Venley

Sentencia N.º 1173

Sentencia
N.º 1173
Fecha
29/06/2001
Sala
Constitucional
Expediente
01-0522
Ponente
José M. Delgado Ocando
Procedimiento
Acción de Amparo


SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: JOSÉ M. DELGADO OCANDO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Mediante oficio nº 346 de fecha 12 de marzo de 2001, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, remitió en consulta a esta Sala Constitucional, el expediente nº 1Aa 405, contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Felipe Antonio Barráez López, asistido por el abogado Miguel Ernesto Rondón Salas, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 56.367, a favor de su hermano MOISÉS ARIOR LÓPEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad número 3.830.581. Ello, contra la decisión del Juzgado Primero de Control del mismo Circuito Judicial, que en fecha 15 de diciembre del año 2000, condenó al identificado ciudadano, mediante el procedimiento por admisión de los hechos, a cumplir la pena de diez (10) años de prisión por la comisión del delito de transporte de estupefacientes, tipificado en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Se fundamenta la acción propuesta en la presunta violación del derecho constitucional a la defensa y la garantía del debido proceso, consagrados en el artículo 49, numeral 1, de la Constitución vigente, así como en la presunta violación del artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Tal remisión se efectuó en virtud de haberlo ordenado la referida Corte de Apelaciones, el 12 de marzo de 2001, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

El 19 del mismo mes y año, se dio cuenta en Sala del presente expediente, así como de sus anexos y se designó ponente al Magistrado JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Cumplida la tramitación legal del expediente, pasa la Sala a decidir, previas las siguientes consideraciones:

 

I

ANTECEDENTES DEL CASO

 

1.- El Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, el 15 de diciembre de 2000, dictó decisión mediante la cual condenó, a través del procedimiento por admisión de los hechos, al ciudadano Moisés Arior López, a la pena de diez (10) años de prisión por la comisión del delito de transporte de sustancias estupefacientes, tipificado en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

 

2.- Con ocasión de la mencionada decisión, el hermano del procesado, ciudadano Felipe Antonio Barráez López, debidamente asistido, interpuso acción de amparo constitucional ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, por la presunta violación de los derechos y garantías constitucionales a la defensa y al debido proceso, consagrados en el artículo 49, numeral 1, de la Constitución vigente, así como la indebida aplicación del artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

            3.- En fecha 7 de febrero del año 2001, fue admitida la acción propuesta y notificadas las partes, luego de lo cual, se fijó la audiencia constitucional.

 

            4.- El 3 de marzo del año 2001, el Juez titular del Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, accionado, presentó el informe a que se contrae el artículo 23 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En dicho informe, al referirse a la violación constitucional atribuida, refirió que:

 

 “[...] en todo proceso se busca el triunfo de la justicia, la que se otorga mediante la colaboración del profesional del derecho que interviene en el proceso con el operario de justicia, obrando con rectitud de conciencia, para lograr una eficaz administración de justicia.

Vemos que cuando el Código Orgánico Procesal Penal, faculta al defensor del imputado o acusado, para que intervenga, no hace otra cosa, sino autorizarlo para que ponga sus conocimientos, técnica y prudencia, al servicio tanto de su defendido como de la justicia, y por ende, se le faculta en el artículo 376 ejusdem, para que solicite si su patrocinado admite los hechos y  si no solicita la imposición inmediata de la pena, pedirle al Juez, que le imponga al acusado la pena más favorable, en otras palabras, lo que se hace en la audiencia preliminar, donde se admiten los hechos, es negociar la pena”.

 

Concluyó solicitando que fuese declarado sin lugar el recurso de amparo propuesto, al considerar que, en forma alguna, existía la violación de los derechos y garantías constitucionales invocados por el quejoso.

 

5.- El día 7 de marzo del  mismo año, siendo el día y la hora fijados para la celebración de la audiencia oral y pública, el tribunal dejó constancia de la comparecencia de las partes, quienes hicieron sus respectivos alegatos con ejercicio del derecho a réplica y a contraréplica. Concluida la audiencia, el Juez Presidente de la Corte de Apelaciones señaló: “[...] que la sentencia se producirá en el lapso (24) horas”.

