Venley

Sentencia N.º 1228

Sentencia
N.º 1228
Fecha
16/06/2005
Sala
Constitucional
Expediente
04-3103
Ponente
Jesús E. Cabrera Romero
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

 

MAGISTRADO-PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

El 5 de marzo de 2005, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, admitió la acción de amparo interpuesta por el ciudadano RADAMÉS ARTURO GRATEROL ARRIECHI, asistido por el abogado JORGE LUIS MEZA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 30.861, contra la decisión del 18 de junio de 2004, dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, lesiva, a su criterio, de las garantías constitucionales del debido proceso, de la cosa juzgada y de la reserva legal consagradas en los artículos 49 y 156.32 constitucionales.

Practicadas las notificaciones, la Secretaría de la Sala, por auto del 2 de junio de 2005, fijó la oportunidad para la celebración de la audiencia oral de las partes, la cual se realizó el 7 del mismo mes y año, a la que comparecieron el abogado Jorge Luis Meza y el ciudadano Radamés Arturo Graterol Arriechi, parte accionante; José Julián García y Dulcemar Montero, Jueces integrantes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, parte accionada, y Ana María Padilla, en representación del Ministerio Público.

En la referida audiencia oral se le concedió el derecho de palabra a los abogados Jorge Luis Meza, en representación del acionante, y José Julián García, Juez Presidente de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, quienes expusieron sus alegatos en relación a la acción de amparo interpuesta y consignaron documentos y escrito de alegatos, respectivamente, los cuales se acordaron agregar al expediente. Finalmente, se le concedió el derecho de palabra a la representante del Ministerio Público, quien al finalizar la misma consignó escrito contentivo de su exposición, el cual también fue ordenado agregar al expediente. Las parte presentes y Ministerio Público ejercieron el derecho de réplica y contra réplica. Los Magistrados Jesús Eduardo Cabrera Romero y Pedro Rafael Rondón Haaz realizaron preguntas a las partes accionante y accionada y al Ministerio Público, las cuales fueron debidamente respondidas.

Siendo la oportunidad legal para dictar sentencia, pasa la Sala a decidir con base en las siguientes consideraciones:

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

En la oportunidad de la interposición de la acción de amparo, el actor esgrimió los alegatos siguientes:

Que, en 1998, oportunidad en que se desempeñó como Alcalde del Municipio Morán del Estado Lara,  se inició en su contra una averiguación penal por la adquisición, por parte de la referida Alcaldía, de maquinarias pesadas obtenidas con sobreprecio.

Que dicha averiguación penal la tramitó y resolvió el extinto Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, dictando al respecto una sentencia absolutoria a su favor, la cual fue confirmada el 12 de febrero de 1999, por el hoy también extinto Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público.

Que no obstante ello, en el año 2000, se “produjo una nueva denuncia sobre los mismos hechos, causa y persona, por lo que se violentaba la cosa juzgada recaída más de un año atrás (sic)”.

Que en el nuevo expediente “sustanciado por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, fue solicitada por la vindicta pública, medida de prohibición de salida del país en mi contra, de la cual jamás fui notificado ni se me permitió esgrimir defensa alguna (sic)”.

Que “ante la medida impuesta solicité su nulidad absoluta a través de un recurso impropiamente denominado de nulidad (...) el juez de la causa ordenó la realización de una audiencia a la cual compareció el ente fiscal, tanto del Estado Lara, como el de competencia nacional, y luego del debate de rigor y los correspondientes medios probatorios, se difirió por tres días la resolución del asunto (sic)”.

Que “el 22 de diciembre de2000 fue proferida la sentencia que revocó la medida cautelar inconstitucionalmente acordada, fundamentándola en que existía una cosa juzgada y en consecuencia sobreseyó la causa”.

Que “de tal dispositivo fuimos debidamente notificados todas las partes, y en especial la vindicta pública el 26 de diciembre de 2000, quienes tampoco ejercieron el derecho de apelación, por lo que transcurrido el lapso correspondiente de 5 días, devino en firme, por lo cual el Tribunal ordenó su archivo”.

Que “el 26 de octubre de 2001, 10 meses después, la vindicta pública ejerce contra la sentencia firme del 22 de diciembre de 2000, un RECURSO DE NULIDAD, inexistente por lo demás como procedimiento autónomo dentro de la normativa adjetiva penal, el cual fue remitido a la Corte de Apelaciones del Estado Lara casi tres años después: el 10 de octubre de 2003, a pesar de nuestra permanente exigencia procesal de que ello no ocurriera (sic)”.

Que “el 22 de octubre de 2003, fue solicitada a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, que pusiera orden procesal en este asunto penal, y procediera a acumular los expedientes (...) sustanciado por el Tribunal 7 y 1 en funciones de Control y el (....) que sustancia el Tribunal 5 en funciones de Control, donde reposan todos los recaudos originales de esta investigación. De ello jamás hubo respuesta, a pesar que la recurrida aborda aspectos de fondo, como el pronunciamiento sobre la denominada, por la presunta agraviante, ‘cosa juzgada incidental’, que implicaba valorar la integridad del acervo probatorio (sic)”.

Que “el 18 de junio hogaño finalmente recayó sentencia definitiva sobre este asunto (...) la cual declaró parcialmente con lugar el ‘recurso de nulidad’ intentado por el Ministerio Público, a pesar de que en su motiva advierte que la sentencia de primera instancia del 22 de diciembre de 2000, estaba definitivamente firme y que la vindicta pública dejó transcurrir el lapso de apelación (sic).

Por ello, a juicio del accionante, la sentencia dictada el 18 de junio de 2003, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, infringió las garantías constitucionales del debido proceso, de la cosa juzgada y de la reserva legal, por cuanto el Ministerio Público intentó el 26 de octubre de 2001, ante la referida Corte de Apelaciones un extemporáneo e inexistente recurso de nulidad, es decir, diez meses después de haber quedado firme la sentencia del 22 de diciembre de 2000, en la que se decretó el sobreseimiento de la causa seguida en su contra. No obstante ello, el órgano jurisdiccional denunciado como agraviante tramitó y resolvió dicho recurso.

Por otra parte, estimó que “no existe recurso alguno que permita atacar una sentencia definitivamente firme con autoridad de cosa juzgada, así se desprende del artículo 432 del Código Orgánico Procesal Penal, y de la lectura de su Libro Cuarto donde no se prevé recurso de nulidad alguno”.

Asimismo, que “la sentencia delatada contiene contradicciones importantes en cuanto al recurso impetrado por la vindicta pública, el 26 de octubre de 2001, dado que indistintamente lo denomina de apelación o de nulidad, creando confusión, dado que es el propio recurrente quien lo denomina como RECURSO DE NULIDAD. En cualquier caso lo que si declara la mayoría sentenciadora es que efectivamente fue interpuesto 10 meses después de su notificación, resultando extemporáneo, por lo que debió declararlo INADMISIBLE y ratificar la firmeza de la sentencia del 22 de diciembre de 2000”.

Igualmente, denunció que “de la lectura pormenorizada del Libro Cuarto del Código Orgánico Procesal Penal, se colige la inexistencia del recurso de nulidad que permita atacar una sentencia definitivamente firme con autoridad de cosa juzgada (...) De permitirse la tesis de la recurrida se abrirían las compuertas al caos procesal, dado que en el caso sub examine, hubo un retraso de 10 meses para intentar atacar una sentencia firme (...) atentando contra uno de los pilares fundamentales de todo estado de derecho: la seguridad jurídica. Por cuanto la recurrida, admite, tramita y decide con lugar un RECURSO DE NULIDAD, no creado por la ley adjetiva previa, se encuentra viciada de inconstitucionalidad dado que la Corte de Apelaciones del Estado Lara, usurpó funciones de la Asamblea Nacional, de conformidad al artículo 16 numeral 12 de la Carta Magna (sic)”.

DEL ACTO PRESUNTAMENTE LESIVO

El 18 de junio de 2004, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, declaró parcialmente con lugar el recurso de nulidad ejercido por el Fiscal Undécimo del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia Plena y en materia de Salvaguarda del Patrimonio Público. En consecuencia, anuló la decisión dictada el 22 de diciembre de 2000, por el Juzgado Séptimo de Control del señalado Circuito Judicial Penal, en cuanto al sobreseimiento decretado en la causa seguida al accionante.

Sirvió de fundamento a la señalada decisión, lo siguiente:

“Corresponde a esta Corte conocer del recurso de apelación de autos interpuesto por el Ciudadano NOEL ANTONIO PANTOJA RODRIGUEZ, actuando en su condición de Fiscal Undécimo del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena y en Materia de Salvaguarda del Patrimonio Público, donde interpone Recurso de Nulidad contra la decisión dictada en fecha 22 de Diciembre de 2000 por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Acordó dejar sin efecto la Medida de Prohibición de Salida del País al Ciudadano RADAMES GRATEROL y como consecuencia, decretó el Sobreseimiento de la causa, de conformidad con el artículo 325 ordinal 4º del Código Orgánico Procesal Penal (Derogado).

                                                     (…)

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 450 del Código Adjetivo Penal, se admite en este mismo acto el recurso de Apelación propuesto, independientemente que el Ministerio Público lo haya producido en forma extemporánea, toda vez que los alegatos presentes en su escrito, contienen elementos que atañen al orden público y a expresas garantías constitucionales. Y acogiéndose al lapso establecido en el primer aparte de la citada norma legal, se pasa a dictar pronunciamiento con fundamento en los siguientes términos en atención a los Capítulos siguientes:

                                                     (…)

En tal sentido, observa este Tribunal Colegiado, vistas las actuaciones y los cómputos efectuados por orden del Tribunal de la recurrida, que la decisión objeto del recurso fue realizada en fecha 22 de Diciembre de 2000. En fecha 26 de Diciembre del año 2000, el Ministerio Público, a través del Fiscal Quinto (E) del Ministerio Público del Estado Lara y del Fiscal Undécimo del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia de Salvaguarda, fueron debidamente notificados de la decisión (Tal como consta en autos a los folios noventa–90- y noventa y seis–96-) e interpone el último de ellos el recurso de nulidad el día 26 de Octubre de 2001; es decir, exactamente, DIEZ (10) MESES DESPUES DE SU NOTIFICACIÓN. En consecuencia, el recurso no fue oportunamente interpuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 448 de la Ley Adjetiva Penal (Artículo 440 del Código derogado), computados según lo exige el artículo 172 ibídem (Artículo 189 del Código Adjetivo derogado). Y ASÍ SE DECLARA.

En el escrito de impugnación, dirigido a esta Corte de Apelaciones el Fiscal Undécimo del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena en Materia de Salvaguarda, expone como fundamento textualmente lo siguiente:

‘(...) Dicho recurso de Nulidad, se fundamenta en los artículos, 105 numeral 11º (sic) , 208 y 212 del Código Orgánico Procesal Penal y artículo 34 numeral 14º de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en tal sentido procedo a exponemos(sic) lo siguiente: DE LA IMPUGNABILIDAD OBJETIVA Procedo a interponer recurso de Nulidad contra la comentada decisión, conforme a lo previsto en el artículos(sic) 208 y 212 del Código Orgánico Procesal Penal, al haber causado un gravamen irreparable el órgano jurisdiccional declarando el Sobreseimiento de la Causa, encontrándose esta aun, para esa fecha, 22 de Diciembre de 2000, en Fase Preparatoria, y sin que el mismo haya sido solicitado por el Ministerio Público (Artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal), en tanto que el referido Sobreseimiento, es una actuación que va en desmedro de los criterios legales establecidos y la doctrina vigente, así como implica una violación flagrante de derechos y garantías señalada en nuestras leyes, amen(sic) que la ilegítima providencia que infringe el orden procesal (artículos 196 y 199 del Código Orgánico Procesal Penal) y comporta, por órgano de la Corte de Apelaciones, su restablecimiento. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO La Jueza de la recurrida en la decisión objeto del recurso, dicta el Sobreseimiento de la Causa, en la Fase Preparatoria, toda vez, que identificado como fuera el ciudadano y posteriormente imputado, RADAMES ARTURO GRATEROL ARRIECHE, en el acto que se originara por la solicitud del Ministerio Público, de aplicar en la presente investigación, el referido imputado, Una Medida de Prohibición de Salida del País, se extralimitara en su pronunciamiento y funciones, sin decidir en la audiencia de solicitud de la medidas(sic), y se toma un lapso a criterio propio, de tres días para resolver lo planteado y declarara el Sobreseer la causa, en consecuencia de haber dejado sin efecto la respectiva medida solicitada por la Representación Fiscal, por el motivo, que según su parecer y por referencia de la defensa el asunto era Cosa Juzgada, aunado a ello, no se dispuso en la notificación, que realizara el tribunal, de éste dictamen de Sobreseimiento, sino que mas bien en su notificación, hace saber a los Representantes Fiscales solicitantes que la referida medida cautelar, se dejo(sic) si(sic) efecto. Tal proceder del a-quo, comporta la Nulidad Absoluta de la decisión que emanara, por infracción flagrante de los artículos 190, 194, 196, 199 y 325 todos del Código Orgánico Procesal Penal, y por la falta de aplicación; todos los anteriores dispositivos, en debida concordancia con el artículos (sic) 25 y 49 en su ordinal (sic) 8º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela...’ Omissis. ‘...Ahora bien, sin el fundamento ni la debida motivación, ni la correspondiente solicitud del Ministerio Público, el decreto de Sobreseimiento emanado por la jueza de la recurrida, radica en la infracción de la garantía del debido proceso que asiste al imperativo constitucional, desde el momento del inicio de la investigación, la indicada garantía procesal, comporta necesariamente, por parte de los órganos encargados de la persecución penal, en cumplimiento y respeto irrestricto de las garantías procésales(sic) y particularmente de las formas previstas por el legislador para el cumplimiento de los fines a los que se contrae el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal; precisado lo anterior, la jueza de la recurrida pretende la creación de un procedimiento escrito en Fase Preparatoria, al extremo de procurar un dictamen irrito(sic) que no exige la ley procesal vigente, sin la solicitud del Fiscal correspondiente y que limita, como derecho de la vindicta pública, en una fase posterior a la fase preparatoria, previo del conocimiento de los actos de investigación, vale decir, el ejercicio del derecho a que alude en el artículo 11 ibídem, de requerir al Ministerio Público, la práctica de diligencias pertinentes y necesarias al ejercicio de la acción penal, derecho éste, que la irrita(sic) decisión anula. Por las razones anteriores, la decisión recurrida, es nula y revocable por la honorable Sala que ha de conocer el presente recurso, por infracción flagrante de los artículos 190, 194, 196, 199 y 325 del Código Orgánico Procesal Penal todos los anteriores dispositivos, en debida concordancia con el artículos (sic) 25 y 49 en su ordinal (sic) 8º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela...’.

Finalmente el recurrente, termina su escrito solicitando a esta Corte de Apelaciones.

’...Por las razones precedentemente expuestas, el Ministerio Público, ejerce formal Recurso de Nulidad Absoluta, de conformidad con el artículo 208 212 (sic) del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con lo dispuesto (sic) los artículos 25 y 49 en su ordinal 8º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en contra la decisión dictada por éste Juzgado Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Barquisimeto, en fecha 22 de Diciembre de 2000, mediante la cual declaró el Sobreseimiento de la Causa seguida al ciudadano RADAMES ARTURO GRATEROL ARREACHI (SIC) de conformidad con el artículo 325 ordinal 4º en fase preparatoria seguida por el Ministerio Público, por lo que pido sea DECLARADA SU NULIDAD ABSOLUTA, revocada y privada de todo efecto jurídico.

La conclusión anterior, a la que necesariamente deberá llegar la honorable Sala de la Corte de Apelaciones del Estado Lara, es consecuencia, que ninguna de las actuaciones realizadas por el Juez de la recurrida, son ajustada(sic) a las leyes y al debido proceso, y por consiguiente causa un gravamen irreparable en debida consideración de la magnitud de la infracción perpetrada por la Jueza, al violar las disposiciones flagrantemente de los artículos 190,194,196, 199 y 325 del Código Orgánico Procesal Penal ...’.

                                                   (….)

A todo evento esta Corte de Apelaciones procede en el presente asunto, a aplicar en todo caso, la extraactividad en favor del imputado, contenida en el artículo 553 del Código Orgánico Procesal Penal vigente. Y ASI SE DECLARA.-

                                                  (…)

Esta Corte de Apelaciones observa que la decisión de fecha 22 de Diciembre de 2000, mediante la cual el Tribunal de Control Nro. 7 de este Circuito Judicial Penal del Estado Lara, acuerda dejar sin efecto la Medida de Prohibición de Salida del País del Ciudadano RADAMES GRATEROL, ‘...y como consecuencia se Sobresee la causa de conformidad con el artículo 325, ordinal 4º del Código Orgánico Procesal Penal...’. (Ya derogado), NO ESTÁ AJUSTADA A DERECHO, ya que la misma adolece de una serie de requisitos básicos y previos que no cumplió la Juez de Control No. 7, creando con ello evidentes vicios procesales (errores in procedendo) y de juicio (errores in judicando) por las siguientes razones:

PRIMERO: La Juez de Control No. 7, ya había decidido por auto de fecha 10 de Agosto de 2000, acordando una Medida de Prohibición de Salida del País del Ciudadano RADAMES GRATEROL ARRIECHI, la cual había sido solicitada por los Fiscales Undécimo del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia de Salvaguarda y Fiscal Quinto (E) del Ministerio Público del Estado Lara. Y aún cuando es muy cierto, que la referida Juez había violentado los más sagrados principios constitucionales, al haber producido una decisión sin la presencia del imputado. Sin embargo, ante una solicitud de Nulidad Absoluta producida por la defensa, LA JUEZ DECIDIÓ REALIZAR UNA AUDIENCIA CON LAS PARTES, violando con tal decisión el referido principio de inalterabilidad contenido en el derogado artículo 193 del Código Orgánico Procesal Penal (Artículo 176 vigente), que prohíbe a los jueces revocar o reformar su propia decisión.

No obstante tal prohibición, la referida audiencia la produjo efectivamente en fecha 19 de Diciembre de 2000, con la presencia de los siguientes sujetos procesales: Dr. REINALDO SAUME, Fiscal Quinto y el Dr. José Antonio Guerrero, Fiscal 27 con Competencia Nacional, los defensores y el IMPUTADO RADAMES ARTURO GRATEROL.

En esa Audiencia (evidentemente inventada por la Juez de Control No. 7 de este Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Abogada Perla Rondón), según Acta que corre inserta a los folios del 75 al 78, se pueden leer TEXTUALMENTE los aspectos que esta Alzada se permite analizar en forma pormenorizada así:

                                                        (…)

 Constata igualmente esta Corte de Apelaciones, que la Juez No, 7 de este Circuito Judicial Penal del Estado Lara, incurre en un evidente vicio procesal al no producir su fundamentación inmediatamente a la audiencia, lo cual es contrario a lo previsto en el artículo 177 del vigente Código Orgánico Procesal Penal (artículo 194 del Código derogado), el cual obliga al Juez a pronunciarse inmediatamente después de concluida la audiencia. Sin embargo, la Juez Ad quo, a motus propio, tal como lo cuestiona el Ministerio Público, se tomó un lapso de tres (3) días para decidir.

Constata igualmente este Tribunal Colegiado que, todos los Fiscales del Ministerio Público que estuvieron presentes, firmaron el acta de audiencia de fecha 19-12-2000, en clara señal de conformidad y en ningún momento impugnaron dicho acto, ni dejaron constancia alguna de su supuesta inconformidad, ni en ese día, ni en los días subsiguientes, sino que esperaron la fundamentación que hizo el Tribunal el día 22-12-2000.

                                                        (…)

SEGUNDO: En honor a la verdad de aquel momento procesal, la Juez a quo, según las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal que estaba vigente para aquella fecha (22 de Diciembre de 2000), si se iba a pronunciar acerca del Sobreseimiento de la Causa, lo cual en ningún momento le fue solicitado por el Ministerio Público, estaba además obligada a verificar los siguientes supuestos de hecho:

                                                             (…)

En este orden lógico de ideas, si la Juez de Control No. 7 de este Circuito Judicial Penal del Estado Lara, estaba fundamentando su decisión en base a una supuesta Cosa Juzgada, el ordinal que debió tomar para su razonamiento debió ser el 3º ejusdem, porque es evidente que el invocado ordinal 4º se refiere a un supuesto de hecho completamente diferente que, no tiene nada que ver con el caso que nos ocupa. Y que, por lógica, no podía solicitar el Ministerio Público en aquel momento procesal, ya que más bien estaba tratando de asegurar la presencia del imputado en el país, (Con la solicitud de la medida cautelar de prohibición de salida del país) a los fines de que éste pudiera responder personalmente de las resultas de un evidente acto conclusivo que esa Institución Fiscal estaba preparando.

Por ello, y por cuanto, además, no fue solicitado expresamente por el Ministerio Público, como lo prescribía la Ley para ese entonces vigente; es evidente que la impugnada decisión no cumplió con todos los requisitos de Ley previstos en los artículos 325 y 327 del derogado Código Orgánico Procesal Penal. Y ASI SE ESTABLECE.

TERCERO: Estima por otra parte, esta Alzada, que la Juez Séptimo de Control Abogada Perla Rondón, incurrió en ultrapetita, en dos momentos procesales. En el primer momento, porque ella estaba conociendo solamente acerca de una solicitud de Medida Cautelar de Prohibición de Salida del País que le hiciera el Ministerio Público, según los fiscales del asunto, “en etapa de investigación”, y la misma, además de haber acordado tal medida, sin la presencia del imputado de autos RADAMES GRATEROL, acordó también una incomprensible ‘prohibición de salida de la Ciudad de Barquisimeto’, la cual tampoco le había sido solicitado.

Es también realmente inconcebible el hecho, que la Juez de Control No. 7 de este Circuito Judicial Penal del Estado Lara, se haya pronunciado también por el Sobreseimiento de la Causa, cuando el Ministerio Público jamás se lo solicitó y menos aún cuando los Fiscales le estaban haciendo la petición de Prohibición de Salida del país, aparentemente para evitar que el imputado pudiera evadirse, haciendo nugatorias las investigaciones que estaba realizando el Ministerio Público respecto a los supuestos ‘ilícitos verdaderamente contemplados en la Legislación de Salvaguarda, diferentes y posteriores’ y que no tienen nada que ver, SEGÚN EL REFERIDO ESCRITO DEL FISCAL (cursante en autos a los folios107 al 115), a los observados y resueltos con la Averiguación Terminada declarada conforme al ordinal 1º del artículo 206 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, tanto por el extinto Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público, como con la confirmatoria de tal decisión, de fecha 12 de Febrero de 1999, en ponencia de la Magistrada EDITH CABELLO DE REQUENA (Exp. No.7574/99) del también extinto Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público.

La posición de la defensa respecto al punto de si la Juez sí podía decretar el Sobreseimiento de la Causa de oficio, por cuanto el legislador, en la reforma del Código Orgánico Procesal Penal lo admitió perfectamente, no tiene fundamento alguno, toda vez que, los hechos sobre los cuales decidió la Juez Ad quo, son hechos nuevos y (según el escrito del Ministerio Público) completamente distintos y no tienen nada que ver con los de la Averiguación Terminada referida anteriormente. Por eso, al no tener la solicitud del Ministerio Público respecto al Sobreseimiento de la causa, la Juez No. 7 de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Lara, no debió acordarlo, de oficio, como indebidamente lo hizo; porque además de haber creado un caos procesal que no tenía razón alguna de ser, es evidente que, los efectos de tal decisión mantienen aún paralizadas a las partes, hasta el punto de no poder ver la solución de sus expectativas de derecho y de justicia. Más aún cuando debió ser más prudente, porque la más elemental lógica jurídica le obligaba a preguntarse en aquel momento procesal: ¿Para qué el Ministerio Público está solicitando una medida cautelar de prohibición de salida del país del imputado si la consecuencia inmediata va a ser la de presentar inmediatamente un acto conclusivo de Sobreseimiento?

CUARTO: Se permite esta Alzada igualmente analizar lo siguiente: El Recurso ordinario que tenía en sus manos el Ministerio Público en aquel momento procesal era el de Apelación. A tal efecto, El Código Orgánico Procesal Penal derogado prescribía la norma siguiente:

‘...Artículo 328. Recurso. El Ministerio Público y la víctima podrán interponer recurso de apelación contra el auto de sobreseimiento...’. (Subrayado de este Tribunal Colegiado)

Entonces, no entiende este Tribunal Colegiado, ¿Porqué el Ministerio Público en ningún momento ejerció dicho recurso de apelación?, sino que esperó DIEZ (10) MESES PARA SOLICITAR EL PRESENTE RECURSO DE NULIDAD ABSOLUTA. CONSIDERA ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, CON LA MAYOR RESPONSABILIDAD, QUE TAL ACTO ES UNA CLARA POSICIÓN DE NEGLIGENCIA PROCESAL QUE VA EN DETRIMENTO DEL ESTADO VENEZOLANO. Y ASI SE DECLARA.-

En este orden de ideas, tampoco es menos cierto que, ese Sobreseimiento acordado por la referida Juez 7 de Control en su decisión de fecha 22-12-2000, le causa un gravamen irreparable al Ministerio Público haciéndolo extensivo al Estado Venezolano, por el hecho de ser una sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva, que pone fin al procedimiento y tiene autoridad de cosa juzgada. Y es por esta razón fundamental, que no puede entender esta Corte de Apelaciones, el porqué los Fiscales encargados del asunto, habiendo sido debidamente notificados en fecha 26-12-2000, (Tal como consta a los folios 90 y 96) no impugnaron en su debida oportunidad la tan cuestionada decisión, conforme a las previsiones contenidas en el Principio de Impugnabilidad prescrito en el derogado Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 425 y siguientes.

Estima por demás este Tribunal Colegiado, que tal Sobreseimiento, desde el punto de vista procesal, no tiene razón alguna de ser y en tal sentido, por el solo hecho de haber colocado al Estado Venezolano en un total y absurdo estado de indefensión, considera esta Alzada, que tal decisión es objeto de Nulidad Absoluta conforme al artículo 208 del derogado Código Orgánico Procesal Penal (Artículo 191 del Código Adjetivo Penal vigente). Y en consecuencia, lo más ajustado a derecho es, que el presente recurso debe ser declarado PARCIALMENTE CON LUGAR, PROCEDIENDO EN CONSECUENCIA: 1.- A CONFIRMAR PARCIALMENTE LA DECISIÓN DE LA JUEZ SEPTIMO DE CONTROL DE FECHA 22-12-2000, DONDE ACORDÓ DEJAR SIN EFECTO LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS (Y DE LA CIUDAD DE BARQUISIMETO), DEL CIUDADANO RADAMES ARTURO GRATEROL ARRIECHE. Y 2.- ORDENAR LA NULIDAD ABSOLUTA DE LA DECLARATORIA DEL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA DECRETADO POR LA SUSODICHA JUEZ A QUO, EL CUAL FUNDAMENTÓ INDEBIDAMENTE, EN BASE AL ARTÍCULO 325, ORDINAL 4º DEL DEROGADO CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL. Y ASI SE DECIDE.-

CAPITULO II

Por lo que atañe al alegato de la defensa en lo que respecta a la supuesta existencia de la COSA JUZGADA, esta Corte de Apelaciones procede seguidamente a analizar, en forma pormenorizada, el escrito del Fiscal Undécimo del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena y en Materia de Salvaguarda del Patrimonio Público, recibido por este Tribunal Colegiado en fecha 26-10-2001, el cual contiene el siguiente razonamiento:

                                                          (…).

En este mismo contexto de ideas y a los efectos de ordenar procesalmente la presente causa y sus efectos, esta Alzada, procediendo conforme a derecho y en base a la más pura verdad procesal contenida en las presentes actuaciones, se permite prevenir al Tribunal Quinto en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Lara, quien está conociendo de la causa principal No. KP01-P-2001-001566 y a todos los Jueces que conozcan de la misma, quienes deberán tener muy presente, y muy en cuenta, a los efectos del futuro y eventual proceso que se sigue contra el hoy acusado RADAMÉS GRATEROL ARRIECHE, QUE EN REALIDAD SÍ EXISTE UNA INNEGABLE: COSA JUZGADA INCIDENTAL, la cual el mismo Fiscal del Ministerio Público con Competencia Nacional en materia de Salvaguarda del Patrimonio Público en su escrito, admite expresamente y reconoce su existencia, advirtiendo además en dicho escrito que, aparentemente, dicha COSA JUZGADA INCIDENTAL, según él, no tiene nada que ver con los supuestos ‘ilícitos verdaderamente contemplados en la Legislación de Salvaguarda, diferentes y posteriores a los observados y resueltos por los dos Órganos Jurisdiccionales extintos que se pronunciaran en torno a la responsabilidad administrativa del Ex Alcalde RADAMES GRATEROL’ hechos estos, que supuestamente, viene investigando el Ministerio Público y que van a ser objeto del futuro y eventual juicio que está por realizarse contra el mismo imputado, el cual viene conociendo, en este momento procesal, el referido Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara .Y ASI SE ESTABLECE.

Por todos los razonamientos expuestos, la consecuencia jurídica más acertada es DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO DE NULIDAD INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO. EN ESTE ORDEN DE IDEAS: 1.-SE CONFIRMA PARCIALMENTE LA DECISIÓN DE LA JUEZ SEPTIMO DE CONTROL DE FECHA 22-12-2000, DONDE ACORDÓ DEJAR SIN EFECTO LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS (Y DE LA CIUDAD DE BARQUISIMETO), DEL CIUDADANO RADAMES ARTURO GRATEROL ARRIECHE. Y 2.- SE ORDENA LA NULIDAD ABSOLUTA DE LA DECLARATORIA DEL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA DECRETADO POR LA SUSODICHA JUEZ A QUO EN BASE AL ARTÍCULO 325, ORDINAL 4º DEL DEROGADO CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL . Y ASI SE DECIDE (sic)”.

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

A juicio de la representación del Ministerio Público, la presente acción de amparo resulta con lugar, en razón de las siguientes consideraciones:

1.- Que la decisión del 22 de diciembre de 2000, dictada por el Juzgado Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, no fue objeto –en su oportunidad- de apelación por ninguna de las partes, en razón de lo cual quedó definitivamente firme.

            2.- Que no podía entonces, la Corte de Apelaciones del señalado Circuito Judicial Penal admitir recurso ordinario alguno contra la referida decisión del 20 de diciembre de 2000; sin embargo, admitió un mal llamado recurso de nulidad no previsto en el Código Orgánico Procesal Penal y lo tramitó como si se tratara de un recurso de apelación de autos.

            3.- Que tal proceder de la Corte de Apelaciones violó la tutela judicial efectiva.

            4.- Que no sólo la Corte de Apelaciones del Estado Lara actuó fuera de su competencia, sino que el Juzgado Séptimo de Control también lo hizo, cuando al conocer la solicitud de nulidad absoluta formulada por la defensa del ciudadano Radamés Graterol, del acto por el cual se le decretó medida cautelar de prohibición de salida del país, convocó a una audiencia en la cual las partes sólo debatieron acerca de la medida impuesta; no obstante, tres días después –el 20 de diciembre de 2000- decretó el sobreseimiento de la causa a tenor de lo establecido en el artículo 325.4 del Código Orgánico Procesal Penal, sin que nadie lo hubiese solicitado, ni mucho menos hubiese sido objeto del referido debate.                        

 

 

Consideraciones Para Decidir

Del análisis de las actas del expediente y de la apreciación de las exposiciones de las partes –accionante y accionada-  y del Ministerio Público, en la audiencia oral del presente proceso de amparo, la Sala observa:

En el presente caso, la tutela constitucional invocada devino de la decisión del 18 de junio de 2004, dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en la que declaró parcialmente con lugar el recurso de nulidad ejercido por el Fiscal Undécimo del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia Plena y en materia de Salvaguarda del Patrimonio Público y, consecuencia, anuló la decisión dictada el 22 de diciembre de 2000, por el Juzgado Séptimo de Control del señalado Circuito Judicial Penal, en cuanto al sobreseimiento decretado en la causa seguida al hoy accionante.

Ello en razón de que, a juicio del accionante, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara infringió las garantías constitucionales del debido proceso, de la cosa juzgada y de la reserva legal, por cuanto el Ministerio Público intentó el 26 de octubre de 2001, ante la referida Corte de Apelaciones un extemporáneo e inexistente recurso de nulidad, es decir, diez meses después de haber quedado firme la sentencia del 22 de diciembre de 2000, en la que se decretó el sobreseimiento de la causa seguida en su contra. No obstante ello, el órgano jurisdiccional denunciado como agraviante tramitó y resolvió dicho recurso.

Ahora bien, estima la Sala propicia la oportunidad a fin de fijar criterio respecto del instituto procesal de la nulidad en el proceso penal.

En tal sentido, acota la Sala, que el proceso se desenvuelve mediante las actuaciones de los distintos sujetos intervinientes en el mismo, en lo que respecta a los particulares, sea como parte o como tercero incidental. Dichas actuaciones deben realizarse bajo el cumplimiento de ciertas formas esenciales para que las mismas sean válidas, no sólo para cumplir con el esquema legal propuesto, sino para que las garantías procesales, de raíz constitucional (debido proceso, derecho de defensa), sean cumplidas.

Así, la constitución del acto para que tenga eficacia y vigencia debe estar integrado por la voluntad, el objeto, la causa y la forma, satisfaciendo los tres primeros aspectos los requisitos intrínsecos y el último los extrínsecos.

De allí que, toda actividad procesal o judicial necesita para su validez llenar una serie de exigencias que le permitan cumplir con los objetivos básicos esperados, esto es, las estrictamente formales y las que se refieren al núcleo de dicha actividad. Sin embargo, independientemente de cuáles sean los variados tipos de requisitos, ciertamente ellos dan la posibilidad de conocer cuándo se está cumpliendo con lo preceptuado por la norma, circunstancia que permite entonces conocer hasta donde se puede hablar de nulidad o validez de los actos procesales.

La teoría de las nulidades constituye uno de los temas de mayor importancia para el mundo procesal, debido a que mediante ella se establece lo relevante en la constitución, desarrollo y formalidad de los actos procesales, ésta última la más trascendente puesto que a través de ella puede garantizarse la efectividad del acto. Así, si se da un acto con vicios en aspectos sustanciales relativos al trámite –única manera de concebir el fundamento del acto- esto es, los correspondientes a la formación de la actividad, entonces nace forzosamente la nulidad.

La importancia para el proceso es que las reglas básicas sobre el cumplimiento de los actos y los actos mismos estén adecuadamente realizados, ya que el principio rector de todos los principios que debe gobernar a la justicia es el efectivo cumplimiento del debido proceso, es decir, que la idea de un juicio justo es tan importante como la propia justicia, razón por la cual las reglas, principios y razones del proceso, a la par de las formas, deben estar lo suficientemente claras y establecidas para que no quede la duda respecto de que se ha materializado un juicio con vicios en la actividad del proceso.

En síntesis, los defectos esenciales o trascendentes de un acto procesal que afectan su eficacia y validez, el cumplimiento de los presupuestos procesales o el error en la conformación que afecta algún interés fundamental de las partes o de la regularidad del juicio en el cumplimiento de normas de cardinal observancia, comportan la nulidad.

En nuestro sistema procesal penal, como en cualquier otro sistema procesal, la nulidad es considerada como una verdadera sanción procesal –la cual puede ser declarada de oficio o a instancia de parte por el juez de la causa- dirigida a privar de efectos jurídicos a todo acto procesal que se celebra en violación del ordenamiento jurídico-procesal penal. Dicha sanción comporta la eliminación de los efectos legales del acto írrito, regresando el proceso a la etapa anterior en la que nació dicho acto.

De allí, que la nulidad, aunque pueda ser solicitada por las partes y para éstas constituya un medio de impugnación, no está concebida por el legislador dentro del Código Orgánico Procesal Penal como un medio recursivo ordinario, toda vez que va dirigida fundamentalmente a sanear los actos procesales cumplidos en contravención con la ley, durante las distintas fases del proceso –artículos 190 al 196 del Código Orgánico Procesal Penal- y, por ello, es que el propio juez que se encuentre conociendo de la causa, debe declararla de oficio.

