Venley

Sentencia N.º 1180

Sentencia
N.º 1180
Fecha
12/07/2006
Sala
Casación Social
Expediente
05-1697
Ponente
Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN SOCIAL

ACCIDENTAL

 

 En el juicio que por cobro de diferencia de prestaciones sociales, sigue el ciudadano CÉSAR AQUÍLES VISO RODRÍGUEZ, representado judicialmente por los profesionales del derecho César Rafael Tovar Cordero, Yarith Chacín y Yennis Precilla Reyes, contra la COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA (C.A.N.T.V.), representada judicialmente por los abogados  Henry Torrealba Ledesma, José Enrique D´ Apollo, Alejandro Lares Díaz,  Edmundo Martínez Rivero, María Fernanda Zajia, Irene Rivas Gómez, Eduardo Quintero Méndez, Gabriel de Jesús Goncalves, Yajaira Ávila, Juan Carlos Balzán, María Eugenia Salazar, Giuseppe Mauriello, Carlos Antonio Felce Rondón, Gabriel Falcone, Leonardo José Britto León y Johanán José Ruiz Silva; el Juzgado Superior Accidental del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, conociendo en alzada dictó sentencia en fecha 27 de septiembre del año 2005, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por la parte demandante, y con lugar el recurso de apelación interpuesto por la accionada, revocando el fallo proferido por el Tribunal de la causa, que había declarado en fecha 25 de enero de 2005, parcialmente con lugar la demanda.

 

                  Contra esta decisión proferida por el ad-quem, en fecha 29 de septiembre de 2005, la parte actora anunció recurso de casación.

 

                  En fecha 27 de octubre de 2005, fue oportunamente formalizado el recurso de casación. Hubo impugnación.

 

                  Recibido el expediente en esta Sala de Casación Social, se dio cuenta del recurso el 31 de octubre de 2005, correspondiendo la ponencia al Magistrado quien con tal carácter suscribe y en el mismo acto los Magistrados Omar Alfredo Mora Díaz y Juan Rafael Perdomo, se inhibieron de conocer el presente asunto.

 

Declaradas con lugar las inhibiciones de los Magistrados OMAR MORA DÍAZ y JUAN RAFAEL PERDOMO, se procedió a convocar a los conjueces o suplentes respectivos.

 

      Manifestada la aceptación de los respectivos conjueces y suplentes, el 20 de abril de 2006, quedó constituida la Sala Accidental de la siguiente manera: Magistrados Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, Alfonso Valbuena Cordero, Presidente y Vicepresidente, respectivamente; Magistrada Carmen Elvigia Porras de Roa, Primera Magistrada Suplente Betty Josefina Torres Díaz y el Cuarto Conjuez Omar Enrique García Valentiner. En esa misma oportunidad, se designó Secretario Temporal al Dr. José E. Rodríguez Noguera. El Presidente electo, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, conservó la Ponencia del presente asunto.

 

      Mediante auto de fecha 5 de junio de 2006, fue fijada la audiencia oral, pública y contradictoria, para el día 3 de julio de 2006, a las 10:15 a.m.

 

      Celebrada la misma, pasa esta Sala de Casación Social (Accidental) a reproducir el fallo en los términos siguientes:

RECURSO DE CASACIÓN

I

                  Con fundamento en el numeral 2 del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, denunció el formalizante la falsa aplicación del artículo 509 de la Ley Orgánica del Trabajo.

      Aduce el recurrente, que la norma delatada como infringida es la base motivacional de la recurrida para negar el pago de la diferencia de veinte (20)  salarios mensuales en ejecución del “Programa Único Especial” (PUE), en razón que al ser trabajador de confianza no le son aplicables los beneficios de la Convención Colectiva y tampoco el “Programa Único Especial”.

 

      Continúa argumentando, que dicho programa no proviene de una convención colectiva sino que es un plan creado unilateralmente por la accionada y que por ello, no puede la empresa exceptuar al actor del pago de los veinte (20) salarios que dejó de percibir con base al artículo 509 de la Ley Orgánica del Trabajo.

 

      Para decidir se observa:

 

La doctrina ha señalado que la fundamentación es la carga procesal más exigente impuesta al recurrente, como requisito esencial de la formalización, por su amplitud, complejidad y trascendencia. Por lo tanto, requiere el desarrollo de razonamientos sometidos a una lógica jurídica clara y concreta, y al mismo tiempo, a los principios que primordialmente, la doctrina de casación ha elaborado durante toda la existencia del alto Tribunal, lo cual revela un profundo y detenido estudio de la normativa que regula la materia, concretado en postulados que, mediante una diuturna y pacífica jurisprudencia, constituyen verdaderas premisas generales respecto a la técnica de la formalización. (Dr. José S. Núñez Aristimuño. Aspecto en la Técnica de la Formalización del Recurso de Casación).

