Venley

Sentencia N.º 1139

Sentencia
N.º 1139
Fecha
22/06/2007
Sala
Constitucional
Expediente
07-0492
Ponente
Jesús E. Cabrera Romero
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

 

MAGISTRADO PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Mediante oficio 167 del 26 de marzo de 2007, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, remitió a esta Sala Constitucional, expediente contentivo de la acción de amparo interpuesta por Pedro Luis Naveda Sánchez, quien es abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 25.879, y actúa en su carácter de apoderado judicial del ciudadano SALVATORE FAZIO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 9.588.636, contra la decisión dictada el 18 de diciembre de 2006, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil,  Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial  del Estado Falcón.

            Tal remisión obedeció, a la apelación interpuesta el 13 de marzo de 2007, por el apoderado judicial del accionante contra la decisión dictada el 9 de marzo de 2007, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, que declaró improcedente in limine litis  la acción de amparo constitucional.

El 16 de abril de 2007, se dio cuenta en la Sala de la presente acción de amparo constitucional, y se designó ponente al Magistrado Jesús Eduardo Cabrera R., quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Siendo la oportunidad para decidir, esta Sala observa:

 

I

ANTECEDENTES

En el juicio que por desalojo intentaron los ciudadanos Salvatore Fazio y Eleonora Passanini de Fazio contra la ciudadana Erica Malaver, ante el Juzgado Tercero de Municipio Carirubana de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, la demanda fue admitida el 5 de octubre de 2005.

Decretada como fue la medida de secuestro sobre el inmueble objeto del juicio, el 7 de marzo de 2006, se trasladó el Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Carirubana de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, y mediante acta se dejó constancia de lo siguiente:

 

“…en su condición de demandada (…) expone: Me doy expresamente por citada en el presente juicio en la presente medida de secuestro, entendiendo que tengo la responsabilidad de entregar el apartamento totalmente desocupado para el día nueve (9) de marzo del año en curso a las 8:00 am. Omissis…; por último solicito de la parte demandante acepten en concederme el plazo indicado anteriormente y expresamente manifiesto el compromiso de hacer entrega a la representante de la parte actora las llaves del apartamento objeto de la presente comisión.

En este estado, la parte actora, antes identificada expone: Pido al Tribunal que practique la medida de secuestro conforme a la comisión conferida y se designe a mi poderdante como depositario del mismo tal y como lo permite el Código de Procedimiento Civil e indicado expresamente en la Comisión. Ante la solicitud presentada, de desocupar voluntariamente el apartamento sobre el cual ha de recaer la práctica de la medida le concedemos el plazo por ella solicitado en el entendido que en la oportunidad por ella señalada debería entregar las llaves del apartamento y el apartamento en sí libre de bienes y personas al Depositario designado (…)

En este estado, el Tribunal Ejecutor de Medidas (…) visto lo expuesto por la parte actora y cumpliendo con la misión encomendada, administrando justicia (…) DECLARA SECUESTRADO PROVISIONALMENTE el inmueble (…) para su resguardo se designa como Depositario Judicial del mismo a la Apoderada Actora (…) en nombre del ciudadano Salvatore Fazio y quien recibe en este acto el inmueble objeto de la presente medida de secuestro en buenas condiciones de habitabilidad y conforme a lo solicitado por la actora se deja en posesión del mismo a la ciudadana Erica Malaver…”.

 

El 10 de marzo de 2006, la parte demandada contestó la demanda, negándola en todas sus partes, alegó el pago de las pensiones de arrendamiento reclamadas y opuso la perención de la instancia. 

El 5 de junio de 2006, el Juzgado Tercero del Municipio Carirubana de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, dictó sentencia declarando con lugar la demanda.

Dicha sentencia fue apelada por la parte demandada, correspondiendo el conocimiento al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, el cual el 18 de diciembre de 2006, en la oportunidad de dictar sentencia definitiva declaró con lugar la solicitud de perención de la instancia;  fallo éste denunciado en la presente solicitud de amparo como el acto supuestamente lesivo.

