Venley

Sentencia N.º 12

Sentencia
N.º 12
Fecha
06/02/2001
Sala
Casación Social
Expediente
99-519
Ponente
Juan Rafael Perdomo
Procedimiento
Recurso de Casación


 

 


SALA DE CASACIÓN SOCIAL

 

Ponencia del Magistrado Doctor JUAN RAFAEL PERDOMO

 

                        El ciudadano JOSÉ BENJAMÍN GALLARDO GONZÁLEZ, representado por el abogado Francisco Ardiles, demandó a la sociedad mercantil ANDY DE VENEZUELA, C.A., representada por los abogados  Omar Brett Domínguez y Alejandro Chávez, por cobro de prestaciones sociales, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

 

El Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la citada Circunscripción Judicial, conociendo luego que la Sala casara  anterior fallo por razones de forma, dictó sentencia el día 5 de febrero de 1998, en la cual declaró parcialmente con lugar la demanda, revocando la decisión apelada.

 

                        En el mismo fallo el Tribunal de la alzada declaró con lugar la oposición hecha por la sociedad mercantil Autor Surgery Instrumentos C.A., contra la medida de embargo preventivo decretada el 9 de abril de 1996 por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

 

El apoderado de la parte actora propuso recurso de nulidad y anunció recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado oportunamente. No hubo contestación a la formalización.

 

Por auto de fecha 13 de enero de 2000, la Sala de Casación Civil declinó la competencia para conocer el presente asunto en esta Sala de Casación Social a la cual corresponde en virtud de la materia, de conformidad con el vigente texto constitucional. Recibido el expediente, se dio cuenta en Sala el 2 de febrero de 2000. En fecha 21 de diciembre de 2000, la Asamblea Nacional, designó como integrante de la Sala de Casación Social al Magistrado Doctor Alfonso Valbuena C., en sustitución del Magistrado Dr. Alberto Martini Urdaneta. Cumplidas como han sido las formalidades legales, se pasa a dictar sentencia en los términos siguientes:

 

 

- I -

FUNDAMENTO DEL FALLO RECURRIDO

 

                        El Juez de reenvío declaró parcialmente con lugar la demanda intentada, con base en las siguientes razones:

“Como bien la Sala de Casación Civil asienta, si la parte demandada pretendió renunciar al término de la distancia de dos (2) días que le fue concedido en el auto de admisión por tener su domicilio en la ciudad de Caracas, y el Tribunal de la causa tiene su sede en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, ello era factible, siempre y cuando diera conocimiento de esa renuncia a la parte actora, como así lo preceptúa el artículo 203 del Código de Procedimiento Civil, lo cual no sucedió en el caso de autos. En consecuencia la oposición, por los apoderados de la demandada de la cuestión previa fue extemporánea, por anticipada pues lo hicieron el tercer día de despacho siguiente a su citación tácita, lo cual ocurrió el 17 de octubre de 1.994, olvidando los apoderados de ANDY DE VENEZUELA, C.A., computar el término de distancia de dos (2) días, por lo cual es correcto el criterio del a-quo que considera confesa a la accionada, y así se establece. Sin que se desprenda de las actas que integran el presente expediente que el 24 de octubre de 1.994, que fue el tercer día de despacho siguiente al vencimiento del término de distancia concedió a tal efecto, la demanda por si o por intermedio de alguno de sus apoderados en el proceso procediera a contestar la demanda, u oponer cuestiones previas, tomando en cuenta que la actuación que realizaron los apoderados de la accionada el 20 de octubre de 1.994 es totalmente irrelevante, por lo antes señalado.”

 

(…)

 

“El Tribunal no encuentra procedente el pago de daños y perjuicios estimados por el accionante en la suma de ochocientos cincuenta mil bolívares (sic) (Bs. 850.000,00) conforme a lo alegado en el libelo. Así mismo se estima improcedente el pago de los otros posibles daños materiales, pues el demandante, no precisó en lo absoluto, como sería su forma de cálculo y origen. Además que los daños sólo estaban supeditados al alquiler de un vehículo por diez mil bolívares (sic) (Bs. 10.000,00) diarios. Mientras que no se especificó como antes se indicó, lo relativo a qué otros daños se refería en el libelo, en el literal b) del capítulo IV del mismo.”

 

(…)

 

“Ahora bien como no consta en autos que se haya ejecutado la medida de embargo decretada, pero sí un intento frustrado por la oposición del tercero, y por una caución de QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CIN-CUENTA MIL OCHENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs.15.250.089,00) presentada por el mismo tercero a fin de que no se ejecutara la decretada medida de embargo; sólo corresponde a este sentenciador con el pronunciamiento anterior declarar que la oposición planteada por el tercero opositor es procedente por estar probado en autos los extremos del encabezamiento del artículo 546 aquí antes comentado, pero en la realidad no existe ninguna medida de embargo ejecutada  que suspender, aun cuando sí existe una oposición por decidir por una caución, garantizando la no práctica de la misma, quizás por aplicación analógica del artículo 589 Ejusdem.”

 

 

- II -

RECURSO DE NULIDAD

 

                        La Sala entra a considerar, la admisibilidad del recurso de nulidad propuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, al que correspondió actuar como Tribunal de alzada en virtud del fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 14 de agosto de 1996, que casó la sentencia definitiva dictada el 13 de marzo de 1995 por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo; a la vez que repuso la causa al estado de que el Juez dictara nuevo fallo  “...sin incurrir en el vicio de actividad que originó la nulidad de la decisión recurrida.”

 

                        El fundamento del fallo que ahora es objeto del presente recurso de nulidad, se resume de la manera siguiente:

 

“Ahora bien, del análisis exhaustivo realizado al fallo impugnado, se evidencia que el sentenciador de Alzada no consideró, ni se pronunció, sobre el alegato esgrimido por la parte demandada en sus informes de segunda instancia, por tanto, estima la Sala, que se configuró en este caso, el vicio de incongruencia de la sentencia.”

 

 

                        De la anterior transcripción se evidencia que la Sala de Casación Civil, al casar aquel fallo, no juzgó la procedencia o no de errores de juzgamiento, sino que se limitó a determinar que el sentenciador efectivamente no resolvió sobre todo lo alegado por las partes, con lo cual casó el fallo por considerar que el mismo estaba viciado de incongruencia.

 

                        Establecido lo anterior, juzga la Sala necesario precisar que el recurso de nulidad previsto en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil, sólo es admisible cuando se ha casado una sentencia por error de juicio o error in iudicando y el Juez de reenvío contraría la doctrina desarrollada en el fallo. No puede intentarse el recurso de nulidad cuando se ha casado una sentencia por vicio de actividad, ya que en este caso se repone la causa y el Juez Superior no tiene más límites que la sujeción  a las normas procedimentales y sustantivas.

 

            En consecuencia, la Sala declara inadmisible el recurso de nulidad propuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Superior.

 

- III -

CASACIÓN DE OFICIO

                       

Con base en lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que faculta a este alto Tribunal a casar el fallo recurrido, con base en infracciones de normas de orden público y constitucionales aunque ellas no hallan sido denunciadas por el formalizante, esta Sala observa:

 

                        Bajo el numeral 1º del Capítulo II, del escrito de formalización, la parte recurrente denuncia, de conformidad con lo previsto en el ordinal 2º del artículo 313, la violación por errónea aplicación de una máxima de experiencia.

 

Por vía de argumentación, expone la parte recurrente:

 

“La violación de la máxima de experiencia citada ocurre por la recurrida cuando en su consideración NOVENA analiza la indexación de la acción solicitada en el libelo y la acuerda, excluyendo los lapsos que el juicio duró en la Corte Suprema de Justicia después de vencidos los 60 días que el artículo 319 del Código de Procedimiento Civil le concede a la Sala para decidir, así como aquellos que transcurrieron después de los 40 días que el artículo 522 concede a los jueces de reenvío para dictar una nueva sentencia por haberse declarada Con Lugar el recurso de casación, pronunciándose así contra la máxima de experiencia, pues conforme a la aclaratoria que se le hace en la decisión dictada el 15/1/98 estos lapsos no pueden excluirse del tiempo útil para el cálculo de la corrección monetaria porque la demora judicial sin culpa del actor no puede descargarse únicamente en perjuicio del trabajador.”

 

(…)

 

“Según se observa la recurrida del lapso de cálculo excluye: 1º ) el lapso del 26/9/95 al 14/8/96 que duró el recurso sin decidir en la Corte pasado los 60 que establece la ley. 2º) el lapso del 15/6/96 (rectius: debe decir 15/8/96) al 14/11/96, del 08/01/97 al 07/03/97 y del 19/04/97 al 31/10/97 denunciados como “los primeros” por la recurrida y que fueron lapsos de retardo pasados los 40 días que la ley le concede a los Magistrados de Reenvío para que decidieran sin hacerlo. Según esa explicación la recurrida aplica la máxima de experiencia pero del lapso de cálculo excluye períodos que la propia máxima no autoriza a excluir, según las aclaratorias que han surgido para su interpretación pues como asienta la Sala resulta injusto atribuirle al trabajador la demora judicial, y no sobre el patrono que no tuvo razón para incumplir y que pudo poner fin al proceso en cualquier momento.”

 

 

Incumple el recurrente con la técnica pertinente para la formalización de una denuncia por infracción de ley en la cual se acusa la violación de una máxima de experiencia.

 

En efecto, cuando se alega la violación de una máxima de experiencia -conocimiento privado del Juez- que le debe resultar idónea al sentenciador para lograr la integración del concepto jurídico indeterminado previsto en el supuesto normativo, debe invocarse la violación del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que faculta al Juez para fundar su decisión en máximas de experiencia, igualmente debe indicarse cuál es la máxima de experiencia infringida y la norma a la cual se adminicula la misma, e indicarse la respectiva falta o falsa aplicación de la ley o la errónea interpretación.

 

En la denuncia bajo examen no se acusó la violación del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, tampoco se identificó la máxima de experiencia infringida ni se denunció la infracción de alguna norma para cuya aplicación debía servir de base la máxima de experiencia.

 

No obstante lo anteriormente expuesto, la Sala observa que en fallo de fecha 30 de septiembre de 1993 (Inversiones Franklin y Paúl contra Rómulo Osorio Montilla), la Sala de Casación Civil de la entonces Corte Suprema de Justicia, dejó establecido que la pérdida en el poder adquisitivo de la moneda como producto de la inflación constituía una máxima de experiencia que debía ser considerada por el Juez al decidir sobre las demandas que versaran sobre el cumplimiento de obligaciones que debían ser pagadas en dinero.

 

En materia laboral dicho criterio fue ratificado por la propia Sala de Casación Civil en fallo de fecha 17 de marzo de 1993 (Camillius Lamorell contra Machinery Care y Omar Celestino Martínez Puertas), en el cual se establecieron como máximas de experiencia: 1º) En los casos de trabajo subordinado, la vida, la salud y el bienestar del trabajador dependen directamente del tempestivo cumplimiento por parte del patrono de las prestaciones legalmente debidas; y 2º) Los salarios y prestaciones del trabajador sufren una lesión por la contingencia inflacionaria, que se traduce en una ventaja para el deudor moroso y en daño del sujeto legalmente protegido, con derecho a ellas. En virtud de tales razones, se consideró que la corrección monetaria en los juicios laborales que tengan por objeto el pago de las prestaciones sociales de los trabajadores es materia relacionada con el orden público y debía ser acordada aun de oficio por los Tribunales.

 

En fallo de fecha 28 de noviembre de 1996 (Mario González Sánchez contra Viajes Venezuela, C.A.) la Sala de Casación Civil estableció que la corrección monetaria en los juicios laborales que tienen por objeto el pago de prestaciones sociales y otros conceptos derivados de la relación de trabajo, debía ser calculada desde la fecha de la admisión de la demanda hasta la oportunidad de la ejecución del fallo, excluyendo sólo los lapsos de demora procesal por hechos fortuitos o causas de fuerza mayor (como el fallecimiento del Juez hasta su reemplazo y las huelgas de los trabajadores tribunalicios) y los eventuales aplazamientos voluntarios del proceso por acuerdo de ambas partes, debiéndose siempre tener presente que “...el riesgo de la demora judicial no puede ser descargado sobre el trabajador vencedor de la causa, sino sobre el patrono que no tuvo razones para incumplir su obligación, y que siempre pudo poner fin al proceso en cualquier grado y estado del mismo.”

 

En el caso de la sentencia bajo examen, la recurrida, ordenó pagar al actor la cantidad de cuatro millones doscientos tres mil ochocientos cuarenta y nueve bolívares con treinta y cinco céntimos (Bs. 4.203.849,35), tal cantidad corresponde a los siguientes conceptos: a) Prestación de antigüedad; b) Días de descanso semanal; c) Feriados, previstos en el artículo 144; d) Participación en los beneficios de la empresa, contemplada en los artículos 146 y 174; e) Vacaciones vencidas y f) Vacaciones fraccionadas, establecidas en los artículos 145, 219 y 225. Todos los artículos mencionados corresponden a la Ley Orgánica del Trabajo promulgada el 27 de noviembre de 1990, vigente al momento de la culminación de la relación de trabajo, el 30 de mayo de 1994, y cuyo contenido es idéntico a los respectivos artículos de la Ley Orgánica del Trabajo vigente, excepción hecha del artículo 108 que en la actualidad contempla una forma de cálculo diferente de la prestación de antigüedad.

 

Igualmente, el fallo recurrido dispone que se debe realizar una experticia complementaria del fallo para determinar el ajuste por inflación del monto adeudado y condenado a pagar, desde la fecha de admisión de la demanda (10 de agosto de 1994), hasta la fecha en que se decrete la ejecución del fallo. Sin embargo, la sentencia recurrida ordena que en el lapso a considerar para el cálculo indexatorio, no se computen los períodos en que la causa estuvo paralizada en espera de que se dictara la sentencia del recurso de casación ejercido contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en fecha 13 de marzo de 1995, y los lapsos correspondientes a los excedentes de “… 40 días subsiguientes que tuvo cada uno de los magistrados que se avocaron a conocer el presente caso, en su condición de jueces de reenvío, para sentenciar.”

 

Debe precisar la Sala que, el Juez de la recurrida quebrantó las máximas de experiencia antes señaladas y los artículos 3º, 108, 144, 145, 146, 174, 219 y 225 de la Ley Orgánica del Trabajo promulgada el 27 de noviembre de 1990, por errónea interpretación, cuando excluyó del cálculo de la corrección monetaria los lapsos antes mencionados; pues al no estar referidos los lapsos excluidos a demoras judiciales por hechos fortuitos o fuerza mayor ni a suspensiones de la causa por acuerdo de las partes, hacer que el trabajador corra con las consecuencias inflacionarias de los mismos significa que, en virtud de la mora del patrono, el trabajador recibiría por concepto de antigüedad, días de descanso semanal, horas extras, participación en los beneficios de la empresa, vacaciones vencidas y vacaciones fraccionadas, una cantidad de dinero menor, con poder adquisitivo disminuido, que la legalmente devengada.

 

Profundizando en el criterio sostenido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en fecha 28 de noviembre de 1996 y acogiendo el criterio expuesto por la doctrina patria, según el cual:

 

“…La indexación tiene su base en la reparación total del daño y si por vía judicial se establece la responsabilidad del demandado, éste ha de satisfacer plenamente la deuda.”

 

“En efecto, si bien el problema de la lentitud de la administración de justicia no debería recaer sobre el deudor, pues con mayor razón no debe pesar sobre el acreedor. Y este último es quien resulta perjudicado con esta nueva tendencia de la jurisprudencia. Excluir de la corrección monetaria los períodos de inactividad procesal imputables a la lenta administración de justicia, tales como las huelgas o el período de sentencia el cual puede durar años, resulta a todas luces incompatible con las ideas que inspiran la indexación; esta no es una sanción susceptible de ser excluida según las circunstancias, es simplemente un ajuste por inflación que debe tener lugar si la sentencia definitiva declara con lugar el pago de la deuda. Desde el punto de vista sustancial, el deudor está devolviendo la misma cantidad a la que estaba obligado inicialmente.” (DOMÍNGUEZ G., María C. Consideraciones procesales sobre la indexación laboral. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Nro. 117, UCV, Caracas, 2000, pp. 246-247).

 

Es el caso que, reconocida la pertinencia de ordenar la indexación judicial de las cantidades reclamadas por el trabajador y acordadas en el fallo, considera la Sala que la misma debe calcularse desde la fecha de admisión de la demanda, pues es imputable al trabajador la tardanza en ejercer el derecho a reclamar por vía judicial.

 

Por otra parte, reconociendo la Sala que en muchas oportunidades el pronunciamiento de la sentencia se dilata por causas ajenas a la voluntad de las partes, inclusive por causas de fuerza mayor o por hechos fortuitos, se presenta la circunstancia que el patrono sigue teniendo en su patrimonio un dinero que le corresponde al trabajador, por lo que no es a este último al que le corresponde cargar con las consecuencias de la pérdida del valor de la moneda, según lo ya expuesto.

 

Por tal razón establece esta Sala que lo pertinente es que la indexación debe ser calculada desde la admisión de la demanda hasta la fecha de la ejecución de la sentencia, entendiéndose por esto último la oportunidad del pago efectivo y no el mero auto mediante el cual el Tribunal decreta la ejecución de la sentencia, pues entre ambos momentos puede transcurrir un período considerable que redundaría en perjuicio del trabajador. Únicamente pueden ser excluidos del cálculo indexatorio los períodos en los cuales la causa se encuentra suspendida  por acuerdo de ambas partes, pues en dicha suspensión sí tiene responsabilidad el trabajador.

A fin de asegurar lo anterior, una vez que la sentencia definitiva haya quedado firme y liquidado e indexado como sea el monto de la condena, el Tribunal, a petición de parte interesada, decretará la ejecución y fijará el lapso para el cumplimiento voluntario del fallo, en conformidad con lo establecido en el artículo 524 del Código de Procedimiento Civil. Si el ejecutado no cumple voluntariamente con la decisión, el Tribunal ordenará la ejecución forzada y, a petición de parte, decretará medida ejecutiva de embargo sobre bienes determinados o librará el respectivo mandamiento de ejecución, para que sea practicada la medida sobre bienes del deudor, hasta por el doble del monto de la condena más las costas procesales por las cuales se siga ejecución, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 526 y 527 eiusdem.

Una vez cobrado el monto inicialmente ordenado por el Tribunal, tendrá derecho el trabajador a solicitar que el Tribunal de la ejecución, es decir aquél que fue el Tribunal de la causa, calcule la pérdida de valor de la moneda durante el procedimiento de ejecución forzosa de lo decidido y ordene pagar la suma adicional que resulte, la cual asimismo será objeto de ejecución forzosa en caso de falta de cumplimiento voluntario, pues sólo así puede el proceso alcanzar su finalidad de garantizar una tutela jurídica efectiva.

De igual manera se procederá en cualquier procedimiento de índole laboral, que implique el pago de cantidades de dinero, cada vez que el patrono no dé cumplimiento voluntario a la decisión judicial.

El criterio expresado en este fallo halla su más alta fundamentación en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece la exigibilidad inmediata de los créditos laborales y expresamente los considera deudas de valor.

 

Por cuanto con el presente examen no se modifica la apreciación de los hechos realizada por el Tribunal de la recurrida, sino que se precisa cuál debe ser la recta aplicación de los artículos 3º, 108, 144, 145, 146, 174, 219 y 225 de la Ley Orgánica del Trabajo promulgada el 27 de noviembre de 1990 cuando existe mora del patrono en el pago de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo, en el dispositivo del presente fallo se casará de oficio y sin reenvío la sentencia impugnada, de conformidad con lo previsto en los artículos 320 y 322 del Código de Procedimiento Civil, indicando al Juez de la causa, al que le corresponde la ejecución de la sentencia, la forma en la cual se hará el ajuste por inflación de las cantidades que se ordena pagar.

           

 

DECISIÓN

 

            Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: 1º INADMISIBLE el recurso de nulidad. No hay condenatoria en las costas del recurso dada la índole de la decisión; 2º CASA DE OFICIO Y SIN REENVÍO la sentencia de fecha 5 de febrero de 1998, dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. No hay condenatoria en las costas del recurso dada la índole de la decisión; y, 3º  PARCIALMENTE CON LUGAR  la demanda de cobro de prestaciones sociales  incoada por el ciudadano JOSÉ BENJAMÍN GALLARDO GONZÁLEZ, contra la sociedad mercantil ANDY DE VENEZUELA, C.A. No hay  condenatoria en las costas del recurso de apelación porque ha sido revocada la decisión apelada, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, se ordena la corrección monetaria de la cantidad de cuatro millones doscientos tres mil ochocientos cuarenta y nueve bolívares con treinta y cinco céntimos (Bs. 4.203.849,35) que se condena pagar a la sociedad mercantil “ANDY DE VENEZUELA, C.A.”, al ciudadano JOSÉ BENJAMÍN GALLARDO GONZÁLEZ, y en razón de ello el Juzgado de Primera Instancia que conoció la causa deberá en la oportunidad de la ejecución, solicitar del Banco Central de Venezuela un informe sobre el índice inflacionario acaecido en el país entre la fecha de terminación de la relación laboral que vinculó a las partes de la presente causa y la oportunidad de la ejecución del fallo, excluyendo sólo el lapso señalado en la presente decisión.

 

No hay condenatoria en las costas del juicio dado que no hubo vencimiento total de ninguna de las partes, en conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

 

            Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y particípese de esta remisión al Juzgado de origen ya mencionado, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

                        Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los   seis  (06) día  del  mes   de febrero  de dos mil uno. Años: 190°  de  la  Independencia y 141° de la Federación.

El Presidente de la Sala,

___________________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

El Vicepresidente y Ponente,

 

___________________________

    JUAN RAFAEL PERDOMO                                        

        Magistrado,

 

 

____________________________

                                              ALFONSO VALBUENA C.

La Secretaria,

 

___________________________

BIRMA I. TREJO DE ROMERO

 

Exp. N° 99-519

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias