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Buscar sentenciasMagistrada Ponente: GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
El 26 de junio de 2013, los ciudadanos JUAN ALBERTO CAMMARANO, MARÍA OLIVIA BARRETO y ANA ÁNGELA ARONICA DE CRESPI, titulares de las cédulas de identidad nros. 11.306.901, 11.931.508 y 4.507.561, respectivamente; representados en este acto por el abogado Edward Jesús Pérez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 195.684, solicitaron la revocatoria por contrario imperio de la decisión n.° 762 dictada por esta Sala Constitucional el 20 de junio de 2013, exclusivamente en cuanto a la orden de acumular la causa contenida en el expediente n.° 13-0270 a la contenida en el expediente n.° 11-0990.
Mediante diligencia del 23 de julio de 2013, el abogado Edward Jesús Pérez solicitó pronunciamiento sobre la petición de revocatoria de la sentencia que ordenó la acumulación.
El 18 de septiembre de 2013, el abogado Carlos Calanche Bogado, parte recurrente en la causa contenida en el expediente n° 11-0990 solicitó se libren nuevas boletas de notificaciones a los órganos públicos correspondientes y cartel de emplazamiento. Asimismo, ratificó la petición de revocatoria solicitada por el abogado Edward Jesús Pérez.
El 24 de septiembre de 2013, la abogada María Fernanda Innecco, representante judicial de la parte recurrente en el expediente n° 13-0270, solicitó pronunciamiento en la presente causa y sustituyó poder en el abogado Francisco Alfonzo Carvallo.
El 15 de octubre de 2013, el abogado Carlos Calanche Bogado ratificó la diligencia consignada el 18 de septiembre de 2013 y solicitó pronunciamiento en cuanto a la solicitud de revocatoria por contrario imperio de la sentencia que ordenó la acumulación de ambas causas, es decir, las contenidas en los expedientes 11-0990 y 13-0270. Asimismo, solicitó anular las boletas de notificaciones y el cartel de emplazamiento.
El 26 de febrero de 2014, el abogado Carlos Calanche Bogado ratificó las diligencias presentadas el 18 de septiembre y 15 de octubre de 2013 y solicitó pronunciamiento en cuanto a la revocatoria por contrario imperio de la sentencia n.° 726 dictada el 20 de junio de 2013.
Mediante diligencias del 19 de marzo y 28 de mayo de 2014, el abogado Francisco Alfonzo, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte recurrente en la causa contenida en el expediente n° 13-0270, solicitó pronunciamiento en cuanto a la revocatoria del auto de acumulación peticionada el 26 de junio de 2013. Asimismo, solicitó se le dé continuidad procesal a la presente causa.
El 10 de junio de 2014, el abogado Carlos Calanche Bogado ratificó la diligencia presentada el 26 de febrero de 2014.
El 15 de julio de 2014, el abogado Francisco Alfonzo solicitó pronunciamiento en cuanto a la revocatoria del auto de acumulación peticionada el 26 de junio de 2013 y se le dé continuidad procesal a la presente causa.
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.
I
DE LA SOLICITUD
El abogado Edward Jesús Pérez, ya identificado, solicitó que esta Sala revoque por contrario imperio la decisión n.° 762, del 20 de junio de 2013, dictada por esta Sala Constitucional, exclusivamente en cuanto a la orden de acumular la causa contenida en el expediente n.° 13-0270, iniciada en virtud del recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido conjuntamente con medida cautelar innominada, contra la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, así como respecto al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, a la contenida en el expediente n.° 11-0990 referente al recurso de nulidad por inconstitucionalidad, contra la Ley que autoriza al Presidente de la República, para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en la materia que se le delega y, en consecuencia, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, bajo los alegatos que, de seguidas, se resumen:
Que mediante el auto impugnado se ordenó la acumulación del presente juicio al expediente 2011-0990. No obstante, dicha acumulación es contraria a derecho por no existir los supuestos de conexidad previstos en los artículos 51 y 52 del Código de Procedimiento Civil.
Que [s]e videncia del auto de admisión contenido en la decisión N° 499 del 7 de mayo de 2013 (Caso Carlos Alberto Calanche Bogado), correspondiente al expediente 2011-990, que la pretensión -objeto- de dicho juicio es la nulidad por inconstitucionalidad de la Ley que Autoriza al Presidente a dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se delegan, dictada por la Asamblea Nacional el 17 de diciembre de 2010 (Ley Habilitante), y contra el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas (Decreto contra el Desalojo).
Que debe[n] reiterar que la pretensión de la acción de nulidad incoada por los accionantes de este juicio (Expediente 2013-270) es la nulidad de los artículos 4, 16, 20, 21, 23, 39, 45, 47, 49, 51, 53, 66, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 87, 88, 90, 94, 95, 96, 97, 137, 142, 145 y la Disposición Transitoria Novena de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, dictada por la Asamblea Nacional el 10 de noviembre de 2011 y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.053 Extraordinario el 12 de noviembre de 2011, así como, contra ii) los artículos 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y 14 del Decreto n.° 8.190 del 5 de mayo de 2011 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 39.668 el 6 de mayo de 2011, mediante el cual se dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas.
Que se observa que no existe identidad entre los objetos de ambos juicios. Ambas buscan la nulidad de normas distintas. No puede tender identificarse la nulidad contra una Ley Habilitante con la de una de Arrendamientos (dictada además por el procedimiento ordinario de formación de leyes previsto en el artículo 202 constitucional, y no en ejercicio de la mencionada Ley Habilitante). Incluso, las normas impugnadas del Decreto contra el Desalojos (sic) en ambos juicios son distintas, ya que en el expediente 2011-990 se pretende la nulidad total Decreto, pretensión que no comparte esta parte accionante. Esta parte ya determinó previamente los artículos en concreto cuya nulidad solicita, no pudiendo identificarse con la pretensión de nulidad total del Decreto que se solicita en el otro proceso judicial.
Que se evidencia que no existe identidad de causas entre los mencionados juicios. Más allá de que es claro que las pretensiones de ambos juicios son distintas, incluso en los pocos puntos con un objeto en común (los pocos artículos en común en cuanto al Decreto contra el Desalojo) el título jurídico que se invoca para solicitar su nulidad es diferente.
Que se desprende del auto de admisibilidad en el juicio correspondiente al expediente 2011-990, los argumentos que alega esa parte accionante que justifican la nulidad del Decreto contra el Desalojo son (1) la supuesta inconstitucionalidad de la Ley Habilitante que dio pie al Decreto contra el Desalojo, (2) la incompetencia del Presidente para dictar Decreto contra el Desalojo, (3) la contravención a la tendencia del desarrollo de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, (4) la interferencia del Poder Ejecutivo en asuntos del Poder Judicial, entre otros.
Que en el presente juicio, justifica[n] la inconstitucionalidad de los artículos aludidos del Decreto contra el Desalojo (1) por ser una medida desproporcionada que afecta tanto el derecho a la vivienda como el derecho de propiedad, (2) restringir arbitrariamente el derecho de acceso a la justicia, (3) la inconstitucional suspensión de juicios ya iniciados en materia de desalojos, y (4) la violación al derecho de igualdad, entre otros. Todo esto sumado a las inconstitucionalidades in concreto de las cuales son víctimas los accionantes, y que no son compatibles con el juicio al que se pretende acumular este proceso judicial.
Que [e]l único punto en común entre ambas argumentaciones se constituye en cuanto a la inconstitucionalidad por violación al Derecho de Acceso a la Justicia.
Que para la procedencia de la acumulación, de conformidad con el artículo 52.3 (sic), debe existir identidad de título y de objeto. No obstante, tal como se demostró ut supra, no existe ni identidad en el titulo ni identidad en el objeto. Los objetos son completamente distintos, al impugnarse cuerpos normativos distintos (Ley Habilitante en el expediente 2011-990, y Ley de Arrendamiento de Viviendas en el presente expediente 2013-270), y tener como único punto en común 11 artículos del Decreto contra el Desalojo. Más aún, los últimos son distintos, ya que los fundamentos jurídicos que justifican nuestra solicitud de nulidad son completamente distintos a los invocados por los accionantes del juicio contenido en el expediente 2011-990.
Finalmente, solicitó se admita la presente revocatoria por contrario imperio o, subsidiariamente, admita la solicitud de regulación de competencia interpuesta y revoque el auto de acumulación contenido en la decisión n°. 762 del 20 de junio de 2013 dictada por esta Sala Constitucional, por cuanto -a su decir- no existe conexidad entre las causas contenidas en los expedientes 11-0990 y 13-0270.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a esta Sala Constitucional resolver, en esta oportunidad, la solicitud formulada por el abogado Edward Jesús Pérez y ratificada por el abogado Carlos Calanche Bogado, quienes solicitaron a esta Sala la revocatoria de la decisión n.° 762 dictada por esta Sala Constitucional el 20 de junio de 2013, exclusivamente en cuanto a la orden de acumular la causa contenida en el expediente n.° 13-0270 a la contenida en el expediente n.° 11-0990.
Ahora bien, el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procedimientos seguidos ante este Alto Tribunal por disposición expresa del artículo 98 de la Ley Orgánica que rige las funciones de este Máximo Tribunal, señala lo que a continuación se transcribe:
Artículo 310.- Los actos y providencias de mera sustanciación o de mero trámite, podrán ser revocados o reformados de oficio o a petición de parte, mientras no se haya pronunciado la sentencia definitiva, salvo disposiciones especiales. Contra la negativa de revocatoria o reforma no habrá recurso alguno, pero en el caso contrario se oirá apelación en el solo efecto devolutivo.
Del análisis de la disposición normativa supra citada, se desprende que la revocatoria por contrario imperio es una facultad otorgada al Juez, para corregir algún error en la sustanciación del procedimiento; siendo que dicha facultad sólo procede contra actos referidos a la sustanciación del proceso -también denominados por la doctrina como actos de mero trámite- y no contra decisiones o resoluciones que hayan resuelto el mérito del fondo de la controversia, pues tal como establece el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, una vez que el órgano jurisdiccional dicta sentencia, no puede revocarla ni reformarla, salvo la posibilidad de aclarar puntos dudosos, salvar las omisiones, rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieren de manifiesto en la sentencia, así como aquellas ampliaciones a que haya lugar, sin estar dirigida a impugnar o contradecir los efectos de lo decidido en el fallo (vid. sentencia de la Sala Político administrativa n°. 0186 del 17 de febrero de 2000, caso: Jorge Chávez ).
Por otro lado, esta Sala en sentencia n°. 608 del 2 de mayo de 2001, caso: Compañía Nacional de Refrigeración S.A. y otros, estableció que es ...potestativa y discrecional del juez, que consiste en revocar o reformar de oficio o a solicitud de parte actos y providencias de mero trámite y de mera sustanciación dictados por el mismo tribunal que decida posteriormente su revocatoria....
De esta manera, la Sala observa que en el caso de autos se solicita la revocatoria por contrario imperio de la decisión n°. 762 del 20 de junio de 2014, exclusivamente la orden que ordenó acumular la causa contenida en el expediente n°. 13-0270 a la contenida en el expediente n°. 11-0990, sentencia que además admitió la demanda de nulidad y negó la medida cautelar solicitada por los demandantes, decisión que encuadra en los denominados actos de mero trámite o de mera sustanciación, en el sentido de que fue dictada en el curso del proceso, con el objeto de ordenarlo, y no implicó decisión sobre el fondo del asunto.
En este sentido, se advierte del escrito presentado ante esta Sala que el recurrente solicita dicha revocatoria por considerar que no existe identidad entre los objetos de ambos juicios, dado que las normas impugnadas del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, en ambas causas son distintas, ya que en el expediente n°. 11-0990 se pretende la nulidad total Decreto y en el expediente n°. 13-0270 se determinaron los artículos en concreto cuya nulidad solicita, no pudiendo identificarse con la pretensión de nulidad total del Decreto que se solicita en el otro proceso judicial.
Así las cosas, esta Sala constata que ambos recursos de nulidad versan entre otras cosas, contra el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas y que en aras del principio de economía procesal y evitar sentencias contradictorias se acordó dicha acumulación por guardar una incuestionable vinculación entre ambos juicios, dado que existe conexión en cuanto a título y objeto, que no es más que la nulidad de dicho Decreto, por consiguiente, las causas respectivas son conexas conforme al cardinal 3 del artículo 52 del Código de Procedimiento Civil.
En virtud de las anteriores consideraciones, esta Sala Constitucional juzga que la solicitud de revocatoria planteada debe ser declarada no ha lugar. Así se decide.
III
DECISIÓN
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara NO HA LUGAR la solicitud de revocatoria por contrario imperio propuesta por el abogado Edward Jesús Pérez, y ratificada por el abogado Carlos Calanche Bogado, antes identificados, de la decisión n.° 762 dictada por esta Sala Constitucional el 20 de junio de 2013, exclusivamente en cuanto a la orden de acumular la causa contenida en el expediente n.° 13-0270 a la contenida en el expediente n.° 11-0990.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 06 días del mes de octubre de dos mil catorce (2014). Años: 204º de la Independencia y 155º de la Federación.
La Presidenta,
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
Ponente
El Vicepresidente,
Francisco Antonio Carrasquero López
Los Magistrados,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
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CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
GMGA
Exp. 11-0990/ 12-0872/ 13-0270