Venley

Sentencia N.º 1202

Sentencia
N.º 1202
Fecha
21/06/2004
Sala
Constitucional
Expediente
03-1066
Ponente
Iván Rincón Urdaneta
Procedimiento
Recurso de Revisión

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Iván Rincón Urdaneta

 

Mediante escrito del 23 de abril de 2003, presentado ante esta Sala Constitucional, la FUNDACIÓN VENEZOLANA CONTRA LA PARÁLISIS INFANTIL, Sociedad sin fines de lucro, representada por el abogado Luis Andrés Guerrero Rosales, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 28.521, interpuso recurso de revisión contra la decisión que dictó la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia el  27 de febrero de 2003, en la cual declaró inadmisible el recurso de casación anunciado contra la sentencia que dictó el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 21 de septiembre de 2001.

En esa misma oportunidad, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

I

ANTECEDENTES

            El 29 de octubre de 1998, la Fundación contra la Parálisis Infantil sociedad sin fines de lucro debidamente representada por los abogados Juan Andrés Wallis Brandt y Luis Andrés Guerrero Rosales, interpuso por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, demanda por tacha de documento en contra del ciudadano Mario Bartoli Luchessi.

 

            El  30 de octubre de 1998, el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó el auto de admisión de la demanda y ordenó la notificación del demandado.

 

            El 25 de noviembre de 1998, la parte demandada solicitó la nulidad de todo lo actuado hasta esa fecha, es decir, hasta que se efectuase de nuevo la citación.

 

El 3 de diciembre de 1998,  el antes mencionado Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró que las citaciones fueron efectuadas debidamente.

 

            El 18 de enero de 1999, el demandado debidamente representado dio contestación a la demanda interpuesta en su contra.

 

            El 29 de abril de 1999, el referido Juzgado de Primera Instancia dio por admitidas las pruebas conforme a lo dispuesto en el artículo 400 del Código de Procedimiento Civil y a su vez fijó la fecha para la práctica de la prueba de experticia grafotécnica.

 

            El 21 de junio de 1999, el antes mencionado Juzgado de Primera Instancia dictó auto negando admitir determinadas pruebas de la parte demandada. En contra del referido auto la parte demandada ejerció recurso de apelación.

 

            El 22 de diciembre de 1999, el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto y ordenó al “A-quo admitir las pruebas promovidas por la parte demandada quedando firme dicho auto respecto a la admisión de las probanzas promovidas por la parte actora”.

 

            El 13 de octubre de 2000, el prenombrado Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas ordenó conforme a lo previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil abrir una articulación probatoria de 8 días de despacho para que “las partes promuevan y evacuen las pruebas que tengan a bien”.

 

            El 23 de julio y 29 de octubre de 2001, la demandante solicitó la reposición de la causa al estado de que se le notificase respecto del nombramiento del experto grafotécnico.

 

            El 21 de septiembre de 2001, el mencionado Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra del auto dictado el 3 de septiembre de 1998 que declaró válida la citación del demandado.

 

            El 26 de noviembre de 2001, el referido Juzgado declaró la nulidad de todas las actuaciones posteriores al auto dictado el 29 de junio de 2001.

 

El 5 de diciembre de 2001, la demandante anunció recurso de casación en contra de la decisión dictada el 21 de septiembre de 2001 por el referido Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

El 17 de enero de 2002, se dio cuenta del presente expediente, designando como ponente al Magistrado Carlos Oberto Vélez.

 

El 31 de enero de 2002, la demandante presentó escrito de formalización del recurso de casación.

 

El 27 de febrero de 2002, la Sala de Casación Civil declaró inadmisible el recurso de casación.

 

El 23 de abril de 2003, el demandante solicitó, ante esta Sala Constitucional la revisión de la decisión anterior. En esta misma fecha se dio cuenta la Sala Constitucional nombrándose como ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta.

 

II

DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

El recurrente fundamentó su solicitud de revisión en los siguientes términos:

            Que la Sala de Casación Civil al haber declarado inadmisible el recurso de casación violó los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial efectiva;“...al no admitir y por consiguiente, no decidir el recurso de casación formalizado, al entender, con una visión burocrática de la justicia, que se trataba de una interlocutoria que no pone fin a la controversia...”.

III

DE LA SENTENCIA CUYA REVISIÓN SE SOLICITA

La sentencia dictada el 27 de febrero de 2003 por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, declaró inadmisible el recurso de casación anunciado y formalizado contra la sentencia que dictó el 21 de septiembre de 2001 el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por tratarse de una sentencia interlocutoria.

Al respecto, la Sala, luego de transcribir parte del auto N°83, del 13 de abril de 2000, expediente 00-006, caso: Oscar Mora contra Fondo de Previsión Social de los Ingenieros, Arquitectos y Profesionales Afines del Colegio de Venezuela,  sostuvo lo siguiente:

“...Por tanto dado que la sentencia recurrida no pone fin al juicio, sino que por contrario ordena su prosecución, con la tramitación de la citación del demandado, la Sala observa que dicha decisión no tiene acceso a casación de inmediato sino en forma refleja, ya que de acuerdo al principio de concentración procesal y de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, en la sola y única oportunidad de la decisión del recurso de casación ejercido contra la sentencia definitiva deberán ser decididas las impugnaciones contra esta última y contra las interlocutorias, considerando que si la definitiva repara el gravamen causado por aquéllas, habrá desaparecido el interés procesal para recurrir...”.

IV

DE LA COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre su competencia para conocer de la solicitud de revisión de la sentencia que se analiza, y para ello observa:

El artículo 336 numeral 10, de la Constitución de la República Bolivariana de  Venezuela, establece lo siguiente:

“Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de la constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la Ley Orgánica respectiva”.

 

En efecto, dentro de las potestades atribuidas por la nueva Carta Magna en forma  exclusiva a la Sala Constitucional, se encuentra la de velar por la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, a los fines de garantizar la uniformidad en la interpretación de los preceptos fundamentales y en resguardo de la seguridad jurídica.

De tal modo, que se atribuye a esta Sala la competencia para que, a través de un mecanismo extraordinario, pueda revisar las decisiones definitivamente firmes dictadas por los Tribunales de la República, cuya potestad ejerce de forma limitada y restringida, en aras de evitar un arbitrario quebrantamiento de la cosa juzgada.

En tal sentido, en sentencia del 6 de febrero de 2001 (Caso: Corporación de Turismo de Venezuela, CORPOTURISMO), se destacó  la potestad de revisar, entre otras, las sentencias definitivamente firmes emanadas de las demás Salas de este Tribunal, que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en flagrante contravención a los principios expresados en el Texto Constitucional y a la doctrina interpretativa de la misma, hecha por esta Sala.

Ahora bien, visto que en el caso de autos se solicitó la revisión de una sentencia dictada por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, el 27 de febrero de 2003, la cual declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por FUNDACIÓN VENEZOLANA CONTRA LA PARÁLISIS INFANTIL sociedad sin fines de lucro, contra la sentencia que dictó el 21 de septiembre de 2001 el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, esta Sala se considera competente para conocerla, y así se declara.

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Delimitada como ha sido la competencia de esta Sala para conocer de la presente revisión, pasa a decidir y a tal efecto observa:

 Tal como se señaló precedentemente, en el fallo citado supra, la labor revisora de la Sala a que se contrae el artículo 336, numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ejerce de manera facultativa, siendo discrecional para ella entrar a conocer de todos los fallos cuya revisión se solicite.

En tal sentido, de la lectura de la solicitud de revisión interpuesta en contra de la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil el 27 de febrero de 2003, que declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia dictada por el superior –Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 21 de septiembre de 2001- se observa que la misma, por tratarse de un fallo interlocutorio, que además no impide la prosecución del juicio, no es de aquellas susceptibles de revisión por parte de esta Sala, y así se declara.

No obstante, la Sala advierte por parte del Tribunal Superior un evidente error que afecta el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, al ordenar una reposición violatoria de principios  fundamentales del proceso recogidos en la constitución, especialmente los relativos a una justicia célere y sin dilaciones indebidas.

Ello se evidencia cuando el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 21 de septiembre de 2001 dispuso lo siguiente: “...SEGUNDO: Se declara la nulidad de la citación del demandado Mario Bartoli Luchessi por haber sido hecha en contravención a lo dispuesto en el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil. Ordenándose se haga nueva citación...”.

Y siendo ello así, señala el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil: “El juez ante quien se inicie uno de los juicios indicados en el artículo anterior, al admitir la demanda notificará inmediatamente mediante boleta al Ministerio Público, bajo pena de nulidad de lo actuado sin haberse cumplido dicha notificación. La notificación del Ministerio Público será previa a toda otra actuación, y a la boleta se anexará copia certificada de la demanda”.

Conforme a lo anterior, en los juicios de tacha de instrumento, de acuerdo a lo dispuesto en el ordinal 4º del artículo 131 del Código de Procedimiento Civil, se requiere la previa notificación del Ministerio Público antes que cualquier otra actuación, como bien lo señala el antes citado artículo 132 eiusdem.

Ahora bien, en el caso bajo análisis se citó al ciudadano Mario Bartoli Lucchesi el mismo día –10 de noviembre de 1998- que al Ministerio Público. Por lo que el 25 de noviembre de 1998, los apoderados de la parte demandada (Mario Bartoli Lucchesi) solicitaron la nulidad “...de todas las actuaciones ... anteriores al día 10 de noviembre de 1998, oportunidad en la cual fue notificado el Ministerio Público...”.

Sin embargo, el 3 de diciembre de 1998, el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, respecto de la nulidad solicitada señaló lo siguiente: “...que si bien es cierto que el Alguacil cito a la parte demandada el 05 de noviembre del año en curso, y a la Fiscal del Ministerio Público el 10 de noviembre del presente año, no es menos cierto que dejo constancia de ambas citaciones en el expediente el 10 de noviembre de 1998, y en virtud de que a criterio de esta juzgadora la citación comenzarán a contarse una vez que conste en autos la citación de que la parte demandada se realice tal como se indicó en el auto de admisión de la demanda, cosa que ocurrió en el caso de marras, es deber de este tribunal declarar que las citaciones realizadas por el Alguacil fueron realizadas debidamente y así expresamente se decide. No obstante a lo anterior es preciso para esta juzgadora hacer mención que independientemente de que se hubiese decidido en las líneas anteriores que las citaciones practicadas por el Alguacil estaban mal realizadas no cabría la nulidad de todo lo actuado en el presente juicio, ya que al comparecer la parte demandada y consignar su escrito fechado 25 de noviembre del año en curso dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 216 del Código de Procedimiento civil...”.

De lo antes transcrito, aprecia la Sala que, la citación estuvo bien realizada, por cuanto si bien es cierto que tanto la parte demandada como el Ministerio Público fueron citados el mismo día –10 de noviembre de 1998-  no es menos cierto que la parte demandada compareció consignando poder por escrito el 25 de noviembre de 1998, solicitando la nulidad de todas las actuaciones -anteriores al 10 de noviembre de 1998-.

En todo caso si se asume que la citación de la parte demandada fue nula por haberse practicado antes de la del Ministerio Público dicha actuación de la parte demandada -el 25 de noviembre de 1998-, que viene a ser posterior –quince días- a la citación del Ministerio Público, convalidó el acto, cumpliendo con la razón de ser de la ley de notificar previamente al Ministerio Público antes que cualquier otra actuación en este caso.

Es por ello, que la Sala estima que no hubo vicio alguno ni se vulneró lo dispuesto en los artículos 132 y 131 ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil, por lo que dejar vigente lo dispuesto en el punto segundo de la dispositiva del fallo recurrido en casación, equivaldría a apoyar una reposición que a todas luces resulta inútil.

En este sentido, señala el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo siguiente: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud le decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles” . (Negrillas y subrayado de la Sala).

Al respecto, la Sala Constitucional, en sentencia número 1.646, del 16 de junio de 2003, caso: CASA HOGAR SANTA CLARA, A.C, señaló lo siguiente:“...el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho a obtener un pronunciamiento oportuno por parte del órgano jurisdiccional, que se adecue a la exigencia constitucional de una justicia expedita, sin dilaciones indebidas ni reposiciones inútiles; por lo tanto, el derecho a la tutela judicial efectiva de la accionante resultó menoscabado con la decisión de reponer la causa al estado en que se decida nuevamente la cuestión previa de la incompetencia del tribunal, cuando la parte perdidosa se había conformado a lo decidido por el sentenciador de la causa, toda vez que ello implica una dilación excesiva del proceso que no se justifica, dado que el tribunal declaró su competencia y el demandado estuvo conforme con ello, se trataría de una reposición inútil..”.

Así mismo, la doctrina entiende por reposición “el acto por el cual el Juez vuelve a poner el pleito en el estado en que se encontraba antes de dictar sentencia o resolución dejando la misma sin efecto, o modificándola de acuerdo a las disposiciones legales, a petición formulada por alguna de las partes”. (Diccionario de Derecho Procesal Civil, Emilio Calvo Baca 1990).    

En tal sentido, aprecia esta Sala que al ordenar el juzgador la reposición de la causa al estado en que se realice nuevamente la citación del demandado se estaría vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto todas las actuaciones realizadas con posterioridad a ella serían declaradas nulas y dentro de las actuaciones se encuentran pruebas onerosas, como las experticias grafotécnicas, entre otras, efectuadas al documento atacado por vía de tacha.

           

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

1) NO HA LUGAR a la solicitud de revisión interpuesta por la FUNDACIÓN VENEZOLANA CONTRA LA PARÁLISIS INFANTIL sociedad sin fines de lucro representada por el abogado Luis Andrés Guerrero Rosales, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 28.521, contra la sentencia dictada el 27 de febrero de 2003 por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, que declaró inadmisible el recurso de casación anunciado contra la sentencia que dictó en Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la  Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 21 de septiembre de 2001.

2) NULA la sentencia dictada por el  Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la  Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 21 de septiembre de 2001. Se mantiene la validez de todas las actuaciones realizadas en el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con ocasión al juicio de tacha incoado por la FUNDACIÓN VENEZOLANA CONTRA LA PARÁLISIS INFANTIL sociedad sin fines de lucro en contra del ciudadano Mario Bartoli Luchessi. Se ordena la continuación del juicio.

Publíquese, regístrese, y comuníquese. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los 21 días del mes de junio de dos mil cuatro. Años 194° de la Independencia y 145° de la Federación.

El Presidente - Ponente,

Iván Rincón Urdaneta

El Vicepresidente,

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

      

Antonio José García García

            Magistrado

 

José Manuel Delgado Ocando

                                            Magistrado

 

 Pedro Rafael Rondón Haaz

           Magistrado

El Secretario,

 

José Leonardo Requena Cabello

Exp 03-1066 IRU

 

..gistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, si bien está de acuerdo con las razones de hecho y de derecho que condujeron a esta Sala a la conclusión de que no ha lugar a la solicitud de revisión, manifiesta su disentimiento respecto de aquellas en las que se sustentó la revisión de oficio y consecuente declaratoria de nulidad de la decisión que pronunció el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 21 de septiembre de 2001, ya que, por tratarse de una sentencia interlocutoria que no puso fin al juicio, no era susceptible de revisión de acuerdo con la doctrina reiterada de esta Sala (Cfr. s.S.C. n°s. 93/06.02.01; 910/01.06.01; 3090/03.12.02; 2858/03.11.03 entre otras), de la que, paradójicamente, se valió la mayoría para la desestimación de la revisión que solicitó la FUNDACIÓN VENEZOLANA CONTRA LA PARÁLISIS INFANTIL, respecto de la decisión que expidió la Sala de Casación Civil el 27 de febrero de 2003.

Tampoco comparte quien aquí suscribe el presente voto concurrente el empleo de los términos “recurso de revisión” y “recurrente” en el texto del fallo ya que, si bien la estimación de la revisión produce, por lo general, un juicio rescisorio que apareja una nueva sentencia por parte del órgano jurisdiccional que dictó la decisión (iudicium rescissorium), este no es su objetivo, ya que es doctrina reiterada de esta Sala que la misma no persigue la corrección de la injusticia o ilegalidad de una decisión, sino el mantenimiento de la uniformidad de los criterios constitucionales en resguardo de la garantía de la supremacía y eficacia de las normas y principios constitucionales.    

 

 

 

Queda, en estos términos, expresado el criterio del Magistrado que rinde este voto concurrente.

 

Fecha ut supra.

 

El Presidente,

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

 

El Vicepresidente,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO

         Magistrado

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA

                                          Magistrado

                       

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Magistrado Concurrente

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

PRRH.sn.ar.

Exp. 03-1066

 

 

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