Sentencia N.º 1212
- Sentencia
- N.º 1212
- Fecha
- 02/08/2006
- Sala
- Casación Social
- Expediente
- 06-446
- Ponente
- Juan Rafael Perdomo
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
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SALA DE CASACIÓN SOCIAL
Ponencia del Magistrado Doctor JUAN RAFAEL PERDOMO
En el juicio por cobro de indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo intentado por el ciudadano BAUDILIO ALBARRÁN ARIAS, representado por los abogados Yiser Beatriz Sosa Gascón, Mayra Rosa Ortiz Viloria y Daniel David Durán, contra la sociedad mercantil TREVI CIMENTACIONES, C.A., representada por el abogado José Manuel Blanco Ponce, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en sentencia de fecha 17 de noviembre de 2004, declaró parcialmente con lugar la demanda.
El Juzgado Tercero Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la citada Circunscripción Judicial, al conocer de la apelación de ambas partes, en decisión publicada en fecha 24 de febrero de 2006, declaró sin lugar los recursos y parcialmente con lugar la demanda, confirmando la sentencia apelada; contra cuyo fallo, la parte demandada anunció y formalizó oportunamente recurso de casación. No hubo impugnación.
Recibido el expediente y cumplidas las formalidades legales, se celebró la audiencia oral, pública y contradictoria el día 25 de julio de 2006, y se dictó la decisión inmediata contemplada en el encabezamiento del artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por lo que la Sala pasa en esta oportunidad a reproducir y publicar la sentencia en los términos siguientes:
PUNTO PREVIO
La Sala considera oportuno alterar el orden de las denuncias y examinar, en primer lugar, las denuncias por defecto de actividad y por último, la única denuncia por error de juzgamiento.
RECURSO DE CASACIÓN
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
- I -
Con base en la casación prevista en el ordinal 3° del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se alega que la recurrida incurre en el vicio de inmotivación, en infracción del artículo 159 eiusdem.
El recurrente expresa que la Alzada valoró el reporte de accidente industrial levantado, sin indicar qué se demostró con el testimonio del ciudadano Johnny Medina cuando ratificó en juicio dicho reporte ni si la contraparte pudo controlar la prueba, por lo que la sentencia es inmotivada.
Respecto a ese mismo testigo, pero en la siguiente denuncia, el recurrente alega que la sentencia de Alzada es inmotivada, por contradicción en los motivos, en el siguiente texto recurrido y cita: “Pruebas de la parte actora… Promovió las testimoniales de los ciudadanos RIGOBERTO SALCEDO, MIGUEL FERMÍN VELÁSQUEZ, JOHNNY MEDINA, ALIX CORINA ÁREAS, DOMINGO ZAPATA, JUAN ÁLVAREZ. Respecto de los testigos JUAN ÁLVAREZ, DOMINGO ZAPATA y ALIX CORINA, se deja constancia de que no fueron evacuados por no haber comparecido y haberse declarado desiertos los actos respectivos. En cuanto al testimonio rendido por los ciudadanos ALIX COLINA ÁREAS, DOMINGO ZAPATA, JUAN ÁLVAREZ en fecha 10 y 15 de mayo de 2001, se desprende…”.
Con base en lo citado, el recurrente afirma que es evidente la contradicción de Alzada cuando estableció que no fueron evacuados varios de los testigos promovidos por la parte actora y, sin embargo, a renglón seguido, le otorgó valor probatorio a sus declaraciones, demostrándose con sus dichos la ocurrencia del accidente de trabajo, en el sitio, oportunidad y modo señalado por el actor.
La Sala observa:
De acuerdo con lo denunciado, es clara la contradicción en que incurrió la recurrida. Sin embargo, al examinarse las actas del expediente, el mismo contiene las declaraciones de los testigos “RIGOBERTO SALCEDO (folio 13. Pieza 2), JOHNNY ANTONIO MEDINA RIVERA (folio 21. Pieza 2) y MIGUEL FERMÍN VELÁSQUEZ (folio 32. Pieza 2)”, quienes fueron promovidos por el actor.
La Sala observa la recurrida y aprecia que hay una contradicción en la motivación, sin embargo se examinaron las actas del expediente, para cumplir con la finalidad útil de la casación y se comparó lo expuesto en la sentencia recurrida con las declaraciones de los referidos testigos, apreciándose que se trata de un error meramente formal o de transcripción, es decir, se repitieron los últimos nombres de los testigos que no comparecieron, en vez de revisar el Tribunal ad quem las actas que contenían las declaraciones y verificar sus nombres, pues iban a ser examinados, pero no lo hizo y resultaron cambiados los nombres de los testigos que rindieron declaración en juicio, no así sus testimonios. Lo relevante aquí es que la Alzada fundamentó parte de su decisión con base en la declaración de los testigos evacuados por el actor, quienes evidentemente no fueron Alix Colina Áreas, Domingo Zapata y Juan Álvarez, sino que su motivación se refería a los testigos Rigoberto Salcedo, Johnny Antonio Medina Rivera y Miguel Fermín Velásquez.
La Sala considera que esa contradicción en los motivos de la sentencia se trata de un error formal o de transcripción, que no es suficiente para anular el fallo recurrido pues el Tribunal Superior estableció soberanamente los hechos y aplicó el derecho, permitiendo el control de legalidad del fallo al resolver la controversia con suficientes garantías para las partes, en aplicación del artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
En consecuencia, se desestima la presente denuncia.
- II -
Con base en la casación prevista en el ordinal 3° del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se alega que la recurrida incurre en el vicio de motivación contradictoria en relación con cuatro (4) pruebas, en infracción del artículo 159 eiusdem.
La Sala observa:
1. El recurrente se refiere a que el Tribunal ad quem al analizar las pruebas instrumentales aportadas por el actor marcadas F, G y H, no les otorgó valor probatorio porque no fueron ratificadas y sin embargo, concluyó que las mismas “…en su conjunto demuestran que a raíz del accidente ocurrido… el accionante se mantuvo en constante tratamiento médico debido a la parálisis facial…”. La Sala considera que aunque es contradictoria la motivación al respecto, es irrelevante porque ello no constituía un hecho controvertido en el proceso, por tanto, se desestima este punto de la denuncia.
2. El recurrente alega que la recurrida al examinar la exhibición de los comprobantes de pago que comprendía el período de enero de 1999 hasta la primera quincena de diciembre de 1999, estableció que “…debe tenerse por cierto… que el trabajador laboró durante todo el año 1999”, lo cual -a decir del recurrente- es contradictorio con lo alegado y probado acerca de la incapacidad parcial y permanente que sufre el demandante a partir del 16 de enero de 1999, por efectos del “presunto accidente”, tal como lo estableció la recurrida al afirmar que el demandante “logró demostrar durante el iter procesal una incapacidad en forma indefinida…”, y también en contradicción con la valoración que hace de las pruebas, con las cuales da como cierto que “el actor estuvo de reposo durante el lapso comprendido desde el 18/01/99 hasta el 15/12/99”.
En el caso concreto, la Sala aprecia que no era un hecho controvertido que el trabajador formaba parte de la nómina de la empresa demandada durante todo el año 1999, porque en la contestación a la demanda, el demandado admitió la relación de trabajo desde el 28 de octubre de 1997 hasta el 16 de diciembre de 1999, fecha en la cual -según el demandado- se debió reintegrar el trabajador porque el reposo expedido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, había culminado y no lo hizo. Tampoco era un hecho controvertido que la jornada fuera de lunes a viernes, pues esos hechos fueron igualmente admitidos en la contestación a la demanda, lo controvertido era que el trabajador estuviera trabajando el sábado, día cuando ocurrió el accidente.
Respecto a la denuncia, la recurrida expresó que la parte demandada no exhibió los comprobantes de pago de salario del demandado, por lo que se tenía como cierto lo alegado por el actor respecto a que trabajó la semana cuando ocurrió el accidente y específicamente, el día sábado. Ahora bien, es obvio que si el trabajador estaba de reposo, no podía la recurrida establecer que “el trabajador laboró durante todo el año 1999”, no obstante, tal error no incide en el fondo ni en la resolución de la controversia, por tanto, se desestima este punto de la denuncia.
3. El recurrente alega contradicción en la motivación respecto a la apreciación de la prueba testimonial, porque la Alzada expresó que no fueron evacuados varios testigos por no comparecer al juicio y sin embargo, los apreció, demostrando con sus dichos la ocurrencia del accidente de trabajo en el sitio, oportunidad y modo señalado por el actor. Al respecto, la Sala reitera la conclusión establecida en la primera denuncia, en la que se dijo que si bien es cierto que el Tribunal ad quem incurrió en contradicción de la motivación, la misma al constituir un error de mera forma o de transcripción, no es suficiente para anular la sentencia recurrida, en consecuencia, se desestima este punto de la denuncia.
4. Por último, se denuncia contradicción en la motivación porque la recurrida al calcular las indemnizaciones, señaló en la narrativa que el salario era la cantidad de Bs. 5.700,00 diarios y, posteriormente, la cantidad de Bs. 8.050,00. Al respecto, la Sala observa que no incurre la recurrida en el vicio que se le atribuye porque en un primer término, el actor indica, y a ello se refiere la recurrida en la narración de los hechos contenidos en la demanda, que el salario diario del trabajador fue de Bs. 5.700,00 diarios. Luego, el actor demandó cada concepto legal tomando como base el salario diario que le correspondía al finalizar la relación de trabajo de Bs. 8.050,00, conforme a la Convención Colectiva de Trabajo, el cual no fue desvirtuado por la parte demandada, por tanto, es improcedente este punto de la denuncia.
En virtud de las razones anteriormente expuestas, se desestima la presente denuncia. Así se decide.
- III -
Con base en la casación prevista en el ordinal 3° del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se alega que la recurrida incurrió en el vicio de inmotivación, en infracción de los artículos 159 y 177 eiusdem, al no adoptar la doctrina de la Sala establecida en sentencia N° 144 de 07-03-02 (Caso José Francisco Tesorero Yánez contra la empresa Hilados Flexilón S.A.), en la que se establecen los parámetros que el juez debe tomar en cuenta para declarar con lugar una acción por daño moral y, seguidamente, cuantificarlo.
La Sala observa:
La motivación de la sentencia debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que dan los jueces como fundamento del dispositivo. Las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que los demuestran; y las segundas, la aplicación a éstas de los preceptos legales y los principios doctrinarios atinentes.
El vicio de inmotivación existe cuando una sentencia carece absolutamente de fundamento, sin confundir la escasez o exigüidad de la motivación con la falta de motivos.
Así, hay falta de fundamentos, cuando los motivos del fallo por ser impertinentes, contradictorios o integralmente vagos o inocuos no le proporcionan apoyo alguno al dispositivo de la sentencia, que es la finalidad esencial de la motivación
En el caso concreto la Sala aprecia que la recurrida condenó a la empresa demandada por daño moral la cantidad de Bs. 15.000.000,00, en virtud de la teoría objetiva, cantidad igualmente acordada por el Tribunal de la causa en primera instancia. La Sala observa que la Alzada no analizó todos los presupuestos objetivos establecidos por la jurisprudencia de esta Sala, no obstante expresó los motivos por los cuales consideró equitativo y justo acordar dicha suma, por lo que no carece la misma de la fundamentación necesaria que amerite su nulidad porque -se insiste- de acuerdo con la doctrina de este alto Tribunal, la motivación exigua no es inmotivación.
En consecuencia, se desestima la presente denuncia.
RECURSO POR ERROR DE JUZGAMIENTO
Con base en la casación prevista en el ordinal 2° del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el recurrente alega que el Tribunal de alzada dio por demostrado el accidente de trabajo con base en pruebas cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente, conjuntamente con la infracción, por falta de aplicación, de los artículos 561 de la Ley Orgánica del Trabajo; 32 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo derogada; 431 del Código de Procedimiento Civil; 69 y 79 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
El recurrente expresa que el actor no demostró que su accidente fue de naturaleza laboral, requisito fundamental para la aplicación correcta de la norma al caso concreto.
La Sala observa:
Conforme a la doctrina de casación es fundamental para casar o anular la sentencia recurrida, que la infracción de la norma jurídica consecuencia de una suposición falsa por parte del Juez, sea determinante de lo dispositivo del fallo, de manera que la violación de normas de derecho procesal o sustantivo conlleve a una equivocada resolución de la controversia.
El formalizante alega que la Alzada al motivar su decisión, otorgó valor probatorio a las pruebas que a continuación se especifican y, con base en ellas, se cometieron las siguientes infracciones legales:
1. Reporte de Accidente Industrial firmado por el ciudadano Johnny Medina, cuya apreciación es falsa porque el Juez de alzada dice que fue ratificado por su firmante a través de la prueba testimonial y no consta en la recurrida su ratificación ni si dicha testimonial estuvo sometida al control y contradicción.
Respecto a que no consta en la recurrida que el reporte de accidente industrial fue ratificado por el ciudadano Johnny Medina, la Sala aprecia que es cierto. Efectivamente, la recurrida no menciona el nombre de dicho testigo por lo que, en principio, pareciera que se cometió la infracción denunciada. No obstante, tal como se estableció en la primera denuncia por defecto de actividad, la recurrida con base en el nombre de otra persona, examinó la declaración del testigo Johnny Medina y la apreció, considerándose antes, como ahora, que aquello constituyó un error de transcripción. Por lo que se desestima la denuncia referida a este punto, porque para que se declare con lugar un error del juez por suposición falsa, éste tiene que haber sido determinante en la resolución de la controversia y como se ha dicho tantas veces, el reporte del accidente industrial sí existe en autos, fue ratificado a través del testimonio rendido por Johnny Medina, quien lo suscribió y además fue repreguntado por la parte demandada, por lo que el Juez de alzada lo apreció.
En consecuencia, no es falsa su apreciación y por tanto, no incurrió la recurrida en la infracción de los artículos 431 del Código de Procedimiento Civil y 79 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
2. El recurrente alega que fue valorado un informe médico que no fue ratificado, en infracción de los artículos 431 del Código de Procedimiento Civil y 79 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Al respecto, la Sala observa que el recurrente no indicó a cuál informe se refería. En todo caso, la recurrida al mencionar las pruebas, desestimó una constancia médica por no haberse ratificado en juicio, por lo que la Sala no encuentra que la recurrida incurrió en infracción legal alguna.
En esta oportunidad la Sala considera oportuno reiterar que si bien es cierto que los informes emitidos por médicos legistas adscritos al Ministerio del Trabajo no tienen el mismo trato que un documento privado, pues los documentos públicos administrativos por emanar de funcionarios o empleados de la Administración Pública, en el ejercicio de sus funciones, gozan de una autenticidad y veracidad que puede ser desvirtuada salvo prueba en contrario, tal verdad procesal no puede debilitar la facultad que tienen los Jueces del Trabajo de participar de manera activa en el desempeño de sus funciones, y en virtud de ello, poder interrogar a los representantes de ese órgano de la Administración Pública, a los fines de mantener el control de la prueba y al mismo tiempo procurar obtener un criterio más amplio cuando la situación así lo requiere, como sería en aquellos casos en los que el informe ofrecido por la parte sea insuficiente para formarse una convicción fehaciente. (Sentencia Nº 1015 de 13 de junio de 2006. Caso José Ángel Robles Herrera contra la empresa mercantil M-I Drilling Fluids de Venezuela, C.A.)
3. Citación emanada de la Inspectoría del Trabajo, original de forma 14-08 de Planilla de Evaluación de Incapacidad Residual, para solicitud o asignación de pensiones, sin indicar el recurrente cuál es la infracción que le atribuye a la recurrida, razón que conlleva a desestimarla.
4. Comprobantes de pago de sueldo de los períodos 11 de enero de 1999 al 17 de enero del mismo año, fecha en que ocurrió el accidente, los cuales -según el formalizante- la recurrida afirma falsamente que no fueron desconocidos por la demandada y en consecuencia, los valoró cuando lo cierto fue que sí se impugnaron, no obstante, el actor no solicitó el cotejo, por lo que quedaron fuera del proceso.
Sobre el particular, la Sala aprecia que la demandada negó que el actor hubiera trabajado el sábado, día en que ocurrió el accidente, porque su jornada laboral era de lunes a viernes, cuestión que conllevó al actor a solicitar la exhibición de los comprobantes de pago de salario de la semana controvertida, no logrando que el demandado los exhibiera. Por tanto, al no exhibir la demandada los comprobantes de pago de salario que a su juicio demostraban que la jornada laboral no incluyó el sábado 16 de enero de 1999, se dio por demostrado el hecho alegado por el actor al no desvirtuarse. En consecuencia, se desestima este punto de la denuncia.
5. Copias simples de certificados de incapacidad emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en los que se dan como ciertas que el actor estuvo de reposo durante el 18 de enero de 1999 hasta el 15 de diciembre de 1999, sin indicar cuál es la infracción que le atribuye a la recurrida. En consecuencia, se desestima este punto de la denuncia. En todo caso, su valoración no fue determinante para la resolución de la controversia.
6. Prueba de exhibición relacionada con los comprobantes de pago del período de enero de 1999 a la primera quincena de diciembre de 1999, sin indicar cuál es la infracción que le atribuye a la recurrida. En consecuencia, se desestima este punto de la denuncia.
7. Prueba de informes dirigida al Centro Médico Paso Real, para que informara al Tribunal, como en efecto se hizo, que el día el 16 de enero de 1999 el actor ingresó de emergencia y le diagnosticaron parálisis facial. Al respecto, el recurrente alegó que la Alzada al valorar dicha prueba infringió los artículos 431 del Código de Procedimiento Civil y 79 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, porque dicha constancia se trataba de un documento emanado de un tercero, que debió ser ratificado en juicio y en consecuencia, fue falsa su apreciación.
Ahora bien, los documentos privados emanados de terceros y la prueba de informes son medios probatorios distintos, que para que se les pueda asignar un determinado valor probatorio, deben cumplir con los requisitos de incorporación al proceso regulados en la Ley (artículos 79 y 81 LOPT respectivamente).
En el caso concreto, el recurrente se confundió respecto a la manera cómo se debió promover la prueba, no así la Alzada al aplicar correctamente las normas que regulan las pruebas. Por tanto, no se infringió, por falta de aplicación, los artículos 431 del Código de Procedimiento Civil; 79 y 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.
8. El recurrente alega que la recurrida valoró los testimonios rendidos por los ciudadanos Alix Colina, Domingo Zapata y Juan Álvarez, por demostrar conocimiento directo de los hechos sobre los que versaron sus deposiciones, por lo que dio por demostrado el accidente de trabajo en el sitio, oportunidad y modo alegado por el actor. Según el recurrente, esa conclusión es falsa porque no existe en el expediente el testimonio de los mencionados ciudadanos, incurriendo la recurrida en suposición falsa al dar por demostrado el accidente de trabajo con base en la inexistencia de actas del expediente que no prueban que el 16 de enero de 1999, fue día sábado laborable; porque el comprobante de pago (refiriéndose de nuevo al punto 4) fue impugnado y desconocido; que no se conformaron los elementos concurrentes contemplados en el supuesto de hecho del accidente de trabajo; que el actor no prueba que haya recibido la orden o instrucciones del “capataz”; que no hay prueba que el aceite o lubricante de la máquina se encontrara a una elevada temperatura ni se probó que hubo cambios bruscos de temperatura entre el túnel y la máquina cuya consecuencia le produjo la parálisis facial y que ésta lesión lo incapacitó indefinidamente.
En relación con el argumento del recurrente de que no existen en las actas del expediente el testimonio de los testigos nombrados en la recurrida, la Sala observa, en primer lugar, que la Alzada, al examinar y apreciar las pruebas testimoniales, estableció lo siguiente:
PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA…
Promovió las testimoniales de los ciudadanos RIGOBERTO SALCEDO, MIGUEL FERMÍN VELÁSQUEZ, JOHNNY MEDINA, ALIX CORINA ÁREAS, DOMINGO ZAPATA, JUAN ÁLVAREZ. Respecto de los testigos JUAN ÁLVAREZ, DOMINGO ZAPATA y ALIX CORINA, se deja constancia de que no fueron evacuados por no haber comparecido y haberse declarado desiertos los actos respectivos. En cuanto al testimonio rendido por los ciudadanos ALIX COLINA ÁREAS, DOMINGO ZAPATA, JUAN ÁLVAREZ en fecha 10 y 15 de mayo de 2001, se desprende que conocen al accionante y a la empresa accionada, que tenían conocimiento de que el actor trabajaba en una cuadrilla asignada a los túneles del ferrocarril, que el caporal era el ciudadano SIMÓN SILVA; Que trabajaba para la empresa TREVI CIMENTACIONES, C.A., conocimiento que se evidencia por cuanto el ciudadano Rigoberto Salcedo era quien transportaba a los trabajadores; asimismo fueron contestes en cuanto a que éste trabajaba en turnos de 7 a.m., a 7 p.m., de forma rotativa incluyendo sábados y domingos; y que el día 16 de enero de 1999, el actor se encontraba trabajando y sufrió un accidente; y que el señor Rigoberto Salcedo lo trasladó a la Clínica más cercana, ya que a eso de las 11:00 a 11:30 a.m., el caporal Simón le dijo que se trasladara al taller de Trevi en l vía de Cúa a buscar un repuesto de la máquina 505 y que aproximadamente a la 1:00 p.m., un cuarto para la 1:00 p.m., al llegar a la obra se encontró al actor con la cara destruida o deteriorada y que el caporal inmediatamente llamó al supervisor y le dio instrucciones que lo llevaran a la Clínica Paso Real para que le brindaran los primeros auxilios; que la máquina 505 estaba dañada y que el Sr. Baudilio Albarran, le realizaba mantenimiento dentro del túnel y que el ambiente era bastante caliente, por cuanto el sistema de enfriamiento o de ventilación de dicha estructura se encontraba dañado ese día, ubicado frente al río Tuy en el sector Pitahaya; que no se había constituido el comité de higiene y seguridad industrial y que la accionada no disponía de un personal especializado en seguridad industrial, tal como lo establece la legislación que regula la materia; en virtud de las condiciones de riesgo en que se realizan las actividades o labores de construcción de los túneles de sistema ferroviario de los Valles del Tuy. Al no ser contradictorio y demostrar conocimiento directo de los hechos sobre los que versaron sus deposiciones, esta Alzada le otorga pleno valor probatorio y como quedó demostrado el acaecimiento del accidente de trabajo señalado por el actor en el sitio, oportunidad y modo que señaló el actor. ASÍ SE ESTABLECE.
Por otra parte, en la oportunidad legal para ello, de los testigos promovidos por el actor que rindieron declaración fueron los ciudadanos Rigoberto Salcedo (folio 13. Pieza 2); Johnny Antonio Medina Rivera (folio 21. Pieza 2) y Miguel Fermín Velásquez (folio 32. Pieza 2).
Ahora bien, conforme a las actas del expediente, se evidencia que el ciudadano Johnny Antonio Medina Rivera declaró ante el Tribunal a quo que cumpliendo con sus funciones de Inspector de Seguridad, conoció a Baudilio Albarrán de vista, trato y comunicación; que sabía que el actor trabajó para la empresa demandada; que como Inspector de Seguridad tenía la necesidad y obligación de levantar cualquier accidente que se realice o se produzca dentro de los márgenes de la empresa; ratificó todas y cada una de las partes del reporte de accidente industrial levantado por su persona el 16 de enero de 1999, su firma y N° de la matrícula de la empresa a la cual perteneció, expresó que hizo el mencionado reporte industrial porque la empresa demandada carecía de inspectores de seguridad e higiene industrial; que entregó dicho reporte a la empresa demandada; que el sábado 16 de enero de 1999 se encontraba en el Túnel frente al Río Tuy, realizando sus funciones de Inspector de Seguridad Industrial; asimismo afirmó que le constaba que el 16 de enero de 1999 el actor estaba realizando labores de limpieza y mantenimiento a la máquina N° 505.
Igualmente expresó que le constaba que los obreros de la empresa Trevi trabajan los días sábados y textualmente respondió a la pregunta décima cuarta referida a que describiera las condiciones ambientales para aquel momento, así: “El clima dentro del Túnel es totalmente caliente, por los trabajos que realizan las diferentes maquinarias el cual emanan vapores inclusive, tóxicos, sobre esto hay que inyectarle por tubería plástica aire desde la parte posterior hacía el final del Túnel que es donde se están haciendo los trabajos”; que la empresa demandada no tenía Comité de Higiene y Seguridad Industrial para esa fecha; que el señor Albarran le estaba haciendo cambio de aceite y mantenimiento a la máquina 505 en horas aproximadas 11:30.
Respecto al testigo Miguel Fermín Velásquez, afirmó en su declaración testimonial que conocía al actor porque trabajaron juntos; que el 16 de enero de 1999 trabajaron para la empresa demandada; que las funciones que ejercía el actor era ayudante de máquina; que la máquina 505 estaba fallando “antes desde el mes de diciembre”; que el caporal señor Simón Silva le dio instrucciones al actor y al ciudadano Juan Álvarez de sacar el aceite de la máquina para arreglarla, lavar la misma y volver a colocar el aceite una vez arreglada; que el día del accidente vio al actor y al ciudadano Juan Álvarez, sacando aceite caliente de la máquina y colocándolo en baldes; que le constaba que la referida máquina estaba caliente porque estaba trabajando forzada y tenía días dañada; que vio al actor lavar la máquina con una manguera luego de sacar el aceite caliente; ratificó el horario confirmó que trabajaban los sábados; que esos sábados se les pagaban y que ello se reflejaba en los recibos; no precisó cuál era el grado de temperatura del túnel, lo que sí afirmó de modo contundente que estaba “bastante caliente”; expresó que nunca los advirtieron de los daños que podían causar sus trabajos; que el actor al momento del accidente tenía casco y botas, pero no tenía guantes ni mascarilla; expresó que de 11:00 a 11:30 a.m., presenció que el actor se lesionó (parálisis facial).
Respecto al testigo Rigoberto Salcedo, afirmó en juicio que conoció al actor cuando prestó servicios para la empresa demandada por pertenecer a una cuadrilla para túneles que aquél transportaba, el testigo era chofer que transportaba el personal. Expresó que trabajaban los sábados y domingos; que el cargo que desempeñó el ciudadano Baudilio Albarrán era de ayudante de la máquina 505, una máquina perforadora, que recibían órdenes del Supervisor “Máximo” y del caporal “Simón Silva”; que el 16 de enero de 1999, el caporal le dijo que fueran a buscar un repuesto para dicha máquina, porque estaba dañada y cuando regresó del taller a la obra se encontró que estaban sacando a Baudilio Albarrán del túnel “con la cara destruida o deteriorada”, que no vio cuando, ni quienes estaban trabajando con la máquina dentro del túnel, solo fue a buscar la pieza al taller; que el caporal al ver al trabajador así, llamó al Supervisor y le dio instrucciones de llevarlo a la clínica más cercana; reiteró que el actor sufrió un accidente en el trabajo, que él lo auxilió y que lo llevó, junto con el caporal, a la clínica. Que el ambiente dentro del túnel era bastante caliente, que no sabía cuanto y que “el aire lo mandan por compresores y en ese momento estaba dañado y estaban laborando las máquinas”. Dijo que nunca la demandada le advirtió por escrito de los riesgos o daños a que estaban expuestos en el cumplimiento de sus funciones, además, tampoco había personal de seguridad. Al ser repreguntado que si estaba presente cuando Baudilio Albarrán cambiaba el aceite a la máquina, contestó que no, que entraba eventualmente al túnel. Asimismo, le preguntaron si tenía conocimiento que entre las funciones de Baudilio Albarrán estaba la de mecánico y respondió que en varias ocasiones la desempeñaba, le consta por la orden del supervisor “que tenían que reparar o buscar la manera de reparar la máquina por ellos mismos y ya por último, buscar el mecánico dentro del taller, pero la máquina no podía parar por mucho tiempo…”. Dijo que no estaba cuando a Baudilio Albarrán le dieron la orden de reparar la máquina 505.
Conforme a las anteriores declaraciones testimoniales y la sentencia recurrida, la Sala constata que sí existen en las actas del expediente las declaraciones de los testigos con base en los cuales la Alzada fundamentó su decisión, sólo que, como se expresó en el primer capítulo de este recurso, la recurrida cambió sus nombres, no así sus dichos.
En virtud de las consideraciones antes expuestas, la Sala aprecia que la Alzada estableció los hechos conforme a las pruebas y aplicó correctamente el derecho al caso concreto, por lo que no incurrió en el falso supuesto que se le atribuye ni en la infracción, por falta de aplicación, de los artículos 561 de la Ley Orgánica del Trabajo; 32 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo derogada; 431 del Código de Procedimiento Civil; 69 ni 79 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
En consecuencia, se desestima la presente denuncia
CASACIÓN DE OFICIO
En ejercicio de la facultad atribuida en el cuarto aparte del artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de casar de oficio la sentencia recurrida con base en las infracciones de orden público y constitucionales que en ella encontrase, aunque no se las haya denunciado, la Sala pasa a decidir, sobre la base de las siguientes consideraciones:
El artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo dispone que toda sentencia se deberá redactar en términos claros, precisos y lacónicos, sin necesidad de transcripciones de actas ni documentos que consten en el expediente, pero sí con la debida identificación de las partes y sus apoderados; los motivos de hecho y de derecho que fundamenten la decisión, y la determinación del objeto o cosa sobre la cual recaiga la misma. El artículo 160 eiusdem prevé que la sentencia será nula por faltar las determinaciones contenidas en el artículo 159; por haber absuelto la instancia; por resultar de tal modo contradictoria, que no se pueda ejecutar o no aparezca que sea lo decidido; y, cuando sea condicional o contenga ultrapetita.
Además, la sentencia debe ser congruente, lo cual quiere decir que debe guardar relación con los pedimentos del libelo y términos en que el demandado dio contestación. Ese requisito de la congruencia tiene por finalidad el cumplimiento del principio dispositivo que implica el deber del juez de atenerse a lo alegado y probado en autos. Por ello, el juez debe resolver sólo lo pedido y sobre todo lo pedido, de lo contrario, incurrirá en el vicio de incongruencia.
En este sentido, el artículo 243, ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, norma que se debe aplicar por analogía con base en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece que toda sentencia debe contener “decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia”.
Aunque la Ley Orgánica Procesal del Trabajo no establece específicamente como motivo de casación el vicio de incongruencia, sin embargo, esta Sala en sentencia Nº 572 de 4 de abril de 2006 (caso: Eva Victoria Faría Zaldiviar contra la sociedad mercantil Banco Provincial, S.A. Banco Universal), reiterada en sentencia N° 870 de 19 de mayo de 2006 (caso Lázaro Ramírez González contra la sociedad mercantil Construcciones y Mantenimiento Técnico, C.A. [COMTEC, C.A.]), y que hoy se reitera, acogió la doctrina establecida por la Sala Constitucional en sentencia N° 3706 de 06-12-05 (Caso: Ramón Napoleón Llovera Macuare), referida a que cuando se considere que el fallo recurrido no es congruente con las alegaciones y defensas expuestas por el demandante y demandado en violación de uno de los requisitos de la sentencia, el recurrente puede fundamentar el recurso de casación por defecto de forma, al incurrir el Tribunal de alzada en el vicio de incongruencia, aplicando la Sala de Casación Social, de manera supletoria, los artículos 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil. Si la infracción cometida por la instancia tiene influencia determinante en el dispositivo del fallo, la Sala anulará, aun cuando no se denuncie, la sentencia recurrida y decidirá el fondo de la controversia en conformidad con el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
En el presente caso, la Sala aprecia que la parte actora solicitó en el libelo la corrección monetaria de los montos demandados y sin embargo, la Alzada no la acordó, siendo, además, que en materia del Trabajo se acuerda aun de oficio si no ha sido solicitada por el actor, por ser de los derechos no disponibles e irrenunciables, es decir, de los intereses de orden público.
En virtud de lo anterior, la sentencia recurrida es incongruente al no resolver todas las alegaciones y defensas probadas en el proceso, tal como quedó previamente establecido, lo cual impide el control de legalidad, en infracción de los artículos 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en concordancia con el artículo 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil.
En consecuencia, la Sala casa de oficio el fallo recurrido y en aplicación del artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a decidir el fondo de la controversia.
DECISIÓN SOBRE EL FONDO DE LA CONTROVERSIA
El actor alegó en su demanda que comenzó a prestar servicios personales para la sociedad mercantil Trevi Cimentaciones, C.A., el 28 de octubre de 1997, desempeñando el cargo de ayudante de máquina, en un horario de lunes a viernes de 7 a.m., a 7 p.m., devengando, en un principio, un salario de Bs. 5.700,00, diarios; que el 16 de enero de 1999, durante la jornada laboral, se encontraba en el Túnel frente al Río Tuy, ubicado en el sector Pitahaya, vía de Cúa, ayudando en las perforaciones que se estaban realizando para inyectar el cemento para endurecer el terreno en dicho Túnel, con la máquina 505, la cual estaba fallando y por órdenes del patrono tuvo que sacar el aceite hidráulico de la máquina para poder arreglarla, lavarla y volver a colocarle aceite una vez reparada. Expresó que el cambio de aceite siempre se hacía en frío pero, por instrucciones de su patrono, ese día sacó el aceite caliente de la máquina y procedió a lavarla con una manguera de presión, cuando de repente sintió un cosquilleo en la cara, observando luego que tenía la cara torcida, por lo que lo trasladaron inmediatamente al Centro Médico Paso Real, Estado Miranda, donde lo atendieron y le diagnosticaron parálisis facial periférica con desviación de la comisura labial hacia la izquierda, de acuerdo con el informe médico anexado junto al Reporte por Accidente Industrial levantado por el Inspector de Seguridad Jhonny Medina.
Con base en estos hechos, el actor reclama la suma total de Bs. 222.859.830,05, discriminados de la siguiente manera:
1) La cantidad de Bs. 20.330.109,59, por concepto de pago de indemnización prevista en el Parágrafo Tercero del artículo 33 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo derogada, equivalente al salario integral de cinco (5) años contados por días continuos, que representan sesenta (60) meses y mil ochocientos veinticinco (1.825) días, tomado como base de cálculo el salario integral diario devengado por el ex trabajador que le correspondería según la Convención Colectiva, la cantidad de ocho mil cincuenta bolívares (Bs. 8.050,00) diarios, más 54 días de vacaciones anuales y 75 días de utilidades conforme a la Convención Colectiva hasta el año 2000, lo que arrojó el salario integral anual de Bs. 4.066.021,92;
2) La cantidad de Bs. 254.965,00, por gastos farmacéuticos y honorarios médicos por tratamiento de rehabilitación, en conformidad con el artículo 564 de la Ley Orgánica del Trabajo;
3) La cantidad de Bs. 164.629.159,14, por lucro cesante, calculados hasta el año 2015, en el que cumple 15 años de vida productiva, por tener al momento del accidente 50 años de edad, a razón ocho mil cincuenta bolívares (Bs. 8.050,00) diarios, más 54 días anuales de vacaciones y 75 días de utilidades, según Convención Colectiva hasta el año 2000, aplicando un incremento salarial del 12% en el mes de mayo de cada año, adicionando en cada año lo que pudiere corresponder por concepto de utilidades y vacaciones según la Contratación Colectiva;
4) La cantidad de Bs. 30.000.000,00, por concepto de daño moral;
5) La cantidad de Bs. 6.645.596,32, por concepto de diferencia de indemnizaciones diarias con ocasión del accidente de trabajo y el monto de su salario ordinario, que debió pagar el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
6) Indexación, costas y costos del proceso.
Por otra parte, la empresa demandada negó en su contestación a la demanda los siguientes hechos: cargo; horario; que el trabajador cumplía órdenes del patrono cuando sufrió el accidente; que el 16 de enero de 1999 el actor estuviera trabajando para su empresa, por lo que negó el día, la hora, el lugar, lo dicho por los testigos del actor respecto a cómo ocurrieron los hechos que motivaron el accidente; negó la lesión e incapacidad alegada; negó que el trabajador debía lavar una máquina; negó que el accidente fuera laboral y que el trabajador se trasladó ese día al hospital por ese motivo; negó que la empresa carecía de Inspector de Seguridad; negó que adeuda al actor salario conforme a la Convención Colectiva; negó que la suspensión de la relación de trabajo se debió al accidente de trabajo y que el mismo cesó por haber transcurrido 12 meses de la fecha del “supuesto y negado accidente”; negó el incumplimiento de las previsiones de seguridad e higiene en el trabajo; negó que no hubiera suministrado al actor del material adecuado; negó que debía pagar indemnizaciones por hecho ilícito, daño moral y material.
Admitió que la relación de trabajo fue desde el 28 de octubre de 1997 hasta el 16 de diciembre de 1999, fecha en la que el trabajador se debió reintegrar y no lo hizo, según el reposo médico expedido a su favor por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en fecha 25 de noviembre de 1999. Alegó que el trabajador laboró para su empresa con un salario diario de Bs. 5.700,00, de lunes a viernes en el cargo de obrero, por lo que no le correspondían las tares de mantenimiento de las máquinas de perforación, es decir, revisar y mantener el nivel de aceite y gasoil y hacer los correspondientes cambios de aceite y filtros, porque no era ayudante de máquina sino obrero, por lo que su función era cuidar que las mangueras no se enredaran cuando las máquinas estaban operando, introducir las barras respectivas y alinear los gatos. Por último, alegó la prescripción de la acción.
Del análisis y valoración de la pruebas realizado por la recurrida que esta Sala comparte por resultar su apreciación ajustada a derecho, tal como se consideró en el recurso de casación anteriormente decidido y en conformidad con la carga de la prueba, quedó establecido en el caso concreto que la demanda no estaba prescrita porque el actor logró la citación dentro del lapso contemplado en los artículos 62 y 64 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Asimismo, quedó demostrado que la parte actora sufrió un accidente cuando, durante la jornada laboral, tuvo que arreglar la máquina 505 que estaba fallando, lo que implicó cambios bruscos de la temperatura que le ocasionó una parálisis facial.
Al respecto, el artículo 561 de la Ley Orgánica del Trabajo, que dispone:
Se entiende por accidentes de trabajo todas las lesiones funcionales o corporales, permanentes o temporales, inmediatas o posteriores, o la muerte, resultantes de la acción violenta de una fuerza exterior que pueda ser determinada y sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo. Será igualmente considerada como accidente de trabajo toda lesión interna determinada por un esfuerzo violento, sobrevenida en las mismas circunstancias.
Igual redacción contiene el artículo 32 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo derogada <<actualmente artículo 69 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo promulgada en la Gaceta Oficial N° 38.236, de fecha 26 de julio de 2005>>, al definir accidentes de trabajo.
En conformidad con lo previsto en las citadas disposiciones legales, la Sala aprecia que el caso concreto se trata de un accidente que se produjo con ocasión del trabajo. Así se establece.
Respecto al estado de salud del ciudadano Baudilio Albarrán Arias, quedó demostrado a través de la Evaluación de Incapacidad Residual emitida por el Ministerio del Trabajo suscrita por la médico neurólogo Yrina Marín de Díaz en fecha 29 de octubre de 1999, que la contractura tónica mantenida en la hemicara derecha impide la completa abertura del ojo, lo cual dificulta la visión en dicho lado en un 70% e incapacita para realizar labores que ameriten atención en el uso de su visión.
En el caso concreto, la patología sufrida por el trabajador no se debe necesariamente al ejercicio de actividades de estricta naturaleza laboral, de manera que lo correcto no es conformarse con un solo informe promovido por las partes, sino indagar más allá, a través del conocimiento científico de los funcionarios que emiten los respectivos informes médicos en garantía de obtener la verdad material, solicitando, por ejemplo, una experticia, para que los tribunales estuvieran más informados sobre el desarrollo del paciente y su futuro para reincorporarse en la sociedad como trabajador.
En tal sentido y con base en el principio de la búsqueda de la verdad, la Sala nuevamente exhorta a los jueces de instancia a la aplicación de los artículos 5° y 71 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, normas que permiten inquirir la verdad por todos los medios posibles (dándole el impulso y dirección adecuados), y ordenar la evacuación de otros medios de prueba cuando así lo consideren conveniente, pues al momento de decidir la Ley les atribuye a los jueces en su actividad jurisdiccional, apreciar las pruebas según criterios de la sana crítica. (Sentencia Nº 1015 de 13 de junio de 2006. Caso José Ángel Robles Herrera contra la empresa mercantil M-I Drilling Fluids de Venezuela, C.A.)
Por otra parte, la empresa demandada no demostró que tuviera a su cargo inspectores de seguridad e higiene industrial, por lo que no desvirtuó el testimonio de Johnny Medina, quien declaró en juicio como Inspector de Seguridad de otra empresa ni demostró que hubiera orientado al ciudadano Baudilio Albarrán Ariasa tomar las precauciones o previsiones necesarias para evitar el accidente laboral así como tampoco demostró que existía una supervisión mínima para que el mismo utilizara los implementos de vestir para su seguridad, con lo cual obvió la legislación sobre seguridad e higiene en el medio ambiente de trabajo, donde el empleador tiene el deber de vigilar y controlar el cumplimiento de las medidas de seguridad industrial, independientemente de los deberes de colaboración y observancia que tiene el trabajador respecto de tales previsiones, en violación de las disposiciones contenidas en los artículos 1°, 2°, 6° y 19 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo derogada <<actualmente artículo 56 de la Ley de 26 de julio de 2005>>.
Al respecto, el Parágrafo Tercero del artículo 33 de la citada Ley determina el monto de la prestación para los casos en que se da el daño previsto en el artículo 31, que establece: “Las secuelas o deformidades permanentes, provenientes de enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, vulneran la facultad humana, más allá de la simple pérdida de la capacidad de ganancias, alterando la integridad emocional y psíquica del trabajador lesionado, por lo que se consideran equiparables a las incapacitantes, en el grado que señale la reglamentación de la presente Ley”.
En estos casos la Ley fija, acorde con el daño sufrido y el salario del trabajador lesionado, el monto de la prestación debida por el empleador. Ese monto varía de acuerdo con la incapacidad. Si el accidente o enfermedad dejó secuela o deformación permanente que haya vulnerado la facultad humana, la indemnización será equivalente a cinco (5) años de salarios, aun cuando la incapacidad fuera parcial.
En el caso concreto, se demostró culpa del empleador por la inobservancia de sus obligaciones de garantizar a los trabajadores las condiciones de seguridad, salud y bienestar e instruir y capacitarlos respecto a la prevención de accidentes o enfermedades profesionales. En consecuencia, se declara procedente la indemnización reclamada con fundamento en el Parágrafo Tercero del artículo 33 de la Ley derogada, equivalente al salario de cinco (5) años alegado por el trabajador, contados por días continuos, salario que el demandado negó pero sin probar uno distinto, motivo por el cual la indemnización será calculada tomando como base el salario integral diario alegado de Bs. 10.895,05 (que resultó al sumar: salario diario Bs. 8.050,00 + bono vacacional Bs. 1.190,95 + utilidades Bs. 1.654 = Bs. 10.895,05), cuyo monto se multiplicará por 1.825 días (5 años) lo cual da un total de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS BOLÍVARES CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (Bs. 19.883.466,25). Así se declara.
En relación con el pedimento establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, se aprecia que el actor estaba inscrito en el Seguro Social al momento del accidente, por lo que se aplica la normativa especial en la materia, en conformidad con el artículo 585 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Sobre el particular, el Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido en múltiples fallos, entre otros en sentencia Nº 205 de 26 de julio de 2001 y que hoy se reitera, que la ley aplicable en los casos en los cuales el trabajador ha sufrido un accidente de trabajo y esté cubierto por el Seguro Social, será la Ley del Seguro Social y será entonces el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales el que deberá pagar las indemnizaciones provenientes por este concepto. Igualmente, la Ley del Seguro Social contempla los requisitos y condiciones para que el trabajador tenga derecho a percibir una pensión de invalidez como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, pensión que está destinada a compensar la pérdida de capacidad de ganancia del trabajador que haya sido víctima de un infortunio del trabajo y garantizarle la percepción de un ingreso.
Establecido lo anterior, se declara improcedente el reclamo por la cantidad de Bs. 254.965,00, correspondiente a gastos farmacéuticos y honorarios médicos por tratamiento de rehabilitación, e igualmente improcedente la cantidad demandada por cobro de diferencia de indemnizaciones diarias con ocasión del accidente de trabajo que debió pagar el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, equivalente a la cantidad de Bs. 6.645.596,32, en conformidad con el artículo 564 de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se decide.
En cuanto al reclamo por lucro cesante, la Sala estima conveniente aclarar que el actor para demostrar la causa que ocasionó el accidente, esto es, la orden del patrono, trajo a juicio al testigo Miguel Fermín Velásquez, quien declaró haber oído la orden del capataz para que el señor Baudilio Albarrán arreglara la máquina, motivo del accidente, testimonio que se evidencia en el recurso de casación analizado, lo que a juicio de la Sala constituye sólo un indicio, no plena prueba de la alegación del actor.
Por tanto, se considera que aunque hubo en alguna medida una conducta negligente por parte de la empresa demandada respecto a la inobservancia de las normas de seguridad e higiene industrial y ello podría catalogarse como hecho ilícito, para que procedan las indemnizaciones por responsabilidad subjetiva contempladas en el Código Civil por este motivo, es necesario que el actor pruebe la relación de causalidad que hubo en la conducta del patrono y que a consecuencia de ello se ocasionó el daño. Al respecto, la Sala aprecia que el solo testimonio referido no conduce a la Sala a la convicción de que hubo una relación de causalidad entre la conducta omisiva y el daño ocasionado en los términos del Código Civil, que exige causalidad física, es decir, que el daño sea consecuencia directa e indirecta del hecho ilícito.
En virtud de lo anterior, la Sala concluye que en el caso concreto no se demostró la relación de causalidad y en consecuencia, se declara improcedente el reclamo por lucro cesante, equivalente a la cantidad de Bs. 164.629.159,14.
En cuanto al concepto de indemnización por daño moral, el actor reclamó la cantidad de treinta millones de bolívares (Bs. 30.000.000,00).
Al respecto, la Sala aprecia que la lesión ocasionada por el accidente de trabajo genera en el actor un estado de preocupación o ansiedad, por la minusvalía a la que está condenado, que no podrá ser reparado íntegramente por una cantidad monetaria, no obstante, la Sala considera conveniente acordar una indemnización cuyo monto será fijado con la siguiente motivación:
Conforme a la jurisprudencia de la Sala el trabajador que ha sufrido algún accidente o enfermedad derivada del trabajo puede reclamar la indemnización por daño moral y en aplicación de la “teoría del riesgo profesional”, la responsabilidad patronal de reparar dicho daño es objetiva es decir, debe ser reparado por el patrono aunque no haya habido culpa de éste en la ocurrencia del accidente de trabajo.
Para fijar el monto a indemnizar correspondiente por daño moral por responsabilidad objetiva con fundamento en la doctrina establecida por la Sala en sentencia N° 144 de 7 de marzo de 2002 (caso Flexilón), que sea equitativa y justa, acorde con la lesión sufrida y el riesgo asumido por el trabajador, se analizará lo siguiente:
a) La importancia del daño: el trabajador es una persona mayor, de 50 años de edad cuando tuvo el accidente, quien resultó lesionado por una parálisis facial derecha que le ocasionó la contractura de músculos faciales de severa intensidad que le impide abrir el ojo derecho y dificulta la visión en dicho ojo en un 70%, así como una pequeña dificultad para hablar, quien, además, mantiene económicamente a un hijo menor de edad, a su esposa y tres (3) nietos.
b) Grado de culpabilidad del demandado o su participación en el accidente o acto ilícito que causó el daño (según sea responsabilidad objetiva o subjetiva); el patrono no ocasionó el accidente, porque -se insiste- el mismo se produjo por un hecho impredecible, sin embargo, no advirtió al trabajador para que tomara las precauciones debidas ni lo dotó del equipo de vestir suficiente para el peligro a que estaba expuesto.
c) La conducta de la víctima; el demandado no demostró que el accidente se debió a la imprudencia del trabajador (falta de la víctima).
d) Grado de educación y cultura del reclamante; no consta en las actas del expediente el nivel educativo ni cultural del actor.
e) Posición social y económica del reclamante, es una persona modesta y de escasos recursos económicos, tal como lo afirmó en la demanda, que recibía para el momento del accidente un poco más del salario mínimo.
f) Capacidad económica de la parte demandada; se observa que la empresa demandada aumentó en el año 1995 su capital a la cantidad de cincuenta millones de bolívares (Bs. 50.000.000,00), tal como se desprende de Acta de Asamblea Extraordinaria debidamente registrada que cursa en el expediente, sin embargo, eso ocurrió hace once años, lo que hace presumir que éste ha aumentado, aunado a que dicha empresa tiene como objeto social todo lo relativo a la construcción de pilotes de fundación, consolidaciones, trabajos especializados de suelos, construcciones marítimas, portuarias y fluviales, así como construcciones civiles en general, ejecución de sondeos y estudios de suelos, organización y asesoramiento industrial y técnico; importación, exportación, compra, venta de maquinarias y equipos y toda clase de bienes muebles, entre otros, por lo que se puede establecer por máximas de experiencia, que una empresa con esas características, y con ese objeto social, dispone de los activos suficientes para cubrir las indemnizaciones reclamadas, lo cual tampoco fue negado por el demandado en la audiencia de casación cuando la parte actora hizo alusión al sólido capital de la empresa.
g) En cuanto a los posibles atenuantes a favor del responsable y el tipo de retribución satisfactoria que necesitaría la víctima para ocupar una situación similar a la anterior al accidente, la Sala aprecia que el patrono en ningún momento demostró que notificó al trabajador de los riesgos que implicaba su actividad y fue indiferente ante el accidente sufrido por éste, tanto que lo negó. No obstante, la Sala considera que al tratarse de una parálisis facial periférica, por cierto muy lamentable, no impide al actor realizar otras labores, más aún cuando no se precisó el grado de pérdida de la capacidad de la víctima para el trabajo, por lo que conforme a las pruebas aportadas en el proceso, la Sala concluye que el actor podrá ejercer otras actividades, siempre y cuando las mismas no ameriten atención en el uso de la visión del ojo derecho, tal como lo recomendó la médico neurólogo adscrita al Ministerio del Trabajo, en la evaluación de la víctima valorada en el proceso.
h) Referencias pecuniarias estimadas por el Juez para tasar la indemnización que considera equitativa y justa para el caso concreto. Se puede establecer, en concordancia con lo previsto en nuestra legislación social, que la vida útil para el trabajo, en el caso del hombre, se extiende hasta los sesenta (60) años de edad. En el caso de autos, el trabajador lesionado para el momento del accidente en el año 1999, tenía 50 años de edad, por lo que podría considerarse que tenía para entonces una esperanza de vida útil para el trabajo de diez (10) años, la cual resultó truncada por el accidente sufrido, no así las posibilidades para rehacer su vida en el futuro y poder cumplir una actividad que implique menos esfuerzo físico.
Conforme a los anteriores parámetros, la Sala fija una indemnización correspondiente al daño moral por responsabilidad objetiva la cual considera equitativa y justa, acorde con la lesión sufrida y el riesgo asumido por el trabajador; y con vista en la inobservancia legal cometida por el patrono, la cantidad de CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 50.000.000,00). Así se decide.
Por las razones anteriormente expuestas, se declara parcialmente con lugar la demanda intentada por el ciudadano Baudilio Albarrán Arias contra la sociedad mercantil Trevi Cimentaciones, C.A.
D E C I S I Ó N
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social Accidental, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: 1°. SIN LUGAR el recurso de casación propuesto por la parte demandada contra la sentencia publicada por el Juzgado Tercero Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 24 de febrero de 2006; 2°. CASA DE OFICIO el fallo recurrido; y, 3°. PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda.
En consecuencia, se condena a la sociedad mercantil TREVI CIMENTACIONES, C.A., a pagar al ciudadano BAUDILIO ALBARRÁN ARIAS la suma de sesenta y nueve millones ochocientos ochenta y tres mil cuatrocientos sesenta y seis bolívares con veinticinco céntimos (Bs. 69.883.466,25), por los siguientes conceptos:
PRIMERO: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS BOLÍVARES CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (Bs. 19.883.466,25), por concepto de pago de indemnización prevista en el Parágrafo Tercero del artículo 33 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo derogada, equivalente al salario integral de cinco (5) años contados por días continuos, que representan sesenta (60) meses y mil ochocientos veinticinco (1.825) días, tomado como base de cálculo el salario integral diario devengado por el trabajador de diez mil ochocientos noventa y cinco bolívares con cinco céntimos (Bs. 10.895,05).
Asimismo, se ordena la corrección monetaria sobre la cantidad condenada, desde la fecha de admisión de la demanda hasta la ejecución del fallo, entendiéndose por esto último la oportunidad de pago efectivo, por tratarse de una causa iniciada antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, excluyendo únicamente el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo entre las partes, o se haya paralizado por motivo no imputables a ellas, es decir, caso fortuito o fuerza mayor, como vacaciones judiciales o huelgas tribunalicias, cuyo monto se determinará a través de experticia complementaria del fallo, la cual se deberá practicar considerando: 1º) Será realizada por un único perito designado por el Tribunal si las partes no lo pudieran acordar; 2º) El perito, a los fines del cálculo de la indexación ajustará su dictamen a los índices de precios al consumidor para el Área Metropolitana de Caracas, conforme a los respectivos boletines emitidos por el Banco Central de Venezuela.
SEGUNDO: CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 50.000.000,00), por concepto de daño moral sufrido por el trabajador como consecuencia del accidente de trabajo. En consecuencia, se ordena la indexación del monto condenado a pagar por daño moral, pero sólo si el demandado no cumpliere voluntariamente, desde el decreto de ejecución, hasta la fecha en la cual será pagado este concepto, entendiéndose por esto último la oportunidad de pago efectivo, en conformidad con el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
No hay condenatoria en costas por no haber vencimiento total.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese dicha remisión al Tribunal Superior de origen antes referido, todo en conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
La presente decisión no la firman los Magistrados, OMAR ALFREDO MORA DÍAZ, y CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA por no haber estado presente en la audiencia pública correspondiente.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, a los dos (02) días del mes de agosto de dos mil seis. Años: 196° de la Independencia y 147° de la Federación.
El Presidente de la Sala,
____________________________
OMAR ALFREDO MORA DÍAZ
El Vicepresidente Ponente, Magistrado,
________________________ _______________________________
JUAN RAFAEL PERDOMO ALFONSO VALBUENA CORDERO
Magistrado, Magistrada,
_______________________________ ________________________________
LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA
El Secretario,
_____________________________
JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA
R.C. N° AA60-S-2006-000446
Nota: Publicada en su fecha a las
El Secretario,
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