Venley

Sentencia N.º 1196

Sentencia
N.º 1196
Fecha
06/06/2002
Sala
Constitucional
Expediente
00-1909
Ponente
Antonio García García
Procedimiento
Recurso de Nulidad

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Antonio J. García García

 

            El 21 de junio de 2000, fue recibido en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, proveniente de la Sala Plena, el oficio distinguido con el alfanumérico TPI-00-117 del 16 de junio de 2000, por el cual se remitió el expediente número 563 (nomenclatura de dicha Sala), contentivo del recurso de nulidad interpuesto por razones de inconstitucionalidad por el abogado José Muci-Abraham, José Antonio Muci Borjas y María Auxiliadora Ríera, inscritos en el Inpreabogado bajo los Núms. 88, 26.174 y 26.825, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano Enrique Saltron Muñoz contra las normas contenidas en los artículos 48, numeral 2 y 57, numeral 15 de la Ordenanza de Publicidad Comercial del Municipio Libertador del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del referido Municipio, Nº Extra 1047-A, del 21 de marzo de 1991.

En esa misma oportunidad se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Héctor Peña Torrelles.  Posteriormente dada la nueva integración de esta Sala Constitucional, la cual quedó conformada por los Magistrados Iván Rincón Urdaneta, Jesús Eduardo Cabrera Romero, José M. Delgado Ocando, Antonio J. García García y Pedro Rafael Rondón Haaz, se reasignó la ponencia al Magistrado Antonio J. García García, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Efectuado el estudio individual del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I

Antecedentes

La presente demanda fue introducida ante la Sala Político Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia, el 12 de agosto de 1991.

Dicha Sala, por auto del 14 de agosto de 1991, ordenó oficiar al Concejo del Municipio Libertador del Distrito Federal, a fin de que remitiera el expediente administrativo del caso. En vista de que la parte actora no había pagado los derechos establecidos en la Ley de Arancel Judicial para realizar la notificación ordenada, la Secretaría de la Sala Político Administrativa lo hizo constar expresamente el 26 de septiembre de 1991. En esa misma oportunidad compareció uno de los abogados del demandante y pagó el importe correspondiente, por lo que el 3 de octubre de 1991 se libró el oficio de notificación que había sido ordenado.

El día 28 de enero de 1992 se dio cuenta del recibo del expediente remitido por el Síndico Procurador del Municipio Libertador del Distrito Federal, y con él se ordenó formar pieza separada del expediente.

Por auto del 19 de febrero de 1992, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa, considerando que “podría surgir un problema de competencia”, con ocasión a la contradicción existente entre el artículo 179 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal -artículo en el que se funda el recurso- que atribuye la competencia a la Sala Político Administrativa y las disposiciones de la Constitución de 1961 y de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que preveían la competencia de la Corte en Pleno, ordenó la remisión del expediente directamente a la Sala, a fin de que fuese ella la que se pronunciase sobre tal aspecto.

La Sala Político Administrativa, por sentencia del 11 de noviembre de 1992, declinó su competencia en la extinta Corte Suprema de Justicia en Pleno, por considerar que era ella a la que correspondía conocer del asunto. En su criterio, pese al texto del referido artículo 179, toda demanda por inconstitucionalidad dirigida contra una Ordenanza debía ser decidida por dicha Corte en Pleno.

En virtud de la declinatoria, el expediente fue remitido a la Corte en Pleno, la cual aceptó su competencia para conocer del caso por sentencia del 13 de diciembre de 1994.

Resuelto el problema de competencia, el Juzgado de Sustanciación de la Corte en Pleno admitió el recurso, por auto del 26 de enero de 1994, y ordenó la notificación del Alcalde del Municipio Libertador del Distrito Federal y del Fiscal General de la República, así como el emplazamiento de los interesados mediante cartel.

Las notificaciones fueron efectuadas según lo ordenado, y el 4 de abril de 1995, compareció la abogada Verónica Pacheco, en representación del demandante, a fin de consignar el cartel publicado.

