Sentencia N.º 1241
- Sentencia
- N.º 1241
- Fecha
- 06/10/2014
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 14-0778
- Ponente
- Gladys María Gutiérrez Alvarado
- Procedimiento
- Solicitud de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrada Ponente: GLADYS MARêA GUTIRREZ ALVARADO
Consta en autos que, el 28 de julio de 2014, los abogados Taormina Cappello Paredes y Eduardo Ulises Martnez Daz, con inscripcin en el Instituto de Previsin Social del Abogado bajo los n.ros 28.455 y 30.523, respectivamente, en representacin judicial de la sociedad mercantil COMERCIALIZADORA TODESCHINI C.A., con inscripcin en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripcin Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 30 de agosto de 1999, bajo el n.¡ 34, Tomo 182-A, posteriormente inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripcin Judicial del Estado Vargas, el 20 de febrero de 2003, bajo el n.¡ 65, Tomo 20-A, facultados segn documento poder que les fuera otorgado ante la Notara Pblica Tercera del Municipio Chacao del Estado Miranda, el 15 de noviembre de 2011, bajo el n.¡ 17, Tomo 230, de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notara, solicitaron, ante esta Sala Constitucional, la revisin de la sentencia n.¡ 856, que dict la Sala de Casacin Social el 7 de julio de 2014, que declar: i) perecido el recurso de casacin interpuesto por la demandante contra la sentencia dictada, el 20 de marzo de 2013, por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas; ii) con lugar el recurso de casacin formalizado por la demandada contra la referida sentencia; iii) anulado el fallo recurrido; y, iv) parcialmente con lugar la demanda incoada por la ciudadana Marta Luca Lpez Palacio contra la sociedad mercantil ahora solicitante -Comercializadora Todeschini C.A.-, por cobro de diferencia de prestaciones sociales; para cuya fundamentacin denunciaron la violacin a los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa de su representada.
Luego de la recepcin del escrito, se dio cuenta en Sala por auto del 30 de julio de 2014 y se design ponente a la Magistrada Gladys Mara Gutirrez Alvarado, quien con tal carcter suscribe la presente decisin.
Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente, pasa la Sala a dictar sentencia, previas las consideraciones siguientes:
i
De la solicitud de revisin constitucional
1. La representacin judicial de la empresa solicitante adujo:
1.1 Que, la Sala de Casacin Social habra incurrido en la violacin de los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa de su representada y en la infraccin de los artculos 12, 243, cardinal 5, y 244 del Cdigo de Procedimiento Civil Òpor estar inficionada del vicio de incongruencia negativa, producida por el silencio u omisin del alegato esgrimido y denunciado en el escrito de formalizacin de [su] Recurso de Casacin contra la sentencia dictada por el Tribunal Cuarto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de CaracasÓ, el 20 de marzo de 2013, lo que conllevara, igualmente, al Òincumplimiento del principio de exhaustividadÓ y, por tanto, le produjo indefensin a su representada, Òentendida sta en un sentido amplio como transgresin del derecho a la tutela judicial efectiva lo cual se tradujo en una sentencia totalmente contradictoria (É); lo que apunta a determinar la nulidad de dicho fallo de conformidad con lo dispuesto en el artculo 244 del Cdigo de Procedimiento Civil, y as solicita[ron] sea declarado por esta Sala en la oportunidad correspondienteÓ.
1.2 Que, en la sentencia objeto de revisin, se habran menoscabado principios constitucionales cuando la Sala de Casacin Social, pese a haberse pronunciado respecto de la naturaleza del cargo que la accionante ostentaba en la empresa Òal calificarla como Ôemplead[a] de DireccinÕ y en consecuencia habindose determinado la improcedencia de las indemnizaciones establecidas en el artculo 125 de la Ley Orgnica del TrabajoÓ, orden Òal perito experto el clculo de las diferencias en la prestacin de antigedad, vacaciones, bono vacacional y utilidades que en definitiva deben pagrsele a la trabajadora motivadas por la incidencia de la asignacin vehicular, no le ordena en ningn momento que deduzca los montos indebidamente pagados por concepto de las indemnizaciones establecidas en el artculo 125 ejusdem, montos stos que p[odan] observarse claramente diferenciados de la liquidacin (É) la cual, tal como lo afirma la propia Sala de Casacin Social en la sentencia objeto de este recurso (sic), no fue Ôimpugnada, ni desconocidas por la parte a quien se le opone, razn por la cual se les otorga valor probatorio (É)Õ , documental sta que adems fue objeto de una de las confesiones espontneas realizada por la parte demandante denunciada por [los ahora recurrentes] en [su] escrito de Formalizacin de[l] Recurso de Casacin (É), confesin espontnea sta que fue silenciada y omitida por la sentencia dictada por la Sala de Casacin SocialÓ.
1.3 Que, conforme a lo anterior, Ò[l]a omisin, es decir el no haber considerado en la decisin definitiva la confesin espontnea realizada por la parte actora en la audiencia oral y pblica celebrada el 20 de marzo de 2013, de la cual qued expresa constancia en la Sentencia de fecha 20 de marzo de 2013 dictada por el Tribunal Superior Cuarto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas en el expediente AP2 1-R-20 12-001998 (É) y la omisin de observar efectivamente de la prueba documental que corre al folio 148 de la primera pieza del expediente, los montos pagados a la ciudadana actora, derivados de la aplicacin del artculo 125 de la LOT (sic), es decir, las cantidades de Bs. 49.270,80 por concepto de indemnizacin derivada del artculo en cuestin, y Bs. 24.480,00 por concepto de preaviso tambin derivado del citado artculo 125, producen la contradiccin en la sentencia de la Sala de Casacin Social, cuando, por una parte se pronuncia sobre la improcedencia del pago de las indemnizaciones establecidas en el artculo 125 ejusdem, pero luego en la parte dispositiva del fallo, cuando le ordena al perito que efectuara la experticia complementaria al fallo realizar los clculos de los pagos debidos, no le ordena efectivamente, deducir dichos montos pagados indebidamente (Bs.49.270,80 y Bs. 24.480,00) del monto definitivo a pagarÓ.
1.4 Que, en otras palabras, Òde no haberse infringido el principio de exhaustividad establecido en el artculo 12 del Cdigo de Procedimiento Civil, el sentenciador hubiera necesariamente considerado la confesin espontnea efectuada sobre el pago de indemnizaciones derivadas del artculo 125 de la Ley Orgnica del Trabajo a que antes [hizo] referencia [la representacin judicial], y en consecuencia, ordenado al perito experto dedujera [el pago anticipado] por improcedentes del monto final a pagar por [su] representadaÓ.
1.5 Que, se insiste, Ò[c]uando el sentenciador no se a[tuvo] a lo alegado y probado en autos, lesion[] gravemente el derecho a la defensa y por ende el acceso a una justicia efectiva, ya que en los hechos se est impidiendo a [su] representada el obtener una sentencia justa, equilibrada y conforme a lo que consta[ba] como efectivamente probado en el expediente, conforme a lo acordado por la Sala de Casacin Social en la parte expositiva de la sentencia, ya que a pesar de otorgarle la razn de manera aparente a [su] representada al calificar con justicia a la trabajadora como Ôempleada direccinÕ, tal calificacin no tra[jo] aparejada en el fallo la consecuencia jurdica que de la misma deb[a] desprenderse, cual es, que la trabajadora as calificada, no t[ena] derecho a percibir las indemnizaciones previstas en el artculo 125 de la Ley Orgnica del Trabajo aplicable rationae temporisÓ.
1.6 Que su representada Òoportunamente denunci los vicios observados que lesionaban sus derechos a la defensa, aquella vez por un Tribunal Superior del Trabajo y hoy vuelve a denunciar la omisin de tal confesin espontnea, esta vez ocurrida en la Sala de Casacin Social, lo que trae como consecuencia inevitablemente el haber obtenido una sentencia que viola flagrantemente el derecho al acceso a una justicia efectiva y al derecho a la defensa consagrados constitucionalmenteÓ.
