Venley

Sentencia N.º 1213 (Sala Especial II)

Sentencia
N.º 1213 (Sala Especial II)
Fecha
12/08/2014
Sala
Casación Social
Expediente
11-937
Ponente
Carmen Elvigia Porras de Roa
Procedimiento
Recurso de Casación

Ponencia de la Magistrada Dra. CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

En el juicio por el beneficio de jubilación que incoaron los ciudadanos HEREDIS DEL CARMEN ESCALONA GÓMEZ, PEDRO ELÍAS TORRES CRESPO, MARIO DE LA PAZ SANTANA, PABLO SEGUNDO BARRETO ABARCA, SENÓN ANTONIO DURÁN PÉREZ, CRUZ RAFAEL BARRETO, SAGDIEL DAVID DORANTES, RAFAEL JOSÉ PIMENTEL, OMAR DAVID HURTADO RIVAS, MILTON ALIRIO GUERRERO MADURO, ALEXIS JOSÉ LUGO GUTIÉRREZ, AVILIO ANTONIO LAMEDA GÓMEZ, IVÁN JOSÉ LÓPEZ CHACÓN, RAMÓN HERIBERTO LÓPEZ SUÁREZ, JESÚS ALBERTO RIVAS, ROGELIO RAMÓN MORA, JESÚS MARÍA ARIAS TUA, BLADIMIR RAMÓN VÁSQUEZ, JORGE LUIS LÓPEZ y CRUZ MARÍA CASTILLO ÁLVAREZ, representados judicialmente por los abogados José Agustín Ibarra, José Martín Labrador Brito, Pedro José Durán Nieto e Ilse Cárdenas, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO LARA, representada judicialmente por el abogado José Emilio Giménez Mendía; el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara, mediante sentencia publicada el 5 de abril de 2011, declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por los demandantes, con lugar la demanda y revocó la decisión dictada el 24 de enero de 2011, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, que había declarado sin lugar la demanda.

 

Contra la sentencia de alzada, la representación judicial de la parte demandada anunció recurso de casación, el cual una vez admitido, se ordenó la remisión del expediente a este alto Tribunal. Hubo impugnación.

 

El 14 de julio de 2011, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada doctora CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA.

 

Por acuerdo de fecha 24 de enero de 2013, debido a la incorporación de los Magistrados Suplentes Dr.Octavio Sisco Ricciardi, Dra. Sonia Coromoto Arias Palacios y Dra. Carmen Esther Gómez Cabrera,  se reconstituyó la Sala de Casación Social y con fundamento en el derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia; en aras de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de justicia, la Sala quedó conformada de la manera siguiente: Presidente, Magistrado Dr. Luis E. Franceschi Gutiérrez; Vicepresidenta, Magistrada Dra. Carmen Elvigia Porras de Roa; el Magistrado Dr. Octavio Sisco Ricciardi, las Magistradas Dra. Sonia Coromoto Arias Palacios y Dra. Carmen Esther Gómez Cabrera. Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la sentencia N° 1701 de fecha 6 de diciembre de 2012, dictada por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal.

 

De conformidad con la Resolución N° 2014-0002, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 13 de febrero de 2014, que acordó la creación de las Salas Especiales de la Sala de Casación Social y el acta de instalación de dichas Salas, de fecha 1° de abril de 2014; se constituye en el presente juicio la Sala Especial Segunda, quedando integrada por la Presidenta y Ponente, Magistrada Carmen Elvigia Porras de Roa, y las Magistradas accidentales Mónica Maylen Chávez Pérez y Bettys del Valle Luna Aguilera.

 

Concluida la sustanciación del recurso, se fijó audiencia oral, pública y contradictoria para el día lunes 28 de julio de 2014, a la que comparecieron las partes y se dictó fallo oral e inmediato, a tenor de lo previsto en el artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

 

 

 

DEL RECURSO DE CASACIÓN

RECURSO POR DEFECTO DE FORMA DE LA SENTENCIA

 

I

De conformidad con lo establecido en el artículo 168, numeral 3, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el formalizante denuncia el vicio de incongruencia negativa, e infracción de los artículos 243, 244, 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil.

 

Refiere que al momento de contestar la demanda, alegó la prescripción de la acción por haber transcurrido en exceso el lapso de Ley para solicitar el beneficio de jubilación y el pago de las pensiones correspondientes, sin embargo, la sentencia recurrida no contiene señalamiento alguno al respecto.

 

Señala que el lapso de prescripción aplicable en el presente caso es de tres (3) años, no obstante, desde la finalización de la relación laboral de cada uno de los trabajadores, había transcurrido el tiempo siguiente: Heredis Del Carmen Escalona Gómez: catorce (14) años; Pedro Elías Torres Crespo: trece (13) años; Mario De La Paz Santana: dieciséis (16) años; Pablo Segundo Barreto Abarca: veintitrés (23) años; Senón Antonio Durán Pérez: dieciséis (16) años; Cruz Rafael Barreto: trece (13) años; Sagdiel David Dorante: doce (12) años; Rafael José Pimentel: doce (12) años; Omar David Hurtado Rivas: diez (10) años; Milton Alirio Guerrero Maduro: catorce (14) años; Alexis José Lugo Gutiérrez: trece (13) años; Avilio Antonio Lameda Gómez: doce (12) años; Iván José López Chacón: diez (10) años; Ramón Heriberto López Suárez: diez (10) años; Jesús Alberto Rivas: doce (12) años; Rogelio Ramón Mora: doce (12) años; Jesús María Arias Tua: dieciséis (16) años; Bladimir Ramón Vásquez: diez (10) años; Jorge Luís López: doce (12) años; y Cruz María Castillo Álvarez: catorce (14) años.

 

Esta Sala para decidir observa:

 

El artículo 243, numeral 5, del Código de Procedimiento Civil, exige que toda sentencia debe contener ‘decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia’, congruente con el principio de “exhaustividad del fallo” que le impone al Juez el deber de resolver sólo sobre lo alegado y probado en autos.

Una sentencia es congruente cuando guarda relación con los pedimentos del libelo de demanda y los términos en que el demandado dio su contestación; en ese sentido, la demanda y la defensa son presupuestos básicos de la sentencia, por ello la congruencia no es sino la acertada relación entre la demanda y la sentencia. Asimismo, el deber de congruencia se reduce a dos reglas fundamentales: a) resolver sólo lo pedido; y b) resolver todo lo pedido, si el Juez resuelve lo no pedido, da lugar al vicio de incongruencia positiva; y si no resuelve lo pedido, comete el vicio de incongruencia negativa.

 

En el caso sub examine los demandantes alegan que prestaron servicios para la Dirección de Obras Públicas del estado Lara, adscrita a la Gobernación del estado Lara, y que les correspondía el beneficio de jubilación, así como la pensión correspondiente, en los términos previstos en la cláusula “55”, parágrafo cuarto, de la Convención Colectiva de Trabajo vigente, que se le otorgada a aquellos trabajadores que hubiesen prestado servicios al Ejecutivo Regional de forma ininterrumpida, durante 10 años:

 

1) Heredis Del Carmen Escalona Gómez (obrera), 14 años, 4 meses y 28 días de prestación de servicios, desde el 19 de octubre de 1982 hasta el 7 de marzo de 1997; 2) Pedro Elías Torres Crespo (chofer), 12 años, 11 meses y 20 días, desde el 27 de abril de 1985 hasta el 7 de marzo de 1997; 3) Mario De La Paz Santana (chequeador II), 16 años, 1 mes y 13 días, desde el 1º de febrero de 1981 hasta el 14 de marzo de 1997; 4) Pablo Segundo Barreto Abarca (mecánico de primera), 23 años y 15 días, desde el 23 de junio de 1960 hasta el 1º de julio de 1965, y desde el 15 de agosto de 1968 hasta el 22 de agosto de 1986; 5) Senón Antonio Durán Pérez (chofer), 16 años, 1 mes y 9 días, desde el 5 de febrero de 1981 hasta el 14 de marzo de 1997; 6) Cruz Rafael Barreto (vigilante), 13 años, 2 meses y 7 días, desde el 21 de septiembre de 1980 hasta el 18 de noviembre de 1993; 7) Sagdiel David Dorante (obrero), 11 años, 9 meses y 16 días, desde el 21 de mayo de 1981 hasta el 5 de marzo de 1993, 8) Rafael José Pimentel (vigilante), 11 años, 6 meses y 17 días, desde el 10 de septiembre de 1981 hasta el 27 de marzo de 1993; 9) Omar David Hurtado Rivas (ayudante de soldador), 10 años y 6 días, desde el 1º de julio de 1983 hasta el 7 de julio de 1993; 10) Milton Alirio Guerrero Maduro (obrero), 13 años, 8 meses y 6 días, desde el 1º de julio de 1983 hasta el 7 de marzo de 1997; 11) Alexis José Lugo Gutiérrez (ayudante de máquina), 13 años, 3 meses y 23 días, desde el 22 de mayo de 1980 hasta el 15 de septiembre de 1993; 12) Avilio Antonio Lameda Gómez (chequeador II), 12 años, 2 meses y 4 días, desde el 21 de mayo de 1981 hasta el 17 de marzo de 1993; 13) Iván José López Chacón (obrero) 10 años, 6 meses y 22 días, desde el 29 de septiembre de 1988 hasta el 7 de marzo de 1998; 14) Ramón Heriberto López Suárez (mecánico), 10 años y 2 meses, desde el 1º de noviembre de 1986 hasta el 31 de diciembre de 1996, 15) Jesús Alberto Rivas (chofer), 11 años, 10 meses y 26 días, desde el 21 de mayo de 1981 hasta el 17 de marzo de 1993; 16) Rogelio Ramón Mora (operador), 11 años, 11 meses y 20 días, desde el 26 de marzo de 1981 hasta el 16 de marzo de 1993; 17) Jesús María Arias Tua (rastrillero), 15 años, 9 meses y 14 días, desde el 19 de marzo de 1981 hasta el 3 de enero de 1997; 18) Bladimir Ramón Vásquez (electricista I), 10 años, 3 meses y 27 días, desde el 1º de septiembre de 1987 hasta el 26 de agosto de 1988 y desde el 16 de enero de 1989 al 28 de enero de 1997; 19) Jorge Luís López (operador I), 11 años, 8 meses y 9 días, desde el 15 de junio de 1981 hasta el 24 de febrero de 1993; 20) Cruz María Castillo Álvarez (chequeadora), quien habría laborado durante 14 años, 1 mes y 14 días, desde el 1º de abril de 1979 hasta el 12 de mayo de 1993. 

 

El Tribunal de alzada no se pronunció sobre el alegato de prescripción de la acción formulado por la parte demandada ante el Juez de juicio, bajo el siguiente razonamiento:

 

(…) al no haber sido objeto de recurrencia el punto relativo a la declaratoria dictada por la Instancia referida a que la acción para pretender el beneficio de jubilación no se encuentra prescrita, es por lo que esta Alzada entiende firme dicha declaratoria, y dado el principio de la no reformatio in peius, no le está dado emitir pronunciamiento alguno al respecto que pueda modificar lo que se encuentra firme.

 

Al respecto se observa que, ciertamente, el principio procesal tantum apellatum quantum devolutum, implica que los Jueces de alzada deben ceñir sus decisiones al fuero de conocimiento atribuido en razón del recurso de apelación ejercido, sin embargo, la alzada ha debido resolver sobre el alegato de prescripción formulado por la Gobernación del estado Lara durante la audiencia de juicio, y no desestimarlo bajo el argumento que la parte demandada no apeló del fallo definitivo en su oportunidad.

 

Cabe señalar que con tal afirmación, el Juez Superior obvió que la actividad impugnativa de las partes está sometida a presupuestos objetivos (impugnabilidad del acto, formas y lapsos procesales), y subjetivos (agravio y legitimación) que deben concurrir para que el recurso sea admisible. En efecto, la sentencia publicada el 24 de enero de 2011, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara, había declarado sin lugar la demanda y por tanto no le causaba gravamen alguno a la parte demandada, quien tal como lo prevé el artículo 297 del Código de Procedimiento Civil, no estaba en la obligación de apelar de una decisión que evidentemente le era favorable, y en caso de hacerlo, el recurso sería inadmisible por falta de agravio.

 

A pesar de que la alzada efectivamente incurrió en omisión de pronunciamiento, tal vicio no resulta determinante en el dispositivo del fallo, toda vez que el alegato de prescripción fue opuesto fuera de la oportunidad procesal correspondiente. La representación judicial de la Gobernación del estado Lara, no contestó la demanda, amparándose en las prerrogativas procesales de Ley, y opuso la defensa de prescripción de la acción por primera durante en la audiencia de juicio, alegando que los trabajadores habrían dejado de pertenecer a la nómina del Ejecutivo Regional, desde hace aproximadamente 13 años, y que en la actualidad no gozaban de dicho derecho, en virtud de que el estatuto de jubilación y pensiones había sido reformado, por lo que la demanda debía declararse sin lugar.

 

Se declara improcedente la presente denuncia.

 

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

 

I

Con fundamento en el artículo 168, numeral 2, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el formalizante denuncia el vicio de infracción de Ley por falta de aplicación del 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

Alega que la sentencia recurrida se apartó del criterio establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, establecido en la sentencia N° 635 del 9 de junio de 2011 (caso: Francisco Torres contra CADAFE), sobre el término de prescripción de la acción para exigir el derecho a la jubilación. Sostiene que de haberse aplicado el criterio señalado, la sentencia recurrida habría declarado sin lugar la pretensión de los demandantes, pues en todos los casos habrían transcurrido holgadamente los tres (3) años establecidos en la Ley, desde la fecha de finalización de cada una de las relaciones de trabajo, a la fecha en la que se introdujo la demanda.

 

Al respecto cabe señalar, que el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece:

 

Artículo 177. Los Jueces de instancia deberán acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos, para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia.

 

Dicha norma fue desaplicada, con carácter vinculante para todos los tribunales de la República, y para las demás Salas de este Tribunal Supremo de Justicia, por la Sala Constitucional en sentencia N° 1380 del 29 de octubre de 2009 (caso: José Martín Medina López), publicado en Gaceta Oficial N° 39.346, de fecha 14 de enero de 2010, en cuya oportunidad resolvió que las únicas decisiones vinculantes eran las dictadas por dicha Sala en interpretación de las normas y principios contenidos en la Constitución y en resguardo de la seguridad jurídica y del principio de confianza legítima.

 

En vista de lo anterior, se declara improcedente la presente denuncia.

 

II

De conformidad con lo establecido en el artículo 168, numeral 2, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la recurrente denuncia el vicio de infracción de Ley, por falta de aplicación del artículo 1.980 del Código Civil.

 

Alega que la sentencia recurrida no aplicó el término de prescripción de tres (3) años previsto en el artículo 1.980 del Código Civil, aplicable para demandar el derecho de jubilación según lo resuelto por esta Sala de Casación Social. Sostiene que de haberse aplicado dicha norma, la alzada habría declarado sin lugar la demanda, toda vez que desde la fecha de finalización de cada una de las relaciones laborales, hasta la fecha de interposición de la demanda, habrían transcurrido los siguientes períodos: 14 años (Heredis Del Carmen Escalona Gómez); 13 años (Pedro Elías Torres Crespo); 16 años (Mario De La Paz Santana); 23 años (Pablo Segundo Barreto Abarca); 16 años (Senón Antonio Durán Pérez); 13 años (Cruz Rafael Barreto); 12 años (Sagdiel David Dorantes), 12 años (Rafael José Pimentel); 10 años (Omar David Hurtado Rivas); 14 años (Milton Alirio Guerrero Maduro); 13 años (Alexis José Lugo Gutiérrez); 12 años (Avilio Antonio Lameda Gómez), 10 años (Iván José López Chacón); 10 años (Ramón Heriberto López Suárez), 12 años (Jesús Alberto Rivas), 12 años (Rogelio Ramón Mora), 16 años (Jesús María Arias Tua), 10 años (Bladimir Ramón Vásquez), 12 años (Jorge Luis López); y 14 años (Cruz María Castillo Álvarez).

 

Con respecto al vicio de infracción de Ley por falta de aplicación de norma jurídica, cabe precisar que éste tiene lugar cuando el sentenciador niega aplicación a un imperativo legal vigente, y que es aplicable a los efectos de resolver el caso en cuestión. En la presente delación se denuncia como infringida la norma contenida en el artículo 1.980 del Código Civil, que establece:

 

Artículo 1.980.- Se prescribe por tres años la obligación de pagar los atrasos del precio de los arrendamientos, de los intereses de las cantidades que los devenguen, y en general, de todo cuanto deba pagarse por años o por plazos periódicos más cortos.

 

En el presente caso, la alzada resolvió que los demandantes prestaron servicios para el ejecutivo regional durante al menos diez años, y que conforme a lo establecido en la Convención Colectiva del Trabajo aplicable, al cumplirse dicha condición era procedente el beneficio de jubilación reclamado. Es por ello que acordó otorgar la jubilación, así como el pago de las pensiones correspondientes, sobre la base de los siguientes porcentajes:

 

Heredis Del Carmen Escalona Gómez: 62%; Pedro Elías Torres Crespo: 56%; Mario De La Paz Santana: 62%; Pablo Segundo Barreto Abarca: 74%; Senón Antonio Durán Pérez: 68%; Cruz Rafael Barreto: 59%; Sagdiel David Dorante: 56%; Rafael José Pimentel: 56%; Omar David Hurtado Rivas: 50%; Milton Alirio Guerrero Maduro: 62%; Alexis José Lugo Gutiérrez: 59%; Avilio Antonio Lameda Gómez: 56%; Iván José López Chacón: 50%; Ramón Heriberto López Suárez: 50%; Jesús Alberto Rivas: 56%; Rogelio Ramón Mora: 56%; Jesús María Arias Tua: 68%; Bladimir Ramón Vásquez: 50%; Jorge Luís López: 56%; y Cruz María Castillo Álvarez: 62%. 

 

Ahora bien, tomando en consideración, que la parte demandada no habría interpuesto oportunamente la defensa de prescripción de la acción, se dan por reproducidos los razonamientos señalados por esta Sala al resolver la primera delación del recurso, por lo que se sugiere desestimar la presente denuncia.

 

 

 

III

Con fundamento en el artículo 168, numeral 2, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el formalizante denuncia el vicio de falta de aplicación de los artículos 288 y 297 del Código de Procedimiento Civil.

 

Refiere que en el fallo recurrido se estableció que la parte demandada no había apelado de la sentencia de primera instancia, y por tanto, estaba conforme con la desestimación de la defensa de prescripción opuesta, sin embargo, no tomó en consideración que uno de los requisitos de admisibilidad del recurso de apelación, es que la sentencia le haya producido un gravamen a la parte recurrente. En ese sentido sostiene que al haberse declarado sin lugar la demanda, dicho fallo no revestía gravamen alguno para la parte demandada, por lo que no estaba legitimada para interponer el recurso de apelación.

 

Aduce que el Juez de la recurrida estaba facultado para revisar completamente la causa “puesto que el principio de reforma en peyorativo es aplicable sólo al supuesto en que la demanda haya sido parcialmente con lugar y alguna de las partes no apela, consintiendo el gravamen que sufre con dicho fallo”.  

 

Las normas que se denuncian como infringidas regulan lo relativo al ejercicio del recurso de apelación y la legitimidad para su interposición. Dichos artículos disponen:

 

Artículo 288. De toda sentencia definitiva dictada en primera instancia se de apelación, salvo disposición especial en contrario.

 

Artículo 297. No podrá apelar de ninguna providencia o sentencia la parte a quien en ella se hubiere concedido todo cuanto hubiere pedido; pero, fuera de este caso, tendrán derecho de apelar de la sentencia definitiva, no sólo las partes, sino todo aquel que, por tener interés inmediato en lo que sea objeto o materia del juicio, resulte perjudicado por la decisión, bien porque pueda hacerse ejecutoría contra él mismo haga negatorio su derecho, lo menoscabe o desmejore.

 

El Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, declaró sin lugar la demanda, por considerar que los demandantes no acreditaron en autos el régimen jurídico aplicable. Contra dicho fallo, la parte demandada no ejerció recurso alguno, en vista de que lo allí resuelto favorecía su pretensión procesal, y al no causársele gravamen alguno, no estaba facultada para ejercer recurso alguno, por lo que no sería correcta la apreciación de la alzada al señalar que la parte demandada ha debido recurrir para exigir que se decretara la prescripción de la acción, cuando la pretensión principal de la parte actora fue desechada.

 

No obstante, se reitera que la defensa de prescripción de la acción resultaría extemporánea, por lo que se dan por reproducidos los razonamientos señalados en la primera delación del recurso, a los fines de confirmar el fallo recurrido.

 

Se sugiere declara improcedente la presente denuncia, y en consecuencia, deberá declararse sin lugar el recurso de casación.

 

DECISIÓN

 

En mérito de las consideraciones que anteceden, esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Especial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por la representación judicial de la Gobernación del estado Lara; contra la sentencia publicada el 5 de abril de 2011 por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara; SEGUNDO: CONFIRMA el fallo recurrido.

 

Se condena en costas a la parte recurrente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines legales consiguientes. Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen, ya identificado.

 

La Presidenta de la Sala y Ponente,

 

 

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CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

La Magistrada,

 

 

_________________________________

MÓNICA MAYLEN CHÁVEZ PÉREZ

Magistrada,

 

 

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BETTYS DEL VALLE LUNA AGUILERA

 

Secretario,

 

 

____________________________

MARCOS ENRIQUE PAREDES

 

R.C. Nº AA60-S-2011-000937

Nota: Publicada en su fecha a

El Secretario,

 

 

 

 

 

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