Sentencia N.º 1203
- Sentencia
- N.º 1203
- Fecha
- 16/06/2006
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 05-2405
- Ponente
- Pedro Rafael Rondón Haaz
- Procedimiento
- Recurso de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Consta en los autos que, el 8 de diciembre de 2005,
Luego de la recepción del expediente, se dio cuenta en Sala por auto del 12 de diciembre de 2005 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.
I
ANTECEDENTES
E1 3 de junio de 2002, el Sector
E1 2 de agosto de 2002, comparecieron los ciudadanos Julio Carbón García, Director Gerente de la demandada, con la asistencia del abogado Rafael Peraza, con inscripción en el I.P.S.A. bajo el nº 41.764, y los abogados Ramiro Sierraalta, Leobardo Subero y Alexander Abarca Núñez, apoderados de la actora, con inscripción en el I.P.S.A. bajo los nos 29.977, 53.042 y 61.753, respectivamente, y presentaron escrito mediante el cual la accionada se dio por citada, renunció al lapso de comparecencia y convino en la demanda en todas y cada una de sus partes, tanto en los hechos como en el derecho, y pidió un lapso de gracia, de un día hábil, para proceder a la entrega, libre de personas y cosas, del bien inmueble que reconoció hubo vendido a la accionante.
E1 14 de agosto de 2002, se llevó a efecto la homologación del convenimiento y el 20 de septiembre de ese año, la representación judicial de la legitimada activa pidió al tribunal que decretara la ejecución forzosa del acto de auto composición que tuvo lugar por cuanto la parte demandada no había cumplido voluntariamente con el mismo.
El 30 de septiembre de 2002, el Juzgado que conoció en primera instancia de dicha causa ordenó la ejecución forzosa y decretó la entrega material del lote de terreno objeto del contrato cuyo cumplimiento se demandó.
El 4 de octubre de 2002 compareció la representación judicial de la actora y expuso: (p)or cuanto en el despacho dirigido al Tribunal de Municipio Ejecutor de Medidas de
E1 16 de octubre de 2002, el Juzgado Décimo de Primera Instancia ratificó el despacho que libró el 30 de septiembre de 2002, por cuanto ... la sentencia o un acto equivalente del juicio no podrá en ningún caso afectar derechos de terceros no intervinientes en el respetivo proceso, pues ello vulneraría al tercero derechos y garantías de rango constitucional y estaría en contravención al principio res inter alios acta que rige en nuestro ordenamiento legal.
E1 6 de noviembre de 2002, comparecieron los ciudadanos José Manuel Egui, Carlos Eduardo Delgado de Lima y Luis Andrés Guerrero Rosales, Presidente, Tesorero y representante judicial de
El 11 de noviembre de 2002, compareció la representación judicial de la parte actora y presentó escrito mediante el cual peticionó al tribunal que desechase y negase, por improcedente e infundado el requerimiento de revocatoria de la práctica de la medida ejecutiva que había sido ordenada por ese juzgado y alegaron que la documental a través de la cual la asociación civil opositora había invocado la propiedad sobre el mismo bien que le fue dado en venta a su representada, además de tratar de la venta de una posesión sobre un terreno que no fue determinado en cuanto a su superficie total o aproximada y cuyos linderos son distintos al terreno de nuestra poderdante; resulta de especial interés resaltar la existencia de unas notas marginales apreciables en el propio documento consignado por la opositora, indicativas de unas ventas realizadas por ésta sobre la posesión (no propiedad) en cuestión.
El 11 de noviembre de 2002, la representación judicial de
El 18 de noviembre de 2002, el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Área Metropolitana de Caracas pronunció sentencia con base en el criterio que fijó esta Sala Constitucional el 9 de marzo de 2000 (caso: José Alberto Zamora) y, previo un análisis exhaustivo de las actuaciones y las pruebas acompañadas por las partes, en resguardo del orden público constitucional y con fundamento en los artículos 11 y 17 del Código de Procedimiento Civil, revocó la entrega material que el Juzgado Décimo Ejecutor de Medidas de
En esa misma oportunidad la representación judicial de
En la decisión de
II
DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN
1. Los apoderados judiciales de la solicitante alegaron:
1.1 Que el objeto de la revisión es el fallo que expidió
1.2 Que dicho acto de juzgamiento violó los derechos de acceso a la justicia, al debido proceso y la garantía que tienen los habitantes de
1.3 Que el razonamiento que planteó
1.4 Que, para entender cabalmente las infracciones constitucionales que afectan el fallo de
1.5 Que, Sector
1.6 Que el inmueble, objeto de la supuesta operación de compra venta cuya entrega demandó, es un inmueble PROPIEDAD Y POSEÍDO PÚBLICA Y NOTORIAMENTE, por (su) representada desde la fecha de su adquisición.
