Venley

Sentencia N.º 1175

Sentencia
N.º 1175
Fecha
06/08/2012
Sala
Constitucional
Expediente
12-0017
Ponente
Juan José Mendoza Jover
Procedimiento
Solicitud de Revisión

Magistrado-Ponente: JUan José Mendoza Jover

Exp. N° 12-0017

 

El 30 de noviembre de 2011, el ciudadano LUIS ISMAEL MENDOZA MORALES, titular de la cédula de identidad n.°: V-3.414.738, asistido por el abogado William Alberto Ramos Aguilar, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.°: 85.041, quien es Defensor Público para actuar ante esta Sala, solicitó a esta Sala Constitucional, la revisión de la sentencia dictada el 12 de noviembre de  2008, por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.

 

El 09 de enero de 2012, se dio cuenta en Sala del expediente contentivo de la solicitud de revisión interpuesta, designándose como ponente al Magistrado Juan José Mendoza Jover, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

 

En fechas 9 de febrero y 16 de marzo de 2012, el Defensor Público antes nombrado solicitó pronunciamiento.

 

En decisión de esta Sala del 25 de abril de 2012, se ordenó oficiar a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, a los fines de que remitiera copia certificada de las actuaciones correspondientes a la causa originaria, para lo cual se libró oficio el 26 del mismo mes y año.

 

En esa misma fecha, el Defensor Público solicitó pronunciamiento de esta Sala.

 

El 30 de mayo de 2012, se entregó el oficio correspondiente a la mencionada Corte, la cual remitió lo solicitado en fecha 4 de junio de 2012.

 

 Efectuado el estudio de los recaudos consignados, pasa esta Sala a decidir, previas las consideraciones siguientes:

 

I

DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL

 

La parte actora en el escrito contentivo de la solicitud de revisión constitucional refirió lo siguiente:

 

Señaló, que se solicitaba la revisión de la sentencia dictada el 12 de noviembre de 2008, por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual se confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial que ejerció contra el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, hoy Ministerio del Poder Popular para la Educación.

 

Indicó, que ejerce la presente solicitud a fin de que se le restituya el derecho a una jubilación digna y ajustada a los parámetros previstos en los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

También, expresó que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, incurrió en graves contradicciones y se apartó de lo probado en autos, vulnerando el principio dispositivo, al proferir un fallo sin motivación y por falta de resolución del asunto relativo a la jubilación, al señalar que su persona no realizó las acciones tendentes a fin de que fuese tomada en consideración su reclasificación en el cargo de Profesor Agregado.

 

Asimismo, destacó que laboró veintisiete (27) años, once (11) meses y diecisiete (17) días, al servicio del referido Ministerio como docente de aula los primeros años de carrera y luego fue designado en comisión de servicios en el “Instituto Universitario Pedagógico Monseñor Arias Blanco” donde laboró por más de nueve (09) años, en el cual ascendió al cargo de Profesor Agregado, siendo que, posteriormente, en el año 1993, fue puesto a la orden de la Zona Educativa del Distrito Federal el “recurso físico y presupuestario” del mismo, a fin de ser ubicado en otro plantel educativo, ante lo cual manifestó, a través de comunicaciones dirigidas a diversas direcciones y al Ministerio de Educación de la época, su inquietud de ser trasladado a un centro de estudios de igual jerarquía del que procedía, todo ello en virtud de que había obtenido el ascenso a Profesor Agregado y Jefe del Departamento de Ciencias en el Instituto Universitario donde prestó labores, siendo el caso que nunca se materializó el traslado solicitado.

 

De igual modo, manifestó que obtuvo el beneficio de jubilación mediante la Resolución n.°: 30-01-01, con vigencia a partir del 18 de septiembre de 2003, con el cargo de Docente IV, el cual no se correspondía con la labor ejecutada en el cumplimiento de la comisión de servicio en el antes referido Instituto Universitario, desde 1981 a 1993, y en el cual obtuvo la categoría de Profesor Agregado, situación que iba en detrimento de su estatus profesional y económico, al otorgársele una jubilación como si las labores desempeñadas en el centro de estudios universitarios y el tiempo transcurrido para nada existieran.

 

Indicó, que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo incurrió en falsa aplicación del artículo 82 de la Ley de Carrera Administrativa, al no considerar que la Resolución antes mencionada, es precisamente la notificación del Ministerio de Educación al docente como respuesta que se había realizado el traslado solicitado sin tomar en cuenta el marco jurídico vigente en materia de traslados y el marco Constitucional en materia de estabilidad laboral y del derecho irrenunciable a solicitar las prestaciones sociales que se correspondan con los principios constitucionales de intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales, así como la prevalencia en las relaciones laborales de la realidad por sobre las formas descritas en los artículos 89, 92 y 93, numerales 1 y 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.     