 

6.- El 8 de marzo del año 2001, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, dictó sentencia mediante la cual declaró sin lugar la pretensión de tutela constitucional interpuesta.

 

7.- Ordenada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, la consulta de la sentencia dictada el 8 de marzo de 2001, por oficio nº 346 de fecha 12 de ese mismo mes y año, fue remitido el expediente de la causa a esta Sala Constitucional.

 

II

ALEGATOS DE LA PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA

 

 

El hermano del ciudadano Moisés Arior López, debidamente asistido, con apoyo en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, propuso la acción de amparo constitucional, sobre la base de las siguientes argumentaciones:

1. Que el día 15 de diciembre del año 2000, se llevó a cabo, ante el Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, extensión Guasdualito, la Audiencia Preliminar en el proceso instruido a los ciudadanos Moisés Arior López y Ramiro Sánchez Martínez, quienes fueron acusados por el Ministerio Fiscal, por la comisión del delito de transporte de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, tipificado en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

 

2. Refirió que el ciudadano Moisés Arior López, durante la celebración de la audiencia preliminar realizó únicamente dos intervenciones “[...] la primera, cuando rindió declaración, siendo interrogado por el Tribunal y por el Fiscal del Ministerio Público, y, al término manifestó textualmente ‘ADMITO LOS HECHOS...’, la segunda, cuando se le hizo comparecer nuevamente, después de la declaración del coimputado RAMIRO SÁNCHEZ MARTÍNEZ y fue preguntado por el Tribunal acerca del motivo por el cual no había declarado al principio”.

 

3. Agregó que, inmediatamente después que Moisés Arior López hizo su segunda y última intervención en la audiencia preliminar, se le concedió la palabra a la defensa, representada por el abogado Evelio Chacón, quien expuso “[...] como mis defendidos están en situaciones diferentes, con respecto a Moisés Arior López, YA QUE HA HECHO UNA ADMISIÓN DE LOS HECHOS, visto esto, SOLICITO SE LE APLIQUE EL PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 376 DEL COPP [...]” (Subrayado del recurrente).

 

4. Alegó también que, luego de la intervención del Ministerio Público, la defensa intervino nuevamente con el objeto de dar lectura a su escrito de pruebas y ocurrido esto “[...] el Tribunal de Control, sin que se hubieran verificado más intervenciones de ninguna de las partes, pasó a pronunciar su decisión”, de la cual resultó la condenatoria a diez (10) años de prisión para el ciudadano Moisés Arior López (Subrayado del accionante).

 

5. Señaló que, a tenor de lo dispuesto por el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, se evidencia, sin dudas que “[...] ES EL IMPUTADO Y SÓLO ÉL, quien puede solicitar la imposición de la pena UNA VEZ ADMITIDOS LOS HECHOS”. Igualmente aduce que “[...] jamás podría colegirse, de la exégesis de la disposición de dicho artículo, que pueda el defensor pedir por su defendido la imposición de la pena luego de haber admitido  éste los hechos. Si ello fuera así, el legislador expresamente lo hubiera establecido, y, al no haberlo hecho, resulta claro entonces que es sólo el imputado quien tiene la potestad de pedir la imposición de la pena” (Subrayado del accionante). 

 

6. Denunció la violación de los derechos y garantías constitucionales a la defensa y al debido proceso, consagrados en el artículo 49, numeral 1, de la Constitución vigente, así como la inobservancia del artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal. En su concepto, la sentencia dictada por el Juez Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure debe ser declarada nula, así como todo lo actuado en la audiencia preliminar.

 

7. Finalizó el accionante solicitando la reposición de la causa al estado en que se celebre nueva audiencia preliminar, ya que se produjo una sentencia inconstitucional y, por ende, carente de efectos jurídicos.

