Sentencia N.º 1228
- Sentencia
- N.º 1228
- Fecha
- 16/06/2005
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 04-3103
- Ponente
- Jesús E. Cabrera Romero
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADO-PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
El 5 de marzo de 2005, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, admitió la acción de amparo interpuesta por el ciudadano RADAMÉS ARTURO GRATEROL ARRIECHI, asistido por el abogado JORGE LUIS MEZA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 30.861, contra la decisión del 18 de junio de 2004, dictada por
Practicadas las notificaciones,
En la referida audiencia oral se le concedió el derecho de palabra a los abogados Jorge Luis Meza, en representación del acionante, y José Julián García, Juez Presidente de
Siendo la oportunidad legal para dictar sentencia, pasa
HECHOS Y FUNDAMENTOS DE
En la oportunidad de la interposición de la acción de amparo, el actor esgrimió los alegatos siguientes:
Que, en 1998, oportunidad en que se desempeñó como Alcalde del Municipio Morán del Estado Lara, se inició en su contra una averiguación penal por la adquisición, por parte de la referida Alcaldía, de maquinarias pesadas obtenidas con sobreprecio.
Que dicha averiguación penal la tramitó y resolvió el extinto Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de
Que no obstante ello, en el año 2000, se produjo una nueva denuncia sobre los mismos hechos, causa y persona, por lo que se violentaba la cosa juzgada recaída más de un año atrás (sic).
Que en el nuevo expediente sustanciado por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, fue solicitada por la vindicta pública, medida de prohibición de salida del país en mi contra, de la cual jamás fui notificado ni se me permitió esgrimir defensa alguna (sic).
Que ante la medida impuesta solicité su nulidad absoluta a través de un recurso impropiamente denominado de nulidad (...) el juez de la causa ordenó la realización de una audiencia a la cual compareció el ente fiscal, tanto del Estado Lara, como el de competencia nacional, y luego del debate de rigor y los correspondientes medios probatorios, se difirió por tres días la resolución del asunto (sic).
Que el 22 de diciembre de2000 fue proferida la sentencia que revocó la medida cautelar inconstitucionalmente acordada, fundamentándola en que existía una cosa juzgada y en consecuencia sobreseyó la causa.
Que de tal dispositivo fuimos debidamente notificados todas las partes, y en especial la vindicta pública el 26 de diciembre de 2000, quienes tampoco ejercieron el derecho de apelación, por lo que transcurrido el lapso correspondiente de 5 días, devino en firme, por lo cual el Tribunal ordenó su archivo.
Que el 26 de octubre de 2001, 10 meses después, la vindicta pública ejerce contra la sentencia firme del 22 de diciembre de 2000, un RECURSO DE NULIDAD, inexistente por lo demás como procedimiento autónomo dentro de la normativa adjetiva penal, el cual fue remitido a
Que el 22 de octubre de 2003, fue solicitada a
Que el 18 de junio hogaño finalmente recayó sentencia definitiva sobre este asunto (...) la cual declaró parcialmente con lugar el recurso de nulidad intentado por el Ministerio Público, a pesar de que en su motiva advierte que la sentencia de primera instancia del 22 de diciembre de 2000, estaba definitivamente firme y que la vindicta pública dejó transcurrir el lapso de apelación (sic).
Por ello, a juicio del accionante, la sentencia dictada el 18 de junio de 2003, por
Por otra parte, estimó que no existe recurso alguno que permita atacar una sentencia definitivamente firme con autoridad de cosa juzgada, así se desprende del artículo 432 del Código Orgánico Procesal Penal, y de la lectura de su Libro Cuarto donde no se prevé recurso de nulidad alguno.
