero de 2004, el Juzgado Primero de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, acordó oficiar al Juzgado Distribuidor Ejecutor de Medidas, a los fines de que practique la restitución del inmueble objeto de la causa.
El 8 de marzo de 2004, el Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Aguasay, Ezequiel Zamora, Cedeño, Acosta y Caripe de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, restituyó el inmueble a la ciudadana Ubarda López Roca.
El 8 de septiembre de 2004, la representación de la ciudadana Mireya Coromoto Paria Febres, ejerció acción de amparo constitucional contra la anterior decisión.
El 20 de octubre de 2004, vista la incomparecencia de la parte accionante a la audiencia constitucional, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, declaró el abandono del trámite.
Al día siguiente, la parte actora ejerció recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
El 10 de octubre de 2005, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia confirmó el fallo objeto de apelación. Sin embargo, señaló que “tal como lo indicase el fallo en referencia, que el contenido del dispositivo no implica la cosa juzgada, por lo que a los efectos del transcurso del lapso de caducidad, esta Sala determina que el mismo comenzará a computarse a partir de la notificación del presente fallo”.
El 16 de enero de 2006, se dio por notificada la parte actora del fallo anterior.
En fecha que no consta en el expediente, la representación de la ciudadana Mireya Coromoto Paria Febres, ejerció nueva acción de amparo constitucional contra el auto dictado el 9 de febrero de 2004, por el Juzgado Primero de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, que acordó la práctica de la restitución del inmueble objeto de la causa.
El 1 de agosto de 2006, se celebró la audiencia constitucional y el 7 de agosto de 2006, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, publicó el fallo in extenso, mediante el cual declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta.
El 9 de agosto de 2006, la Juez titular del tribunal accionado ejerció y fundamentó tempestivamente recurso de apelación contra la sentencia anterior, por lo que fue remitido el presente expediente a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
II
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO
La parte accionante denunció la violación de sus derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a “la igualdad procesal”. Al efecto, argumentó lo siguiente:
“… en fecha 04 de febrero de 2004, nuevamente la parte actora solicita al tribunal de la causa que comisione suficientemente al Tribunal Ejecutor de Medidas de los Municipios Ezequiel Zamora, Cedeño y Caripe de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, a los fines de que practique la restitución del inmueble objeto de la causa. De tal manera que LA AGRAVIANTE, acepta el pedimento ilegal, impertinente, carente de asidero jurídico relacionado con ‘LA RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE OBJETO DE LITIGIO’ cuando es bien sabido por el operador de justicia encargado de la causa (hecho notorio judicial), por así decirlo el petitorio de la demanda y el dispositivo de la sentencia que se acordó LA NULIDAD DE UN ACTO JURIDICO DOCUMENTAL Y/O REGISTRAL, mas no se acordó por no haberse demandado LA RESTITUCIÓN DE BIEN INMUEBLE ALGUNO, sin embargo, en fecha 09 de febrero de 2004 violentando el estado de derecho, la uniformidad (sic) la sentencia en autoridad de cosa juzgada, la igualdad procesal de las partes, el derecho a la defensa que me asiste para defenderme en cualquier procedimiento con todas las garantías de ley y mas aun irrespetándose el debido proceso ya que para hacer una RESTITUCIÓN DE INMUEBLE debe privar una demanda de REIVINDICACIÓN a tenor de lo establecido en los artículos 524 del Código Civil y siguiente (sic), amen (sic), que como poseedora de buena fe, fomente diversidad de bienhechurías con dinero propio y a favor de mi menor hijo, lo cual se desconoció dentro del procedimiento LA AGRAVIANTE, no obstante de mediar, documentales, inspección judicial entre otros, a tal efecto repito en fecha 09 de febrero de 2004 (ver folio 274) acordó la AGRAVIANTE comisionar al juzgado ejecutor de medidas enunciado anteriormente para que CUMPLIENDO UNA ORDEN ILEGITIMA (sic), IMPERTINENTE, CARENTE DE PROCEDIMIENTO hiciera entrega a la parte actora del inmueble por mi ocupado”.