Mientras que, los recursos tienen por objeto el que se revise una determinada decisión por un órgano superior al que la dictó. Revisar, de por sí, presupone una función que debe realizar un órgano de mayor gradación de aquel que dictó la decisión.          Al ser una sentencia, interlocutoria o definitiva, un acto que produce los más importantes efectos jurídicos, debe ser controlada o revisada a través de un mecanismo de control real sobre el fallo –la actividad recursiva-.

La actividad recursiva en el contexto del nuevo proceso penal es limitada, ya que no todas las decisiones pueden ser sometidas al control de la doble instancia y, si bien, el recurso de apelación y el de casación pertenecen a dicha actividad; no obstante, es innegable que estos dos medios de impugnación generan actos procesales que tienen incidencia importante en el proceso, ya que por efecto de su ejercicio podría declararse la nulidad del juicio o de la decisión defectuosa y ello comporta que se realice de nuevo la actividad anulada.

            De lo apuntado precedentemente, observa la Sala que, en el caso de autos, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara actuó fuera de su competencia funcional, ya que dio curso a una pretensión –el mal llamado recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público- y a un trámite procesal inexistente. Ciertamente, la referida Corte de Apelaciones, sin ser el juzgado de la causa, entró a resolver la nulidad solicitada con base en el procedimiento establecido en el texto adjetivo penal respecto del recurso de apelación, el cual no fue nunca interpuesto.

            Tal proceder de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial penal del Estado Lara violó la garantía del debido proceso.

Por otra parte, observa igualmente la Sala que en la actuación del Juzgado Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara existió una subversión del proceso penal, ya que con motivo de una solicitud de sustitución de una medida cautelar pedida por el Ministerio Público –prohibición de salida del país- sobreseyó la causa seguida al accionante, con base en una cosa juzgada, cuando dicho thema decidendum no estaba planteado ante él. Tal proceder constituye una subversión procesal que, a juicio de la Sala, afectó el orden público.

Asimismo, que el Ministerio Público, en su oportunidad, no recurrió del fallo a pesar de que la decisión dictada por el referido Juzgado de Control hacía nugatoria su actividad de investigación.

Siendo ello así, a juicio de la Sala, la acción de amparo interpuesta resulta con lugar. En consecuencia, anula la decisión dictada el 18 de junio de 2004, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara. Asimismo, por orden público constitucional anula la decisión del 22 de diciembre de 2000, dictada por el Juzgado Séptimo de Control del señalado Circuito Judicial Penal, y así se declara.

Ofíciese a la Inspectoría General de Tribunales para que investigue la conducta de quien ejercía para la oportunidad de la decisión anulada, el cargo de Juez Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara. Ofíciese igualmente, al Fiscal General de la República para  que investigue la posible negligencia de los abogados Theresly Malavé Wadskier y Reinaldo Jesús Saume Losada, Fiscales Úndecimo a Nivel Nacional con Competencia Plena y en materia de Salvaguarda del Patrimonio Público y Quinto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, respectivamente, a cargo para ese momento de la investigación, y quienes no recurrieron de la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo de Control, y así se declara.

Se deja sin efecto la medida cautelar innominada acordada en decisión del 5 de marzo de 2005, igualmente se declara.

DECISIÓN

En virtud de las consideraciones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos:

1.- Declara CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano RADAMÉS ARTURO GRATEROL ARRIECHI, asistido por el abogado JORGE LUIS MEZA. En consecuencia, SE ANULA la decisión del 18 de junio de 2004, dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en la que declaró parcialmente con lugar el recurso de nulidad ejercido por el Fiscal Undécimo del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia Plena y en materia de Salvaguarda del Patrimonio Público.

2.- Por orden público constitucional, ANULA la decisión del 22 de diciembre de 2000, dictada por el Juzgado Séptimo de Control del señalado Circuito Judicial Penal, en la decretó el sobreseimiento de la causa seguida al ciudadano Radamés Arturo Graterol Arriechi.

3.- ORDENA oficiar a la Inspectoría General de Tribunales para que investigue la conducta de quien ejercía para la oportunidad de la decisión anulada, el cargo de Juez Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, y al Fiscal General de la República para que investigue la posible negligencia de los abogados Theresly Malavé Wadskier y Reinaldo Jesús Saume Losada, Fiscales Úndecimo a Nivel Nacional con Competencia Plena y en materia de Salvaguarda del Patrimonio Público y Quinto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, respectivamente, a cargo para ese momento de la investigación, y quienes no recurrieron de la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo de Control.

4.- Se deja SIN EFECTO la medida cautelar decretada por la Sala, en decisión del 13 de diciembre de 2004.  

Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 16 días del mes de junio de dos mil cinco (2005). Años: 195 ° de la Independencia y 146° de la Federación.

 

El Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia,

 

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

Ponente

 

El encargado de la Vicepresidencia,

 

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

 

Los Magistrados,

 

 

Luis Velázquez Alvaray

 

 

Francisco Carrasquero López

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

 

 

Arcadio Delgado Rosales

 

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

Exp. Nº: 04-3103

JECR./

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