1.7 Que, el 10 de julio de 2002, el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de
1.8 Que, el 2 de agosto de 2002, comparecieron las partes de ese juicio y celebraron un convenio mediante el cual la parte demandada se dio por citada y renunció expresamente al lapso de comparecencia, convino en la demanda en todas y cada una de sus partes y pidió un día hábil para la ejecución voluntaria y la entrega del bien, actitud procesal que, cuando menos, genera suspicacia en torno a la verdadera utilidad procesal y verdadero objeto que se perseguía con ese juicio.
1.9 Que, el 14 de agosto de 2002, el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de
1.10 Que la demandada no cumplió con el acuerdo al cual había llegado judicialmente, y al que había asistido con pasmosa diligencia no obstante que su citación no fue impulsada en forma alguna- renunciando a todo lapso y a todo beneficio procesal, y así, ante este sorpresivo incumplimiento de quien en la máxima diligencia había acudido al juicio a convenir, en fecha 20 de septiembre de 2002, la parte demandante solicitó el decreto de ejecución forzosa, alegando la falta de cumplimiento voluntario....
1.11 Que, el 30 de septiembre de 2002, el Juzgado de la causa decretó la entrega material del inmueble objeto del contrato, libre de personas y bienes, con la salvedad de que se respetaran los derechos de terceros.
1.12 Que, el 4 de octubre de 2002, la parte demandante solicitó la corrección del despacho que libró el Tribunal, porque a su juicio no se trataba de una entrega material del bien vendido, sino de la ejecución del convenio celebrado y homologado que cursa en autos, en el cual el demandado no hizo entrega del inmueble.
1.13 Que, el 4 de noviembre de 2002, se procedió a ejecutar la entrega material, actuación contra la cual
1.14 Que, el 8 de noviembre de 2002, el Sector
1.15 Que, el 11 de noviembre de 2002,
1.16 Que
1.17 Que el Sector
1.18 Que, en la decisión objeto de revisión, existen groseras violaciones a preceptos y normas de rango constitucional y que las interpretaciones que en ella hizo
1.19 Que, (l)a decisión de
1.20 Que
2. Denunciaron:
2.1 Que
2.2 Que en la misma decisión que sirvió de sustento a
2.3 Que, la sentencia impugnada comete un segundo agravio cuando revoca el Fallo de
3. Pidieron:
se sirva ejercer la facultad discrecional y extraordinaria que
Subsidiariamente y sólo para el caso en que esa honorable Sala decida que no hay méritos para admitir la revisión solicitada, pedimos respetuosamente a esa Sala Constitucional que con fundamento en los elementos que constan en autos, haga uso de la facultad de oficio que le concede el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, y que establezca la existencia del fraude procesal denunciado y en consecuencia declare la inexistencia del juicio incoado por SÉCTOR
Igualmente, como tutela cautelar, solicitaron:
Sobre la base de los ostensibles agravios constitucionales que se denuncian y acreditan suficientemente con el presente escrito, y ante el riesgo manifiesto de que se concrete una lesión de difícil reparación por la inminente apertura de la ilegal articulación probatoria, ordenada por
III
DE
El cardinal 10 del artículo 336 de
Tal potestad de revisión de decisiones definitivamente firmes abarca tanto fallos que hayan sido pronunciados por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 5.4 de
El artículo 5.4 de
Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de
4. Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en
En el presente caso se solicitó la revisión del veredicto que emitió de
IV
SENTENCIA CUYA REVISIÓN SE SOLICITA
La revisión de autos tiene como objeto el acto decisorio que expidió la sentencia que emanó de
Al efecto, el fallo de
...de los actos ocurridos en el proceso se desprende que el Sector
Ante esa oposición, la parte demandada solicitó al Juez, entre otras peticiones, que tomara las medidas necesarias para sancionar o prevenir las faltas ocurridas en conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil.
