Sentencia N.º 1170
- Sentencia
- N.º 1170
- Fecha
- 15/06/2004
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 03-2845
- Ponente
- Pedro Rafael Rondón Haaz
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Consta en autos que, el 12 de septiembre de 2003, el abogado RAFAEL ALBERTO LATORRE CÁCERES, con inscripción en el Inpreabogado bajo el nº 32.028, mediante la supuesta representación judicial del ciudadano MANUEL MARIA CAPON LINARES, titular de la cédula de identidad nº 2.098.637, según consta en instrumento poder que le sustituyó la ciudadana Divina Pastora Peña García, titular de la cédula de identidad nº E- 513.705, intentó, por ante el Juzgado Superior Noveno (Distribuidor) en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, demanda de amparo constitucional contra la decisión que dictó, el 06 de junio de 2003, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, para cuya fundamentación denunció la violación de los derechos a una tutela jurisdiccional efectiva, a la defensa y al debido proceso que acogieron los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El 21 de octubre de 2003, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas juzgó sobre la pretensión de amparo que se interpuso y la declaró inadmisible.
El 27 de octubre de 2003, el referido juzgado ordenó la remisión del presente expediente, en consulta, a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Luego de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 31 de octubre de 2003 y se designó ponente al Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz.
I
DE LA CAUSA
1. El 23 de septiembre de 2003, el juzgado de la causa admitió la demanda de amparo, suspendió los efectos de la decisión que se impugnó y acordó la práctica de las notificaciones correspondientes.
2. El 10 de octubre de 2003, se fijó la celebración de la audiencia pública correspondiente para el 14 de octubre de 2003 a las 12:00 m., oportunidad cuando se efectuó con la presencia de la parte supuestamente agraviante y de los terceros interesados, Asociación Civil Edificio Fonte D Amore.
3. El mismo día, la representación del Ministerio Público consignó escrito continente de la opinión fiscal.
4. El 16 de octubre de 2003, el juzgado de la causa dictó el dispositivo del fallo, por cuyo intermedio se declaró inadmisible la demanda de amparo que se interpuso.
5. El 21 de octubre de 2003, se publicó el texto íntegro de la sentencia cuya consulta se elevó.
II
DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA
1. Alegó:
1.1 Que, el 05 de noviembre de 2001, el Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas admitió demanda que, por desalojo, intentó la Asociación Civil Fonte DAmore contra el quejoso.
1.2 Que, el 02 de abril de 2002, se designó a la abogada Rosa Federico del Negro, con inscripción en el Inpreabogado bajo el nº 26.408, como defensora ad-litem del ciudadano Manuel María Capon Linares.
1.3 Que, no obstante la anterior designación, el abogada Rafael Alberto Latorre Cáceres dio contestación a la demanda. Asimismo, consignó copias debidamente certificadas del expediente 003-99 del juzgado 19º de Municipio donde la misma actora demandó a (su) representado, donde consta el poder que (le) atribuye la representación, donde aleg(ó) el forjamiento del documento fundamental de la acción, el contrato de arrendamiento, en cuyo anverso consta que se efectuó la supuesta cesión del contrato, dos años después de fallecida la cedente, lo que motivó que denuncia(ra) ese hecho punible ante la fiscalía produciendo como en efecto que la temeraria actora desistiera del procedimiento, sin embargo y muy a pesar de estar involucrado tan grave ilícito penal, los osados apoderados de la actora arremetieron nuevamente contra (su) representado a sabiendas que el mismo estaba solvente en el pago de sus alquileres efectuados a través de su esposa, (su) sustituyente, sino que además que el mismo está domiciliado desde hace más de quince años en España y que su citación debió practicarse conforme lo dispone el artículo 224 del Código de Procedimiento Civil. (sic).
1.4 Que, el 23 de septiembre de 2003, el referido juzgado emitió pronunciamiento respecto a la procedencia de la impugnación del poder que hiciera la parte actora en el juicio originario, así como declaró la procedencia de la pretensión de desalojo.
1.5 Que, tempestivamente, ejerció recurso ordinario de apelación contra la anterior sentencia, razón por la cual, el 06 de junio de 2003, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas dictó sentencia por cuyo intermedio declaró la improcedencia de la apelación, decisión ésta que calificó de lesiva.
1.6 Que el acto judicial supuestamente lesivo se dictó fuera de lapso legal, razón por la que se procedió a la publicación del cartel a que hace referencia el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, no obstante que debió notificársele en el domicilio procesal que indicó en autos o, en su defecto, en el domicilio que indicó la defensora ad-litem, situación esta que calificó lesiva a la garantía constitucional del debido proceso.
1.7 Que el juzgado de alzada en la causa originaria, como punto previo del fallo supuestamente lesivo, confirmó el fundamento que originó la carencia de capacidad de postulación, razón por la cual alegó la vulneración de su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva así como por la falta de consideración de los medios de defensa que arguyó, ante la ausencia de pronunciamiento respecto al fondo de lo que había sido debatido.
2. Denunció:
2.1 La violación de los derechos de tutela jurisdiccional efectiva, defensa y debido proceso que establecen los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
3. Solicitó:
3.1 Se decrete amparo constitucional a favor de su representado y, en consecuencia, se dicte un pronunciamiento definitivo que resuelva el fondo del asunto que se planteó.
3.2 Protección cautelar para impedir un daño irreparable o de difícil reparación, ya que (su) poderdante (sustituyente) quien vive en el inmueble objeto de la demanda junto con el hijo del demandado,(...) es persona con graves problemas cardíacos.
III
DE LA COMPETENCIA DE LA SALA
Por cuanto, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala declaró su competencia para el conocimiento de las apelaciones y consultas respecto de las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo el caso de las que pronuncien los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Y por cuanto, en el caso de autos, la consulta fue elevada respecto del fallo que dictó el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en materia de amparo constitucional, esta Sala se declara competente para la decisión de la consulta en referencia. Así se decide.
IV
DE LA SENTENCIA OBJETO DE CONSULTA
Los sentenciadores del fallo objeto de consulta decidió sobre la demanda de amparo en los términos siguientes:
En el caso sub-litis, considera este Tribunal Constitucional que no hubo violación a la garantía de este principio (debido proceso), ya que la parte accionante aquí y demandada en el juicio principal tuvo la oportunidad de acudir a las vías ordinarias en defensa de sus intereses particulares, las cuales se encuentran preestablecidas en la Ley Procesal Civil, con lo cual se le garantizó el derecho a la defensa.
No obstante, dentro del proceso de Desalojo instaurado tanto en el Juzgado de Municipio y el Tribunal de Instancia se presentó una situación inverosímil en cuanto a la representación ya analizada por ambos Órganos Jurisdiccionales. Sin embargo, el demandado en ese juicio de desalojo en vez de optar por subsanar la presunta falta de representación declarada por el Juzgado Quinto de Municipio mediante decisión del 23 de septiembre, recurrió de la misma ante el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, utilizando con ello las vías ordinarias preexistentes en la Ley Procesal.
De manera que habiendo agotado las vías ordinarias, no podría concluirse que hubo violación al derecho a la defensa; máxime si el mismo consintió expresamente como lo prevé el artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
(...)
En relación a la no consignación de las copias certificadas lo cual fue denunciado por el tercero interesado en la Audiencia Constitucional, este Órgano Jurisdiccional considera que por tratarse de una materia especial y siendo que las mismas fueron consignadas después de la audiencia, se valoran conforme al artículo 1.384 del Código Civil. Sin embargo tales certificaciones no inciden para que prospere la presente acción.
De ahí, que habiendo el accionante utilizado los mecanismos procesales ordinarios que garantizaran el derecho a la defensa del accionante en amparo, deberá inadmitirse la acción de amparo incoada de conformidad con el artículo 6.5 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En consecuencia, no derivándose de autos las violaciones denunciadas, la acción incoada deberá declararse sin lugar, exonerándose de costas al quejoso, por no tratarse de una solicitud temeraria y por cuanto se observó fundado temor de parte del querellante.
En lo que respecta a la medida cautelar innominada decretada por este Órgano Jurisdiccional, el 23 de septiembre de 2003, la misma se suspende hasta tanto quede definitivamente firme el presente fallo.
V
MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN
En cuanto a la decisión sobre la consulta, esta Sala observa:
La Sala reitera el criterio que estableció en fallo del 01 de febrero de 2000, caso: José Amando Mejías, según el cual:
Los amparos contra sentencias se intentarán con copia certificada del fallo objeto de la acción, a menos que por la urgencia no pueda obtenerse a tiempo la copia certificada, caso en el cual se admitirán las copias previstas en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil, no obstante en la audiencia oral deberá presentarse copia auténtica de la sentencia.
La Sala no comparte el criterio del a quo según el cual puede admitirse la consignación de la copia certificada de la actuación judicial que se señale como lesiva, aún después de la celebración de la audiencia pública correspondiente, por cuanto es contrario a los principios que informan el procedimiento ad hoc por cuyo intermedio se tramita la demanda de amparo constitucional, de conformidad con la doctrina que está contenida en el fallo que fue citado supra. Así se declara. En consecuencia, la Sala revoca la decisión objeto de consulta y pasa a pronunciarse respecto a la pretensión de amparo que impulsó esta causa, del siguiente modo:
En cuanto al amparo, la Sala observa que la ciudadana Divina Pastora Pena García, quien no es abogada, pretendió la sustitución del poder que le confirió el ciudadano Manuel María Capón Linares. En este sentido, interpuso, con asistencia de un profesional del Derecho, la demanda en representación de aquél, quien figuraba como arrendatario en la causa de desalojo del juicio originario.
Ahora bien, la Sala se ha pronunciado en casos como el de autos, en los que la persona que incoa la demanda, en nombre y representación de otro, no es abogado en ejercicio, aún cuando pretenda subsanar su actuación con asistencia de profesional de la abogacía.
En efecto, la asistencia y la representación en juicio es función exclusiva de los abogados, de acuerdo con lo que preceptúan los artículos 166 del Código de Procedimiento Civil y 3 de la Ley de Abogados, y conforme lo ha establecido esta Sala en sentencia nº 742 del 19 de julio de 2000, (caso: Rubén Darío Guerra), en la que se señaló:
De un análisis de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se colige que la acción de amparo la puede interponer cualquier persona natural o jurídica, sin que el artículo 13 de dicha Ley menoscabe con formalidades la interposición de la acción. Ella, puede ser incoada por escrito o verbalmente, y entre los requisitos de la acción que exige el artículo 18 eiusdem no se encuentra si la acción se interpone personalmente- el que el actor esté representado o asistido por abogado.
(...)
Ahora bien, si el amparo va a interponerse mediante apoderado, éste si deberá ser un abogado en ejercicio, ya que se trata de comparecer por otro en juicio, lo que es función exclusiva de los abogados, de acuerdo al artículo 3 de la Ley de Abogados.
En este orden de ideas, debe concluirse que, para el ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio, lo cual no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del Derecho, salvo que la persona actúe en el ejercicio de sus propios derechos e intereses. De tal forma que, cuando una persona, sin que sea abogado, pretenda ejercer poderes judiciales, incurre en una manifiesta falta de representación, en cuanto carece de esa especial capacidad de postulación que detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de su profesión, conforme a lo que establece la Ley de Abogados.
En el caso de autos, la ciudadana Divina Pastora Pena García, quien no es abogada, pretendió la sustitución de un poder en la persona de un profesional del Derecho, cuando confirió la facultad de representación judicial de otro, la cual nunca pudo detentar, lo que, como se explicó anteriormente, es inadmisible en derecho.
De otra parte, en el escrito continente de la demanda no se observa que la ciudadana que se mencionó invocara, por vía principal o por intervención de terceros, la protección de legítimos derechos e intereses de su persona, razón por la cual no pudo tramitarse, ni por ende, lesionarse, garantía de tutela jurisdiccional alguna en su ámbito subjetivo.
Así las cosas, la Sala considera que la demanda de amparo, resultaba improponible. Así se declara.
En otro orden de ideas, la Sala deja sentado que, como consecuencia de la anterior afirmación, resultaría inoficiosa la emisión de pronunciamiento respecto a la admisibilidad de la demanda o a las infracciones constitucionales que fueron denunciadas.
VI
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia objeto de consulta que dictó, el 21 de octubre de 2002, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y declara que NO HA LUGAR EN DERECHO a la demanda de amparo que interpuso el abogado RAFAEL ALBERTO LATORRE CÁCERES contra la decisión que dictó, el 06 de junio de 2003, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma circunscripción judicial.
Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 15 días del mes de junio de dos mil cuatro. Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.
El Presidente,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA
Magistrado
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Magistrado-Ponente
El Secretario,
PRRH.sn.ar.
Exp. 03-2845
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