Venley

Sentencia N.º 1133

Sentencia
N.º 1133
Fecha
22/06/2007
Sala
Constitucional
Expediente
07-0594
Ponente
Jesús E. Cabrera Romero
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

 

MAGISTRADO-PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

El 30 de marzo de 2007, mediante oficio número 07-149, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional intentada por C.N.A DE SEGUROS LA PREVISORA, inscrita en el Registro de Comercio que llevaba el entonces Juzgado de Comercio de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal el 23 de marzo de 1914, bajo el n° 296 en la persona, de sus apoderados judiciales abogados Carlos Armas y José Cermeño, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 58.641 y 66.374, respectivamente, representación que consta en documento poder otorgado el 5 de diciembre de 2006, ante la Notaría Pública Trigésima Quinta del Municipio Libertador del Distrito Capital, signado con el n° 45, Tomo 157; en contra de los autos dictados por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, del 20 de marzo (declara firme la sentencia), 30 de mayo (decreta la ejecución voluntaria) y 13 de junio, todos de 2006 (decreta la ejecución forzosa).

El 16 de marzo de 2007, tuvo lugar la audiencia correspondiente, a la cual acudió el ciudadano José Antonio Rojas, tercero interesado por intermedio de su apoderado judicial.

Culminado dicho acto, el juzgado de la causa anunció oralmente el dispositivo de su decisión, a través de la cual declaró terminado por abandono de trámite, el procedimiento en el amparo intentado.

En la misma fecha 16 de marzo de 2007,  el apoderado judicial de C.N.A. DE SEGUROS LA PREVISORA apeló del fallo dictado por la primera instancia constitucional, razón por la cual se acordó remitir los autos a esta Sala Constitucional, a fin de que resolviera el recurso intentado.

El 23 de marzo de 2007, tuvo lugar la publicación del texto íntegro de la decisión recaída en la presente causa.

El 30 de marzo de 2007, el apoderado judicial de C.N.A. DE SEGUROS LA PREVISORA ratificó la apelación.

El 3 de mayo de 2007, se dio cuenta en Sala del recibo de los autos y en la misma oportunidad se designó ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Efectuado el análisis de los autos, pasa esta Sala a pronunciarse acerca del recurso de apelación ejercido, a cuyo efecto observa:

 

i

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

El presunto agraviado fundó su pretensión de amparo constitucional sobre la base de los siguientes motivos de hecho y de derecho:

Que, el 17 de noviembre de 2004, el ciudadano José Antonio Rojas demandó a C.N.A. SEGUROS LA PREVISORA por cumplimiento de contrato (póliza de seguro de vehículos terrestres).

Que, el 31 de enero de 2005, en la oportunidad para contestar la demanda opuso la cuestión previa de incompetencia del tribunal por razón del territorio, siendo decidida la misma el 28 de febrero del mismo año y contra la cual se solicitó el 7 de marzo de 2005, la regulación de competencia.

Que, “(…) el tribunal se paralizó durante todo el mes de mayo 2005, y las resultas de la regulación son recibidas por el tribunal de la causa el 04 de agosto de 2005, encontrándose para ese entonces un juez distinto a quien era el titular (…)”.

Que, “(…) el tribunal de la causa debió notificar a ambas partes para la continuación del procedimiento por dos (02) motivos: 1) La causa se encontraba paralizada, en virtud que el tribunal estuvo cerrado durante todo el mes de mayo por la suspensión del juez titular, quedando las causas paralizadas. 2) Para el momento en que es recibido por el Juzgado Segundo las resultas de la regulación de la competencia, transcurrió casi cinco (05) meses, amén de que otro Juez distinto al titular, estaba encargado del tribunal, razón por la cual sólo estaba obligado a notificar a las partes para la continuación del procedimiento sino también de su avocamiento, a los fines de que las partes pudieran interponer cualquier recurso en su contra, cosa que en el presente caso no ocurrió, así como tampoco dejó transcurrir el lapso establecido en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, para la reanudación de la causa (…)”.

Que, habiéndose abocado el juez al conocimiento de la causa el 16 de septiembre de 2005, luego de solicitado el cómputo de los días de despacho se determinó que el lapso para contestar la demanda se inició el 5 de agosto de 2005, es decir, antes del abocamiento.

