Venley

Sentencia N.º 123

Sentencia
N.º 123
Fecha
31/01/2007
Sala
Constitucional
Expediente
04-0736
Ponente
Francisco Antonio Carrasquero López
Procedimiento
Recurso de Revisión

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

El 23 de marzo de 2004, el abogado Oswaldo Buloz Saleh, titular de la cédula de identidad n° 2.938.081, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 9.397, actuando en su carácter de apoderado judicial del BANCO PROVINCIAL OVERSEAS N.V, sociedad mercantil constituida y domiciliada en la ciudad de Willemstad Curazao, con arreglo a las leyes de las Antillas Neerlandesas, inscrita en el Registro de Comercio de la Cámara de Industrias y Comercio de Curazao, bajo el n° 30829, incorporado el 27 de agosto de 1991, interpuso ante esta Sala Constitucional, solicitud de revisión de la sentencia dictada el 23 de septiembre de 2003, por la Sala de Político-Administrativa de este Máximo Tribunal, en el juicio seguido contra la República Bolivariana de Venezuela, identificado en el expediente n° 2000-1064, mediante la cual declaró con lugar las cuestiones previas establecidas en los cardinales 5° y 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.

 

El 23 de marzo de 2004, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó ponente al doctor Jesús Eduardo Cabrera. Vista la inhibición que hiciere el mencionado Magistrado el 5 de mayo de 2005, de conocer la solicitud de revisión ejercida por el representante judicial del BANCO PROVINCIAL OVERSEAS N.V contra la decisión del 23 de septiembre de 2003, dictada por la Sala de Político-Administrativa de este Máximo Tribunal, en virtud de encontrarse incurso en la causal de recusación prevista en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el cardinal 8° del artículo 83 del Código Orgánico Procesal Penal, el 4 de julio de 2005, la Magistrada doctora Luisa Estella Morales Lamuño, en su condición de Presidenta de la Sala Constitucional declaró con lugar dicha inhibición, acordando convocar al Suplente o Conjuez de turno, que continuaría conociendo de la causa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y para tal efecto, fué convocado al doctor Juan Vadell Graterol, Tercer Conjuez, quien el 14 de julio de 2005 aceptó la convocatoria para constituir la Sala Accidental. El 9 de agosto de 2005, se procedió a la instalación de la referida Sala Constitucional Accidental, la cual quedó integrada por la Magistrada doctora Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta, Magistrados doctores Pedro Rondón Haaz, Vicepresidente, Luis V. Velásquez Alvaray, Marcos Tulio Dugarte, Arcadio de Jesús Delgado y Juan Vicente Vadell Graterol, designándose la ponencia al Magistrado doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, quien con tal carácter pasa a suscribir el presente fallo.

 

En virtud de la falta absoluta, producida por la destitución del Magistrado doctor Luís V. Velásquez Alvaray, la Sala Constitucional Accidental que conoce de la presente causa quedó integrada por: Magistrada doctora Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta, Magistrados doctores Pedro Rondón Haaz, Vicepresidente, Carmen Zuleta de Merchán, Marcos Tulio Dugarte, Arcadio de Jesús Delgado, Francisco Antonio Carrasquero López, Ponente, y Juan Vicente Vadell Graterol.

 

            Efectuada la lectura del expediente, para decidir se hacen las siguientes consideraciones:

I

DE LA PRETENSIÓN DEL SOLICITANTE

 

En el escrito de solicitud de revisión el solicitante alegó lo siguiente:

 

1.- Que “(…) el 13 de Octubre (sic) de 2003, nuestra representada, legitima endosataria de cuarenta y dos (42) pagarés, procedió a demandar a la República de Venezuela, hoy República Bolivariana de Venezuela, y para ello siguió los trámites procesales que establece la legislación para la procedencia de estas acciones, esto es, el juicio ordinario (…)”.

 

2.- Que “(…) al juicio anteriormente identificado, se le dio comienzo mediante la presentación ante la Sala Político Administrativa, de una demanda contentiva de la correspondiente acción cambiaria y previo el cabal cumplimiento del antejuicio administrativo del caso. En la oportunidad de la contestación a la demanda, una vez que fue practicada la citación, la demandada, por intermedio de sus representantes legales, opuso cinco cuestiones previas, a saber: la ilegitimidad de la persona actora, por carecer de la capacidad para estar en juicio, falta de caución o fianza necesaria para proceder al juicio, la existencia de una condición o plazo pendiente, la prohibición de la ley de admitir la acción propuesta y la existencia de una cuestión prejudicial que debe resolverse en un proceso distinto (…).

 

3.- Que “(…) De esas cinco cuestiones previas, tres de ellas fueron declaradas sin lugar por la Sala, en tanto que las concernientes a la existencia de una cuestión prejudicial y la falta de caución o fianza fueron declaradas con lugar, todo en sentencia dictada en fecha 23 de septiembre del año 2003 y publicada el 24 de septiembre de ese mismo año (…)”.

 

4.- Que (…) es el caso que para declarar con lugar las cuestiones previas antes señaladas, esta es, la existencia de una cuestión prejudicial que debe resolverse en un proceso distinto y la falta de caución o fianza para proceder al juicio, la Sala sentenciadora incurrió en grotescos errores, violentando de modo flagrante el debido proceso, errores que a su vez produjeron evidentes transgresiones de garantías y derechos constitucionales de nuestra representada, y son justamente estas graves transgresiones las que fundamentan y justifican la procedencia de este recurso de revisión que ahora ejercemos (…)”.

 

5.- Que “(…) El presente recurso de revisión resulta admisible de conformidad con la doctrina que esta Sala Constitucional ha desarrollado sobre este novísimo mecanismo de impugnación, previsto en el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución, creado con la finalidad de uniformar criterios constitucionales, así como evitar decisiones contrarias a los criterios constitucionales vinculantes de esta Sala o que constituyan errores evidentes de interpretación de normas fundamentales (…)”.

 

6.- Que “(…) la demandada República Bolivariana de Venezuela, opuso contra la demanda, entre otras, la cuestión previa de existencia de una cuestión prejudicial que debe resolverse en un proceso distinto, por cuanto, según su alegato, entre ella y su co-contratante Industrias Metalúrgicas VAN DAM C.A., existe una situación conflictiva con relación a incumplimientos que ella imputa a Industrias Metalúrgicas VAN DAM C.A., situación que está por resolverse mediante un proceso arbitral cuyo laudo aún no ha sido publicado. Según los representantes de la República Bolivariana de Venezuela, el cumplimiento de la obligación que ésta asumió, de pagar los pagarés que libró y aceptó con motivo de la celebración y ejecución de ese contrato de servicios, ésta (sic) sujeto al resultado de ese procedimiento arbitral, razón por la cual ese resultado constituye una cuestión prejudicial respecto del juicio en el se pretenden cobrar dichos pagarés (…)”.

 

7.- Que “ (…) en el artículo 425 del Código de Comercio, establece de manera indubitable la libertad que tienen los portadores de letras de cambio y, en sus casos, de pagarés, a los cuales se aplican las normas reguladoras de aquellas ( artículo 487 del Código de Comercio), para ejercer sus acciones contra los obligados por una letra de cambio o por un pagaré, desde luego que ese artículo 425 priva a esos demandados del derecho de oponer contra sus accionantes, excepciones y defensas fundadas en sus relaciones personales con el librador o con los tenedores anteriores. Un solo caso de excepción establece la norma que comentamos, y es cuando la letra de cambio o el pagaré cuyo pago se demanda, ha llegado al portador demandante como consecuencia de una transmisión que haya sido hecha mediante una combinación fraudulenta (…)”.

 

8.- Que “(…) Este caso de excepción comporta una situación procesal muy especial, pues, de ser alegada por el demandado la mediación de esa combinación fraudulenta, la prejudicialidad alegada como una cuestión previa, necesariamente se transforma en una defensa perentoria, de fondo (…)”.

 

9.- Que “(…) En el procedimiento arbitral no se alegó de modo alguno, que nuestra representada hubiese adquirido esos pagarés, como consecuencia de una combinación fraudulenta. El no haberse esgrimido o hecho valer ese alegato en el juicio arbitral, desvincula totalmente lo que haya de decidirse en el Laudo Arbitral de lo que pueda decidirse en el juicio de cobro de los pagarés, por tanto, en la forma dicha, queda evidenciado que entre ambos procedimientos no existe sumisión ni dependencia alguna, que es precisamente, lo que caracteriza a la prejudicialidad (…)”.

 

10.- Que “(…) en la forma como la República de Venezuela (sic) invocó la excepción de prejudicialidad, ésta no constituye una cuestión previa y formal, sino una típica excepción perentoria, de fondo, y es así como debió ser considerada por la Sala sentenciadora, y no haberla declarado con lugar en una incidencia previa, alterando totalmente el proceso (…)”.

 

11.- Que “(…) la sentencia fue pronunciada por una Sala del Tribunal del Supremo de Justicia contra la cual no hay recurso de apelación, no tiene otra forma de reparación sino con el recurso de revisión que estamos formulando, que es procedente, porque se trata de una sentencia definitivamente firme, no obstante su naturaleza interlocutoria y además porque viola las garantías del debido proceso y del derecho a la defensa de nuestra representada (…)”.

 

12.- Que “(…) De permanecer válida y vigente la sentencia de la Sala Político-Administrativa, que declaró con lugar la cuestión de prejudicialidad, nuestra representada perderá el juicio de cobro de los pagarés, si es que en el juicio arbitral llegase a triunfar la República, sin haber tenido ninguna oportunidad de defenderse respecto de ese alegato de fraude en su contra, ya que no es parte en ese juicio arbitral, circunstancia que viola su derecho constitucional de defensa, consagrado en el artículo 26 de la Constitución(…)”.

 

13.- Que “(…) también fue violada en contra de nuestra mandante, la garantía constitucional de su derecho de propiedad, consagrada en el artículo 115 de la Constitución, por cuanto ella se verá privada de la disponibilidad de los pagarés, ya que la exigibilidad del pago de los mismos, dado el dispositivo de la comentada sentencia de la Sala Político-Administrativa, quedo sujeta al resultado del laudo que habrá de pronunciarse en el juicio arbitral (…)”.

 

14.- Que “(…) la Sala Político Administrativa, incurrió en un grotesco error al endilgarle a dichos instrumentos el carácter de contratos administrativos, desconociendo a ultranza la naturaleza y valor de esos efectos de comercio, para forzar a nuestra representada, quien es una persona jurídica domiciliada en el extranjero, a constituir una fianza, a la que no está obligada por la Ley, con la sola y única finalidad de garantizarle a la República Bolivariana de Venezuela las costas del juicio (…)”.

 

15.- Que “(…) ocurrimos ante la competente de esa Sala Constitucional, para solicitarle se avoque al conocimiento del presente recurso, revise y prive de efectos jurídicos a la decisión dictada en fecha 23 de septiembre del año 2003 y publicada el 24 del mismo mes y año, por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (…)”.

 

II

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

 

En cuanto a su competencia para conocer de la petición formulada, el artículo 336 cardinal 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece lo siguiente:

 

“Artículo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:

...omissis...

 

10. Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.

 

Tal potestad de revisión de sentencias definitivas y firmes abarca tanto fallos que dicten las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia como los demás Tribunales de la República (vid. ss. S.C n° 77 de 09-03-00, caso: José Alberto Zamora Quevedo, n° 520 de 07-06-00, caso: Mercantil Internacional, C.A. y n° 93 de 6-02-01, caso: Corpoturismo), pues la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según lo que establece el artículo 335 del Texto Fundamental.

 

En el caso bajo estudio se pidió la revisión de un fallo que pronunció, el 23 de septiembre de 2003, la Sala de Político-Administrativa de este Máximo Tribunal, mediante la cual declaró con lugar las cuestiones previas establecidas en los cardinales 5° y 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, en virtud del juicio seguido contra la Republica Bolivariana de Venezuela, identificado en el expediente n° 2000-1064, razón por la cual esta Sala declara su competencia. Así se declara.

 

III

DEL FALLO OBJETO DE REVISIÓN

 

            El 23 de septiembre de 2003, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, declaró con lugar las cuestiones previas establecidas en los cardinales 5° y 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, opuestas por la República Bolivariana de Venezuela, en el juicio por cobro de bolívares, intentado por el BANCO PROVINCIAL OVERSEAS N.V.

 

El referido fallo, cuya revisión se pretende, estableció lo siguiente:

 

“Así, pues, se observa de las actas que conforman el presente expediente, de los alegatos y demás pruebas aportadas por las partes, que en el presente caso se ha incoado una acción por cobro de bolívares, en virtud de unos pagarés causados la mayoría con ocasión a un contrato administrativo suscrito entre la República de Venezuela (sic) y la empresa Metalúrgicas Van Dam, C.A., el cual tuvo como objeto la Repotenciación, Modernización, Remozamiento y Entrega de ochenta y un (81) tanques AMX-30 y cuatro recuperadoras de tanques AXM-30, propiedad del Ministerio de la Defensa.

 

De allí pues, que al haber la Republica Bolivariana de Venezuela, suscrito dichos pagarés en virtud del referido contrato administrativo, y en función de la defensa y seguridad de la Nación, es evidente que existe una injerencia del interés público en el presente juicio, por lo que no puede afirmarse simplemente como solicita el demandante que por efecto del endoso de esos pagarés, la República conforme al ordinal 13 del artículo 2 del Código de Comercio, ha suscrito un acto objetivo de comercio, ya que la materia de la cual se deriva la obligación reclamada no se refiere a intereses particulares, sino que está involucrado el interés público.

 

Por lo tanto, aún cuando en este caso la parte actora es una sociedad mercantil, no es menos cierto que el objeto de la presente demanda es el cobro de bolívares derivado de unos pagarés suscritos por la República con ocasión a un contrato administrativo, razón por la cual la singular excepción contenida en el artículo 1.102 del Código de Comercio, referida a la materia comercial, en la que sólo se tienen en cuenta intereses privados, no resulta aplicable al presente caso. Así se decide.

 

En consecuencia, al no constar en autos ni haber demostrado en este proceso la parte actora, la existencia de bienes suficientes en el territorio de la República que puedan garantizar las resultas del juicio, la cuestión previa opuesta debe prosperar. Así se declara.

 

...omissis...

 

Ahora bien, de todas las pruebes aportadas, en especial del texto del contrato y del texto de los cuarenta pagarés cuyo pago se demanda, se evidencia que los mismos son causados y que hay un procedimiento arbitral en curso, el cual hace desprender la resolución de esta controversia.

Es decir, los pagarés fueron emitidos con fundamento en un contrato cuyo cumplimiento se discute en sede arbitral y de conformidad con las premisas expuestas, esa discusión sobre el cumplimiento del contrato afecta el procedimiento incoado para el cobro de los referidos pagarés; por lo que, en criterio de esta Sala, en el caso sub júdice, la causa principal llevada ante el Tribunal Arbitral constituido con el fin de dirimir el conflicto entre Industrias Metalúrgicas Van Dam, C.A y la República Bolivariana de Venezuela, produce prejudicialidad en este proceso, al ser la misma un antecedente necesario para poder emitir pronunciamiento sobre el thema decidendum del presente juicio.

 

Finalmente y en virtud los razonamientos anteriormente expuestos (sic), la cuestión previa opuesta por la representación judicial de la República Bolivariana de Venezuela debe ser declarada con lugar. Así se decide”.

 

IV

MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN

 

En el caso sub examine se pretende la revisión de una decisión que pronunció el 23 de septiembre de 2003 la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo, en un procedimiento por cobro de bolívares, incoado por el BANCO PROVINCIAL OVERSEAS N.V contra la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual declaró con lugar las cuestiones previas, establecidas en los cardinales 5° y 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, y que fueron opuestas por la parte demandada en el referido juicio.

 

En relación a las sentencias definitivas y firmes que pueden ser objeto de revisión esta Sala ha sostenido lo siguiente:

 

“Sólo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, esta Sala posee la potestad de revisar lo siguiente:

 

1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.

2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.

4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la  interpretación de la Constitución  o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional...” (s. S.C. n° 93 del 06.02.01).

 

 

Por tal motivo, esta Sala observa, que al momento de ejercer dicha potestad de revisión de sentencias definitivas y firmes, debe procurar una interpretación uniforme de la Constitución, así como también guardar la máxima prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de solicitudes que pretendan la revisión de sentencias que han adquirido el carácter de cosa juzgada.

 

En este sentido, se aprecia que el solicitante de la revisión fundamentó su pretensión en que la Sala Político-Administrativa de este Máximo Tribunal incurrió en grotescos errores cuando declaró con lugar las cuestiones previas, opuestas por la parte demandada en el juicio que por cobro de bolívares se intentare en su contra, relativas a la falta de caución o fianza necesaria para proceder al juicio y la existencia de una cuestión prejudicial que deba resolverse en un proceso distinto, violentando de modo flagrante el debido proceso, y produciendo, a su parecer, evidentes transgresiones a sus derechos y garantías constitucionales.

 

Ahora bien, en el caso concreto se infiere que la solicitud de revisión versa sobre la declaratoria con lugar de las cuestiones previas establecidas en los cardinales 5° y 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, propuestas en el juicio que se sigue contra la República Bolivariana de Venezuela, siendo así, luce evidente que el tipo de decisiones a las que conlleva su interposición, no encuadra en los supuestos que harían viable la aplicación de este mecanismo extraordinario, pues, se trata de un pronunciamiento interlocutorio que no resuelve el merito de la controversia planteada ni pone fin al proceso, ello de conformidad con lo establecido en la sentencia n° 2312 del 14 de diciembre de 2006, caso: Panalpina, C.A, emanada de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.

 

V

DECISIÓN

 

Por las razones que se expusieron, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara que NO HA LUGAR a la solicitud de revisión constitucional interpuesta el 23 de marzo de 2004, por el abogado Oswaldo Buloz Saleh, actuando en su carácter de apoderado judicial del BANCO PROVINCIAL OVERSEAS N.V contra la sentencia dictada el 23 de septiembre de 2003, por la Sala de Político-Administrativa de este Máximo Tribunal, en el juicio seguido contra la Republica Bolivariana de Venezuela, identificado en el expediente n° 2000-1064, mediante la cual declaró con lugar las cuestiones previas establecidas en los cardinales 5° y 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.

 

Publíquese, regístrese y archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 31 días del mes de ENERO dos mil siete. Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación

 

La Presidenta,

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                                           El Vicepresidente,

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ 

Los Magistrados,

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

                            Ponente

 

 

 

                                                                          MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

ARCADIO DELGADO ROSALES

 

 

 

JUAN VICENTE VADELL GRATEROL

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

FACL/

Exp. N° 04-0736

 

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