   

En este sentido, refirió que la Resolución n.°: 03-01-01, es el documento que notifica al docente de la aprobación del traslado por el Ministerio de Educación, cuyo contenido no se corresponde con el ejercicio profesional del docente en los últimos veinte años, ante lo cual se interpuso la demanda de nulidad, por lo que mal se podía aplicar la caducidad “ratio temporis”, al no existir notificación alguna de la aceptación de dicho traslado hasta el final de la relación laboral y, por tanto, se configuró una falsa aplicación del artículo 82 de la Ley de Carrera Administrativa.

 

Expresó, que si bien era cierto que algunos hechos databan de tiempo atrás y éstos guardaban relación con la demanda, el acto impugnado en el recurso contencioso administrativo era la mencionada Resolución, por lo que consideró preciso citar la sentencia n.°: 1644, del 31 de octubre de 2008, emanada de esta Sala Constitucional.

 

Señaló, que tanto el Juzgado que conoció en primera instancia como la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, aplicaron el artículo 105 de la Ley Orgánica de Educación, tomando como base la relación de cargo y tiempo de servicio para el cálculo de la pensión de jubilación y de prestaciones sociales, concretándose, nuevamente, el vicio de falsa aplicación de la norma al fundamentarse en hechos inexistentes o falsos.

 

Asimismo, refirió que existían una serie de documentos que contradecían lo señalado por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en relación a que no existió reclamo alguno de su parte contra la no materialización del traslado que debió realizarle la Zona Educativa del Distrito Federal, como lo son: el oficio n.°: 122, del 25 de febrero de 2002, enviado por la Consultoría Jurídica del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes al para entonces Ministro de Educación Superior solicitando su pronunciamiento sobre la petición del docente, por considerarlo de su competencia; el documento de solicitud que realizara el 05 de junio de 2003, ante la Consultoría Jurídica del referido Ministerio, de una copia de la respuesta del Ministerio de Educación Superior al oficio n.°: 122, y; el recurso de revisión ejercido ante Ministro de Educación del 07 de octubre de 2003, todo lo cual demuestra que se habían realizado los reclamos pertinentes por la vía administrativa y que aún no se había agotado la instancia.

 

De igual forma, indicó que, de lo anterior, se evidenciaba la falta de pronunciamiento de la Administración Pública, en cuanto a la solicitud de traslado tomando en consideración la situación laboral ya adquirida, con lo cual se violó la seguridad jurídica, específicamente, en relación al beneficio de jubilación, la estabilidad laboral y el derecho irrenunciable a recibir las prestaciones sociales que se correspondan con los principios constitucionales de intangibilidad, progresividad de los derechos y beneficios laborales, así como, la prevalencia en las relaciones laborales de la realidad sobre las formas o apariencia, todo ello conforme a los artículos 80, 86, 89, numerales 1 y 2, 92 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y conforme a la Jurisprudencia de la Sala Constitucional contenida en la sentencia n.°: 3, del 25 de enero de 2005.

 

En ese sentido, expresó que la sentencia dictada el 12 de noviembre de 2008, por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, vulneró el derecho constitucional al debido proceso como elemento configurativo del derecho a la defensa al incurrir en el vicio de falsa aplicación del artículo 82 de la Ley de Carrera Administrativa; así como, el derecho a la seguridad social, en especifico, el beneficio de jubilación.

 

Finalmente, solicitó que se declare con lugar la presente solicitud; así como, que se anule el fallo objeto de revisión constitucional, y, en consecuencia, se ordene al Ministerio del Poder Popular para la Educación, realizar la revisión y ajustes necesarios para la fiel aplicación de los principios de estabilidad, progresividad e irrenunciabilidad de los derechos y prevalencia de la realidad sobre las formas en relación a la jubilación.                  

 

 

 

II

DE LA DECISIÓN OBJETO DE REVISIÓN

 El 12 de noviembre de 2008, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia objeto de la presente revisión declaró lo siguiente:

Señaló, que el recurso contencioso administrativo funcionarial se circunscribía a lo siguiente:

 

(…) en la solicitud de reclasificación del cargo del ciudadano Luis Ismael Mendoza, a los fines que se haga un reajuste de su pensión de jubilación, aunado a ello solicitó la nulidad de la Resolución 03-01-01, de fecha 18 de septiembre de 2003, emanada del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, mediante la cual se le concedió la jubilación al recurrente.
Para ello, observa esta Corte que la apoderada judicial de la parte actora alegó en el escrito de fundamentación a la apelación, que la sentencia recurrida incurrió en el vicio de incongruencia negativa por cuanto “(…) no [entró] a conocer los elementos fácticos planteados por la demandante (…)”.