Por otra parte, señaló que solicita igualmente la nulidad de: “a) el auto de fecha 09 de marzo de 2004 dictado por el JUZGADO PRIMERO DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS, y b) el contenido de la comisión signada con el Nro. 726 ejecutada por el Juzgado Ejecutor de Medidas de Los (sic) municipios (sic) Ezequiel Zamora, Cedeño y Caripe de la circunscripción (sic) judicial (sic) del estado (sic) Monagas”. En este sentido, refiere que no existe otro mecanismo procesal distinto a la acción de amparo que garantice a las partes “la anulación de los actos antes invocados”.
De conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, “estimó” la presente acción en la cantidad de veinte millones de bolívares (Bs. 20.000.000,00).
III
DE LA DECISIÓN APELADA
El 7 de agosto de 2006, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, declaró con lugar la acción de amparo interpuesta, de conformidad con los siguientes argumentos:
“(…) en el caso de marras se observa que la Juez de la causa una vez decidida la controversia, es decir, una vez que dicta su fallo (21 de abril de 2003) con ocasión al juicio de nulidad de titulo supletorio al cual ya se hizo referencia, en lugar de ejecutar lo que ahí ordeno, deja sin efecto dicho dispositivo ordenando por auto de fecha 09 de Febrero de 2004, oficiar al Juzgado Ejecutor de Medidas a los fines de que practicará la restitución del inmueble objeto de la acción. En este sentido observa este Juzgador que no era esta la forma en la cual se debía ejecutar ya que con ello en lugar de beneficiar a las partes, le lesiono a una de ellas violación de su Derecho a la Defensa y al Debido Proceso, supra señalados, ya que al no seguir un juicio a los fines de poder ordenar la restitución del inmueble no le permitió en este caso a la Ciudadana MIREYA COROMOTO PARIA FEBRES, así como a su menor hijo (…), a favor de quien fue emitido el título que se defendieran en un proceso con todos sus lapsos que señala la ley y así determinar si era necesario la restitución del inmueble o no. Es decir, la consecuencia inmediata del Juicio de Nulidad de Titulo Supletorio era oficiar a la respectiva Oficina de Registro Público para que estampara la correspondiente nota marginal en el correspondiente asiento y no como sucedió en el presente caso ordenando al Juzgado Ejecutor de Medidas que practicara la restitución del inmueble objeto del litigio, en razón de lo cual se observa la flagrante violación de los Derechos Constitucionales a la Defensa y al Debido Proceso, situación jurídica que debe ser restablecida a la parte agraviada, y así se decide.-
Ahora bien de conformidad con lo consagrado en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Amparos sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual cito: (omissis).
En atención a ello este Juzgador ordena remitir copia certificada de la presente decisión así como de la audiencia constitucional celebrada ante este Tribunal en fecha 01 de Agosto de 2006, a la Inspectoría General de Tribunales a fin de que resuelva sobre la medida disciplinaria a aplicar a la Abogada MARIA (sic) NATIVIDAD OLIVIER, en su condición de presunta agraviante en la presente acción de amparo constitucional y en su carácter de Juez del JUZGADO DE PROTECCION (sic) DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION (sic) JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS, por su incomparecencia a esta sala al momento de dictar el dispositivo de la presente acción, lo cual se evidencia por no constar su firma en la referida acta, lo que constituye un irrespeto a este Tribunal que actúo en Sede Constitucional”.
IV
FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN
La Juez titular del Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas apeló del fallo anterior, de conformidad con los siguientes argumentos:
“ratifico en todas sus partes las argumentaciones que tuve a bien formular en la oportunidad de celebrarse la audiencia constitucional (…) debo significar que en ningún momento me retiré del acto de la audiencia constitucional y que en el momento en que el juez dictó la parte dispositiva en esa misma audiencia, me encontraba presente en dicho acto; si tuve la disposición y así lo hice de asistir a la audiencia constitucional, no estando obligada a hacerlo por mi misma condición de juez, y así lo establece la sentencia dictada por la Sala Constitucional en fecha 1° de febrero de 2000: ‘la falta de comparecencia del juez que dicta el fallo impugnado o de quien esté a cargo del tribunal, no significa aceptación de los hechos y el órgano que conoce del Amparo examinará la decisión impugnada’, entonces mal pude haberme retirado de dicha audiencia sin haber concluido la misma; como lo asienta la referida sentencia, prueba de ello, es que la señalada Acta se encuentra suscrita por mi persona al margen de cada folio distinguidos como (376, 377, 378, 379 y 380) y cuyas Copias Certificadas tengo en mi poder por haberlas solicitado y acordadas por ese despacho en fecha 8 de Agosto de 2006. Y de la cual manifiesto igualmente mi disconformidad. De tal manera que la decisión del ciudadano juez donde ordena remitir Copia Certificada de la señalada decisión a la Inspectoría de tribunales por el motivo allí indicado, no se ajusta a los hechos ocurridos”.
V
DE LA COMPETENCIA
Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente apelación y, a tal efecto, observa:
Conforme a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, literal b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y a la jurisprudencia del caso Emery Mata Millán del 20 de enero de 2000, esta Sala es competente para conocer de las apelaciones de las cuales sean objeto las sentencias de amparo constitucional dictadas por los tribunales superiores (con excepción de los Superiores Contencioso Administrativo), las Cortes de Apelaciones en lo Penal y las Cortes de lo Contencioso Administrativo, en sus respectivas competencias, cuando decidan como tribunales de primera instancia.
En el presente caso, se somete al conocimiento de la Sala la apelación de una sentencia emanada del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, que conoció en primera instancia de una acción de amparo constitucional, motivo por el cual, esta Sala se declara competente para resolver la presente apelación, y así se decide.
VI
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
El presente recurso de apelación fue incoado por la Jueza del tribunal accionado en amparo, por lo que es menester destacar el fallo N° 1139 del 5 de octubre de 2000, caso: Héctor Luis Quintero Toledo, mediante el cual esta Sala precisó que como consecuencia del carácter personalísimo que reviste a la acción de amparo constitucional, no es dable a los jueces ejercer dicho medio de impugnación contra decisiones judiciales que dicten otros tribunales en contra de sus actuaciones.
En el mismo sentido, en decisión N° 1397 del 30 de junio de 2005, caso René de Jesús Hernández Pérez, la Sala estableció que:
“...un Juez al dictar una sentencia, no puede ser considerado como lesionado personalmente, dado que al administrar justicia lo hace en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y no en nombre propio.
Así pues, esta Sala destaca, tomando en cuenta la anterior consideración, que si un Tribunal conoce en primera instancia de un amparo constitucional intentado contra una decisión judicial y declara con lugar el mismo, ello no quiere decir que con esa declaratoria afecta los derechos propios del Juez que dictó la sentencia objetada en el amparo. (omissis).
De manera que, en principio, los Jueces carecen de legitimación para impugnar una decisión de amparo que consideren adversa, por el hecho de que se haya declarado con lugar la pretensión de la parte actora al finalizar el procedimiento de amparo, en primera instancia.
Ello así, se observa que la ciudadana (...), en su carácter de Juez Titular (...) carecía de legitimación para intentar apelación contra la decisión (...) que declaró parcialmente con lugar la acción de amparo propuesta...” (Subrayado no es del original).
De la jurisprudencia parcialmente transcrita se desprende que está vedado a los jueces de la República ejercer el recurso de apelación contenido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, contra los fallos dictados por tribunales de alzada que se pronuncien contra sus decisiones, pues carecen del requisito de legitimidad personalísima de la acción de amparo constitucional.
Así las cosas, siendo que en el presente caso el recurso de apelación fue ejercido por la Juez del tribunal accionado en amparo, el mismo debe desestimarse. Así se declara.
Sin perjuicio de lo anterior, no puede dejar la Sala pasar por alto el hecho de que el fallo dictado el 7 de agosto de 2006, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, no es conforme a derecho, por lo que de seguidas, en aras del orden público y actuando con el carácter de máximo garante de la Constitución, pasa a realizar las siguientes consideraciones:
La decisión objeto del presente recurso de apelación, entre otros pronunciamientos, ordenó remitir copia certificada de dicho fallo así como de la audiencia constitucional a la Inspectoría General de Tribunales a fin de que se pronunciara sobre la imposición de una medida disciplinaria a la Jueza titular del Juzgado Primero de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, “por su incomparecencia a esta sala al momento de dictar el dispositivo de la presente acción, (…) lo que constituye un irrespeto a este Tribunal”.