 

 Pues bien, en el presente caso, se evidencia que la parte recurrente esgrime su denuncia sin indicar de manera clara, concisa y precisa bajo cuál soporte argumental ampara o fundamenta la delación, siendo esto, como ya se dijo, un requisito indispensable para que la Sala entre a analizarla.

 

      En consecuencia, se desecha la presente denuncia. Así se decide.

 

II

 

                  De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se delata la falsa aplicación de los artículos 101 y 103  de la Ley Orgánica del Trabajo.

 

                   Argumenta el recurrente para sostener la denuncia, que el sentenciador de alzada incurre en falsa aplicación cuando declara que como no hubo reclamo, hay  aceptación de las condiciones de trabajo.

 

      Para decidir se observa:

 

      Al delatarse la falsa aplicación de los artículos 101 y 103 de la Ley Orgánica del Trabajo, observa la Sala que la recurrida no aplica expresamente las normas legales invocadas como infringidas, por lo que debe forzosamente desecharse la misma.  

                  

III

 

                   De conformidad con lo establecido en el artículo 168, numeral 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se delata la falta de aplicación del artículo 159 eiusdem, así como de los artículos 12, 243 ordinal 5º y 509 del Código de Procedimiento Civil y del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

                  Señala el recurrente para soportar su denuncia:

 

Respecto a la pretensión de aplicación del plan de retiro convenido (sic) de CANTV, se denuncia un quebrantamiento u omisión de formas sustanciales, en virtud que la sentenciadora, al declarar sin lugar la demanda con base a que se afirmó en la misma, por una parte, que tal plan se aplicaba en 2001 a quienes no cumplían los requisitos del Programa Único Especial (PUE), y por la otra que el trabajador firmó un documento de renuncia cuando suscribió voluntariamente el P.U.E. por lo que según la juzgadora no se violentó ningún derecho irrenunciable, recibiendo montos superiores.

                   Para decidir se observa:

 

       La falta de aplicación de una norma, tiene lugar cuando el sentenciador niega la aplicación de una disposición legal que esté vigente, a una determinada relación jurídica que está bajo su alcance. Al respecto, el Dr. Gabriel Sarmiento Núñez, en su obra ‘Casación Civil ’, publicada por la Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie Estudios, Caracas 1993, al explicar los motivos de casación de fondo, expresó respecto a la falta de aplicación de una norma jurídica que: “(…) Se trata de una falta de aplicación de la norma legal, que configura un error sobre la existencia o validez en el tiempo y en el espacio, de una norma. Es la negación o el desconocimiento del precepto, o mejor, de la voluntad abstracta de la ley (...)” ( Juan Pastor Linarez vs Panamco. N° 540 del 18-09-03. Exp.02-659).

 

            De igual forma ha dejado establecido la Sala en innumerables sentencias, que al denunciarse una norma como infringida por falta de aplicación, debe indicarse la parte relevante de la decisión, la mención de la norma que el juez no aplicó, la debida explicación del por qué es aplicable y cuál hubiese sido la decisión adoptada por el juez de haber aplicado la norma en cuestión, además de las explicaciones que considere necesario realizar.

 

                  En el presente caso aún y cuando se deduce del escrito de formalización la intención del recurrente de denunciar la falta de aplicación de los artículos 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, 12, 243 ordinal 5°, y 509 del Código de Procedimiento Civil, éste incumple con los demás requisitos exigidos para que esta Sala entre a conocer sobre tales infracciones, razón por la que se desecha la misma.

 

                  Respecto a la infracción del artículo 89 del texto constitucional, se ratifica el criterio reiterado de esta Sala, con relación a que el conocimiento de dichas violaciones escapa del ámbito de su competencia.

 

 

IV

                  Conforme a lo establecido en el numeral 3 del artículo 168 de la ley adjetiva laboral, denunció el recurrente en tres acápites la infracción de los artículos 69 y 159 eiusdem, en concordancia con lo previsto en los artículos 12, 243  ordinal 4° y 509 del Código de Procedimiento Civil, por considerar que la recurrida incurre en el vicio de inmotivación.

 

  Para decidir se observa:

 

                  En reiteradas decisiones se ha establecido que en el sistema de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la falta de motivos debe entenderse literalmente, aún cuando no lo precisa la norma, como la falta absoluta de motivos, que se da cuando no se expresa motivo alguno, es decir, cuando la sentencia no contiene materialmente ningún razonamiento de hecho ni de derecho, en que pueda sustentarse el dispositivo, porque como ya se ha expresado, la motivación exigua, breve, lacónica, no es inmotivación, pues en tal caso, la Sala podrá controlar la legalidad de la decisión tanto en el establecimiento de los hechos como en la aplicación del derecho; la contradicción en los motivos, cuando las razones del fallo se destruyen entre sí; el error en los motivos, no se refiere a que los motivos sean errados o equivocados sino cuando los motivos expresados no guardan ninguna relación con la pretensión deducida y con las excepciones o defensas opuestas, caso en el cual, los motivos aducidos a causa de su manifiesta incongruencia con los términos en que quedó circunscrita la litis, deben ser tenidos como jurídicamente inexistentes; y la falsedad o manifiesta ilogicidad de la motivación, cuando los motivos son tan vagos, generales, inocuos o absurdos que se desconoce el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión.

 

                  En primer término, señala el recurrente que: “la recurrida incurre en generalidad de los motivos, cuando a pesar de que se reconoce que se evidencia del expediente que los cargos del recurrente como de los que solicita homologación o igualación de salarios, se denominan “Coordinador Legal” (…)”, expresa afirmaciones tales como: “ no evidenciándose en autos que dichos cargos sean iguales en cuanto a responsabilidades; jornadas efectivas y condiciones de eficiencia; o sea, en calidad y calidad (sic) el trabajo realizado” o que “de igual manera no se desprende en ningún  punto,  que los cargos desempeñados por ambos abogados sean iguales como se afirmo (sic)”.

 

                  En el marco de la actual delación, ratifica esta Sala el criterio doctrinario establecido sobre el vicio de inmotivación, observando que la denuncia carece de fundamento, toda vez que la recurrida expresa de manera inteligible el argumento por el cual desecha la equiparación entre los cargos desempeñados por el actor y los restantes abogados con los cuales se pretende la igualación de salarios.

 

                  De otra parte, se asevera que la recurrida incurre en petición de principio cuando declara: “ no se desprende de las pruebas promovidas, que el actor en algún momento haya devengado el mismo salario que los abogados con los que pretende la igualación salarial; por el contrario de las pruebas promovidas y evacuadas se observa que en ningún momento se dio tal situación”.

 

                  Sobre el vicio delatado, ha sostenido esta Sala de Casación Social que la petición de principio, constituye una de las modalidades del vicio de inmotivación, y consiste en dar por cierto algo, que es precisamente lo que se trata de probar.

 

                  En el presente caso, el recurrente reseña un extracto del capítulo intitulado por la recurrida “MOTIVACIONES PARA DECIDIR”, y de la lectura de dichos argumentos, no se evidencia que el sentenciador de alzada incurra en el vicio denunciado, ello, toda vez que los mismos (los motivos) los soportó en el marco del análisis de los medios probatorios.

 

En atención a ello, debe la Sala declarar improcedente la denuncia.

 

                  Finalmente, aduce el recurrente que la alzada omite analizar la declaración de  los testigos.

                  A este respecto se evidencia que los testigos han sido valorados en  atención a la siguiente trascripción que de la recurrida se realiza: “ De la prueba testimonial consistente en las declaraciones  de los ciudadanos Leonardo Chauran, (sic) Omar del Valle Reyes Medrano; se observa que los mismos no se contradicen en cuanto al cargo ejercido por el actor en la empresa demandada, lo cual no es un punto controvertido”.

 

       Ahora bien, con relación a la posibilidad de revisar el análisis que los juzgadores de instancia hubieren efectuado de la prueba de testigos en sede casacional, esta Sala ha apuntado que la misma es posible cuando se haya incurrido en suposición falsa o se haya violado una máxima de experiencia, por lo cual, la presente delación debe ser desechada, dado que el recurrente no orientó la misma en el marco de algunos de los motivos precedentemente indicados. Así se establece.

D E C I S I Ó N

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social (Accidental), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara  SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandante, contra la sentencia publicada el 27 de septiembre de 2005, por el Juzgado Superior Accidental del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. 

 

Se condena en costas del recurso a la parte actora.

                  Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. Particípese de dicha remisión al Tribunal Superior de origen antes referido, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los doce (12) días del mes de julio de dos mil seis. Años: 196° de la Independencia y 147°  de la Federación.

Presidente de la Sala y Ponente,

 

_______________________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ      

 

       

         El Vicepresidente,                                                Magistrada,

 

_______________________________       _________________________________

ALFONSO VALBUENA CORDERO     CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

 

       Magistrada Suplente,                                             Conjuez,

 

_____________________________               ___________________________

BETTY JOSEFINA TORRES DÍAZ              OMAR GARCÍA VALENTINER

 

El Secretario,

 

_____________________________

JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

 

R.C. N° AA60-S-2005-001697

Nota: Publicada en su fecha a

                                                                                                                                             

El Secretario; 

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