Por su parte, el iudex a quo declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial argumentando que (…) de conformidad con el artículo 105 de la Ley Orgánica de Educación la base para el cálculo del monto de pensión de jubilación será la remuneración devengada en el ejercicio de cargos de docente al momento que sea concedido dicho beneficio, razón por lo cual considera [ese] Tribunal carece de relevancia si el querellante se desempeñó como Profesor Agregado durante su permanencia (1979-1991) en el instituto universitario (sic) Pedagógico ‘Monseñor Rafael Arias Blanco’ (I.U.P.M.A) siendo lo determinante para establecer la cantidad de su jubilación la remuneración del último cargo ejercido, es decir, Docente IV, no siendo posible para [esa] Juzgadora entrar a conocer sobre la clasificación del querellante dentro de la estructura de cargos, ya que ello debió impugnarse en la oportunidad correspondiente. En consecuencia, resulta procedente declarar sin lugar la presente querella (…).

 

 

         Seguidamente, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en  atención a lo anterior, citó el criterio sostenido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en la decisión número 528, del 3 de abril de 2001, caso: Cargill de Venezuela, S.A, en lo relacionado al vicio de incongruencia negativa, así como la decisión número 877, de fecha 17 de junio de 2003, caso: Acumuladores Titán, C.A.

          Luego, señaló que, el Juzgado de Primera Instancia al percatarse de la verdadera pretensión del accionante, de obtener un reconocimiento del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, por el tiempo ejercido como Profesor Agregado en el Instituto Universitario Pedagógico “Monseñor Arias Blanco”, en el lapso comprendido de 1979-1991, consideró inoficioso pronunciarse sobre los demás alegatos esgrimidos por el actor, entre ellos el reajuste del cargo, ya que constató que la reclamación pretendida por el accionante debió:  (…) “impugnarse en la oportunidad legal correspondiente”, es decir, dentro de los seis (6) meses que establece el artículo 82 de Ley de Carrera Administrativa, aplicable “ratione temporis”, contados a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a la presente reclamación.

           En ese sentido indicó lo siguiente:

 

(…) que a simple vista pareciera que el recurrente aspira obtener con el presente recurso contencioso administrativo funcionarial, el ajuste que por concepto de pensión, fue otorgado mediante Resolución 03-01-01, de fecha 18 de septiembre de 2003, por existir aparentemente según los alegatos esgrimidos por el apelante, una diferencia en el monto a cobrar de la pensión.
No obstante, evidencia esta Corte que la reclamación esgrimida por el recurrente en lo relacionado al ajuste de pensión, tiene su basamento en que la Administración debió reconocerle el cargo de Profesor Agregado, cuando estuvo de comisión de servicios en el Instituto Universitario Pedagógico “Monseñor Arias Blanco” (IUPMA), desde el año 1979 hasta 1991. Por lo tanto, si bien es cierto que el recurso contencioso administrativo funcionarial sirve para reclamar todas aquellas pretensiones derivadas del empleo público, no es menos cierto que la Ley establece un lapso de caducidad para la interposición del recurso, contados a partir del momento de que se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto que dio origen a las reclamaciones pretendidas en el recurso.

Ello así, esta Corte observa que el último cargo ejercido por el apelante fue el de Docente IV, en el Instituto C.P.A.P.E.P. “Servicios Nacionales”, Caracas, por un período comprendido desde 10 de agosto de 1993 al 31 de julio de 2002, según se desprende de la Relación de Cargos y Tiempo de Servicio que se encuentra inserto al folio cinco (5) del expediente judicial.

Desde esa perspectiva, esta Alzada advierte que el recurrente debió al momento de que tuvo conocimiento de los hechos que le causaron el daño o perjuicio, esto es, desde que percibió el sueldo correspondiente al cargo de Profesor IV, acudir a los Órganos Jurisdiccionales a los fines de hacer valer sus derechos y pretensiones, y no esperar por más de diez (10) años, para luego intentar ante los Tribunales de la República, una acción que tenga como trasfondo que su jubilación le sea pagada con el sueldo de Profesor Agregado, cuando su último cargo fue efectivamente el de Profesor IV.



De acuerdo a lo anterior, consideró que:

 

(…) el recurso contencioso administrativo funcionarial fue ejercido en fecha 17 de diciembre de 2003, pretendiendo el actor obtener por reclasificación el cargo de Profesor Agregado que ejerció el 15 de mayo de 1991, cuando el Instituto Universitario Pedagógico “Monseñor Arias Blanco” (IUPMA), pone a la orden de la Asociación de Promoción de la Educación Popular (APEP), a partir de la fecha 20 de julio de 1991 (Ver: folio 29 del expediente judicial), el potencial humano del ciudadano Luis Ismael Mendoza, constatándose de esta manera, que transcurrieron más de diez (10) años desde que se produjo los hechos que hoy por hoy son reclamados por el querellante, con lo que la pretensión de actor respecto a que la jubilación le sea pagada conforme al cargo de Profesor Agregado debe ser declarada caduca y así se declara.

 

         En ese orden señaló lo siguiente:

 

Por lo tanto, evidencia esta Corte que el iudex a quo al percatarse de la naturaleza de las reclamaciones pretendidas por el accionante, por las cuales sustenta su reclamación de reajuste de la pensión de jubilación; decidió declarar improcedente el recurso contencioso administrativo funcionarial, dado que las exigencias expresadas por el actor en el libelo de demanda, datan de unos hechos acaecidos hace más de diez (10) años, específicamente el 20 de julio de 1991, cuando el Instituto Universitario Pedagógico “Monseñor Arias Blanco” (IUPMA), pone a la orden de la Asociación de Promoción de la Educación Popular (APEP), al ciudadano Luis Ismael Mendoza.

Es por ello, que el Juzgado de Primera Instancia expresó en la parte motiva de su fallo, que es imposible “(…) para [esa] Juzgadora entrar a conocer sobre la clasificación del querellante dentro de la estructura de cargos, ya que ello debió impugnarse en la oportunidad correspondiente (…)”.

 


        En virtud de las consideraciones realizadas precedentemente, declaró que el alegato esgrimido por la representación judicial de la parte accionante en lo relacionado al vicio de incongruencia negativa resultaba infundado.

 

           Asimismo, señaló que, aunado a lo anterior, observaba que el querellante también alegó, en el escrito de fundamentación a la apelación, que la sentencia recurrida incurrió en el vicio de inmotivación, ya que: (…) “las razones expresadas por el sentenciador no tienen relación con la pretensión deducida ni con las excepciones y defensas opuestas, razón por la cual los términos en que quedó circunscrita la litis, deben ser tenidos como jurídicamente inexistente”.

 
            En tal sentido, consideró oportuno citar la sentencia n.°: 00764, de fecha 23 de mayo de 2007, caso: “Valmore Guevara Díaz vs. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables”, emanada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, sobre el vicio de inmotivación de la sentencia, así como la sentencia n.°: 2273, del 24 de noviembre de 2004, caso: “Ferro de Venezuela C.A vs. Contraloría General de la República”, dictada por la referida Sala, ratificada posteriormente, en sentencia n.°: 1930, del 27 de julio de 2006, caso: “Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar”.


         Seguidamente, la Corte observó que el criterio asumido por el “a quo” en el fallo recurrido, se encontraba ajustado a derecho, por lo siguiente:

 

 

(…) al verificarse que el último cargo ejercido por el apelante fue el de Docente IV, en el Instituto C.P.A.P.E.P. “Servicios Nacionales”, Caracas, por un período comprendido desde 10 de agosto de 1993 al 31 de julio de 2002, según se desprende de la Relación de Cargos y Tiempo de Servicio que se encuentra inserto al folio cinco (5) del expediente judicial, consideró inoficioso pronunciarse sobre los demás alegatos esgrimidos por el accionante, dado que se cumplieron con las disposiciones contenidas en el artículo 105 y siguiente de la Ley Orgánica de Educación, ya que tal como se explicó precedentemente el debate judicial de la presente controversia se circunscribe en el ajuste de la pensión jubilatoria, por unos hechos que ocurrieron hace más de diez (10) años, siéndole imposible tal como lo señaló el Juzgado de Primera Instancia entrar a analizar esas circunstancias, ya que debieron ser impugnadas en la oportunidad legal para ello, es decir, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de Ley de Carrera Administrativa aplicable al caso de autos ratione temporis.

Ello así, en atención a las consideraciones realizadas precedentemente, le resulta forzoso a esta Alzada desechar el alegato esgrimido por la representación judicial de la parte actora, en lo relacionado al vicio de inmotivación de la sentencia (…).

 

 

 

 

            Igualmente, la Corte señaló que el recurrente esgrimió que la sentencia recurrida incurrió en el vicio de silencio de prueba, “al no pronunciarse sobre las pruebas aportadas por el querellante para sustentar su petitorio”, en ese sentido observó que:

 


En efecto, el juez tiene la obligación de analizar todos los elementos probatorios cursantes en autos, aun aquellos que a su juicio no fueren idóneos para ofrecer algún elemento de convicción, (…) No obstante, esta obligación del juez no puede interpretarse como una obligación de apreciación en uno u otro sentido, es decir, el hecho de que la valoración que haga el juez sobre los medios probatorios para establecer sus conclusiones, se aparte o no coincida con la posición de alguna de las partes procesales, no debe considerarse como silencio de prueba; así como tampoco puede exigírsele al juez la valoración palabra por palabra, detalle a detalle sobre todos y cada uno de los medios probatorios cursantes en el expediente, ya que lo relevante de un medio probatorio es aquello capaz de probar y que guarde relación con los hechos debatidos en el juicio; es por ello que sólo podrá hablarse de silencio de pruebas, cuando el Juez en su decisión, ignore por completo, no juzgue, aprecie o valore algún medio de prueba cursante en los autos y que quede demostrado que dicho medio probatorio pudiese, en principio, afectar el resultado del juicio (Vid. Sentencia Número 1311 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 26 de julio de 2007).