Sobre este particular, es menester que la Sala aclare una vez más que, en el procedimiento de amparo “La falta de comparecencia del Juez que dicte el fallo impugnado o de quien esté a cargo del Tribunal, no significará aceptación de los hechos, y el órgano que conoce del amparo, examinará la decisión impugnada” (Sentencia N° 07/2000 de esta Sala). Asimismo, ha quedado sentado en decisión N° 1632/2002 que:
“La anterior consideración conduce a que los alegatos de la apelante, relativos a que la Juez debió haber sido declarada confesa porque no asistió a la audiencia oral y pública, carecen de fundamento, puesto que el Juez no está obligado a asistir a la misma” (Subrayado no es del original).
Ello tiene su justificación en el hecho de que los jueces tienen la importante labor de administrar justicia y es conocido el gran número de causas que deben resolver, por lo tanto, siendo que el asistir a las audiencias constitucionales implica el apartarse de los tribunales a su cargo y requiere de tiempo, tal comparencia puede impedir el cabal desempeño de sus funciones; en consecuencia, los jueces no están en la obligación de presentarse personalmente ante los tribunales de alzada, cada vez que se celebre una audiencia constitucional como consecuencia de la admisión de una acción de amparo contra sus actuaciones.
Así las cosas, quedaba a discrecionalidad de la Juez titular del tribunal accionado en amparo, su participación o no en la audiencia constitucional llevada a cabo por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas; y, en consecuencia, mal pudo el mencionado Tribunal Superior declarar que su supuesta falta de comparencia a la hora de dictar la decisión haya constituido un irrespeto a ese tribunal; y mucho menos, que tal actuación pudiera ser objeto de una medida disciplinaria ante la Inspectoría General de Tribunales. Así se declara.
De conformidad con los criterios anteriores, la Sala revoca parcialmente el fallo objeto de apelación, en lo que se refiere a la Jueza accionada y ordena remitir copia certificada de la presente decisión a la Inspectoría General de Tribunales, así como al Juez Rector de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, para que den por terminado cualquier procedimiento disciplinario, que con ocasión del mismo hubieren iniciado. Así se declara.
Finalmente, debe la Sala indicar al apoderado de la actora y al tribunal a quo que, de conformidad con los criterios contenidos en sus sentencias números 320/2000 y 2804/2002, reiterados en el fallo N° 1547/2003: “no es posible estimar la acción de amparo constitucional en términos económicos, como si se tratara de una acción de naturaleza patrimonial, como las tramitadas, por ejemplo, en sede civil o mercantil, pues no es de la esencia del amparo constitucional procurar la indemnización o constitución a favor de los afectados por la injuria constitucional de situaciones económicas favorables, sino únicamente el restablecimiento de la situación jurídica infringida mediante la actuación u omisión contraria a la Norma Constitucional”. Así finalmente se declara.
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: INADMISIBLE la apelación interpuesta por la abogada María Natividad Olivier, Juez titular del Juzgado de Primera Instancia de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, contra la decisión dictada el 7 de agosto de 2006, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, que declaró CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana MIREYA COROMOTO PARIA FEBRES, contra la decisión dictada el 9 de febrero de 2004, por el Juzgado Primero de Protección del Niño y del Adolescente de la misma Circunscripción Judicial.
SEGUNDO: REVOCA PARCIALMENTE el fallo objeto de apelación en lo que se refiere a la medida disciplinaria contra la Juez titular del Juzgado Primero de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, abogada María Natividad Olivier.
TERCERO: ORDENA remitir copia certificada de la presente decisión a la Inspectoría General de Tribunales, así como al Juez Rector de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, para que den por terminado cualquier procedimiento disciplinario, que con ocasión del mismo hubieren iniciado.
Publíquese y regístrese.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, el 20 de junio de dos mil siete. Años 197º de la Independencia y 148° de la Federación.
La Presidenta,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
Ponente
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp.: 07-0605.
MTDP.-
Quien suscribe, Jesús Eduardo Cabrera Romero, salva el voto, ya que disiente de la doctrina del fallo, aprobado por la mayoría, en lo referente a quien debe ser considerado parte procesal.
Los sujetos procesales, que conforman la relación jurídica procesal, son el juez y las partes.
A estas últimas le corresponden los recursos contra las decisiones del juez en el proceso, y debido a esa actividad recursiva, el proceso pasa a otra instancia, donde otro juez -distinto a quien sentenció- decide.
Este último fallo, dictado como parte del desenvolvimiento del proceso, puede ser, a su vez, sujeto de los recursos que la ley contemple, los cuales corresponden a las partes ejercerlos, ya que ellos son los litigantes, contendientes, o interesados (artículos 900 y 896 del Código de Procedimiento Civil) que se ven afectados por la sentencia del decisor. Entre los decisores, nunca hay controversia, así el fallo de uno revoque el de otro, por tratarse de actividades del Estado con un solo fin: decidir; y por ello, un juez no puede apelar de un fallo del superior en la misma causa, ni atacarlo en forma alguna (amparo, revisión, etc).
Dentro de este simple esquema, el juez de la primera instancia, quien no es litigante (parte) ni tiene recursos que la ley le asigne, no puede apelar o recurrir del fallo de la segunda instancia que contraríe lo declarado por él en la primera instancia.
Ello es así, porque entre los jueces que concretizan la voluntad de la ley en los distintos grados de una causa, no hay controversia y, en todo proceso, inclusive en los no contenciosos, hay alguien que pide (parte) y otro (el juez) que se pronuncia, exista o no contradictorio instituido, siendo su función solamente decidir, y más nada.
Quien se pronuncia como juez no puede ser parte y, por tanto, no puede recurrir de los fallos de la alzada que se opongan a lo por él decidido, por lo que tampoco podrá atacarlos.
Pero la situación cambia cuando al juez, personalmente o como órgano judicial, se le llama a juicio, no para que decida una controversia, sino para que sobre una actuación suya, mediante un contradictorio, un sujeto procesal decisor, se pronuncie sobre los efectos jurídicos de su actividad, la cual se cuestiona (queja, amparo, etc).
En este último caso entre quien pide (actor) y contra quien se pide, existe una contención y, necesariamente, hay partes, siendo las únicas limitantes, que muchas veces no funcionen instituciones como la sucesión o la intervención procesal, que permite que personas naturales o jurídicas ocupen los puestos de los litigantes, o se incorporen al proceso para contender.
Dentro de este concepto de parte, aislado de la legitimidad con que son traídos a juicio, en todo proceso donde se pretende mediante una controversia una declaración contra alguien, hay partes; así se trate de personas indeterminadas, como las llamadas por edicto, o de órganos administrativos o judiciales.
Consecuencia de ello es, que cuando conforme a la ley se pide a un juez que se pronuncie en primera instancia, contra lo decidido por un órgano jurisdiccional que se cita para que se defienda ante una pretensión y ocupe el puesto de un litigante, éste se convierte en parte, así sea órgano y, como tal parte, tiene actividad recursiva. Este es el caso del amparo contra sentencias. En él, el órgano jurisdiccional se subsume en la noción procesal de parte, la cual según Calamandrei (Instituciones de Derecho Procesal Civil), es: “que la cualidad de parte se adquiere, con abstracción de toda referencia al derecho sustancial, por el solo hecho, de naturaleza exclusivamente procesal, de la proposición de una demanda ante el juez: la persona que propone la demanda, y la persona contra quien se la propone, adquieren sin más, por este solo hecho, la calidad de partes del proceso que con tal proposición se inicia; aunque la demanda sea infundada, improponible o inadmisible (circunstancias todas ellas que podrán tener efecto sobre el contenido de la providencia), basta ella para hacer que surja la relación procesal cuyos sujetos son precisamente las partes. Los partes son el sujeto activo y el sujeto pasivo de la demanda judicial”.
