Sentencia N.º 1219
- Sentencia
- N.º 1219
- Fecha
- 19/05/2003
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 02-0670
- Ponente
- Antonio García García
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
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SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA
El 21 de marzo de 2002 fue recibido en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, proveniente del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y con Competencia Transitoria de Protección del Niño y del Adolescente del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, el oficio N° 125/2002 del 13 de marzo del 2002, por el cual se remitió el expediente N° 1423 (nomenclatura de ese Tribunal), contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta el 6 de marzo de 2002, por el ciudadano ALFREDO ZARAZA ESCALONA, titular de la cédula de identidad N° 3.527.209, asistido por el abogado Francisco Franco Pérez, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 14.058, contra la sentencia dictada el 12 de febrero de 2001 por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa.
Dicha remisión obedece a la consulta de Ley a la que se encuentra sometida la sentencia dictada el 7 de marzo de 2002 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y con Competencia Transitoria de Protección del Niño y del Adolescente del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta.
En esa misma oportunidad se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Antonio J. García García, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio individual del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN
El accionante refirió, con el propósito de fundamentar su acción, que dentro de la sustanciación correspondiente a la experticia complementaria del fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en la causa seguida en su contra y en contra de sus hermanos Pedro y Luis Zaraza Escalona, el Tribunal decidió negativamente el reclamo que oportunamente interpuso el 12 de febrero de 2001, en el cual había solicitado el nombramiento de dos (2) peritos a su elección para resolver definitivamente la estimación del monto de dinero expresado en dicha experticia, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.
A tal efecto, indicó que el 12 de febrero de 2001, el Juzgado accionado dictó la sentencia impugnada, al abstenerse de aplicar la norma legal prevista en el referido artículo, violándole con ello los derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa, toda vez que la petición que realizó para que se hiciera la revisión de la experticia era un acto de reclamo y no el de impugnación como lo indicaba la sentencia, de allí que resultaba un contrasentido la aplicación tácita que realizó el Juzgado accionado, al señalar que daba por convalidada la experticia, aduciendo que el apoderado judicial de los demandados no impugnó en la primera oportunidad en que actuaba en el proceso, después de la presentación de la misma, ya que por una parte la experticia no es impugnable y en todo caso de haber sido efectuada la misma resultaría inútil, y más aun cuando ... absolutamente nadie, y menos el Tribunal; puede decidir hacer cumplir lo que la Ley no ordena; todo lo anterior sin perjuicio de que el acto atacado, en el orden de ideas que quedó expuesto, no fue la experticia en si misma, sino en su resultado....
En tal sentido, adujo que tal omisión impedía que el tribunal le nombrara dos (2) expertos que lograran determinar si era justo o no el reclamo, ya que en su criterio eran ellos los únicos que estaban facultados para fijar definitivamente la estimación, con relación a la cantidad de dinero a cuyo pago se le condenaba, estimación esta de la cual tenía derecho a apelar, obviamente sólo a posteriori de la presentación del dictamen y siempre y cuando no estuviese de acuerdo con lo determinado.
Finalmente solicitó, se declarase con lugar la acción de amparo constitucional, y se acordase una medida cautelar que suspendiera los efectos de la sentencia dictada el 12 de febrero de 2001 por el Juzgado Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa; y, asimismo, se restituyese la situación jurídica infringida ordenándosele al Juzgado accionado aplique el contenido del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.
II
DE LA SENTENCIA CONSULTADA
Mediante sentencia del 7 de marzo de 2002, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y con Competencia Transitoria de Protección del Niño y del Adolescente del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta contra la sentencia dictada el 12 de febrero de 2001 por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, teniendo como fundamento para ello lo siguiente:
Señaló el referido órgano jurisdiccional que en materia procesal el legislador ha creado lapsos procesales para que se lleven a cabo actuaciones procedimentales, considerando que esos son los aptos para que se realicen las mismas, lo que incluye las sentencias a dictarse en las causas, por lo que al dictarse una sentencia definitiva o interlocutoria apelable, si de ella resultase que se infringe algún derecho o garantía constitucional, no puede pensarse que la situación pueda ser reparada de inmediato, si se apela y la Alzada decide dentro de los términos para ello.
En efecto, el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, establece que contra las sentencias interlocutorias se admitirán apelaciones solamente cuando produzcan gravamen irreparable, porque se trata de sentencias proferidas a lo largo del proceso cuya finalidad es decidir sobre incidencias planteadas por las partes, y así el artículo 291 eiusdem establece que ... cuando oída la apelación, ésta no fuere decidida antes de la sentencia definitiva a la cual se acumulará aquella, siendo en consecuencia, que son interlocutorias que producen gravamen irreparables, aquellas que la sentencia definitiva no puede reparar o hacer desaparecer dicho gravamen, por lo cual contra ellas procede el recurso ordinario de apelación....
En tal sentido manifestó que de conformidad con la jurisprudencia vigente del Tribunal Supremo de Justicia, la acción de amparo operaba siempre y cuando los medios judiciales ordinarios hubiesen sido agotados, y que los tribunales deben en todo caso revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, dado que de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción y visto que en el caso de autos el amparo fue ejercido contra una sentencia interlocutoria dictada el 12 de febrero de 2001, notificada mediante carteles según el accionante y cuyo lapso de notificación venció el 25 de septiembre de 2001, no habiendo indicado el accionante que agotó contra ella el recurso ordinario de apelación, que era la vía idónea y eficaz prevista por el legislador para obtener la tutela judicial deseada, resultaba inadmisible la acción de amparo de conformidad con lo establecido en el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a esta Sala pronunciarse previamente acerca de su competencia para conocer de la presente consulta, y al respecto, observa que la decisión consultada fue dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y con Competencia Transitoria de Protección del Niño y del Adolescente del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, el 7 de marzo de 2002, razón por la cual, esta Sala, en virtud del criterio sentado en sentencia del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán), resulta competente para conocer de la misma. Así se decide.
Precisado lo anterior, esta Sala pasa a pronunciarse acerca del mérito del asunto. Al respecto, observa que en el caso de autos la acción de amparo fue ejercida contra la sentencia dictada el 12 de febrero de 2001 por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, que declaró que no constaba que al abogado Teodardo Amaya le hubiese sido revocado el poder, por lo que debía continuar ejerciendo la representación de los ciudadanos Alfredo Zaraza Escalona, Pedro Zaraza Escalona y Luis Zaraza, y en consecuencia, negó la solicitud de aplicar el contenido del artículo 249 (parte in fine) del Código de Procedimiento Civil, convalidando de esa manera la experticia realizada, toda vez que la misma no fue impugnada en su primera oportunidad.
Dicho amparo se fundamentó en la supuesta violación de los derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa, establecidos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, configuradas, según el accionante, cuando el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, se abstuvo de aplicar la norma legal prevista en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, a los efectos del reclamo que él había formulado, es decir, se le privó de su derecho a que se le nombraran dos (2) expertos para que determinaran si era exagerada o no la cantidad de dinero, a cuyo pago se le condenaba, aplicando tácitamente lo establecido en el artículo 213 eiusdem, convalidando la experticia, al señalar que su apoderado judicial no la impugnó en la primera oportunidad en la que actuaba en el proceso.
Por su parte la sentencia consultada dictada el 7 de marzo de 2002, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y con Competencia Transitoria de Protección del Niño y del Adolescente del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, declaró inadmisible la acción de amparo constitucional, al considerar que el accionante no había agotado previamente el recurso ordinario de apelación, que era la vía idónea y eficaz prevista por el legislador para pedir la revisión por el tribunal de alzada y la posible nulidad de una sentencia interlocutoria que causara un gravamen irreparable.
En tal sentido, estima esta Sala oportuno referir que la acción de amparo constitucional es un medio judicial breve y expedito, a través del cual se protegen los derechos fundamentales que la Constitución reconoce. Ahora bien, cuando se puede acudir a la vía procesal ordinaria, sin que la lesión a la situación jurídica se haga irreparable, es precisamente el trámite o el medio procesal ordinario, el instrumento para reparar la lesión y no la acción de amparo y, por tanto, no habría posibilidad de interponer la acción de amparo si estuviese prevista otra acción o un recurso para dilucidar la misma cuestión y lograr el restablecimiento inmediato de la situación violentada.
En tal sentido la Sala ha establecido en sentencia Nº 1496/2001, lo siguiente:
(...) es criterio de esta Sala, tejido al hilo de los razonamientos precedentes, que la acción de amparo constitucional opera bajo las siguientes condiciones:
a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha:
(...)
La disposición del literal a), es bueno insistir, apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano; por lo que, en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrar analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías procesales ordinarias les impone el deber de conservar y restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que bastaría con señalar que la vía existe y que su agotamiento previo es un presupuesto procesal a la admisión de la acción de amparo.
La exigencia del agotamiento de los recursos a que se refiere el aludido literal a), no tiene el sentido de que se interponga cualquier recurso imaginable, sino sólo los que permitan reparar adecuadamente lesiones de derechos fundamentales que se denuncian. No se obliga pues a utilizar en cada caso todos los medios de impugnación que puedan estar previstos en el ordenamiento procesal, sino tan sólo aquellos normales que, de manera clara, se manifiesten ejercitables y razonablemente exigibles (subrayado de este fallo).
El criterio anterior fue ratificado por esta Sala en sentencia Nº 2369/2001, en la cual se indicó que: [a]hora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente....
Ello así, y tal como se evidencia de las actas procesales, le correspondía al accionante en amparo recurrir a la vía judicial preexistente para solventar la situación jurídica infringida, como lo era el recurso de apelación de conformidad con lo establecido en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, pues es éste mecanismo procesal, y no otro, el medio idóneo para tutelar los derechos constitucionales que el accionante alegó como infringido, toda vez que la acción de amparo fue interpuesta contra la sentencia interlocutoria que negó la aplicación del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil a los efectos del reclamo formulado por el accionante, y en la cual se había convalidado la experticia complementaria realizada al no haber sido impugnada por el apoderado judicial de los demandados en la primera oportunidad en la que actuó en el proceso, de allí que la acción de amparo resulte inadmisible, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 numeral 5 del de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.
En virtud de lo expuesto resulta forzoso para esta Sala confirmar la decisión dictada el 7 de marzo de 2002, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y con Competencia Transitoria de Protección del Niño y del Adolescente del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, que declaró inadmisible la acción interpuesta. Así se decide.
IV
DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley: CONFIRMA la sentencia dictada el 7 de marzo de 2002 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y con Competencia Transitoria de Protección del Niño y del Adolescente del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Alfredo Zaraza Escalona, asistido por el abogado Francisco Franco Pérez, contra la sentencia dictada el 12 de febrero de 2001 por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de origen.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 19 días del mes de mayo de dos mil tres (2003). Años: 193º de la Independencia y 144º de la Federación.
El Presidente,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
JOSÉ M. DELGADO OCANDO ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA
Ponente
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. 02-0670
AGG/tg
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