Asimismo, observa esta Sala que ante ese requerimiento de la actora, el juez de primera instancia en vez de abrir la articulación probatoria en conformidad con lo previsto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, declaró de oficio lo siguiente: la nulidad y revoca el acto de entrega material, real y efectiva practicada el 4 de noviembre de 2002 por el Juzgado Décimo de Municipio Ejecutor de Medidas Judiciales de
De igual forma observa esta Sala, que el juez superior que conoció de la presente causa por el ejercicio del recurso de apelación, en vez de corregir el error cometido por el juez de la causa, declaró inexistente el presente proceso; y al hacerlo subvirtió las formas que rigen este tipo de incidencias.
(...)
De allí que, ante la solicitud de la parte actora de la aplicación del artículo 17 del Código de Procedimiento Civil el juez a quo debió abrir la articulación probatoria, en cumplimiento del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, y no declarar la inexistencia del acto por el cual la parte demandante tomó posesión del lote del terreno en virtud del acto de entrega material.
Con tal modo de proceder lesionó el derecho de defensa de las partes al impedirles el contradictorio que les otorga la mencionada norma para discutir y probar lo relacionado a la ocurrencia o no del fraude procesal.
Al respecto, en sentencia N° 908 de fecha 4 de agosto de 2000,
El fraude procesal puede ser definido como las maquinaciones y artificios realizados en el curso del proceso, o por medio éste, destinados, mediante el engaño o la sorpresa en la buena fe de uno de los sujetos procesales, a impedir la eficaz administración de justicia, en beneficio propio o de un tercero y en perjuicio de parte o de tercero. Estas maquinaciones y artificios pueden ser realizados unilateralmente por un litigante, lo que constituye el dolo procesal stricto sensu, o por el concierto de dos o más sujetos procesales, caso en que surge la colusión; y pueden perseguir la utilización del proceso como instrumento ajeno a sus fines de dirimir controversias o de crear determinadas situaciones jurídicas (como ocurre en el proceso no contencioso), y mediante la apariencia procedimental lograr un efecto determinado; o perjudicar concretamente a una de las partes dentro del proceso, impidiendo se administre justicia correctamente.(...)
Pretender que la víctima no pueda pedir en juicio ordinario autónomo, la nulidad de los diversos y concatenados procesos fraudulentos preparados para perjudicarla, obligándola a pedir la nulidad en cada uno de ellos, cuando allí no podrá probar el fraude, ni la colusión, dentro del lapso fijado en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, previsto para las necesidades del procedimiento, y el cual tiene una limitada articulación probatoria de ocho días de despacho, es entronizar el dolo y premiar a los litigantes de mala fe.
cuando el fraude ocurre dentro de un solo proceso, puede detectarse y hasta probarse en él, ya que allí pueden estar todos los elementos que lo demuestren; pero la situación cambia cuando el fraude es producto de diversos juicios, donde los incursos en colusión actúan cercando a la víctima, y donde las partes de los procesos son distintas, excepto la víctima y tal vez uno de los incursos en colusión. Pretender que en cada proceso haya que plantear por vía incidental el fraude, es dejar indefensa a la víctima, ya que en cada uno de ellos no se podrá alegar la colusión de las diversas personas que conforman el círculo artero, puesto que ellas pueden no ser partes en todos los juicios, y mal podría declararse el fraude múltiple producto de la combinación entre ellos, sin oírlos. De allí, que en supuestos como éstos, la única manera de constatarlo es mediante una demanda que englobe a todos los partícipes, donde -además- se les garantiza el derecho de defensa. Nacen así, dos vías procesales para enervar el dolo procesal en general, de acuerdo con la situación como se manifiesta, una acción principal o un incidente dentro del proceso donde tiene lugar, si ello fuese posible.