No debe confundir que el órgano demandado, es su esencia, sea el Estado, y que a su vez será juzgado por el Estado, ya que litigios entre entes estatales son posibles (un instituto autónomo contra un Ministerio o contra la República, por ejemplo), y el poder judicial en ejercicio de la jurisdicción bien puede dirimir conflictos donde se pretende -por la vía contenciosa- litigar contra un órgano jurisdiccional (qué mejor ejemplo que el conflicto constitucional de poderes o que algunos conflictos de competencia).
El pedir que se declare un derecho en contra de alguien (pretensión), y emplazarlo a que se defienda (litigante), convierte en parte a aquel contra quien se pide. La legitimidad de quienes concurren al proceso es otro concepto, pero quien es llamado a él e interviene debido al llamado es una parte procesal, que puede -como tal- ejercer actividad recursiva.
A juicio de quien disiente, el que los órganos de administración de justicia carezcan de personalidad jurídica, no es traba alguna para que puedan ser partes, si la ley ordena que concurran a juicio, tal como lo hace la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Dicha ley prevé el amparo contra resolución o sentencia de un tribunal de la República (artículo 4), la entidad supuestamente agraviante (artículo 23 órgano jurisdiccional) tiene la carga de informar (artículo 23 eiusdem), y a estas informantes la propia ley los llama partes (artículo 26), quienes pueden apelar del fallo dictado en primera instancia, sin hacer distinción alguna sobre quién será el apelante (artículo 35 de la ley especial).
La determinación de parte procesal, que en materia de amparo viene dada por la ley especial, siempre surgirá cuando contra alguien determinado, así sea un ente, se incoa una pretensión.
Sólo en los procesos sumarios, que comienzan de oficio, sin pretensiones, no hay partes, sino averiguación previa, lo que condujo a autores, como Sentís Melendo, a considerar que eran fases administrativas atribuidas al poder judicial.
Dentro de este orden de ideas, es claro para quien suscribe, que el órgano jurisdiccional llamado a un proceso de amparo puede recurrir del fallo que le es adverso, lo que no podría hacer cuando ocupe la posición de sujeto decisor.
En Caracas, a la fecha ut supra.
La Presidenta de la Sala,
Luisa Estella Morales Lamuño
El Vicepresidente-Disidente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Los Magistrados,
Pedro Rafael Rondón Haaz
Francisco Carrasquero López
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Carmen Zuleta de Merchán
Arcadio Delgado Rosales
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. 07-0605
V-S Dr. JECR
El Magistrado que suscribe disiente de la mayoría respecto del fallo que antecede por las siguientes razones:
1. En relación con el recurso de apelación que incoó la Juez, la Sala negó la legitimación de la abogada María Natividad Olivier -quien fue la Juez del Juzgado de la causa originaria- para la apelación contra la decisión de un tribunal superior, que declaró con lugar un mandamiento de amparo que había sido interpuesto contra el órgano jurisdiccional a su cargo, porque, según el criterio mayoritario:
“De la jurisprudencia parcialmente transcrita se desprende que está vedado a los jueces de la República ejercer el recurso de apelación contenido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, contra los fallos dictados de alzada que se pronuncien contra sus decisiones, pues carecen del requisito de legitimidad personalísima de la acción de amparo.
Así las cosas, siendo que en el presente caso el recurso de apelación fue ejercido por la Juez del tribunal accionado en amparo, el mismo debe desestimarse. Así se declara.”
En opinión de quien disiente de la mayoría, el razonamiento que se transcribió es incongruente con la teoría general en cuanto a la participación de terceros en juicio, según la cual esta será procedente siempre que la decisión que recaiga pueda tener incidencia en su esfera jurídica, lo cual genera un “interés jurídico actual en sostener las razones de una de las partes y pretenda ayudarla a vencer en el proceso” (Artículo 370.3 del Código de Procedimiento Civil). Con mayor razón es aceptable la participación, en segunda instancia, del legitimado pasivo -el juez-, a quien, si bien no se le demanda a título personal sino en tanto que personificación del órgano del Estado que es el tribunal a su cargo, es quien debe llevar adelante el juicio en nombre de la República y, lo que es más importante, el responsable civil, penal y disciplinariamente de su fallo.
No cabe duda al disidente que la circunstancia de que la sentencia que se tomó respecto del amparo de autos tiene una clara incidencia en la esfera jurídica de quien apeló, porque es favorable a las pretensiones de la quejosa y por cuanto da aplicabilidad a lo que dispone el artículo 27 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales:
“El Tribunal que conozca de la solicitud de amparo remitirá copia certificada de su decisión a la autoridad competente, a fin de que resuelva sobre la procedencia o no de medida disciplinaria contra el funcionario público culpable de la violación o de la amenaza contra el derecho o la garantía constitucionales, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que le resulten atribuibles.”
La posibilidad de que un acto decisorio en materia de amparo sea el eventual fundamento de una declaratoria de responsabilidad disciplinaria, civil o penal del juez que la hubiese dictado -hubiere o no sido el legitimado pasivo en el juicio de amparo que habría motivado su conducta- ha determinado que, tanto la antigua Corte Suprema de Justicia como esta Sala, hayan permitido la participación de los jueces autores del fallo que se ataque en un determinado juicio, aún cuando ya no estuviesen a cargo del tribunal correspondiente, en evidente respeto al derecho de la defensa de éstos y en atención a la premisa a que se hizo referencia supra, en cuanto a la posibilidad de participación de terceros en cualquier juicio.
El razonamiento que antecede conduce a la conclusión de que es innegable la posibilidad de apelación que, sin embargo, esta Sala negó en el caso de autos, bien desde la perspectiva de que el autor del acto lesivo es la parte demandada, bien porque, sin lugar a dudas, es alguien con interés inmediato en las resultas de juicio de amparo. En este sentido, el artículo 297 del Código de Procedimiento Civil dispone:
“No podrá apelar de ninguna providencia o sentencia la parte a quien en ella se hubiere concedido todo cuanto hubiere pedido; pero, fuera de este caso, tendrán derecho de apelar de la sentencia definitiva, no sólo las partes, sino todo aquel que, por tener interés inmediato en lo que sea objeto o materia del juicio, resulte perjudicado por la decisión, bien porque pueda hacerse ejecutoria contra él mismo haga nugatorio su derecho, lo menoscabe o desmejore.” (Subrayado y énfasis añadido)
No comparte tampoco el salvante el argumento según el cual si un Tribunal conoce en primer grado de jurisdicción un amparo constitucional que haya sido intentado contra una decisión judicial y declara con lugar el mismo, esa declaratoria no afecta los derechos propios del Juez que pronunció el acto de juzgamiento que fue objetado en el amparo, puesto que, como es obvio, quien pretende su participación a través de la apelación justifica su solicitud en su derecho a la protección de sus propios intereses como funcionario y no como juez de la causa, en virtud de que, como se puso de relieve, tiene un interés jurídico actual propio en ello, como es el que se descarte su responsabilidad disciplinaria, civil y penal, como consecuencia de la declaración de que, con su actividad, fue “culpable de la violación o de la amenaza contra el derecho o la garantía constitucionales”.
En consecuencia, estima quien difiere que la Sala ha debido haber aceptado la apelación que interpuso la abogada María Natividad Oliiver contra el veredicto que declaró con lugar la demanda que encabeza estas actuaciones.
2. No obstante lo anterior, quien suscribe comparte la motivación que sostuvo la mayoría sentenciadora para la revocatoria parcial del fallo que hizo la Sala respecto de la remisión a la Inspectoría General de Tribunales de copia certificada de la sentencia del a quo constitucional, en virtud de la incomparecencia de la Juez del Juzgado agraviante a la lectura del dispositivo del fallo una vez que concluyó la audiencia pública.
Queda así expresado el criterio del Magistrado disidente.
Fecha ut retro.
La Presidenta,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Disidente
…/
…
Francisco Antonio Carrasquero López
MARCOs TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH.sn.ar.
Exp. 07-0605
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