Sentencia N.º 1133
- Sentencia
- N.º 1133
- Fecha
- 08/08/2013
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 11-1485
- Ponente
- Luisa Estella Morales Lamuño
- Procedimiento
- Solicitud de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Expediente N° 11-1485
El 22 de noviembre de 2011, los abogados Juan Carlos Pró-Rísquez y Flavia Ysabel Zarins Wilding, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 41.184 y 76.056, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS, inscrita ante el Registro de Comercio del Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, el 7 de enero de 1921, bajo el N° 1, Tomo 1, interpusieron solicitud de revisión constitucional de la sentencia N° 997 dictada el 5 de agosto de 2011, por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.
El 6 de diciembre de 2011, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Por diligencias del 22 de mayo de 2012 y 6 de agosto de 2012, la representación judicial de la parte actora solicitó pronunciamiento en la presente causa.
Constituida esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 8 de mayo de 2013, quedó integrada de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente y los Magistrados y Magistradas Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover.
El 20 de septiembre de 2012, la parte actora presentó escrito solicitando la declaratoria ha lugar de la revisión solicitada.
Por diligencias del 8 de abril de 2013, 5 de junio de 2013 y 29 de julio de 2013, la representación judicial de la parte actora solicitó pronunciamiento en la presente causa.
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.
I
DEL ESCRITO DE REVISIÓN
La representación judicial de la parte solicitante planteó su pretensión en los siguientes términos:
Que ( ) en fecha 6 de febrero de 2009, el ciudadano Juan Liendo, actuando en su propio nombre y representación, así como en representación del resto de los actores, interpuso ante el Juzgado Octavo de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, una demanda laboral por concepto de pago por trabajo en día de descanso legal y otros conceptos laborales.
Que ( ) en fecha 23 de marzo de 2009 ( ), en el escrito de promoción de pruebas, BIGOTT alegó la falta de cualidad ad procesum ( ) de ASOCITREBI para incoar la demanda en nombre de los actores, toda vez que: i) ésta no ostenta la necesaria cualidad de representante judicial de los actores por tratarse de una persona jurídica (que no es abogado ni es Sindicato); y ii) por cuanto el instrumento poder se otorga a favor de Juan Liendo, en su condición de presidente de ASOCITREBI, sin que exista en autos evidencia alguna ( ) que esté facultado para ejercer la representación de la referida asociación, y menos aún, la representación de los actores (Mayúsculas de la parte actora).
Que ( ) en fecha 21 de octubre de 2009, el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, declaró inadmisible la demanda incoada por Juan Liendo en representación del resto de los demandantes ( ).
Que ( ) los actores ejercieron recurso de apelación ( ), siendo el caso, que en fecha 16 de diciembre de 2009, el Juzgado Superior Sexto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró admisible la demanda intentada por Juan Liendo en su propio nombre, e inadmisible la demanda intentada por Juan Liendo, en representación del resto de los demandantes contra BIGOTT ( ) (Mayúsculas y negrillas de la parte actora).
Que ( ) en fecha 5 de agosto de 2011, la SCS (sic) del TSJ (sic) declaró con lugar el recurso de casación ejercido por los actores, anuló la sentencia dictada por el Juzgado Superior Sexto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas ( ), y ordenó la reposición de la causa al estado que sea admitida la demanda incoada ( ), previa subsanación de los vicios correspondientes y dejando expresa constancia que en virtud que la demandada fue oportunamente notificada, no corre el lapso de prescripción ( ) (Mayúsculas y negrillas de la parte actora).
Que ( ) la sentencia impugnada infringe el derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva ( ), pues los actores otorgan un poder judicial a Juan Liendo, en su carácter de Presidente de una sociedad civil ( ), para que ésta los represente y ejerza las acciones judiciales contra BIGOTT, ello en pleno conocimiento que ni Juan Liendo ni ASOCITREBI ostentan la condición de abogados, requisito sine qua non para poder actuar en juicio (Mayúsculas de la parte actora).
Que ( ) existe una falta de capacidad procesal para actuar en juicio, pues ni ASOCITREBI ni Juan Liendo a título personal podían demandar a BIGOTT en representación de los actores, pues ninguno ostenta la cualidad de abogado. Lo anterior, ni siquiera podía ser subsanado actuando asistidos por abogados (Mayúsculas de la parte actora).
Que ( ) de conformidad con el artículo 4 de los Estatutos de ASOCITREBI, el objeto principal de la referida asociación es promover la prestación del servicio de asesoría laboral, legal, penal, civil y mercantil, promover la construcción de vivienda, implementar programas para la educación y capacitación del consumidor, empresas públicas y privadas. La referida norma, tampoco establece en modo alguno que ASOCITREBI tiene atribuida la función de ejercer la representación judicial de sus representados (Mayúsculas y subrayado de la parte actora).
Que el fallo objeto de revisión ( ) le atribuye capacidad procesal a las asociaciones para actuar en juicio en nombre de sus miembros sin ser abogado y sin ser sindicato, fundamentando dicha circunstancia en su supuesta similitud con las organizaciones sindicales, más de otra parte reconoce expresamente la existencia de la falta de capacidad procesal de la misma, al considerar que debió aplicarse un despacho saneador y al reponer la causa al estado de admitir la demanda previa subsanación de los vicios correspondientes ( ) (Negrillas de la parte actora).
Que ( ) no existe evidencia en autos que Juan Liendo en su condición de Presidente de ASOCITREBI esté facultado estatutariamente para representar a esa asociación civil. Tampoco existe evidencia de que los actores le hayan otorgado a Juan Liendo un poder a título personal.
Que ( ) la violación al derecho a la defensa y al debido proceso se patentiza aún más por la orden contenida en la sentencia recurrida de reponer la causa al estado de admitir la demanda, previa subsanación de los vicios correspondientes y sin que corra el lapso de prescripción, toda vez que lo que procedía en este caso era una declaratoria de inadmisibilidad de la demanda sin que pudiera alegarse la interrupción de la prescripción en el evento que se intentara una nueva demanda (Negrillas de la parte actora).
Que ( ) aún en el negado supuesto que Juan Liendo pudiera representar a ASOCITREBI, que en el libelo hubiera alegado actuar con ese carácter, y que el Presidente de ASOCITREBI pudiera representar judicialmente a la asociación, tampoco hubiera sido válida la representación judicial de los actores, pues solo pueden ejercer poderes en juicio los abogados (Mayúsculas de la parte actora).
Que ( ) la sentencia impugnada infringe el principio constitucional de confianza legítima, seguridad jurídica, así como el precedente de esta Sala Constitucional ( ) en materia de representación judicial. ( ) no es admisible que un criterio interpretativo de carácter singular emitido por un órgano administrativo o judicial, pretenda limitar o negar derechos de manera irrazonable cuando esos mismos derechos han sido otorgados a otros en circunstancias similares y ante la aplicación de las mismas normas ( ).
Que ( ) en todo caso, de existir un cambio de criterio, solo sería posible su aplicación a casos futuros, a los fines de proteger la expectativa del que acude al órgano administrativo o jurisdiccional fundado en justo derecho, de que le será aplicable el criterio que uniformemente se ha aplicado a casos similares.
Que ( ) se ha perjudicado la confianza legítima y seguridad jurídica de BIGOTT respecto a las personas e instituciones que colaboran en el funcionamiento de la administración de justicia, ello en virtud de la errónea decisión de la SCS (sic) del TSJ (sic), en contravención con el criterio reiterado y pacífico en la materia tanto de la SC (sic) como de la SCC (sic) y de la propia SCS (sic) ( ), impidiendo de esta manera el alcance de la justicia material prevista en el artículo 257 de la CRBV (sic) (Mayúsculas de la parte actora).