Asimismo, que la sentencia delatada contiene contradicciones importantes en cuanto al recurso impetrado por la vindicta pública, el 26 de octubre de 2001, dado que indistintamente lo denomina de apelación o de nulidad, creando confusión, dado que es el propio recurrente quien lo denomina como RECURSO DE NULIDAD. En cualquier caso lo que si declara la mayoría sentenciadora es que efectivamente fue interpuesto 10 meses después de su notificación, resultando extemporáneo, por lo que debió declararlo INADMISIBLE y ratificar la firmeza de la sentencia del 22 de diciembre de
Igualmente, denunció que de la lectura pormenorizada del Libro Cuarto del Código Orgánico Procesal Penal, se colige la inexistencia del recurso de nulidad que permita atacar una sentencia definitivamente firme con autoridad de cosa juzgada (...) De permitirse la tesis de la recurrida se abrirían las compuertas al caos procesal, dado que en el caso sub examine, hubo un retraso de 10 meses para intentar atacar una sentencia firme (...) atentando contra uno de los pilares fundamentales de todo estado de derecho: la seguridad jurídica. Por cuanto la recurrida, admite, tramita y decide con lugar un RECURSO DE NULIDAD, no creado por la ley adjetiva previa, se encuentra viciada de inconstitucionalidad dado que
DEL ACTO PRESUNTAMENTE LESIVO
El 18 de junio de 2004,
Sirvió de fundamento a la señalada decisión, lo siguiente:
Corresponde a esta Corte conocer del recurso de apelación de autos interpuesto por el Ciudadano NOEL ANTONIO PANTOJA RODRIGUEZ, actuando en su condición de Fiscal Undécimo del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena y en Materia de Salvaguarda del Patrimonio Público, donde interpone Recurso de Nulidad contra la decisión dictada en fecha 22 de Diciembre de 2000 por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Acordó dejar sin efecto
(
)
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 450 del Código Adjetivo Penal, se admite en este mismo acto el recurso de Apelación propuesto, independientemente que el Ministerio Público lo haya producido en forma extemporánea, toda vez que los alegatos presentes en su escrito, contienen elementos que atañen al orden público y a expresas garantías constitucionales. Y acogiéndose al lapso establecido en el primer aparte de la citada norma legal, se pasa a dictar pronunciamiento con fundamento en los siguientes términos en atención a los Capítulos siguientes:
(
)
En tal sentido, observa este Tribunal Colegiado, vistas las actuaciones y los cómputos efectuados por orden del Tribunal de la recurrida, que la decisión objeto del recurso fue realizada en fecha 22 de Diciembre de 2000. En fecha 26 de Diciembre del año 2000, el Ministerio Público, a través del Fiscal Quinto (E) del Ministerio Público del Estado Lara y del Fiscal Undécimo del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia de Salvaguarda, fueron debidamente notificados de la decisión (Tal como consta en autos a los folios noventa90- y noventa y seis96-) e interpone el último de ellos el recurso de nulidad el día 26 de Octubre de 2001; es decir, exactamente, DIEZ (10) MESES DESPUES DE SU NOTIFICACIÓN. En consecuencia, el recurso no fue oportunamente interpuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 448 de
En el escrito de impugnación, dirigido a esta Corte de Apelaciones el Fiscal Undécimo del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena en Materia de Salvaguarda, expone como fundamento textualmente lo siguiente:
(...) Dicho recurso de Nulidad, se fundamenta en los artículos, 105 numeral 11º (sic) , 208 y 212 del Código Orgánico Procesal Penal y artículo 34 numeral 14º de
Finalmente el recurrente, termina su escrito solicitando a esta Corte de Apelaciones.
...Por las razones precedentemente expuestas, el Ministerio Público, ejerce formal Recurso de Nulidad Absoluta, de conformidad con el artículo 208 212 (sic) del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con lo dispuesto (sic) los artículos 25 y 49 en su ordinal 8º de
La conclusión anterior, a la que necesariamente deberá llegar la honorable Sala de
(
.)
