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Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Consta en autos que, el 11 de octubre de 2006, el ciudadano MIGUEL HUMBERTO HURTADO ALZATE, titular de la cédula de identidad n.° 17.297.073, mediante la representación de la abogada Yunmy Coromoto Sánchez Mantilla, con inscripción en el I.P.S.A. bajo el n.o 53.221, intentó, ante el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Protección del Niño y del Adolescente, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, demanda de amparo constitucional contra la decisión que dictó el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, el 22 de marzo de 2006, para cuya fundamentación denunció la violación a sus derechos a la igualdad, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa que acogieron los artículos 21, 26 y 49, cardinal 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El 18 de octubre de 2006, el Juzgado Superior Cuarto ordenó la consignación de copia de todo el expediente de la causa donde se originó la supuesta lesión a los derechos constitucionales del quejoso. El 31 de ese mismo mes y año, la apoderada judicial del demandante consignó copia certificada de todo el expediente.
El 7 de noviembre de 2006, el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Protección del Niño y del Adolescente, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira juzgó sobre la pretensión de amparo y la declaró improcedente in limine litis.
El 10 de noviembre de 2006, la abogada Yunmy Coromoto Sánchez Mantilla apeló contra dicha decisión para ante la Sala Constitucional.
Luego de la recepción del expediente, se dio cuenta en Sala por auto del 19 de diciembre de 2006 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.
1. Alegó el apoderado del quejoso:
1.1 Que, el 3 de abril de 2003, demandaron a su representado por resolución de contrato de arrendamiento ante el Juzgado Segundo de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. 1.2 Que, el 21 de julio de 2003, la parte demandada presentó escrito en el que opusieron la cuestión previa que dispone el artículo 346, ordinal 8°, del Código de Procedimiento Civil y contestaron el fondo de la demanda. 1.3 Que, el 21 de agosto de 2003, el Juzgado Segundo de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira declaró la perención de la instancia y, en consecuencia, la extinción del proceso, de conformidad con el artículo 267 eiusdem. 1.4 Que esa sentencia fue recurrida, mediante apelación, por la parte demandante, para ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. 1.5 Que, el 22 de marzo de 2006, el Juzgado Tercero de Primera Instancia pronunció decisión en la que declaró con lugar la apelación y ordenó la reposición de la causa al estado en que se encontraba en el momento cuando se decretó la perención, para la continuación del juicio. 1.6 Que “...partiendo de una suposición falsa una desviación de poder al utilizarlo para reponer inútilmente un proceso extinguido, fundando la decisión recurrida en una interpretación errada de la norma contenida en el artículo 267 ordinal 1 de la ley adjetiva, atribuyéndole a actas del expediente menciones que no contienen o dando por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos, lo que se denomina Injuria Constitucional...” 1.7 Que la parte actora no cumplió con su deber de provisión de las copias simples del escrito de demanda y la orden de comparecencia necesarias para librar las compulsas, que era su única carga al respecto. 1.8 Que “...del mismo contenido de la Sentencia Recurrida en amparo se constata el incumplimiento de las obligaciones que le impone la Ley a la parte demandante en juicio, presupuesto de hecho que traería como consecuencia (…) ineludible para el agraviante Confirmar el fallo apelado y no lo hizo...”. 1.9 Que “(t)al sentencia, viciada de nulidad, constituye una desviación de poder contenido en el abuso de poder, (Incompetencia sustancial) y una injuria constitucional al mal utilizar como soporte para este exabrupto jurídico, una Jurisprudencia no aplicable al caso, produciendo una reposición a todas luces inútil, que menoscaba el derecho a la defensa a mi patrocinado”. 