2. Denunci:
La violacin a los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa de su representada, que se establecen en los artculos 26 y 49 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, as como la infraccin de los artculos 12, 243, cardinal 5, y 244 del Cdigo de Procedimiento Civil, por cuanto la Sala de Casacin Social no aplic la consecuencia jurdica que deriva de la Ley Orgnica del Trabajo de 1997, aplicable rationae temporis, como era que los empleados de direccin estaban expresamente excluidos del rgimen de estabilidad laboral y, por tanto, no le corresponda a la demandante -por haber ocupado dicho cargo- las indemnizaciones por despido injustificado y sustitutiva del preaviso que haba recibido anticipadamente (propias de los trabajadores que gozan de estabilidad laboral). No obstante lo anterior, dicha Sala no orden que se dedujera, del monto que resultara de la experticia complementaria del fallo, el pago indebido que haba hecho a la ciudadana Marta Luca Lpez Palacio; todo lo cual conllev a que emitiera un fallo contradictorio e incongruente.
3. Pidi:
3.1 Como medida cautelar:
La suspensin de los efectos de la sentencia objeto de revisin, por cuanto su representada tendr que pagar a la empleada la cantidad calculada por el perito Òsin la deduccin a que tiene derecho su poderdante por conceptos que fueron liquidados. Asimismo, su representada est amparada por el buen derecho, pues Òsi la Sala de Casacin Social hubiese considerado la confesin espontnea denunciada en [su] escrito de Formalizacin en donde la parte demandante afirm que segn la liquidacin le fue pagada la indemnizacin establecida en el artculo 125 por despido injustificado, ello aunado a la decisin de la Sala de Casacin Social referida a la improcedencia del pago de dichas indemnizaciones, la conclusin obligada no hubiera sido otra que ordenar al perito experto que realizar la experticia complementaria al fallo, dedujera de los montos calculados, dichas indemnizaciones derivadas de la aplicacin del artculo 125 ejusdem pagados indebidamente por [su] representante. As, se refiere textualmente a las siguientes premisas:
Ò1. Al efectuarse la Confesin espontnea denunciada en el escrito de Formalizacin ante la Sala de Casacin Social (É), omitido su pronunciamiento tanto por el Tribunal Cuarto Superior como por la misma Sala, en donde la parte demandante o actora declar: ÔEn este mismo orden de ideas adujo que, de la liquidacin contenida en el folio 148 presentada por la demandada se evidencia que le fue pagada indemnizacin establecida en el artculo 125 por despido injustificado...Õ.
2. Al haberse pronunciado la Sala de Casacin Social en la sentencia objeto de este recurso de revisin, sobre las indemnizaciones originadas por la aplicacin del artculo 125 de la Ley Orgnica del Trabajo (É), habiendo ostentado la accionante un cargo de direccin que la excluye de los efectos patrimoniales previstos en el artculo 125 de la Ley Orgnica del Trabajo, en esta fase de anlisis resulta forzoso declarar la improcedencia de dichas indemnizaciones. As se decide.Ó
3. La conclusin obligada debi ser el ordenar al perito que realizara la experticia complementaria al fallo, que luego de realizar los clculos de los montos debidos conforme a los trminos de la sentencia, dedujera o restara los montos pagados por concepto de las indemnizaciones derivadas del artculo 125 de la Ley Orgnica del Trabajo, es decir, Bs. 49.270,80 y Bs. 24.480,00 para un total de deduccin autorizada y ordenada al perito efectuar por Bs. 73.750,80, pero por la omisin en la apreciacin de la premisa nmero 1 (la confesin espontnea), la consecuencia observada en la sentencia objeto del presente.
3.2 Como petitorio de fondo:
1. ADMITA la revisin solicitada de la sentencia No. 856 de fecha 07 de julio de 2014, dictada por la Sala de Casacin Social de este Mximo Tribunal;
2. ACUERDE la Medida Cautelar de Suspensin de los Efectos de la sentencia No. 856 de fecha 07 de julio de 2014, dictada por la Sala de Casacin Social de este Mximo Tribunal, y finalmente [;]
3. DECLARE HA LUGAR el presente recurso (sic) de revisin y como consecuencia de esta declaratoria, acuerde la nulidad de la sentencia impugnada emitida por la Sala de Casacin Social del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 07 de julio de 2014, No. 856, Expediente No. 13-570Ó.
II
DE LA COMPETENCIA DE LA SALA
El artculo 336.10 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de: ÒÉrevisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurdicas dictadas por los tribunales de la Repblica, en los trminos establecidos por la ley orgnica respectiva.Ó.
Tal potestad de revisin de decisiones definitivamente firmes abarca fallos que hayan sido expedidos tanto por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia (artculo 25.11 de la Ley Orgnica del Tribunal Supremo de Justicia) como por los dems tribunales de la Repblica (artculo 25.10 eiusdem), pues la intencin final es que la Sala Constitucional ejerza su atribucin de mximo intrprete de la Constitucin, segn lo que establece el artculo 335 del Texto Fundamental.
En el presente caso se requiri la revisin del fallo n.¡ 856, que dict la Sala de Casacin Social el 7 de julio de 2014, mediante el cual declar: i) perecido el recurso de casacin interpuesto por la demandante contra la sentencia dictada, el 20 de marzo de 2013, por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas; ii) con lugar el recurso de casacin formalizado por la demandada contra la referida sentencia; iii) anulado el fallo recurrido, y iv) parcialmente con lugar la demanda incoada por la ciudadana Marta Luca Lpez Palacio contra la sociedad mercantil ahora solicitante -Comercializadora Todeschini C.A.-, por cobro de diferencia de prestaciones sociales; razn por la cual esta Sala se declara competente para su conocimiento. As se decide.
III
DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIîN
La Sala de Casacin Social de este Tribunal Supremo de Justicia, el 7 de julio de 2014, hizo el pronunciamiento cuya revisin se peticion, en los trminos siguientes:
ÒPRIMERO: PERECIDO el recurso de casacin interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida en fecha 20 de marzo de 2013, por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas; SEGUNDO: CON LUGAR el recurso de casacin interpuesto por la parte demandada contra la sentencia supra identificada; TERCERO: se ANULA el fallo recurrido, y CUARTO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada, condenndose a la parte demandada a cancelar a la accionante los conceptos antes sealados, conforme los lineamientos que han sido expuestos en prrafos anteriores.
Como fundamento de su decisin, expres lo siguiente:
ÒDEL RECURSO DE CASACIîN
EJERCIDO POR LA PARTE DEMANDADA
Por razones metodolgicas, la Sala altera el orden en que fueron presentadas las denuncias, procediendo a resolver la octava delacin planteada en el escrito de formalizacin (É).
De conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artculo 168 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo, se denuncia el vicio de errnea interpretacin del artculo 42 de la Ley Orgnica del Trabajo.
Al respecto, explica la parte formalizante que el aludido dispositivo no se aplic en su alcance general y abstracto, cuando el juez de alzada afirma que la actora no cumpla labores que ÒpermitanÓ calificarla como empleada de direccin, ignorando todas las pruebas presentadas en el transcurso del proceso.
Agrega que en el juicio fueron presentadas numerosas pruebas que detallan las actividades que ejerci la demandante, las cuales encuadran en el artculo 42 de la Ley Orgnica del Trabajo. Dentro de esas actividades ejecutadas, se encuentran las siguientes:
- Representaba al patrono ante terceros y lo sustitua en sus funciones, como sucedi cuando negoci y exigi condiciones especiales para la pliza de seguros con la empresa ÒResguardaÓ, segn se desprende de las documentales y prueba de informe que rielan a los folios 53 y 276 al 282 de la primera pieza, respectivamente.
- Intervino en la fijacin de sueldos al personal y decida la implementacin de beneficios sociales, tales como cesta ticket (ff. 70 al 72 de la primera pieza).
- Supervisaba e imparta instrucciones a otras gerencias de la empresa tales como la Gerencia de Desarrollo, Evaluacin y Planificacin y la Gerencia de Importaciones, segn se desprende de las deposiciones de los testigos Gaudy Robaina y Daniela Infante.
- Representaba a la empresa ante organismos pblicos, comprometindose en el cumplimiento de las obligaciones legales y pago de impuestos (ff. 54 al 60 de la primera pieza).
- Contrataba la prestacin de servicios profesionales de terceros y solicitaba su pago a la Gerencia de Contabilidad (ff. 82 al 84 de la primera pieza).