El 5 de diciembre de 1996 comparecieron las abogadas Nancy Arellano Rangel y Omaira Moya Gómez, en representación del Municipio Libertador del Distrito Federal, y solicitaron la declaratoria de perención de la causa por cuanto la última actuación en el procedimiento fue efectuada el 4 de abril de 1995.

La parte demandante, mediante escrito presentado el 16 de enero de 1997, se opuso a la petición de las representantes del Municipio Libertador del Distrito Federal.

II

De la competencia

La Ordenanza sobre Publicidad Comercial del Municipio Libertador del Distrito Federal fue inicialmente objeto de la solicitud de reconsideración que permiten los artículos 176 y 177 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Dichas disposiciones habilitan a un mínimo del diez por ciento de los vecinos de un Municipio o Distrito a pedir al órgano autor de una Ordenanza, dentro de un plazo de tres meses  contados a partir de su publicación, la modificación de alguna de sus normas o el levantamiento total o parcial de su sanción.

El Municipio Libertador del Distrito Federal no aceptó modificar la Ordenanza cuya reconsideración se le solicitó, razón que llevó al ahora demandante a pedir judicialmente su anulación de la manera que prevé el artículo 179 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, cuyo texto es el siguiente:

 

“La solicitud de reconsideración no suspenderá los efectos de la Ordenanza objetada. Sin embargo, si el Concejo o Cabildo no se pronunciare dentro del plazo establecido en el artículo anterior, la Ordenanza quedará suspendida en sus efectos por un plazo de sesenta (60) días, durante el cual continuará vigente la que hubiera sido derogada por la Ordenanza objetada, si éste fuera el caso. Durante este último plazo cualquier vecino de la comunidad podrá solicitar ante la Corte Suprema de Justicia la nulidad de la Ordenanza objetada, y la suspensión de la misma continuará hasta la decisión de la Sala Político Administrativa, la cual deberá producirse dentro del plazo previsto en el artículo 166. Caso de no solicitarse la nulidad, cesará la suspensión de los efectos de la Ordenanza objetada”.

 

Como se observa, el artículo citado dispone la suspensión, por un plazo de sesenta (60) días, de los efectos de las Ordenanzas cuya reconsideración ha sido solicitada, en los casos en que el Concejo o Cabildo no decida dentro del plazo legalmente establecido. Asimismo, la referida disposición habilita a cualquier vecino de la comunidad para instar la anulación judicial de la Ordenanza, ante la Corte Suprema de Justicia, durante el plazo que opere la suspensión. Es, precisamente, lo que ha hecho el demandante en esta causa.

La disposición contenida en el citado artículo 179 fue objeto de controversia desde su incorporación a la Ley Orgánica de Régimen Municipal, por cuanto previó, sin distingo, la competencia de la Sala Político Administrativa para conocer de la impugnación de Ordenanzas, en evidente contradicción con el artículo 215 de la Constitución de 1961, que asignaba tal competencia a la Corte en Pleno cuando se denunciaban vicios de inconstitucionalidad.

Al tener que resolver esa situación, la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia estimó –precisamente en esta causa- que el artículo 179 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal debía interpretarse de manera que casare con el texto constitucional. Por ello, entendió que debía entenderse que dicha Sala sería competente sólo si se formulaban denuncias de ilegalidad, tal como lo preveía el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Como en el caso de autos se hacían denuncias de inconstitucionalidad, la Sala Político Administrativa decidió que la competencia debía ser de la Corte en Pleno.

En la actualidad la situación es distinta, pues la impugnación de Ordenanzas corresponde siempre a esta Sala -como órgano especializado en la jurisdicción constitucional-, de conformidad con el numeral 2 del artículo 336 de la Constitución de 1999.

En efecto, tal como esta Sala ha reiterado insistentemente, la Carta Magna de 1999 ha concebido la jurisdicción constitucional con fundamento en el rango de los actos impugnables y no en los vicios que sirvan de base a los recursos, lo que hace que la impugnación de ciertos actos sea siempre conocida por esta Sala, sin importar los vicios denunciados. Esos actos de los que conoce son aquellos que tengan rango legal, por expresa disposición del artículo 334 del Texto Fundamental, según el cual la jurisdicción constitucional conoce de las demandas dirigidas contra leyes y contra actos de rango legal, que son aquellos dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución. Entre esos actos de rango legal se ubican las Ordenanzas, por ser ellas dictadas con base en competencias atribuidas directamente por la Constitución a los órganos deliberantes municipales.