1.10 Que “(m)ediante la sentencia recurrida en amparo viciada de nulidad defecto de actividad por contener una reposición de causa mal decretada y falsa suposición hace que continúe un procedimiento que tácitamente la parte demandante, al esgrimir en su diligencia de apelación que la compulsa se produjo y entregó el 8 de julio de 2003, la Ley, la Justicia y el Derecho determinan Perimida la Instancia y extinguido el Proceso, por cuanto cumplió con sus obligaciones mas de 30 días después de admitida la demanda, cuya consecuencia esta claramente determinada en la Ley.” (sic) 1.11 Que “...la sentencia recurrida en amparo, es consecuencia, en perjuicio de(su) mandante, (…), de su confusión entre la ‘PERENCIÓN ANUAL’, la cual puede ser interrumpida por cualquier acto que evidencie impulso procesal y la ‘PERENCIÓN BREVE’, a cuya declaratoria se le da muerte fulminante únicamente y exclusivamente si la parte demandante dentro del lapso de treinta días siguientes después de admitida la demanda cumple con las obligaciones que le impone la Ley para practicar la citación del demandado), sin importar cuantas diligencias haga para interrumpir la inactividad del Juez a los efectos de evitar la perención anual, en el presente caso, la parte demandante no cumplió como lo reconoce en su diligencia de apelación, dentro de los treinta días después de admitida la demanda con su única obligación de ley que consistía en proveer las copias simples del libelo y la orden de comparecencia necesarias a efectos de librar la compulsa sin lo cual no se puede practicar la citación del demandado, lo que insis(te) no hizo, según se desprende de la sentencia recurrida en amparo...” (sic). 1.12 Que su representado no puede ejercer el recurso extraordinario de casación, ya que la cuantía no es suficiente para ello. 1.13 Que el Juez agraviante no se atuvo a lo que fue alegado y probado en autos, sino que suplió alegaciones de las partes, en perjuicio de su mandante, porque ordenó la continuación de un juicio que ya estaba perimido. 1.14 Que la demandante, en diligencia del 16 de septiembre de 2003, reconoció su incumplimiento con la entrega de las copias simples al Alguacil para que se librara la compulsa. 2. Denunció: 2.1 La violación a sus derechos a la igualdad, a la tutela judicial eficaz, al debido proceso y a la defensa que establecen los artículos 21, 26 y 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira declaró con lugar la apelación y revocó el fallo del tribunal a quo que decretó la perención de la instancia y la extinción del proceso, en una interpretación errónea del artículo 267.1 del Código de Procedimiento Civil. 3. Pidió: “Declare Nula la sentencia dictada por el Agraviante Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira en fecha 22 de marzo del año 2.006 contenida en el expediente 2421, y ordene que se dicte nueva sentencia, que se sujete a la interpretación del artículo 267 ordinal 1 del Código de Procedimiento Civil.” 4. Como medida cautelar solicitó “…se suspendan provisionalmente los efectos jurídicos de la sentencia impugnada hasta tanto no se decida la presente acción de amparo…”. DE LA COMPETENCIA DE LA SALA Por cuanto, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b), de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala declaró su competencia para el conocimiento de las apelaciones contra las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo de las que pronuncien los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Por cuanto, en el asunto de autos, la apelación fue ejercida contra el veredicto que expidió, en materia de amparo constitucional, el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Protección del Niño y del Adolescente, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, esta Sala pronuncia su competencia para el conocimiento del recurso en referencia. Así se decide. El Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Protección del Niño y del Adolescente, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira falló sobre la pretensión de amparo en los términos siguientes: “En el presente caso ha sido ejercida una acción de amparo contra una decisión dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira el 22 de marzo de 2006, en la cual declaró con lugar la apelación interpuesta por la parte actora y repuso la causa al estado en que se encontraba para la fecha de la decisión dictada por el Juzgado Segundo de los Municipios San Cristóbal y Torbes, es decir, para el 21 de agosto de 2003 a los fines de la prosecución del juicio. Dicho amparo lo fundamentó la accionante en la violación de los derechos constitucionales a la igualdad, imparcialidad, tutela judicial efectiva, derecho a la defensa y debido proceso. (…) Esta juzgadora aprecia que la accionante estimó que la actuación lesiva a los derechos de su mandante devino en la reposición de la causa decretada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, con respecto a que consideró que la causa no estaba perimida. (…) Finalmente, se evidencia de las actas que conforman el presente expediente así como de los alegatos de la representación judicial del accionante, que lo que motivó realmente la presente acción de amparo, es la disconformidad de la quejosa con la decisión dictada por el referido Tribunal el 22 de marzo de 2006, la cual le fue adversa, al declarar con lugar la apelación de su contraparte, en tal sentido debe señalarse que la decisión accionada es producto de la valoración del Juez respecto al asunto sometido a su conocimiento, y de ella no se desprende ningún error grotesco de juzgamiento que viole derechos constitucionales y pueda ser objeto de amparo. (…) De autos se evidencia que el juzgador actuó sobre la base de los principios constitucionales y legales establecidos por nuestro constituyente y legislador para determinar la verdad verdadera en el caso bajo estudio, tomando en cuenta el estadio procesal y jurídico en que se desenvolvieron las partes y lo alegado y probado en autos. Considera esta sentenciadora que la intención del constituyente al establecer en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el derecho que tiene toda persona de ser amparado por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en la Constitución, es la de otorgarle la posibilidad de que, mediante un medio idóneo, como lo es la acción de amparo constitucional, pueda acudir a los Tribunales de la República en búsqueda de la protección de sus derechos, pero no que la acción de amparo fuera concebida como un instrumento, para que las partes que intervienen en un determinado proceso, pudieran optar por una tercera instancia, en la cual, se revisarían las pretensiones que ya agotaron el doble grado de jurisdicción establecido por la Ley. (Sentencia N.° 145 del 16 de febrero de 2004 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el expediente N.° 03-0312, caso: J.A. Barba en amparo, con ponencia del Magistrado Dr. José Manuel Delgado Ocando). (…) Por lo tanto es evidente que la pretensión del accionante va dirigida a que mediante la institución del amparo se hagan juicios de valor con respecto al criterio, interpretación y motivos que tuvo el Juez ordinario al decidir el mérito de la controversia en el juicio donde se dictó el fallo impugnado, lo que convertiría a este Tribunal en sede constitucional en una tercera instancia, situación ésta que va en contra de la naturaleza del amparo como quedó evidenciado. En fuerza de las anteriores consideraciones es evidente a la luz de los requisitos necesarios para la procedencia del amparo previstos en el artículo 4 de la Ley Orgánica Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que la presente situación no puede subsumirse en ellos para declararse con lugar, por lo que al no haberse evidenciado de las actas violación constitucional en la actuación del Tribunal presunto agraviante, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra el derecho de acceso de acceso a la justicia, y a obtener pronta respuesta, este Tribunal declara IMPROCEDENTE ‘IN LIMINE LITIS’ la presente acción. Y ASÍ SE DECIDE”. Con motivo de la apelación el quejoso señaló que: 1. Que la sentencia no se encuentra ajustada a derecho. 2. Que el Juez Superior no aplicó el contenido de los artículos 21, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 12, del Código de Procedimiento Civil. 3. Que los hechos que se alegaron en el escrito de amparo fueron “totalmente omitidos en la sentencia apelada, ello la hace que resulte inmotivada y consecuencialmente nula por imperativo legal…” 4. Pidió que se “…declare Con lugar el presente Recurso de Apelación se admita la acción de amparo o se restituya la situación Jurídica Infringida, anulando la sentencia recurrida en amparo, se dicte un nuevo pronunciamiento que respete la decisión dictada por el Juez de municipio que verificó la perención, se sujete a la interpretación dada por La Sala Constitucional al artículo 26 de la Constitución de la República de Venezuela relacionada con el artículo 267 ordinal 1 del Código de procedimiento Civil, sobre la Gratuidad de la justicia la cual tiene relación directa con la Institución de la Perención Breve.” 5. Que se decrete la medida cautelar que solicitó en primera instancia constitucional. De autos se desprende que el ciudadano Miguel Humberto Hurtado Alzate intentó demanda de amparo contra el acto jurisdiccional que emitió el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, el 22 de marzo de 2006, por cuanto estimó que el mismo injurió sus derechos constitucionales a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la defensa, en virtud de una errónea interpretación del artículo 267.1 del Código de Procedimiento Civil. El Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, que conoció en primer grado de jurisdicción en sede constitucional, declaró la pretensión improcedente in limine litis por cuanto estimó que no hubo el agravio a los derechos constitucionales que se invocaron y que la actuación del Juzgado supuestamente agraviante estuvo dentro de los límites de su competencia. Ahora bien, aprecia la Sala que el ciudadano Miguel Humberto Hurtado Alzate, en su confuso escrito de solicitud, pretende la impugnación de la decisión que recayó en segundo grado de jurisdicción a que se ha hecho referencia, que declaró con lugar la apelación y ordenó la reposición de la causa al estado en que se encontraba en el momento cuando el Tribunal de la causa decretara la perención y la extinción del proceso, conforme con lo que dispone el artículo 267.1 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, observa la Sala que el Juez de la alzada ordinaria, en efecto, actuó dentro de los límites de su competencia y en uso de sus atribuciones legales cuando revocó la declaración de perención de la instancia y extinción del proceso que hizo el Tribunal de la causa ya que, en un ejercicio de sus facultades legales, hizo un análisis y una interpretación de la norma que contiene el artículo 267.1 del Código de Procedimiento Civil, que se refiere a la perención breve, en ejercicio de su potestad autónoma e independiente de juzgamiento, con el empleo de sus conocimientos legales, jurisprudenciales y doctrinarios y mediante la valoración de las actas que constan en el expediente. Esta Sala ha dicho reiteradamente que los errores de juzgamiento no pueden ser objeto de amparo porque los jueces gozan de autonomía e independencia cuando deciden, sin que esa autonomía pueda traducirse en arbitrariedad, porque deben el apego de sus decisiones a la Constitución y a las leyes. A este respecto, en la sentencia n.° 1834 del 9 de agosto de 2002, la Sala reafirmó el criterio sobre la autonomía de los jueces en su actividad de administración de justicia, en los siguientes términos: “...los jueces gozan de autonomía e independencia al decidir las causas sometidas a su conocimiento, de igual forma disponen de una amplio margen de valoración del derecho aplicable a cada caso, por lo cual pueden interpretarlo y ajustarlo a su entendimiento, como actividad propia de su función de juzgar. Dentro de este análisis, no puede por vía de amparo revisarse los fundamentos que motivan al Juez a dictar su decisión, a menos que tales criterios contravengan de manera flagrante derechos constitucionales de las partes.” En consecuencia, es evidente para esta Sala que el Juzgado que se delató como agraviante actuó dentro de los limites de su competencia, sin abuso de poder ni usurpación de funciones; por ello estima esta Sala que el amparo que se incoó resulta improcedente conforme lo preceptúa el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tal como lo declaró el a quo constitucional. En virtud de las consideraciones que preceden, esta Sala declara sin lugar la apelación que se incoó y confirma la sentencia objeto del recurso, que declaró improcedente in limine litis la demanda de amparo que interpuso el ciudadano Miguel Humberto Hurtado Alzate, contra el acto jurisdiccional que expidió el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. Así se decide. V DECISIÓN Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, se declara SIN LUGAR la apelación que se ejerció contra la sentencia que pronunció el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Protección del Niño y del Adolescente, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, el 7 de noviembre de 2006, y CONFIRMA el fallo que fue objeto de dicho recurso, que declaró IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS la demanda de amparo que propuso el ciudadano MIGUEL HUMBERTO HURTADO ALZATE, contra la decisión del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, del 22 de marzo de 2006. Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 22 días del mes de junio de dos mil siete. Años: 197º de la Independencia y 148º de la Federación. La Presidenta, LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ Ponente Francisco Antonio Carrasquero López …/ … MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN CARMEN ZULETA DE MERCHÁN ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES El Secretario, JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO PRRH.sn.ar.II
III
DE LA SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
IV
MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
Exp. 06-1853