II

DE LA PRETENSIÓN DE AMPARO

 

Denunció el apoderado del accionante lo siguiente:

Violación a los derechos a la defensa y al debido proceso por parte del Juzgado denunciado como agraviante, el cual conociendo en alzada de la sentencia definitiva dictada por el juzgado de municipio, sin atender al convenimiento suscrito entre las partes, declaró la perención de la instancia.

Afirmó, que si se analiza la decisión contra la cual se recurre en amparo, salta al entendimiento que la misma omite toda consideración al referido convenimiento y en vez de corregir el error en que incurre el Juez de la primera instancia al no homologar el convenimiento, agrava la situación de su representado al declarar la perención de la instancia, que es contraria a la justicia expedita de la que habla el “artículo 257 del Código de Procedimiento Civil (sic)”.

Que la sentencia definitivamente firme, al igual que los actos de autocomposición procesal, ponen fin al conflicto de intereses existente entre las partes. Por ello, aplicando los artículos 263 y 363 del Código de Procedimiento Civil, el debido proceso indica que debió impartirse su homologación dándole el carácter de cosa juzgada y no decretar la perención que atenta contra la justicia responsable, expedita y sin dilaciones indebidas.

Por ello indica, que la apelación de la ciudadana Rica Josefina Maraver Carpio, no debió prosperar y menos si se basaba en el alegato de la perención, tras haberse convenido en la demanda.

Razones por las cuales solicitó se declare con lugar el presente amparo y se ordene la homologación del convenimiento suscrito por la demandada.

III

DEL FALLO APELADO

 

El 9 de marzo de 2007, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en la oportunidad de pronunciarse sobre la admisión de la presente solicitud de amparo, sentenció lo siguiente:

 

“…. Que se ejecutó un secuestro, aún cuando, bajo la forma que la extinta Sala de Casación de Civil de la Corte Suprema de Justicia denominó ‘secuestro simbólico’, porque la medida preventiva se ejecutó a petición de la parte interesada, dejando dentro del inmueble arrendado a la arrendataria.

2. En ningún momento del juicio, el querellante en amparo pidió la homologación del supuesto convenimiento que él alega haber celebrado con el tercero interesado y se conformó con la sentencia definitiva, que resolvió el fondo de la controversia y que le daba la razón y desestimaba la caducidad del procedimiento alegado por la demandada.
3. Que sólo la demandada apeló y el Juez de Alzada, hoy querellado le dio la razón, declarando la perención del procedimiento; Alzada ante la cual, según las actas acompañadas al presente proceso, se observa que únicamente presentó informes la demandada y no el demandante, haciendo valer ese supuesto convenimiento.
En tal sentido, este Tribunal concluye.

a) Que el amparo persigue la reparabilidad inmediata de una situación infringida, ante el quebrantamiento directo de una norma o garantía constitucional y no la subsanación o corrección de posibles errores de juzgamiento o de procedimiento por parte del Juez denunciado como agraviante, ya que tales denuncias son de orden legal, como, por ejemplo, pudiera haber sido el desconocimiento de un convenimiento entre las partes, que este Tribunal, no observa que ocurriera, pues, se trató de la ejecución de un secuestro simbólico, donde se dejó dentro de la cosa arrendada a la demandada y quien posteriormente, en la contestación de la demanda, negó todos los hechos.
b) Que el amparo contra sentencia, no tiene como finalidad, lograr una tercera instancia, mediante la cual, este Tribunal Superior, entre a revisar la conformidad a derecho y en los hechos la sentencia, que como Tribunal Superior dictó el Juez querellado, al declarar perimido el juicio principal y dejar sin efecto la sentencia dictada por la Juez del Juzgado Tercero del Municipio Carirubana del Estado Falcón, ya que, de permitirse, no sólo se convertiría el proceso de amparo en una tercera instancia, sino que tendría que entrar, quien suscribe a revisar, si en verdad se celebró un convenimiento entre las partes, en primera instancia (lo que haría el mismo irrecurrible, aún antes del debido homologamiento, que nunca se pidió), para entrar, luego a considerar no sólo los fundamentos de la perención de la instancia que se declaró con motivo de una apelación contra una sentencia normal y no contra un medio anormal de extinción del proceso (autocomposición procesal) y entrar a considerar, también, si el Juez querellado desconoció o no, tal acuerdo, porque al Juez de amparo le está vedado a entrar o conocer el asunto de fondo debatido en el juicio principal; y así se establece.

En tal sentido, quien suscribe considera que la demanda de amparo sometida a consideración de esta Alzada es improcedente in limine litis, en atención a los razonamientos anteriores; y así se declara.
En fuerza de la anterior motivación, este Tribunal Superior, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA:
UNICO: Improcedente in limine litis la demanda de amparo promovida ante este Tribunal por el abogado Pedro Luis Naveda Sánchez, en representación del ciudadano SALVATORE FAZIO, contra la sentencia de fecha 18 de diciembre de 2006, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de esta Circunscripción Judicial, mediante la cual declaró la perención del procedimiento incoado por el recurrente y la ciudadana ELEONORA PASSANISI de FAZIO, contra ERICA JOSEFINA MALAVER CARPIO, por desalojo arrendaticio.
…”.

 

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

En primer lugar, esta Sala pasa a pronunciarse acerca de su competencia para conocer del presente asunto y, al respecto, observa:

Conforme a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra (b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia esta Sala es competente para conocer las apelaciones de los fallos de los Tribunales Superiores que actuaron como primera instancia en los procesos de amparo ya que, según la norma invocada, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción constitucional, la tramitación de los recursos, como lo es la apelación, se rigen por las normativas especiales, como la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes de esta Sala.

De acuerdo a estas últimas interpretaciones y a lo pautado en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (artículo 35), es esta Sala, como Tribunal Superior de la primera instancia, cuando ésta corresponda a los Juzgados Superiores (salvo que se trate de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo) el Tribunal competente para conocer las apelaciones de los fallos, y así se declara.

No existe en esta materia, debido a lo expuesto, necesidad de dictar Reglamentos Especiales que regulen el funcionamiento y competencia de esta Sala en materia de amparo, ya que la Ley especial de amparo no ha sido derogada, y es esta Sala la competente para conocer las apelaciones de los fallos de primera instancia de amparo, conforme a la jurisprudencia vinculante emitida en fallo de 1º de febrero de 2000 (caso: José Amando Mejía).

En tal sentido, visto que la decisión recurrida fue proferida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, esta Sala resulta competente para conocer del presente asunto, y a tal efecto observa:

El Juzgado Superior que conoció en primera instancia del presente amparo, lo declaró improcedente in limine litis por considerar que, no le es dable al juez de amparo entrar a considerar si en verdad se celebró un convenimiento entre las partes en primera instancia, ya que de lo contrario se estaría convirtiendo en una tercera instancia, lo cual le está vedado.

A su vez el impugnante consideró, que ante la existencia de un acto de autocomposición procesal debía el juez denunciado como agraviante homologar el mismo, y no declarar la perención de la instancia.

Habiendo así quedado fijados los términos del amparo, debe esta Sala efectuar las consideraciones siguientes:

            En el presente caso, tomando en consideración el concepto de seguridad jurídica, resulta importante para esta Sala dilucidar, si efectivamente nos encontrábamos en presencia de la cosa juzgada  emanada de un acto de autocomposición procesal, pues en caso afirmativo, tocaría analizar si ésta (cosa juzgada) se sobrepone a la figura de la perención de la instancia.

Por ello, esta Sala entra a analizar el contenido del acta levantada por el juzgado ejecutor de medidas al momento de la práctica del secuestro sobre el inmueble objeto del juicio, de la cual supuestamente emanó el convenimiento efectuado por la parte demandada, no sin antes, dejar previamente establecido que para que una manifestación de voluntad pueda ser considerada un convenimiento, se requiere que el demandado se allane completamente a la pretensión de la parte actora, para que así, este acto al ser homologado por el juez de la causa, haga las veces de lo que el mismo hubiese sentenciado a favor de la parte actora.