Así, pese al criterio sustentando por un breve tiempo por esta Sala, y que ya ha sido modificado, la Sala Político Administrativa carece de competencia para conocer de recursos contra Ordenanzas. De esta manera, la referencia a la Sala Político Administrativa que hace el artículo 179 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal está en total contradicción con el texto Fundamental vigente, por lo que debe considerarse inaplicable al caso de autos. Así se declara.

En tal virtud, esta Sala reafirma su competencia para conocer de los recursos de nulidad contra Ordenanzas, incluso en los casos de demandas intentadas por la vía del referido artículo 179 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

III

Acerca de la perención

La representación del Municipio Libertador del Distrito Federal solicitó, de conformidad con el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la declaratoria de perención en la presente causa, por cuanto la última actuación procedimental se efectuó el 4 de abril de 1995, y consistió en la consignación del cartel de emplazamiento a los interesados.

La parte actora se opuso a tal petición, al afirmar que la Ley Orgánica de Régimen Municipal “ha previsto un procedimiento especialísimo” que “se aplica con preferencia al contemplado en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia para la impugnación de los actos de efectos generales”. Para el demandante, no son aplicables las normas sobre perención previstas en esa última ley, ya que “el presente procedimiento entró en estado de sentencia desde que fue introducida la solicitud de nulidad por ante [la] Corte Suprema de Justicia en Pleno (…), vale decir, desde el 12 de agosto de 1.991” (Corchetes de esta Sala).

Al respecto, esta Sala observa:

El artículo 179 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal remite al artículo 166 de esa misma ley, en lo referido al plazo en que debe decidirse el recurso judicial. Dicho artículo 166 establece:

 

 “En caso de surgir una situación que amenace la normalidad institucional de un Municipio o Distrito, pueden las autoridades municipales o el Gobernador del Estado, ocurrir a la Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa, para solicitarle que conozca y decida la cuestión planteada. La decisión de la Corte Suprema de Justicia relativa a la legitimidad de las autoridades municipales deberá ser emitida en el plazo de treinta (30) días contados a partir de la admisión de la solicitud y bastará para producirla los documentos que se acompañen a ésta. Cuando la Corte solicitare documentos adicionales, éstos deberán ser consignados dentro de un plazo de diez (10) días y la decisión deberá producirse dentro de los ocho (8) días siguientes”.

 

Ahora bien, en criterio de esta Sala, el tantas veces mencionado artículo 179 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal debe ser interpretado tomando en consideración la finalidad que ha guiado su inclusión en dicho texto legal, ya que si se hace abstracción de la misma se hace imposible comprender sus peculiaridades.

En tal sentido, observa esta Sala que el artículo 179 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal lo que hace es prever un supuesto excepcional de impugnación de Ordenanzas, cuya verdadera finalidad es permitir la suspensión de sus efectos sin necesidad de pronunciamiento judicial. No es otro su propósito, según estima esta Sala, por lo siguiente:

Al ser Venezuela un Estado de Derecho es inconcebible que los actos dictados por los órganos que ejercen el Poder Público queden excluidos del control jurisdiccional y así se ha consagrado en lo que ya es una larga tradición jurídica. En tal virtud, las Ordenanzas -como cualquier otro acto- están sometidas a revisión, por exigencia constitucional, sin que sea necesaria la previsión del artículo 179 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Por ello, es evidente que la previsión contenida en dicha norma debe perseguir una finalidad concreta, y la consecución de esa finalidad es lo que ameritó su incorporación a la ley, configurando un supuesto especial respecto del principio general de impugnación de Ordenanzas.

En criterio de esta Sala, el fin que inspiró al legislador fue el de consagrar la posibilidad de que los efectos de la Ordenanza queden suspendidos, sin necesidad de resolución expresa al respecto, en los casos en que se produzca el supuesto de hecho previsto en la norma: falta de decisión por parte del Concejo o Cabildo acerca de la solicitud de reconsideración, dentro del plazo legal.