 

III

DE LA DECISION CONSULTADA

 

Dispuso la decisión de fecha 15 de diciembre de 2000, emanada de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, una vez realizado el estudio pormenorizado de las actuaciones procesales y de la sentencia adversada en amparo, lo siguiente:

 

“[...] al aplicar el procedimiento por admisión, el cual está previsto en el artículo 376 de la citada norma adjetiva, el Juez está obligado a dictar sentencia, una vez admitidos los hechos objeto del proceso. Es así como se constituye la excepción, ya que la regla general es que la sentencia debe ser producto de un juicio oral y público llevado a cabo en la segunda fase del proceso por un Tribunal de Juicio. Este es el único caso en que el Juez de Control asume la función de Juez Sentenciador, no de juicio, ya que actúa sólo como de Control”.

 

Con respecto a lo alegado por el accionante, en el sentido de que sólo el imputado puede solicitar la imposición de la pena, dijo:

 

“Toda persona que acude a instancias judiciales, se presume representado por un abogado asistente o apoderado, se presume que ha facultado a dicho profesional para que asuma su defensa y lo represente legalmente, delega en el abogado todos sus derechos para que los ejerza en beneficio del representado. En materia penal, la figura del defensor y su función no está limitada y sólo debe actuar conforme a las disposiciones de las normas de la ética, la moral y la ley de ejercicio de la abogacía y del Código de Procedimiento Civil en cuanto a probidad, lealtad y ajustado a los principios de justicia y de la verdad.

Si la hipótesis planteada por el quejoso fuera cierta, nos encontraríamos con la circunstancia que por el hecho de que el imputado que ha admitido los hechos, sin embargo no solicita, de acuerdo con su facultad de pedirlo, la rebaja de la pena, el Juez de Control se encontraría impedido de dar cumplimiento a su deber de imponer la pena, lo que representaría una traba para el lapso y el fin de la justicia. Admite que ha cometido delito, pero quedaría impune.

No puede pensarse que la imposición de la pena quede condicionada a la voluntad del particular infractor, porque de ser así el poder de castigar que tiene el Estado en forma legítima, se pierde; no puede aceptarse interpretaciones casuísticas, como lo pretende el accionante, para lograr mediante ellas abreviar la finalidad del proceso y de la justicia”.

 

 

            Continuó la Corte de Apelaciones en su sentencia y expresó que la defensa del imputado Moisés Arior López, solicitó la imposición inmediata de la pena, argumentado en su favor que éste no poseía antecedentes penales y pidió la aplicación de una atenuante genérica. Tales exigencias fueron consideradas por el Tribunal y acordada la rebaja de la pena, no por la atenuante de la buena conducta predelictual sino por mandato del artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal. Concluyó que el derecho a la defensa fue debidamente ejercido, y por ende, no se vulneró la garantía del debido proceso.

 

IV

DE LA COMPETENCIA

 

 

Siendo la competencia el primer aspecto a dilucidarse, acerca de un asunto sometido al conocimiento de esta Sala, se observa:

 

En lo que respecta a la acción de amparo constitucional contra decisiones judiciales, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece que ésta debe ser interpuesta ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento. En el presente caso, la acción de amparo fue planteada contra una decisión emanada de un Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, por lo que resultaba en efecto competente un Tribunal Superior en lo Penal de la misma Circunscripción Judicial, es decir, las denominadas Cortes de Apelaciones en lo Penal.

 

En decisión de fecha 20 de enero de 2000, (caso: Emery Mata Millán vs. Ministro y Vice-Ministro del Interior y Justicia), fue precisada la competencia de esta Sala Constitucional, por lo que es forzoso reiterar el contenido de dicho pronunciamiento, según el cual, a ella le corresponde el conocimiento de las acciones de amparo emanadas de las Cortes de Apelaciones en lo Penal, antes Tribunales Superiores Penales, cuando ellas conozcan de la acción de amparo en primera instancia.

 

Por tanto, ciertamente corresponde el conocimiento de la consulta y, en consecuencia, de la específica actuación jurisdiccional, dictada por una Corte de Apelaciones en lo Penal, a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.

 

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

 

Dilucidado el aspecto de la competencia procesal, entra esta Sala a conocer del presente caso y, a tal efecto, observa:

 

La acción de amparo constitucional planteada no escapa a la verificación de los requisitos de admisibilidad que establece el ordenamiento jurídico aplicable. Así, debe precisarse que la sentencia accionada emanó de un Juzgado de Primera Instancia en función de Control, el cual condenó al imputado Moisés Arior López a la pena de diez (10) años de prisión por la comisión del delito de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Ahora bien, todas las decisiones emanadas de los juzgados de primera instancia en lo penal, bien sean condenatorias, absolutorias o de sobreseimiento están sujetas, dentro del ordenamiento jurídico procesal, al recurso de apelación, con lo cual se preserva el principio de la doble instancia judicial, salvo que el recurrente opte por la acción de amparo dentro del lapso para el ejercicio de la apelación o que para las apelaciones oídas en un solo efecto, intente la acción conjuntamente con la apelación, en cuyo caso el amparo sería cautelar.

 

No obstante, frente a las sentencias condenatorias dictadas en aplicación del procedimiento por admisión de los hechos, opera una excepción en relación con los recursos, toda vez que tales decisiones no son apelables por el imputado. Ello es así porque no puede ser apelada una sentencia de condena que así fue solicitada por el propio acusado, por elemental aplicación del principio procesal, que expresa que no puede apelar la parte a quien le ha sido concedido todo, consagrado de modo preciso en el artículo 279 del Código de Procedimiento Civil; principio éste concebido en el marco de la teoría general de los recursos, en sentido cónsono con el principio señalado en el artículo 429 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual prevé que las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que les sean desfavorables. Así, es el imputado quien solicita, en la audiencia preliminar, la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos, ello comporta que sea el propio imputado o su defensor quienes pidan al Juez que lo condene con disminución de la pena, atendidas todas las circunstancias. Lo único que podría estar sujeto al recurso de apelación es el capítulo de la sentencia correspondiente a la penalidad –lo que incluye las circunstancias agravantes-, ya que es desconocida por el imputado.

 

Precisado lo anterior, no habiéndose tratado para el momento de la interposición del amparo, de una evidente situación irreparable, ni observándose otra circunstancia que, conforme a lo previsto en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, hubiese motivado el rechazo prima facie de la misma, resultaba ciertamente admisible la acción propuesta. Asimismo, la Sala encuentra satisfechos los extremos a que se contrae el artículo 18 eiusdem, relativos al contenido de la solicitud de amparo. Así se declara.

 

Por otra parte, tratándose el presente caso de un amparo contra decisión judicial, debe tenerse en cuenta que el artículo 4 de la Ley Orgánica in commento, preceptúa que “[...] procede la acción de Amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional”. La doctrina especializada en la materia viene planteando que la palabra “competencia” - como un requisito indicado en el transcrito artículo 4 - no tiene el sentido procesal estricto, por cuanto no se refiere sólo a la incompetencia por la materia, cuantía o territorio, sino también a los conceptos de abuso de poder o usurpación o extralimitación de funciones, y, en consecuencia, opera cuando esa actuación lesione o vulnere derechos o garantías constitucionales.

 

En efecto, el juez, aun actuando dentro de su competencia, “[...] entendida ésta en el sentido procesal estricto, puede hacer uso indebido de las facultades que le están atribuidas para fines totalmente distintos al que se le confirió o actuar haciendo uso indebido de ese poder, independientemente del fin logrado, al dictar una resolución o sentencia que lesione un derecho constitucional” (Vid. sentencia Nº 370 de la Sala Político–Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia, de fecha 12 de diciembre de 1989, caso El Crack C.A.).

 

Ahora bien, la presente acción de amparo fue interpuesta contra la decisión dictada por el Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, en fecha 15 de diciembre de 2000, que condenó, mediante el procedimiento por admisión de los hechos, al imputado Moisés Arior López a la pena de diez (10) años de prisión por la comisión del delito de transporte de estupefacientes, tipificado en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

 

El actor le imputa a la decisión dictada por el ut supra citado Juzgado de Control, la violación de los derechos y garantías constitucionales a la defensa y al debido proceso, consagrados en el artículo 49, numeral 1, de la Constitución vigente, específicamente, por haber condenado al imputado sin que éste expresamente lo pidiere, aun cuando después de admitidos los hechos, así lo solicitó la defensa.

 

Ahora bien, la Sala observa que el Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure dictó, en este caso, una decisión ajustada a su actuar como tribunal de primera instancia. En uso de su potestad jurisdiccional de juzgar impuso al procesado la sanción correspondiente por la comisión del delito de transporte de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, tipificado en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, una vez que el citado sub júdice admitiera los hechos objeto del proceso, imputados en la acusación fiscal; todo ello en aplicación del artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, el sentenciador, previo análisis y ponderación de los elementos probatorios aportados al caso, consideró improcedente lo solicitado por la defensa, es decir, no rebajó la pena en aplicación de la atenuante genérica prevista en el artículo 74, ordinal 4º del Código Penal, al constatar en el expediente que el imputado presentó antecedentes penales, lo cual no evidenciaba buena conducta predelictual y, en consecuencia, sólo rebajó la pena por mandato del citado artículo 376. A tal efecto, concluyó en su sentencia:

 

“[...] Cumplidas las formalidades de ley, oídas las exposiciones de las partes, el tribunal pasa a considerar lo siguiente: PRIMERO: Impone la pena al ciudadano MOISÉS ARIOR LÓPEZ, de conformidad con el artículo 376 del COPP, de la manera siguiente: El artículo 34 de la LOSEP prevé una pena de 10 a 20 años, en concordancia con el artículo 37 del Código Penal, imponiendo la rebaja del término medio, resultaría una pena de 15 años, y aplicando lo que establece el artículo 376 del COPP, analizando que no existe conducta predelictual (sic), que la droga no llegó a su destino final, que es un delito de iesa (sic) humanidad, considera este Tribunal no tomar en cuenta lo alegado con respecto a la atenuante, quedaría una pena de DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN”.

 

En consecuencia de lo anterior, el Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, ajustó su actuación sólo a lo dispuesto por el referido artículo 376 del Código Adjetivo Penal, que prevé:

 

“Artículo 376. Solicitud. En la audiencia preliminar, o en el caso de flagrancia una vez formulada la acusación y antes del debate, el imputado, admitidos los hechos objeto del proceso, podrá solicitar al tribunal la imposición inmediata de la pena. En estos casos, deberá el juez rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado. Sin embargo, si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas, y en los casos de delitos contra el patrimonio público o previstos en la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo, el juez sólo podrá rebajar la pena aplicable hasta un tercio.

En los supuestos a que se refiere el párrafo anterior, la sentencia dictada por el juez no podrá imponer una pena inferior al límite mínimo de aquella que establece la ley para el delito correspondiente”.


La primera instancia aplicó en la causa, el dispositivo contenido en la citada norma, con lo cual garantizó el debido proceso al imputado Moisés Arior López, pues la sentencia condenatoria devino por la aplicación del procedimiento relativo a la admisión de los hechos; esto es, un efectivo juzgamiento con aplicación de los principios de oralidad, inmediación, concentración y publicidad, cuya implicación es fundamental en la efectividad del derecho a la defensa.

 

Por principio de Justicia Constitucional, los jueces penales están sometidos, entre otras, a las reglas materiales y procesales sobre inicio, continuación y terminación del proceso penal (actos conclusivos), libertad y seguridad personales, detención preventiva, declaraciones de inculpados, asistencia de letrado, información de la acusación, derecho de no declaración contra sí mismo y a no confesarse culpable, y la interpretación que realicen de las normas que son de su competencia, en este caso, las que regulan el proceso penal, deben ser compatibles con los derechos fundamentales proclamados por la Constitución.

 

La tutela directa de los derechos fundamentales, a través de la protección del amparo constitucional, ha de utilizar necesariamente, como parámetro normativo de la vulneración de los derechos que se denuncian, el texto constitucional, y sólo se reconocerán como violados en razón de su contenido constitucionalmente declarado. Si con ocasión de esta labor, se aprecia que el juez al aplicar un determinado texto legal, bien sea de orden sustantivo o adjetivo, no contradice la Carta Magna, no se configura infracción alguna de derechos o garantías constitucionales.

 

Pretende el accionante lograr con el amparo una reposición inútil a los efectos del proceso, cuando a todas luces se observa que existe facultad jurisdiccional otorgada al juez penal en primera instancia, para condenar al imputado en la audiencia preliminar cuando éste hubiese admitido los hechos objeto de la imputación fiscal, si el caso sometido a su consideración lo amerita u ordenar la continuación del proceso para ir a juicio, pronunciamiento que depende de la ponderación, por parte del juez, de las circunstancias bajo las cuales ocurrió el hecho punible investigado así como del escrito de acusación fiscal; no como el accionante quiere hacerlo ver en su escrito, al argumentar que el Juez actuó fuera de los límites de su competencia, con abuso de poder y con extralimitación de funciones.

 

Aceptar lo contrario implicaría interferencia de la justicia y subversión de orden procesal establecido por el legislador, máxime cuando el juzgador, en forma motivada expresó las razones de hecho y de derecho de su decisión, garantizando con ello la continuación del juicio, en consonancia con, las pretensiones tanto del Ministerio Público como de la víctima, las que el propio Juez acogió dentro del proceso penal. Ciertamente, los derechos a la defensa, así como la garantía del debido proceso consagrados en el Texto Fundamental, permanecieron incólumes durante la fase preliminar del proceso penal, al ser recibida, tramitada y proveída de decisión, la Admisión de los hechos por el imputado en la audiencia preliminar, una vez que admitió los hechos, por lo que respecta a la sentencia condenatoria con la debida rebaja de la pena en  un tercio.

 

Ello motiva a la Sala a confirmar la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, mediante la cual declaró sin lugar la presente acción de amparo, por cuanto su fundamentación escapa de los requisitos esenciales que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, exige para la procedencia del amparo contra decisiones judiciales, al no presentar el fallo cuestionado, en forma alguna, vicios de usurpación o extralimitación de funciones ni de abuso de autoridad, puesto que fue dictada por el Juzgado Primero de Control del mismo Circuito Judicial Penal, dentro del amplio poder de apreciación, control y revisión que posee como tribunal de primera instancia, sobre los actos cumplidos durante la fase preliminar del proceso penal, conforme a la ley. Así se declara.

 

VII

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, dicta los siguientes pronunciamientos:

 

1.-  Se CONFIRMA la decisión dictada el 8 de marzo de 2001, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, mediante la cual declaró sin lugar la acción de amparo interpuesta por el ciudadano Felipe Antonio Barráez López, asistido por el abogado Miguel Ernesto Rondón Salas, a favor de su hermano MOISÉS ORIOR LÓPEZ, contra la decisión del Juzgado Primero de Control del mismo Circuito Judicial, que en fecha 15 de diciembre del año 2000, condenó al identificado ciudadano, mediante el procedimiento por admisión de los hechos, a la pena de diez (10) años de prisión, por la comisión del delito de transporte de estupefacientes, tipificado en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; la cual, en virtud de la presente declaratoria, queda vigente.

 

2.- En consecuencia, se declara IMPROCEDENTE la referida acción de amparo constitucional, ejercida el 5 de febrero de 2001.

 

3.- Se ORDENA compulsar por Secretaría copia certificada de la presente decisión y remitirla al Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, a los fines de la ejecución del fallo condenatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el Libro Quinto del Código Orgánico Procesal Penal. Ofíciese lo conducente.

 

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el presente expediente a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Apure. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 29 días del mes de  JUNIO             del año dos mil uno. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

 

El Presidente,

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

 

                                                                                        El Vicepresidente,

 

 

                                                                     

                                                                      JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA                            JOSÉ M. DELGADO OCANDO

                                                                                                          Ponente

 

 

 

PEDRO RONDÓN HAAZ

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

JMDO/ns.

Exp. Nº 01-0522

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