Venley

Sentencia N.º 1127

Sentencia
N.º 1127
Fecha
03/06/2005
Sala
Constitucional
Expediente
04-0921
Ponente
Pedro Rafael Rondón Haaz
Procedimiento
Acción de Amparo
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SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 22 de octubre de 2002, los adolescentes cuyos nombres se omiten por disposición de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, mediante la representación de la Defensora Pública del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, abogada María Alexandra Príncipe Valbuena, intentaron, ante la Corte de Apelaciones Especial del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Sección de Responsabilidad del Adolescente, amparo constitucional contra la decisión que dictó el Juzgado del Municipio Paz Castillo de la misma Circunscripción Judicial, en funciones de Control, el 7 de agosto de 2002, para cuya fundamentación denunciaron la violación al derecho al debido proceso que acogió el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

                        El 22 de marzo de 2004, la Corte de Apelaciones Especial del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Sección de Responsabilidad del Adolescente, juzgó sobre la pretensión de amparo y la declaró sin lugar.

                        El 1° de abril de 2004, la Corte de Apelaciones ordenó la remisión del expediente al Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, para la consulta de ley.

                        Luego de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 14 de abril de 2004 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

 

I

DE LA CAUSA

                        Los adolescentes cuyos nombres se omiten por disposición de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, mediante la representación de Defensora Pública, intentaron demanda de amparo constitucional contra la decisión del Juzgado del Municipio Paz Castillo de la misma Circunscripción Judicial, en funciones de Control, ante la Corte de Apelaciones Especial del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Sección de Responsabilidad del Adolescente.

                        El 29 de octubre de 2002, la Corte admitió el amparo y ordenó las notificaciones correspondientes.

                        El 15 de noviembre de 2002, la Defensora María Alexandra Príncipe Valbuena presentó escrito al Tribunal donde notificó que, dos de los tres adolescentes que representa, se evadieron del centro de privación de libertad Servicio Estadal de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia del Estado Miranda (S.E.P.I.N.A.M.I.).

                        El 16 de diciembre de 2002, la Corte de Apelaciones dictó un auto en el cual declaró desierto el acto de la audiencia pública, por cuanto no compareció ninguna de las partes en la oportunidad que se fijó para la celebración de la misma.

            El 6 de enero de 2003, la Corte Especial de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Sección de Responsabilidad del Adolescente, dictó sentencia definitiva en la cual declaró la terminación del procedimiento.

            El 9 de enero de 2003, la Corte ordenó la remisión del expediente a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para la consulta de ley.

            El 2 de julio de 2003, esta Sala Constitucional, en sentencia n° 1772, se pronunció sobre la consulta que se sometió a su consideración y declaró la nulidad del fallo y ordenó a la Corte dictara un nuevo pronunciamiento sobre la procedencia o no de la demanda de amparo. 

            El 29 de septiembre de 2003, la Corte de Apelaciones requirió información sobre el estado de la causa penal que se les seguía a los adolescentes.

            El 15 de octubre de 2003, el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución, Sección de Responsabilidad del Adolescente, del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda informó a la Corte que la medida privativa de libertad contra uno de los adolescentes había sido revisada el 24 de febrero de 2003 y que los otros dos adolescentes se encontraban evadidos desde el 1° de noviembre de 2002.

                        El 25 de noviembre de 2003, la Corte de Apelaciones admitió la demanda de amparo y ordenó las notificaciones correspondientes.

                        El 19 de febrero de 2004, el Juzgado Primero de Ejecución informó a la Corte de Apelaciones la aprehensión de uno de los adolescentes que estaba en estado de evasión.

                        El 15 de marzo de 2004, se celebró la audiencia pública con la comparecencia del juez supuestamente agraviante.

                        El 22 de marzo de 2004, la Corte Especial de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Sección de Responsabilidad del Adolescente, dictó sentencia definitiva en la cual declaró sin lugar la demanda de amparo que se incoó.

El 1° de abril de 2004, la Corte de Apelaciones ordenó la remisión del expediente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para la consulta de ley.

 

II

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

                        1.         Alegó:

1.1              Que el Ministerio Público presentó acusación contra los adolescentes ante el Juzgado del Municipio Paz Castillo de la misma Circunscripción Judicial, en funciones de Control el 15 de julio de 2002, por la supuesta comisión del delito de robo agravado, pero no solicitó la sanción correspondiente ni el plazo para su cumplimiento.

1.2              Que dicha omisión no se corrigió en la audiencia preliminar; por el contrario, el Juez de Control admitió totalmente la acusación.

1.3              Que los adolescentes admitieron los hechos que se les imputaron en la acusación y el Tribunal dictó sentencia definitiva en la cual los condenó, pero no estableció qué tipo de pena cumplirían.

1.4              Que las “sanciones serán cumplidas por los adolescentes en Centro de Atención S.E.P.I.N.A.M.I. en Los Teques.”

1.5              Que el Juez incurrió en violación al debido proceso, ya que “…infringió la norma relativa a la proporcionalidad de la sanción a ser aplicada a cada adolescente según el grado de participación de cada uno de ellos en el hecho imputado; siendo de mayor relevancia el hecho de que no se determina cuál de las Sanciones de las establecidas en el artículo 620 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente deberán cumplir los adolescentes; creando un estado de incertidumbre e indefensión al ser INEJECUTABLE la inmediata sanción impuesta por el Juez del Municipio Paz Castillo ya que se ignora en virtud de lo expuesto en qué consiste la misma.”

1.6              Que la demanda de amparo está “…dirigida a reestablecer o restituir la situación jurídica infringida, en virtud de haberse omitido en el proceso seguido en contra de los adolescentes de autos la medida sancionatoria que deberán cumplir en atención al delito cometido y su participación en el mismo, por cuanto impide el goce y disfrute de los Derechos y Garantías Constitucionales del Debido Proceso, el cual representa el género que comprendía en sí la totalidad de las garantías constitucionales del proceso, configurativas de los derechos fundamentales del justiciable.”

1.7              Que “(m)ediante auto de fecha 15 de Agosto de 2002, el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución de este Circuito Judicial realiza el cómputo de la Medida Sancionatoria que deberían cumplir los adolescentes (...) haciendo mención que la misma consiste en Privación de Libertad, la cual nunca fue determinada por el Tribunal de Municipio que actuara en funciones de Control, lo cual no subsana el vicio cometido...”.

                        2.         Denunció:

                        2.1       La violación al derecho al debido proceso que establece el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto el Juzgado del Municipio Paz Castillo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda dictó sentencia condenatoria, pero no estableció la pena que debería cumplirse.

3.                   Pidió:

“(Se) restituya la situación jurídica infringida, de conformidad con lo pautado en el Artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por haberse violentado el Debido Proceso establecido en el Artículo 49 numeral 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en la sentencia dictada por el Tribunal del Municipio Paz Castillo del Estado Miranda actuando en función de Control en fecha Siete (07) de Agosto del 2002.”

 

III

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

                        Por cuanto, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b), de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala declaró su competencia para el conocimiento de las apelaciones y consultas respecto de las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo el caso de las que pronuncien los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Por cuanto, en el caso de autos, la consulta fue elevada respecto de la decisión que dictó, en materia de amparo constitucional, la Corte Especial de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Sección de Responsabilidad del Adolescente, esta Sala se declara competente para la decisión de la consulta en referencia. Así se decide.

 

IV

DE LA SENTENCIA OBJETO DE CONSULTA

                        La Corte Especial de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Sección de Responsabilidad del Adolescente, falló sobre la pretensión de amparo en los términos siguientes:

“Ciertamente, podemos observar que el petitorio fundamental en la causa distinguida con el N° 088-02 ha sido la omisión del tipo de Medida Sancionatoria que deberán cumplir los precitados adolescentes en atención al delito cometido y su grado de participación en el mismo; todo en virtud que al folio 27 de la compulsa en cuestión, en la parte dispositiva se señala, el tiempo impuesto a título de pena, mas no de una forma textual, se señala el tipo de ésta.-

Ahora bien, pudiera llegar a pensarse a priori, tal como se desprende a los folios 99 y 100 que en virtud de la no comparecencia del presunto agraviado se diera por terminado el procedimiento; cuestión que no se suscita, en virtud de considerar este Juzgado Superior, actuando en sede Constitucional que lo aquí planteado evidencia, sin lugar a dudas, matices de Orden Público, ya que se trata de una decisión, específicamente dictada en fecha 07 de agosto del año 2002, por el Juzgado del Municipio Paz Castillo de la Circuito Judicial del Estado Miranda, actuando por evidente delegación del artículo 666 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.-

Del fallo anteriormente señalado, se desprende textualmente de su parte dispositiva: ‘Dichas sanciones serán cumplidas por los adolescentes mencionados en el Centro de Atención SEPINAMI, con sede en Los Teques’, de lo que se deduce que resulta evidente la Sanción Privativa de Libertad de lo anteriormente explanado, distinguiéndose incluso los tipos penales que hacen procedente las penas impuestas; donde solo albergar la posibilidad de anular el fallo en cuestión a los fines de subsanar la omisión cometida por el A-quo, lejos de restituir la situación jurídica infringida, constituiría sin duda alguna una reposición inútil, que atentaría contra el artículo 26 de nuestro Texto Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.-

Motivos estos por los cuales considera este Órgano Jurisdiccional de Alzada que lo procedente y ajustado a derecho es DECLARAR SIN LUGAR la presente Acción de Amparo Constitucional. Y ASÍ SE DECLARA”.

 

V

MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN

                        De autos se desprende que la Defensora Pública María Alexandra Príncipe Valbuena propuso demanda de amparo contra la sentencia que emitió el Juzgado del Municipio Paz Castillo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en funciones de Control el 7 de agosto de 2002, por cuanto estimó que la misma vulneró el derecho al debido proceso de sus defendidos, en virtud de que condenó a los adolescentes sin establecerles expresamente qué tipo de pena cumplirían.

                        La Corte de Apelaciones Especial del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Sección de Responsabilidad del Adolescente, que conoció en primera instancia constitucional, declaró sin lugar la demanda de amparo, por cuanto estimó que, del señalamiento de la decisión en referencia de que la pena se cumpliría en el Centro de Atención S.E.P.I.N.A.M.I, se “deduce” que se trata de una medida privativa de libertad, con lo cual apreció la inutilidad de la reposición de la causa por dicha omisión.

                        Ahora bien, observa la Sala que la demanda de amparo que incoó la Defensora Pública resulta inadmisible, de acuerdo con lo que establece el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ya que contra la sentencia condenatoria los quejosos podían ejercer recurso ordinario de apelación, conforme lo permite el artículo 608, letra d), de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

                        Dispone el artículo 6, cardinal 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales

“No se admitirá la acción de amparo:

5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado;”

 

                        Esta Sala ha señalado que la demanda de amparo resulta inadmisible a tenor de lo que preceptúa el artículo 6, cardinal 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, cuando conste que el demandante no incoó el recurso ordinario de apelación correspondiente contra la decisión que considera lesiva a sus derechos. En el caso de autos no se evidencia que la Defensora Pública haya apelado contra el fallo objeto de impugnación por vía de amparo, lo cual hace evidente para esta Sala que la parte demandante no ejerció el medio judicial preexistente para la satisfacción de su pretensión.

Al respecto, esta Sala Constitucional, en sentencia nº 848 del 28 de julio de 2000, caso: Baca, estableció que:

“... en materia procesal el legislador ha creado lapsos procesales para que se lleven a cabo actuaciones procedimentales, y al establecer esos términos, consideró que ellos eran aptos para que se pudieran realizar las actuaciones, lo que incluye las sentencias a dictarse en las causas, dentro del proceso signado por el principio de celeridad. Por ello, al dictarse una sentencia definitiva o interlocutoria apelable, si de ella resultase que se infringe algún derecho o garantía constitucional, no puede pensarse, que la situación no pueda ser reparada de inmediato si se apela, y la alzada decide dentro de los términos para ello.

Hace esta consideración la Sala, ya que detecta en el foro una tendencia a ocurrir al amparo ante cualquier acto u omisión procesal que una parte considera que lo perjudica, o ante cualquier fallo que subjetivamente una parte opina que la lesiona, siempre que a la actividad judicial se le atribuyan infracciones de índole constitucional. Sin embargo, si esas transgresiones existieran, y se apelase, sus efectos podrían muy bien ser enervados en un tiempo que impediría una lesión irreparable a la situación jurídica.

(...)

Sólo cuando la dilación judicial ponga en peligro inminente la reparabilidad de la situación jurídica, las partes podrán acudir al amparo, para lograr la finalidad que se procuraba ante el juez de la alzada, quien además es un protector de la Constitución, del restablecimiento de inmediato de la situación jurídica lesionada. Viene en estos casos, a ser el objeto del amparo, la dilación judicial como un hecho concurrente con la violación ya existente de los derechos y garantías violados por los actos, omisiones o sentencias judiciales, y que consolidan dichas infracciones.” (subrayado añadido)

 

            Así, estima esta Sala que no pueden pretender los quejosos la sustitución, con el amparo, de los medios o recursos que provee el ordenamiento procesal penal para la corrección del supuesto error que cometió el órgano jurisdiccional, pues ellos constituyen la vía idónea para la garantía de la tutela judicial eficaz y sólo cuando no obtengan una respuesta o haya una dilación procesal indebida, el interesado podrá acudir a la ruta del amparo. La admisión de lo contrario llevaría a la desaparición de las vías judiciales que estableció el legislador para el aseguramiento de los derechos e intereses de las partes dentro de un determinado proceso. Así se decide.

                        En consecuencia, esta Sala declara inadmisible la demanda de amparo que intentó la Defensora Pública María Alexandra Príncipe Valbuena en representación de tres adolescentes, cuyo nombre se omite por disposición de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

 

VI

RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO CONSTITUCIONAL

                        La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 19, reconoció el deber del Estado, a través de los órganos de Poder Público, de garantizar a toda persona el ejercicio y goce de los derechos constitucionales, así como la obligación que tiene dicho Ente de contribuir con la observancia y realización de tales derechos.

En este sentido debe esta Sala Constitucional, como guardián y garante del derecho positivo existente y en protección de los derechos humanos de los particulares, permanecer alerta ante cualquier situación que pueda menoscabar una garantía constitucional de vital importancia y, con ello, el orden público constitucional.

Por tal motivo, este órgano jurisdiccional puede, de oficio y en resguardo del orden público constitucional que pueda verse quebrantado por una decisión judicial de cualquier tribunal de la República, dejar sin efectos dichas resoluciones judiciales, con el objeto de garantizar la integridad y supremacía de la Constitución.

Ahora bien, esta Sala Constitucional, a pesar de que desestimó la demanda de amparo de autos, pasa a restablecer el orden público constitucional que fue transgredido, porque detectó su violación mediante la sentencia que emitió el Juzgado del Municipio Paz Castillo, en funciones de Control Sección de Responsabilidad del Adolescente, del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, en perjuicio del derecho fundamental a la libertad de los demandantes.

                                    Esta Sala advierte que, el veredicto que fue expedido por el Juzgado agraviante, condenó a los adolescentes por la comisión de los delitos de robo agravado y porte ilícito de arma de fuego, luego de que los mismos admitieran los hechos que se les imputaron. No obstante, en su dispositivo, el Tribunal en funciones de Control no estableció qué tipo de pena debía cumplir sino que se limitó al siguiente señalamiento: “Al adolescente, (...) se le impone la inmediata sanción de TRES (03) AÑOS Y SEIS (06) MESES, por el Delito de ROBO AGRAVADO y PORTE ILICITO DE ARMA, contemplado en los Artículos 460 y 278 del Código Penal, en concordancia ambos con el artículo 87 Ejusdem. A los Adolescentes (...) se le impone la inmediata Sanción de UN (01) AÑO Y TRES (03) MESES por el Delito de ROBO AGRAVADO, contemplado en el artículo 460 del Código Penal. Y al Adolescente, (...) se le impone la inmediata sanción de DOS (02) AÑOS, por el Delito de ROBO AGRAVADO, contemplado en el artículo 460 del Código Penal. Dichas sanciones serán cumplidas por los Adolescentes mencionados en el Centro de Atención SEPINAMI con sede en Los Teques.”

                        De lo que fue anteriormente transcrito se evidencia que la sentencia condenatoria en cuestión no cumplió con el debido proceso, ya que dejó de observar una norma expresa de la Ley especial, con lo cual se creó inseguridad jurídica para los adolescentes quejosos.

                        Así, el artículo 603 in fine de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, dispone lo siguiente:

“Artículo 603. Condena y Acusación. La sentencia de condena no podrá sobrepasar el hecho y las circunstancias descritas en el auto de enjuiciamiento o, en su caso, en la ampliación de la acusación.

En la sentencia condenatoria el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella de la acusación o de la del auto de enjuiciamiento, o aplicar sanciones más graves. Sin embargo, el acusado no puede ser condenado en virtud de un precepto penal distinto del invocado en la acusación, comprendida su ampliación, o en el auto de enjuiciamiento, si previamente no fue advertido sobre la modificación posible de la calificación jurídica.

En todo caso, fijará con claridad y precisión la sanción impuesta y el plazo en el que deberá ser cumplida.” (Subrayado añadido)

 

                        De lo anterior se colige que el Juzgado del Municipio Paz Castillo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en funciones de Control, vulneró el derecho al debido proceso de los adolescentes quejosos, incumplió una norma fundamental en el proceso penal de adolescente, los dejó en absoluta inseguridad respecto del tipo de pena que cumplirían, luego de que fueron condenados por los delitos de robo y porte ilícito de arma de fuego, lo cual también atentó contra su derecho a la libertad.

Así, es evidente, para esta Sala, que las decisiones deben ser claras y precisas, y no pueden ser susceptibles de deducciones, suposiciones o presunciones, por cuanto ello atentaría, no sólo contra la seguridad jurídica de los justiciables, sino contra la recta administración de justicia. En consecuencia, en el asunto de autos, el Juez agraviante debió establecer a los adolescentes el tipo de pena a la que se someterían por haberlos hallado culpables de los delitos que se les imputaron, luego de que éstos admitieron los hechos.

            Asimismo, aprecia la Sala que dicha sentencia podría convertirse en inejecutable, porque los adolescentes que fueron condenados no saben a ciencia cierta cuál es la sanción que se les impuso, puesto que no se señala cuál de las penas que preceptúa el artículo 620 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente fue la que impuso el Tribunal agraviante.

                        En consecuencia, la Sala estima que acto decisorio que se impugnó incurrió en un error grave en perjuicio de los derechos fundamentales de los adolescentes, por cuanto omitió el establecimiento del tipo de sanción que deberían cumplir los demandantes, conforme a las normas especiales del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente.

En virtud de lo anterior, resulta procedente la anulación parcial del fallo del 7 de agosto de 2002 que pronunció el Juzgado del Municipio Paz Castillo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, únicamente respecto a la omisión en la que incurrió con la falta de señalamiento expreso del tipo de pena que debió imponérsele a los jóvenes infractores y no sobre la cuestión de la culpabilidad de los mismos en la comisión de los hechos punibles, ya que los adolescentes admitieron los hechos. Por ello esta Sala, para el restablecimiento del orden público constitucional que fue infringido, y sin causarle ningún perjuicio a los adolescentes, ordena al Juzgado de Municipio que dicte nueva decisión, únicamente respecto al tipo de pena que se le impuso a los imputados el 7 de agosto de 2002, para que puedan tener la seguridad jurídica de cuál es el tipo de pena a la cual se les condenó, y, además, pueda materializarse el debido proceso y cumplirse con la finalidad del juicio educativo para los adolescentes infractores de las leyes penales en forma integral. Así se decide.

A pesar de que esta Sala aprecia que dicha sentencia fue dictada hace más de dos años y nueve meses y que la aparente sanción privativa de libertad que contiene , ya se está cumpliendo por parte de los condenados, y que dos de los adolescentes que resultaron condenados debieron haber cumplido la pena -aparentemente privativa de libertad- que se les impuso por el transcurso del tiempo, sin embargo, lo que pretende esta Sala, con el mandato que precede, es garantizarle a los mismos el debido proceso y la seguridad jurídica que merecen todos los justiciables.

 

VII

DECISIÓN

                        Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia que fue objeto de consulta que dictó la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda el 22 de marzo de 2004 y declara INADMISIBLE la demanda de amparo que intentó  la Defensora Pública María Alexandra Príncipe Valbuena en representación de tres adolescentes cuyos nombres se omiten por disposición de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Sin embargo, por orden público constitucional, ANULA parcialmente, en los términos supra expresados, el fallo que expidió el Juzgado del Municipio Paz Castillo de la misma Circunscripción Judicial, en funciones de Control, el 7 de agosto de 2002, y ORDENA a ese Juzgado se pronuncie sólo respecto del tipo de pena al cual fueron condenados los adolescentes quejosos en la sentencia en cuestión.

 

 

                        Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,  a los 03 días del mes de junio de dos mil cinco. Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

 

 

La Presidenta,

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

El Vicepresidente,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Ponente           

 

 

Luis Velázquez Alvaray

…/

…

 

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

 

MARCOs TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

                        El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

PRRH.sn.ar.

Exp. 04-0921

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