De esta manera, el artículo 179 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal dispone que si el órgano autor de una Ordenanza no resolviere la petición de reconsideración -para lo que dispone de un plazo de 60 días, según el artículo 178- se suspenden inmediatamente sus efectos. El principio general es el contrario: durante el plazo concedido al Concejo o Cabildo para decidir, la Ordenanza objetada se aplica, si es que, por supuesto, hubiere entrado en vigencia. Ahora bien, si el autor de la Ordenanza no se pronuncia en plazo sobre la reconsideración, la misma Ley sanciona su inactividad, permitiendo la suspensión ope legis de los efectos del acto, con lo que incluso puede recobrar su vigencia el texto que hubiera sido derogado, si fuere el caso. Queda claro, para esta Sala, que la suspensión de efectos de la Ordenanza tiene una finalidad sancionatoria o, al menos, está prevista como medida de presión a fin de que el órgano correspondiente decida dentro del plazo.

Si el órgano no resuelve la solicitud de reconsideración, la propia ley dispone que la suspensión de efectos durará sesenta días, que es el lapso que se le concede a cualquier vecino de la comunidad de que se trate para impugnar la Ordenanza por vía judicial. Si nadie interpone el recurso jurisdiccional, la suspensión de efectos debe cesar, pero si tal recurso es intentado en tiempo hábil -los sesenta días de la suspensión ope legis- la suspensión debe continuar hasta que el tribunal dicte su decisión.

Todo lo expuesto -que no es más que una reseña de la letra del artículo 179 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal- constituye, sin duda alguna, un supuesto excepcional en nuestra legislación y demuestra que la posibilidad de suspensión ope legis de los efectos de la Ordenanza es el eje de toda la disposición.

En criterio de esta Sala, es evidente que el artículo 179 contempla sólo un mecanismo excepcional de impugnación de Ordenanzas que se fundamenta en la  suspensión de sus efectos, por lo siguiente:

En primer lugar, el artículo 179 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal dispone la necesidad de que el recurso de anulación contra la Ordenanza sea interpuesto dentro de un breve lapso -sesenta (60) días-, cuando es bien sabido que la acción contra las Ordenanzas no tiene plazo de caducidad, puesto que, según el artículo 112 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, los recursos contra actos generales pueden intentarse en cualquier momento. Es obvio, entonces, que el referido artículo 179 no puede tener por finalidad fijar un plazo (excesivamente breve incluso si se le compara con el concedido para impugnar actos de efectos particulares) para recurrir contra ciertas Ordenanzas, vencido el cual sea imposible recurrirlas, pues ello negaría el derecho a recurrir Ordenanzas en cualquier momento. Lo que se procura, estima esta Sala, es impedir que la suspensión ope legis de los efectos de la Ordenanza se perpetúe a la espera de un recurso judicial que podría ser, de  no existir la excepción, intentado en cualquier tiempo.

En segundo lugar, el artículo 179 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal exige que el demandante sea un vecino de la comunidad. Ahora bien, la jurisprudencia del Máximo Tribunal ha entendido que los actos generales pueden ser recurridos por cualquier persona, pese a la aparente limitación que prevé el artículo 112 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, según el cual se exige un interés. Así, se ha admitido que ese interés a que hace referencia la ley puede ser el que se califica como simple, por lo que la acción se convierte en una verdadera acción popular. Ese carácter popular de las acciones contra actos normativos hace que no sea imprescindible que el recurrente contra una Ordenanza resida en el territorio del municipio en el que fue dictada. Será necesario, por supuesto, que exponga su interés, pero éste puede derivar de cualquier circunstancia que demuestre al tribunal que su recurso no es meramente teórico. La vecindad, entonces, carece de relevancia a los efectos de determinar la legitimación para el ejercicio de tal recurso.

Por tanto, la exigencia de que el recurrente sea un vecino de la comunidad es tan sólo una peculiaridad del artículo 179 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, al igual que lo es la exigencia de que el recurso se intente dentro de los sesenta días en que dura la suspensión ope legis. Ello, en criterio de esta Sala, no hace más que poner de manifiesto que la previsión de dicho artículo está indisolublemente unida a la suspensión operada en virtud del silencio del órgano ante el cual se pidió la reconsideración de la Ordenanza.

