Venley

Sentencia N.º 1176

Sentencia
N.º 1176
Fecha
22/06/2007
Sala
Constitucional
Expediente
06-1807
Ponente
Pedro Rafael Rondón Haaz
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 24 de octubre de 2006, los ciudadanos HUMBERTO JOSÉ LEÓN, MARCO DELGADO y JESÚS EUGENIO ZAMBRANO, titulares de las cédulas de identidad n.os 7.608.009, 8.101.770 y 5.680.886, respectivamente, miembros del Consejo de Administración de la Asociación Civil de la Caja de Ahorros de los Trabajadores de Acueductos, Similares, Conexos y Afines del Estado Táchira, con inscripción en el Registro Inmobiliario del Primer Circuito de los Municipios San Cristóbal y Torbes del Estado Táchira, bajo el n.° 23, tomo 10, Protocolo Primero, con la asistencia del abogado Daniel Antonio Carvajal Ariza, con inscripción en el I.P.S.A. bajo el n.° 83.090, intentaron, ante el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, demanda de amparo constitucional contra la decisión que dictó, el 10 de agosto de 2006, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de esa misma Circunscripción Judicial, que fue constituido con asociados, para cuya fundamentación denunciaron la violación a sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial eficaz que acogieron los artículos 49 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El 2 de noviembre de 2006, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira juzgó sobre la pretensión que fue interpuesta y la declaró inadmisible.

El 6 de noviembre de 2006, el ciudadano Humberto Jóse León, con la asistencia del abogado Daniel Antonio Carvajal Ariza, apeló contra la sentencia del citado Tribunal, para ante el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, luego, el día siguiente, consignó escrito de fundamentación de la apelación.

El 24 de noviembre de 2006, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira remitió las actas procesales correspondientes a esta Sala Constitucional, las cuales fueron recibidas el 5 de diciembre de de ese mismo año.

Luego de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 6 de diciembre de 2006 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

 

I

DE LA CAUSA

El 25 de octubre de 2006, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira ordenó a la parte actora la consignación de copia certificada de la decisión que había impugnado, así como de las actuaciones procesales que se cumplieron con posterioridad a la misma, de conformidad con lo que norma el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, el 30 de octubre de 2006, la parte actora cumplió con lo que había sido requerido por el Tribunal.

 

II

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

1.         Alegaron:

1.1       Que, el 2 de agosto de 2005, los ciudadanos Juan Bautista Arenas Sandoval, Gil Dover López Márquez, Juan Bautista Méndez Duarte, Luis Enrique Ochoa, José Ernesto Cacique Pérez, Antonio María Arenas Sandoval, Richard Eduardo Medina, James Lovell López Márquez y Víctor Manuel Velasco interpusieron, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la  Circunscripción Judicial del Estado Táchira, demanda por cobro de bolívares contra la Caja de Ahorros de los Trabajadores de Acueductos, Similares, Conexos y Afines del Estado Táchira, en la cual solicitaron el reintegro del capital acumulado desde enero de 2001 hasta noviembre de 2004, los intereses que se hubieren causado hasta la fecha y la respectiva indexación monetaria.

1.2       Que la demanda fue admitida por el referido tribunal, “pero curiosamente en el AUTO DE ADMISIÓN no se acordó la NOTIFICACIÓN al Procurador General de la República, ni tampoco se acordó la NOTIFICACIÓN a la Superintendencia de Cajas de Ahorros de Venezuela.”

1.3       Que, el 10 de agosto de 2006, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, que fue constituido con asociados, declaró parcialmente con lugar la demanda que, por cobro de bolívares, intentaron los referidos ciudadanos.

1.3       Que aquellos demandantes “…vienen incurriendo en una serie de irregularidades (hechos ilícitos) al interponer varias demandas o denuncias falsas y temerarias como lo es la demanda cuya sentencia recu[rren], han incurrido en fraude procesal, (…) al pretender exigir una obligación ya cobrada (cobrar o exigir dos veces la misma obligación), han falseado la verdad ante un funcionario público (falsa atestación ante funcionario público), han utilizado los órganos de administración de justicia (órganos y mecanismos jurisdiccionales) para defraudar y ello quedaría probado y demostrado con una experticia contable y/o una inspección judicial y así debe ser decidido.”

1.4       Que “…es cierto que la Caja de Ahorros le adeuda a los demandantes alguna cantidad por intereses, pero es que dichas cantidades son ínfimas al lado de las cantidades exageradas que se reclaman a través de esta demanda falsa y temeraria (…).”

1.5       Que “…los demandantes no han presentado ningún documento o medio de prueba que haga presumir que la Caja de Ahorro no les haya pagado y tan solo se han limitado a presentar unas (sic) relación que no se sabe de dónde ha surgido y ha sido una relación hecha sin ningún control y no ha sido controvertida por la contraparte y en tal sentido no debió ser considerada ni tomada en cuenta.”

1.6       Que “…la Caja de Ahorro es una Asociación Civil con personalidad jurídica propia y que requiere y necesita para su funcionamiento y operatividad un presupuesto mínimo para el pago de: salarios de empleados y obreros, pago de papelería, servicios de agua, luz eléctrica, teléfonos, aseo urbano, viáticos, etc., dichos gastos solo pueden salir de los mismo ingresos producto del aporte de sus asociados y del aporte de las empresas patronales, ya que la caja de ahorros no recibe presupuesto proveniente de otros organismos públicos o privados.”

1.7       Que “[l]os BALANCES GENERALES de la Caja de Ahorros que son documentos públicos demuestran de manera clara y cierta que la Institución viene siendo bien manejada y administrada por la Junta Directiva por lo que los asociados que voluntariamente se retiraron no tenían y no tienen motivos para haberse separado de la misma y lo cierto es que los demandantes se retiraron de manera dolosa y con la única intención de hacer desaparecer dicha Institución a sabiendas de que esta es una Institución sin fines de lucro y que su objeto principal radica en crear y dar beneficios a sus asociados y que es una Institución de interés social en donde tiene inherencia el Estado Venezolano, porque aun cuando se trata de una Institución creada y fundada por particulares cuenta con la supervisión y vigilancia del Estado.”

 

2.         Denunciaron:

La violación a sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial eficaz que establecen los artículos 49 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto debió notificarse la admisión de la demanda por cobro de bolívares contra la Caja de Ahorros de los Trabajadores de Acueductos, Similares, Conexos y Afines del Estado Táchira, al Procurador General de la República y a la Superintendencia de Cajas de Ahorros, toda vez que, a su entender, las Cajas de Ahorro prestan una función social y colectiva por cuanto trascienden el interés individual.

3.         Pidieron:

 

3.1       Como medida cautelar:

Se “SUSPENDA INMEDIATAMENTE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA y por cuanto ya se ha ordenado la entrega de dineros  que pertenecen a la Caja de Ahorros a la parte demandante solicitamos que se ordene el reintegro de los mismos al tribunal hasta tanto se dilucide en (sic) presente RECURSO.”

 

3.2       Como petitorio de fondo:

“PRIMERO: Se declare CON LUGAR el recurso extraordinario de AMPARO CONSTITUCIONAL a favor de la Caja de Ahorros,

SEGUNDO: Se declare la NULIDAD ABSOLUTA de la Sentencia de fecha 10 de agosto del año 2006, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.

TERCERO: Se declare la NULIDAD ABSOLUTA de todo el proceso hasta el estado de admitirse nuevamente la demanda en el cual debe ordenarse la notificación al Procurador General de la República y a la Superintendencia de Cajas de Ahorros.

TERCERO: SE condene al pago de las costas y costos del proceso.”

 

III

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

Por cuanto, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b), de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala declaró su competencia para el conocimiento de las apelaciones respecto de las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo de las que pronuncien los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Y por cuanto, en el asunto de autos, el recurso de apelación se ejerció contra el veredicto que expidió, en materia de amparo constitucional, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, esta Sala se pronuncia competente para la decisión del recurso en referencia. Así se decide.

 

IV

DE LA SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

El sentenciador del fallo contra el que se recurrió juzgó sobre la pretensión de amparo en los términos siguientes:

“INADMISIBLE LA ACCIÓN DE AMPARO interpuesta por los ciudadanos Humberto José León, Marco Delgado y Jesús Eugenio Zambrano, (…), actuando con el carácter de miembros del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de los Trabajadores de Acueductos y Sus Similares, Conexos y Afines del Estado Táchira, (…), contra la sentencia de fecha 10 de agosto de 2006, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.”

 

A juicio de quien expidió el acto de juzgamiento objeto de apelación:

“De la lectura de la norma transcrita –se refiere al cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales- se desprende que la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes, habiendo establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en múltiples fallos, que si el agraviado disponía de otros recursos que no ejerció previamente, el amparo debe ser declarado inadmisible.

(…)

Conforme a lo expuesto, en el caso sub- iudice se aprecia que en la decisión objeto de la acción de amparo dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de esta Circunscripción Judicial en fecha 10 de agosto de 2006, corriente a los folios 569 al 581, el referido órgano jurisdiccional se pronunció expresamente sobre el alegato de la parte demandada, relativo a la falta de notificación al Procurador General de la República y a la Superintendencia de Cajas de Ahorro, al señalar dentro de las consideraciones previas del referido fallo lo siguiente:

(…)

Contra este fallo la accionante en amparo pudo haber ejercido el recurso ordinario de apelación previsto en el artículo 288 del Código de Procedimiento Civil, dentro de la oportunidad establecida en el artículo 298 eiusdem.

Por otra parte se aprecia que mediante escrito de fecha 06 de octubre de 2006, corriente a los folios 583 al 585, la accionante en amparo interpuso acción de invalidación contra la referida sentencia, con fundamento en los mismos argumentos en que sustenta la solicitud de amparo.”

 

V

DE LA APELACIÓN

Con motivo de la apelación, el ciudadano Humberto José León, Presidente del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de los Trabajadores de Acueductos, Similares, Conexos y Afines del Estado Táchira, con la asistencia del abogado Daniel Antonio Carvajal Ariza, alegó que:

“(…), tal y como lo [han] desarrollado en el escrito de amparo constitucional la Juzgadora de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estrado Táchira para el momento de admitir la demanda por cobro de bolívares de los haberes dentro de la Caja de Ahorros obvió ordenar la NOTIFICACIÓN AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA Y A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CAJAS DE AHORROS Y FONDOS DE AHORROS, este último como organismo supervisor y contralor, siendo este un vicio de NULIDAD ABSOLUTA que jamás puede ser convalidado, ni aun por convenido (sic) entre las partes, porque dicho vicio afecta el ORDEN PUBLICO, viola flagrantemente el derecho y garantía constitucionales a la DEFENSA Y DEBIDO PROCESO, previstos en el artículo 49 de la Carta fundamental, y al no haber sido notificados dichos organismos no tuvieron la oportunidad de conocer de la existencia de tal demanda y mal podrían entonces haber intervenido como entes supervisores y controladores que son, así las cosas observa[n] que se han violado derechos que reiter[a] son de eminente orden público debiendo el Juez subsanar dicho defecto aun por contrario imperio revocando toda actuación con posterioridad a ello, …”.

 

VI

MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN

En el asunto bajo análisis, se observa que la representación judicial de los demandantes de tutela constitucional propuso pretensión de amparo contra el fallo que expidió el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, el 10 de agosto de 2006, en el proceso que, por cobro de bolívares, incoaron los ciudadanos Juan Bautista Arenas Sandoval, Gil Dover López Márquez, Juan Bautista Méndez Duarte, Luis Enrique Ochoa, José Ernesto Cacique Pérez, Antonio María Arenas Sandoval, Richard Eduardo Medina, James Lovell López Márquez y Víctor Manuel Velasco contra la Caja de Ahorros de los Trabajadores de Acueductos, Similares, Conexos y Afines del Estado Táchira.

Por su parte, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira declaró inadmisible la pretensión de amparo con fundamento en el cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto, en su criterio, la quejosa no ejerció la vía judicial preexistente de impugnación, esto es, la apelación.

La parte apelante fundamentó su recurso sobre los mismos argumentos que fueron expuestos en el escrito de amparo.

Ahora bien, observa esta Sala que contra el veredicto objeto de impugnación, esto es, el fallo que pronunció el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira mediante el cual declaró parcialmente con lugar la demanda que, por cobro de bolívares, incoaron los ciudadanos Juan Bautista Arenas Sandoval, Gil Dover López Márquez, Juan Bautista Méndez Duarte, Luis Enrique Ochoa, José Ernesto Cacique Pérez, Antonio María Arenas Sandoval, Richard Eduardo Medina, James Lovell López Márquez y Víctor Manuel Velasco contra la aquí recurrente, era perfectamente posible la interposición de apelación, como medio judicial preexistente y ordinario, para la impugnación del mismo de conformidad con lo que preceptúa el artículo 288 del Código de Procedimiento Civil.

En efecto, dicha disposición adjetiva preceptúa la apelación como mecanismo de impugnación ordinaria contra toda sentencia definitiva que sea dictada en primer grado de jurisdicción, salvo disposición en contrario.

El artículo 6, cardinal 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales dispone textualmente lo siguiente:

“Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo:

(…)

5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado”.

 

Ante la interposición de una demanda de amparo contra sentencia o procedimientos judiciales, necesariamente el tribunal constitucional debe proceder a la verificación de la existencia o no de un eficaz medio de defensa o de impugnación contra la decisión o acto jurisdiccional que se ataca, máxime si se atiende al deber tuitivo de los derechos y garantías fundamentales que la vigente Constitución impone a todos los jueces de la República en su loable misión de impartir justicia, de lo cual se concluye que el amparo constituye un instrumento adicional en la defensa de tales derechos y garantías.

No obstante lo anterior, esta Sala Constitucional estableció la posibilidad de que el supuesto agraviado, en el escrito continente de su pretensión de tutela constitucional, justificase, mediante razones suficientes y valederas, la escogencia del amparo entre los medios ordinarios o extraordinarios de impugnación; tal justificación constituye una carga procesal que el quejoso debe cumplir, pues de ello depende el éxito de su pretensión. Así, en ese sentido, se estableció:

“En este contexto es menester indicar que la postura que sirve de fundamento al fallo apelado ha sido corregida progresivamente por esta Sala hasta el punto de considerar que la parte actora puede optar entre el ejercicio de la acción de amparo y la vía de impugnación ordinaria (vid sentencia de fecha 15 de febrero de 2000 entre otras); no obstante, para ello debe poner en evidencia las razones por las cuales decidió hacer uso de esta vía -amparo- ya que de lo contrario se estarían atribuyendo a este medio procesal los mismos propósitos que el recurso de apelación, lo cual no ha sido en ningún momento la intención del legislador” (s.S.C. n.° 939/00, caso: Stefan Mar C.A. Subrayado y negrillas añadidos).

 

Dicha postura se ha mantenido hasta el punto que se extendió, expresamente, para los casos de los medios extraordinarios de impugnación. Así, en este sentido, la Sala Constitucional expresó:

 

“De modo pues que, a juicio de esta Sala, si la decisión es susceptible de impugnación mediante el recurso extraordinario de casación, su falta de ejercicio configura, en principio, la causal de inadmisibilidad que establece el artículo 6, cardinal 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, salvo que el querellante ponga en evidencia razones suficientes y valederas que justifiquen realmente la admisión del amparo respecto de una sentencia susceptible de que sea recurrida en casación.

La violación o amenaza de violación de derechos fundamentales, el urgente restablecimiento de la situación jurídica infringida, la eventual irreparabilidad del daño y la circunstancial inidoneidad e ineficacia de las vías, medios o recursos judiciales preexistentes (ordinarios o extraordinarios) en un caso concreto, son circunstancias determinantes de la admisibilidad y procedencia de una demanda de amparo.

Corresponde entonces al supuesto agraviado la puesta en evidencia, en el escrito continente de su demanda, de tales circunstancias, de lo cual dependerá, en gran medida, el éxito de su pretensión.

La escogencia, por parte del querellante, entre la demanda de amparo y las vías, medios o recursos judiciales preexistentes (ordinarios o extraordinarios) es la excepción, no la regla, y es posible sólo cuando las circunstancias a que se hizo referencia supra así lo ameriten, para lo cual, se insiste, es necesario que el agraviado las ponga en evidencia ante el Juez, quien, en definitiva, las ponderará en cada caso...” (Sic. s. S.C. n.° 369 del 24.02.03. Resaltado añadido).

 

Es por ello que, en principio, cuando la parte actora tiene la posibilidad del ejercicio del recurso ordinario de apelación, la vía del amparo le está negada, por cuanto éste contaba con una vía procesal idónea para que hiciera valer sus derechos. Por lo tanto, si bien es cierto que en otras oportunidades esta Sala ha establecido la posibilidad de la proposición de la pretensión de amparo constitucional, aun cuando exista una vía ordinaria para la delación el acto supuestamente lesivo, de igual forma se ha advertido el deber del demandante de alegación, fundamentación y demostración de los motivos por los cuales consideró necesario su empleo, pues lo contrario devendría en la inadmisibilidad de la demanda conforme con lo que ordena el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Como se expresó supra, contra las decisiones definitivas que se dicten en primera instancia se admite la apelación en ambos efectos, lo cual, no hizo el supuesto agraviado, pues no ejerció el referido instrumento ordinario de impugnación idóneo y disponible, lo cual permite la subsunción de la pretensión de tutela constitucional en la causal de inadmisibilidad que preceptúa el cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, por ende, la confirmación del acto de juzgamiento objeto de apelación, y así se decide.

 

VII

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR la apelación que interpuso el ciudadano HUMBERTO JOSÉ LEÓN contra la decisión que pronunció, el 2 de noviembre de 2006, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.

segundo: se CONFIRMA la sentencia que dictó el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, el 2 de noviembre de 2006, que declaró inadmisible la demanda de amparo que interpusieron los ciudadanos HUMBERTO JOSÉ LEÓN, MARCO DELGADO y JESÚS EUGENIO ZAMBRANO, miembros del Consejo de Administración de la Asociación Civil de la Caja de Ahorros de los Trabajadores de Acueductos, Similares, Conexos y Afines del Estado Táchira, con la asistencia Daniel Antonio Carvajal Ariza, contra la decisión que expidió, el 10 de agosto de 2006, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de esa misma Circunscripción Judicial, que fue constituido con asociados.

 

Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,                                   a los           22 días del mes de junio de dos mil siete. Años: 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

 

 

La Presidenta,

 

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

El Vicepresidente,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

 

 

Los Magistrados,

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Ponente          

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

…/

…

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

PRRH.sn.ar.

Exp. 06-1807

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