Sentencia N.º 1220
- Sentencia
- N.º 1220
- Fecha
- 14/08/2012
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 12-0204
- Ponente
- Francisco Antonio Carrasquero López
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
El 30 de enero de 2012, se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el oficio nro. 029-2012, del 25 de enero de 2012, librado por la sala nro. 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual remitió el expediente nro. 3821-11 (de la numeración de esa Sala) contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta, conjuntamente con solicitud de medida cautelar, el 14 de diciembre de 2011, por el abogado WILMER GIL JAIME, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nro. 43.752, actuando en su condición de defensor privado del ciudadano LUIS SALVADOR VELÁSQUEZ ROSAS, titular de la cédula de identidad nro. 14.133.474, en primer lugar, contra la decisión dictada, el 12 de diciembre de 2011, por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en Función de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, mediante la cual negó la solicitud de sustitución de medida efectuada por la defensa de dicho ciudadano, y en consecuencia, mantuvo la medida de privación judicial preventiva de libertad decretada contra aquél, y en segundo lugar, contra varios fiscales del Ministerio Público (no se indica cuáles), todo ello con ocasión del proceso penal que se le sigue por los delitos de peculado doloso propio, malversación específica por evasión de procedimientos licitatorios, concierto de funcionario público con contratista, tráfico ilícito de materiales estratégicos y asociación para delinquir, previstos y sancionados en los artículos 52, 58 y 70 de la Ley Contra la Corrupción, y en los artículos 3 y 6 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada vigente para el momento de comisión de los hechos, respectivamente.
Tal remisión obedece al recurso de apelación ejercido, el 23 de enero de 2012, por el abogado Wilmer Gil Jaime, actuando en su carácter de defensor privado del ciudadano Luis Salvador Velásquez Rosas, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, contra la decisión dictada, el 12 de enero de 2012, por la Sala nro. 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró improcedente in limine litis la acción de amparo propuesta.
El 13 de febrero de 2012, se dio cuenta en Sala del presente expediente, y se designó ponente al Magistrado doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, quien, con tal carácter, suscribe la presente decisión.
El 5 de marzo de 2012, compareció ante la Secretaría de esta Sala Constitucional el abogado Wilmer Gil Jaime, actuando en su carácter de defensor privado del ciudadano Luis Salvador Velásquez Rosas, a fin de consignar en autos el escrito contentivo de los fundamentos del recurso de apelación.
El 12 de julio de 2012, compareció ante la Secretaría de esta Sala Constitucional el abogado Wilmer Gil Jaime, actuando en su carácter de defensor privado del ciudadano Luis Salvador Velásquez Rosas, a fin de consignar en autos una (1) diligencia, en la cual solicitó a esta Sala que emitiera un pronunciamiento respecto al presente recurso de apelación.
Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO
Del escrito contentivo de la acción de amparo se desprenden los siguientes argumentos:
Afirmó la parte actora que el día 5 de diciembre de 2011 presentamos por ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (Tribunal de la Causa), escrito en el que denunciamos las lesiones a los derechos constitucionales de nuestro defendido que se están produciendo en la tramitación de la causa que cursa en el expediente N° 10C-16043-11, solicitando formalmente del tribunal restablecer el orden jurídico infringido mediante el otorgamiento de una medida cautelar sustitutiva de la libertad de las previstas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, que constituye en este caso el medio procesal ordinario que previo al planteamiento de una acción de amparo debería ser agotado cuando la lesión a los derechos y garantías constitucionales se produce en el curso de un proceso por parte de los sujetos que integran la relación jurídico procesal, conforme lo señalado por la doctrina vinculante de la Sala Constitucional.
En este sentido, indicó que El día miércoles 8 de junio del año 2011 nuestro defendido se presentó voluntariamente por ante la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) atendiendo un llamado que le efectuara ese organismo en relación con una investigación que hasta ese momento desconocía, quedando detenido e incomunicado con sus familiares y abogados desde ese día hasta el día sábado 11 de ese mismo mes y año, cuando fue por segunda vez presentado ante el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar con sede en la Ciudad de Puerto Ordaz, quien el día 8 había dictado una medida de aprensión (sic), en donde fue presentado para interrumpir [el] lapso legal de cuarenta y ocho horas previsto en el Código Orgánico Procesal Penal, que obligaba a ponerlo inmediatamente en libertad, produciéndose de esta manera una (sic) atentado a los derechos consagrado (sic) en el artículo 46 y 49 del texto Constitucional, teniendo sus familiares total desconocimiento del lugar en donde se encontraba, pues fue trasladado el día viernes de la Ciudad (sic) de Caracas a la Ciudad (sic) de Puerto Ordaz, regresando ese mismo día a la Ciudad (sic) de Caracas y al día siguiente nuevamente trasladado a la Ciudad de Puerto Ordaz, para ser presentado en la audiencia de presentación.
Adujo que El día sábado 11 de junio de 2011 en la oportunidad de llevarse a cabo la audiencia de presentación, los Fiscales Vigésimo Sexto y Trigésimo del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, le precalificaron e impusieron de los delitos de Concierto de Funcionario Público con Contratista; Peculado Doloso Propio; Malversación Específica por Evasión de Procedimientos Licitatorios, Tráfico Ilícito de Material Estratégico y Asociación para Delinquir, la cual fue aceptada pro (sic) el Tribunal, negándosele el derecho de ser juzgado en libertad que se encuentra constitucionalmente consagrado en nuestro ordenamiento jurídico positivo.
Que El día lunes 13, martes 14, miércoles 15, jueves 16 de junio de 2011, nos trasladamos los abogados al Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar con sede en la Ciudad de Puerto Ordaz a revisar el expediente para ejercer el recurso de apelación en contra de la decisión dictada en la audiencia de presentación, sin que se nos permitiera tener acceso al expediente, por cuanto, según lo señalado en el Tribunal, el Juez estaba fundamentado (sic) la medida de privación de libertad.
Que El día viernes 17 de junio de 2011, nos enteramos que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia en decisión N° 257 dictada en el Expediente N° 11-0218, con ponencia de la Magistrado Ninoska Beatriz (sic) declaró con lugar la solicitud de radicación que fuera presentada el día 14 de junio de 2011 por los Fiscales del Ministerio Público, decisión que fue dictada con el voto salvado de la magistrado Blanca Rosa Mármol de León, quien consideró que una radicación en la Ciudad (sic) de Caracas, traería como consecuencia una obstaculización evidente en la Administración de Justicia en el presente caso, que ha sido lo que en este caso ha ocurrido.
Que A partir de esa (sic) momento perdimos el rastro del expediente, informándonos posteriormente que luego de haberse cumplido los trámites de distribución, el mismo le fue asignado al conocimiento del Juzgado Décimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, quedando impedidos de ejercer el recurso de apelación de esa sentencia al vernos impedido tener acceso al expediente.
Que Estando el expediente el Juzgado Décimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de manera insólita se acumularon las causas de otros imputados que no guardan ninguna relación directa con los hechos y delitos imputados a nuestro defendido, que han afectado y retrasado dramáticamente el normal desenvolvimiento de la trama procesal, en virtud de los recursos que han ejercido estos imputados que han motivado en varias oportunidades la subida del expediente a las Cortes de Apelaciones. Tan es cierta esta aseveración, que una vez presentada la acusación en contra de nuestro defendido, tuvimos que esperar más de tres (03) semanas para tener acceso y realizar solicitudes en el expediente, que en ese momento se encontraba en el Juzgado Superior.