Que ( ) el fallo en revisión violó flagrantemente el principio de seguridad jurídica, el principio de igualdad ante la Ley y el principio de confianza legítima, toda vez que permitió que una asociación, sin ser abogado y sin ser un Sindicato, ejerciera poderes en juicio, fundamentándose en los mismos supuestos fácticos sobre los cuales con anterioridad tanto la SC (sic), como la SCC (sic), como las SCS (sic) como el resto de los tribunales de la República, favorecieron a otros justiciables (Mayúsculas de la parte actora).
Que ( ) la sentencia recurrida contiene una decisión que rompe claramente con la uniformidad de criterios en materia de representación judicial, en consecuencia, la declaratoria con lugar del presente recurso de revisión contribuiría con la uniformidad de la jurisprudencia de la SC (sic) del TSJ (sic) y la seguridad jurídica al revertir una decisión que puede amenazar con convertirse en un peligroso precedente para la seguridad en materia de representación judicial (Mayúsculas de la parte actora).
Finalmente, solicitan que ( ) esta honorable SC (sic) se sirva declarar con lugar el presente recurso de revisión constitucional y nula la sentencia N° 997 dictada por la SCS (sic) del TSJ (sic) en fecha 5 de agosto de 2011 (Mayúsculas de la parte actora).
II
DEL FALLO OBJETO DE REVISIÓN
El 5 de agosto de 2011, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, declaró con lugar el recurso de casación intentado contra el fallo dictado el 16 de diciembre de 2009, por el Juzgado Superior Sexto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró: i) admisible la demanda intentada por el ciudadano Juan Liendo, en su propio nombre y en su carácter de Presidente de la asociación civil de extrabajadores de la empresa Bigott (ASOCITREBI), y ii) inadmisible la demanda intentada por dicho ciudadano en representación de los ciudadanos Rómulo Rodríguez, Carlos Alcega, Maura Bayera, Carlos Blanco, Gladys Villarreal, Luis Chávez, Luis Durán, Leonardo González, José González, Yolanda Rodríguez, Gustavo Mata, Magaly Ortíz, Florencia Palacios, María Ramos, Carmen Pérez, Marcos Rivero, Juan Mateos, Andrade Víctor Francisco e Ítalo Campoli, contra la empresa C.A. Cigarrera Bigott Sucs, por concepto de pago por trabajo en día de descanso legal y otros conceptos laborales, en los siguientes términos:
( ) de la lectura de la parte pertinente del fallo recurrido, se observa que, el sentenciador de alzada sí estableció la razón por la cual consideró que ASOCITREBI no fue quién interpuso la demanda en nombre de los extrabajadores de la empresa accionada ya mencionados, al señalar que en el libelo de la demanda el ciudadano JUAN LIENDO manifestó estar actuando en su propio nombre y en representación de aquéllos, de forma personal y no en su condición de Presidente de la referida asociación, motivo por el cual, al no ser abogado, no podía ejercer la representación de los extrabajadores en juicio. Esos fueron los motivos que tuvo el juzgador de la recurrida para considerar que la demanda incoada debía ser declarada inadmisible, por lo que, acertados o no, verifica esta Sala que no incurrió el ad-quem en el vicio de inmotivación delatado.
Ahora bien, establecido que no adolece la sentencia impugnada del vicio de inmotivación delatado, considera la Sala necesario advertir a la parte recurrente, respecto al alegato contenido en su denuncia relativo a las cuestiones previas, lo siguiente:
omissis
El criterio jurisprudencial citado se deriva del contenido de la propia Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que, en su artículo 129, prohíbe expresamente la admisión de la oposición de cuestiones previas, pero que, en el artículo 124, da la potestad al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, al recibir la demanda, de que en caso de que compruebe que el escrito libelar no cumple con los requisitos de forma exigidos por el artículo 123 ejusdem, ordene su corrección, para, luego del plazo dado a tal efecto, proceda a pronunciarse sobre la admisión de la misma, lo que configura el primer despacho saneador previsto en el proceso laboral, mediante el cual el legislador patrio pretende que el Juez depure el mismo de aquellos defectos formales que impiden u obstaculizan el ejercicio del derecho a la defensa del demandado, mediante la subsanación de defectos de forma del escrito contentivo de la demanda.
Asimismo la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en el artículo 134, dispone que el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución deberá resolver, a través del segundo despacho saneador previsto en dicha ley adjetiva, todos los vicios procesales que pudiere detectar, de oficio o a petición de parte.
De lo expuesto se evidencia, que la citada Ley adjetiva laboral, al prohibir la oposición de cuestiones previas, realmente lo que pretende eliminar es el procedimiento incidental que su oposición origina en el proceso civil, pero en todo caso, permite la subsanación in limine de aquellas cuestiones procesales que ameritan un previo pronunciamiento respecto a los presupuestos procesales de la acción, de la pretensión y de la validez del proceso a través del despacho saneador, permitiendo mediante éste la necesaria depuración del proceso de vicios que -a posteriori- podrían anularlo, impedir o retardar innecesariamente que sea dictada una sentencia que resuelva el fondo de lo debatido.
Así las cosas, debe concluirse que la prohibición de admisión de la oposición de cuestiones previas, establecida en el artículo 129 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en realidad lo que proscribe es el trámite de una incidencia para resolverlas, a los fines de garantizar los principios de brevedad, celeridad y concentración que deben caracterizar al proceso laboral, según lo dispuesto en el artículo 5 de la citada Ley adjetiva laboral, puesto que el modelo de juicio oral contemplado en la misma, está definido por la concentración de la mayoría de las actividades procesales y el desarrollo de las mismas en forma oral, para finalizar con la toma de la decisión de mérito. Antes con el proceso derogado teníamos un Juez para creer, ahora tenemos un Juez para pensar.
omissis
Expresado lo anterior, al verificarse en el presente caso que no incurrió el ad-quem en la infracción que se le imputa, resulta improcedente la denuncia analizada. Así se resuelve.
( ) con fundamento en el numeral 2º del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se denuncia la infracción de los artículos 3 y 4 de la Ley de Abogados y 46 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por errónea interpretación.
omissis
Alegan los formalizantes, que al establecerse en la sentencia recurrida que, Juan Liendo ejerció la acción directamente y no como Presidente de ASOCITREBI, afirmándose que no poseía capacidad de postulación por no ser abogado y no poder ejercer poderes en juicio, como si se tratase de un fenómeno de representación y no de una actuación como órgano de la referida sociedad, se infringió, por errónea interpretación los artículos 3 y 4 de la Ley de Abogados y 46 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
En este sentido, la Sala advierte que la garantía procesal de tutela judicial efectiva, comprende la obligación del Estado de garantizar una justicia sin formalismos inútiles a través del Órgano Jurisdiccional, como ha sido entendido también por la Sala Constitucional, al afirmar, en sentencia Nº 909, de fecha 08 de junio del año 2011, lo siguiente ( ).