- Seleccionaba, contrataba y despeda personal, segn se desprende de las pruebas que rielan a los folios 61 al 69 y 75 al 81 de la primera pieza, concatenado con las deposiciones de los testigos Gaudy Robaina, Daniela Infante y Carlos Valero.
Finalmente, seala que todas esas actividades cuya ejecucin por parte de la demandante constan en autos, califican a la misma como empleada de direccin y, al no haber sido considerada as por la recurrida, implica el quebrantamiento por errnea interpretacin del artculo 42 de la Ley Orgnica del Trabajo, siendo ello determinante en el dispositivo del fallo, por haberse condenado a la empresa a pagar las indemnizaciones contempladas en el artculo 125 eiusdem.
Para decidir, la Sala observa:
La cuestin expuesta por la parte formalizante se encuentra dirigida a atacar lo establecido por la alzada con relacin a la categorizacin del cargo desempeado por la accionante, razn por la cual delata el artculo 42 de la Ley Orgnica del Trabajo, por errnea interpretacin.
Respecto al vicio denunciado, ha establecido reiteradamente esta Sala que ocurre cuando el juez aun reconociendo la existencia y validez de la norma que ha seleccionado, yerra en la determinacin de su verdadero alcance general y abstracto, hacindose derivar de ella consecuencias que no resultan de su contenido.
As las cosas, el artculo 42 de la mencionada ley sustantiva laboral, prev:
Se entiende por empleado de direccin el que interviene en la toma de decisiones u orientaciones de la empresa, as como el que tiene el carcter de representante del patrono frente a otros trabajadores o terceros y puede sustituirlo, en todo o en parte, en sus funciones.
Con respecto a la nocin de empleado de direccin, esta Sala de Casacin Social, en sentencia N¼ 542, de fecha 18 de diciembre de 2000 (caso: Jos Rafael Fernndez Alfonso contra IBM de Venezuela, C.A.), sealÉ (É).
Ahora bien, en cuanto al punto en discusin se aprecia que el juez de la recurrida, sostuvo lo que a continuacin se transcribe:
(É) la parte demandada alega que la accionante en dicho cargo de gerente de recursos humanos, por las actividades que realizaba deba calificarse como un trabajador de direccin, indicando como tales funciones las de seleccionar y contratar personal, con jerarqua para despedir, para discutir y representar en convenciones colectivas, representar al patrono ante organismos, define las polticas del personal, adems la accionante planificaba y coordinaba las actividades de acuerdo a las polticas internas de la empresa, dictaba directrices autnomas, instrua y orientaba la ejecucin de sus decisiones a las Coordinadoras de recursos humanos como contratar personal, despedir personal, autorizar clculos de liquidaciones, suscriba comunicaciones dirigidas al personal, supervisaba orientaba y evaluaba al personal, contrata terceros, llegaba a horas diversas de la maana y en muchas ocasiones no regresaba en horas de la tarde.
(Omissis)
Al respecto, advierte esta Juzgadora que la accionante en ejercicio de su cargo de gerente de recursos humanos enviaba comunicaciones donde informaba los acuerdos llegados por la empresa demandada en materia de plizas de seguro, entreg proyectos de prevencin laboral, solicit el sellado y firma del cartel de horario de trabajo, notific contrataciones, informaba al personal de decisiones tomadas por la empresa de incremento salarial e implemento de Tickets y si bien en las liquidacin de prestaciones sociales a distintos trabajadores contena la firma autorizada de la accionante, se trata de un trmite administrativo mas no del pago de personal o que hubiere realizado actos de disposicin del patrimonio de su empleador, de estas actividades no se evidencia que la accionante hubiese intervenido de manera autnoma e independiente en la toma de decisiones u orientaciones de la empresa, ni queda expresado su carcter de representante del patrono frente a otros trabajadores o frente a terceros que hubiere sustituido en sus funciones al patrono en algunas ocasiones, slo les comunicaba las decisiones que tomaba la empresa sin que se evidencie su participacin en las mismas, por lo que solo se evidencia que la accionante slo ejecutaba y realizaba los actos administrativos necesarios para cumplir con las rdenes, objetivos y polticas que previamente le haban sido determinadas por su patrono y los verdaderos empleados de direccin.
En tal sentido, es evidente que la ciudadana MARTA LîPEZ no cumpla labores que permitan clasificarla como una empleada de direccin a tenor de lo previsto en el artculo 42 de la Ley Sustantiva Laboral; y por ende, debe considerarse que era una trabajadora permanente que a tenor de lo establecido en el artculo 112 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo, gozaba de estabilidad y aunado a que la demandada no trajo elementos que evidencien su alegato que de manera convenida se decidi que no continuara la accionante prestando servicios, se impone establecer que la trabajadora de autos fue objeto de un despido injustificado, y consecuencia de ello acordar las indemnizaciones por despido injustificado reclamadas, resultando con lugar la apelacin de la parte actora en este punto. ASê SE DECIDE. (Subrayado de la Sala).
Como se aprecia de los pasajes antes transcritos, los hechos establecidos mediante el examen de las pruebas, representados por el envo de comunicaciones sobre acuerdos alcanzados con relacin a las plizas de seguros, entrega de proyectos en materia de prevencin laboral, solicitud de sellado del cartel de horario ante la Inspectora del Trabajo, notificaciones de contrataciones y comunicaciones al personal, entre otros, no fueron subsumidos por la alzada dentro del supuesto de hecho abstracto contemplado en el artculo 42 de la Ley Orgnica del Trabajo, por cuanto -en criterio del juzgador- no evidenciaban que la accionante hubiese intervenido de manera autnoma e independiente en la toma de decisiones u orientaciones de la empresa, ni qued expresado a travs de ellos su carcter de representante del patrono frente a otros trabajadores o terceros.
En este sentido, visto que se encuentra en discusin la apreciacin de los hechos realizada por el juez ad quem, en torno a una norma que confiere una denominacin o determinada calificacin a un conjunto de hechos, lo cual entra dentro de la denominada Òcasacin sobre los hechosÓ, siguiendo las previsiones del artculo 320 del Cdigo de Procedimiento Civil, aplicable al proceso laboral por remisin del artculo 11 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo, la Sala se ajusta a tal facultad y desciende a las actas del expediente para as poder comprobar si existe o no una falsa relacin entre el supuesto de hecho construido por la alzada y los hechos realmente establecidos, ello por configurarse una de las excepciones a la prohibicin de extender el examen al establecimiento y apreciacin de los hechos en sede casacional.
As pues, se verifica que a travs de la documental suscrita por la demandante que cursa al folio 53 de la primera pieza y de las resultas de la prueba de informes solicitada a la sociedad mercantil Resguarda Sociedad de Corretaje de Seguros, C.A., insertas a los folios 276 al 282 de la misma pieza, consta que la demandante, en su carcter de Gerente de Recursos Humanos, diriga comunicaciones a dicha empresa en representacin de la accionada y formaliz acuerdos en torno a plizas de seguro, cuyo cumplimiento exiga mediante comunicaciones formales o va e-mail. Tambin consta a los folios 54 al 60, comunicaciones suscritas por la demandante, en su prenombrada condicin, dirigidas: 1¡) a la Unidad Educativa Johannes Kepler, solicitando colaboracin para tramitar el ingreso de nuevos aprendices INCES; 2¡) al Fondo Nacional Antidrogas (FONA), haciendo entrega formal del proyecto de prevencin laboral y 3¡) a la Inspectora del Trabajo en el çrea Metropolitana de Caracas, solicitando el sellado y firmado del cartel de horario de trabajo, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgnica del Trabajo. Atendiendo dichas probanzas valoradas en la recurrida, se pone en evidencia el desempeo de actividades por parte de la accionante, mediante las cuales representaba y obligaba a la empresa accionada frente a terceros y participaba directamente en la toma de decisiones.
Por otra parte, constan a los folios 61 al 74 de la primera pieza del expediente, liquidaciones del personal autorizadas por la demandante y comunicaciones suscritas por sta, mediante las cuales inform directamente al personal sobre incrementos salariales y beneficios sociales de carcter no remunerativo (cesta tickets), igualmente cursa al folio 82 de la primera pieza, documental suscrita por la accionante a travs de la cual solicita a los Departamentos de Contabilidad y Personal, cheque a nombre de Julio Csar Tern Martnez para pago de honorarios profesionales. Estos hechos valorados por el juez de la recurrida, demuestran que la accionante en el ejercicio de las actividades inherentes al cargo desempeado representaba y obligaba a la empresa accionada frente a otros trabajadores y realizaba actos de disposicin de su patrimonio.
Adems de las declaraciones de las testigos Gaudy Robaina y Daniela Infante, se extrae que la demandante participaba en la toma de decisiones en su rea, y tena la potestad de contratar, supervisar, despedir y desaprobar al personal, lo cual implica que representaba y sustitua al patrono en todo o en parte frente a los dems trabajadores.
De lo anteriormente verificado, advierte la Sala un error en la subsuncin de los hechos efectuados por el juez de la recurrida, al establecer que stos no evidenciaban que la accionante hubiese intervenido en la toma de decisiones u orientaciones de la empresa, ni el carcter de representante del patrono frente a otros trabajadores o terceros, lo cual conllev a que infringiera el artculo 42 de la Ley Orgnica del Trabajo por errnea interpretacin, como fue delatado.
Asimismo, esta Sala considera que la infraccin antes constatada resulta determinante en el dispositivo del fallo, toda vez que en la recurrida se conden a la empresa demandada a pagar las indemnizaciones previstas en el artculo 125 de la Ley Orgnica del Trabajo, aplicables a aquellos trabajadores que gozan de estabilidad laboral, despedidos sin causa legal que lo justifique, dentro de los cuales se encuentran expresamente excluidos los empleados que sean de direccin, por lo que tambin se infringi dicho dispositivo por falsa aplicacin.
En consecuencia, se declara procedente la denuncia analizada, se anula el fallo recurrido y, de conformidad con el artculo 175 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo, esta Sala pasa decidir el fondo de la presente controversia, en los siguientes trminos:
DECISIîN SOBRE EL FONDO DE LA CONTROVERSIA
La parte actora aleg, en su escrito libelar, que comenz a prestar servicios subordinados y bajo dependencia para la sociedad mercantil Comercializadora Todeschini, C.A., desempendose como Gerente de Recursos Humanos desde el 18 de agosto de 2008 hasta el da 21 de marzo de 2011, fecha sta ltima en que fue despedida injustificadamente.
En razn de las consideraciones expuestas, reclama el pago de lo siguiente: a) por uso de vehculo: 233.605,60 VEF; b) incidencia en las prestaciones sociales: 41.734,99 VEF; c) incidencia de la bonificacin de fin de ao: 6.221,99 VEF; d) diferencias en la indemnizacin prevista en el artculo 125 Ley Orgnica del Trabajo: 27.088,80 VEF; e) diferencias en el pago de preaviso: 26.426,40 VEF; f) diferencias en el pago de utilidades: 7.802,13 VEF; f) diferencia en el pago de vacaciones: 5.003,15 VEF; y g) incidencia del Òticket base ampliaÓ: 4.061,44 VEF.
Por su parte la empresa demandada, en su escrito de contestacin, admiti que la demandante le prest servicios subordinados y bajo dependencia, desempendose como Gerente de Recursos Humanos, desde el 18 de agosto de 2008 hasta el 21 de marzo de 2011, y que el salario para la fecha de culminacin era la cantidad de 13.750,00 VEF.
Asimismo, reconoci que durante la relacin de trabajo le asign a la demandante un vehculo para su uso, que la empresa pagaba utilidades equivalentes a 120 das de salario y que a partir de junio de 2010 hasta enero de 2011 le otorg el beneficio previsto en la ÒLey de AlimentacinÓ equivalente a 3.000,00 VEF, incrementado en febrero de 2011 a la cantidad de 3.750,00 VEF.
En otro orden, neg que la demandante haya sido despedida injustificadamente, alegando que lo cierto es que sta incurri en irregularidades en el ejercicio de su cargo, y que de comn acuerdo con ella se decidi que no continuara prestando sus servicios a la empresa, segn se evidencia de las dos (2) liquidaciones cursantes en autos, en una aparece motivo de terminacin ÒrenunciaÓ y en la otra ÒretiroÓ. Arguye que en ambas liquidaciones el total a pagar fue la cantidad de 79.827,10 VEF, pero en una de ellas se incluyeron montos por las indemnizaciones previstas en el artculo 125 de la Ley Orgnica del Trabajo, los cuales fueron manejados incorrectamente por la accionante, dndole instrucciones al personal a su cargo de liquidarle incluyendo conceptos que no le correspondan.
(É)
Niega que la demandante tenga derecho a las indemnizaciones establecidas en el artculo 125 de la Ley Orgnica del Trabajo.
(É)
Ahora bien, en innumerables sentencias esta Sala de Casacin Social ha sealado que la distribucin de la carga de la prueba en materia laboral, se fijar de acuerdo con la forma en la que el accionando d contestacin a la demanda, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artculo 72 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo, en concordancia con el artculo 135 eiusdem.
As pues, planteados como han quedado los hechos alegados por la parte actora, as como las excepciones y defensas opuestas por la parte demandada, se tiene como admitida la relacin de trabajo, la fecha de ingreso (18 de agosto de 2008) y de finalizacin (21 de marzo de 2011), el ltimo salario mensual percibido por la demandante estimado en la cantidad de trece mil setecientos cincuenta bolvares (13.750,00 VEF), el nmero de das pagados por utilidades anuales (120 das), y que la empresa le asign a la accionante un vehculo para su uso, con las caractersticas siguiente: marca: FIAT, uso: PARTICULAR, modelo: PALIO ADVENTURE 1.8 8V, ao: 2007, color: PLATA BARI, serial de carrocera: 9BD17319974184071, serial de motor: 1V0224302, clase: AUTOMîVIL, tipo: SEDAN, placa: WAC39P.
De esta manera, evidencia la Sala que los lmites en los cuales ha quedado planteada la controversia, van dirigidos a determinar: 1¡) la naturaleza del cargo desempeado por la accionante; 2¡) la naturaleza salarial o no del beneficio legal otorgado a la trabajadora con la finalidad de procurarle una mejor calidad de vida, conforme a lo establecido en el pargrafo tercero del artculo 133 de la Ley Orgnica del Trabajo; 3¡) la proporcin que debe tomarse en cuenta para el clculo de la incidencia derivada del uso del vehculo; y 5¡) la procedencia o no de las indemnizaciones establecidas en el artculo 125 de la Ley Orgnica del Trabajo y dems diferencias reclamadas.
Establecidos como han quedado los trminos del presente contradictorio, esta Sala pasa a analizar las pruebas promovidas y evacuadas por las partes.
De las pruebas promovidas por la parte actora:
(É)
Produjo identificado con el nmero Ò2Ó (f. 28 de la primera pieza), instrumental contentiva de liquidacin por terminacin de relacin laboral, la cual, al no ser impugnada, ni desconocida por la parte a quien se le opone, esta Sala le confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artculos 10 y 78 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo. De la misma, se evidencia las asignaciones canceladas a la demandante por terminacin de la relacin laboral, cuyo motivo fue por renuncia.
Promovi identificado con el nmero Ò1Ó (f. 53 de la primera pieza), original de comunicacin de fecha 17 de diciembre de 2009, suscrita por la accionante, dirigida a la sociedad mercantil Resguarda Sociedad de Corretaje de Seguros, la cual, al no ser impugnada, ni desconocida por la parte a quien se le opone, esta Sala le confiere pleno valor probatorio, conforme a lo establecido en los artculos 10 y 78 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo. De la misma, se desprende que la accionante, en su condicin de Gerente de Recursos Humanos, formaliz los acuerdos llegados con la referida sociedad, en relacin a plizas de hospitalizacin, ciruga y maternidad del personal de la empresa.
Produjo identificada con el nmero Ò2Ó (f. 54 de la primera pieza), comunicacin de fecha 18 de septiembre de 2008, suscrita por la accionante, dirigida a la Unidad Educativa Johannes Kepler, la cual, al no ser impugnada, ni desconocida por la parte a quien se le opone, esta Sala le confiere pleno valor probatorio, conforme a lo establecido en los artculos 10 y 78 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo. De la misma, se evidencia que la accionante, en su condicin de Gerente de Recursos Humanos, solicit a dicha institucin colaboracin para tramitar ingresos de aprendices INCES.
Consign identificadas con el nmero Ò3Ó (ff. 55 y 56 de la primera pieza), comunicacin de fecha 7 de octubre de 2010 y ficha resumen, suscritas por la accionante, dirigidas al Fondo Nacional Antidrogas, la cual, al no ser impugnada, ni desconocida por la parte a quien se le opone, esta Sala le confiere pleno valor probatorio, conforme a lo establecido en los artculos 10 y 78 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo. De dicha documental se desprende que la accionante, en su condicin de Gerente de Recursos Humanos, hizo formal entrega del proyecto de prevencin laboral.
Aport identificada con el nmero Ò4Ó (ff. 57 al 60 de la primera pieza), comunicacin de fecha 14 de mayo de 2009, suscrita por la accionante, dirigida al Inspector del Trabajo, la cual, al no ser impugnada, ni desconocida por la parte a quien se le opone, esta Sala le confiere pleno valor probatorio, conforme a lo establecido en los artculos 10 y 78 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo. De la misma, se evidencia que la accionante, en su condicin de Gerente de Recursos Humanos, solicit a dicho ente el sellado y firmado del cartel de horario de trabajo de la empresa demandada, a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgnica del Trabajo.
Promovi signado con los nmero Ò5.1Ó, Ò5.2Ó, Ò5.3Ó, Ò5.4Ó, Ò5.5Ó y Ò5.6Ó (ff. 61 al 69 de la primera pieza), documentales contentivas de liquidaciones de personal, suscritas por la accionante, las cuales, al no ser impugnadas, ni desconocidas por la parte a quien se le opone, esta Sala le confiere pleno valor probatorio, conforme a lo establecido en los artculos 10 y 78 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo. De las mismas, se desprende que la accionante autorizaba las liquidaciones del personal.
Produjo identificadas con el nmero Ò6Ó (ff. 70 al 74 de la primera pieza), comunicaciones suscritas por la accionante, dirigidas a los ciudadanos Jos Luis Sierra, Oswaldo Carreo y Cristian Segulin, las cuales, al no ser impugnadas, ni desconocidas por la parte a quien se le opone, esta Sala le confiere pleno valor probatorio, conforme a lo establecido en los artculos 10 y 78 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo. De dichas instrumentales, se evidencia que la accionante, en su condicin de Gerente de Recursos Humanos, inform directamente al personal sobre incrementos salariales y la implementacin de beneficios sociales de carcter no remunerativo (cesta tickets).
Aport identificadas con los nmeros Ò7Ó y Ò8Ó (ff. 75 al 81 de la primera pieza), documentales contentivas de nmina de trabajadores con la firma autorizada de la accionante y comunicacin de fecha 10 de septiembre de 2010, tambin suscrita por sta, en su condicin de Gerente de Recursos Humanos, dirigida al ciudadano Leonardo Martins Pereira, mediante la cual le informa su contratacin como Gerente de Post Venta y todo lo relacionado las condiciones de trabajo, salario y paquete remunerativo; no impugnadas, ni desconocidas por la parte a quien se le opone, razn por la cual esta Sala les confiere pleno valor probatorio, de conformidad con los artculos 10 y 78 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo.
Consign identificada con el nmero Ò9Ó (ff. 82 al 84 de la primera pieza), documentales contentivas de solicitud interna, suscritas por la accionante, dirigidas al Departamento de Personal y al Departamento de Contabilidad, comprobante de cheque y factura N¡ 000466, las cuales, al no ser impugnadas, ni desconocidas por la parte a quien se le opone, esta Sala le confiere pleno valor probatorio, conforme a lo establecido en los artculos 10 y 78 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo. De dichas instrumentales, se evidencia que la accionante, en su condicin de Gerente de Recursos Humanos, solicit a los referidos departamentos el pago correspondiente al ciudadano Julio Csar Tern Martnez, por concepto de honorarios profesionales.
Promovi identificadas con el nmero Ò26Ó (ff. 85 y 86 de la primera pieza), autorizaciones suscritas por la demandada a favor de la demandante para conducir un vehculo por todo el territorio nacional, las cuales, al no ser impugnadas, ni desconocidas por la parte a quien se le opone, esta Sala le confiere pleno valor probatorio, sin embargo nada aportan para la resolucin de la controversia.
Produjo identificada con el nmero Ò27Ó (f. 87 de la primera pieza), declaracin de ruta de traslado desde el hogar hasta el centro de trabajo y viceversa suscrita por la accionante, la cual, al no ser impugnada, ni desconocida por la parte a quien se le opone, esta Sala le confiere pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artculos 10 y 78 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo. De esta documental, se evidencia la ruta habitual que realizaba la demandante para ir al centro de trabajo y el tiempo de duracin, estimado en una hora en la maana y una hora y media en la tarde.
Consign identificadas con los nmeros Ò28Ó y Ò29Ó (ff. 88 al 108 de la primera pieza), sentencias proferidas por la Sala de Casacin Civil y Social del Tribunal Supremo de Justicia, las cuales no son valoradas por esta Sala, por no constituir un medio de prueba, sino fuente de derecho.
Aport identificada con el nmero Ò30Ó (ff. 109 al 118 de la primera pieza), publicaciones de venta de vehculos obtenidas a travs de pginas web, a las cuales la Sala no se le confiere valor probatorio, por cuanto no se tiene un conocimiento exacto de quien emanan las mismas, siendo ello carga del promovente.
Consign identificada con en nmero Ò31Ó (ff. 119 al 123 de la primera pieza), factura de compra de vehculo emitida por la empresa demandada a nombre de la demandante y documento de compra-venta de vehculo suscrito por ambas partes, autenticado por ante la Notara Pblica Dcima Quinta del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 13 de abril de 2011, anotado bajo el N¡ 52, Tomo 64, los cuales, al no ser impugnados, ni desconocidos por la parte a quien se les opone, esta Sala le confiere pleno valor probatorio, sin embargo nada aportan para la resolucin de la controversia.
Aport identificada con el nmero Ò33Ó (ff. 124 al 131 de la primera pieza), Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Alimentacin para los Trabajadores, publicada en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N¡ 39.666, de fecha 4 de mayo de 2011, el cual entra dentro del principio iura novit curia, el juez conoce del derecho, y por tanto, no deben ser valorados como pruebas, sino deben ser considerados como fuente de derecho.
Promovi identificadas con los nmeros Ò34Ó, Ò34.1Ó y Ò37Ó (ff. 132 al 141 y 145 al 147 de la primera pieza), contrato marco de prestacin de servicio (tarjeta Bonus Alimentacin) celebrado entre la demandada y la empresa TEBCA dedicada a la venta de tickets de alimentacin y consumos, mediante tarjeta electrnica, estados de cuenta y transacciones efectuadas por la demandante, los cuales carecen de eficacia probatoria, toda vez que no se encuentran suscritos por la parte a quien se le oponen.
Produjo identificadas con los nmeros Ò35Ó y Ò36Ó (ff. 142 al 144 de la primera pieza) documentales contentivas de comunicaciones dirigidas a la demandante, las cuales ya fueron valoradas en acpites anteriores, por lo que se reproduce la valoracin ofrecida.
Consign identificadas con los nmeros Ò38Ó, Ò39Ó y Ò40Ó (ff. 148 al 153 de la primera pieza) instrumentales contentivas de liquidacin de personal de fecha 19 de marzo de 2011, comprobante de egreso de fecha 21 de marzo de 2011 y finiquito de fideicomiso; no impugnadas, ni desconocidas por la parte a quien se le opone, razn por la cual se les otorga valor probatorio, de conformidad con los artculos 10 y 78 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo. Al respecto, esta Sala observa que la fecha de elaboracin de la liquidacin no coincide con la fecha del comprobante de egreso, de cuyo cuerpo consta el pago recibido por la accionante por la cantidad de 79.827,10 VEF, el cual s se corresponde con la liquidacin analizada en acpites anteriores que cursa al folio 28 de la primera pieza. Del finiquito de fideicomiso, consta el saldo recibido por la demandante en fecha 7 de abril de 2011.