A todo evento esta Corte de Apelaciones procede en el presente asunto, a aplicar en todo caso, la extraactividad en favor del imputado, contenida en el artículo 553 del Código Orgánico Procesal Penal vigente. Y ASI SE DECLARA.-
(
)
Esta Corte de Apelaciones observa que la decisión de fecha 22 de Diciembre de 2000, mediante la cual el Tribunal de Control Nro. 7 de este Circuito Judicial Penal del Estado Lara, acuerda dejar sin efecto
PRIMERO:
No obstante tal prohibición, la referida audiencia la produjo efectivamente en fecha 19 de Diciembre de 2000, con la presencia de los siguientes sujetos procesales: Dr. REINALDO SAUME, Fiscal Quinto y el Dr. José Antonio Guerrero, Fiscal 27 con Competencia Nacional, los defensores y el IMPUTADO RADAMES ARTURO GRATEROL.
En esa Audiencia (evidentemente inventada por
(
)
Constata igualmente esta Corte de Apelaciones, que
Constata igualmente este Tribunal Colegiado que, todos los Fiscales del Ministerio Público que estuvieron presentes, firmaron el acta de audiencia de fecha 19-12-2000, en clara señal de conformidad y en ningún momento impugnaron dicho acto, ni dejaron constancia alguna de su supuesta inconformidad, ni en ese día, ni en los días subsiguientes, sino que esperaron la fundamentación que hizo el Tribunal el día 22-12-2000.
(
)
SEGUNDO: En honor a la verdad de aquel momento procesal,
(
)
En este orden lógico de ideas, si
Por ello, y por cuanto, además, no fue solicitado expresamente por el Ministerio Público, como lo prescribía
TERCERO: Estima por otra parte, esta Alzada, que
Es también realmente inconcebible el hecho, que
La posición de la defensa respecto al punto de si
CUARTO: Se permite esta Alzada igualmente analizar lo siguiente: El Recurso ordinario que tenía en sus manos el Ministerio Público en aquel momento procesal era el de Apelación. A tal efecto, El Código Orgánico Procesal Penal derogado prescribía la norma siguiente:
...Artículo 328. Recurso. El Ministerio Público y la víctima podrán interponer recurso de apelación contra el auto de sobreseimiento.... (Subrayado de este Tribunal Colegiado)
Entonces, no entiende este Tribunal Colegiado, ¿Porqué el Ministerio Público en ningún momento ejerció dicho recurso de apelación?, sino que esperó DIEZ (10) MESES PARA SOLICITAR EL PRESENTE RECURSO DE NULIDAD ABSOLUTA. CONSIDERA ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, CON
En este orden de ideas, tampoco es menos cierto que, ese Sobreseimiento acordado por la referida Juez 7 de Control en su decisión de fecha 22-12-2000, le causa un gravamen irreparable al Ministerio Público haciéndolo extensivo al Estado Venezolano, por el hecho de ser una sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva, que pone fin al procedimiento y tiene autoridad de cosa juzgada. Y es por esta razón fundamental, que no puede entender esta Corte de Apelaciones, el porqué los Fiscales encargados del asunto, habiendo sido debidamente notificados en fecha 26-12-2000, (Tal como consta a los folios 90 y 96) no impugnaron en su debida oportunidad la tan cuestionada decisión, conforme a las previsiones contenidas en el Principio de Impugnabilidad prescrito en el derogado Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 425 y siguientes.
Estima por demás este Tribunal Colegiado, que tal Sobreseimiento, desde el punto de vista procesal, no tiene razón alguna de ser y en tal sentido, por el solo hecho de haber colocado al Estado Venezolano en un total y absurdo estado de indefensión, considera esta Alzada, que tal decisión es objeto de Nulidad Absoluta conforme al artículo 208 del derogado Código Orgánico Procesal Penal (Artículo 191 del Código Adjetivo Penal vigente). Y en consecuencia, lo más ajustado a derecho es, que el presente recurso debe ser declarado PARCIALMENTE CON LUGAR, PROCEDIENDO EN CONSECUENCIA: 1.- A CONFIRMAR PARCIALMENTE
CAPITULO II
Por lo que atañe al alegato de la defensa en lo que respecta a la supuesta existencia de
(
).