Que Las apelaciones ejercidas por el resto de los imputados, retrasaron considerablemente la fijación de la audiencia preliminar, que nuestros (sic) representado estaba esperando para oponer las excepciones a los delitos que le fueron imputados, y solicitar una medida cautelar sustitutiva de libertad, plenamente convencido que de este proceso resultará finalmente absuelto, la cual fue fijada para el día 5 de septiembre de 2011.
Que En virtud de haberse producido un decreto de recesión judicial, el día 5 de septiembre no se llevó a cabo la audiencia preliminar, quedando diferida en espera de una nueva fijación, que tuvo lugar a mediados (sic) del mes de octubre, para el día 28 de noviembre de 2011, oportunidad que fue pacientemente esperada por nuestro defendido para solicitar nuevamente la medida cautelar sustitutiva de libertad, y ejercer sus derechos da (sic) la defensa en relación con los delitos imputados, a través de los mecanismos procesales para esa etapa procesal.
Que A solicitud presentada por el Ministerio Público, la audiencia fijada para el día 28 de noviembre de 2011, fue diferida siendo nuevamente fijada para el día 15 de diciembre de 2011, sin que exista ninguna certeza de que esa audiencia se pueda celebrar en esa oportunidad, por cuanto se encuentra latente la posibilidad de que se pueda producir un nuevo diferimiento, si así lo decidiese el Ministerio Público.
Que En el escrito de excepciones que fuera presentada (sic) a este Tribunal, así como en las pruebas que han sido aportadas al expediente, queda patentemente demostrado que es imposible individualizar responsabilidad alguna a nuestro representado por los delitos relacionados con el cargo de Gerente de Comercialización de la empresa SIDERURGICA DEL ORINOCO, C.A., que además de corresponder a decisiones tomadas por varios órganos de esta empresa, algunos de ellos estaban integrados por varios funcionarios a quienes no se les atribuye ningún tipo de responsabilidad. Es decir, que de más de diecisiete (17) personas que intervenían en las decisiones de comercialización de la cabilla, hay una sola detenida, lo cual constituye la violación del derecho a la igualdad y no discriminación que nuestro constituyente de manera expresa repudia en el artículo 21 del texto Constitucional.
Que Entre el día 16 al 18 de noviembre de 2011, los Fiscales del Ministerio Público realizan unas nuevas imputaciones a otros miembros de la Junta de Transición de la empresa ORINOCO IRON, C.A., que tenían el mismo cargo y consecuencialmente la mismas responsabilidades que podría tener nuestro defendido, respetándoles el derecho a ser juzgados en libertad, que le fuera negado a nuestro defendido, lo cual constituye una flagrante violación al derecho de igualdad y no discriminación.
Asimismo, denunció que en la tramitación del proceso se lesionaron las garantías del debido proceso prevista en el artículo 49 del texto Constitucional, por haberse negado el derecho de ser juzgado en libertad; por las circunstancias en que se produce la decisión de radicación del juicio; por los obstáculos que se han tenido para acceder al expediente en oportunidades cruciales del proceso; por haberse acumulado causas que no están directamente vinculadas o relacionadas con el cargo ocupado por nuestro defendido como Gerente de Comercialización de la empresa SIDOR, así como por las demoras y sucesivos diferimientos que están ocurriendo en la celebración de la audiencia de preliminar, señalando que la efectiva celebración de esa audiencia quedaba a criterio de los Fiscales o de circunstancias impredecibles, como resulta que uno cualquier de los imputados o sus defensores no se presenten a la audiencia, siendo esta una amenaza cierta, posible y realizable, como a la postre efectivamente ocurrió.
Igualmente, denunció la violación de la garantía del derecho de igualdad y no discriminación, previsto en el artículo 21 del texto Constitucional, por cuanto el Ministerio Público [en] situaciones similares han sido resueltas de manera diferente en perjuicio de nuestro representado, específicamente en el ejercicio de los cargos de Gerente de Comercialización de la empresa SIDOR, así como de miembro de Junta de Transición de la empresa ORINOCO IRON, C.A., ya que funcionarios que estaban en la misma situación ni siquiera fueron imputados, en tanto que otros lo fueron, pero se les concedió el derecho de ser procesados en libertad.
Que el día 12 de diciembre de 2011 el Tribunal de la causa dicta un auto en el cual niega la medida solicitada, produciéndose con ello el supuesto el (sic) previsto en la Sentencia N° 2278, quedando con ello habilitados para solicitar el restablecimiento del orden jurídico lesionado a través del mecanismo extraordinario de la acción de amparo constitucional que este (sic) oportunidad nos permitimos ejercer.
Que En el escrito presentado al juzgado a quo el día 5 de diciembre de 2011, se le solicitó al Juez restablecer el orden jurídico lesionado a través del otorgamiento de una medida cautelar sustitutiva de las previstas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, como quedó visto, no fue en ningún momento atendido por aquel Tribunal, con lo cual se produjo el supuesto procesal previsto en la doctrina vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que nos habilita para el planteamiento de una acción de amparo constitucional, de las previstas en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que en esta oportunidad nos permitimos ejercer.
En este orden de ideas, denunció, en primer lugar, la violación del debido proceso, señalando al respecto que En el Capítulo i denunciamos las irregularidades que se han producido en este proceso en perjuicio de nuestro defendido, siendo relevante destacar en esta oportunidad el referido a la indebida acumulación de causas que se ha producido con el caso de la denominada mafia de la cabilla, en la que no existe ningún hecho o elemento que vincule a nuestro representado con el resto de los imputados en este proceso, a quienes ni siquiera conocía y no tenía ningún tipo de relación, ni personal, ni familiar, ni comercial y de ninguna naturaleza. Pues bien, esa acumulación indebida se ha convertido en un obstáculo para el normal desenvolvimiento de la trama procesal, por cuanto ha generado reiteradas demoras en el proceso, específicamente en lo que a la fijación de la audiencia se refiere.
Que la falta de pronunciamiento del Juez de la causa de restablecer el orden jurídico lesionado en los términos que le fuera solicitado en el escrito presentado el día 5 de diciembre de 2011, constituye por sí sola, una lesión a la garantía constitucional del debido proceso y de la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 26 y 49 del texto Constitucional.
En segundo lugar, denunció la vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación, alegando para ello que en esta causa no sólo se ha producido la violación de la garantía del debido proceso de nuestro defendido, se ha producido una flagrante violación del derecho a la igualdad y no discriminación previsto en el artículo 21 del texto Constitucional, desde que el Ministerio Público ha (sic) situaciones iguales le ha aplicados (sic) medidas y consecuencias diferentes.
Que los delitos que tienen relación con el cargo de Gerente de Comercialización de la empresa SIDOR, la responsabilidad de nuestro representado en el supuesto negado ya además imposible que la pudiera llegar a tener, comprometería además la de más de diecisiete funcionarios que ocupaban cargos que tenían que intervenir en las decisiones relacionadas con la comercialización de la cabilla, a quienes no se les ha efectuado ninguna imputación y han sido extrañados de este proceso.
Que en el cargo de miembro de la Junta de Transición de la empresa ORINOCO IRON, C.A., se produce igualmente una flagrante lesión al derecho de igualdad y no discriminación, ya que las nuevas imputaciones que se realizaron a otros miembros de esta junta, se les deja en libertad, en tanto que a nuestro defendido se les mantiene detenido por un lapso de más de seis (06) meses.
Que Tan es cierto esta aseveración, que la situación de nuestro representada (sic) no es la misma (sic) que la del resto de las personas que se encuentra (sic) detenidas por hechos relacionados con la comercialización de la cabilla en el mercado secundario; es decir, después de que las mismas salían de la empresa SIDOR. Si a nuestro defendido tuviera que realizársele alguna imputación por responsabilidad incurrida en el ejercicio del cargo de Gerente de Comercialización de la empresa SIDOR, tendrían en este caso que estar detenidos e imputados más de diecisiete (17) personas que intervenían y formaban parte de los órganos quienes les correspondía tomar las decisiones, lo cual no es el caso, siendo este un hecho que por sí solo revela a la infracción del derecho de igualdad y no discriminación.
Que en el caso de la empresa ORINOCO IRON la situación es más patética, ya que esa empresa estaba siendo dirigida por una Junta de Transición, de la cual formaba parte nuestro defendido así como otras (sic) miembros que igualmente han sido imputados, con la variante que a ellos sí se les permite ser juzgado en libertad, en tanto que a nuestro defendido se le ha negado este derecho.
Que No queda en este caso ninguna duda que se produce una lesión al derecho a la igualdad y no discriminación por la arbitrariedad de criterio del Ministerio Público en relación con las personas que en el caso SIDOR deberían estar igualmente comprendidos dentro de la investigación, en el caso de ORINOCO IRON, por los que se encuentran imputados.
En tercer lugar, denunció la vulneración del principio de la seguridad jurídica, afirmando al respecto que La seguridad jurídica es un principio del Derecho reconocido universalmente que se entiende y se base en la certeza del derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como de su aplicación. El fundamento básico para que haya seguridad jurídica es que exista una suma de certeza en todas las actuaciones de los distintos órganos que integran los poderes del Estado, siendo este un principio que en ámbito procesal no sólo se reduce a la inmutabilidad de las decisiones (cosa juzgada), la audiencia y exacta aplicación de la ley y la legalidad, sino además las cuatro garantías fundamentales que se despliegan en del (sic) proceso penal: 1) Que la privación de la libertad se realice mediante juicio que concluya con una resolución que dirima la controversia; 2) Que el juicio sea seguido ante Tribunales preestablecidos; 3) Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento para garantizar el derecho a la defensa; 4) Que la privación de la libertad se realice conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
Que La certeza en la oportunidad en que se ha de celebrar un determinado acto procesal es la esencia de que el encausado pueda ejercer cabalmente su derecho a la defensa. En este caso, no existe ninguna certeza de la oportunidad en que se ha de celebrar la audiencia preliminar, que constituye el acto trascendental de esta fase del proceso para la defensa de los imputados. Durante más de seis (06) meses nuestro defendido espera la celebración de este acto, y hasta la fecha ha tenido que conformarse con ver como el mismo se difiere de manera sucesiva, sin que en estos momento (sic) tenga ninguna certeza de la oportunidad en que finalmente se llegará a celebrar, ya que depende de la discrecionalidad de los Fiscales del Ministerio Público y del mismo Juez de Control, quienes asumen que tienen la potestad de diferirlo sin ninguna limitación en razones y tiempo.
Que tanto por la desigualdad y discriminación con que han venido actuando los Fiscales del Ministerio Público en este proceso, en perjuicio de nuestro representado, o dicho de otra manera, ante la falta de objetividad en la aplicación de la Ley, así como por la falta de certeza y las dilaciones procesales en que se ha venido incurriendo, el principio fundamental de seguridad jurídica se encuentra indiscutiblemente comprometido, quedando por ende nuestro defendido desvalido de sus garantías procesales fundamentales.
Por otra parte, en cuanto al acto lesivo, indicó que En los hechos relacionados en el Capítulo I que sirvieron de fundamento a la solicitud de medida cautelar sustitutiva de libertad solicitada al Juez de la causa, señalamos que las actuaciones que se desarrollaron en la fase de investigación produjeron la lesión a la garantía del debido proceso de nuestro defendido, específicamente por la actuaciones realizadas por los Fiscales del Ministerio Público, quienes además de haber realizado una acumulación indebida de las causas que se le siguen a los diferentes imputados en este proceso; de haber diferido la fijación de las audiencias demorando indefinidamente la celebración de la audiencia preliminar, han actuado arbitrariamente al no tener uniformidad de criterios en relación con las personas que han debido estar comprometidas en la investigación en el caso SIDOR, y las que han sido imputadas en el caso de ORINOCO IRON, siendo en consecuencia los Fiscales del Ministerio Público que intervinieron en este proceso, los causantes de las lesiones a los derechos constitucionales de nuestro defendido. Sin embargo, al haberle solicitado al Juez de la causa el otorgamiento de una medida cautelar sustitutiva de libertad de las previstas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, como instrumento procesal ordinario eficaz para el restablecimiento de las lesiones a los derechos denunciados como lesionados, y haber desatendido esta solicitud tanto por no haber emitido un pronunciamiento expreso, positivo y preciso, así como por haberse concretado el supuesto de amenaza agravada de lesión por sucesivos diferimientos de la audiencia preliminar, el acto lesivo se ha desplazado desde los Fiscales al Juez de la causa, sin que por ello se altere el mecanismo de restablecimiento de lesión, que es precisamente el otorgamiento de una medida cautelar sustitutiva de libertad.
Que aún cuando la acción de amparo se ejerce en contra de la sentencia que niega el otorgamiento de la medida cautelar, cumplimos con la formalidad de señalar que el agraviante quien produce la lesión es el Juzgado Décimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Área (sic) Metropolitana de Caracas.
Que mención especial merece la causal de haber hecho uso de un recurso paralelo o de haber recurrido a las vías judiciales preexistentes, que no está planteada en este caso, más allá de que el día 22 de diciembre de 2011, en la oportunidad que ha sido fijada se celebre la audiencia y se le otorgue a nuestro defendido la medida cautelar sustitutiva de libertad, siendo importante señalar que hasta tanto ello no ocurra la lesión a los derechos se mantiene presente, por cuanto el Tribunal puede pronunciarse sobre la solicitud de otorgamiento de la medida cautelar sin necesidad de esperar a que se celebre la audiencia. En consecuencia, si durante el trámite de la acción de amparo por ante la Corte de Apelación, se le llega a otorgar a nuestro defendido la medida sustitutiva de libertad, es evidente que se producirá el decaimiento sobrevenido del interés procesal del amparo, pero hasta tanto ello no ocurra, la acción de amparo obraría inclusive a favor de la celebración de la audiencia preliminar o más aun del pronunciamiento por parte del Juez de la causa sobre la solicitud cautelar desatendida.
Que la acción de amparo que se plantea no afecta en modo alguno la audiencia preliminar que se ha de celebrar ante el Juez de la causa, ni mucho menos los derechos del resto de los imputados en este proceso. Esta acción puede perfectamente coexistir sin alterar el desenvolvimiento natural del proceso en la instancia.
En este orden de ideas, la parte actora solicitó al Tribunal a quo constitucional, que al ciudadano Luis Salvador Velásquez Rosas se le otorgara, como medida cautelar provisionalísima, alguna de las medidas sustitutivas previstas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.
Con base en todo lo anterior, la parte accionante peticionó la admisión de la acción de amparo y su declaratoria con lugar en la definitiva, y en consecuencia, que se restablecieran los derechos constitucionales lesionados al ciudadano Luis Salvador Velásquez Rosas.