Promovi las testimoniales de los ciudadanos Manuela Todeschini, Fernando Felice, Nadeska Natera y Patricia Daz, los cuales no fueron evacuados en su oportunidad legal, motivo por el que esta Sala no tiene materia probatoria que analizar.
Asimismo, promovi las testimoniales de los ciudadanos Isa Escalona, Carlos Valero, Maury Durn, Daniel Infante y Gaudy Robain (É).
Solicit prueba de informes a la empresa Resguarda Sociedad de Corretaje, cuya resulta consta a los folios 277 al 282 de la primera pieza, razn por la cual esta Sala le otorga pleno valor probatorio, conforme a las reglas de la sana crtica. De la misma se extrae que la referida empresa presta servicios de corretaje de seguros y que la accionante, en su carcter de Gerente de Recursos Humanos de la demandada, diriga comunicaciones y formaliz acuerdos con relacin a plizas de seguros, cuyo cumplimiento exiga mediante comunicaciones formales o va e-mail.
Solicit prueba de informes a la Oficina Nacional Antidrogas, cuya resulta consta a los folios 264 al 268 de la primera pieza, razn por la cual esta Sala le otorga pleno valor probatorio, conforme a las reglas de la sana crtica. De la misma se evidencia que la demandante, en su condicin de Gerente de Recursos Humanos, diriga comunicaciones a dicho ente.
Solicit prueba de informes al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, cuya resulta consta a los folios 53 al 59 de la segunda pieza del presente expediente, razn por la cual esta Sala le otorga valor probatorio, sin embargo, nada aporta para la resolucin de la controversia.
Solicit prueba de informes al Instituto Nacional de Cooperacin Educativa Socialista (INCES), cuya resulta consta a los folios 3 al 8 de la segunda pieza, razn por la cual esta Sala le otorga valor probatorio, sin embargo, nada aporta para la resolucin de la controversia.
Solicit prueba de informes al Banco Mercantil, cuya resulta consta a los folios 25 al 29 de la segunda pieza, razn por la cual esta Sala le otorga pleno valor probatorio, conforme a las reglas de la sana crtica. De la misma se extraen los movimientos presentados en el fideicomiso a favor de la demandante.
Solicit prueba de informes a la sociedad mercantil Transferencia Electrnica de Beneficios, C.A., cuya resulta consta al folio 210 al 222 de la primera pieza, razn por la cual esta Sala le otorga pleno valor probatorio, conforme a las reglas de la sana crtica. De la misma se extrae que a la actora le fue asignada a una tarjeta electrnica Bonus Alimentacin N¡ 6048411502594518, mediante la cual perciba el beneficio de alimentacin otorgado por la empresa demandada.
Solicit prueba de informes a la Inspectora del Trabajo del çrea Metropolitana de Caracas y al Instituto Nacional de Trnsito Terrestre, sobre las cuales esta Sala no tiene materia probatoria que analizar, por no constar las resultas en los autos.
Fueron promovidas prueba de experticia e inspeccin judicial, las cuales fueron negadas por el Tribunal de la causa, sin que su promovente ejerciera recurso alguno contra dicha decisin, por lo que esta Sala no tiene material probatorio que analizar.
Efectuado el anlisis probatorio que antecede esta Sala de Casacin Social entra a decidir la presente controversia, en los trminos siguientes:
En primer lugar, result controvertida en la presente litis la naturaleza del cargo desempeado por la accionante, en virtud a que la empresa aleg, en su escrito de contestacin, que el mismo era de direccin.
Sobre el particular, esta Sala al resolver el recurso de casacin verific que la demandante, en el ejercicio de las actividades inherentes al cargo desempeado (Gerente de Recursos Humanos) representaba y obligaba a la empresa accionada frente a otros trabajadores y terceros, realizaba actos de disposicin de su patrimonio y participaba directamente en la toma de decisiones, lo cual se subsume dentro de la nocin de empleado de direccin prevista en el artculo 42 de la Ley Orgnica del Trabajo.
En este sentido, habiendo ostentado la accionante un cargo de direccin que la excluye de los efectos patrimoniales previstos en el artculo 125 de la Ley Orgnica del Trabajo, en esta fase de anlisis resulta forzoso declarar la improcedencia de dichas indemnizaciones. As se decide.
En segundo lugar, corresponde a esta Sala determinar el carcter salarial o no de la asignacin que la demandante pretende le sea atribuida dicha condicin, con incidencia en el clculo de las prestaciones sociales y otros conceptos laborales que a sta le corresponden, derivadas de la bonificacin otorgada por el patrono a partir de junio de 2010, de conformidad con el pargrafo tercero del artculo 133 de la Ley Orgnica del Trabajo, tambin denominada en el escrito libelar como Òticket base ampliaÓ.
En este sentido, tenemos que el referido dispositivo legal contiene una amplia descripcin de lo que debe entenderse e incluirse como salario, refirindose a cualquier ingreso, provecho o ventaja percibido por el trabajador como contraprestacin a las labores por ste realizadas.
No obstante, no todas las cantidades, beneficios y conceptos que un patrono pague a un trabajador durante la relacin de trabajo tendrn naturaleza salarial, tal es el caso de los beneficios sociales de carcter no remunerativo previstos en el pargrafo tercero del aludido artculo, dentro de los cuales se encuentran los servicios de comedores, provisin de comidas y alimentos.
As las cosas, de las actas que conforman el expediente, qued comprobado a travs de la documental identificada con el nmero Ò9Ó (f. 35 de la primera pieza), adminiculada con las resultas de la prueba de informes requerida a la sociedad mercantil TEBCA Transferencias Electrnica de Beneficios, C.A., que el patrono en efecto conceda dicha percepcin a la demandante como beneficio de alimentacin por medio de una tarjeta electrnica que le permitan la adquisicin de comida y alimentos en restaurantes, comercios o establecimientos, la cual entra dentro de las previsiones previstas en el pargrafo tercero del artculo 133 de la Ley Orgnica del Trabajo; por tanto no debe ser considerada como salario.
De manera que, resulta forzoso para esta Sala declarar improcedente lo peticionado por la accionante con fundamento en la aludida percepcin. As se decide.
En tercer orden, esta Sala encuentra que en la presente litis no result controvertido que a la ciudadana Marta Luca Lpez Palacios, le fue asignado para su uso un vehculo (É).
Es de advertir que la parte demandante, en su escrito libelar, reclama un pago adicional por la asignacin del vehculo que estima en la cantidad de doscientos treinta y tres mil seiscientos cinco bolvares con sesenta cntimos (233.605,60 VEF), lo cual a todas luces resulta improcedente toda vez que el beneficio otorgado por la empresa simplemente involucr el uso del mismo para su provecho personal y no una remuneracin adicional cuantificable en dinero que evidentemente se traducira en un pago doble del beneficio.
a) Diferencia por prestacin de antigedad:
De conformidad con el artculo 108 de la Ley Orgnica del Trabajo, todo trabajador tiene derecho a una prestacin de antigedad (É).
b) Diferencias por vacaciones y bono vacacional:
El artculo 219 de la Ley Orgnica del Trabajo establece, que cuando el trabajador tenga un (1) ao de trabajo ininterrumpido para un patrono, disfrutar de un perodo de vacaciones remuneradas de quince (15) das hbiles. Los aos sucesivos tendr derecho adems a un da adicional remunerado por cada ao de servicio, hasta un mximo de quince (15) das hbiles.
Por su parte el artculo 223 eiusdem, dispone que en la oportunidad de las vacaciones del trabajador, ste tendr derecho a percibir una bonificacin especial equivalente a un mnimo de siete (7) das de salario ms un (1) da adicional por cada ao, hasta un total de veintin (21) das de salario, cuando el trabajador no hubiere adquirido el derecho a recibir una bonificacin mayor a la de siete (7) salarios. Caso contrario, recibir la cantidad a que se haya hecho acreedor, sin perjuicio del da adicional de un (1) da de salario por ao de servicio.
Con base a los mencionados dispositivos legales, a la accionante le corresponden: (É).
c) Diferencia por utilidades:
Sobre el particular, se observa que no result un hecho controvertido en la presente litis que la empresa demandada remuneraba dicho concepto por la cantidad equivalente a ciento veinte (120) das de salario anuales.
(É)
Para la cuantificacin de los das condenados por concepto de diferencia de utilidades, el perito deber tomar como base el promedio del ejercicio econmico correspondiente que surja nicamente de la incidencia diaria por asignacin de vehculo, toda vez que dicha percepcin no fue tomada en consideracin por la demandada en su momento para el clculo de estos conceptos.
Finalmente, de conformidad con el artculo 92 de la Constitucin de la Repblica de Venezuela, se ordena el pago de los intereses de mora de las cantidades condenadas a pagar desde la finalizacin de la relacin de trabajo, a saber, desde el 21 de marzo de 2011 y hasta la oportunidad de su cancelacin (É).
Asimismo, en aplicacin del criterio sostenido por esta Sala en sentencia N¼ 1.841 del 11 de noviembre de 2008 (caso: Jos Surita contra Maldifassi & Ca. C.A.), se condena el pago de la correccin monetaria sobre las sumas condenadas a pagar, cuyo monto se determinar mediante experticia complementaria del fallo, tomando en cuenta el ndice nacional de precios conforme a los respectivos boletines emitidos por el Banco Central de Venezuela, desde la fecha de terminacin de la relacin laboral, para la prestacin de antigedad; y, desde la notificacin de la demanda (08/11/2011), para el resto de los conceptos laborales condenados; excluyndose nicamente el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes, o haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas, es decir, caso fortuito o fuerza mayor, as como vacaciones judiciales, y hasta la oportunidad del pago efectivo.
En caso de incumplimiento voluntario, aplicar lo establecido en el artculo 185 de la Ley Orgnica Procesal del Trabajo. As se resuelve.
En mrito de las consideraciones expuestas, se declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta por la ciudadana Marta Luca Lpez Palacios contra la sociedad mercantil Comercializadora Todeschini, C.A. As se decideÓ.
IV
MOTIVACIîN PARA LA DECISIîN
De la revisin de las actas procesales que integran el expediente, se observa que la parte solicitante consign el correspondiente instrumento poder, as como copia certificada del fallo cuya revisin se solicita, adems, no se configuran las causales de inadmisibilidad que contiene el artculo 133 de la Ley Orgnica del Tribunal Supremo de Justicia. As se establece.
En el asunto sub examine, el objeto de la solicitud de revisin lo constituye el acto de juzgamiento n.¡ 856, que emiti la Sala de Casacin Social el 7 de julio de 2014, mediante el cual declar: i) perecido el recurso de casacin interpuesto por la demandante en el juicio laboral contra la sentencia dictada, el 20 de marzo de 2013, por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas; ii) con lugar el recurso de casacin interpuesto por la demandada contra la referida sentencia; iii) anulado el fallo recurrido, y iv) parcialmente con lugar la demanda incoada por la ciudadana Marta Luca Lpez Palacio contra la sociedad mercantil ahora solicitante -Comercializadora Todeschini C.A.-, por cobro de diferencia de prestaciones sociales.
Ahora bien, dada la naturaleza extraordinaria y excepcional de la revisin, esta Sala fij claros supuestos de procedencia (vide. s. S.C. n.¡ 93 del 6 de febrero de 2001; caso: ÒCorpoturismoÓ), lo cuales fueron recogidos en la Ley Orgnica del Tribunal Supremo de Justicia con el propsito de evitar su empleo indiscriminado y exagerado, con fundamento en el slo inters en el restablecimiento de la situacin jurdica subjetiva lesionada, en clara colisin con su verdadera finalidad.
As, el artculo 25, cardinales 10 y 11 de la Ley Orgnica del Tribunal Supremo de Justicia, que recogi la jurisprudencia de esta Sala, preve que:
ÒSon competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: / (É)
10. Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los tribunales de la Repblica cuando hayan desconocido algn precedente dictado por la Sala Constitucional; efectuado una indebida aplicacin de una norma o principio constitucional; o producido un error grave en su interpretacin; o por falta de aplicacin de algn principio o normas constitucionales.
11. Revisar las sentencias dictadas por las otras Salas que se subsuman en los supuestos que seala el numeral anterior, as como la violacin de principios jurdicos fundamentales que estn contenidos en la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados vlidamente por la Repblica o cuando incurran en violaciones de derechos constitucionales.Ó
En lo que respecta a las sentencias definitivamente firmes que pueden ser objeto de revisin, esta Sala Constitucional ha sostenido lo siguiente:
Ò...Slo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, esta Sala posee la potestad de revisar lo siguiente:
1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carcter, dictadas por las dems Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del pas.
2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurdicas por los tribunales de la Repblica o las dems Salas del Tribunal Supremo de Justicia.
3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las dems Salas de este Tribunal o por los dems tribunales o juzgados del pas apartndose u obviando expresa o tcitamente alguna interpretacin de la Constitucin contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.
4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las dems Salas de este Tribunal o por los dems tribunales o juzgados del pas que de manera evidente hayan incurrido, segn el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretacin de la Constitucin o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretacin de la norma constitucional. En estos casos hay tambin un errado control constitucional...Ó. (s. S.C. n.¡ 93 del 06.02.2001).
Es pertinente aclarar que esta Sala, al momento de la ejecucin de su potestad de revisin de sentencias definitivamente firmes, est obligada, de acuerdo con una interpretacin uniforme de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela y en consideracin a la garanta de la cosa juzgada, a la guarda de mxima prudencia en cuanto a la admisin y procedencia de peticiones que pretendan la revisin de actos de juzgamiento que han adquirido el carcter de cosa juzgada judicial; de all que esta Sala tenga facultad para la desestimacin de cualquier requerimiento como el de autos, sin ningn tipo de motivacin, cuando, en su criterio, se verifique que lo que se pretende en nada contribuye con la uniformidad de la interpretacin de normas y principios constitucionales, en virtud, pues, del carcter excepcional y limitado que ostenta la revisin.
Por otra parte, esta Sala expres, en sentencia del 2 de marzo de 2000 (caso: Francia Josefina Rondn Astor), que en materia de revisin posee facultad discrecional y tal potestad puede ser ejercida sin motivacin alguna, ÒÉcuando en su criterio, constate que la decisin que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretacin de normas y principios constitucionales, ni constituya una deliberada violacin de preceptos de ese mismo rangoÉÓ.
En el caso sub iudice, la representacin judicial de la empresa Comercializadora Todeschini C.A. requiri la revisin del pronunciamiento a que se hizo referencia supra, por cuanto la Sala de Casacin Social: i) habra omitido pronunciamiento respecto de las argumentaciones expuestas en su recurso de casacin, en relacin con el pago que hizo -de manera anticipada e indebida- a la ciudadana Marta Luca Lpez Palacio Ðquien ocup el cargo de Gerente de Recursos Humanos-, por concepto de la indemnizacin prevista en el artculo 125 de la Ley Orgnica del Trabajo de 1997 -aplicable rationae temporis-, monto que se evidenciaba en la liquidacin, que Òno fue impugnada ni desconocidaÓ por esta ltima, cuyo reconocimiento haba sido objeto de Òuna de las confesiones espontneas realizada por la parte demandanteÓ ante el tribunal superior, la cual fue silenciada por dicha Sala, no obstante que lo denunci oportunamente, por no haber ordenado al perito que ese pago se dedujera del monto que resultara de la experticia complementaria del fallo; por tanto, en su criterio, la Sala incurri en el vicio de incongruencia negativa y quebrantamiento del principio de exhaustividad; ii) habra incurrido en contradiccin en los motivos debido a que, pese a que estableci que la demandante haba ocupado un cargo de direccin en la empresa demandada -hoy solicitante-, no orden que se dedujera los Òmontos indebidamente pagadosÓ, con base en el artculo 125 eiusdem, por no corresponderle los mismos (indemnizaciones por despido injustificado y sustitutiva del preaviso, propias de los trabajadores que gozan de estabilidad laboral, excluidos expresamente los empleados de direccin).
Con fundamento en lo anterior, la representacin judicial de la peticionaria insiste que los montos pagados indebidamente y de manera anticipada debieron haber sido excluidos de los clculos establecidos para la realizacin de la experticia complementaria del fallo y, sin embargo, la Sala no lo orden; todo lo cual habra vulnerado los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa de su representada.
