Sentencia N.º 1190
- Sentencia
- N.º 1190
- Fecha
- 13/08/2013
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 13-0766
- Ponente
- Francisco Antonio Carrasquero López
- Procedimiento
- Revisión de Sentencia
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
EN SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Mediante sentencia número 103 del 8 de agosto de 2013, la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia se declaró competente para conocer y admitió el recurso contencioso electoral interpuesto, conjuntamente con solicitud de amparo cautelar, por la ciudadana YDANIA SILVA, asistida por la abogada Doris J. Silva Dávila, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 71.085, actuando en su condición de participante en la etapa de postulación, por Iniciativa propia, para el cargo de Alcaldesa del Municipio Independencia del Estado Yaracuy, en el proceso electoral Elecciones Municipales 2013, contra la Resolución N° 130620-0135, emanada del Consejo Nacional Electoral, de fecha 20 de junio del año 2013, y publicada en Gaceta Electoral N° 677 de fecha 19 de julio del corriente que sobrevenidamente pretende establecer el requisito de comparecencia de los electores(as) postulantes por iniciativa propia a los cargos de elección popular . En el mismo fallo, la Sala Electoral declaró con lugar la solicitud de amparo cautelar y, en consecuencia, suspendió los efectos de los artículos 7 y 8 de la Resolución N° 130620-0135, dictada por el Consejo Nacional Electoral, publicada en Gaceta Electoral número 677 del 19 de julio de 2013, contentiva de las Normas Para Regular la Verificación y Certificación de Manifestaciones de Voluntad en Apoyo a las Personas que Aspiren Postularse por Iniciativa Propia a los Cargos de Elección Popular, y advirtió al Ente Rector del Poder Electoral que no podrá, para el proceso electoral correspondiente a las Elecciones Municipales 2013, exigir la presentación ante la Oficina Regional Electoral, de electores que hayan manifestado su voluntad de apoyar alguna postulación por iniciativa propia mediante firma, a los fines de la validación de esta.
ÚNICO
En primer lugar, debe esta Sala determinar su competencia para revisar la sentencia número 103, dictada por la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia el 8 de agosto de 2013. Al respecto, observa que, conforme lo establece el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución, la Sala Constitucional tiene atribuida la potestad de ( ) revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva ( ).
Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en su artículo 25, numeral 11, dispone que:
Son competencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
( omissis )
11. Revisar las sentencias dictadas por las otras Salas que se subsuman en los supuestos que señala el numeral anterior, así como la violación de principios jurídicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por el República, o cuando incurran en violaciones de derechos constitucionales ( ).
Con fundamento en la norma transcrita y visto que el fallo objeto de la presente decisión fue dictado por la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala resulta competente para revisar el mismo. Así se decide.
Ahora bien, observa esta Sala Constitucional que el fallo número 103, dictado por la Sala Electoral el 8 de agosto de 2013, acordó, como medida cautelar, la suspensión de los efectos de los artículos 7 y 8 de la Resolución N° 130620-0135, emanada del Consejo Nacional Electoral, contentiva de las NORMAS PARA REGULAR LA VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD EN APOYO A LAS PERSONAS QUE ASPIREN POSTULARSE POR INICIATIVA PROPIA A LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, con fundamento en lo siguiente:
En el caso de autos el recurrente solicita que se decrete amparo cautelar mediante el cual se ordene que sea suspendida la ejecución inmediata de la Resolución N° 130620-0135, de fecha 20 de junio del año 2013, y publicada en Gaceta Electoral en fecha 19 de julio del año 2013, emanada del Consejo Nacional Electoral, durante el tiempo o hasta que se dicte la decisión de fondo en el procedimiento contencioso electoral, que conjuntamente aquí interpongo, a los fines de evitar que se me cause un gravamen irreparable de no poder proseguir en el proceso eleccionario de elecciones municipales 2013, como aspirante al cargo de Alcaldesa del Municipio Independencia del Estado Yaracuy.