II
DE LOS FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN
Del escrito contentivo de los fundamentos del recurso de apelación, se desprenden los siguientes argumentos:
Adujo el hoy recurrente que la Sala nro. 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en su decisión del 12 de enero de 2012, vulneró el precedente vinculante contenido en las sentencias N° 1 dictada en el Expediente N° 00-00002 en el caso Emery Mata Millán, el día 20 de enero de 2000; Sentencia N° 07 dictada en el Expediente N° 00-0010 en el caso José Amado Mejías, el día 1° de febrero de 2000; y Sentencia N° 2278 dictada en el Expediente N° 01-0644 en el caso Jairo Cipriano Rodríguez, el día 26 de noviembre de 2001 (Negrillas del escrito).
En este sentido, indicó que Si se analiza los antecedentes que sirven de fundamento al amparo que constan en actas del expediente, se puede evidenciar, que nuestro defendido sobre la base de lo establecido en la Sentencia N° 2278 de esta Sala Constitucional, procedió a denunciar ante el Juez Décimo en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, la violación de la garantía de nuestro defendido al debido proceso, por haberse producido además de una serie de irregularidades una indebida acumulación de causas que dieron al traste con normal desenvolvimiento de la trama procesal al extremo que después de nueve meses la audiencia preliminar no haya podido ser realizada, estando el proceso indefinidamente paralizado en virtud de los reiterados recursos que han venido ejerciendo otros imputados que no tienen ningún tipo de vinculación con los hechos que se le imputan a nuestro defendido.
Que Se le denunció además la del derecho de igualdad y no discriminación, por cuanto las personas que están en igual situación a en la que se encuentra nuestro representado en relación con los hechos investigados, se encuentran actualmente en libertad, algunos por no haber sido ni siquiera (sic) imputados, como ocurre en el caso de las responsabilidades penales derivadas del ejercicio del cargo que ocupaba en la empresa SIDOR como Gerente de Comercialización, y del cargo de miembro de la Junta de Transición que ocupaba en la empresa ORINOCO IRON. Luego, la medida preventiva no se solicitó como una simple revisión de lo dispuesto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, sino sobre la base de las violaciones a los derechos constitucionales que se denunciaron como lesionados.
Que En atención al criterio vinculante establecido en esta sentencia dictada por esta honorable Sala, y para satisfacer los derechos al debido proceso, ha debido el juez a cargo del Juzgado Décimo en Funciones de Control, haber decidido conforme a lo alegado por nuestro defendido en relación con las violaciones, que era lo mínimo que se podía haber solicitado, pues en nuestro criterio esas denuncias daban lugar a la apertura de una incidencia en los que se emplazara a los Fiscales al menos a emitir opinión en relación con las denuncias efectuadas, por cuanto en nuestro sistema procesal todos los Jueces son garantes de la constitución (sic) y de los derechos que en ella se consagran. Sin embargo, el Juez no emitió ningún pronunciamiento sobre estas denuncias, y se limitó a señalar que las circunstancias que motivaron la medida de privación de libertad no habían variado, siendo el caso que ni siquiera fue ese el Tribunal que tomó esa decisión, con lo cual incurrió en una lesión de igual o mayor entidad de las denunciadas cual era haber decidido sobre la base de lo alegado por las partes, como lo demanda el principio de congruencia y; además de ello, haber tramitado la solicitud con la audiencia de todas las partes interesadas, vale decir, con la opinión de los Fiscales del Ministerios Públicos (sic), a quienes se les imputaron las lesiones a los derechos y garantías constitucionales lesionadas.
Que se le hubiera señalado que el remedio procesal ordinario para el restablecimiento de los derechos constitucionales lesionados era el del otorgamiento de una medida cautelar sustitutiva de libertad de las previstas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, no relevaba al Juez de resolver las denuncias de los derechos y garantías constitucionales señalados como infringidos, incluyendo la de la separación de las causas indebidamente acumuladas, pero en atención al criterio de la Corte Séptima de Apelaciones (sic) del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que dicta la decisión recurrida, el hecho de que el detenido pueda solicitar cuantas veces lo considere la revisión de la medida, releva al Juez del deber de motivar congruentemente la decisión que niegue la solicitud, lo cual equivale decir que el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, está por encima de los derechos y garantías consagrados en la Constitución.
Que De todo lo anterior queda demostrado que en criterio de la Corte Séptima de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, la aplicación de los criterios vinculantes establecidos en la Sentencia 2278 de esta Sala Constitucional dictada el día 26 de noviembre de 2001, no tienen cabidas (sic) en el proceso penal pues en este caso las potestades del Juez y del Ministerio Público para mantener a una persona detenida están por encima de los derechos y garantías consagrados en la Constitución .
Que la referida decisión es clara al señalar que tanto el Juez Civil como el Juez Penal están obligados a aplicar los correctivos previstos en sus respectivos códigos procesales, y solo ante la negativa de restablecimiento a través de estas herramientas procesales ordinarias es que tiene lugar la acción de amparo. Sin embargo, de acuerdo a la interpretación que realiza los (sic) Jueces de la recurrida, los jueces penales están inmunes a los criterios vinculantes contenidos en la anteriormente referida decisión, u (sic) las potestades previstas en la norma contenida en el artículo 250 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal los relevan del deber de velar por el cabal cumplimiento de los derechos y garantías previstos en la Constitución, y en consecuencia, en este caso se puede tolerar que se realicen acumulaciones prohibidas que traban el normal desenvolvimiento de la trama procesal; que se abstenga de tomar los correctivos para el restablecimiento de situaciones procesales lesivas a los derechos constitucionales sin estar obligados a efectuar ningún tipo de motivación y; lo más dantesco, que se puedan permitir en el proceso penal discriminaciones y desigualdades.
Que Se puede apreciar que el amparo se planteó con estricto apego a las sentencias vinculantes dictadas por esta Honorable Sala Constitucional y, que el mismo ha debido ser admitido permitiendo la Corte que emite la decisión recurrida se diera apertura al debata (sic) a los fines de verificar si efectivamente se produjeron las lesiones a los derechos y garantías constitucionales que se denunciaron como lesionados. No se trata de una acción descabellada que justificase su declinatoria de incompetencia in limine litis, como sorpresivamente ocurrió en este caso.
Que con fundamento en todo lo anterior, solicitamos respetuosamente que esta honorable Sala Constitucional, declare que la decisión recurrida infringió de manera directa, flagrante y grosera el artículo 335 del texto Constitucional.
En segundo lugar, denunció la vulneración del principio de supremacía Constitucional previsto en el artículo 7 de la Constitución.
En este sentido, afirmó que la decisión recurrida infringe igualmente de manera flagrante, directa y grosera el artículo 7 del texto Constitucional, en cuyo mérito ninguna norma, en su consagración objetiva, o en su despliegue interpretativo puede contrariar lo dispuesto en una norma o en un precepto constitucional.
Que Si se observa la motivación que realiza (sic) los Jueces de la decisión recurrida, el amparo constituye una alteración de las solicitudes de revisiones de medida judicial preventiva de libertad. Es decir, en atención a este criterio, en el curso de un proceso penal pueden producirse violaciones a los derechos y garantías constitucionales de manera reiterada, y el mecanismo de restablecimiento se lograr (sic) con la solicitud de revisión de la medida de libertad, en la que el Juez tiene la potestad de negarla sin ni siquiera motivar su sentencia, o tomar su decisión resolviendo de manera expresa, positiva y precisa sobre los alegatos en que se fundamentó la solicitud, aún tratándose de denuncias de lesiones de rango constitucional, como se puede apreciar de la fundamentación que se realiza en la decisión recurrida.
Así, indicó que Con vista en lo anterior, se destaca el contenido del artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal el cual otorga a la defensa la potestad de solicitar cuantas veces lo estime necesario la sustitución de la Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad, y el Juez tiene la obligación de decidir ese pedimento y de revisar de oficio la necesidad de mantenimiento o no de la Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad, pero ello en forma alguna debe ser alterado a través de la acción de amparo por cuanto resultaría improcedente, ello en razón que existe un mecanismo expedito para lograr, por parte de la defensa, respuesta oportuna, pero ello no se traduce en que esa respuesta sea de su complacencia, porque el Juez debe verificar si se han modificado las circunstancias que originaron la imposición de la medida de coerción personal, en forma objetiva.
Que La solicitud que efectúa nuestro defendido se fundamentó en la denuncia de violación de la garantía constitucional del debido proceso, por una serie de irregularidades que se cometieron en la tramitación de la causa, dentro de las cuales se denuncia que se le impidió ejercer el recurso de apelación en contra de la medida privativa de libertad; que se produjo una indebida acumulación de causas, que han impedido el normal desenvolvimiento de la trama procesal; que los Fiscales del Ministerio Público actúan de manera arbitraria en flagrante violación del derecho de igualdad y no discriminación. Es decir, en este caso se produce (sic) unas situaciones particulares en el proceso que obligaban al Juez a decidir conforme los alegatos efectuados; sin embargo, el Juez de Control se limita a señalar que niega la solicitud porque no han cambiado las circunstancias que dieron lugar al decreto de la medida.
Que Criterios interpretativos extravagantes, son precisamente los que realiza (sic) los Jueces de la decisión recurrida cuando renuncian de manera grotesca a realizar una interpretación sistemática del amparo planteado, en los que anteponen la potestad del Juez y de los Fiscales del Ministerio Público por encima de los derechos y garantías consagrados en la Constitución, e inclusive de los precedentes vinculante (sic) de esta Sala Constitucional.
Que en este caso resulta evidente que estamos ante una decisión arbitraria que lesiona directamente los derechos constitucionales de nuestros defendidos, por haber impedido que aún a través del ejercicio de la acción de amparo Constitucional se pudiera abrir el debate sobre la revisión de los derechos constitucionales que se denuncia como lesionados.
Con base en lo anterior, el recurrente solicitó la declaratoria con lugar del presente recurso de apelación, y en consecuencia, que se ordene a la Sala nro. 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas que admita la acción de amparo propuesta, y se dicte la decisión que sea conducente para el restablecimiento inmediato de los derechos y garantías constitucionales lesionados al ciudadano Luis Salvador Velásquez Rosas.
III
DE LA SENTENCIA APELADA
La sentencia dictada, el 12 de enero de 2012, por la Sala nro. 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró improcedente in limine litis la acción de amparo constitucional propuesta, estableció lo siguiente:
Determinada la competencia, pasa la Sala a pronunciarse sobre la admisibilidad del asunto sometido a su conocimiento y observa:
El accionante ciudadano WILMER GIL JAIME, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 43.752, actuando en su condición de defensor del ciudadano LUIS SALVADOR VELASQUEZ ROSAS, a través de su escrito impreciso, señala que se han vulnerado el debido proceso, el Derecho a la Igualdad y no Discriminación y la Seguridad Jurídica, dado que se ha producido la acumulación de causas, donde no se desprende vinculación entre el ciudadano antes mencionado y los otros imputados, que la Instancia frente a las solicitudes del Ministerio Público las acuerda y al hoy accionante en su condición de defensor no, que existen otras personas imputadas y se les ha otorgado una medida cautelar sustitutiva de libertad, que otras personas debían estar imputadas y no lo están, que no existe una fecha cierta para que se lleve a cabo la celebración de la audiencia preliminar, pretendiendo como solución frente al ejercicio de la acción de amparo el otorgamiento de una medida cautelar sustitutiva de libertad de las previstas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, y afirma que el acto lesivo es la decisión de fecha 12 de diciembre de 2011 emitida por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en Función de Control de este Circuito Judicial Penal que negó la sustitución de la medida de privación judicial preventiva de libertad.
Así las cosas, esta Sala precisa lo siguiente:
La acción de amparo tiende a restituir y/o evitar que sean violados o amenazados a los solicitantes de forma inmediata y flagrante derechos de rango constitucional o previstos en los convenios internacionales sobre derechos humanos.
Cuando se interpone una acción de amparo, se procede a verificar si reúne los requisitos de admisibilidad, con el objeto de ordenar su tramitación pero ello en forma alguna es un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
En oportunidades, puede verificarse a la vista que en la acción de amparo propuesta no existe empatía entre ésta y la solución que se pretende, teniendo la potestad tanto los juzgados de instancia como las Cortes de Apelaciones, actuando como Tribunales Constitucionales en los asuntos de su competencia declarar improcedente la Acción de Amparo, tal y como lo ha establecido en forma reiterada la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Alegó el accionante, en su escrito que el Juez del Juzgado Décimo de Primera Instancia en Función de Control de este Circuito Judicial Penal, con su pronunciamiento de fecha 12 de diciembre de 2011, mediante la cual acordó mantener la Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad, violó el debido proceso, que frente a las solicitudes del Ministerio Público la Instancia las acuerda y las que realiza la defensa las niega, por lo que vulnera el principio de igualdad, que otros ciudadanos imputados les ha sido impuesta una medida cautelar sustitutiva de libertad, mientras que a su defendido ciudadano LUIS SALVADOR VELASQUEZ ROSAS no le han sustituido la medida de privación judicial preventiva de libertad, por lo que existe discriminación, que la audiencia preliminar no se ha celebrado y ello produce vulneración del principio de la seguridad jurídica por no saber cuándo se va a realizar, pretendiendo como solución que esta Alzada sustituya la medida de privación judicial preventiva de libertad, decretada contra el mencionado por los delitos de CONCIERTO DE FUNCIONARIO PUBLICO CON CONTRATISTA, PECULADO DOLOSO PROPIO, MALVERSACION ESPECIFICA POR EVASION DE PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS, TRAFICO ILICITO DE MATERIAL ESTRATEGICO y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR.
Con vista a lo anterior, se destaca el contenido del artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal el cual otorga a la defensa la potestad de solicitar cuantas veces lo estime necesario la sustitución de la Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad, y el Juez tiene la obligación de decidir ese pedimento y de revisar de oficio la necesidad de mantenimiento o no de la Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad, pero ello en forma alguna debe ser alterado a través de la acción de amparo por cuanto resultaría improcedente, ello en razón que existe un mecanismo expedito para lograr, por parte de la defensa, respuesta oportuna, pero ello no se traduce en que esa respuesta sea de su complacencia, porque el Juez debe verificar si se han modificado las circunstancias que originaron la imposición de la medida de coerción personal, en forma objetiva.
Esta es la pretensión del accionante, tal como se evidencia claramente en su escrito contentivo de la acción de amparo. Cuando la defensa arguye que no tiene conocimiento cuando se llevará a cabo la audiencia preliminar, a pesar de indicar fechas ciertas fijadas por el Tribunal, se desprende que no hay vulneración al debido proceso.
Igual ocurre cuando indica que existen otros ciudadanos que han sido imputados y se les ha concedido una medida cautelar sustitutiva y que existen otros que no han sido imputados, dado que el Juez dentro de sus atribuciones y poderes es autónomo y conforme a la solicitud efectuada por el Ministerio Público titular de la acción penal, previa revisión del caso en concreto emite la decisión. Corresponde al Ministerio Público, a cargo de quien se encuentra la investigación, decidir las personas que han de ser imputadas o no, porque ello dependerá de lo que arroje la respectiva investigación.
Ahora bien, cuando un Juez decreta la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad contra un ciudadano, lo hace en plena potestad de las atribuciones que le confiere la Ley, con sujeción estricta a las previsiones del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, teniendo la defensa la potestad de ejercer el respectivo recurso de apelación, pero ello en forma alguna quebranta el derecho a ser juzgado en libertad, toda vez que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en forma categórica establece que solo podrá ser privada una persona de su libertad, entre otros por orden judicial.
Por lo que los argumentos efectuados por el accionante para pretender obtener la sustitución de la medida de privación judicial preventiva de libertad con el ejercicio de la presente acción de amparo sería subvertir el orden procesal, toda vez que como se señaló, en la norma inserta en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, existe el mecanismo idóneo para satisfacer su pretensión, además de no evidenciarse vulneración de garantías constitucionales por parte de la Instancia.
De lo anterior, resulta evidente la falta de empatía entre el ejercicio de la acción de amparo y el resultado esperado, porque ello sería desvirtuar su naturaleza evidentemente extraordinaria y subvertir el orden procesal, por cuanto frente a la negativa del Juzgado Décimo de Primera Instancia en Función de Control de este mismo Circuito Judicial Penal, de sustituir la medida de privación judicial preventiva de libertad decretada contra el ciudadano LUIS SALVADOR VELASQUEZ ROSAS, corresponde a éste y su defensa proponer nuevamente su revisión, tal como lo prevé el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, las veces que lo considere necesario, en razón de lo cual resulta sin lugar a dudas IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS la acción incoada, además de no evidenciarse vulneración a garantías constitucionales, ello en beneficio de los principios de economía y celeridad procesal.
IV
DE LA COMPETENCIA
Previo a cualquier decisión, esta Sala debe pronunciarse acerca de su competencia para conocer del presente caso. Así pues, observa que la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, al delimitar la competencia de esta Sala en materia de amparo constitucional, establece en su artículo 25, numeral 19, que le corresponde conocer de las apelaciones interpuestas contra las sentencias que recaigan en los procesos de amparo constitucional autónomo que sean dictadas por los juzgados superiores de la República, salvo la de los juzgados superiores en lo contencioso administrativo.
Visto entonces, que en el presente caso, se somete al conocimiento de esta Sala Constitucional la apelación de un fallo dictado por la Sala nro. 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, esta Sala asume la competencia para conocer del asunto planteado. Así se declara.
V
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
A fin de delimitar el objeto de la presente controversia, se observa que el recurso de apelación sometido a consideración de esta Sala, ha sido ejercido contra la sentencia dictada, el 12 de enero de 2012, por la sala nro. 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró improcedente in limine litis la acción de amparo constitucional interpuesta, en primer lugar, contra la decisión del 12 de diciembre de 2011, emitida por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en Función de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, mediante la cual negó la solicitud de sustitución de medida efectuada por la defensa del ciudadano Luis Salvador Velásquez Rosas, y en consecuencia, mantuvo la medida de privación judicial preventiva de libertad decretada contra dicho ciudadano, y en segundo lugar, contra varios fiscales del Ministerio Público (no se indica cuáles), todo ello con ocasión del proceso penal que se le sigue por los delitos de peculado doloso propio, malversación específica por evasión de procedimientos licitatorios, concierto de funcionario público con contratista, tráfico ilícito de materiales estratégicos y asociación para delinquir, previstos y sancionados en los artículos 52, 58 y 70 de la Ley Contra la Corrupción, y en los artículos 3 y 6 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada vigente para el momento de comisión de los hechos, respectivamente.
La parte actora denunció en su acción de amparo, la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación, del debido proceso y del principio de seguridad jurídica, sustentando tales denuncias en los siguientes argumentos medulares: a) Que al ciudadano Luis Salvador Velásquez Rosas se le ha dado un tratamiento discriminatorio en el proceso penal principal, toda vez que a pesar de que fueron varias personas las que intervinieron en el hecho punible objeto del proceso penal principal, sólo algunas de aquéllas han sido imputadas, y además, dicho ciudadano es el único co-imputado de ese proceso que se encuentra sujeto a una medida de privación judicial preventiva de libertad; b) Que la causa seguida a dicho ciudadano se radicó, por decisión de la Sala Penal de este Máximo Tribunal, en la ciudad de Caracas, lo cual le ha ocasionado un grave perjuicio al hoy quejoso y a la administración de justicia; c) Que se ha ordenado la acumulación de varias causas que no están vinculadas al hecho punible atribuido al hoy quejoso; d) Que al ciudadano Luis Salvador Velásquez Rosas se le ha obstaculizado el acceso al expediente de la causa; e) Que se han producido varios diferimientos de la audiencia preliminar, lo cual ha acarreado que no exista certeza de cuándo se celebrará dicho acto procesal.
También se observa, que la Sala nro. 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en su decisión del 12 de enero de 2012, declaró improcedente in limine litis la acción de amparo propuesta, sustentando dicha decisión en que los argumentos efectuados por el accionante para pretender obtener la sustitución de la medida de privación judicial preventiva de libertad con el ejercicio de la presente acción de amparo sería subvertir el orden procesal, toda vez que como se señaló, en la norma inserta en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, existe el mecanismo idóneo para satisfacer su pretensión, además de no evidenciarse vulneración de garantías constitucionales por parte de la Instancia.
En efecto, el tribunal a quo constitucional consideró que resulta evidente la falta de empatía entre el ejercicio de la acción de amparo y el resultado esperado, porque ello sería desvirtuar su naturaleza evidentemente extraordinaria y subvertir el orden procesal, por cuanto frente a la negativa del Juzgado Décimo de Primera Instancia en Función de Control de este mismo Circuito Judicial Penal, de sustituir la medida de privación judicial preventiva de libertad decretada contra el ciudadano LUIS SALVADOR VELASQUEZ ROSAS, corresponde a éste y su defensa proponer nuevamente su revisión, tal como lo prevé el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, las veces que lo considere necesario .
Por su parte, en el escrito contentivo del recurso de apelación, el recurrente esgrimió los siguientes argumentos: a) Que la Sala nro. 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas incumplió los criterios vinculantes establecidos en las sentencias 1/2000, del 20 de enero; 7/2000, del 20 de febrero; y 2.278/2001, del 26 de noviembre, dictadas por esta Sala Constitucional, toda vez que no restableció la situación jurídica infringida al ciudadano Luis Salvador Velásquez Rosas; b) Que el Tribunal a quo constitucional vulneró el principio de supremacía constitucional, consagrado en el artículo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en razón de que esgrimió un criterio extravagante, en el sentido de que antepuso las potestades del Juez y del Fiscal del Ministerio Público, por encima de los derechos y garantías constitucionales consagrados en el Texto Constitucional.
Ahora bien, en cuanto a la admisibilidad del presente recurso de apelación, y previo a cualquier otro tipo de consideración, debe esta Sala reiterar que, de conformidad con la interpretación que se le ha dado al texto del artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (sentencias 501/2000, del 31 de mayo; y 3.027/2005, del 14 de octubre), el lapso para recurrir de la decisión dictada por la primera instancia en el proceso de amparo, es de tres días contados a partir de la fecha de publicación del fallo (sentencia nro. 11/2004, del 14 de enero), los cuales, a su vez, deben ser computados por días calendarios consecutivos, excepto los sábados, los domingos, el jueves y el viernes santos, los declarados días de fiesta por la Ley de Fiestas Nacionales y los declarados no laborables por otras leyes, ello a fin de salvaguardar el derecho a la defensa, el cual también tiene una dilatada vigencia en el marco del proceso de amparo. Aceptar lo contrario sería desconocer la aplicabilidad de tal derecho en cualquier iter procesal, en otras palabras, sacrificar el derecho a la defensa de los ciudadanos -mediante juicios relámpago, por ejemplo- en aras de una mayor celeridad, sería subvertir el orden lógico de los fundamentos que constituyen el Estado Democrático y social de Derecho y de Justicia que definen a nuestra República (sentencia nro. 501/2000, del 31 de mayo).
No obstante lo anterior, en el supuesto que el órgano jurisdiccional haya dispuesto notificar a las partes de la decisión emitida -tal como ha ocurrido en el presente caso-, el lapso para ejercer los mecanismos impugnativos correspondientes (en este caso el recurso de apelación) deberá ser computado a partir de dicha notificación (ver sentencia nro. 5.063/2005, del 15 de diciembre).
En el caso sub lite, la sentencia hoy recurrida fue dictada, el 12 de enero de 2012, por la Sala nro. 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, siendo que dicho acto jurisdiccional ordenó la práctica de la notificación de las partes. Igualmente, se observa que el 18 de enero de 2012, fue practicada la notificación del abogado Wilmer Gil Jaime, en su condición de defensor privado del ciudadano Luisa Salvador Velásquez Rosas.
Por su parte, el 23 de enero de 2012, el referido abogado presentó el recurso de apelación sometido hoy a consideración de esta Sala Constitucional.
Ahora bien, en el presente caso el dies a quo estuvo representado por el miércoles 18 de enero de 2012, ya que en este último se practicó la notificación de la parte actora, mientras que el dies ad quem, estuvo configurado por el lunes 23 de julio de 2011, oportunidad en la cual se ejerció el recurso de apelación sometido a consideración de esta Sala, siendo que entre ambas fechas transcurrieron los siguientes días: jueves 19 de enero, viernes 20 de enero, sábado 21 de enero, domingo 22 de enero y lunes 23 de enero de 2012 (dies ad quem).
Lo anteriormente expuesto denota que la parte actora ejerció el recurso de apelación el tercer siguiente a su notificación, lo cual se entiende incluido dentro del lapso de tres (3) días previstos en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, todo ello de conformidad con los criterios asentados por esta Sala en sentencias 501/2000, del 31 de mayo; 11/2004, del 14 de enero; y 3.027/2005, del 14 de octubre. En consecuencia, considera esta juzgadora que el referido recurso ha sido presentado de forma tempestiva y por tanto, el mismo resulta admisible. Así se declara.
Asimismo, se advierte que serán tomados en cuenta los alegatos presentados por el accionante para fundamentar la apelación, toda vez que el escrito contentivo de aquéllos fue presentado dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción del expediente en esta Sala Constitucional, todo ello en atención al criterio establecido en la sentencia nro. 442/2001, del 4 de abril.
Precisado lo anterior, debe esta Sala pasar a analizar si la sentencia recurrida se encuentra o no ajustada a derecho, y a tal efecto se observa:
1. Llama poderosamente la atención de esta Sala, que la Sala nro. 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al resolver la pretensión de amparo dirigida a enervar la negativa del Juez de Control de otorgar una medida cautelar sustitutiva al hoy quejoso, articuló, en la motivación de su sentencia, un análisis dirigido a justificar una eventual declaratoria de inadmisibilidad de dicha demanda de amparo, subsumible sin lugar a dudas en la causal prevista en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (al señalar que la parte actora contaba con una vía judicial ordinaria para satisfacer su pretensión, a saber, la solicitud de sustitución de la medida privativa de libertad, con base en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal), y acto seguido, en ese mismo capítulo, juzgó sobre el mérito de esa misma pretensión, declarándola improcedente in limine litis, siendo este último el resultado decisorio reflejado en la parte dispositiva.
Esta situación, denota que la motivación de la sentencia examinada comprende dos fundamentos jurídicos (uno sobre la inadmisibilidad y otro sobre la improcedencia de la pretensión) que se destruyen entre sí en el plano conceptual, al implicar consecuencias jurídicas absolutamente antinómicas.
Esta Sala ha señalado en reiteradas oportunidades, que la pretensión es admisible, cuando se cumplen los requisitos legales (generalmente de orden público) que permiten la tramitación de una causa, pero su declaratoria no implica en modo alguno un pronunciamiento sobre el mérito del asunto debatido en el proceso (sentencia nro.1.862/2008, del 28 de noviembre, de esta Sala). Por interpretación en contrario, la inadmisibilidad de la pretensión tiene lugar por la insatisfacción de esas exigencias que -sin que sea vista la causa- impiden la constitución del proceso (sentencia nro.1.862/2008, del 28 de noviembre, de esta Sala).
Asimismo, esta Sala Constitucional ha afirmado que la procedencia o improcedencia de la pretensión, es propia de un pronunciamiento de fondo (incidental o definitivo) y está necesariamente vinculada al mérito del asunto debatido en la incidencia o en el proceso, según el caso; es decir, a la aceptación que de un pedimento determinado hace el órgano jurisdiccional. En caso contrario, el órgano jurisdiccional declarará sin lugar o improcedente la pretensión (sentencia nro.1.862/2008, del 28 de noviembre, de esta Sala).
En criterio de esta juzgadora, la situación antes descrita constituye, a toda luces, un supuesto de contradicción entre los fundamentos jurídicos que integran la justificación de la sentencia aquí analizada, es decir, un vicio de motivación contradictoria, que surge cuando dichos fundamentos o motivos se destruyen unos a otros por contradicciones graves o inconciliables, generando así una situación equiparable a la falta de fundamentos (inmotivación), todo lo cual ocasiona una quiebra en el discurso lógico plasmado en la motivación de la sentencia, y que por ende, destruye la coherencia interna de ésta (sentencia nro.1.862/2008, del 28 de noviembre, de esta Sala).
A mayor abundamiento, la coherencia interna que debe tener toda sentencia, exige que el Juez impida la existencia de vicios lógicos del discurso, lo cual comprende lo siguiente: a) La necesidad de que, al ser contrastadas o comparadas globalmente todas las argumentaciones expuestas en la motivación, no sea observable disonancia alguna entre aquéllas; y b) La exigencia de que no existan errores lógicos derivados simplemente de una concreta argumentación efectuada por el juzgador. De cara al primer requisito, cuando el mismo no es cumplido, se produce la denominada incoherencia intracontextual, o incoherencia del conjunto o contexto de la motivación, siendo que en este caso el vicio lógico se pone de manifiesto al comparar y contrastar la contradicción existente entre los diversos argumentos que conforman una misma justificación (sentencia nro.1.862/2008, del 28 de noviembre, de esta Sala). En puridad sólo se producirá una motivación contradictoria cuando exista un contraste lógico radical entre las argumentaciones, de manera que éstas se anulen respectivamente y resulte en consecuencia imposible delimitar la ratio decidendi del juicio (sentencia nro.1.862/2008, del 28 de noviembre, de esta Sala).
Visto entonces que la sentencia dictada por la Sala nro. 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, adolece de un palpable vicio de contradicción en su motivación, que irremediablemente compromete su coherencia interna por haberse articulado con fundamentos jurídicos que se destruyen mutuamente (razonamientos de inadmisibilidad e improcedencia), impidiendo individualizar con claridad la ratio decidendi, esta Sala considera que tal acto jurisdiccional no resiste, en este primer aspecto, el análisis de su constitucionalidad, ya que la incoherencia interna en ella detectada vulnera manifiestamente, por falta de motivación, el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En efecto, y tal como lo ha establecido el Tribunal Constitucional español, vulnera la tutela judicial efectiva, por falta de motivación, una sentencia que incurre en contradicciones internas o errores lógicos que la hagan manifiestamente irrazonable por contradictoria, ya que una aplicación de la legalidad que sea arbitraria o manifiestamente irrazonable no puede considerarse fundada en Derecho (STC 184/1992, del 16 de noviembre), hipótesis esta que se ha verificado, sin lugar a dudas, en el caso de autos, ya que el a quo pretendió aplicar conjuntamente, a fin de desestimar una misma pretensión de amparo, el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuyo texto encuadra la falta de agotamiento de los mecanismos judiciales ordinarios, y el artículo 4 eiusdem, referido a los requisitos de procedencia del amparo contra decisiones judiciales, siendo que, tal como se señaló supra, se trata de fundamentos jurídicos antitéticos, respecto a la improcedencia in limine litis.
Por las razones antes expuestas, esta Sala concluye, en este primer particular, que la sentencia recurrida no se encuentra ajustada a derecho, ya que ésta no cumple con las exigencias inmanentes al artículo 26 del Texto Constitucional, en el sentido antes señalado, y así se declara.
2. No obstante lo anterior, esta Sala observa que la parte actora, en el escrito contentivo de la acción de amparo constitucional, señaló como agraviantes al Juzgado Décimo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, así como también a los fiscales del Ministerio Público que intervinieron en las fases de investigación e intermedia del proceso penal instaurado contra el ciudadano Luis Salvador Velásquez Rosas.
De lo anterior se desprende que la acción sometida a consideración del Tribunal a quo constitucional contenía pretensiones que no podían acumularse, en razón de que la competencia jurisdiccional difería para cada uno de los sujetos señalados como presuntos agraviantes.
En tal sentido, si bien la Sala nro. 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas era competente para conocer la pretensión de amparo dirigida a enervar los efectos de la decisión dictada, el 12 de diciembre de 2011, por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en Funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y el criterio asentado en sentencia nro. 1/2000, del 20 de enero de 2000, dicha Corte de Apelaciones no poseía la competencia para conocer de la pretensión de tutela constitucional incoada contra los Fiscales del Ministerio Público que intervinieron en la causa penal seguida al ciudadano Luis Salvador Velásquez Rosas.
En efecto, debe reiterarse que las acciones de amparo propuestas contra un hecho, acto u omisión violatoria de derechos fundamentales imputable a uno o varios Fiscales del Ministerio Público de una Circunscripción Judicial de la República (o con competencia a nivel nacional), se encuentran incluidas en el ámbito competencial de los Juzgados de Primera Instancia en Funciones de Juicio, salvo que el derecho o garantía presuntamente violentada se refiera a la libertad o seguridad personales, en cuyo caso la competencia recaería en cabeza de los juzgados de control (sentencias 108/2002, del 29 de enero; y 118/2012, del 17 de febrero).
Visto lo anterior, esta Sala debe reiterar que el artículo 49 del Código de Procedimiento Civil (de aplicación supletoria a los procesos de amparo constitucional según lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales) establece que la acumulación procede siempre que hubiere conexión por el objeto de la demanda o por el título o hecho de que dependa. En este sentido, es posible acumular en una sola demanda varias pretensiones contra distintas personas, en razón de la conexión que existe entre ellas; ya sea por el objeto que se pretende o por la razón que motiva la pretensión. Sin embargo, el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, prohíbe la concentración de pretensiones en una misma demanda en los casos en que las pretensiones se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; cuando, por razón de la materia, no correspondan al conocimiento del mismo tribunal; y en los casos en que los procedimientos sean incompatibles (sentencias 108/2002, del 29 de enero; y 118/2012, del 17 de febrero).
Así pues, toda acumulación de pretensiones realizada en contravención a las referidas normas del Código de Procedimiento Civil, es lo que la doctrina denomina inepta acumulación.
Del análisis de los hechos que rodean el presente caso, a la luz de estas consideraciones, se concluye que la situación sometida a examen de esta Sala, constituye, a todas luces, un supuesto de inepta acumulación de pretensiones, y así debió declararlo la Sala nro. 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al resolver la acción de amparo sometida a su consideración, toda vez que se trata de dos pretensiones planteadas conjuntamente en un mismo escrito, y cuyo conocimiento corresponde a órganos jurisdiccionales diferentes, en el sentido en que expuso supra.
Aunado a lo anterior, observa esta juzgadora que las pretensiones articuladas por la parte actora no tienen un fundamento interno común, ni tampoco que haya una clara relación de causalidad entre alguna de las actuaciones impugnadas en el amparo, de allí que no pueda operar aquí el principio pro actione, a fin de acumular en un solo órgano jurisdiccional el conocimiento de las impugnaciones esgrimidas en el escrito de amparo.
Siendo así, esta Sala, actuando como tribunal de alzada en el presente proceso de amparo, advierte que la demanda de tutela constitucional debía ser declarada inadmisible por el Tribunal a quo constitucional, toda vez que en el caso de autos se ha configurado una inepta acumulación de pretensiones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 y 81 del Código de Procedimiento Civil, aplicables supletoriamente al proceso de amparo según el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no así la improcedencia in limine litis de dicha acción. Así se declara.
Con base en las consideraciones expuestas a lo largo del presente fallo, esta Sala Constitucional debe declarar, y así lo declara, sin lugar el recurso de apelación ejercido por el abogado Wilmer Gil Jaime, actuando en su condición de defensor privada del ciudadano Luis Salvador Velásquez Rosas, contra la sentencia dictada, el 12 de enero de 2012, por la Sala nro. 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual se declaró improcedente in limine litis la acción de amparo propuesta por aquél, la cual se revoca.
Asimismo, se declara inadmisible, por inepta acumulación de pretensiones, la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado Wilmer Gil Jaime, actuando en su condición de defensor privada del ciudadano Luis Salvador Velásquez Rosas, en primer lugar, contra la decisión del 12 de diciembre de 2011, emitida por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en Función de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, y en segundo lugar, contra varios fiscales del Ministerio Público. Así se decide.
VI
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara:
1.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por el abogado WILMER GIL JAIME, actuando en su condición de defensor privada del ciudadano LUIS SALVADOR VELÁSQUEZ ROSAS, contra la sentencia dictada, el 12 de enero de 2012, por la Sala nro. 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
2.- REVOCA la sentencia dictada, el 12 de enero de 2012, por la Sala nro. 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual se declaró improcedente in limine litis la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado WILMER GIL JAIME, actuando en su condición de defensor privado del ciudadano LUIS SALVADOR VELÁSQUEZ ROSAS, en primer lugar, contra la decisión del 12 de diciembre de 2011, emitida por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en Función de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, y en segundo lugar, contra varios fiscales del Ministerio Público.
3.- INADMISIBLE, por inepta acumulación de pretensiones, la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado WILMER GIL JAIME, actuando en su condición de defensor privado del ciudadano LUIS SALVADOR VELÁSQUEZ ROSAS, en primer lugar, contra la decisión dictada, el 12 de diciembre de 2011, por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y en segundo lugar, contra varios fiscales del Ministerio Público.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de origen.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 14 días del mes de agosto de dos mil doce. Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.
La Presidenta,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Ponente
Los Magistrados,
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
FACL/
Exp. nro. 12-0204
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