De no entenderse de la manera en que se ha expuesto, la disposición del artículo 179 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal crearía una injustificada desigualdad entre los recursos contra Ordenanzas objetadas previamente y los intentados contra aquéllas que no lo han sido. Contra las primeras sólo tendrían legitimación los vecinos de la comunidad, quienes deberían actuar con rapidez, a lo sumo dentro de los sesenta días que siguen al vencimiento del plazo para la decisión del órgano que dictó la Ordenanza. Contra el resto de Ordenanzas, cualquiera que exponga y demuestre su interés -interés simple, que puede derivar de cualquier circunstancia- podría solicitar su anulación, sin atender a plazo alguno. Es obvio, para esta Sala, que la solicitud de reconsideración de una Ordenanza no puede crear limitaciones tan grandes para su posterior impugnación judicial. Por ello, entiende la Sala que el artículo 179 sólo ha sido previsto para permitir que los efectos de una Ordenanza estén suspendidos sin necesidad de que el tribunal decida al respecto, pues lo normal es que el recurrente solicite la suspensión, a través de algunos de los mecanismos cautelares previstos en las leyes.

De esta manera, esa finalidad excepcional de garantizar la suspensión de efectos de una Ordenanza es lo que justifica la existencia de la previsión contendida en el artículo 179 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Si no se solicitare judicialmente la anulación de la Ordenanza dentro del plazo de sesenta días que ha sido establecido, cesa la suspensión de sus efectos. Si se impugnase con posterioridad, la única manera de lograr la suspensión sería a través de una solicitud expresa en tal sentido, la cual podría, por supuesto, ser rechazada por el tribunal si lo estima correcto.

Ahora bien, en virtud de que es excepcional la suspensión ope legis de los efectos de un acto normativo -e incluso de un acto de efectos particulares, puesto que el principio general en Venezuela es el del carácter no suspensivo de los recursos- el legislador consideró adecuado procurar que la sentencia se dicte en un plazo también breve, a fin de no extender indefinidamente una suspensión respecto de la cual no hubo pronunciamiento judicial, sino que surgió directamente de la ley. Es sabido que el juez cuenta con el poder de revocar una medida cautelar que hubiere acordado -como la de suspensión de efectos-, pero es evidente que no podría hacerlo respecto de medidas que no han surgido por su voluntad, sino por disposición legal expresa. Ello conduce a  la necesidad de que el procedimiento se realice con una mayor celeridad.

En criterio de esta Sala, lo expuesto en el párrafo precedente ha sido la causa para prever un plazo breve para decidir la controversia y remitir, a tal efecto, al artículo 166. Sin embargo, estima la Sala que es necesario tomar en consideración otros aspectos que, sin duda, fueron obviados por el legislador.

En efecto, para esta Sala, es imprescindible garantizar los derechos e intereses de las personas afectadas por la Ordenanza impugnada, así como los de su autor, por ser ello un deber del juez derivado directamente de la Constitución. No es aceptable, por atentar contra los principios constitucionalmente reconocidos, resolver una controversia sin atender a las razones que puedan exponerse durante un juicio, ajenas a las que sostenga la parte actora. La intervención judicial no tiene por finalidad sólo el permitir que un órgano especializado, conocedor del derecho, imparcial y con poderes de imperio, pueda resolver una demanda, sino también abrir la posibilidad para que, en el transcurso de un procedimiento, puedan intervenir personas distintas a aquellas que han dado origen a la causa.

En criterio de esta Sala, la remisión que hace el artículo 179 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal al artículo 166 eiusdem impide, en posible perjuicio de terceros y en desapego al texto constitucional, tramitar la causa de manera que proteja los intereses de los posibles afectados o del propio autor de la Ordenanza impugnada.

En efecto, el artículo 166, aplicado al supuesto del artículo 179, cercena el derecho al debido proceso que debe garantizarse al órgano autor de la Ordenanza y a los terceros que tengan un interés en la resolución de la controversia, por cuanto no se prevé una oportunidad para la exposición de lo que se estime oportuno. Además, es innegable que se crea también una desigualdad respecto de los recursos intentados contra Ordenanzas que no hubieran sido objeto de reconsideración y las que hubieran sido impugnadas durante el plazo de la suspensión ope legis de sus efectos. En el caso de las Ordenanzas cuya reconsideración no se pidió o que, simplemente, no se impugnaron de conformidad con el citado artículo 179, se seguiría la tramitación de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia; en cambio, si se recurre por la vía del mencionado artículo, el proceso se comprime de manera considerable, sin que esa reducción tenga justificación y sin que se garanticen los derechos mínimos.  

El referido artículo 166 no es violatorio, en sí mismo, del derecho al debido proceso y a la defensa, pues se ha previsto para una situación excepcional y de especial gravedad: la discusión acerca de la legitimidad de las autoridades municipales. En él sí se justifica la decisión de la controversia sin necesidad de tramitación de un procedimiento, por cuanto así lo exige lo planteado. El artículo 179, en cambio, contempla simplemente un recurso de anulación, similar a cualquier otro, dirigido contra Ordenanzas que han sido objeto de una solicitud previa de reconsideración. Como puede observarse, son muy diferentes los supuestos previstos en los artículos 166 y 179 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, por lo que carece de sentido tratarlos de manera idéntica.

En efecto, la gravedad de la situación a que se refiere el artículo 166 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal exige una celeridad especial, puesto que son casos en los que se amenaza verdaderamente la normalidad institucional del Municipio. No se trata de objeciones formuladas contra una Ordenanza, que, por más graves que sean, no impiden en principio el funcionamiento municipal; y, si así fuere, cabrían las medidas cautelares que se estimen oportunas. Así, el referido artículo 166 versa sobre una situación en la que la propia autoridad municipal se encuentra en duda y hace falta, en aras de la seguridad, resolver la controversia de forma inmediata. Ello aconseja prever un recurso especial, en el que basten los documentos que se acompañen a la solicitud para que en un plazo de sólo treinta días a partir de la admisión, se decida lo conducente.

En cambio, las objeciones dirigidas contra una Ordenanza no surgen necesariamente en el marco de una situación de verdadera amenaza contra la institucionalidad municipal, por lo que el procedimiento para su tramitación no debe variar respecto del que se sigue en el resto de los casos de demandas contra actos normativos, sean leyes nacionales, leyes estadales, o incluso Ordenanzas que no hayan sido objeto de reconsideración o que se hubieran impugnado luego del plazo que prevé el artículo 179 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

Así, para esta Sala la remisión que hace el artículo 179 al artículo 166 vulnera el debido proceso que debe garantizar el legislador y el juez, a la vez que crea desigualdades no permitidas por la Constitución entre recurrentes que se basan en el referido artículo 179 y aquellos que impugnen una Ordenanza por la vía del artículo 112 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. En tal virtud, esta Sala inaplica la norma del artículo 179 en lo referido a la remisión que hace al artículo 166, y se declara en consecuencia que el procedimiento aplicable para tales casos, será el contemplado en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, para los juicios de nulidad de los actos de efectos generales. Así se declara.

Declarado lo anterior, esta Sala debe destacar, en todo caso, que es evidente en la presente controversia que la entonces Corte Suprema de Justicia en Pleno no consideró aplicable el procedimiento especial previsto en el artículo 166 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, toda vez que en el auto de admisión del recurso inició el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Así, en el auto del 26 de enero de 1994, el Juzgado de Sustanciación ordenó la notificación del Alcalde del Municipio Libertador del Distrito Federal y del Fiscal General de la República, así como el emplazamiento de los interesados mediante cartel, con lo que dejó patente que no se decidiría tan sólo con base en los documentos presentados. El recurrente no apeló de tal decisión, con lo que mostró su conformidad con esa tramitación. De hecho, aunque la parte actora sostiene ahora que la causa debió decidirse en un plazo de treinta (30) días, esta Sala recuerda que en autos consta que transcurrieron más de dos (2) meses entre la admisión del recurso y la consignación del cartel de emplazamiento por parte de la apoderada del demandante.