En este mismo contexto de ideas y a los efectos de ordenar procesalmente la presente causa y sus efectos, esta Alzada, procediendo conforme a derecho y en base a la más pura verdad procesal contenida en las presentes actuaciones, se permite prevenir al Tribunal Quinto en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Lara, quien está conociendo de la causa principal No. KP01-P-2001-001566 y a todos los Jueces que conozcan de la misma, quienes deberán tener muy presente, y muy en cuenta, a los efectos del futuro y eventual proceso que se sigue contra el hoy acusado RADAMÉS GRATEROL ARRIECHE, QUE EN REALIDAD SÍ EXISTE UNA INNEGABLE: COSA JUZGADA INCIDENTAL, la cual el mismo Fiscal del Ministerio Público con Competencia Nacional en materia de Salvaguarda del Patrimonio Público en su escrito, admite expresamente y reconoce su existencia, advirtiendo además en dicho escrito que, aparentemente, dicha COSA JUZGADA INCIDENTAL, según él, no tiene nada que ver con los supuestos ilícitos verdaderamente contemplados en
Por todos los razonamientos expuestos, la consecuencia jurídica más acertada es DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO DE NULIDAD INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO. EN ESTE ORDEN DE IDEAS: 1.-SE CONFIRMA PARCIALMENTE
OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
A juicio de la representación del Ministerio Público, la presente acción de amparo resulta con lugar, en razón de las siguientes consideraciones:
1.- Que la decisión del 22 de diciembre de 2000, dictada por el Juzgado Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, no fue objeto en su oportunidad- de apelación por ninguna de las partes, en razón de lo cual quedó definitivamente firme.
2.- Que no podía entonces,
3.- Que tal proceder de
4.- Que no sólo
Consideraciones Para Decidir
Del análisis de las actas del expediente y de la apreciación de las exposiciones de las partes accionante y accionada- y del Ministerio Público, en la audiencia oral del presente proceso de amparo,
En el presente caso, la tutela constitucional invocada devino de la decisión del 18 de junio de 2004, dictada por
Ello en razón de que, a juicio del accionante,
Ahora bien, estima
En tal sentido, acota
Así, la constitución del acto para que tenga eficacia y vigencia debe estar integrado por la voluntad, el objeto, la causa y la forma, satisfaciendo los tres primeros aspectos los requisitos intrínsecos y el último los extrínsecos.
De allí que, toda actividad procesal o judicial necesita para su validez llenar una serie de exigencias que le permitan cumplir con los objetivos básicos esperados, esto es, las estrictamente formales y las que se refieren al núcleo de dicha actividad. Sin embargo, independientemente de cuáles sean los variados tipos de requisitos, ciertamente ellos dan la posibilidad de conocer cuándo se está cumpliendo con lo preceptuado por la norma, circunstancia que permite entonces conocer hasta donde se puede hablar de nulidad o validez de los actos procesales.
La teoría de las nulidades constituye uno de los temas de mayor importancia para el mundo procesal, debido a que mediante ella se establece lo relevante en la constitución, desarrollo y formalidad de los actos procesales, ésta última la más trascendente puesto que a través de ella puede garantizarse la efectividad del acto. Así, si se da un acto con vicios en aspectos sustanciales relativos al trámite única manera de concebir el fundamento del acto- esto es, los correspondientes a la formación de la actividad, entonces nace forzosamente la nulidad.
La importancia para el proceso es que las reglas básicas sobre el cumplimiento de los actos y los actos mismos estén adecuadamente realizados, ya que el principio rector de todos los principios que debe gobernar a la justicia es el efectivo cumplimiento del debido proceso, es decir, que la idea de un juicio justo es tan importante como la propia justicia, razón por la cual las reglas, principios y razones del proceso, a la par de las formas, deben estar lo suficientemente claras y establecidas para que no quede la duda respecto de que se ha materializado un juicio con vicios en la actividad del proceso.
En síntesis, los defectos esenciales o trascendentes de un acto procesal que afectan su eficacia y validez, el cumplimiento de los presupuestos procesales o el error en la conformación que afecta algún interés fundamental de las partes o de la regularidad del juicio en el cumplimiento de normas de cardinal observancia, comportan la nulidad.
En nuestro sistema procesal penal, como en cualquier otro sistema procesal, la nulidad es considerada como una verdadera sanción procesal la cual puede ser declarada de oficio o a instancia de parte por el juez de la causa- dirigida a privar de efectos jurídicos a todo acto procesal que se celebra en violación del ordenamiento jurídico-procesal penal. Dicha sanción comporta la eliminación de los efectos legales del acto írrito, regresando el proceso a la etapa anterior en la que nació dicho acto.
De allí, que la nulidad, aunque pueda ser solicitada por las partes y para éstas constituya un medio de impugnación, no está concebida por el legislador dentro del Código Orgánico Procesal Penal como un medio recursivo ordinario, toda vez que va dirigida fundamentalmente a sanear los actos procesales cumplidos en contravención con la ley, durante las distintas fases del proceso artículos 190 al 196 del Código Orgánico Procesal Penal- y, por ello, es que el propio juez que se encuentre conociendo de la causa, debe declararla de oficio.
Mientras que, los recursos tienen por objeto el que se revise una determinada decisión por un órgano superior al que la dictó. Revisar, de por sí, presupone una función que debe realizar un órgano de mayor gradación de aquel que dictó la decisión. Al ser una sentencia, interlocutoria o definitiva, un acto que produce los más importantes efectos jurídicos, debe ser controlada o revisada a través de un mecanismo de control real sobre el fallo la actividad recursiva-.
La actividad recursiva en el contexto del nuevo proceso penal es limitada, ya que no todas las decisiones pueden ser sometidas al control de la doble instancia y, si bien, el recurso de apelación y el de casación pertenecen a dicha actividad; no obstante, es innegable que estos dos medios de impugnación generan actos procesales que tienen incidencia importante en el proceso, ya que por efecto de su ejercicio podría declararse la nulidad del juicio o de la decisión defectuosa y ello comporta que se realice de nuevo la actividad anulada.
De lo apuntado precedentemente, observa
Tal proceder de
Por otra parte, observa igualmente
Asimismo, que el Ministerio Público, en su oportunidad, no recurrió del fallo a pesar de que la decisión dictada por el referido Juzgado de Control hacía nugatoria su actividad de investigación.
Siendo ello así, a juicio de
Ofíciese a
Se deja sin efecto la medida cautelar innominada acordada en decisión del 5 de marzo de 2005, igualmente se declara.
DECISIÓN
En virtud de las consideraciones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de
1.- Declara CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano RADAMÉS ARTURO GRATEROL ARRIECHI, asistido por el abogado JORGE LUIS MEZA. En consecuencia, SE ANULA la decisión del 18 de junio de 2004, dictada por
2.- Por orden público constitucional, ANULA la decisión del 22 de diciembre de 2000, dictada por el Juzgado Séptimo de Control del señalado Circuito Judicial Penal, en la decretó el sobreseimiento de la causa seguida al ciudadano Radamés Arturo Graterol Arriechi.
3.- ORDENA oficiar a
4.- Se deja SIN EFECTO la medida cautelar decretada por
Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de
El Vicepresidente en ejercicio de
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Ponente
El encargado de
Pedro Rafael Rondón Haaz
Los Magistrados,
Luis Velázquez Alvaray
Francisco Carrasquero López
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Arcadio Delgado Rosales
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. Nº: 04-3103
JECR./
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias