Venley

Sentencia N.º 118

Sentencia
N.º 118
Fecha
17/02/2012
Sala
Constitucional
Expediente
11-0709
Ponente
Francisco Antonio Carrasquero López
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

El 13 de mayo de 2011, se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el oficio nro. 120-2011, del 6 de mayo de 2011, librado por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, mediante el cual remitió el expediente nro. KP01-O-2010-000046 (de la numeración de dicha Corte) contentivo de la acción de amparo constitucional, en modalidad de habeas corpus, interpuesta, el 18 de abril de 2011, por la abogada FRANCIS RIVAS VALECILLOS, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nro. 32.743, actuando en su condición de defensora privada del ciudadano HARRISON ALEXANDER LEMUS, titular de la cédula de identidad nro. 14.031.359, de conformidad con los artículos 1, 5, 39 y 41 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, contra el ciudadano Javier Escalona, quien se desempeña (o desempeñó) como Inspector de la Brigada de Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la Zona Industrial de Barquisimeto, Estado Lara; contra la Fiscalía Vigésima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Lara y contra la decisión del 15 de abril de 2011, dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, mediante la cual se le impuso la medida cautelar sustitutiva de detención domiciliaria, prevista en el artículo 256.1 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Tal remisión obedece al recurso de apelación ejercido, el 28 de abril de 2011, por la abogada Francis Rivas Valecillos, actuando en su condición de defensora privada del ciudadano Harrison Alexander Lemus, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, contra la decisión dictada, el 26 de abril de 2011, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional propuesta.

 

En fecha 3 de junio de 2011, se dio cuenta en Sala del presente expediente, y se designó ponente al Magistrado doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, quien, con tal carácter, suscribe la presente decisión.

 

El 21 de noviembre de 2011, compareció ante la Secretaría de esta Sala Constitucional la abogada Francis Rivas, actuando en su condición de defensora privada del ciudadano Harrison Alexander Lemus, a fin de consignar en autos los fundamentos del presente recurso de apelación.

 

Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

 

I

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

Del escrito contentivo de la acción de amparo se desprenden los siguientes argumentos:

 

“REQUISITOS ARTÍCULO 18 DE LA LEY ORGÁNICA DE AMPARO SOBRE DERECHOS Y6 (sic) GARANTÍAS CONSTITUCIONALES:

1° AGRAVIADO: HARRISON ALEXANDER LEMUS, domiciliado en la carrera 08 esquina callo 05, casa N° 5-10 Santa Isabel La Playa Barquisimeto Estado Lara. Se encuentra en CICPC Zona Industrial.

2° y 3° AUTORIDADES AGRAVIANTES:

Inspector de la Brigada de Delincuencia Organizada JAVIER ESCALONA. CICPC Zona Industrial, Barquisimeto Estado Lara;

Abogado RUDY KREUBEL Y CRISTINA CORONADO representantes de la fiscalía 22, Calle 27 con carrera 17 Edificio Torre Orinoco Piso 4, Barquisimeto Estado Lara;

Y Abogado OSWALDO JOSÉ GONZÁLEZ, Juez Sexto (6°) de Control Penal del Estado Lara, carrera 17 entre 24 y 25 Palacio de Justicia PB, Circuito Judicial Penal del Estado Lara”.

 

Adujo la parte actora, respecto a la impugnación dirigida contra el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que “El día 14 de Abril de 2011, mi defendido fue citado al CICPC en calidad de testigo a rendir una declaración con relación al Fase (sic) Investigativa, Expediente Administrativo N° UAI-PI-0001-2011 que está llevando la Auditora Interna de CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS CVAL, S.A.; mi defendido se presenta a la cita a las 2:00 PM como decía la boleta, no le hacen prácticamente ninguna pregunta y le realizan la prueba grafotécnica; como a las 5:00 de la tarde me presenté al CICPC de la Zona Industrial, y fui atendida por el Jefe de la Brigada de Delincuencia Organizada, a quien le pregunto que porque (sic) razón están reseñando a mi representado que fue citado en calidad de testigo, cuando la Fiscalía 22 que está llevando la Investigación desde el 14 de Febrero del 2011, NO LO HABÍA IMPUTADO” (Resaltado del escrito).

 

Asimismo, indicó que “Como a las 5:45 PM, fui atendida por el Inspector de la Brigada de Delincuencia Organizada JAVIER ESCALONA, quien me manifestó que mi defendido estaba DETENIDO CON UNA ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL, LIBRADA EN ESE MOMENTO POR EL TRIBUNAL DE CONTROL, le solicité el físico del Oficio o papel de FAX, que no mostró porque NO estaba autorizada por el Tribunal de Control como consta en el IURIS 2000 y en el físico de la CAUSA N° KP01-P-2011-0003887, que promuevo como pruebas en este acto” (Resaltado del escrito).

 

De igual forma, señaló que “…le manifesté que el vehículo de mi representado estaba fuera, que me permitiera hablar con él para sacar los Informes Médicos y unos medicamentos que estaban en el carro, que evidencian que el detenido tiene la salud gravemente afectada, y también para llevarme el vehículo o mandarlo a su casa, y me dijo que regresara en dos (2) horas, mientras traen al detenido del reconocimiento Médico-legal” (Resaltado del escrito).

 

Que “A las 7:00 cuando regresé para buscar los Informes Médicos, medicinas, y para llevarme el vehículo, no estaba el carro y fui informada por el funcionario que estaba en la Puerta que el Vehículo de las siguientes características Clase: Automóvil; Marca: CHRYSLER, DODGE, JEEP, Modelo: CALIBER LE ATX 2.0 LTS; Año 2010; Color: VERDE NATURAL; Tipo: Sedan; Clase: CAMIONETA; Placa: AB786RK; Uso: Particular, Stock: 0610113881, según consta de Factura y Certificado de Origen N° BE-062935, de fecha 26-05-2010, que promuevo como pruebas en copia simple en dos folios (2) útiles marcadas ‘B’, a nombre de mi representado estaba RETENIDO, sin explicar a la orden de quien” (Resaltado del escrito).

 

Que “ES UN ERROR QUE EN NINGÚN MOMENTO ME PERMITIÓ EL FUNCIONARIO HABLAR CON MI REPRESENTADO”.

 

“1. PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD: Lo cierto es que mi DEFENDIDO fue privado de su libertad el 14-04-2011 desde las 4:45 PM, SIN HABER SIDO IMPUTADO POR LA FISCALÍA 22, según lo CONFIESAN los funcionarios del CICPC, en el Acta de Investigación del 14 de Abril de 2011 en donde se recoge una supuesta declaración de mi defendido que en ningún momento fue suscrita por HARRISON LEMUS sino por los funcionarios actuantes Inspector Javier Escalona, Detective José Pernalete y Agente Silva, la cual impugné en su contenido en la audiencia, EXCEPTO en la confesión que en ella hacen los funcionarios sobre la hora de la privación de libertad de mi representado, lo cual quedó plasmado en el Acta de Audiencia (Folio 8, líneas 8 a la 15 del anexo ‘A’) y cuya Acta de Investigación obra en el Asunto KP01-2011-0003887 y que promuevo como prueba” (Resaltado del escrito).

 

“2. PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD: “NO EXISTÍA ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL, LIBRADA EN ESE MOMENTO POR EL TRIBUNAL DE CONTROL, nunca me mostró ni en digital, ni en físico, ni fax, el Oficio ni la Orden, ni el acta de llamada telefónica ni nada porque NO EXISTÍA el 14-04-2011, lo cual consta en el Asunto KP01-P-2011-0003887, y que alegué en la Audiencia Oral (Folio 7, líneas 19 a la 29 del anexo ‘A’), para lo cual promuevo como prueba el Sistema IURIS 2000 y la Autorización del Tribunal de fecha 15-04-2011 (1 día después de privarlo de libertad)” (Resaltado del escrito).

 

“3. ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD: NO EXISTE ORDEN DE LA FISCALIA 22 y de ninguna otra, NI EXISTE ORDEN  de ningún Tribunal o Institución autorizando la RETENCIÓN DEL VEHÍCULO…” (Resaltado del escrito).

 

“4. VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD: El 14-04-2011, NO ME (sic) permitieron buscar los exámenes médicos ni los medicamentos a suministrar a mi defendido que se encontraba en el vehículo retenido, lo cual había solicitado al Inspector Javier Escalona, y que denuncié ante el Juez y Fiscal como lo evidencia la copia certificada del Acta de Audiencia del 15-04-11” (Resaltado del escrito).

 

Por su parte, respecto a las impugnaciones dirigidas contra el Ministerio Público y el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito  Judicial Penal del Estado Lara, señaló que “NUNCA EXISTIÓ LA URGENCIA Y NECESIDAD DE LA ORDEN DE CAPTURA. El día 15 de Abril de 2011, el Tribunal de Control 6 convocó a la Audiencia, y dejó establecido que acordó vía telefónica la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público, lo cual NO SE EVIDENCIA EN NINGUNA ACTA DEL ASUNTO que se haya efectuado la llamada para tal fin. Qué acta recoge la denuncia conforme a las previsiones de ello?, lo que vulnera el derecho de defensa de mi representado, toda vez que NUNCA EXISTIÓ la necesidad o urgencia…” (Resaltado del escrito).

 

Que “Se violó el Debido Proceso, e igualdad ante la ley La Administración (sic) de Justicia, debe ceñirse a la ley, y su principio de legalidad en lo que se refiere a los indicados DELITOS, quedando cercenado el debido proceso indicado en las Normas de Orden Público contenidas en la Ley contra la Corrupción, Código Penal, Ley contra la Delincuencia Organizada y COPP, que son los instrumentos legales vigentes y aplicables” (Resaltado del escrito).

 

Que “El Tribunal de Control, como garante de la Constitucionalidad debe procurar un proceso limpio, respetando la eficacia probatoria de los Instrumentos exculpatorios como le ordena la ley, y en lo posible velar, que el trámite que soporta sus Resoluciones sea veraz, desechando lo que pueda enervar o inhibir tanto el derecho de defensa como el debido proceso garantizado en el artículo 49 de la Carta Magna, para que el acto sea legítimo” (Resaltado del escrito).

 

Que en el caso de autos también se ha vulnerado el derecho de petición y oportuna respuesta consagrado en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Al respecto, la parte actora señaló que “También queda vulnerado el derecho de Petición y de Defensa por no pronunciarse sobre lo solicitado de la impugnación del Acta de investigación al no pronunciarse sobre ello, con lo cual se incurrió, además, “… en denegación de justicia, por considerar que cercena el derecho Constitucional de Defensa del Acusado consagrado en el artículo 49 de la Carta Magna” (Resaltado del escrito).

 

Asimismo, señaló que en el caso de autos no ha existido ni antes ni ahora el peligro de fuga, toda vez que “El 14 de febrero de 2011, (…) se inició la Fase Investigativa, Expediente Administrativo N° UAI-PI-AP-0001-2011 que está llevando la Auditora Interna de CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS CVAL, S.A.; mi defendido fue notificado de los hechos y realizó sus descargos en fecha 04 de Marzo de 2011, NUNCA pensó  en evadirse de ninguna investigación, como consta de NOTIFICACIÓN y de AUTO DE PROCEDER A LA FASE INVESTIGATIVA y en originales consigno en dos (2) y nueve (9) folios útiles marcadas ‘C-1’ y ‘C-2’ respectivamente y que promuevo como prueba para este AMPARO donde consta (sic) los hechos objeto de la Investigación Administrativa y Fiscal…” (Resaltado del escrito).

 

Por otra parte, señaló que en el presente caso se ha vulnerado el numeral 1 del artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señalando al respecto que “… no era necesario un trato inhumano o degradante contra mi defendido, ya que es un hecho cierto y probado ante el Tribunal, hasta prueba en contrario que éste se encuentra en un precario estado de SALUD, debido a una afección Inmunológica (sic) que exige el riguroso control sanitario, con diferentes Especialistas (sic)…”.

Que “No teniendo la Fiscalía 22 una prueba que contradijera lo expuesto sobre el grave daño a la salud que padece mi representado, y AFIRMANDO que las medidas humanitarias estaban por encima de las medidas privativas de libertad, a todo evento APELO DEL ARRESTO DOMICILIARIO, aún cuando acreditamos todo con los originales, y con la petición de la defensa fueran certificados los recaudos médicos con las Autoridades Sanitarias, y que además informé al Tribunal que mi defendido no había declarado porque estaba descompensado debido a las condiciones de salud para el momento de la Audiencia (como se evidencia de contaje CD4 que está en 100, cuando en personas normales es de 3.800…” (Resaltado del escrito).

 

Que “El Ministerio Público imputó en la Audiencia de fecha 15-04-2011 a mi defendido por PECULADO DOLOSO IMPROPIO CONTINUADO previsto y sancionado en el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción en concordancia con el artículo 99 del Código Penal Venezolano (sic), APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS previsto y sancionado en el artículo 74 de la Ley contra la Corrupción, EXPEDICIÓN ILEGAL DE CERTIFICADOS previsto y sancionado en el artículo 77 de la Ley contra la Corrupción, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR previsto y sancionado en el artículo 04 (sic) de la Ley contra la Delincuencia Organizada, los cuales aprció (sic) el Tribunal de Control para decretar la Medida Cautelar del ordinal 1° del art. 256 del COPP, sin el razonamiento técnico-jurídico obligatorio, lo que se evidencia del Acta de Audiencia Oral lo que es contrario a los postulados del Capítulo III de LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD y en especial al contenido del artículo 250, 251, 252, 253 Y (sic) 254 del C.O.P.P” (Resaltado del escrito).

 

Que “NO EXISTE NOMBRAMIENTO, PUNTO DE CUENTA NI CONTRATO DE MI REPRESENTADO COMO COORDINADOR DE TESORERÍA DE CVAL, S.A. Es el caso, que a mi representado nunca se le hizo el nombramiento en Punto de cuenta, ni se le suscribió contrato Laboral, como correspondería…” (Resaltado del escrito).

 

Que “¿En qué acta consta la materialidad de los hechos contra el imputado, o que participó en el hecho? ¿Cómo participó en el hecho? ¿Con quién lo hizo?” (Resaltado del escrito).

 

Asimismo, indicó que “Ya que la fiscal señala textualmente ‘… se ha estimado que la participación del imputado NO ES DE MANERA INDIVIDUAL…’ en el Acta Folio 3 línea 18, 19, 29 del Acta de Audiencia Oral, anexo ‘A’. En virtud de ello, invocamos la nulidad contenida en los artículos 190 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal…” (Resaltado del escrito).

 

Que “Cuando de actos o decisiones Judiciales se trata, la discrecionalidad y autonomía, no puede de ningún modo, convertirse en el motivo de inspiración, que autorice a los Funcionarios Públicos (operadores de justicia) a arrebatar derechos existentes, en menoscabo de la integridad de los Actos Jurídicos válidos y de la seguridad jurídica”.

 

Que “La decisión IMPUGNADA por violación a las garantías y principios Constitucionales y legales establecidas a favor del imputado, como consecuencia de errores judiciales, desnaturaliza la verdadera función Pública Judicial, con grave perjuicio por la violación de Derechos Humanos y garantías consagradas en la CRBV como el ejercicio irrenunciable de Derechos de Igualdad ante la Ley (art. 21), a la integridad Moral (art. 46), al Debido Proceso (art. 49)”.

 

Que “Todo ello produce AFECTACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO POR DESACATO A LA CONSTITUCIÓN Y A LA LEY, LO QUE CONVIERTE A LA DISPOSITIVA DEL TRIBUNAL DE CONTROL, EN UN ACTO NULO DE NULIDAD ABSOLUTA” (Resaltado del escrito).

 

En otro orden de ideas, denunció la violación del principio de la reserva legal, señalando al respecto que “Las limitaciones y restricciones a los derechos, solo pueden establecerse mediante ley formal, ésta es una garantías (sic) constitucional. No pueden establecerse mediante actos arbitrarios de ninguna Autoridad (sic). Por lo que el concepto de Ley, en términos de garantías constitucional, sólo puede ser, el acto emanado de la Asamblea Nacional actuando como cuerpo legislativo (Art. 202 CRBV)” (Resaltado del escrito).

 

Que “Considerando los errores cometidos por la Fiscalía y el Tribunal de Control, no hay duda que estamos frente a una violación de Derechos Fundamentales en la forma más crasa, en ningún caso puede un Juez aplastar a los ciudadanos bajo supuestos inexistentes y falsos principios, corresponde a un Juez imparcial exclusivamente cumplir con lo que manda la Ley o lo que esta permite; y el ciudadano por su parte puede hacer todo aquello que no está prohibido y sus derechos deberán estar garantizados por las Leyes, es por eso que el artículo 247 del Código Orgánico Procesal Penal establece que ‘todas las disposiciones del Código que restrinjan la libertad … serán interpretadas restrictivamente’ y esto significa que no puede concebirse una interpretación que amplíe su límite de aplicación” (Resaltado del escrito).

 

Que “Todas estas consideraciones se hacen con el ánimo de ilustrar a esta Honorable Corte de Apelaciones, sobre el hecho cierto de que la administración, no es de justicia sino de errores. Sin embargo, en el proceso penal se asoma generalmente una amenaza de privación de libertad individual, no sólo por la expectativa de una sentencia condenatoria, sino por la aplicación de las medidas cautelares, en el presente caso la Fiscalía y el Juez de Control invirtió (sic) el contenido del principio in dubio pro reo, y ante la duda VIOLÓ EL PRINCIPIO INDUBIO PROREO (sic) a un ciudadano trabajador, GRAVAMENTE ENFERMO como lo demuestra las pruebas (sic) aportadas y que el tribunal sin ningún fundamento desechó”.

 

Que en el caso de autos “… fueron violadas flagrantemente las siguientes disposiciones Constitucionales y Legales y los tratados, pactos y convenciones suscritos por Venezuela que tienen rango supra constitucional por disposición del artículo 23 de nuestra Carta Magna”.

 

En este sentido, indicó que “… se violó el Derecho (sic) a la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 21 de nuestra Constitución, en el  artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)”.

 

Asimismo, adujo que “Fue vulnerado el Debido Proceso (sic) y el Derecho a la Defensa (sic) que son los principios rectores del Proceso Penal Venezolano (sic) y que están contemplados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal, por las razones de hecho y de derecho denunciados en el punto referente a las denuncias que fundamentan este AMPARO y que indefectiblemente demuestran que fueron violados tan sagrados derechos”.

 

Que “Recurro en AMPARO CONSTITUCIONAL, por falta de admisión de medios probatorios necesarios e imprescindibles para la defensa del IMPUTADO SOBRE SU GRAVE ESTADO DE SALUD, LA NECESIDAD DE ACUDIR A CENTROS ASISTENCIALES A APLICARSE A TRATAMIENTOS PARA SOBREVIVIR, con fundamentos en las normas legales ya citadas y que se mencionarán posteriormente y, además, con base a la previsión contemplada en el único aparte del artículo 436 del Código Orgánico Procesal Penal…”.

 

Que “LA OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPUGNACIÓN DEL ACTA DE INVESTIGACIÓN DEL CICPC (sic) PLANTEADA CON ARREGLO A LA LEY, el tribunal de Control incurre en el supuesto previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en su artículo 25 establece: (omissis)” (Resaltado del escrito).

 

Igualmente, la parte actora denunció que en el caso de autos se produjo una detención arbitraria. Sobre este particular, señaló que “De conformidad con el art. 44 (sic) y 49 de la Constitución Política; 248 y 249 del Código Orgánico Procesal Penal, que refieren que nadie puede ser detenido sino por mandato escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito; en su defecto, si se considerase haber indicios razonables para su responsabilidad el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente en período máximo de veinticuatro horas. Por tanto de no cumplirse esta disposición la detención es arbitraria, tal como se está cometiendo en el presente proceso”.

 

Siendo así, denunció la vulneración de los derechos a la igualdad ante la ley, a la vida, a la libertad personal, a la defensa y al debido proceso, a la petición y oportuna respuesta, a la salud, a la propiedad, así como también el principio de reserva legal, consagrados en los artículos 21, 43, 44.1, 49.1, 51, 83, 115 y 202 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente.

 

Con base en lo anterior, la abogada accionante solicitó que se ordene la libertad inmediata del ciudadano Harrison Alexander Lemus, así como también la entrega inmediata de su vehículo, el cual se encuentra retenido.

 

II

DE LA SENTENCIA APELADA

 

La sentencia dictada, el 26 de abril de 2011, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional propuesta, estableció lo siguiente:

 

“Esta Alzada, actuando en Sede Constitucional, teniendo como base el criterio de la Sala Constitucional en cuanto a que la admisibilidad del Recurso de Amparo, puede ser dictada en cualquier oportunidad y por cuanto esta Corte de Apelaciones, haciendo uso del Principio de la Notoriedad Judicial, pudo constatar a través de la revisión efectuada en el sistema informático Juris 2000, que en la causa principal signada con el N° KP01-P-2011-003887, fue invocado el efecto suspensivo por parte del Ministerio Público en la Audiencia Oral de fecha 15-04-2011, motivo por el cual fue aperturado (sic) el efecto suspensivo signado con el N° KP01-R-2011-000187, el cual en fecha 18 de Abril de 2011, fue anulado de oficio por esta Corte de Apelaciones la Audiencia Oral de fecha 15-04-2011 y fundamentada en fecha 18-04-2011, remitiendo la causa a un Juez de Control distinto, a los fines de realizar nuevamente la audiencia oral.

Como corolario a lo antes expuesto, se evidencia que en fecha 19 de Abril de 2011, fue realizada la Audiencia Oral por parte del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 9, de este Circuito Judicial Penal, fundamentando su decisión el día 20 de Abril de 2011, de la siguiente manera: ‘Por las razones antes expuestas este Tribunal Noveno de Control del Circuito Judicial Penal del estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: Legalizada como se encuentra la aprehensión del ciudadano HARRISON ALEXANDER LEMUS C.I. 14.031.359, de conformidad a lo establecido en el artículo 44 ordinal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de atendiendo la sentencia de fecha 30-10-2009, Exp. 08-0439, de la Sala Constitucional del TSJ, ya que si bien es cierto de que no fue capturado in fraganti sobre el mismo pesaba una orden de aprehensión emanada por este Despacho. SEGUNDO: SE DECRETA MEDIDA JUDICIAL DE PRIVACIÓN PREVENTIVA DE LIBERTAD de conformidad con los artículos 250, 251 numerales 1º, 2º, 3º, y 252 del Código Orgánico Procesal, al ciudadano HARRISON ALEXANDER LEMUS C.I. 14.031.359, por la presunta comisión de los delitos de Peculado Doloso impropio continuado, previsto y sancionado en el artículo 52 de la Ley contra la corrupción en concordancia con el artículo 99 del Código Penal, Aprovechamiento Fraudulento de Fondos Públicos, previstos y sancionados en el artículo 74 de la Ley contra la Corrupción, Expedición ilegal de Certificaciones previstos y sancionados en el articulo 77 ejusdem; a ser cumplida en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental. TERCERO: Declara sin lugar la solicitud de libertad del imputado solicitada por la defensa técnica, toda vez que no cursa en autos Informe Médico Forense, cuya valoración fue ordenada practicar a la Medicatura Forense, necesaria para verificar la gravedad del estado de salud del imputado de autos.- Por lo que se oficia a la Medicatura Forense a los fines de que remita con carácter de urgencia en un lapso de 24 horas, el informe médico realizado al ciudadano Harrison Lemus. Oficiar al Jefe de medicatura forense del CICPC a los fines de que remita con carácter de urgencia en un lapso de 24 horas, el informe médico realizado al ciudadano Harrison Lemus. Se ordeno el traslado del imputado hasta la sede del Seguro Social Pastor Oropeza, a los fines que le sea brindada asistencia médica, con lo cual se garantizo el derecho a la salud de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.- CUARTO: Se acuerda llevar la presente causa por la vía del Procedimiento Ordinario de conformidad con el artículo 280 del Código Orgánico Procesal Penal, con la finalidad de profundizar en la investigación.-QUINTO: Se ordena oficiar a los organismos de seguridad del Estado, para que se sirvan dejar SIN EFECTO la Orden de Aprehensión librada en contra del imputado de autos…’.

Asimismo, se evidencia que en fecha 22 de Abril de 2011, se recibe escrito por parte de la Abg. Francis Mendoza, solicitando medida humanitaria para el ciudadano HARRISON ALEXANDER LEMUS, manifestando la solicitante que es por razones de salud, motivo por el cual en esa misma fecha, la Juez de Primera Instancia en Funciones de Control N° 09 de este Circuito Judicial Penal, se pronunció respecto a la misma, haciéndolo de la siguientes manera: ‘...Este Tribunal Nº 9 de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara encontrándose de guardia, con vista de la solicitud de medida humanitaria presentada en fecha 22/04/2011, en la cual la Dra. FRANCIS RIVAS VALECILLOS, motivo al estado de enfermedad del imputado HARRISON ALEXANDER LEMUS C.I. 14.031.359, a quien se le sigue la presente causa por la presunta comisión de los delitos de Peculado Doloso impropio continuado, previsto y sancionado en el artículo 52 de la Ley contra la corrupción en concordancia con el artículo 99 del Código Penal, Aprovechamiento Fraudulento de Fondos Públicos, previstos y sancionados en el artículo 74 de la Ley contra la Corrupción, Expedición ilegal de Certificaciones previstos y sancionados en el articulo 77 ejusdem; este Tribunal pasa a decidir en los siguientes términos:

PRIMERO: En fecha 19 de abril de 2011 fue decretado por este Tribunal de Control Nº 9 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara MEDIDA JUDICIAL DE PRIVACIÓN PREVENTIVA DE LIBERTAD de conformidad con los artículos 250, 251 del Código Orgánico Procesal, al imputado HARRISON ALEXANDER LEMUS, acordando la prosecución de la causa por la vía del procedimiento ordinario de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 del Código Orgánico Procesal Penal, oportunidad en la cual fue Declara sin lugar la solicitud de libertad del imputado solicitada por la defensa técnica, toda vez que no cursaba en autos Informe Médico Forense, necesaria para verificar la gravedad del estado de salud del imputado de autos.- Por lo que se ordenó oficiar a la Medicatura Forense a los fines de que remitiera con carácter de urgencia en un lapso de 24 horas, el informe médico realizado con ocasión a la evaluación médica ordenada practicar por el Juzgado de Control Nº 6 de este Circuito al ciudadano Harrison Lemus; y a su vez se acordó Oficiar al Jefe de medicatura forense del CICPC a los fines de que remita con carácter de urgencia en un lapso de 24 horas, el informe médico realizado al ciudadano Harrison Lemus. Se ordenó el traslado del imputado hasta la sede del Seguro Social Pastor Oropeza, a los fines que le sea brindada asistencia médica, con lo cual se garantizó el derecho a la salud de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.-

En fecha 20 de abril de 2011 quien Juzga revisadas las actuaciones, observado que en autos no cursaba aun Informe Médico Legal correspondiente al imputado de autos, ordeno, a los fines de garantizar el derecho a la salud del imputado de autos, establecido en el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se ordenará un nuevo traslado a la Medicatura Forense de Barquisimeto para el día 21/04/2011 a las 8:00 a.m., solicitando a la Medicatura Forense la remisión a este Juzgado con urgencia del resultado de la valoración médica practicada al imputado de autos.-

SEGUNDO: En fecha 22 de abril de 2011 fue presentado por la Dra. Dra. FRANCIS RIVAS VALECILLOS, escrito mediante el cual solicita jurando la urgencia del caso, y peticiona medida humanitaria motivo al estado de enfermedad del imputado HARRISON ALEXANDER LEMUS C.I. 14.031.359, consignado Constancia Medica suscrito por el Dr. FRANCO GARCIA VALECILLOS, de fecha 21/04/2011, emitida en papel menbretado (sic) del centro Médico Odontológico Andrés Bello, c.a., Medicina General, ubicado en la carrera 35 entre AV. Andrés Bello y Calle 23, Nº 3 Sector Hospital Central AMP, en la se encuentra con sellos Húmedos en los que se hace alusión al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, en el cual se deja constancia que se valora paciente masculino, de 33 años, portador del V.I.H., desde el año 2011 y comienza tratamiento médico con retrovirales, y se indica que en los actuales momentos presenta complicaciones de nauseas, diarrea, mareos, posiblemente hace 8 días, con temblor, fiebre, debilidad, taquicardia, insomnio, dolores retrooculares, agustia, malestar general y otros., en el cual se concluye y a su vez se recomienda lo que se transcribe parcialmente:

(Omissis)
…. ‘Conclusiones:

- Infección por V.I.H.-C3 CATEGORIA SIDA.

- Aftas gingivales por stress en boca.

- Síndrome ansioso por stress.

Recomendaciones
1) Tratamiento con retroviral (KIVEXA)

2) Dieta de protección gástrica.

3) Evitar toda situación que genere strees.

4) Control personal por inmunologia.’ …

TERCERO: Toda vez que la defensa técnica solicita con fundamento a la Constancia medica en referencia suscrita por el Dr. Franco Valecillos, se otorgue una medida humanitaria, y observando que la referida figura legal de conformidad con el 502 de la ley Adjetiva Penal resulta procedente en fase de ejecución de condenas, respecto al penado que encontrándose en gravísimo estado de salud o en fase terminar con la debida verificación del médico forense; sin embargo se debe señalar que en fase de control, el legislador garantizando el derecho a la salud, y en caso excepcionales, previo en el artículo 245 del Código Orgánico Procesal Penal la imposición de Medida de Coerción Personal “Detención Domiciliaria o la Reclusión en un Centro Especializado”, menos gravosa que la medida privativa de libertad, cuando se encuentre debidamente comprobada que la persona se encuentra afectada en fase Terminal.-

Es así como se observa, luego del análisis que hiciere este Juzgado a la solicitud presentada por la defensa técnica del imputado de autos y la constancia medica suscrita por el Dr. Franco García Valecillos, de fecha 21/04/2011, no se observa la condición en la que se expide la constancia medica, toda vez que dentro del texto se omitió señalar si el profesional de la medicina expidió tal constancia en su condición de experto médico forense adscrito al C.I.C.P.C. que nos obstante los sellos húmedos que se encuentra en el mismo, nada se señala en forma expresa respecto a la condición en la que se expide el informe, siendo necesario verificar tal circunstancia puesto que ya en decisión dictada por este Juzgado en fecha 19/04/2011 se estableció la necesidad de un Informe Médico Forense para tener certeza de la condición de salud del imputado de autos; persistiendo aun tal circunstancia toda vez que la Constancia Médica contentiva de la valoración medica del imputado se encuentra plasmada en papel menbretado (sic) “Centro Médico Odontológico Andrés Bello, c.a., Medicina General, ubicado en la carrera 35 entre AV. Andrés Bello y Calle 23, Nº 3 Sector Hospital Central AMP”, en la que se omite señalar si la valoración fue realizada en la condición de experto forense.-

Así mismo (sic), cabe mencionar una circunstancia más importante, que en la referida constancia medica expedida por Dr. Francisco García Vallecillos, nada se señala respecto a lo avanzado de la enfermedad del ciudadano HARRISON ALEXANDER LEMUS, y si se encuentra en fase Terminal, necesaria a los efectos de establecer si se encuentra dado el supuesto contemplado en el artículo 245 del Código Orgánico Procesal Penal, para decidir respecto a la procedencia o no de la medida de “Detención Domiciliaria o la Reclusión en un Centro Especializado” del imputado de autos.-

Sin embargo, señala la referida constancia medica que el imputado Infección por V.I.H.-C3 CATEGORIA SIDA; presenta Aftas gingivales por stress en boca; y Síndrome ansioso por stress, por lo que recomendó Tratamiento con retroviral (KIVEXA), Dieta de protección gástrica, Evitar toda situación que genere strees; Control personal por inmunológica, situación que no ilustra con claridad que el imputado se encuentre en fase Terminal.-

Bajo tales circunstancias, debe negar quien Juzga la medida humanitaria solicitada, negando a favor del imputado HARRISON ALEXANDER LEMUS, C.I. 14.031.359, la medida de coerción personal menos gravosa a la privativa de libertad, toda vez que el imputado no se encuentra en el supuesto legal establecido en el artículo 245 del Código Orgánico Procesal Penal, puesto que en la constancia medica suscrita la el Médico no se indica lo avanzado de la enfermedad, y si se encuentra en fase Terminal, aunado a que nos obstante los sellos húmedos que se encuentra en la Constancia Medica fechada 21/04/2011, nada se señala en forma expresa respecto a la condición en la que el médico suscribe la mencionada constancia medica, siendo necesario verificar tal circunstancia puesto que en decisión dictada por este Juzgado en fecha 19/04/2011 se estableció la necesidad de un Informe Médico Forense para tener certeza de la condición de salud del imputado de autos; persistiendo aun tal circunstancia toda vez que la Constancia Medica contentiva de la valoración medica del imputado se encuentra plasmada en papel menbretado (sic) haciendo alusión a un centro médico privado.-

Sin embargo en resguardo del derecho a la salud y la integridad física del imputado, atendiendo a la constancia medica en referencia, se ordena realizar traslado con las seguridades del caso para el día 23/04/2011 al Seguro Social Pastor Oropeza de esta Ciudad, a los fines que sea brindada atención medica al imputado ALEXANDER LEMUS, C.I. 14.031.359; brinde tratamiento médico requerido a las afecciones que presenta el imputado HARRISON ALEXANDER LEMUS, C.I. 14.031.359, por Infección por V.I.H.-C3 CATEGORIA SIDA; Aftas gingivales por stress en boca; y Síndrome ansioso por stress; solicitando a los fines de garantizar el derecho a la salud sea suministrado Tratamiento con retroviral (KIVEXA), Control personal por inmunológica.- Líbrese oficio al Seguro Social Pastor Oropeza de esta Ciudad a los fines que se brinde la atención medica que amerite el imputado, y en caso que por razones de salud previo diagnostico médico se requiera el ingreso del imputado a el referido Centro Asistencia, deberá procurarse el mismo custodiando al imputado durante el tiempo que se amerite al Seguro Social Pastor Oropeza de esta Ciudad en el entendido que se encuentra bajo medida de privación judicial preventiva de libertad, de lo que deberá notificarse en forma inmediata a este Tribunal.-

DISPOSITIVA:


En mérito de lo anteriormente expuesto, este Tribunal de (sic) Noveno Primera Instancia en lo Penal, en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Lara solo por este acto por encontrarse de guardia, Administrando Justicia, en Nombre de la República y por Autoridad de la ley, DECIDE:

 

PRIMERO: NIEGA LA SOLICITUD DE LA DEFENSA PRIVADA de otorgar medida humanitaria a favor del imputado HARRISON ALEXANDER LEMUS, C.I. 14.031.359; o la medida de coerción personal menos gravosa a la privativa de libertad, toda vez que el imputado no se encuentra en el supuesto legal establecido en el artículo 245 del Código Orgánico Procesal Penal, hasta tanto sea ratificado el contenido del informe médico, debiendo señalar la condición en la que actúa el médico, y si la enfermedad se encuentra avanzada al punto que pueda considerarse que este en fase Terminal; puesto que en la constancia medica suscrita la el (sic) Medico no se indica lo avanzado de la enfermedad, o si se encuentra en fase Terminal, aunado a que nos (sic) obstante los sellos húmedos que se encuentra en la Constancia Medica fechada 21/04/2011, nada se señala en forma expresa respecto a la condición en la que el médico suscribe la mencionada constancia medica, siendo necesario verificar tal circunstancia puesto que en decisión dictada por este Juzgado en fecha 19/04/2011 se estableció la necesidad de un Informe avalado por un Médico Forense para tener certeza de la condición de salud del imputado de autos; persistiendo tal circunstancia toda vez que la Constancia Medica contentiva de la valoración medica del imputado se encuentra plasmada en papel menbretado (sic) de un Centro Médico Privado.- Se acuerda oficiar a la medicatura forense adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas del Estado Lara, anexando copia de la constancia medica en referencia.-

 

SEGUNDO: Se ordena realizar traslado con las seguridades del caso para el día 23/04/2011 al Seguro Social Pastor Oropeza de esta Ciudad, a los fines que sea brindada atención medica al imputado ALEXANDER LEMUS, C.I. 14.031.359; brinde tratamiento médico requerido a las afecciones que presenta el imputado HARRISON ALEXANDER LEMUS, C.I. 14.031.359, por Infección por V.I.H.-C3 CATEGORIA SIDA; Aftas gingivales por stress en boca; y Síndrome ansioso por stress; solicitando a los fines de garantizar el derecho a la salud sea suministrado Tratamiento con retroviral (KIVEXA), Control personal por inmunológica.- Líbrese oficio al Seguro Social Pastor Oropeza de esta Ciudad a los fines que se brinde la atención medica que amerite el imputado, y en caso que por razones de salud previo diagnóstico médico se requiera el ingreso del imputado a el referido Centro Asistencia, deberá procurarse el mismo custodiando al imputado durante el tiempo que se amerite al Seguro Social Pastor Oropeza de esta Ciudad en el entendido que se encuentra bajo medida de privación judicial preventiva de libertad, de lo que deberá notificarse en forma inmediata a este Tribunal.- Líbrese boleta de traslado al C.I.C.P.C.I. DEL ESTADO LARA.- Notifíquese a las partes de la presente decisión, Regístrese, Publíquese, Cúmplase…’

 

Así las cosas, es necesario que esta Alzada, se pronuncie con respecto a la admisibilidad de la presente Acción de Amparo, siendo necesario que los Jueces que conocen en Sede Constitucional, verifiquen si persiste la presunta violación a derechos o garantías constitucionales de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual dispone lo siguiente:

‘Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo:

1) Cuando haya cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucional que hubiesen podido causarla…’

(Subrayado añadido).

 

En atención a la norma supra transcrita, ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que las causales de Inadmisibilidad de la Acción de Amparo son de orden público, tal como lo señala en la Sentencia N° 41 de fecha 26 de Enero de 2001, en Ponencia del Magistrado Iván Rincón Urdaneta, en el expediente N° 00-1011-1012:

 

(omissis)


Ahora bien, en atención a la cita jurisprudencial antes transcrita, así como del análisis efectuado por este Tribunal Superior se evidencia, que la presunta violación de derechos constitucionales alegadas por la accionante CESÓ, ya que, en fecha 18 de Abril de 2011, fue anulado de oficio por esta Corte de Apelaciones la decisión de fecha 15-04-2011 y fundamentada el 18-04-2011, asimismo en fecha 19 de Abril de 2011, la Jueza de Primera Instancia en Funciones de Control N° 09 de este Circuito Judicial Penal, realizó nuevamente la Audiencia Oral fundamentando su decisión el 20 de Abril de 2011, así como también se pronunció respecto a la solicitud de medida humanitaria solicitada en fecha 22-04-2011, por la Defensa Privada del ciudadano HARRISON ALEXANDER LEMUS, lo cual es el objeto de la presente acción de amparo, por lo que, la violación a los derechos constitucionales y legales, invocadas en la presente acción de amparo, por la Abg. Francis Rivas Valecillos, en su condición de Defensora Privada del ciudadano HARRISON ALEXANDER LEMUS, ha sido resuelta y siendo que la lesión jurídica infringida denunciada por la accionante ha cesado, queda configurado en el caso en estudio, la causal de inadmisibilidad establecida en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparos sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y por esta razón esta Sala, considera que la presente acción de amparo, es INADMISIBLE. Y ASÍ SE DECIDE”.

III

DE LA COMPETENCIA

 

Previo a cualquier decisión, esta Sala debe pronunciarse acerca de su competencia para conocer del presente caso. Así pues, observa que la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, al delimitar la competencia de esta Sala en materia de amparo constitucional, establece en su artículo 25, numeral 19, que le corresponde conocer de las apelaciones interpuestas contra las sentencias que recaigan en los procesos de amparo constitucional autónomo que sean dictadas por los juzgados superiores de la República, salvo la de los juzgados superiores en lo contencioso administrativo.

 

Visto entonces, que en el presente caso, se somete al conocimiento de esta Sala Constitucional la apelación de un fallo dictado por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, esta Sala asume la competencia para conocer del asunto planteado. Así se declara.

 

IV

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

A fin de delimitar el objeto de la presente controversia, esta Sala observa que el recurso de apelación sometido a su consideración, ha sido ejercido contra la sentencia dictada, el 26 de abril de 2011, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, mediante la cual se declaró inadmisible la acción de amparo ejercida, el 18 de abril de 2011, por la abogada Francis Rivas Valecillos, actuando en su condición de defensora privada del ciudadano Harrison Alexander Lemus, contra el ciudadano Javier Escalona, quien se desempeña (o desempeñó) como Inspector de la Brigada de Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la Zona Industrial de Barquisimeto, Estado Lara; contra la Fiscalía Vigés ima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Lara y contra la decisión del 15 de abril de 2011, dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, mediante la cual se le impuso la medida cautelar sustitutiva de detención domiciliaria, prevista en el artículo 256.1 del Código Orgánico Procesal Penal.

En la mencionada decisión del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, se dispuso lo siguiente:


“Por los argumentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Tribunal en Funciones de Control sexto del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre (sic) de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal DECRETA MEDIDA JUDICIAL DE PRIVACIÓN PREVENTIVA DE LIBERTAD A el IMPUTADO Harrison Alexander Lemus C.I. 14.031.359. Primero: Se acuerda la continuación de la presente causa por el Procedimiento Ordinario (sic) de conformidad con lo establecido en el artículo 280 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de ahondar en las investigaciones y determinar la posible responsabilidad penal del imputado y a los efecto de que la defensa con el fin de no violentar su derecho a la defensa con el fin de proveer los medios de pruebas que le sean favorable. Segundo: En cuanto a la medida de coerción solicitando por del Ministerio Publico como lo es la medida privativa de libertad por cuanto considera se encuentra llenos los extremos del articulo 250 como los son un hecho punible que merezca pena libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita efectivamente existe un hecho punible cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita como lo es los delitos por los cuales se trajo al proceso al hoy imputado 2º fundado elementos de convicción para estimar que el hoy imputado a sido autor o participe en la comisión de un hecho punible 3º una presunción razonable por la apreciación de la circunstancia del caso particular como lo es el peligro de fuga o de obstaculacion (sic) en la búsqueda de la verdad observa este juzgador que el caso en cuestión por cuanto el hoy imputado de acuerdo a lo que se desprende al acta de investigaron penal de fecha 14-04-2011 el ciudadano: Harrison Alexander Lemus C.I. 14.031.359 se había presentado previa boleta de citación a la sede del CICPC relacionada con el presente caso en cuestión con el fin de que rindiera declaración lo que descarta la posibilidad al peligro de fuga o de obtaculacion (sic) de la investigación. Tercero: en cuanto a la medida De (sic) coerción personal solicitada por el ministerio publico (sic) como lo es la privativa de libertad a la cual hace su opción la defensa argumentado que su defendido se encuentra en un estado de salud precaria lo que pondría en riesgo la misma según informes médicos consignado ante este tribunal desde el folio 66 al 79 en los cuales se puede determinar que el mismo pódese una enfermedad denominada del virus de la inmunodeficiencia humana VH considera este juzgador que si bien es cierto que se encuentra llenos los extremos del articulo 250 ordinal 1º como los son los delitos: Peculado Doloso impropio continuado previsto y sancionado en el artículo 52 de la Ley contra la corrupción (sic) en concordancia con el artículo 99 del Código Penal Venezolano, aprovechamiento fraudulento de fondos públicos previstos y sancionados en el articulo 74 de la Ley contra la Corrupción, Expedición ilegal de Certificaciones previstos y sancionados en el articulo 77 de la Ley contra la Corrupción, Asociación para delinquir previsto y sancionado en el artículo 04 (sic) de la Ley contra la Delincuencia Organizada Los (sic) cuales no se encuentran evidentemente prescrito no es menos cierto que el hoy imputado de acuerdo a lo expuesto por su defensa y verificado según soportes médicos su estado de salud evidentemente e se encuentra afectado como tal y a fin de de velar por el mismo por cuanto se pondría en riesgo su vida en caso de dictase una medida privativa de libertad y como quiera que este tipo de enfermedad requiera de tratamiento continuo y estricto puesto que no es una enfermedad común de la existente y por cuanto es un deber ineludible de este juzgador que le esta impuesto en tratados y convenios internacionales como en la propia constitución de la republica bolivariana (sic) de Venezuela en el articulo 83 el cual prevee (sic) que la salud es un derecho social fundamental obligación del estado (sic) que la deben garantizar el derecho a la vida Este Tribunal (sic) visto el efecto suspensivo del Ministerio Público respecto a la medida cautelar de detención domiciliaría dictada por este Juzgador en atención del estado de salud que de acuerdo a informenes (sic) médicos presento la defensa en esta sala de audiencia del imputado a los efectos de dejar constancia de la decisión como tal el Tribunal ratifica nuevamente lo concerniente a los exámenes médico Forense (sic) que debe practicarse al mismo y si la patología que indica el informe médico es cierta como tal y en todo caso puesto que se ejerció el efecto suspensivo el Tribunal ordena que la presente decisión quede en suspenso hasta tanto la Corte de Apelaciones decida lo concerniente a la apelación con efecto suspensivo y en este sentido visto la situación en la cual se encuentra el Centro Penitenciario de Uribana en el día de hoy y a la negativa de los internos de querer recibir los traslados que manda el Tribunal se ordena que el Mismo se mantenga en el CICPC hasta tanto la Corte de Apelaciones decida al respecto”.

 

Asimismo, se observa que la parte fundamentó su solicitud de tutela constitucional, en las supuestas lesiones a los derechos a la igualdad ante la ley, a la vida, a la libertad personal, a la defensa y al debido proceso, a la petición y oportuna respuesta, a la salud, a la propiedad, así como también el principio de reserva legal, consagrados en los artículos 21, 43, 44.1, 49.1, 51, 83, 115 y 202 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente, y en las cuales habría incurrido los órganos señalados como agraviantes.

 

También se observa, que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, en su decisión del 26 de abril de 2011, declaró la inadmisibilidad de la acción de amparo propuesta, con base en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Para arribar a tal resultado decisorio, la referida Corte de Apelaciones afirmó que “… la presunta violación de derechos constitucionales alegadas por la accionante CESÓ, ya que, en fecha 18 de Abril de 2011, fue anulado de oficio por esta Corte de Apelaciones la decisión de fecha 15-04-2011 y fundamentada el 18-04-2011, asimismo en fecha 19 de Abril de 2011, la Jueza de Primera Instancia en Funciones de Control N° 09 de este Circuito Judicial Penal, realizó nuevamente la Audiencia Oral fundamentando su decisión el 20 de Abril de 2011, así como también se pronunció respecto a la solicitud de medida humanitaria solicitada en fecha 22-04-2011, por la Defensa Privada del ciudadano HARRISON ALEXANDER LEMUS, lo cual es el objeto de la presente acción de amparo …”.

 

En cuanto a la admisibilidad del presente recurso de apelación, y previo a cualquier otro tipo de consideración, debe esta Sala reiterar que, de conformidad con la interpretación que se le ha dado al texto del artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales  (sentencias 501/2000, del 31 de mayo; y 3.027/2005, del 14 de octubre), el lapso para recurrir de la decisión dictada por la primera instancia en el proceso de amparo, es de tres días contados a partir de la fecha de publicación del fallo (sentencia nro. 11/2004, del 14 de enero), los cuales, a su vez, deben ser computados por días calendarios consecutivos, excepto los sábados, los domingos, el jueves y el viernes santos, los declarados días de fiesta por la Ley de Fiestas Nacionales y los declarados no laborables por otras leyes, ello a los fines de salvaguardar el derecho a la defensa, el cual también tiene una dilatada vigencia en el marco del proceso de amparo. Aceptar lo contrario sería desconocer la aplicabilidad de tal derecho en cualquier iter procesal, en otras palabras, sacrificar el derecho a la defensa de los ciudadanos -mediante juicios relámpago, por ejemplo- en aras de una mayor celeridad, sería subvertir el orden lógico de los fundamentos que constituyen el Estado Democrático y social de Derecho y de Justicia que definen a nuestra República (sentencia nro. 501/2000, del 31 de mayo).

 

En el caso sub lite, la sentencia hoy recurrida fue dictada el 26 de abril de 2011. Igualmente, se observa que el 28 de abril de 2011, la abogada Francis Rivas Valecillos, actuando en su condición de defensora privada del ciudadano Harrison Rivas Valecillos, ejerció recurso de apelación.

 

A mayor abundamiento, en el presente caso el dies a quo estuvo representado por el martes 26 de febrero de 2011, ya que en este último se dictó la sentencia recurrida, mientras que el dies ad quem, estuvo configurado por el viernes 29 de abril de 2011, último día para ejercer el recurso de apelación, siendo que entre ambas fechas transcurrieron los siguientes días: miércoles 27 de abril, jueves 28 de abril y viernes 29 de febrero (dies ad quem).

 

Lo anteriormente expuesto denota que la parte actora ejerció el recurso de apelación el segundo día hábil siguiente a la emisión de la sentencia objeto de apelación, lo cual se entiende incluido dentro del lapso de tres (3) días previstos en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, todo ello de conformidad con los criterios asentados por esta Sala en sentencias 501/2000, del 31 de mayo; 11/2004, del 14 de enero; y 3.027/2005, del 14 de octubre. En consecuencia, considera esta juzgadora que el referido recurso ha sido presentado de forma tempestiva y por tanto, el mismo resulta admisible. Así se declara.

 

Igualmente, la Sala pasa a pronunciarse con relación a la tempestividad del escrito presentado ante la Secretaría de esta máxima instancia constitucional, el 21 de noviembre de 2011, por la abogada Francis Rivas Valecillos, actuando en su condición de defensora privada del ciudadano Harrison Alexander Lemus, mediante el cual fundamentó la apelación intentada contra la decisión dictada por el Tribunal a quo constitucional, y, al respecto, se constata que se dio cuenta en Sala del recibo del presente expediente el 3 de junio de 2011 y el aludido escrito fue consignado una vez transcurrido más treinta días siguientes contados a partir de esa oportunidad, razón por la cual, la Sala estima que dicho escrito fue interpuesto de manera extemporánea, de conformidad con la doctrina que, sobre el particular, estableció esta Sala, en sentencia nro. 442/2001, del 4 de abril, por lo que, con base a esa circunstancia, no se tomará en cuenta su contenido para la resolución del amparo en segunda instancia. Así se declara igualmente.

 

Precisado lo anterior, debe esta Sala pasar a analizar si la sentencia recurrida se encuentra o no ajustada a derecho, y a tal efecto se observa:

 

El núcleo esencial del asunto aquí analizado, está configurado por la impugnación de la sentencia dictada, el 26 de abril de 2011, por la Corte de Apelaciones del Estado Lara, actuando como primera instancia constitucional, en la cual se declaró inadmisible una solicitud de tutela constitucional, incoada contra las actuaciones de varios órganos del sistema penal, realizadas en el marco del proceso penal seguido al ciudadano Harrison Alexander Lemus.

 

Concretamente, la parte actora señaló como agraviantes a los siguientes órganos:

 

1.- A un inspector adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y            Criminalísticas.

 

2.- Al Fiscal Vigésimo Segundo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.

 

3.- Al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara.

 

De lo anterior se desprende que la acción sometida a consideración del Tribunal a quo constitucional contenía pretensiones que no podían acumularse, en razón de que la competencia jurisdiccional difería para cada uno de los sujetos señalados como presuntos agraviantes.

 

En tal sentido, si bien la Corte de Apelaciones del Estado Lara era competente para conocer la pretensión de amparo dirigida a enervar los efectos de la decisión dictada, el 15 de abril de 2011, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y el criterio asentado en sentencia nro. 1/2000, del 20 de enero de 2000, no es menos cierto que aquélla no poseía la competencia para conocer de la pretensión de tutela constitucional incoada contra el ciudadano Javier Escalona, quien se desempeña (o desempeñó) como Inspector de la Brigada de Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la Zona Industrial de Barquisimeto, Estado Lara, ni tampoco de la pretensión dirigida contra el Fiscal Vigésimo Segundo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.

 

En efecto, debe reiterarse que la competencia para la tramitación de las acciones de amparo en modalidad de habeas corpus ejercidas contra privaciones ilegítimas de libertad por detenciones policiales o administrativas (en el caso de autos, imputada por el accionante a un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas), corresponde a los juzgados de primera instancia con competencia penal, específicamente, a los juzgados de control (sentencia nro. 165/2001, del 13 de febrero).

 

Asimismo, esta Sala debe reiterar que las acciones de amparo propuestas contra un hecho, acto u omisión violatoria de derechos fundamentales imputable a un Fiscal del Ministerio Público de una Circunscripción Judicial de la República (en el presente caso, contra el Fiscal Vigésimo Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara), se encuentran incluidas en el ámbito competencial de los Juzgados de Primera Instancia en Funciones de Juicio, salvo que el derecho o garantía presuntamente violentada se refiera a la libertad o seguridad personales -tal como ocurrió en el caso de autos, entre otras denuncias-, en cuyo caso la competencia recaería en cabeza de los juzgados de control (sentencia nro. 108/2002, del 29 de enero).

 

Visto lo anterior, esta Sala debe reiterar que el artículo 49 del Código de Procedimiento Civil (de aplicación supletoria a los procesos de amparo constitucional según lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales) establece que la acumulación procede siempre que “hubiere conexión por el objeto de la demanda o por el título o hecho de que dependa”. En este sentido, es posible acumular en una sola demanda varias pretensiones contra distintas personas, en razón de la conexión que existe entre ellas; ya sea por el objeto que se pretende o por la razón que motiva la pretensión. Sin embargo, el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, prohíbe la concentración de pretensiones en una misma demanda en los casos en que las pretensiones se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; cuando, por razón de la materia, no correspondan al conocimiento del mismo tribunal; y en los casos en que los procedimientos sean incompatibles.

 

Así pues, toda acumulación de pretensiones realizada en contravención a lo dispuesto por la mencionada ley adjetiva, es lo que la doctrina denomina inepta acumulación.

 

Del análisis de los hechos que rodean el presente caso, a la luz de estas consideraciones, se concluye que la situación sometida a examen de esta Sala, constituye, a todas luces, un supuesto de inepta acumulación de pretensiones, y así debió declararlo la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, al resolver la acción de amparo sometida a su consideración, toda vez que se trata de tres pretensiones planteadas conjuntamente en un mismo escrito, y cuyo conocimiento corresponde a órganos jurisdiccionales diferentes, en el sentido en que expuso supra.

 

Aunado a lo anterior, observa esta juzgadora que las pretensiones articuladas por la parte actora no tienen un fundamento interno común, ni tampoco que haya una clara relación de causalidad entre alguna de las actuaciones impugnadas en el amparo, de allí que no pueda operar aquí el principio pro actione, a fin de acumular en un solo órgano jurisdiccional el conocimiento de las impugnaciones esgrimidas en el escrito de amparo.

 

Siendo así, esta Sala, actuando como tribunal de alzada en el presente proceso de amparo, advierte que la demanda de tutela constitucional debía ser declarada inadmisible por el Tribunal a quo constitucional, pero por motivos distintos a los invocados en la sentencia hoy recurrida, toda vez que en el caso de autos se ha configurado una inepta acumulación de pretensiones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 y 81 del Código de Procedimiento Civil, aplicables supletoriamente al proceso de amparo según el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no así la causal prevista en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, referida a la cesación de la lesión constitucional. Así se declara.

 

Con base en las consideraciones expuestas a lo largo del presente fallo, esta Sala Constitucional debe declarar, y así lo declara, sin lugar el recurso de apelación ejercido por la abogada Francis Rivas Valecillos, actuando en su condición de defensora privada del ciudadano Harrison Alexander Lemus, contra la sentencia dictada, el 26 de abril de 2011, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, la cual se confirma en los términos expuestos en el presente fallo. Así se decide.

 

V

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la abogada FRANCIS RIVAS VALECILLOS, actuando en su condición de defensora privada del ciudadano HARRISON ALEXANDER LEMUS, contra la sentencia dictada, el 26 de abril de 2011, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, la cual se CONFIRMA en los términos expuestos en el presente fallo.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de origen.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 17 días del mes de FEBRERO                    de dos mil doce. Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

       El Vicepresidente,

 

 

 

      FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ      

                                                         Ponente

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 

 

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

FACL/

Exp. nro. 11-0709

 

Quien suscribe, Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, salva su voto por disentir del fallo que antecede en el cual se declaró sin lugar la apelación que interpuso el accionante de autos, ciudadano Harrison Alexander Lemus y, en consecuencia, confirmó la decisión del a quo constitucional que declaró la inadmisión de la acción de amparo constitucional, con fundamento en las razones que se señalan a continuación:

De autos se evidencia, que el accionante denuncia la violación del derecho a la libertad y al debido proceso por haber sido presuntamente aprehendido sin que hubiese orden judicial en su contra.

Evidencia quien disiente, que el accionante manifiesta que compareció por sus propios medios a la Brigada de Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en el Estado Lara, a rendir declaración en calidad de testigo y que posteriormente le fue indicado que estaba “…DETENIDO CON UNA ORDEN DE CAPTURA A NIVEL NACIONAL, LIBRADA EN ESE MOMENTO POR EL TRIBUNAL DE CONTROL…”, y que cuando solicitó el físico de la orden, los funcionarios aprehensores le informaron que no estaban autorizado por el Juez de Control a mostrársela.

El fallo del cual se disiente, declara la inadmisibilidad de la acción de amparo por cuanto en la misma, el accionante señala como presunto agraviante a un Inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, al Fiscal Vigésimo del Ministerio Público de la Circunscripción del Estado Lara y al Juzgado Sexto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial del Estado Lara, lo que a decir de la mayoría sentenciadora, constituyen tres denuncias que no podían acumularse.

Quien disiente, advierte que en el presente caso no existe tal acumulación de pretensiones, ya que el accionante realiza una sola denuncia, vale decir, que fue aprehendido sin que hubiese orden judicial previa, el hecho de señalar a distintos sujetos como presuntos agraviantes, no divide la pretensión, es claro que sólo señala a los actores de los hechos y que la violación denunciada se ubica dentro de la decisión del juez de control que no ordena la libertad inmediata del accionante, al verificar que no estaban presentes los elementos que permiten la aprehensión de un ciudadano, tal como la detención en flagrancia o la orden judicial previa.

En efecto, es importante destacar que la libertad es un valor superior del ordenamiento jurídico consagrado en la Carta Magna, pero también un derecho fundamental que funge como presupuesto de otras libertades y derechos fundamentales. De esto se deriva que tal derecho, el cual se encuentra estrechamente vinculado a la dignidad humana, tiene un papel medular en el “edificio constitucional” venezolano, siendo que el mismo corresponde por igual a venezolanos y extranjeros (Ver sentencias de esta Sala números 1.744 del 9 de agosto de 2007; y 2.046 de 5 de noviembre del 2007, de esta Sala).

Sin embargo, como todo derecho fundamental, el mismo puede limitarse con ciertos supuestos excepcionales. En efecto, esta Sala en sentencia N° 492 de 1 de abril de 2008 (caso: Diana Carolina Mora Herrera), señaló que:

“No obstante lo anterior, cabe destacar que si bien el derecho fundamental a la libertad personal es la regla general, es el caso que el propio texto constitucional permite que el mismo pueda verse limitado en ciertos supuestos excepcionales, como lo son los establecidos taxativamente en el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Dicha norma establece:

‘Artículo 44. La libertad personal es inviolable, en consecuencia:

1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso (…)’ (Subrayado del presente fallo). En sintonía con la citada norma constitucional, el legislador patrio ha consagrado el principio de afirmación de libertad en el texto del artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual:’Artículo 9º. Afirmación de la libertad. Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta. Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este Código autoriza conforme a la Constitución’. Del texto de las citadas disposiciones normativas, se pueden distinguir varios aspectos, todos relevantes en cuanto al referido derecho a la libertad: 1.- La libertad es la regla. Incluso las personas que sean juzgadas por la comisión de delitos o faltas deben, en principio, serlo en libertad. 2.- Sólo se permiten arrestos o detenciones si existe orden judicial, salvo que sea la persona sorprendida in franganti. 3.- En caso de flagrancia, sí se permite detención sin orden judicial, pero sólo temporal, para que en un plazo breve (48 horas) se conduzca a la persona ante la autoridad judicial. Igualmente, debe afirmarse que el artículo 44.1 del Texto Constitucional dispone una obligación en salvaguarda del derecho: la de intervención de los jueces para privar de libertad a una persona. De hecho, la garantía del juez natural presupone la existencia de un juez. El Poder Judicial se entiende, al menos así ha sido el resultado de la evolución de las instituciones públicas, como el garante de los derechos, protegiéndolos del aparato administrativo del Estado, al cual se le reservan otras tareas (sentencia n° 130/2006, de 1 de febrero, de esta Sala)”.

Del análisis del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como de la sentencia parcialmente transcrita, se puede inferir, que en nuestro ordenamiento jurídico sólo se permiten dos posibilidades para restringir la libertad personal, a saber, que la persona sea sorprendida in franganti cometiendo un delito o que medie sobre ella una orden judicial (de aprehensión o captura emitida por una autoridad judicial), en consecuencia, cualquier situación que se produzca contrariando lo aquí estipulado es absolutamente inconstitucional y esa circunstancia no puede ser avalada por ningún órgano jurisdiccional de la República.

Con respecto a las restricciones del principio de la libertad personal, ya esta Sala, en sentencia N° 972 del 9 de mayo de 2006 (caso: Julián Isaías Rodríguez Díaz), señaló que:

“…El artículo 44, cardinal 1, de la Constitución de 1999 dispone:

La libertad personal es inviolable, en consecuencia:

1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso. La constitución de caución exigida por la ley para conceder la libertad de la persona detenida no causará impuesto alguno’. La norma constitucional que se transcribió recoge expresamente el derecho fundamental a la libertad personal y contiene los aspectos más relevantes que garantizan el ejercicio y respeto de ese derecho. Así, de su lectura e interpretación literal se deriva, en primer lugar, que la libertad es la regla. Incluso las personas que sean juzgadas por la comisión de delitos o faltas deben, en principio, serlo en libertad. En segundo lugar, y en lo que especialmente incumbe al caso de autos, sólo se permiten arrestos o detenciones –incluso aquellos preventivos- si existe orden judicial, salvo que la persona sea sorprendida in fraganti. En este último caso de flagrancia, sí se permite detención preventiva sin orden judicial, pero sólo temporal, para que en un plazo muy breve, no más de cuarenta y ocho (48) horas, se conduzca a la persona ante la autoridad judicial. De manera que la norma, tal como expuso esta Sala en anteriores oportunidades (entre otras, en reciente sentencia N° 130 de 1-2-06), impone como garantía del derecho fundamental a la libertad personal e, incluso, como garantía del juez natural, la reserva obligada de la medida excepcional de privación de libertad a la autoridad judicial. Tal intervención implica que estén proscritas constitucionalmente, salvo que medie el supuesto de flagrancia, las limitaciones a la libertad personal por parte de órganos de naturaleza administrativa, los cuales deben colaborar como órganos auxiliares de justicia, mas no pueden sustituirse en ciertas potestades exclusivas del órgano jurisdiccional, entre otras para la imposición de limitaciones a la libertad personal. En esa oportunidad, esta Sala estableció: ‘El Poder Judicial se entiende, al menos así ha sido el resultado de la evolución de las instituciones públicas, como el garante de los derechos, protegiéndolos del aparato administrativo del Estado, al cual se le reservan otras tareas. Precisamente a ese aparato administrativo, enorme y por lo general más dotado en personal y recursos materiales que el judicial, se le encomienda una labor básica en relación con la justicia: la de colaborar con ella. Las fuerzas de policía son, en realidad, imprescindibles en la labor de los tribunales penales. Las policías aprehenden a personas en el mismo momento en que se les observa cometiendo el hecho tipificado como punible o investigan para dar con los sospechosos y solicitar del tribunal que les permita capturarlos y ponerlos luego a sus órdenes. Los jueces, así, juzgan a quienes los órganos policiales suelen traer ante ellos. Sin órganos de policía el sistema de justicia estaría incompleto. Negar a los cuerpos policiales el poder para efectuar detenciones cuando en sus tareas diarias observan cómo algunas personas violan la ley o cuando se esfuerzan en investigar para descubrir quién lo ha hecho, implicaría vaciar de contenido su misión, en franco perjuicio para la colectividad. Lo que no puede permitirse es que los órganos policiales cuenten con el poder para ser ellos mismos los que sancionen o que se les permita alargar las detenciones antes de poner a las personas frente a los jueces. Tal vez sólo en sociedades extremadamente refinadas los cuerpos policiales pueden proporcionar garantías suficientes. La misión de los órganos de policía es, entonces, fundamental (la seguridad de los ciudadanos) y sus medios deben ser proporcionales, pero no puede ocultarse que, por su magnitud, la Administración (de la que la policía forma parte) es la que necesita control para evitar los excesos en que pudiera incurrir en el ejercicio de sus poderes. Ahora bien, la relevancia de las competencias de los cuerpos policiales no elimina su carácter de órganos auxiliares de los órganos que imparten justicia (los jurisdiccionales). Los órganos de policía tienen competencias que no son de auxilio judicial, como la vigilancia callejera, el control del orden público, la advertencia a la ciudadanía sobre su proceder indebido, entre otras. Su sola presencia es motivo, cuando trabajan correctamente, para dar tranquilidad a la colectividad. Lo que no tienen autorizado es, so pretexto del control del orden público y de la seguridad ciudadana, detener personas. Los dos únicos supuestos en que pueden hacerlo ya se han mencionado: si son capturadas in fraganti en la comisión de un delito o si un juez dicta una orden en tal sentido para que sea ejecutada por la Administración’. En síntesis, y como se expuso, a partir de la Constitución de 1999 la regla constitucional es que la privación de libertad requiere siempre de previa orden judicial y que, sólo como excepción, los órganos policiales pueden efectuar detenciones preventivas si el sujeto infractor es sorprendido in franganti o bien si han sido autorizados por un juez, y siempre que esa medida no se extienda por más de cuarenta y ocho (48) horas…”. (Resaltado del presente fallo).

Lo que pretende quien disiente, no es más que poner en relieve, una serie de presupuestos que siempre deberán configurarse para restringir la libertad personal, independientemente de cuál sea la medida de que se trate, advirtiendo en todo caso que cada medida puede requerir de presupuestos específicos de procedencia, es decir, como se señaló supra, que la persona sea sorprendida in franganti cometiendo un delito en todos sus supuestos (ver. sentencia N° 2580 del 11 de diciembre de 2001 Caso: Naudy Alberto Pérez Briceño), o que medie sobre ella una orden judicial (de aprehensión o captura emitida legalmente por una autoridad judicial competente), es decir, que no se comentan arbitrariedades por parte de los órganos policiales a la hora de detener a una persona, sin que se cumplan los presupuestos aquí establecidos.

En el constitucionalismo actual, ha cobrado gran importancia la categoría de los valores superiores del ordenamiento jurídico, expresados como tales en las Constituciones, los cuales informan todo el sistema jurídico y rige los procesos de aplicación e interpretación del derecho, en tal sentido, cualquier acto dictado que menoscabe a estos derechos fundamentales entre los que destaca la libertad personal, debe ser declarado nulo.

En el presente caso, la mayoría sentenciadora convalidó una serie de irregularidades que no escapan del asombro de quien diverge; en efecto, sostuvo la mayoría que “…las pretensiones articuladas por la parte actora no tienen un fundamento interno común, ni tampoco que haya una clara relación de causalidad entre algunas de las  actuaciones impugnadas en el amparo, de allí que no pueda operar aquí el principio pro actione, a fin de acumular en un solo órgano jurisdiccional el conocimiento de las impugnaciones esgrimidas en el escrito de amparo…”.

No puede quien discrepa pasar por alto que el accionante fue aprehendido en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, al que acudió de forma voluntaria, sin que se le hayan mostrado la orden judicial previa, siendo alegado esta misma situación, ante el Ministerio Público y el Juez de Control, por lo que claramente se evidencia que existe una clara relación de causalidad entre la pretensión del accionante y los actores causantes del agravio, siendo que el Juez de Control al momento de la presentación del aprehendido, estaba obligado a restituir la situación jurídica infringida por haberse apartado de lo establecidos por el ordenamiento jurídico venezolano.

Aunado a ello, debió el Juez de Control hacer cumplir la obligación constitucional del Ministerio Público, el cual debe en el uso de la acción pública cumplir con apego el orden jurídico, ya que no es causa de justificación la presunción de culpabilidad para vulnerar el derecho a la libertad de las personas.

En el orden de ideas expuesto, en caso de producirse una aprehensión fuera de los supuestos contenidos en el artículo 44 constitucional, hace que tal actuación o acto sea inconstitucional y nulo de nulidad absoluta (artículo 25 del Texto Fundamental), por lo que tal arbitrariedad no puede ser sostenida ni convalidada por autoridad judicial alguna, pues, se insiste, aquello que nace nulo por inconstitucional no puede ser reconocido por el derecho como válido.

De allí que la detención ilegítima, esto es, la producida sin que la persona sea sorprendida in fraganti cometiendo un delito o que medie orden judicial previa, no produce efecto alguno y no puede ser validada por el juez, dada su inconstitucionalidad y mucho menos, los extremos necesarios para que la detención se produzca, pueden ser considerados como meros formalismos (no esenciales), pues, se insiste, para que se produzcan límites a la libertad personal es absolutamente necesario que se den los extremos exigidos por la Constitución (artículo 44) y toda actuación o acto que se realice en inobservancia de las garantías constitucionales, deben ser necesariamente declarados nulos, pues el propio artículo 25 de la Carta Magna, postula la inexistencia jurídica de todo acto contrario a la Constitución y que vulnere derechos o garantías constitucionales.

En sintonía con lo anterior, no puede ningún órgano del Poder Público convalidar un acto dictado bajo el manto de inconstitucionalidad, es decir, dictar un acto en contra de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. Tal prohibición se encuentra consagrada expresamente en el artículo 25 eiusdem, que señala:

“…Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores…”.

Razón por la cual, la Sala debió ordenar la verificación de la situación denunciada –la supuesta aprehensión sin orden judicial- ya que de ser cierta, se violentó al accionante el debido proceso, específicamente la libertad personal, consagrado como derecho fundamental por nuestra Carta Magna.

Queda así expresado el criterio del Magistrado disidente.

Fecha ut retro.

La Presidenta de la Sala,

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

                        El Vicepresidente,

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

 

Los Magistrados

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

  Magistrado Disidente

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

 

 

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 

 

 

 

 

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

 

 

 

El Secretario,

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

Exp. Nº 11-0709

MTDP/ 

 

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