(
) (Negritas de
De acuerdo con el precedente criterio jurisprudencial que esta Sala comparte, los justiciables tienen dos vías para alegar ante el órgano jurisdiccional las figuras contempladas en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, esto es: 1) la acción principal de nulidad que debe ser tramitada por el procedimiento ordinario, cuando el fraude, el dolo, entre otros, es producto de diversos juicios y 2) la vía incidental que da lugar al trámite previsto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, cuando el dolo procesal en general surge dentro del mismo proceso. En ambos casos, vía autónoma o incidental, resulta garantizado el derecho de alegar y probar de las partes, sin que en modo alguno el juez pueda declarar el fraude sin haber permitido a las partes ejercer su derecho de defensa.
Hechas estas consideraciones, esta Sala corrobora que en el presente caso, la parte actora solicitó al sentenciador que actuara en conformidad con el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, con fundamento en hechos ocurridos en el mismo proceso en el que fue planteado el supuesto fraude por vía incidental, y tanto el juez de la primera instancia como el superior procedieron a declarar el fraude sin haber oído a las partes ni haber dado cumplimiento a la articulación probatoria prevista en el citado artículo 607 del Código de Procedimiento Civil.
Con este comportamiento, los jueces de instancia subvirtieron el procedimiento al incumplir las formas procesales contenidas en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, lesionando de esta manera el derecho de defensa de las partes, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, consagrados en los artículos 26, 49, y 257 de
Por ello, esta Sala en el dispositivo de este fallo ordenará reponer la causa al estado que el Tribunal de Primera Instancia provea la incidencia prevista en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil para que las partes puedan producir los alegatos y pruebas que consideren pertinentes para dilucidar lo referente a la ocurrencia del fraude procesal.
V
MOTIVACIÓN PARA
1. En el caso sub examine se pretende la revisión del veredicto de
Ahora bien, el artículo 5.4 de
Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República.
(
)
4. Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en
En lo que respecta a las sentencias definitivamente firmes que pueden ser objeto de revisión, esta Sala ha sostenido como sigue:
...Sólo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, esta Sala posee la potestad de revisar lo siguiente:
1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.
2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los tribunales de
3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de
4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de
Dicho ámbito para la potestad de revisión fue establecido, con carácter vinculante, por esta Sala en sentencia nº 93/2001 del 6 de febrero, (caso: Corpoturismo de Venezuela), antes de la iniciación de la vigencia de
Asimismo, sigue vigente la aclaratoria, que ha hecho esta Sala, en cuanto a que al momento de la ejecución de su potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes, está obligada, de acuerdo con una interpretación uniforme de
Esta Sala ha señalado que no debe pretenderse que la revisión sustituya ningún mecanismo ordinario o extraordinario, ni siquiera, el amparo, por cuanto mediante esta facultad discrecional que posee esta Sala no procede de manera directa la protección y garantía de los derechos constitucionales que supuestamente hayan sido infringidos en el caso concreto, sino que, por el contrario, busca, de manera general, objetiva y abstracta, la obtención de criterios uniformes de interpretación constitucional y no el resguardo de derechos e intereses subjetivos y particularizados del solicitante.
2. La solicitante alegó que el acto jurisdiccional objeto de revisión se sustentó en la decisión de esta Sala Constitucional del 4 de agosto de 2000 (caso: Hans Gotterried Eber Dreger) que, al decir de los peticionantes, fue objeto de una interpretación sesgada, lo que permitió llegar falsamente a la conclusión de que se habían violado normas procedimentales a las partes, lo que ameritaban la reposición de la causa al estado de la apertura de la articulación probatoria que regula el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, para que las partes probaran la existencia o no del fraude que había sido denunciado, por cuanto
Señaló el pronunciamiento objeto de la presente revisión que:
De acuerdo con el precedente criterio jurisprudencial que esta Sala comparte, los justiciable tienen dos vías para alegar ante el órgano jurisdiccional las figuras contempladas en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, esto es: 1) la acción principal de nulidad que debe ser tramitada por el procedimiento ordinario, cuando el fraude, el dolo, entre otros, es producto de diversos juicios y 2) la vía incidental que da lugar al trámite previsto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, cuando el dolo procesal en general surge dentro del mismo proceso. En ambos casos, vía autónoma o incidental, resulta garantizado el derecho a alegar y probar de las partes, sin que en modo alguno el juez pueda declarar el fraude sin haber permitido a las partes ejercer su derecho de defensa.
Como consecuencia de esta afirmación,
Ahora bien, con respecto a la potestad que tienen los jueces que están conociendo una causa para que declaren la existencia del fraude,
Las figuras específicas del artículo 17 del Código de Procedimiento Civil (fraude procesal y colusión), no puede pensarse que hayan sido diseñadas para su aplicación únicamente a los procesos en marcha. Se trata de un deber procesal amplio que hay que cumplir, y que mediante el juicio ordinario puede dar lugar a que se declare: la inexistencia de los procesos fraudulentos y la anulación de los actos o causas fingidas, ya que ellos no persiguen dirimir controversias en un plano de igualdad entre partes. Si el juez detecta de oficio el fraude puede declararlo, tal como lo hizo esta Sala en fallo de fecha 9 de marzo de 2000 (expediente N° 00-0126), y antes lo había dispuesto así
(...)
Es una parte (la víctima), que reclama judicialmente a los colusionados, el fraude; y el derecho invocado consiste en que se anulen los diversos procesos fraudulentos, o sectores de ellos, siendo el juicio ordinario la vía legal para ese logro, al carecer los Códigos de un procedimiento especial a este efecto, tratándose -además- de uno o más procesos artificialmente construidos, con el solo fin de dañar a una parte. Claro está, que cuando el engaño, unilateral o multilateral ocurre en un solo proceso, en principio no será necesario acudir fuera de él para solicitar la constatación de los hechos y obtener la declaratoria de nulidad.
(...)
Alejandro Urbaneja Achelpohl en su obra El Juicio Simulado (Separata del Boletín de
(...)
Pero la situación es diferente cuando se fingen procesos, o litis inexistentes dentro de ellos. En estos casos hay una apariencia parcial o total de proceso. Se trata de actuaciones judiciales que violan el debido proceso (artículo 49 de
Esta Sala Constitucional y la de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, en fallos que se citan en esta sentencia, han declarado de oficio en procesos de amparo constitucional la inexistencia de procesos aparentes, por ser contrarios al orden público. Si ello se ha realizado de oficio, con mucha mayor razón procederá a instancia de parte, si se constatan los vicios.
(...)
De todas maneras, siempre es posible la revisión constitucional, facultativa para
Así, para
Considera esta Sala que, en acatamiento a su doctrina vinculante compete a los jueces de instancia, en ejercicio de la función tuitiva del orden público y de acuerdo con los artículos 11 y 17 del Código de Procedimiento Civil, la reprensión de los actos contrarios a la finalidad del proceso, es decir, a la realización de la justicia.
En este sentido, esta Sala Constitucional no sólo ha mantenido ese criterio en diversos fallos, sino que también ha establecido la obligación que pesa sobre los jueces de velar por que el proceso cumpla con su finalidad primordial y constitucional, que no es otra que la realización de la justicia; por ello están facultados para la prevención y sanción de las faltas de las partes a la lealtad y probidad en el juicio, lo que se traduce en la obligación de extirpar de la vida jurídica los efectos que estas actuaciones fraudulentas ocasionen, para evitar que esas consecuencias afecten a los terceros o a alguna de las partes; y, que el ejercicio de este deber puede ser consecuencia: i) de una apreciación oficiosa de las actuaciones procesales de los intervinientes en la causa, para lo cual está facultado de conformidad con los artículos 11 y 17 del Código de Procedimiento Civil, cuando de dichas actuaciones se evidencie que, a través de ese proceso, se persigue un fin que el mismo no es capaz de ofrecer, por lo que es evidente la inutilidad de la apertura de una incidencia probatoria, ya que son las actuaciones procesales las que contienen prueba suficiente de la intención fraudulenta; o ii) de una solicitud de parte, caso en el cual debe dar a los otros sujetos que tengan interés la posibilidad de que presenten sus alegatos y promuevan sus correspondientes medios probatorios, pues si bien es un principio constitucional que el proceso se mantenga dentro de la consecución de un fin lícito, también es cierto que las partes tienen el derecho constitucional a que se entable un contradictorio, en el que puedan ofrecer sus alegatos sobre la situación jurídica con su correspondiente debate probatorio.
En este sentido, es cierto que, en la decisión que se transcribió, se hayan limitado las vías procesales para la declaratoria del fraude a la incidencia del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, cuando la solicitud se haga dentro del proceso por la vía incidental; o al juicio principal destinado a dicha declaratoria, pues es posible que dentro de un proceso en curso, la solicitud de declaratoria de fraude se haya planteado y decidido como consecuencia de la intervención de un tercero dentro del juicio principal, el cual sea el objeto de la denuncia de fraude, ya que de esta manera se respetan todos los postulados constitucionales a los cuales se hizo referencia; en definitiva, se reitera que no existe en el ordenamiento legal una forma procesal única o predeterminada a la cual deba ajustarse tal petitorio. Basta que, si se plantea de manera incidental, se respete el derecho, de las partes que puedan verse involucradas, a la proposición de sus alegatos y sus pruebas en cabal ejercicio de su derecho a la defensa.
Así se comprueba que
Alegó la parte solicitante de la revisión que
(l)a decisión de
En efecto, en el presente asunto,
Surge de autos que, en el presente caso, aún cuando el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Área Metropolitana de Caracas no abrió formalmente la incidencia del artículo 607 del Código de procedimiento Civil, el tercero presentó escrito de oposición conjuntamente con las pruebas en las cuales la sustentó y, posteriormente, la parte actora refutó sus alegatos, tuvo oportunidad para la presentación de escritos y pruebas, tanto en la primera como en la segunda instancia, en la cual se ofreció nuevamente a las partes la oportunidad de consignación de sus informes y el ofrecimiento de las pruebas propias de la segunda instancia, por lo que, no puede afirmarse que la declaratoria del fraude procesal tomó por sorpresa a las partes en la causa, la cual, a su vez, perseguía la desposesión de un tercero, ajeno al juicio, bajo el argumento de que no se trataba de una entrega material de bienes vendidos que hubiera sido incoada de conformidad con el artículo 929 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, sino de un juicio de cumplimiento de contrato de compra venta, lo que nada cambiaba por cuanto tampoco en ese caso la ejecución podía afectar bienes que fueran propiedad de un tercero. Por otra parte, se observa que los jueces de instancia, en ambas decisiones, realizaron un análisis exhaustivo de todos los medios probatorios que ya se encontraban entre las actuaciones y de los que fueron acompañados por las partes con posterioridad a la oposición que hizo el tercero contra dicha ejecución.
Es por ello que esta Sala considera que
Por las razones que anteceden, a favor del mantenimiento de la uniformidad de la interpretación de normas constitucionales, esta Sala Constitucional considera procedente la revisión de la sentencia de
3. Ahora bien, por cuanto en la pretensión de revisión se insiste de manera expresa y subsidiaria en la declaratoria de la existencia de un fraude procesal y como quiera que, con el decreto de nulidad del fallo de
Expuso la parte solicitante de la revisión en el capítulo tercero de su escrito que:
Sucede que dos sociedades mercantiles, absolutamente ajenas y desconocidas a nuestra representada, entablaron entre ellas una demanda para obtener el aparente cumplimiento de una obligación relativa a la entrega de un inmueble supuestamente vendido. Efectivamente, la sociedad Sector
Para la determinación de la existencia o no del fraude procesal que fue denunciado, pasa esta Sala a analizarlo a la luz de las actuaciones conformantes de los actos procesales:
Al efecto, se observa que el petitorio que se esgrimió en la demanda de cumplimiento de contrato de compra venta que incoó Sector
Ahora bien, la persona a quien se decía imposible de localizar, a los pocos días de haber sido admitida la demanda, apareció voluntariamente, se dio por citada, renunció al término de comparecencia, convino en la demanda en todas y cada una de sus partes, y solicitó tan sólo un día hábil para el cumplimiento voluntario con los requerimientos de la demandante y hacer la entrega del bien que supuestamente fue vendido, la cual, no cumplió y, con ello, le dio a la parte actora los motivos para que pidiera al tribunal un decreto de ejecución forzosa y lograr, de esta manera, el despojo del bien a un tercero ajeno al juicio, que era obviamente lo que se perseguía con ese proceso. De otra forma no se explica por qué la vendedora del inmueble no abrió el portón e hizo entrega del bien vendido, si esa era su intención de acuerdo con los términos de su convenimiento en la demanda. O, en todo caso, si lo que necesitaba era tiempo para el cumplimiento con su obligación, por qué se apresuró a darse por citado compareció voluntariamente al tribunal y por qué convino en la demanda sin que explanara defensa alguna a su favor.