Observa asimismo esta Sala que tampoco la Sala Político Administrativa de la otrora Corte Suprema de Justicia -primero en conocer de la demanda- pretendió resolver el caso sin la tramitación que exige la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, por cuanto, apenas recibió el recurso, ordenó notificar al Concejo del Municipio Libertador del Distrito Federal, a fin de que remitiera el expediente del caso.  De haberse aplicado el artículo 166 la situación habría sido otra: debió decidir con base en la demanda; a lo sumo, pudo haber solicitado documentos adicionales concretos, cuya necesidad se observa en la revisión inicial que hiciere de la demanda, sin que tuviera que solicitar, con base en el artículo 123 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, el envío de todo el expediente de formación de la Ordenanza. Además, destaca esta Sala que en aquella ocasión la Sala Político Administrativa no pudo solicitar la remisión del expediente administrativo con celeridad, porque la parte actora no había cancelado los derechos previstos en la Ley de Arancel Judicial, los cuales fueron pagados cuarenta y tres (43) días después de esa fecha. Como se observa, la propia actitud del demandante impidió continuar el procedimiento con prontitud. Su tardanza fue tal que excedió incluso el plazo que ahora pretende que se tome como límite para que el Tribunal sentenciara la causa.

En vista de que esta Sala ha afirmado en los párrafos precedentes la aplicación del procedimiento de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia a las demandas intentadas de conformidad con él artículo 179 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, se declara, en consecuencia, que en las causas iniciadas con base en dicho artículo 179 procede aplicar la norma sobre perención contenida en el artículo 86 de la primera de las leyes mencionadas. Así se declara.

En el caso de autos, la parte actora dejó de impulsar el proceso a partir del momento en que consignó el cartel de emplazamiento de los interesados (4 de abril de 1995), cuando aún restaban otras fases procesales por cumplir.

No puede ahora pretender el demandante que la causa estaba en estado de sentencia desde que introdujo su solicitud, puesto que conocía perfectamente que desde ese momento se sucedieron una serie de actuaciones, tanto del tribunal como de él mismo: solicitud de antecedentes, declinatoria de competencia por parte de la Sala Político Administrativa, aceptación por parte de la Corte Suprema de Justicia en Pleno, admisión del recuso, notificaciones al Concejo del Municipio Libertador y al Fiscal General de la República, emisión de cartel de emplazamiento y, por último, consignación de dicho cartel una vez publicado en prensa. Debió el recurrente impulsar el proceso para que las siguientes fases tuvieran lugar, y llegar así al acto de informes, que constituye el último momento en que las partes actúan. Sólo al final de la relación, la causa hubiera entrado en estado de sentencia, una vez que el tribunal dice “vistos”, lo cual no sucedió en el presente caso.

Por lo tanto, esta Sala Constitucional declara que la presente causa permaneció inactiva por más de un año, lo que habilita para declarar la perención de la instancia y la extinción del proceso. Así se declara.

IV

Decisión

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara:

PRIMERO: Inaplicada la norma contenida en el artículo 179 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, en cuanto a la competencia de la Sala Político Administrativa para conocer de las nulidades de las Ordenanzas que conforme a dicha norma se interpongan, y en cuanto a la remisión que dicha norma hace al procedimiento establecido en el artículo 116 del mismo texto normativo.

SEGUNDO: perimida la instancia y, en consecuencia, terminado el procedimiento del recurso de nulidad interpuesto por razones de inconstitucionalidad por los abogados José Muci-Abraham, José Antonio Muci Borjas y María Auxiliadora Ríera, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano Enrique Saltron Muñoz, contra las normas contenidas en los artículos 48, numeral 2 y 57, numeral 15 de la Ordenanza de Publicidad Comercial del Municipio Libertador del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del referido Municipio, Nº Extra 1047-A, del 21 de marzo de 1991.

            Publíquese y regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 06 días del mes de JUNIO del año dos mil dos. Años 192º de la Independencia y 143º de la Federación.

El Presidente,

 

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

 

 

El Vicepresidente,

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA                          JOSÉ M. DELGADO OCANDO

                  Ponente

 

 

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

 

 

El Secretario,

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

 

Exp. Nº 00-1909

 

 

AGG/

 

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