 En consecuencia de lo anterior, debe desecharse el argumento por silencio de prueba presentado por el apelante, ya que los elementos probatorios consignados por el recurrente para nada alteran o afectan la consecuencia jurídica desencadenada y señalada por el iudex a quo, al declarar sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. Aunado al hecho de que, en los términos en los cuales fue denunciado el vicio de silencio de prueba por el recurrente, resulta ser muy genérico, ambiguo e impreciso, al no precisar con exactitud cual o cuales de las pruebas consignadas en el inter procesal, resultaron ser ignoradas por el Juez de Primera Instancia, así se declara.

Por consiguiente, al constatar esta Corte que el debate judicial de la presente controversia se circunscribe en la reclamación de hechos que se originaron hace más de diez (10) años, como consecuencia del traslado del actor a la Zona Educativa del Distrito Federal, le resulta forzoso a esta Instancia jurisdiccional declarar, sin lugar el recurso de apelación ejercido en fecha 25 de enero de 2005, por la representación judicial de la parte actora; en consecuencia, se confirma la sentencia proferida en fecha 17 de enero de 2005, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. Así se decide.

 



 

        En virtud de lo antes expuesto, la sentencia impugnada declaró lo siguiente:

 


1.- SU COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación ejercido en fecha 25 de enero de 2005, por la apoderada judicial del ciudadano LUIS ISMAEL MENDOZA MORALES, contra el fallo proferido en fecha 17 de enero de 2005, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los representantes judiciales del mencionado ciudadano, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, por Órgano del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES (actualmente MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN);

2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto;

3.- CONFIRMA la decisión dictada en fecha 17 de enero de 2005, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital.

 

 

 

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

El artículo 336, numeral 10, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de “revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por la Ley Orgánica respectiva”.

        

         Tal potestad de revisión de decisiones definitivamente firmes abarca fallos que hayan sido expedidos tanto por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia como por los demás tribunales de la República, tal y como se observa en el artículo 25, numerales 10 y 11, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, pues la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, conforme lo establece el artículo 335 del Texto Fundamental.

 

          Ahora, por cuanto fue propuesta ante esta Sala la solicitud de revisión constitucional de la decisión dictada, el 12 de noviembre 2008, por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, con fundamento en las anteriores consideraciones, esta Sala se declara competente para conocerla. Así se declara.

 

IV

 Consideraciones para Decidir

 

Llegada la oportunidad para decidir, esta Sala observa lo siguiente:

 

La parte actora solicitó a esta Sala Constitucional el ejercicio de la facultad de revisión concedida por el artículo 336, cardinal 10, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con respecto a la sentencia definitivamente firme dictada el 12 de noviembre de 2008, por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, que declaró sin lugar la apelación ejercida por el ciudadano Luis Ismael Mendoza Morales contra la sentencia dictada el 17 de enero de 2005, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los representantes judiciales del mencionado ciudadano contra la República Bolivariana de Venezuela por Órgano del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, hoy Ministerio del Poder Popular para la Educación.

 

Así pues, la parte actora solicitó la presente revisión constitucional a fin de que: (…)  “se le restituya el derecho a una jubilación digna, ajustada a los parámetros previstos en los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, por considerar, que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo incurrió en graves contradicciones y se apartó de lo probado en autos, vulnerando el principio dispositivo, al proferir un fallo sin motivación y por falta de resolución de dicho asunto relativo a la jubilación.

 

Al respecto, esta Sala estima pertinente destacar que la sentencia n.°: 93, del 06 de febrero de 2001, caso: “Corpoturismo”, señaló que la facultad de revisión es: (…) “una potestad estrictamente excepcional, extraordinaria y discrecional” (…), por ello, la misma decisión continúa indicando que: (…) “en lo que respecta a la admisibilidad de tales solicitudes de revisión extraordinaria esta Sala posee una potestad discrecional de admitir o no admitir el recurso cuando así lo considere”. De este modo: (…) “la Sala puede en cualquier caso desestimar la revisión (…) sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales” (…).

 

En este sentido, la discrecionalidad que se le atribuye a la facultad de revisión constitucional, no debe entenderse como una nueva instancia y, por lo tanto, el recurso en cuestión se admitirá sólo a los fines de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales o cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese rango, así como cuando se contraríen los criterios vinculantes de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, lo que será determinado por la Sala en cada caso, siendo siempre facultativo de ésta su procedencia.

 

Así, se debe insistir en opinar que la revisión no constituye una tercera instancia, ni un recurso que pueda ser intentado bajo cualquier fundamentación de interés subjetivo, sino una potestad extraordinaria, excepcional y discrecional de esta Sala Constitucional para la uniformidad de criterios constitucionales, para preservar la garantía de la supremacía y eficacia de las normas y principios constitucionales, lo cual conlleva la seguridad jurídica.