Ahora bien, en aplicación del citado criterio jurisprudencial, esta Sala extremando sus deberes, al leer la denuncia bajo análisis, evidencia que lo delatado por los formalizantes es que el dispositivo del fallo impugnado, es consecuencia de una suposición falsa del Juez, que estableció un hecho cuya inexactitud resulta de actas o instrumentos del expediente, tercer caso, consagrado en el numeral 3° del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, puesto que, se indica que el Juez estableció que Juan Liendo actuó en su nombre y de manera personal, en representación de los extrabajadores ya mencionados, hecho falso según la parte recurrente, cuya inexactitud puede constatarse del propio libelo de la demanda, así como de los instrumentos poderes que constan en autos, de cuya lectura puede entenderse que, además de actuar en su nombre al interponer la demanda, lo hace en su condición de Presidente de ASOCITREBI, Sociedad Civil que sí representa a los referidos extrabajadores de la demandada, quienes integran la misma; y es, como consecuencia de este hecho falsamente establecido, que se delata la infracción de los artículos 3 y 4 de la Ley de Abogados y 46 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
De la lectura de la transcripción del fallo impugnado contenida en el capítulo I de este informe, se observa que, el juzgador de alzada, estableció, en primer lugar, que, el ciudadano JUAN LIENDO al interponer la demanda actuó, asistido de abogados, en su propio nombre y en representación de los ciudadanos RÓMULO RODRÍGUEZ, CARLOS ALCEGA, MAURA BAYERA, CARLOS BLANCO, GLADYS VILLARREAL, LUIS CHÁVEZ, LUIS DURÁN, LEONARDO GONZÁLEZ, JOSÉ GONZÁLEZ, YOLANDA RODRÍGUEZ, GUSTAVO MATA, MAGALY ORTÍZ, FLORENCIA PALACIOS, MARÍA RAMOS, CARMEN PÉREZ, MARCOS RIVERO, JUAN MATEOS, ANDRADE VÍCTOR FRANCISCO e ÍTALO CAMPOLI, y posteriormente concluyó que, siendo que el mencionado JUAN LIENDO no posee título de profesional del derecho, no puede representar a dichos ciudadanos para la interposición de demanda alguna, de conformidad con la jurisprudencia que citó precedentemente, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Abogados al que había aludido el Juez previamente, y es con base en este razonamiento que declara la inadmisibilidad de la demanda respecto a los mencionados extrabajadores de la empresa accionada. Es decir, que fue establecido el hecho relativo a que el ciudadano JUAN LIENDO actuó, de manera personal, en representación de los citados extrabajadores de la empresa accionada.
omissis
De la cita precedente se observa que en el libelo de la demanda, se expresó que el ciudadano JUAN LIENDO, actuando en su propio nombre y en representación de los ciudadanos RÓMULO RODRÍGUEZ, CARLOS ALCEGA, MAURA BAYERA, CARLOS BLANCO, GLADYS VILLARREAL, LUIS CHÁVEZ, LUIS DURÁN, LEONARDO GONZÁLEZ, JOSÉ GONZÁLEZ, YOLANDA RODRÍGUEZ, GUSTAVO MATA, MAGALY ORTÍZ, FLORENCIA PALACIOS, MARÍA RAMOS, CARMEN PÉREZ, MARCOS RIVERO, JUAN MATEOS, ANDRADE VÍCTOR FRANCISCO e ÍTALO CAMPOLI, quienes son afiliados a la ASOCIACIÓN DE EXTRABAJADORES DE LA EMPRESA BIGOTT (ASOCITREBI), debidamente asistido de abogado, demanda a la referida empresa. También se señala que dicha representación se evidencia de poderes que se anexan a dicho instrumento. Ciertamente, no señala de manera expresa que actúa en su condición de Presidente de dicha Asociación Civil, pero, sí indica que los ciudadanos ya mencionados forman parte de dicha Asociación y que la representación de ellos se evidencia de instrumentos poderes que constan en el expediente.
En casos como el presente, traer a colación el contenido del artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, resulta indispensable, puesto que, para la obtención de la justicia el Juez debe entender el proceso como un instrumento fundamental para ello, al no permitir el sacrificio de ésta por la omisión de formalidades no esenciales, sustituyendo así el estado de derecho por el estado de justicia consagrado expresamente en la Constitución, siendo que si bien las normas adjetivas laborales derogadas no se lo permitían, haciéndolo un esclavo de la Ley, ahora, en el nuevo paradigma oral, el Juzgador debe ser un liberador, liberador de las formalidades no esenciales en pro de la justicia, a quién la Ley Orgánica Procesal del Trabajo ordena tener por norte de sus actos la verdad (artículo 5), estando obligado a inquirirla por todos los medios a su alcance, debiendo tener presente el carácter tutelar de las leyes sociales. Antes teníamos a la Ley, entre otras, como una determinante fuente del Derecho, ahora tenemos a la Constitución, que en su Preámbulo y en su articulado promueve la creación de un Estado de Justicia.
Es precisamente en virtud del carácter tutelar de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución debió intervenir en forma activa en el proceso, en caso de haber detectado algún vicio procesal, concretamente en el presente caso, la falta de capacidad procesal de la parte accionante, a través del despacho saneador previsto en el artículo 134 de dicha Ley, para la etapa final de la audiencia preliminar, puesto que al proscribirse las cuestiones previas en el artículo 129 ejusdem, en realidad (el Legislador patrio) pretendió dejar a un lado el procedimiento incidental de cuestiones previas, mas no la solución in limine de aquellas cuestiones procesales que ameritan una anticipada consideración como lo señala Ricardo Henríquez La Roche en su obra NUEVO PROCESO LABORAL VENEZOLANO y a ello se exhorta a dichos jueces, a sanear el proceso en la audiencia preliminar, bien sea a petición de parte u oficiosamente.
Ahora bien, en el presente caso no se ejerció el despacho saneador, pero, de la revisión de las actas de expediente, se observa que ciertamente cursan al mismo poderes otorgados, los cuales fueron autenticados ante la Notaría Pública Tercera del Municipio Sucre, del estado Miranda, Vigésima Octava del Municipio Libertador y Décima Quinta del mismo Municipio, por los ciudadanos RÓMULO RODRÍGUEZ, CARLOS ALCEGA, MAURA BAYERA, CARLOS BLANCO, GLADYS VILLARREAL, LUIS CHÁVEZ, LUIS DURÁN, LEONARDO GONZÁLEZ, JOSÉ GONZÁLEZ, YOLANDA RODRÍGUEZ, GUSTAVO MATA, MAGALY ORTÍZ, FLORENCIA PALACIOS, MARÍA RAMOS, CARMEN PÉREZ, MARCOS RIVERO, JUAN MATEOS, ANDRADE VÍCTOR FRANCISCO e ÍTALO CAMPOLI a la Asociación Civil Trabajadores Retirados Bigott por Defensa de Nuestros Derechos ASOCITREBI, quién es representada por el ciudadano Juan Marcelo Liendo, quien es su Presidente, para que les represente y defienda sus derechos, acciones e intereses, ya sea por vía judicial, extrajudicial o administrativa, dándole las más amplias facultades para demandar, darse por citado, contestar demandas, convenir, conciliar, desistir, comprometer en árbitros, ejercer cualquier clase de recursos judiciales, entre otras.
De manera que, si bien el escrito libelar puede resultar confuso, del análisis concordado de lo expresado en el mismo y de los documentos poderes otorgados por los ciudadanos RÓMULO RODRÍGUEZ, CARLOS ALCEGA, MAURA BAYERA, CARLOS BLANCO, GLADYS VILLARREAL, LUIS CHÁVEZ, LUIS DURÁN, LEONARDO GONZÁLEZ, JOSÉ GONZÁLEZ, YOLANDA RODRÍGUEZ, GUSTAVO MATA, MAGALY ORTÍZ, FLORENCIA PALACIOS, MARÍA RAMOS, CARMEN PÉREZ, MARCOS RIVERO, JUAN MATEOS, ANDRADE VÍCTOR FRANCISCO e ÍTALO CAMPOLI, a la luz del principio de la tutela judicial efectiva que comprende la obligación de los Órganos Jurisdiccionales de no sacrificar la justicia por formalidades no esenciales, que rige nuestro proceso laboral, emerge, con claridad, el hecho de que el ciudadano Juan Liendo interpuso la demanda en su condición de Presidente de ASOCITREBI, pues como se observa de los poderes, su facultad para hacerlo deviene de esa condición que ostenta como representante de dicha Asociación, a la cual los mencionados extrabajadores de la accionada le otorgaron tal licencia. Por tanto, se entiende que la mencionada Asociación, a través de la acción judicial intentada, pretendía defender los intereses de sus asociados.
omissis
De todo lo expuesto se concluye, que el hecho relativo a que el ciudadano JUAN LIENDO actuó en su nombre y de manera personal, en representación de los extrabajadores ya mencionados, fue falsamente establecido por el sentenciador de la recurrida, pues su inexactitud se evidencia del propio libelo de la demanda, de los poderes consignados junto con éste y del documento estatutario de ASOCITREBI.
Por tanto, la Asociación, a través de la acción judicial promovida, pretendía defender los intereses de sus asociados (ex trabajadores de la sociedad mercantil C.A. Bigott, Sucs, debidamente identificados), actuando en su nombre a los efectos de que peticionen lo que a su entender le corresponde por concepto del bono compensatorio y otros beneficios, así como su incidencia en los mismos, conteste con la doctrina de la sentencia N° 1525 de fecha 14 de octubre del año 2008.
Efectivamente, aunque no cabe duda del importante papel que desempeñan los sindicatos en la defensa y promoción de los intereses de los trabajadores, no se puede desconocer que también otro tipo de asociaciones con relevancia constitucional, como las asociaciones civiles, tienen como objeto y como fin ese mismo cometido, al amparo del derecho de libre Asociación que la Constitución también reconoce como fundamental en su artículo 52, cuyo ejercicio debe ir acompañado de las necesarias garantías jurisdiccionales. Lo contrario supondría menoscabar el ejercicio de los derechos de las asociaciones. Adicionalmente debe advertirse que en la causa sub examine estamos en presencia de un grupo de extrabajadores de la sociedad mercantil demandada, que no pueden agruparse en organización sindical evidentemente, pues ya no ostentan la cualidad de trabajadores.
Ahora bien, los formalizantes acusan la infracción de los artículos 3 y 4 de la Ley de Abogados y 46 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por errónea interpretación ( ).
omissis
Ahora bien, observa esta Sala que dichos preceptos legales, consagratorios del derecho de las personas jurídicas de actuar en juicio por medio de sus representantes legales, quienes en caso de no ser abogados, deberán estar asistidos por profesionales del derecho, fueron infringidos en la recurrida, por falta de aplicación, como consecuencia del hecho falsamente establecido, puesto que de haberse aplicado en la decisión impugnada dichas disposiciones legales, se hubiera tenido que concluir que el ciudadano JUAN LIENDO interpuso la demanda, como Presidente de ASOCITREBI, representando a los ciudadanos RÓMULO RODRÍGUEZ, CARLOS ALCEGA, MAURA BAYERA, CARLOS BLANCO, GLADYS VILLARREAL, LUIS CHÁVEZ, LUIS DURÁN, LEONARDO GONZÁLEZ, JOSÉ GONZÁLEZ, YOLANDA RODRÍGUEZ, GUSTAVO MATA, MAGALY ORTÍZ, FLORENCIA PALACIOS, MARÍA RAMOS, CARMEN PÉREZ, MARCOS RIVERO, JUAN MATEOS, ANDRADE VÍCTOR FRANCISCO e ÍTALO CAMPOLI, en su condición de afiliados a dicha Asociación Civil, motivo por el cual la misma resultaba admisible.
Por otra parte, observa esta Sala que el artículo 4 de la Ley de Abogados, también fue infringido por el ad-quem, pero por errónea interpretación, pues del contenido del mismo se entiende que toda persona que deba estar en juicio, incluso aquellas que ejercen la representación de otras por disposición legal o en virtud de contrato sin ser abogados, deben nombrar uno para que los represente o asista, es decir, que en casos como el analizado en el cual, el ciudadano Juan Liendo, en virtud de documento estatutario de ASOCITREBI y en su condición de Presidente de la Asociación, ejerce la representación de la misma y, en consecuencia, de sus asociados, al no ser abogado, debía actuar asistido de abogado, como en efecto lo hizo, cumplió con el espíritu, propósito y razón de la norma citada, razón por la cual al declarar inadmisible la demanda por ese motivo, incurrió, el juzgador de alzada en la infracción acusada.
Como consecuencia de los razonamientos antes expuestos, la presente denuncia resulta procedente. Así se resuelve.
La declaratoria que precede acarrea la resolución CON LUGAR del recurso de casación anunciado por la parte actora. Por tanto, se ANULA el fallo recurrido dictado en fecha 16 de diciembre del año 2009, por el Tribunal Sexto Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y se ORDENA la reposición de la causa al estado de que el Juzgado de Primera Instancia que resulte competente admita la acción incoada en representación de los ciudadanos RÓMULO RODRÍGUEZ, CARLOS ALCEGA, MAURA BAYERA, CARLOS BLANCO, GLADYS VILLARREAL, LUIS CHÁVEZ, LUIS DURÁN, LEONARDO GONZÁLEZ, JOSÉ GONZÁLEZ, YOLANDA RODRÍGUEZ, GUSTAVO MATA, MAGALY ORTÍZ, FLORENCIA PALACIOS, MARÍA RAMOS, CARMEN PÉREZ, MARCOS RIVERO, JUAN MATEOS, ANDRADE VÍCTOR FRANCISCO e ÍTALO CAMPOLI, en su condición de afiliados a ASOCITREBI, cuya representación es ejercida por el ciudadano JUAN LIENDO, previa subsanación de los vicios correspondientes. Se deja expresa constancia que en virtud de que la empresa demandada fue oportunamente notificada no corre el lapso de prescripción. Así se resuelve.
omissis
Resulta oportuna la acotación que en este caso, si bien la acción es intentada por el Presidente de una Asociación Civil, en nombre de sus miembros, no se hace mención al referido criterio relativo a interés colectivo y difuso, en virtud de que la parte actora no planteó en ningún momento el alegato de haber intentado la acción en beneficio de este tipo de intereses, ni afirmó tener legitimidad para ello.
omissis
De manera que, debe concluirse que lo aquí resuelto en ningún modo contraría lo decidido por esta Sala respecto a la falta de legitimidad de FETRAJUPTEL en el caso seguido contra CANTV, que fue convalidado en sentencia N° 03 del 25 de enero del año 2005 de la Sala Constitucional, puesto que ambos casos analizados presentan las diferencias señaladas.
Por otra parte, cabe destacar que esta Sala en decisión N° 1525 de fecha 14 de octubre del año 2008, al conocer y resolver el recurso de casación en la acción mero declarativa interpuesta por la Asociación Civil Trabajadores Retirados Bigott (ASOCITREBI), en representación de los ciudadanos allí identificados contra la Compañía Anónima Cigarrera Bigott, le reconoció la legitimación a dicha Asociación para representar a dichos trabajadores. Así se establece.
( ) en virtud de las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: 1) CON LUGAR el recurso de casación propuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 16 de diciembre del año 2009. En consecuencia, se ANULA el fallo impugnado y se ORDENA la reposición de la causa al estado de que sea admitida la demanda incoada por JUAN LIENDO, actuando en su propio nombre y en su carácter de Presidente de la Asociación Civil de Extrabajadores de la Empresa Bigott (ASOCITREBI) en nombre de los ciudadanos RÓMULO RODRÍGUEZ, CARLOS ALCEGA, MAURA BAYERA, CARLOS BLANCO, GLADYS VILLARREAL, LUIS CHÁVEZ, LUIS DURÁN, LEONARDO GONZÁLEZ, JOSÉ GONZÁLEZ, YOLANDA RODRÍGUEZ, GUSTAVO MATA, MAGALY ORTÍZ, FLORENCIA PALACIOS, MARÍA RAMOS, CARMEN PÉREZ, MARCOS RIVERO, JUAN MATEOS, ANDRADE VÍCTOR FRANCISCO e ÍTALO CAMPOLI, contra C.A. CIGARRERA BIGOTT, SUCS ( ) (Mayúsculas, negrillas y subrayado del texto original).
III
DE LA COMPETENCIA
Debe esta Sala determinar su competencia para conocer la presente solicitud de revisión y al respecto observa que conforme lo establece el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución, la Sala Constitucional tiene atribuida la potestad de ( ) revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva ( ).
Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en su artículo 25, numerales 10, 11 y 12, dispone lo siguiente:
( ) 10. Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los tribunales de la República, cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; o producido un error grave en su interpretación; o por falta de aplicación de algún principio o normas constitucionales.
11. Revisar las sentencias dictadas por las otras Salas que se subsuman en los supuestos que señala el numeral anterior, así como la violación de principios jurídicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o cuando incurran en violaciones de derechos constitucionales.
12. Revisar las sentencias definitivamente firmes en las que se haya ejercido el control difuso de la constitucionalidad de las leyes u otras normas jurídicas, que sean dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República ( ).
Asimismo, en el fallo Nº 93 del 6 de febrero de 2001 (caso: Corpoturismo), esta Sala determinó su potestad extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, de revisar las siguientes decisiones judiciales:
( ) 1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.
2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.
3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.
4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional ( ).
Ahora bien, por cuanto, en el caso de autos se pidió la revisión de un fallo que emanó de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala declara su competencia para el conocimiento de la misma, conforme lo supra expuesto. Así se decide.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En la oportunidad de decidir, esta Sala observa:
Solicitó la parte actora a esta Sala Constitucional el ejercicio de la facultad de revisión concedida por el cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con respecto a la sentencia N° 997 dictada el 5 de agosto de 2011, por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró con lugar el recurso de casación intentado contra el fallo dictado el 16 de diciembre de 2009, por el Juzgado Superior Sexto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró: i) admisible la demanda intentada por el ciudadano Juan Liendo, en su propio nombre y en su carácter de Presidente de la asociación civil de extrabajadores de la empresa Bigott (ASOCITREBI), y ii) inadmisible la demanda intentada por dicho ciudadano en representación de los ciudadanos Rómulo Rodríguez, Carlos Alcega, Maura Bayera, Carlos Blanco, Gladys Villarreal, Luis Chávez, Luis Durán, Leonardo González, José González, Yolanda Rodríguez, Gustavo Mata, Magaly Ortíz, Florencia Palacios, María Ramos, Carmen Pérez, Marcos Rivero, Juan Mateos, Andrade Víctor Francisco e Ítalo Campoli, contra la prenombrada empresa, por concepto de pago por trabajo en día de descanso legal y otros conceptos laborales.
Así pues, la representación judicial de la parte actora solicitó la presente revisión constitucional con fundamento en que ( ) la sentencia impugnada infringe el derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva ( ), pues los actores otorgan un poder judicial a Juan Liendo, en su carácter de Presidente de una sociedad civil ( ), para que ésta los represente y ejerza las acciones judiciales contra BIGOTT, ello en pleno conocimiento que ni Juan Liendo ni ASOCITREBI ostentan la condición de abogados, requisito sine qua non para poder actuar en juicio.
Asimismo, alega que ( ) la sentencia impugnada infringe el principio constitucional de confianza legítima, seguridad jurídica, así como el precedente de esta Sala Constitucional ( ) en materia de representación judicial. ( ) no es admisible que un criterio interpretativo de carácter singular emitido por un órgano administrativo o judicial, pretenda limitar o negar derechos de manera irrazonable cuando esos mismos derechos han sido otorgados a otros en circunstancias similares y ante la aplicación de las mismas normas ( ), por lo que, ( ) de existir un cambio de criterio, solo sería posible su aplicación a casos futuros, a los fines de proteger la expectativa del que acude al órgano administrativo o jurisdiccional fundado en justo derecho, de que le será aplicable el criterio que uniformemente se ha aplicado a casos similares.
En este contexto, la Sala ha señalado que ( ) la revisión no constituye una tercera instancia, ni un instrumento ordinario que opere como un medio de defensa ante la configuración de pretendidas violaciones, sino una potestad extraordinaria y excepcional de esta Sala Constitucional cuya finalidad no es la resolución de un caso concreto o la enmendatura de injusticias, sino el mantenimiento de la uniformidad de los criterios constitucionales en resguardo de la garantía de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, lo cual reafirma la seguridad jurídica ( ) (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 2.943/2004, caso: Construcciones Pentaco JR, C.A.).
Al respecto, la Sala mediante sentencia Nº 93 del 6 de febrero de 2001 (caso: Corpoturismo), dejó sentado que la facultad de revisión es ( ) una potestad estrictamente excepcional, extraordinaria y discrecional ( ), por ello ( ) en lo que respecta a la admisibilidad de tales solicitudes de revisión extraordinaria esta Sala posee una potestad discrecional de admitir o no admitir el recurso cuando así lo considere, así ( ) puede en cualquier caso desestimar la revisión ( ) sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales ( ).
En este sentido, la discrecionalidad que se le atribuye a la facultad de revisión constitucional, no debe entenderse como una nueva instancia y, por lo tanto, se admitirá sólo a los fines de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales o cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese rango, así como cuando se contraríen los criterios vinculantes de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, lo que será determinado por la Sala en cada caso, siendo siempre facultativo de ésta su procedencia.
En primer lugar, observa esta Sala que por decisión N° 1.525 del 14 de octubre de 2008, la Sala de Casación Social de este Máximo Tribunal, declaró sin lugar el recurso de casación anunciado y formalizado contra la sentencia emanada del Tribunal Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 8 de febrero de 2007, reproducida en fecha 15 del mismo mes y año, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación ejercido, sin lugar la prescripción opuesta y parcialmente con lugar la demanda mero declarativa, intentada por la Asociación Civil Trabajadores Retirados Bigott por Defensa de Nuestro Derecho (ASOCITREBI), en representación de los ciudadanos ( ) CARLOS ORLANDO ESPINOZA, JORGE ENRIQUE OCHEA RINCÓN, RÓMULO RODRÍGUEZ, CARLOS ALCEGA, MAURA BAYERA, CARLOS BLANCO, GLADYS VILLARREAL, LUIS CHÁVEZ, LUIS DURÁN, LEONARDO GONZÁLEZ, JOSÉ GONZÁLEZ, YOLANDA RODRÍGUEZ, JUAN LIENDO, GUSTAVO MATA, MAGALY ORTIZ, FLORENCIA PALACIOS, MARÍA RAMOS, CARMEN PÉREZ DE RAUSSEO, MARCOS RIVERO y JUAN MATEOS ( ), representados judicialmente por los abogados Freddy Suárez y Maryuris Liendo, cuya pretensión consistía en la aplicación extensiva de la transacción suscrita el 22 de noviembre de 2004 entre la empresa demandada C.A. Cigarrera Bigott y sus trabajadores activos, a los trabajadores que laboraron en la sociedad mercantil demandada desde el año 1980 y subsiguientes, en lo relativo a la concesión del día de descanso compensatorio trabajado, de conformidad con el artículo 218 de la Ley Orgánica del Trabajo.
De la lectura de dicho fallo, se desprende que no se condenó a la empresa Bigott al pago de cantidad alguna de dinero a favor de los ex-trabajadores demandantes, sino que se reafirmó la mera declaración de existencia de un derecho en relación con el eventual reclamo judicial por pago de los días de descanso compensatorios por los domingos efectivamente trabajados, toda vez que en el mismo se señaló: ( ) en consecuencia, los extrabajadores sujetos de la presente acción mero declarativa deberán presentar en reclamaciones posteriores, las pruebas que estimen conveniente para demostrar fehacientemente el servicio prestado en días de descanso ( ).
Ahora, bajo el alegato de incumplimiento de la referida decisión, el 6 de febrero de 2009, el ciudadano Juan Liendo, actuando en nombre propio así como en nombre y representación de los ciudadanos Rómulo Rodríguez, Carlos Alcega, Maura Bayera, Carlos Blanco, Gladys Villarreal, Luis Chávez, Luis Durán, Leonardo González, José González, Yolanda Rodríguez, Gustavo Mata, Magaly Ortíz, Florencia Palacios, María Ramos, Carmen Pérez, Marcos Rivero, Juan Mateos, Andrade Víctor Francisco e Ítalo Campoli, afiliados a la Asociación de Extrabajadores de la empresa Bigott ASOCITREBI ( ), debidamente asistidos por PATRICIA GRUS, MARYURIS LIENDO MARRUGO y MINDI DE OLIVEIRA ( ), intentó demanda por pago de conceptos laborales.
Ello así, consta de las actas que rielan en el expediente, que al momento de la interposición de dicha demanda, se acompañaron documentos poder en lo que los ciudadanos demandantes otorgaban ( ) Poder Especial Laboral a la Asociación Civil Trabajadores Retirados Bigott por Defensa de Nuestros Derechos (ASOCITREBI), quien es representada por el ciudadano JUAN MARCELO LIENDO VÁSQUEZ ( ), quien es el Presidente de la Asociación Civil ( ).
Precisado lo anterior, advierte esta Sala que el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil, establece que solo podrán ejercer poderes en juicio ( ) quienes sean abogados en ejercicio, conforme a las disposiciones de la Ley de Abogados. No obstante, la reforma del 6 de mayo de 2011, de la Ley Orgánica del Trabajo (Vid. Gaceta Oficial Extraordinario N° 6.024), aplicable rationae temporis al presente caso, en su artículo 399 le confería a los Sindicatos la representación judicial de sus miembros, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para su representación.
Dicha Ley Orgánica, en el referido artículo, disponía lo siguiente:
Artículo 399. Los sindicatos de trabajadores tendrán las siguientes atribuciones y finalidades:
( )
d) Representar y defender a sus miembros y a los trabajadores que lo soliciten, aunque no sean miembros del sindicato, en el ejercicio de sus intereses y derechos individuales en los procedimientos administrativos que se relacionen con el trabajador, y, en los judiciales sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para la representación; y, en sus relaciones con los patronos ( ).
Ahora bien, esta norma (antes artículo 408 de la Ley Orgánica del Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.152 Extraordinario del 19 de junio de 1997) ha sido objeto de interpretación por la Sala de Casación Social (Vid. Sentencia N° 263 del 25 de marzo de 2004), la cual en forma reiterada estableció lo siguiente:
( ) los sindicatos tienen legalmente atribuida la potestad de representar y defender a sus afiliados y aun aquellos trabajadores que no lo sean, en el ejercicio de sus derechos e intereses individuales, sólo que cuando tal representación y defensa se ejerce por ante los órganos jurisdiccionales competentes, deben garantizarse los requisitos de representación judicial.
omissis
Así, para asumir la defensa legítima de los trabajadores (afiliados o no al respectivo sindicato) en sus derechos subjetivos y personales y, en el ámbito jurisdiccional, deben satisfacerse los extremos de ley para la representación, predominantemente, el conferir mandato expreso cada uno de los trabajadores afectados al Sindicato correspondiente ( ).
En este sentido, esta Sala en sentencia N° 945 del 28 de junio de 2012, señaló lo siguiente:
( ) cuando el sindicato hace valer derechos subjetivos individualizados de los trabajadores, se debe conferir mandato expreso por cada uno de ellos a dicha organización tal como lo exige la letra d) del artículo 408 de la citada Ley Orgánica del Trabajo. Distinto es cuando el sindicato hace valer derechos que van más allá de los subjetivos y personales de los trabajadores, es decir, cuando se trate de derechos genéricos, colectivos y sindicales, ya que no constituye una pretensión particular de un determinado trabajador, por lo que en tal supuesto sí tienen legitimidad (véase sentencia de esta Sala núm. 3648/2003 del 19 de diciembre, caso: Fernando Asenjo).
En este orden de ideas, debe notarse que el artículo 47 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, prevé que ( ) las partes podrán actuar en el proceso mediante apoderado, debiendo estar éstos facultados por mandato o poder, el cual deberá constar en forma auténtica ( ), es decir que debe ser autorizado por el funcionario público competente, como un Registrador, un Juez, Notario Público u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, tal como lo establece el artículo 1.357 del Código Civil.
En el caso sub examine, se aprecia que el poder mediante el cual la Junta Directiva del Sindicato Único de Trabajadores de la empresa Agropecuaria Nivar (SUTAGNIVAR) pretendió acreditar la representación en nombre de un grupo de trabajadores de dicha empresa, consistente en una copia certificada por el Secretario General y Secretario de Actas y Correspondencia de la organización sindical- del Acta de Asamblea extraordinaria del 6 de enero de 2011, no se otorgó en forma auténtica, esto es con arreglo a las disposiciones citadas supra, puesto que no fue autorizado por alguno de los funcionarios públicos con facultad para ello, por lo que dicha representación no se puede tener como válida. Así pues, dada su falta de legitimación tampoco podían los miembros de esa Junta Directiva otorgar otro mandato o sustituir el mismo en abogados; situación que nunca fue advertida por el Tribunal que admitió la demanda laboral.
Intrínseco a este aspecto, resulta adecuado hacer referencia a la asistencia jurídica que tuvo el Sindicato Único de Trabajadores de la empresa Agropecuaria Nivar (SUTAGNIVAR) al momento de interponer la demanda. La Sala ha dispuesto en forma reiterada que para el ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso se requiere la cualidad de abogado, con excepciones determinadas, tales como la capacidad de postulación especial que la ley ha atribuido a los sindicatos cuando se acredite su representación mediante un poder que les haya sido otorgado por los trabajadores conforme a los protocolos que establece el ordenamiento jurídico. Así, según la regla general, la falta de cualidad de abogado de quien comparece a un juicio no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del derecho, salvo que quien comparece al juicio actúe en el ejercicio de sus propios derechos e intereses; de allí que se ha determinado que ( ) cuando una persona que no es abogado ejerce actuaciones judiciales en nombre de otro (a menos que sea su representante legal), incurre en una manifiesta falta de representación, porque carece de esa especial capacidad de postulación que sí detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de la profesión, conforme a lo que establecen la Ley de Abogados y demás leyes de la República; ello, además, en forma insubsanable, ya que no hay manera de que adquiera la capacidad de postulación que no tenía cuando actuó sin ella ( ) (vid. sentencias núm. 2.324/2002 del 22 de agosto, caso: Robert José Cancino Tovar y otros, 1.170/2004 del 15 de junio, caso: Rafael Alberto Latorre Cáceres; 1.325/2008 del 13 de agosto, caso: Iwona Szymañczak) ( ).
Así, se observa que en su requerimiento la representación de la solicitante realizó un planteamiento enfocado al señalamiento relativo al desconocimiento de la doctrina vinculante de esta Sala por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, centrada en argumentos de defensa cuyo propósito último es que se llegue al convencimiento de que se vulneró el principio de seguridad jurídica, el principio de igualdad ante la Ley y el principio de confianza legítima, toda vez que permitió que una asociación ( ) sin ser abogado y sin ser un Sindicato, ejerciera poderes en juicio ( ).
Sobre el punto esta Sala debe puntualizar que, en materia jurisdiccional, una parte puede tener capacidad procesal (Vid. Artículo 136 del Código de Procedimiento Civil) y no obstante carecer de la facultad profesional y técnica de gestionar por sí misma los actos en un proceso concreto y en un tribunal determinado (Vid. Artículo 166 eiusdem), ya que no tiene la denominada capacidad de postulación procesal, la cual es meramente formal y exigida por razones técnicas, a fin de asegurar al proceso su correcto desarrollo, por lo que, por regla general, es obligatorio el patrocinio letrado de abogados para las personas que hayan de comparecer a un proceso judicial, bien por la figura de la representación o bien mediante la asistencia, como lo prevé el artículo 3 de la Ley de Abogados:
Para comparecer por otro en juicio, evacuar consultas jurídicas, verbales o escritas y realizar cualquier gestión inherente a la abogacía, se requiere poseer el título de abogado, salvo las excepciones contempladas en la Ley.
Los representantes legales de personas o de derechos ajenos, los presidentes o representantes de sociedades cooperativas, asociaciones o sociedades civiles o mercantiles que no fueren abogados, no podrán comparecer en juicio a nombre de sus representados sin la asistencia de abogados en ejercicio.
Entonces, según la regla general, quien comparece a un juicio sin poseer la cualidad de abogado, sólo puede suplir esa falta de cualidad con la asistencia de un profesional del derecho, siempre que quien comparece al juicio actúe en el ejercicio de sus propios derechos e intereses; de allí que se ha determinado que ( ) para el ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio, lo cual no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del Derecho, salvo que la persona actúe en el ejercicio de sus propios derechos e intereses. De tal forma que, cuando una persona, sin que sea abogado, pretenda ejercer poderes judiciales, incurre en una manifiesta falta de representación, en cuanto carece de esa especial capacidad de postulación que detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de su profesión, conforme a lo que establece la Ley de Abogados ( ) (Vid. Sentencia N° 1.170/2004 del 15 de junio).
Ahora bien, advierte esta Sala que para el ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso se requiere la cualidad de abogado, con excepciones determinadas, tales como la capacidad de postulación especial que la ley ha atribuido a los sindicatos cuando se acredite su representación mediante un poder que les haya sido otorgado por los trabajadores conforme a los protocolos que establece el ordenamiento jurídico.
En este sentido, de la revisión de las actas cursantes en el expediente, se desprende que tanto la parte actora, como el fallo objeto de revisión, coinciden en señalar que ASOCITREBI, es una asociación civil privada, sin fines de lucro, siendo uno de sus objetivos principales la promoción y prestación del servicio de asesoría laboral, legal, penal, civil y mercantil, así como que le corresponde al Presidente de dicha Asociación Civil, ejercer la representación amplia de ésta en todos los actos públicos y privados y que dicho cargo lo ostenta el ciudadano Juan Marcelo Liendo.
Al respecto, el fallo objeto de revisión señaló:
( ) efectivamente, aunque no cabe duda del importante papel que desempeñan los sindicatos en la defensa y promoción de los intereses de los trabajadores, no se puede desconocer que también otro tipo de asociaciones con relevancia constitucional, como las asociaciones civiles, tienen como objeto y como fin ese mismo cometido, al amparo del derecho de libre Asociación que la Constitución también reconoce como fundamental en su artículo 52, cuyo ejercicio debe ir acompañado de las necesarias garantías jurisdiccionales. Lo contrario supondría menoscabar el ejercicio de los derechos de las asociaciones. Adicionalmente debe advertirse que en la causa sub examine estamos en presencia de un grupo de extrabajadores de la sociedad mercantil demandada, que no pueden agruparse en organización sindical evidentemente, pues ya no ostentan la cualidad de trabajadores.
omissis
Por otra parte, observa esta Sala que el artículo 4 de la Ley de Abogados, también fue infringido por el ad-quem, pero por errónea interpretación, pues del contenido del mismo se entiende que toda persona que deba estar en juicio, incluso aquellas que ejercen la representación de otras por disposición legal o en virtud de contrato sin ser abogados, deben nombrar uno para que los represente o asista, es decir, que en casos como el analizado en el cual, el ciudadano Juan Liendo, en virtud de documento estatutario de ASOCITREBI y en su condición de Presidente de la Asociación, ejerce la representación de la misma y, en consecuencia, de sus asociados, al no ser abogado, debía actuar asistido de abogado, como en efecto lo hizo, cumplió con el espíritu, propósito y razón de la norma citada, razón por la cual al declarar inadmisible la demanda por ese motivo, incurrió, el juzgador de alzada en la infracción acusada ( ).
Ahora bien, de la lectura del fallo objeto de revisión, se desprende que el mismo estimó válido el poder judicial otorgado por los miembros de la asociación civil de extrabajadores de la empresa Bigott (ASOCITREBI), al Presidente de la misma, ciudadano Juan Liendo -aun cuando ni dicha asociación ni su Presidente tienen capacidad de postulación, por no ser un Sindicato ni abogado-, y de que en el escrito libelar el ciudadano Juan Liendo, señala actuar en nombre propio así como en nombre y representación de los ciudadanos ( )-sin indicar su carácter de Presidente de la referida asociación- bajo el argumento de que no se puede sacrificar la justicia por formalidades no esenciales, que rige nuestro proceso laboral.
Aunado a ello, debe notarse que los poderes cursantes a los autos fueron otorgados por los trabajadores a la asociación de la empresa Bigott (ASOCITREBI), para que ésta, una asociación civil con naturaleza jurídica distinta a la de los Sindicatos, representara sus derechos e intereses a través de su Presidente, sin poseer la atribución de representar y defender a sus miembros como si fuera un sindicato.
Al respecto, esta Sala en sentencia N° 3 del 25 de enero de 2005, señaló que ( ) visto que según lo previsto en el artículo 96 constitucional y en la vigente legislación laboral, ni el constituyente de 1999 ni el legislador de 1997 reconocieron a las asociaciones de jubilados y pensionados legitimación para negociar y celebrar convenciones colectivas con sus antiguos patronos, lo cual está reservado hasta hoy día a las organizaciones sindicales que representen a la mayoría absoluta de los trabajadores (materia de estricta reserva legal-artículos 96 y 156.32 del Texto Constitucional-, que mal podría ser innovada por esta Sala), este Tribunal sin embargo declara que lo anterior no impide que las asociaciones de jubilados y pensionados tengan la posibilidad, en virtud del carácter irrenunciable del que gozan los derechos laborales, de participar en las discusiones sindicales y exigir de los sindicatos la inclusión de sus propuestas en la negociación de la contratación colectiva ( ).
Ahora, sobre la base del anterior planteamiento, en lo referente al cumplimiento de los requisitos esenciales esta Sala ha estimado que son elementos consustanciales, imprescindibles e inherentes para que el proceso cumpla el fin al que está destinado: la realización de la justicia, en los términos prescritos por el artículo 257 del Texto Fundamental. De allí que las leyes procesales buscan dar protección a los sujetos del proceso mediante reglas que brinden seguridad jurídica y certeza a los justiciables; por tanto, la exigencia de requisitos, presupuestos procesales o establecimiento de causales de inadmisibilidad no va en detrimento de los derechos y garantías procesales.
En efecto, existe la prohibición legal de otorgamiento de la facultad de ejercicio de poderes en juicio a quien no posea capacidad de postulación (ex artículo 166 del Código de Procedimiento Civil, 3 y 4 de la Ley de Abogados), lo cual traería la nulidad del instrumento en la parte referida al otorgamiento de dicha facultad por la ilicitud de su objeto (ex artículo 1.155 del Código Civil), por cuanto nadie puede otorgar la facultad que no tiene o no puede tener por prohibición expresa de la ley (Vid. Sentencia de esta Sala N° 1.187 del 7 de agosto de 2012).
Así como quien sin ser abogado no puede ejercer poderes en juicio, en razón de la prohibición expresa de la ley, de igual forma, no puede, en nombre de otro, otorgar válidamente dicha facultad, a menos que su representación derive de la ley, por tanto, el poder otorgado en esas condiciones, carece de validez jurídica y, por tanto, inexistente jurídicamente, lo cual se traduce en una manifiesta falta de representación.
Adicional a ello, esta Sala considera oportuno hacer referencia a la sentencia N° 132 del 15 de noviembre de 2000, dictada por la Sala Electoral de este Máximo Tribunal, en la cual se precisó con respecto al derecho de asociación contenido en el artículo 52 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo siguiente:
( ) según expusieron los accionantes, la conducta omisiva, por la ausencia de convocatoria, en que ha incurrido la actual Junta Directiva de la Asociación Civil sin fines de lucro CLUB CAMPESTRE PARACOTOS, para que se efectúe el proceso comicial dirigido a elegir a las nuevas autoridades para integrar la nueva Junta Directiva de esa Asociación, les viola los derechos consagrados en los artículos 52 y 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El primero de los mencionados dispositivos constitucionales, consagra el derecho que posee todo ciudadano de asociarse con fines lícitos, para cuya violación es imprescindible que alguna conducta, hecho u omisión, proveniente de alguna persona (agraviante), impida que otra o un grupo de personas (agraviado) se constituyan en una asociación con la finalidad de conseguir algún objetivo en común, o que estando integradas a ésta no puedan disfrutar o ejercitar las actividades inherentes a la misma. Ahora bien, en el caso subjudice no se desprende del examen efectuado, que pueda considerarse violado o amenazado de violación dicho derecho, toda vez que no constituye un hecho controvertido el que los accionantes se encuentren en la actualidad obrando en su condición de socios de la Asociación Civil sin fines de lucro CLUB CAMPESTRE PARACOTOS, no evidenciándose, en consecuencia, que los mismos estén excluidos del Club o limitados en el ejercicio de sus derechos.
Por el contrario, los accionantes han manifestado que forman parte integrante de tal asociación en su condición de socios, por lo que considera la Sala, que los presuntamente agraviados se encuentran en ejercicio y goce del derecho que reclaman como violado, esto es, del derecho de asociación, el cual en criterio de este Alto Tribunal, no es extensible al derecho de elegir sus autoridades. De allí que resulte forzoso concluir que no se evidencia la violación del citado artículo 52 constitucional ( ).
Asimismo, esta Sala en sentencia N° 614 del 16 de abril de 2008, con respecto al referido artículo Constitucional, precisó lo siguiente:
( ) en este contexto hermenéutico, el artículo 52 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es del siguiente tenor:
Artículo 52. Toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho.
Del análisis de la disposición transcrita se desprende, que el constituyente, en el marco del principio de libertad (artículo 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) que informa como valor fundamental al ordenamiento jurídico venezolano, desarrolló el derecho a la libertad de asociación, como una situación jurídica activa o, en términos de Santamaría Pastor (Principios de Derecho Administrativo (3° Edición). Madrid. 2002), una situación de poder, categorizada dentro de los derechos de la esfera pública (conjuntamente con la libertad de expresión, libertad de cátedra, derecho a reunión, derecho a manifestar y a participar de los asuntos públicos).
Visto desde la perspectiva positiva, el citado derecho versa sobre la capacidad de formar agrupaciones de interés común, sin más limitaciones que las legalmente establecidas, lo cual, permite deducir la vertiente negativa del derecho in commento, según la cual, la situación de libertad conlleva la prohibición general de agruparse con fines ilícitos y, al mismo tiempo, el imperativo de observar el marco legal impuesto a las formulas asociativas en las cuales existen diversos intereses sociales, con lo cual, se reconoce el principio de regulación, como uno de los aspectos esenciales del Estado Social de Derecho y de Justicia a que se refiere el artículo 2 del Texto Fundamental.
De esta manera, la libertad de asociación y, con ella, la unión común bajo un régimen auto impuesto, se encuentra correlacionada con el principio regulatorio, en los casos en que la agrupación trasciende el interés privado y, en consecuencia, el legislador limita la autodeterminación asociativa, imponiendo un marco normativo que ajusta la actuación de los asociados a determinados parámetros.
La situación descrita, en la cual, por una parte, los asociados pueden determinar la estructura organizativa creada, así como su funcionamiento y, por otra, se encuentran sometidos a una regulación impuesta por vía legislativa, hace necesario la máxima de equilibrio según la cual, los valores -libertad y regulación- están llamados a convivir armoniosamente, y ello implica que las exigencias de cada uno de ellos no sean asumidas con carácter absoluto, sino en un sentido amplio que posibilite su concordancia.
De este modo, el referido equilibrio, entre la libertad de un grupo a establecer la regulación correspondiente a la organización y funcionamiento de la asociación, y por otra parte, la sujeción a la ley, se verifica salvaguardando la voluntad de los asociados, en aquellos casos donde el legislador no ha intervenido o lo ha hecho, sólo respecto de ciertos asuntos, garantizando la voluntad de los asociados para los supuestos no previstos en la ley.
Así, ante la previsión legal, los asociados deben atender el dispositivo del artículo 52 del Texto Fundamental, y adecuar su organización y funcionamiento a los imperativos legales correspondientes, sin menoscabo del derecho a auto determinar aquellas situaciones de la asociación, que no fueron taxativamente normadas por el legislador ( ).
Ello así, se desprende que la Ley conjuga ambos valores (autodeterminación asociativa y regulación), mediante la aplicación del principio regulatorio a determinados supuestos, fuera de los cuales, los miembros de las distintas asociaciones pueden acordar regímenes que atiendan a sus específicos intereses grupales y a la independencia organizacional inherente a la libertad de asociación, cuando no hay una disposición legal que regule lo contrario, armonizando de esta manera ambos valores, por lo que para que pueda verificarse la violación del derecho a asociarse, debe producirse alguna conducta, hecho u omisión que impida que una persona o grupo de personas se constituyan en una asociación con la finalidad de conseguir algún objetivo común, o que estando integradas a ésta, se les imposibilite disfrutar o ejercitar las actividades inherentes a la misma.
Entonces, siguiendo esta línea argumentativa, advierte esta Sala que pretender otorgarle a las asociaciones civiles la capacidad de postulación que poseen los Sindicatos para asumir la defensa legítima de los trabajadores en sus derechos subjetivos y personales y, en el ámbito jurisdiccional, sin satisfacer los extremos que la ley exige para la representación, rompe la adecuada armonía que debe existir entre la autodeterminación y la regulación legal, motivo por el cual se estima que la Sala de Casación Social se apartó de los criterios dictados por esta Sala en lo que respecta al ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso, en consecuencia, con el objeto de garantizar la uniformidad de la interpretación de las normas y principios constitucionales, en protección del derecho a la tutela judicial efectiva que la Constitución garantiza a todos los justiciables y respetando, por último, la confianza legítima que tienen éstos en la estabilidad de las decisiones judiciales y a la interpretación y criterios jurisprudenciales, aunado al ejercicio de las potestades que tiene atribuida en materia de revisión, esta Sala declara ha lugar la solicitud de revisión, por lo que se anula la sentencia N° 997 dictada el 5 de agosto de 2011, por la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.
En virtud de ello, se repone la causa al estado que la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, dicte un nuevo pronunciamiento en acatamiento a lo expuesto en la motiva de este fallo. Así se decide.
Finalmente, en virtud de haberse anulado el fallo N° 997 del 5 de agosto de 2011, esta Sala estima conveniente remitir copia del presente fallo a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y al Juzgado Superior Sexto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Así se decide.
V
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara HA LUGAR la revisión constitucional interpuesta por los abogados Juan Carlos Pró-Rísquez y Flavia Ysabel Zarins Wilding, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 41.184 y 76.056, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS, ya identificada, de la sentencia N° 997 dictada el 5 de agosto de 2011, por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, se ANULA el referido fallo y se ORDENA remitir copia de la presente decisión a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, a fin que dicte un nuevo pronunciamiento en acatamiento a lo expuesto en la motiva de este fallo.
Publíquese y regístrese. Se ordena remitir copia del presente fallo a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y al Juzgado Superior Sexto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 08 días del mes de agosto de dos mil trece (2013). Años: 203º de la Independencia y 153º de la Federación.
La Presidenta de la Sala,
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
El Vicepresidente,
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Los Magistrados,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Ponente
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. Nº 11-1485
LEML/
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