Que, “(…) si partimos del supuesto negado de que se hubiese cumplido con las fases del procedimiento tal como lo ordena la Ley, nos encontramos que la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de fecha 06 de marzo de 2006, es extemporánea por las siguientes razones:1) Conforme al cómputo de los lapsos que realizó el tribunal el 03 de noviembre de 2005, el lapso para contestar la demanda empezaba el 05 de agosto de 2005, y concluía el 11 de agosto de 2005, mientras el lapso de promoción de pruebas comenzaba el 16 de septiembre de 2005 y terminaba el 13 de octubre de 2005 (…)”.

Que, “(…) En la sentencia definitiva dictada por el tribunal a quo, establece que nuestra representada incurrió en lo que la doctrina denomina la confesión ficta, esto es, cuando la demandada no contesta la demanda, ni promueve pruebas en el lapso respectivo, y luego aplicó la norma contenida en el artículo 362 del C.P.C. (…)”.

Que, “(…) el juez que profirió las tantas veces mencionada sentencia tenía el deber de por lo menos notificar la sentencia, toda vez que la misma era extemporánea (…)”.

Que, “(…) De tal manera, que si aceptamos el supuesto negado de que nuestra representada incurrió en la confesión ficta, el lapso para sentenciar el tribunal debió comenzar el día 24 de octubre de 2005 y terminar el día 03 de noviembre de 2005, como se sabe la sentencia definitiva fue dictada el 06 de marzo de 2006, por lo tanto es extemporánea y debió ser notificada a nuestra representada (…)”.

Denunció la violación de los derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a una tutela judicial efectiva.

Solicitó “(…) 1) reponga la causa al estado en que se le permita a nuestra representada ejercer el derecho a la defensa en dicho procedimiento, esto es, al estado en que se le permita contestar la demanda incoada en su contra. 2) En el supuesto negado de que esta superioridad no acuerde nuestra primera petición, solicitamos que se le ordene al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, notificar a las partes de la sentencia definitiva dictada el 06 de marzo de 2006 para que puedan ejercer el recurso de apelación y en consecuencia, ejercer el derecho a la defensa. 3) Que se dejen sin efectos todas las actuaciones practicadas después de la sentencia, toda vez que las mismas son nulas por vulnerar los derechos constitucionales invocados. 4) Pedimos a esta Superioridad decretar medida cautelar innominada, conforme a lo establecido en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, parágrafo primero, en el sentido de que se ordene suspender la ejecución de la sentencia o cualquier otro procedimiento conexo con la misma  (…)”.

 

 

II

DE LA SENTENCIA APELADA

 

Mediante sentencia del 23 de marzo de 2007, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, declaró terminado por abandono de trámite el amparo constitucional objeto de estos autos, con fundamento en la motivación que se expone a continuación:

 

“(…) Practicadas las notificaciones respectivas, en fecha 15 de marzo de 2007, es decir, dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la última notificación, se fijó oportunidad para realizar la audiencia constitucional, 16 de marzo de 2007, a las 10 a.m., oportunidad ésta a la que sólo compareció el apoderado judicial del tercero interesado, y vencida una hora de espera que se le concedió al querellante, a las 11:00 a.m. se dio por concluido el acto.

Ahora bien, esta conducta pasiva de la actora al no comparecer al acto de la audiencia constitucional ha sido calificada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como abandono del trámite, tal como consta en la sentencia n° 982 del 06 de junio de 2001, caso: José Vicente Arenas Cáceres (…) La declaratoria del abandono del trámite tiene una excepción y la constituye los casos de violación al orden público, conforme a la doctrina también establecida en la sentencia de la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 06 de julio de 2001, n° 1207, caso: Ruggiero Decina y Fara Cisneros de Décima (…) Establecido lo anterior y por cuanto del análisis de las actas procesales se desprende que el querellante no compareció al acto de la audiencia oral y que en el caso de autos no existe violación al orden público ni a las buenas costumbres, pues la lesión denunciada no afecta a una parte de la colectividad, sino a la esfera del querellante, quien juzga considera que lo procedente es declarar abandono del trámite correspondiente de esta demanda de amparo constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales (…)”.

 

 

 

 

III

DE LA APELACIÓN

 

Señaló la parte apelante como fundamento del recurso ejercido, el siguiente:

 

Que, “(…) Presentada la pretensión de amparo, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Lara, lo admite y ordena la notificación del presunto agraviante, del tercero afectado y al Ministerio Público. Una vez que consta en autos la notificación del Tribunal a quo (agraviante) y del Ministerio Público, el tercero afectado (José A. Rojas venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-7.862.631) se da por notificado mediante diligencia de fecha ocho (8) de marzo de 2007, y el Juzgado Superior Tercero fija la audiencia constitucional el día 15 de marzo de 2007, para celebrarse el día 16 de marzo de 2007. Esto es, no se respetó los lapsos procesales creando un estado de indefensión total y absoluta a nuestra representada. Debemos resaltar que constituye un hecho notorio, como se comprobará en la oportunidad correspondiente, que los asientos que haga el Tribunal de sus actuaciones diarias a través del sistema Iuris 2000, no pueden ser revisadas o vistas por las partes ni por terceros, es decir, no tienen acceso a conocerlas y preparar su defensa. En el caso que nos ocupa los derechos invocados fueron vulnerados por la actuación del Tribunal que actuaba en sede constitucional, esto es, se acudió a un tribunal para pedir protección de los derechos y garantías constitucionales y en vez de protegerlos lo que hizo fue crear nuevas violaciones, que profundizaron el desamparo de nuestra representada (…)”.

 

 

 

 

IV

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

 

En primer término, debe la Sala determinar su competencia para conocer del recurso de apelación ejercido en la presente causa y, con miras a ello, observa que la decisión impugnada fue dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Lara, que –actuando como tribunal constitucional de primer grado– resolvió un juicio de amparo constitucional. A este respecto, se observa que, tal y como lo dispone la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, hasta tanto se dicte la ley que regule la jurisdicción constitucional, la tramitación de los recursos se regirá por las normativas especiales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes que haya dictado esta Sala de conformidad con la atribución a ella conferida por el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Considerando que la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no ha sido derogada, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 35 eiusdem, y en un todo conforme con las interpretaciones vinculantes establecidas en fallos del 20 de enero y 1º de febrero de 2000 (casos: Emery Mata Millán y José A. Mejía, respectivamente), esta Sala Constitucional es competente para conocer las apelaciones que recaigan sobre los fallos dictados por los Juzgados Superiores, exceptuando aquellos de la materia contencioso administrativa (vid. sentencia del 14 de marzo de 2000, caso: Elecentro), actuando como órganos jurisdiccionales de primera instancia en sede constitucional, tal y como sucede en el caso de autos. Así se declara.

Ahora bien, en el presente caso la acción de amparo constitucional fue ejercida por C.N.A. DE SEGUROS LA PREVISORA en contra de los autos dictados por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara del 20 de marzo (declara firme la sentencia), 30 de mayo (decreta la ejecución voluntaria) y 13 de junio, todos de 2006 (decreta la ejecución forzosa).

Denunció la parte accionante la presunta violación de sus derechos a la defensa, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a una tutela judicial efectiva que, según su dicho, se han producido en el juicio que se sigue en su contra por cumplimiento de contrato (póliza de seguro de vehículos terrestres), por cuanto a pesar de haber estado paralizado el proceso, el tribunal de la causa no notificó a las partes de la continuación del mismo.

Por su parte, el 27 de febrero de 2007, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que conoció en primera instancia del amparo, declaró terminado el procedimiento de conformidad con la jurisprudencia de esta Sala, al no comparecer el presunto agraviado a la audiencia oral de amparo constitucional.

En contra de dicha decisión el accionante en amparo apeló, denunciando que no respetó el tribunal en sede constitucional los lapsos procesales y que por lo tanto, no tuvo oportunidad de preparar las defensas de su representada ya que el a quo fijó “la audiencia constitucional el día 15 de marzo de 2007, para celebrarse el día 16 de marzo de 2007”.

Consta en autos que al folio ciento setenta y dos (172) del presente expediente corre inserta la admisión del amparo efectuada el 19 de enero de 2007 y al folio ciento noventa (198), el auto KP02-O-2006-000269 del 15 de marzo de 2007, que fijó para el día siguiente la celebración de dicha audiencia.

Así, el 16 de marzo de 2007, día que se fijó para la celebración de la audiencia oral, se dejó constancia que ninguna de las partes comparecieron a la misma ni por sí ni por intermedio de sus apoderados judiciales, a pesar de que fueron debidamente notificadas, igualmente se dejó constancia de la no comparecencia de la representación del Ministerio Público y de la comparecencia del tercero interesado José Antonio Rojas por intermedio de su apoderado judicial.

En tal sentido, aprecia esta Sala que el a quo al haber fijado y practicado la audiencia oral dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes de la última notificación efectuada actuó apegado al procedimiento en amparo que prevé la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales en su artículo 26 y la jurisprudencia vinculante de esta Sala.

Por lo tanto, la falta de comparecencia de la parte accionante en amparo se tornó en una falta de interés de su parte de hacer valer en forma oral los argumentos respectivos a su favor.

Mal puede alegar la parte accionante que no tuvo el tiempo suficiente para preparar sus defensas cuando no es otra, que los fundamentos de hecho y de derecho, que expresó en el escrito libelar contentivo del presente amparo interpuesto, el 21 de diciembre de 2006.

            Establecido lo anterior, considera pertinente esta Sala señalar que en la sentencia Nº 7 de fecha 1° de febrero de 2000 (caso: “José A. Mejía Betancourt y otro”), esta Sala estableció interpretaciones acerca del contenido y alcance de los artículos 27 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el procedimiento de amparo previsto en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En tal sentido, con respecto a la falta de comparecencia de alguna de las partes a la audiencia constitucional, se determinó lo siguiente:

 

"(…) En la fecha de la comparecencia que constituirá una audiencia oral y pública, las partes, oralmente, propondrán sus alegatos y defensas anta la Sala Constitucional o el tribunal que conozca de la causa en primera instancia, y esta o este decidirá si hay lugar a pruebas, caso en que el presunto agraviante podrá ofrecer las que considere legales y pertinentes, ya que este es el criterio que rige la admisibilidad de las pruebas. Los hechos esenciales para la defensa del agraviante, así como los medios ofrecidos por él se recogerán en un acta, al igual que las circunstancias del proceso.

La falta de comparecencia del presunto agraviante a la audiencia oral aquí señalada producirá los efectos previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

La falta de comparecencia del presunto agraviado dará por terminado el procedimiento, a menos que el tribunal considere que los hechos alegados afectan el orden público (…)". (Subrayado de este fallo).

 

Al aplicar el contenido de la sentencia supra transcrita al caso de autos, aprecia esta Sala que el efecto inmediato de la falta de comparecencia de la parte accionante a la audiencia oral en el proceso de amparo, es la terminación del procedimiento por abandono del trámite, circunstancia que se evidencia en el presente caso, en el que la parte actora del amparo C.N.A DE SEGUROS LA PREVISORA, no acudió a la celebración de la audiencia, ni por sí ni por medio de apoderado. Asimismo, esta Sala anota que en el caso de autos no se encuentra involucrado el orden público a los efectos de la acción de amparo, dado que no existe una infracción de derechos constitucionales que afecte a colectivo alguno o al interés general, más allá de los intereses particulares de la parte accionante y, además, dicha infracción no es de tal magnitud, que se vean vulnerados los principios que inspiran el ordenamiento jurídico (Vid. Sentencia N° 1419, del 10 de agosto de 2001, caso: “Gerardo Antonio Barrios Caldera”).

Por tanto, al encontrarse el actor a derecho en la acción de amparo interpuesta, y no habiendo advertido al Tribunal antes de la realización y consumación de dicho acto, la imposibilidad de comparecer al mismo resulta ajustado a derecho el fallo sometido apelación que declaró terminado el procedimiento por abandono del trámite en la acción de amparo constitucional interpuesta. Así se decide.

En razón de tal confirmatoria, resulta inoficioso pronunciarse respecto de la medida cautelar solicitada, dado el carácter accesorio de esta última. Así, finalmente, se decide.

 

DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación ejercida por los abogados Carlos Armas y José Cermeño apoderados judiciales de C.N.A. DE SEGUROS LA PREVISORA, en contra de la sentencia dictada el 16 de marzo de 2007, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara que declaró terminado el procedimiento por abandono de trámite, en la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Carlos Armas y José Cermeño, apoderados judiciales de C.N.A. DE SEGUROS LA PREVISORA, en contra de los autos dictados por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, de fechas 20 de marzo (declara firme la sentencia), 30 de mayo (decreta la ejecución voluntaria) y 13 de junio, todos de 2006 (decreta la ejecución forzosa).

 

Se CONFIRMA la sentencia.

 

Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 22 días del mes de junio de dos mil siete (2007). Años: 197° de la Independencia y 148° de la Federación.

 

La Presidenta de la Sala,

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

 

El Vicepresidente-Ponente,

 

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

Los Magistrados,

 

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

 

 

                                                        Francisco Carrasquero López

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

 

 

                                                          Carmen Zuleta de Merchán

 

 

Arcadio Delgado Rosales

 

 

El Secretario,

 

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

Exp. N°: 07-0594

JECR/

 

 

 

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