En el presente caso, se observa de la sentencia objeto de la presente solicitud de revisión constitucional que, el 17 de diciembre de 2003, los apoderados judiciales del ciudadano Luis Ismael Mendoza Morales, interpusieron ante el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, recurso contencioso administrativo funcionarial, argumentando lo siguiente:

 

 

Que “(…) LUIS ISMAEL MENDOZA MORALES, (…) ingresó al entonces Ministerio de Educación en fecha 01 de octubre de 1.975; El (sic) primero de octubre de 1.981 es transferido al CENTRO POPULAR ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN POPULAR (CAPEP) – SERVICIOS NACIONALES, de acuerdo a la ‘Proposición de Movimiento de Personal’ de fecha 01-10-81 (sic) (…)” (Mayúsculas y negrillas del original).

Expresaron que “(…) [el] CAPEP, con base en el ‘Reglamento sobre el otorgamiento de subvenciones a los Planteles Privados Inscritos en el Ministerio de Educación’, Decreto Nº 2.906 de fecha 17 de octubre de 1.978 (…) transfiere en ‘comisión de servicios’ al profesor LUIS I. MENDOZA MORALES al INSTITUTO UNIVERSITARIO PEDAGÓGICO ‘MONSEÑOR RAFAEL ARIAS BLANCO’ (IUPMA), institución en la que laboró en forma ininterrumpida durante NUEVE (9) AÑOS Y NUEVE (9) MESES, tiempo (…) [en que] asciende hasta el cargo de Profesor Agregado y Jefe del Departamento de Ciencias Básicas, ganando la cantidad de Bs. 31.969,00, cantidad que era pagada de la siguiente forma: Bs. 19.268,60 pagados por el Ministerio de Educación por intermedio de APEP- Servicios Nacionales y Bs. 12.700,40, pagados por el IUPMA., tal como se evidencia en constancia emitida por [ese] Instituto (…)”. (Mayúsculas y negrillas del original).


Que “APEP mediante comunicación de fecha 9 de agosto de 1.993 (…) dirigida a la Lic. Rocio Zuluaga de Prato, directora de la Zona Educativa del Distrito Federal, le participa que ‘La Dirección del CAPEP. SERVICIOS NACIONALES. COD: 6320067 pone a la orden de la Zona Educativa el recurso físico y presupuestario de MENDOZA M., LUIS, C.I. 3.414.738. (36 Hrs. E. Física), con el fin de que sea ubicado en otro plantel donde necesiten sus servicios’” (Mayúsculas y negrillas del original).


Señalaron que “[su] mandante, (…) remite comunicación a la Lic. Rocio Zuluaga de Prato (…) en la cual le informa que ‘[considerando] que el cargo que [ha] desempeñado en los últimos doce años se corresponde al nivel de Educación Superior en la categoría de Agregado en el Instituto Universitario Pedagógico ‘Monseñor Arias Blanco’, …le agradecería profundamente ponerse en contacto con el Prof. Marcano para la solución de [ese] problema”.


Que [el] profesor LUIS I. MENDOZA M., en comunicación agradece a la Prof. Magdalena Jiménez sus buenos oficios para ubicarlo en una institución básica educativa, pero solicita que ‘en virtud de que [su] desempeño en los últimos trece años ha sido como a tiempo completo, y habiendo desempeñado diversas funciones administrativas, entre ellas las de Jefe del Departamento de Ciencias Básicas Aplicadas y Coordinador de extensión, [agradece] la consideración de [su] jerarquía y experiencia para la designación del cargo correspondiente’”. (Negrillas del original).


Indicaron que “[la] Secretaría General del Ministerio de Educación, en comunicación de fecha 10 de marzo de 1.994, (…) ante la petición del profesor LUIS I. MENDOZA M. de que sean reconocidos los años de servicio prestados en el IUPMA, le responde que ‘su planteamiento se ha enviado a la Dirección General Sectorial de Docencia de [ese] Ministerio, a los fines de su estudio y consideración”’. (Mayúsculas del original).


Agregaron, que en fecha 8 de marzo de 1994, el actor dirigió comunicación al Ministro de Educación, el ciudadano Antonio Luis Cárdenas, donde le manifestaba su descontento por la desmejora laboral acaecida, obteniendo como respuesta que su petición sería sometida a estudio y consideración.


Sustentaron que “[al] culminar la ‘comisión de servicios’ en el IUPMA, el Ministerio de Educación, lo clasifica en la categoría de Docente IV dentro de la Educación Media Diversificada y Profesional (…) cuando [su] representado ya era Docente de Educación Superior, obviando de ésta manera lo dispuesto en el artículo 104 de [la] Carta Magna (…)”.