A los fines de sustentar el fumus boni iuris constitucional, la parte recurrente hace referencia a lo que se transcribe a continuación:
Evidenciadas las violaciones constitucionales, legales y reglamentarias por parte del Consejo Nacional Electoral, en la Resolución N° 130620- 0135, de fecha 20 de junio del año 2013, y publicada en Gaceta Electoral en fecha 19 de julio del año 2013, instrumento normativo sub legal cuya aplicación afecta directamente los mandatos y garantías constitucionales contenidas en los artículos 21, 24, 25, 62, 67, 138, 292, 293, 294 y 298 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela así como las normas orgánicas de desarrollo y de ejecución inmediata de la Constitución, de la manera que aquí se ha expuesto, con ello se da por satisfecho el primer elemento de procedencia de la protección constitucional.
Más específicamente, alega que la Resolución impugnada es violatoria de la garantía constitucional establecida en el artículo 62, en razón que no se facilita las condiciones para que los ciudadanos participemos por iniciativa propia en el proceso electoral para la designación del cargo de Alcaldesa del Municipio Independencia, ya que exige la validación de firmas, mediante la comparecencia ante la sede regional del CNE de mil electores. También sostiene que la Resolución impugnada es violatoria de la garantía constitucional que tienen los ciudadanos y ciudadanas de concurrir por iniciativa propia a los procesos electorales postulando candidatos o candidatas, en razón (sic) que se me exige un requisito de imposible cumplimiento, tomando en cuenta que el traslado de dichas personas comporta la disponibilidad de tiempo y recursos que quienes escogimos esta modalidad no tenemos organizaciones políticas estructuradas para la recolección de fondos y menos aún en la forma tempestiva y sobrevenida que lo exige dicha resolución.
A los efectos de examinar la procedencia de la solicitud de amparo cautelar, considera la Sala que resulta pertinente traer a colación el contenido de los artículos 7 y 8 de la Resolución N° 130620-0135, emanada del Consejo Nacional Electoral, publicada en Gaceta Electoral número 677 de fecha 19 de julio de 2013, contentiva de las NORMAS PARA REGULAR LA VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD EN APOYO A LAS PERSONAS QUE ASPIREN POSTULARSE POR INICIATIVA PROPIA A LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, los cuales disponen textualmente lo siguiente:
Artículo 7.- En el mismo acto en que los funcionarios designados en las Oficinas Regionales Electorales reciban y revisen los recaudos consignados por las personas que deseen postularse por iniciativa propia, les informarán que deben convocar a las electoras o electores que manifestaron su voluntad de apoyar con su firma la postulación respectiva para que, en el lapso acordado se presenten por ante la Oficina Regional Electoral de la entidad federal en la que estén inscritas o inscritos en el Registro Electoral, a los fines de que validen su manifestación de voluntad.
Artículo 8.- El número de electoras y electores mínimos que se deben presentar para la validación, se determinará conforme a la siguiente escala:
1. En el Distrito Metropolitano de Caracas: mil quinientas (1500) electoras o electores firmantes.
2. En el Distrito del Alto Apure: mil (1000) electoras o electores firmantes.
3. En los municipios cuyo porcentaje de manifestaciones de voluntad a consignar, corresponda a un número igual o inferior a mil (1000): el cincuenta (50%) por ciento de las mismas.
4. En los municipios cuyo porcentaje de manifestaciones de voluntad a consignar, corresponda a un número mayor a mil (1000) y menor de cinco mil (5000): mil (1000).
5. En los municipios cuyo porcentaje de manifestaciones de voluntad a consignar, corresponda a un número mayor a cinco mil (5000): mil quinientas (1500) electoras o electores firmantes.
Al respecto observa la Sala que el trámite establecido en los artículos 7 y 8 de la Resolución impugnada, consistente en exigir la presentación ante la Oficina Regional Electoral, de un determinado número de electores que manifestaron su voluntad de apoyar mediante firma la postulación respectiva, a los fines de su validación, se traduce, en apariencia, en una limitación desproporcionada e irrazonable del derecho a la participación, dado que pareciera suficiente a los efectos del cumplimiento del requisito por parte de quien pretende ser candidato por iniciativa propia, que proceda a consignar las firmas exigidas bajo las condiciones y requisitos establecidos por el Consejo Nacional Electoral.
Sobre la base del razonamiento anteriormente expresado, esta Sala considera que del análisis de los autos resulta evidenciada la existencia de la presunción grave de amenaza de violación del derecho constitucional a la participación, por lo cual concluye que en el presente caso se configura el fumus boni iuris constitucional. Así se declara.
Con relación al periculum in mora, en vista de que ha sido evidenciada la presunción grave de violación de un derecho constitucional, cabe concluir que el referido requisito también se encuentra verificado en la presente causa, en atención al criterio jurisprudencial antes citado. Así se decide.
Al respecto, esta Sala Constitucional considera que la medida cautelar acordada por la Sala Electoral en los términos antes referidos, constituye un desconocimiento de las potestades que el artículo 293 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela confiere al Poder Electoral, referidas a la organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de cargos de representación popular de los poderes públicos.
Así pues, el Consejo Nacional Electoral, como Ente Rector del Poder Electoral, puede establecer condiciones y requisitos de validación para las postulaciones por iniciativa propia para los cargos de elección popular, sin que tales condicionamientos, per se, puedan considerarse como una amenaza de violación al derecho a la participación política de los ciudadanos que aspiran a dichos cargos.
Por otra parte, esta Sala Constitucional considera que la exigencia de la presentación ante la Oficina Regional Electoral de un determinado número de electores, con el propósito de manifestar su voluntad de apoyar mediante firma la postulación de candidatos por iniciativa propia, no puede calificarse en fase cautelar como una exigencia desproporcionada e irrazonable, como lo efectuó la Sala Electoral; por el contrario, se erige como una obligación del Ente Electoral el verificar la autenticidad de quienes manifiestan su voluntad de respaldar la postulación por iniciativa propia de un candidato, por cuanto dicho respaldo también constituye un acto de participación política y, como tal, debe ser constada su validez por el órgano electoral que corresponda.
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional, a fin de garantizar el imperio, la supremacía y la efectividad de las normas y principios constitucionales, conforme lo prescribe el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, revisa de oficio la sentencia número 103, dictada por la Sala Electoral de este Alto Tribunal el 8 de agosto de 2013; en consecuencia, anula el dispositivo tercero del fallo arriba mencionado y declara la efectiva aplicación de las normas contenidas en los artículos 7 y 8 de la Resolución N° 130620-0135, emanada del Consejo Nacional Electoral, publicada en Gaceta Electoral número 677 del 19 de julio de 2013, contentiva de las NORMAS PARA REGULAR LA VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD EN APOYO A LAS PERSONAS QUE ASPIREN POSTULARSE POR INICIATIVA PROPIA A LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara:
1.- REVISA de oficio la sentencia número 103, dictada por la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia el 8 de agosto de 2013.
2. ANULA el dispositivo tercero del referido fallo; en consecuencia, declara la efectiva aplicación de las normas contenidas en los artículos 7 y 8 de la Resolución N° 130620-0135, emanada del Consejo Nacional Electoral, publicada en Gaceta Electoral número 677 del 19 de julio de 2013, contentiva de las NORMAS PARA REGULAR LA VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD EN APOYO A LAS PERSONAS QUE ASPIREN POSTULARSE POR INICIATIVA PROPIA A LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR.
Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada del presente fallo a la Sala Electoral de este Supremo Tribunal.
Remítase copia certificada del presente fallo al Consejo Nacional Electoral a fin de que proceda a la aplicación de las NORMAS PARA REGULAR LA VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD EN APOYO A LAS PERSONAS QUE ASPIREN POSTULARSE POR INICIATIVA PROPIA A LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR.
Se ordena a la Secretaría de esta Sala formar expediente del presente asunto. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 13 días del mes de agosto de dos mil trece. Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
La Presidenta,
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
El Vicepresidente,
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Ponente
Los Magistrados,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
FACL/
Exp. N°
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