Venley

Sentencia N.º 1242

Sentencia
N.º 1242
Fecha
12/08/2014
Sala
Casación Social
Expediente
14-476
Ponente
Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez
Procedimiento
Recurso de control de la legalidad

TRIBUNAL    SUPREMO    DE    JUSTICIA.     SALA    DE    CASACIÓN    SOCIAL

Caracas, doce (12) de agosto de 2014. Años: 204° y 155°.

En el juicio por cobro de acreencias laborales que sigue el ciudadano CARLOS JAVIER BETANCOURT MAGO, representado judicialmente por los abogados Elba Millán y Carlos López, contra la sociedad mercantil BACTERIOLAB, C.A., representada en juicio por los profesionales del derecho Carla Sanzonetti y Félix Casanova Santulio; el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre publicó sentencia en fecha 21 de febrero de 2014, mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación ejercido por la parte demandada y desistido el recurso de apelación intentado por el actor, contra la decisión emanada del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, en fecha 17 de diciembre de 2013, que había declarado inadmisible la demanda y sin lugar las costas; en consecuencia, la modificó en lo relativo a las costas del proceso, ya que determinó su procedencia.

 

Contra la decisión de alzada, la representación judicial de la parte actora interpuso recurso de control de la legalidad, en fecha 11 de marzo de 2014, por lo que el expediente fue remitido a esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.

 

En fecha 29 de abril de 2014, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Así, una vez presentada la oportunidad procesal para decidir sobre la admisibilidad del recurso ejercido, lo hace esta Sala en los términos siguientes:

 

ÚNICO

 

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece el control de la legalidad, como la vía recursiva para impugnar ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, aquellas decisiones emanadas de los Tribunales Superiores del Trabajo que no sean recurribles en casación y que violenten o amenacen con violentar normas de orden público, a fin de restablecer el orden jurídico infringido. Asimismo, la oportunidad para interponer el referido recurso se encuentra limitada a un lapso preclusivo de cinco (5) días hábiles, los cuales comenzarán a transcurrir una vez vencido el lapso que la ley otorga para publicar el fallo, de conformidad con el artículo 165 eiusdem y el criterio plasmado en sentencia N° 569, emanada de esta Sala en fecha 29 de abril de 2008, caso: Maritza Margarita Antequera Nelo contra Promotora Millenium, C.A.; y deberá hacerse a través de escrito, el cual no podrá exceder de tres (3) folios útiles y sus vueltos, pues tal inobservancia acarrearía la inadmisibilidad de éste.

 

En ese orden, verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos-formales exigidos, pasa esta Sala de Casación Social a analizar los elementos sustanciales de admisibilidad, y al respecto observa:

 

Delata la representación judicial del recurrente que la sentencia del ad quem, si bien menciona los artículos 274 del Código de Procedimiento Civil, y 5, 59 y 69 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, incurre en el vicio de falta de aplicación de dichas normas, las cuales ostentan carácter de orden público. En tal sentido, asegura:

 

No se sabe de qué forma hubo vencimiento total que pueda obligar a mi mandante a pagar costas del proceso, cuando ni siquiera hubo juicio y mucho menos hubo consignación de pruebas. De la sentencia se infiere que DEROGA lo expuesto por la Sala de Casación Social respecto al vencimiento total.

 

Así también, se señala que la recurrida infringe el debido proceso y la tutela judicial efectiva por falta de aplicación del artículo 26 constitucional, pues no debió condenar al actor por costas, sobre la base de su propio alegato, que su salario excedía la cantidad equivalente al valor de tres salarios mínimos para el momento de la interposición de la demanda, toda vez que “se sabe que es muy común que el trabajador alegue un salario y la parte demandada lo niegue, de modo que sí quedó violado el debido proceso, por cuanto no se consignaron pruebas”; y que adicionalmente, el proceso no se llegó a desarrollar por cuanto la demanda fue declarada inadmisible.

 

Por otra parte, se denuncia que en la primera oportunidad que se incoara la demanda, el juzgador de sustanciación declaró el desistimiento de la acción dada su incomparecencia a la audiencia preliminar, “a sabiendas de que ese día NO HABÍA AUDIENCIAS EN NINGÚN TRIBUNAL LABORAL DE CUMANÁ, y la sorpresa fue que (…) celebró una sola audiencia para la empresa BACTERIOLAB (sic) (…) tal actuación del tribunal hace suponer que se hizo con la finalidad de ayudar a la empresa perjudicando al trabajador.

 

En la segunda oportunidad que demandó, en la audiencia preliminar, se acogió la petición de la accionada de que se declarara inadmisible la demanda, por cuanto no habían transcurrido noventa días entre una y otra; de manera que:

 

(…) todo lo ocurrido hasta ahora en cuanto al juicio que trata de intentar mi mandante, es responsabilidad del Juzgado Segundo de Sustanciación, Mediación y Ejecución, el cual, VIOLÓ EL DEBIDO PROCESO y, esto lo sabe este Tribunal de Alzada por cuanto, antes de decidir admitir la segunda demanda, debió aplicar la notoriedad judicial, la cual consiste en la existencia de aquellos hechos conocidos por el juez en ejercicio de sus funciones, hechos estos que no pertenecen a su saber privado (…) y en el presente caso tales hechos son los ocurridos el día de la Audiencia preliminar del expediente llevado por el mismo tribunal con la nomenclatura RP31-L-20013-000112, el cual declaró el desistimiento y, en base a ese conocimiento no debió admitir la segunda demanda y menos tratar de alegar el supuesto inicio del proceso ordenando una subsanación innecesaria.

 

Se arguye que el juzgador de alzada incurre en falso supuesto, al establecer –sin pruebas que lo respalden– el salario del actor, así como haber tenido falsamente como hechos ciertos, la celebración de la audiencia preliminar y la contestación de la demanda por parte de la accionada, sin que conste –a decir del recurrente– soporte alguno en el expediente de la materialización de dichos actos procesales.

 

Finalmente, aduce el recurrente que la sentencia impugnada carece de fundamentos, e insiste en la evidente violación de las garantías constitucionales de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, al declarar sin motivación alguna, la condenatoria en costas, debiéndose hacer constar la existencia de la declaratoria sin lugar de todas las peticiones del actor, vale decir, el vencimiento total, requisito de procedencia de dicha condena.

 

Ahora bien, del análisis del hilo argumental expuesto por la parte recurrente, así como de la sentencia impugnada y las restantes actas que conforman el expediente, se colige que la decisión sujeta a revisión se encuentra ajustada a derecho, sin denotarse violación alguna de normas regidas por el orden público; en consecuencia, visto que el alcance del control de la legalidad ejercido no se ajusta a los fines del recurso, debe necesariamente declararse su inadmisibilidad. Así se resuelve.

 

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia publicada por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 21 de febrero de 2014.

 

No hay expresa condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza de la presente decisión.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial supra identificada. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen, antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

________________________________________

LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ

 

 

La Vicepresidenta,                                                    Magistrado,

 

 

__________________________________       _______________________________

CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA        OCTAVIO JOSÉ SISCO RICCIARDI

 

 

Magistrada,                                                               Magistrada,

 

 

__________________________________   _________________________________

SONIA COROMOTO ARIAS PALACIOS   CARMEN ESTHER GÓMEZ CABRERA

 

 

 

 

El Secretario,

 

 

____________________________

MARCOS ENRIQUE PAREDES

 

 

C.L. Nº AA60-S-2014-000476

Nota: Publicada en su fecha a

 

 

 

 

El Secretario,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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