 

Asimismo, arguyeron lo dispuesto en los artículos 82 y 94 de la Ley Orgánica de Educación, 94 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, y 89, numeral 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Que “(…) los derechos laborales son irrenunciables, que si bien es cierto que [su] representado aceptó los traslados que le hicieron y el cargo que le asignaron por su necesidad de trabajar, ante múltiples solicitudes no respondidas, el Ministerio de Educación violó, además de principios constitucionales, principio legales, entre ellos el dispuesto en el parágrafo primero del artículo 90 [de la Ley Orgánica de Educación] (…)”

Solicitaron se “(…) DECLARE PARCIALMENTE NULO, EN LO REFERENTE A LA CANTIDAD DE DINERO FIJADA COMO PENSIÓN DE JUBILACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 03-01-01, emanada del Ministro de Educación, Cultura y Deportes, en fecha 18 de septiembre de 2003; se restablezca la situación jurídica infringida y se ORDENE LA RECLASIFICACIÓN DE [su] REPRESENTADO A UN CARGO Y REMUNERACIÓN EQUIVALENTE AL DE PROFESOR AGREGADO, cargo con el cual terminó su ‘comisión de servicios’ de NUEVE (9) AÑOS Y NUEVE MESES (9), ejercida en el INSTITUTO UNIVERSITARIO PEDAGÓGICO ‘MONSEÑOR RAFAEL ARIAS BLANCO’ (IUPMA) (…) SE ORDENE EL PAGO DE LAS DIFERENCIAS DEJADAS DE PERCIBIR DESDE EL 15 DE MARZO DE 1993, momento en que fue puesto a disposición de la ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN POPULAR por el IUPMA y SE AJUSTE A SU NUEVO SUELDO, SU PENSIÓN DE JUBILACIÓN” (Negrillas, mayúsculas y corchete del original).

 

 

Por otra parte, se observa que, el 17 de enero de 2005, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial, con base en lo siguiente:

 

 

(…) estima quien aquí decide, que a través de la presente querella se pretende la modificación del acto administrativo de jubilación dictado en fecha 18 de septiembre de 2003, en lo referente al monto fijado como pensión, por lo que al momento de la presentación del escrito libelar, a saber, el 17 de diciembre el mismo año, no había transcurrido el lapso de caducidad previsto en la ley, razón suficiente para desestimar este alegato, y así se decide.

Ahora bien, la representación querellante denuncia la presunta violación de normas legales por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, al obviar el reconocimiento a su representado del ejercicio del cargo de Profesor Agregado en una Institución de Educación Superior (I.U.P.M.A.) y proceder a dictar el acto administrativo de jubilación, tomando como base la remuneración correspondiente a la categoría de Docente IV de Educación Media, Diversificada y Profesional.

En relación a ello, se evidencia de la planilla de “Relación de Cargo y Tiempo de Servicio”, cursante en copia certificada al folio 5 del expediente administrativo que el querellante ingresó al entonces Ministerio de Educación en fecha 01 de octubre de 1975 y, al momento de su egreso se desempeñaba como Docente IV prestando servicios para el Centro Popular Asociación de Promoción de Educación Popular ‘Servicios Nacionales’ (C.A.P.E.P).
Así pues, de conformidad con el artículo 105 de la Ley Orgánica de Educación la base para el cálculo del monto de pensión de jubilación será la remuneración devengada en el ejercicio de cargos de docente al momento que sea concedido dicho beneficio, razón por lo cual considera el Tribunal que carece de relevancia si el querellante se desempeñó como Profesor Agregado durante su permanencia (1979-1991) en el Instituto Universitario Pedagógico “Monseñor Rafael Arias Blanco” (I.U.P.M.A) siendo lo determinante para establecer la cantidad de su jubilación la remuneración del último cargo ejercido, es decir, Docente IV, no siendo posible para esta Juzgadora entrar a conocer sobre la clasificación del querellante dentro de la estructura de cargos, ya que ello debió impugnarse en la oportunidad legal correspondiente. En consecuencia, resulta procedente declarar sin lugar la presente querella y, así se declara”.

 

 

 

          De igual manera, se observa que ante tal decisión el ciudadano Luis Mendoza, ejerció recurso de apelación que fue declarado sin lugar por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, y, en consecuencia, confirmó la sentencia apelada, al considerar lo siguiente:

 

 

 (…) Ello así, esta Corte observa que el último cargo ejercido por el apelante fue el de Docente IV, en el Instituto C.P.A.P.E.P. “Servicios Nacionales”, Caracas, por un período comprendido desde 10 de agosto de 1993 al 31 de julio de 2002, según se desprende de la Relación de Cargos y Tiempo de Servicio que se encuentra inserto al folio cinco (5) del expediente judicial.
Desde esa perspectiva, esta Alzada advierte que el recurrente debió al momento de que tuvo conocimiento de los hechos que le causaron el daño o perjuicio, esto es, desde que percibió el sueldo correspondiente al cargo de Profesor IV, acudir a los Órganos Jurisdiccionales a los fines de hacer valer sus derechos y pretensiones, y no esperar por más de diez (10) años, para luego intentar ante los Tribunales de la República, una acción que tenga como trasfondo que su jubilación le sea pagada con el sueldo de Profesor Agregado, cuando su último cargo fue efectivamente el de Profesor IV.