A tal efecto, se observa:

Por un lado, la pretensión de la parte actora, según se evidencia de la copia certificada del libelo de la demanda que corre en autos, perseguía el desalojo del inmueble objeto de la relación arrendaticia y, el cobro de la cantidad de un millón novecientos veinte mil bolívares (Bs. 1.920.000,oo) que equivalía a doce mensualidades consecutivas adeudadas por la arrendataria.

Y por el otro, la declaración efectuada por la demandada al momento de la práctica de la medida de secuestro, vaciada en el acta levantada, consistió en darse expresamente por citada, y expuso su voluntad de entregar el apartamento totalmente desocupado para el día nueve (9) de marzo del 2006 a las 8:00 am. solicitando en ese acto a la actora, que le concediera el plazo indicado anteriormente con el compromiso de hacer entrega de las llaves del apartamento objeto de la presente comisión. Acto seguido, llegadas las actuaciones al tribunal de la causa, la parte demandada contestó la demanda, negando y rechazándola en todas sus partes, y alegando la perención de la instancia.

Ahora bien, confrontadas como fueron la pretensión de la parte actora y la declaración de la demandada al momento de la práctica de la medida de secuestro, no existe a juicio de esta Sala, el convenimiento hecho valer por la parte actora, puesto que la declaración de la parte demandada y el compromiso adquirido en el acta levantada el 7 de marzo de 2006, respondía única y exclusivamente a la entrega del inmueble con motivo de la práctica de la medida de secuestro y no al reconocimiento de la procedencia de la acción intentada. Tan es así, que en ese mismo acto, se declaró practicado el secuestro y se designó depositario judicial, remitiéndose las actuaciones al tribunal de la causa, donde la parte demandada procedió a contestar la demanda, negándola y rechazándola en todas y cada una de sus partes. Y, vencido el lapso probatorio, el tribunal a quo procedió a dictar sentencia declarando con lugar la demanda. 

De lo anterior, se puede concluir que en el presente caso no se trató de instaurar una tercera instancia, como lo afirmó el a quo, sino que como consta de las actas que conforman el presente expediente, no existió como erróneamente lo afirmó la accionante en amparo, un acto de autocomposicion procesal que puso fin al juicio, por lo que tampoco resulta cierto que se desconoció la cosa juzgada, lo cual a juicio de esta Sala era del conocimiento de la parte actora, puesto que el mismo no se hizo valer durante la prosecución del juicio, el cual finalizó por sentencia definitiva.

A juicio de esta Sala, no es posible que en un juicio se haga valer una cosa juzgada emanada de un supuesto convenimiento no homologado y, peor aún, que existan dos actos que resuelvan la controversia de una manera distinta, uno de ellos por el supuesto convenimiento pendiente de ser homologado y el otro, por lo resuelto en la sentencia definitiva dictada.

De manera que al no existir el convenimiento alegado por la parte actora, no hay de parte del juzgado denunciado como agraviante la actuación denunciada como violatoria de las garantías constitucionales, en razón de lo cual, se confirma la declaratoria de improcedente in limine litis de la presente solicitud de amparo pero con distinta motivación. Así se decide.

 

 

 

V

DECISIÓN

 

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado Pedro Naveda como apoderado judicial del ciudadano SALVATORE FAZIO contra la decisión dictada el 9 de marzo de 2007, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón.

 

En consecuencia, se confirma -en los términos expuestos- la declaratoria de improcedencia in limine litis de la solicitud de amparo interpuesta  por el ciudadano SALVATORE FAZIO, contra la decisión dictada el 18 de diciembre de 2006, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil,  Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial  del Estado Falcón.

 

Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

 Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a               los 22 días del mes de junio de dos mil siete. Años: 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

 

La Presidenta de la Sala,

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

 

El Vicepresidente-Ponente,

 

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

 

 

 

                                                        Francisco Carrasquero López

 

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

 

 

 

                                                          Carmen Zuleta de Merchán

 

 

Arcadio Delgado Rosales

 

El Secretario,

 

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

Exp. 07-0492

JECR

 

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