Sentencia N.º 1127
- Sentencia
- N.º 1127
- Fecha
- 03/06/2005
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 04-0921
- Ponente
- Pedro Rafael Rondón Haaz
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Consta en autos que, el 22 de octubre de 2002, los adolescentes cuyos nombres se omiten por disposición de
El 22 de marzo de 2004,
El 1° de abril de 2004,
Luego de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 14 de abril de 2004 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.
I
DE LA CAUSA
Los adolescentes cuyos nombres se omiten por disposición de
El 29 de octubre de 2002,
El 15 de noviembre de 2002,
El 16 de diciembre de 2002,
El 6 de enero de 2003,
El 9 de enero de 2003,
El 2 de julio de 2003, esta Sala Constitucional, en sentencia n° 1772, se pronunció sobre la consulta que se sometió a su consideración y declaró la nulidad del fallo y ordenó a
El 29 de septiembre de 2003,
El 15 de octubre de 2003, el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución, Sección de Responsabilidad del Adolescente, del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda informó a
El 25 de noviembre de 2003,
El 19 de febrero de 2004, el Juzgado Primero de Ejecución informó a
El 15 de marzo de 2004, se celebró la audiencia pública con la comparecencia del juez supuestamente agraviante.
El 22 de marzo de 2004,
El 1° de abril de 2004,
II
DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA
1. Alegó:
1.1 Que el Ministerio Público presentó acusación contra los adolescentes ante el Juzgado del Municipio Paz Castillo de la misma Circunscripción Judicial, en funciones de Control el 15 de julio de 2002, por la supuesta comisión del delito de robo agravado, pero no solicitó la sanción correspondiente ni el plazo para su cumplimiento.
1.2 Que dicha omisión no se corrigió en la audiencia preliminar; por el contrario, el Juez de Control admitió totalmente la acusación.
1.3 Que los adolescentes admitieron los hechos que se les imputaron en la acusación y el Tribunal dictó sentencia definitiva en la cual los condenó, pero no estableció qué tipo de pena cumplirían.
1.4 Que las sanciones serán cumplidas por los adolescentes en Centro de Atención S.E.P.I.N.A.M.I. en Los Teques.
1.5 Que el Juez incurrió en violación al debido proceso, ya que
infringió la norma relativa a la proporcionalidad de la sanción a ser aplicada a cada adolescente según el grado de participación de cada uno de ellos en el hecho imputado; siendo de mayor relevancia el hecho de que no se determina cuál de las Sanciones de las establecidas en el artículo 620 de
1.6 Que la demanda de amparo está
dirigida a reestablecer o restituir la situación jurídica infringida, en virtud de haberse omitido en el proceso seguido en contra de los adolescentes de autos la medida sancionatoria que deberán cumplir en atención al delito cometido y su participación en el mismo, por cuanto impide el goce y disfrute de los Derechos y Garantías Constitucionales del Debido Proceso, el cual representa el género que comprendía en sí la totalidad de las garantías constitucionales del proceso, configurativas de los derechos fundamentales del justiciable.
1.7 Que (m)ediante auto de fecha 15 de Agosto de 2002, el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución de este Circuito Judicial realiza el cómputo de
2. Denunció:
2.1 La violación al derecho al debido proceso que establece el artículo 49 de
3. Pidió:
(Se) restituya la situación jurídica infringida, de conformidad con lo pautado en el Artículo 4 de
III
DE
Por cuanto, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de
IV
DE LA SENTENCIA OBJETO DE CONSULTA
Ciertamente, podemos observar que el petitorio fundamental en la causa distinguida con el N° 088-
Ahora bien, pudiera llegar a pensarse a priori, tal como se desprende a los folios 99 y 100 que en virtud de la no comparecencia del presunto agraviado se diera por terminado el procedimiento; cuestión que no se suscita, en virtud de considerar este Juzgado Superior, actuando en sede Constitucional que lo aquí planteado evidencia, sin lugar a dudas, matices de Orden Público, ya que se trata de una decisión, específicamente dictada en fecha 07 de agosto del año 2002, por el Juzgado del Municipio Paz Castillo de
Del fallo anteriormente señalado, se desprende textualmente de su parte dispositiva: Dichas sanciones serán cumplidas por los adolescentes mencionados en el Centro de Atención SEPINAMI, con sede en Los Teques, de lo que se deduce que resulta evidente
Motivos estos por los cuales considera este Órgano Jurisdiccional de Alzada que lo procedente y ajustado a derecho es DECLARAR SIN LUGAR la presente Acción de Amparo Constitucional. Y ASÍ SE DECLARA.
V
MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN
De autos se desprende que
Ahora bien, observa
Dispone el artículo 6, cardinal 5, de
No se admitirá la acción de amparo:
5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado;
Esta Sala ha señalado que la demanda de amparo resulta inadmisible a tenor de lo que preceptúa el artículo 6, cardinal 5, de
Al respecto, esta Sala Constitucional, en sentencia nº 848 del 28 de julio de 2000, caso: Baca, estableció que:
... en materia procesal el legislador ha creado lapsos procesales para que se lleven a cabo actuaciones procedimentales, y al establecer esos términos, consideró que ellos eran aptos para que se pudieran realizar las actuaciones, lo que incluye las sentencias a dictarse en las causas, dentro del proceso signado por el principio de celeridad. Por ello, al dictarse una sentencia definitiva o interlocutoria apelable, si de ella resultase que se infringe algún derecho o garantía constitucional, no puede pensarse, que la situación no pueda ser reparada de inmediato si se apela, y la alzada decide dentro de los términos para ello.