(…Omissis…)

(…) el recurso contencioso administrativo funcionarial fue ejercido en fecha 17 de diciembre de 2003, pretendiendo el actor obtener por reclasificación el cargo de Profesor Agregado que ejerció el 15 de mayo de 1991, cuando el Instituto Universitario Pedagógico “Monseñor Arias Blanco” (IUPMA), pone a la orden de la Asociación de Promoción de la Educación Popular (APEP), a partir de la fecha 20 de julio de 1991 (Ver folio 29 del expediente judicial), el potencial humano del ciudadano Luis Ismael Mendoza, constatándose de esta manera, que transcurrieron más de diez (10) años desde que se produjo los hechos que hoy por hoy son reclamados por el querellante, con lo que la pretensión de actor respecto a que la jubilación le sea pagada conforme al cargo de Profesor Agregado debe ser declarada caduca y así se declara.

 

 

          Ahora, esta Sala observa, que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, erró al declarar que, en el caso sometido a su conocimiento, la acción se encontraba caduca de conformidad con lo establecido en el “artículo 82 de la Ley de Carrera Administrativa aplicable al caso de autos ratione temporis”, por cuanto, el acto contra el cual se ejerció el recurso contencioso administrativo funcionarial, es el “acto administrativo de efectos particulares contenido en la Resolución N° 03-01-01, de fecha 18 de septiembre de 2003, emanada del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte”, en el cual se acordó la jubilación y pensión de jubilación a pagarse al ciudadano Luis Ismael Mendoza, por lo que al haberse ejercido la querella el 17 de diciembre de 2003, no había operado la caducidad señalada.

 

          En efecto, esta Sala observa que, no obstante se hubieren originado los hechos, como lo afirmó la sentencia impugnada, “hace más de diez (10) años como consecuencia del traslado del actor a la Zona Educativa del Distrito Federal”, de las actas contenidas en el expediente se observa que el referido ciudadano realizó diversas solicitudes al órgano administrativo relacionadas con su situación laboral la cual culminó en la Resolución impugnada, (ver folios 55, 57, 58, de la pieza principal; folios 32, 33, 34, 35, anexo 1; y, folios 59, 60, 102, del anexo 2 del expediente), por lo que correspondía pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado, y al no hacerlo así se violó el derecho a la defensa y el debido proceso al solicitante.

  

Al respecto, esta Sala Constitucional, en sentencia n.° 38, del 20 de enero de 2006, caso: “Salvatore Vitagliano Sarno y otro”, expresó lo siguiente:

 

“[e]l agravio o lesión al derecho a la defensa y a la garantía del debido proceso lo causa la evasión en cuanto al pronunciamiento correcto u omisión de pronunciamiento o ausencia de decisión conforme al recurso ejercido por la parte, lo que da lugar a una incongruencia entre –lo peticionado- la actuación requerida del órgano jurisdiccional y la producida por éste, que originó una conducta lesiva en el sentenciador, quien estando obligado a decidir de acuerdo con lo solicitado, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia (artículo 243, numeral 5, del Código de Procedimiento Civil), procedió a declarar algo distinto a lo reglado en la ley”.

 

 

            De esta manera, en virtud de lo antes expuesto, se declara ha lugar la presente solicitud de revisión de la sentencia dictada el 12 de noviembre de 2008, por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, la cual se anula. En consecuencia, se repone la causa al estado de que se dicte un nuevo pronunciamiento, con exclusión de la caducidad contemplada en el “artículo 82 de la Ley de Carrera Administrativa”. Así se declara.

 

 

V

DECISIÓN

 

 

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara HA LUGAR la solicitud de revisión efectuada por el ciudadano LUIS ISMAEL MENDOZA MORALES, asistido por el abogado William Alberto Ramos Aguilar, de la sentencia dictada el 12 de noviembre de 2008, por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia: se declara la NULIDAD de dicha sentencia, y se REPONE la causa al estado de que se dicte una nueva sentencia, conforme a lo expuesto en el presente fallo.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a  los 06 días del mes de agosto de dos mil doce (2012). Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.

                                                                                                 

La Presidenta de la Sala,                                               

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

 

El Vicepresidente,

 

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

 

 

 

 

                                                                             Carmen Zuleta de Merchán

 

 

 

 

Arcadio Delgado Rosales

 

 

                                                                              Juan José Mendoza Jover

                                                                                              Ponente

 

 

 

Gladys María Gutiérrez Alvarado

                                                                                                        

 

                                                          El Secretario,                                                         

 

 

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

Exp. Nº 12-0017

JJMJ/

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