Para su juzgamiento, esta Sala Constitucional observa:
La Sala ha establecido de manera pacfica y reiterada que el vicio de contradiccin en la motivacin constituye una de las modalidades de inmotivacin del juzgamiento, que se da cuando los motivos del fallo son tan incompatibles entre s que se desvirtan, se desnaturalizan o se destruyen en igual intensidad y fuerza, lo que produce una decisin carente de sustento y, por ende, nula; no se trata de una contradiccin por la absurda interpretacin de una disposicin legal, sino el quebrantamiento, por parte del juez, de los principios de la lgica jurdica. La motivacin contradictoria genera, tambin, una situacin equiparable a la falta absoluta de motivos, siempre que la contradiccin verse sobre un mismo punto.
La motivacin exigua o escasa no es inmotivacin; sin embargo, no pueden faltar las fundamentaciones del juez, hasta el punto que no sean suficientes para el control de la legalidad del fallo. Si la sentencia no se basta a s misma, porque no se llen este extremo, el acto decisorio no alcanz la finalidad a la cual est destinado, esto es, la eficaz resolucin del caso concreto con fuerza de cosa juzgada, lo que permite el control de su legalidad procesal y sustancial.
El debido proceso requiere que los actos jurisdiccionales estn debidamente motivados, pues los fundamentos constituyen el anlisis razonado y lgico de los hechos controvertidos y la justificacin del dispositivo de la decisin. As lo asent esta Sala Constitucional, en sentencia n.¡ 1893/2002 del 12 de agosto, (caso: Carlos Miguel Vaamonde Sojo), cuando expres que: ÒÉ[E]l derecho a la tutela judicial efectiva, se compone de dos (2) exigencias: 1) que las sentencias sean motivadas, y 2) que sean congruentesÓ. Este criterio fue ratificado, entre otras, en sentencia n.¡ 3711/2005 del 6 de diciembre (caso: Dmaso Aliran Castillo Blanco y otros), en los trminos siguientes:
ÒÉEl derecho a la tutela judicial efectiva exige no solamente el acceso a los tribunales, sino que stos resuelvan sobre las pretensiones que ante ellos se formulen, es decir, incluye el derecho de obtener una resolucin sobre el fondo de la pretensin formulada, an cuando la resolucin no sea favorable a los requerimientos del solicitante, pero, siempre y cuando se trate de una resolucin razonable, congruente y fundada en derecho acerca de todos y cada uno del o los asuntos demandados (É)Ó.
En el caso sub examine, se observa que la Sala de Casacin Social estableci, luego de determinar los lmites de la controversia y previo anlisis probatorio, que la accionante haba ocupado en la empresa Comercializadora Todeschini C.A. -ahora solicitante- un cargo de direccin que Òla exclu[a] de los efectos patrimoniales previstos en el artculo 125 de la Ley Orgnica del TrabajoÓ de 1997, aplicable rationae temporis-, por lo que Òen e[sa] fase de anlisis resulta[ba] forzoso declarar la improcedencia de dichas indemnizacionesÓ. Posteriormente, la referida Sala determin con claridad las diferencias que, por concepto de diferencia de prestaciones sociales, deba pagar la demandada a la empleada, no evidencindose las supuestas irregularidades jurdicas y fcticas -contradiccin e incongruencia- que fueron alegadas por la representacin judicial de la empresa ahora solicitante.
De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia que fueron citadas supra, y que en esta oportunidad se reiteran, esta Sala Constitucional verifica que la Sala de Casacin Social en la sentencia objeto de impugnacin no lesion los derechos fundamentales de la empresa peticionaria de revisin ni contrari los criterios interpretativos respecto de la motivacin y congruencia de la sentencia, por lo que se observa que la representacin judicial de la empresa se vali de argumentaciones que estaban circunscritas a la sola defensa de los derechos e intereses de su representada, pues pretende, mediante este mecanismo objetivo de proteccin constitucional, que se interfiera en la autonoma e independencia de la que gozan los operadores de justicia en su funcin juzgadora, sin que hubiese precisado alguna violacin grotesca de derechos constitucionales, o la subsuncin de sus denuncias en los supuestos que fueron establecidos para la procedencia de la solicitud de revisin.
De manera que, de acuerdo con los trminos como fue planteada la solicitud, la representacin judicial solo pretende el reexamen del fondo de la materia que ya fue objeto de estudio por las correspondientes instancias, cumplindose a cabalidad con el principio del doble grado de jurisdiccin, sin trascendencia prctica fuera de la esfera subjetiva de los intereses de la accionante, cuya tutela no constituye el objeto de la revisin.
En definitiva, se insiste, solo se procura, mediante este mecanismo de proteccin constitucional, el cuestionamiento de un acto de juzgamiento que emiti la Sala de Casacin Social, en armona normativa y sin que hubiese producido vulneracin alguna de derechos o principios constitucionales, o contrariado algn criterio que de forma vinculante hubiese establecido esta Sala Constitucional, pues la Sala en cuestin actu ajustada a derecho y dentro de los lmites que fijan su competencia; razn por la cual, se reitera que la revisin no constituye una tercera instancia ni una solicitud que pueda ser intentada bajo cualquier fundamentacin de inters subjetivo, sino una potestad extraordinaria y excepcional de esta Sala Constitucional, cuya finalidad no es la resolucin de un caso concreto sino la uniformidad de los criterios constitucionales en resguardo de la garanta de la supremaca y efectividad de las normas y principios constitucionales.
En atencin a la doctrina de esta Sala Constitucional sobre el objeto de su potestad discrecional y extraordinaria de revisin, se aprecia que las denuncias que se formularon no constituyeron fundamentacin para su procedencia. Sobre el particular, esta Sala estableci que: Ò...esta Sala puede en cualquier caso desestimar la revisin, (...) cuando en su criterio, constate que la decisin que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretacin de normas y principios constitucionalesÉÓ. (Vide. s.S.C. n.¡ 93/06.02.2001. Caso: Corpoturismo).
Con base en lo anteriormente expuesto y, por cuanto se considera que la revisin que se pretendi no contribuira con la uniformidad jurisprudencial, adems de que dicho fallo no se subsume en ninguno de los supuestos de procedencia que, previa y reiteradamente ha fijado esta Sala, se declara que no ha lugar a la revisin de la sentencia n.¡ 856, que dict la Sala de Casacin Social el 7 de julio de 2014. As se declara.
En virtud de lo anterior, se considera inoficioso pronunciamiento alguno respecto de la medida cautelar solicitada. As se establece.
V
DECISIîN
Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la Repblica por autoridad de la Ley, declara NO HA LUGAR la solicitud de revisin que interpusieron los abogados Taormina Cappello Paredes y Eduardo Ulises Martnez Daz, en representacin judicial de la sociedad mercantil COMERCIALIZADORA TODESCHINI C.A., de la sentencia n.¡ 856, que dict la Sala de Casacin Social el 7 de julio de 2014, que declar: i) perecido el recurso de casacin interpuesto por la demandante contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripcin Judicial del çrea Metropolitana de Caracas, el 20 de marzo de 2013; ii) con lugar el recurso de casacin formalizado por la demandada contra la referida sentencia; iii) anulado el fallo recurrido; y, iv) parcialmente con lugar la demanda incoada por la ciudadana Marta Luca Lpez Palacio contra la sociedad mercantil ahora solicitante -Comercializadora Todeschini C.A.-, por cobro de diferencia de prestaciones sociales.
Publquese, regstrese y archvese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Saln de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 06 das del mes de octubre de dos mil catorce. Aos: 204¼ de la Independencia y 155¼ de la Federacin.
La Presidenta,
GLADYS MARêA GUTIRREZ ALVARADO
Ponente
El Vicepresidente,
Francisco Antonio Carrasquero Lpez
Los Magistrados,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUO
É/
É/
MARCOS TULIO DUGARTE PADRîN
CARMEN ZULETA DE MERCHçN
ARCADIO DE JESòS DELGADO ROSALES
JUAN JOS MENDOZA JOVER
El Secretario,
JOS LEONARDO REQUENA CABELLO
GMGA.-
Expediente n.¡ 14-0778
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