Hace esta consideración
(...)
Sólo cuando la dilación judicial ponga en peligro inminente la reparabilidad de la situación jurídica, las partes podrán acudir al amparo, para lograr la finalidad que se procuraba ante el juez de la alzada, quien además es un protector de
Así, estima esta Sala que no pueden pretender los quejosos la sustitución, con el amparo, de los medios o recursos que provee el ordenamiento procesal penal para la corrección del supuesto error que cometió el órgano jurisdiccional, pues ellos constituyen la vía idónea para la garantía de la tutela judicial eficaz y sólo cuando no obtengan una respuesta o haya una dilación procesal indebida, el interesado podrá acudir a la ruta del amparo. La admisión de lo contrario llevaría a la desaparición de las vías judiciales que estableció el legislador para el aseguramiento de los derechos e intereses de las partes dentro de un determinado proceso. Así se decide.
En consecuencia, esta Sala declara inadmisible la demanda de amparo que intentó
VI
RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO CONSTITUCIONAL
En este sentido debe esta Sala Constitucional, como guardián y garante del derecho positivo existente y en protección de los derechos humanos de los particulares, permanecer alerta ante cualquier situación que pueda menoscabar una garantía constitucional de vital importancia y, con ello, el orden público constitucional.
Por tal motivo, este órgano jurisdiccional puede, de oficio y en resguardo del orden público constitucional que pueda verse quebrantado por una decisión judicial de cualquier tribunal de
Ahora bien, esta Sala Constitucional, a pesar de que desestimó la demanda de amparo de autos, pasa a restablecer el orden público constitucional que fue transgredido, porque detectó su violación mediante la sentencia que emitió el Juzgado del Municipio Paz Castillo, en funciones de Control Sección de Responsabilidad del Adolescente, del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, en perjuicio del derecho fundamental a la libertad de los demandantes.
Esta Sala advierte que, el veredicto que fue expedido por el Juzgado agraviante, condenó a los adolescentes por la comisión de los delitos de robo agravado y porte ilícito de arma de fuego, luego de que los mismos admitieran los hechos que se les imputaron. No obstante, en su dispositivo, el Tribunal en funciones de Control no estableció qué tipo de pena debía cumplir sino que se limitó al siguiente señalamiento: Al adolescente, (...) se le impone la inmediata sanción de TRES (03) AÑOS Y SEIS (06) MESES, por el Delito de ROBO AGRAVADO y PORTE ILICITO DE ARMA, contemplado en los Artículos 460 y 278 del Código Penal, en concordancia ambos con el artículo 87 Ejusdem. A los Adolescentes (...) se le impone la inmediata Sanción de UN (01) AÑO Y TRES (03) MESES por el Delito de ROBO AGRAVADO, contemplado en el artículo 460 del Código Penal. Y al Adolescente, (...) se le impone la inmediata sanción de DOS (02) AÑOS, por el Delito de ROBO AGRAVADO, contemplado en el artículo 460 del Código Penal. Dichas sanciones serán cumplidas por los Adolescentes mencionados en el Centro de Atención SEPINAMI con sede en Los Teques.
De lo que fue anteriormente transcrito se evidencia que la sentencia condenatoria en cuestión no cumplió con el debido proceso, ya que dejó de observar una norma expresa de
Así, el artículo
Artículo 603. Condena y Acusación. La sentencia de condena no podrá sobrepasar el hecho y las circunstancias descritas en el auto de enjuiciamiento o, en su caso, en la ampliación de la acusación.
En la sentencia condenatoria el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella de la acusación o de la del auto de enjuiciamiento, o aplicar sanciones más graves. Sin embargo, el acusado no puede ser condenado en virtud de un precepto penal distinto del invocado en la acusación, comprendida su ampliación, o en el auto de enjuiciamiento, si previamente no fue advertido sobre la modificación posible de la calificación jurídica.
En todo caso, fijará con claridad y precisión la sanción impuesta y el plazo en el que deberá ser cumplida. (Subrayado añadido)
De lo anterior se colige que el Juzgado del Municipio Paz Castillo de
Así, es evidente, para esta Sala, que las decisiones deben ser claras y precisas, y no pueden ser susceptibles de deducciones, suposiciones o presunciones, por cuanto ello atentaría, no sólo contra la seguridad jurídica de los justiciables, sino contra la recta administración de justicia. En consecuencia, en el asunto de autos, el Juez agraviante debió establecer a los adolescentes el tipo de pena a la que se someterían por haberlos hallado culpables de los delitos que se les imputaron, luego de que éstos admitieron los hechos.
Asimismo, aprecia
En consecuencia,
En virtud de lo anterior, resulta procedente la anulación parcial del fallo del 7 de agosto de 2002 que pronunció el Juzgado del Municipio Paz Castillo de
A pesar de que esta Sala aprecia que dicha sentencia fue dictada hace más de dos años y nueve meses y que la aparente sanción privativa de libertad que contiene , ya se está cumpliendo por parte de los condenados, y que dos de los adolescentes que resultaron condenados debieron haber cumplido la pena -aparentemente privativa de libertad- que se les impuso por el transcurso del tiempo, sin embargo, lo que pretende esta Sala, con el mandato que precede, es garantizarle a los mismos el debido proceso y la seguridad jurídica que merecen todos los justiciables.
VII
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de
Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Ponente
Luis Velázquez Alvaray
/
Francisco Antonio Carrasquero López
MARCOs TULIO DUGARTE PADRÓN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH.sn.ar.
Exp. 04-0921
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