Esta falta absoluta de contención por parte de la persona que compareció de manera voluntaria al proceso, conjuntamente con su demandante, después que hubo afirmado en la demanda que era imposible su localización, asoma uno de los primeros elementos que evidencian lo ilógico e incoherente que fue ese proceso.
¿Cómo justificar, en la experiencia forense, que una persona que no puede ser localizada para que dé cumplimiento a una obligación, por lo demás de fácil realización, comparezca voluntariamente sin que haya sido citada y se obligue judicialmente a cumplirla, so pena de un acto coercitivo como lo es la ejecución forzosa, lo que bien podía haber hecho de manera voluntaria e incluso extrajudicialmente, sin necesidad de la utilización del aparato judicial?
Sorprende a
Sorprende por otra parte, la diligencia de la parte actora, del 4 de octubre de 2002, mediante la cual solicitó al tribunal la modificación de los términos del decreto en lo referente a que se deben respetar los derechos de terceros, debo al respecto señalar al Tribunal que en el presente caso no se trata de una Entrega Material del Bien Vendido, sino una ejecución del convenio celebrado y homologado que cursa en autos, en el cual el demandado no hizo la debida entrega del inmueble en el tiempo ni en la forma en que se comprometió a hacerlo. De manera que habiéndose terminado la presente causa mediante una de las formas de auto-composición procesal como fue el convenimiento celebrado y homologado, mal puede el Tribunal indicarle al Juez Ejecutor el respeto de derechos de terceros, ya que se estaría convirtiendo en una entrega material ejecutiva..., lo que fue negado por el Juzgado que conoció en primera instancia del referido juicio, por cuanto de ninguna manera una decisión judicial puede afectar derechos de terceros ajenos al proceso.
Tal actitud procesal denota que se estaba manipulando la función jurisdiccional para conseguir la ejecución forzosa de ese convenio y, por esta vía, entrar en posesión de un bien que poseía un tercero, quien es el solicitante de la revisión sub examine. Ello evidencia que el fin último y verdadero de ese procedimiento era lograr un decreto de entrega material sobre un bien inmueble que se encontraba en posesión de un tercero, lo que parecía ser del conocimiento de la parte actora, pues de otra manera no se explica que haya solicitado, al Juez que homologó el convenimiento y decretó la entrega material del bien vendido, la corrección del despacho para que se eliminara la mención de que se debían respetar los derechos de terceros.
Otro elemento que lleva a presumir que la parte actora estaba en conocimiento de que ese bien no se encontraba en posesión de la vendedora es que, en lugar de optar por la vía de la entrega material del bien vendido que pauta el Código de Procedimiento Civil en su artículo 929 y siguientes, haya escogido demandar el cumplimiento del contrato de compra venta, pues debía saber que un tercero en posesión del bien cuya entrega solicitaba, con sólo oponerse a su solicitud enervaría su pretensión de ejecutarlo, lo que se suma al cúmulo de evidencias que llevan a la certeza de que el procedimiento se intentó de manera fraudulenta, con el propósito del logro de un efecto que, de otra manera, sería imposible. Todo ello lleva a la convicción de esta Sala que la demanda que incóo el Sector
De esta manera,
"
Tal y como se dijo anteriormente, esta Sala Constitucional ha encontrado que el proceso de cumplimiento de contrato que incóo el Sector
En consecuencia, esta Sala, en cumplimiento de su función tuitiva del orden público constitucional, con fundamento en los artículos 11 y 17 del Código de Procedimiento Civil, declara inexistente el proceso relativo al referido juicio de cumplimiento de contrato de compra venta, que intentó el Sector
VI
DECISIÓN
Por las razones que fueron expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de
PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de revisión constitucional que interpuso ASOCIACIÓN CIVIL CARACAS COUNTRY CLUB contra la decisión que dictó
SEGUNDO: INEXISTENTE, por fraudulento, el proceso que, por cumplimiento de contrato de compra venta, incoó el SECTOR
Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Remítase copia certificada de esta decisión a
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Ponente
Francisco Antonio Carrasquero López
/
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH.sn.ar.
Exp. 05-2405
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