Sentencia N.º 1250
- Sentencia
- N.º 1250
- Fecha
- 07/10/2009
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 09-0692
- Ponente
- Luisa Estella Morales Lamuño
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Expediente N° 09-0692
El 15 de junio de 2009, el abogado José Joel Gómez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 57.049, en su carácter de defensor del ciudadano JESÚS ALBERTO MENA, titular de la cédula de identidad Nº 15.832.617, interpuso ante esta Sala acción de amparo constitucional contra la decisión dictada por la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 27 de marzo de 2009, que declaró inadmisible el recurso de apelación ejercido por la referida defensa contra el fallo del 25 de febrero de 2009, mediante el cual el Juzgado Vigésimo de Primera Instancia en Funciones de Control del señalado Circuito Judicial Penal, negó la solicitud de nulidad absoluta del acto de la audiencia para oír al imputado.
El 17 de junio de 2009, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones:
I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
La defensa del accionante señaló como fundamento de su pretensión, lo siguiente:
Que ( ) surge el acto lesivo en contra de mi defendido agraviado, Ciudadano JESÚS ALBERTO MENA ( ) cuando desde el día 27 de marzo del año 2009 (sic) por decisión del fallo (sic) dictado por la Corte de Apelaciones Sala No 1 (sic) del Área Metropolitana de Caracas, declara INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión dictada en la Audiencia Preliminar (sic) del Juzgado 20 de Primera Instancia en lo Penal funciones de Control (sic) del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas de fecha 25-02-2009 (Mayúsculas y negrillas de la defensa).
Que En base a lo previsto en los artículos 21, 26, 49 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual (sic) se aprecia que la Juez de la Corte de Apelaciones (sic) no decidió sobre los pedimentos de la Defensa (sic) referidos en el Recurso de Apelación (sic).
Que Del (sic) Recurso de Apelación (sic) interpuesto, esta defensa privada presentó una serie de alegatos de fondo relacionados con la falta de firma del juez 20 de control (sic) en la Audiencia (sic) para oír al imputado que no fueron resueltos por la recurrida, lo cual causa un gravamen irreparable para mi defendido que impide de esta forma a los acusados (sic) la oportunidad de ser oídos y de que el juez de alzada revise, con base a (sic) los aspectos impugnados, la decisión dictada por un tribunal de primera instancia (sic). (Mayúsculas de la parte accionante)
Que La Defensa Privada (sic) señaló lo siguiente en su recurso de apelación una serie de alegatos (sic) basado en la falta de firma del juez de control en la Audiencia Para (sic) oír al imputado en base (sic) al artículo 174 de la ley Adjetiva penal (sic) y la Corte de Apelaciones sala No 1 (sic) Violó en (sic) principio de la doble instancia y no se pronunció sobre los pedimentos de la Defensa (sic) privada en el Recurso de Apelación (sic).
Que La recurrida al dictar la sentencia no se pronunció en (sic) relación a las infracciones denunciadas en el recurso de apelación propuesto por la defensa, haciendo caso omiso a la resolución de los puntos que le fueron expresamente señalados en el mismo, infringiendo por falta de aplicación el artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual le establece a las Cortes de Apelaciones, el conocimiento de aquellos puntos de la decisión que le sean impugnados (sic).
Que La defensa considera que la Corte de Apelaciones apegada a un excesivo formalismo, declaró inadmisible el recurso de apelación.
Finalmente, solicitó la declaratoria con lugar de la acción de amparo propuesta con la consecuente nulidad de la sentencia impugnada, ( ) a los fines de que resuelva cada una de las infracciones planteadas en el recurso de apelación propuesto por la defensa, en virtud del Principio de la Doble instancia (sic).
II
DEL ACTO JURISDICCIONAL IMPUGNADO
El 27 de marzo de 2009, la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, declaró inadmisible el recurso de apelación ejercido por el abogado José Joel Gómez, en su carácter de defensor del ciudadano Jesús Alberto Mena, contra la decisión del 25 de febrero de 2009, mediante la cual el Juzgado Vigésimo de Primera Instancia en Funciones de Control del señalado Circuito Judicial Penal, declaró sin lugar la solicitud de nulidad absoluta del acto de la audiencia para oír al imputado.
Fundamentó su decisión la referida Sala de la Corte de Apelaciones, en lo siguiente:
( ) Destaca la Sala que la decisión recurrida se limitó a revisar, en virtud de solicitud expresa de la defensa, conforme a lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, las medidas cautelares sustitutivas de medida preventiva privativa de libertad que habían sido dictadas en fecha 6 de agosto de 2007. La medidas cautelares sustitutivas en referencia son las contempladas en los numerales 3º y 8º del artículo 256, debiéndose cumplir al efecto con lo previsto en el artículo 258, todas normas (sic) de la ley adjetiva penal, como los (sic) dispusiera el respectivo Juzgado de Control.
Ahora bien, observa la Sala, que el Juzgado Vigésimo de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictó decisión en la cual se pronunció de la siguiente manera: DECLARA SIN LUGAR la (sic) SOLICITUD DE NULIDAD ABSOLUTA DEL ACTO DE CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA PARA OÍR AL IMPUTADO interpuesto por el Abg. JOSÉ JOEL GÓMEZ, en su carácter de Defensora Privada (sic) del ciudadano JESÚS ALBERTO MENA, toda vez que se evidencia en la presente causa, la violación flagrante de derechos y garantías fundamentales previstos en el Código Orgánico Procesal Penal, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República (sic).
Siendo de esa manera, la Sala para decidir observa:
El artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, establece lo siguiente: (
) Artículo 196. Efectos. La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, conlleva la de los actos consecutivos que del mismo emanaren o dependieren.
Sin embargo, la declaración de nulidad no podrá retrotraer el proceso a etapas anteriores, con grave perjuicio para el imputado, salvo cuando la nulidad se funde en la violación de una garantía establecida en su favor.
De este modo, si durante la audiencia preliminar se declarare la nulidad de actuaciones judiciales realizadas durante la fase de investigación, el tribunal no retrotraerá el procedimiento a esta fase. Asimismo, las nulidades declaradas durante el desarrollo de la audiencia del juicio oral no retrotraerán el procedimiento a la etapa de investigación o a la de la audiencia preliminar.
Contra el auto que declare la nulidad, las partes podrán interponer recurso de apelación, dentro de los cinco días siguientes a su notificación.
Este recurso no procederá si la solicitud es denegada. Resaltado de la Sala.
Por otra parte, en el artículo 437 literal c del Código Orgánico Procesal Penal, se establece cuanto (sic) sigue:
(
) Artículo 437 Causales de Inadmisibilidad. La corte de apelaciones, sólo podrá declarar inadmisible el recurso por las siguientes causas:
c. Cuando la decisión que se recurre sea inimpugnable o irrecurrible por expresa disposición de este Código o de la Ley (
).
En tal sentido, al quedar verificado que en el presente caso la decisión recurrida por el Abogado JOSÉ JOEL GÓMEZ CORDERO, en su carácter de defensor del ciudadano JESÚS ALBERTO MENA, es de aquellas mediante la cual el Tribunal se pronuncia declarando Sin Lugar (sic) la SOLICITUD DE NULIDAD ABSOLUTA DEL ACTO DE CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA PARA OÍR AL IMPUTADO , queda de manifiesto que la misma no es recurrible, en razón de lo cual dicho recurso de apelación se declara INADMISIBLE, por encontrarse incurso en las causales de inadmisibilidad expresamente establecidas en el literal c del artículo 437, en relación con el último aparte del artículo 196 Ibidem (sic). Y ASÍ SE DECIDE (Mayúsculas, resaltado y negrillas del fallo).
III
DE LA COMPETENCIA
En primer lugar debe esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo, y a tal efecto observa:
En virtud de lo dispuesto en la sentencia de esta Sala del 20 de enero de 2000, (caso: Emery Mata Millán), la cual resulta aplicable conforme a lo dispuesto en la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b), de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y, a tenor de lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales que establece un régimen de competencia especial para este tipo de amparo, resulta necesario reiterar que le corresponde a esta Sala Constitucional conocer de las acciones de amparo en primera instancia contra decisiones u omisiones de los Juzgados o Tribunales Superiores -salvo los Contencioso Administrativos-, las Cortes de lo Contencioso Administrativo, y las Cortes de Apelaciones en lo Penal.
En el caso de autos, la sentencia contra la cual se ejerce la presente acción de amparo fue dictada por una Sala de una Corte de Apelaciones en lo Penal, concretamente, la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Siendo ello así, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia resulta competente para conocer de la acción interpuesta, y así se declara.
IV
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Aprecia esta Sala, del examen de la demanda de amparo, que la misma cumple con los requisitos que exige el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara.
Respecto a la admisibilidad de la pretensión sub examine a la luz de las causales de inadmisibilidad que estableció el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la Sala concluye que, por cuanto no se halla incursa prima facie en tales causales, la pretensión es admisible. Así se declara.
Ahora bien, como quiera que la acción de amparo constitucional se ejerció contra un acto que emana de un órgano jurisdiccional, estima preciso esta Sala acotar que ha sido criterio reiterado, que este tipo de demanda constituye un mecanismo procesal con características que la diferencian de las demás pretensiones de amparo, así como de las otras vías existentes para la impugnación de dichos actos jurisdiccionales, razón por la cual a las demandas de amparo constitucional contempladas en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se le han señalado especiales presupuestos para su procedencia, como son el que el juez haya actuado fuera de su competencia, de manera que lesione un derecho constitucional. De allí, que su incumplimiento conlleva la desestimación de la pretensión, incluso in limine litis, en atención a los principios de celeridad y economía procesal, pues resulta inoficioso la sustanciación de un procedimiento cuyo resultado final es la declaratoria sin lugar.
Respecto a tales requisitos, esta Sala en sentencia N° 1.019 del 11 de agosto de 2000 (caso: Nardo Antonio Zamora), estableció lo siguiente:
Del análisis del artículo transcrito, y buscando salvaguardar la integridad de la cosa juzgada y, por tanto, la seguridad jurídica, la jurisprudencia patria ha señalado que para que proceda la acción de amparo contra actos jurisdiccionales deben concurrir las siguientes circunstancias: (i) que el juez del cual (sic) emanó el acto presuntamente lesivo haya incurrido en una grave usurpación de funciones o abuso de poder (incompetencia sustancial); aunado a ello, (ii) que tal proceder ocasione la violación de un derecho constitucional (acto inconstitucional), lo que implica que no es recurrible por amparo aquella decisión que simplemente desfavorece a un determinado sujeto procesal; y, finalmente, como requisito adicional (iii) que se hayan agotado todos los mecanismos procesales existentes, o que los mismos resulten inidóneos para restituir o salvaguardar el derecho lesionado o amenazado.
De allí que esta Sala, en innumerables decisiones ha señalado que la solicitud de amparo incoada, con base en el citado artículo 4, debe precisar no sólo la actuación fuera de su competencia del órgano jurisdiccional denunciado como agraviante, sino que además debe indicar de qué manera dicha actuación vulnera derechos constitucionales del quejoso.
En el presente caso, observa esta Sala, que la defensa del accionante en el escrito contentivo de la pretensión de tutela constitucional tal como se acotó precedentemente- se limitó a señalar que la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas ( ) al dictar la sentencia no se pronunció en (sic) relación a las infracciones denunciadas en el recurso de apelación propuesto por la defensa, haciendo caso omiso a la resolución de los puntos que le fueron expresamente señalados en el mismo, infringiendo por falta de aplicación el artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual le establece a las Cortes de Apelaciones, el conocimiento de aquellos puntos de la decisión que le sean impugnados (sic).
Sin embargo, no expresó, mucho menos se deduce de su pretensión, la forma a través de la cual la referida Sala de la Corte de Apelaciones presunta agraviante- al declarar inadmisible el recurso de apelación que ejerció contra la decisión del 25 de febrero de 2009, mediante la cual el Juzgado Vigésimo de Primera Instancia en Funciones de Control del señalado Circuito Judicial Penal, negó la solicitud de nulidad absoluta del acto de la audiencia para oír al imputado, se extralimitó en las atribuciones que le otorga la ley, con la consecuente violación de los derechos constitucionales denunciada.
No obstante ello, a juicio de la Sala, la decisión hoy impugnada por vía de amparo, no adolece de visos de inconstitucionalidad, toda vez que la misma fue dictada con estricto apego a la normativa legal.
En efecto, tal como lo señaló el juzgador de la segunda instancia, el artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal establece tres causales taxativas de inadmisibilidad del recurso de apelación, una de ellas es cuando la decisión que se recurre sea inimpugnable o irrecurrible por expresa disposición de dicho texto adjetivo o de la ley.
En el presente caso, advierte la Sala, que el abogado José Joel Gómez, defensor del ciudadano Jesús Alberto Mena, apeló de la decisión que dictó el Juzgado Vigésimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 25 de febrero de 2009, en la que declaró sin lugar la solicitud de nulidad de la audiencia para oír a su defendido, la cual conforme la previsión legal contenida para el momento en que se dictó la decisión- en el último aparte del artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal no es impugnable por vía del recurso de apelación.
En tal sentido, quiere acotar la Sala, que la impugnabilidad objetiva de la decisión, al igual que la tempestividad del recurso o la cualidad de las partes para ejercerlo, son requerimientos formales imprescindibles y de particular importancia, relacionados intrínsecamente con la actividad recursiva. De allí que, no existe lesión del derecho a la tutela judicial efectiva cuando la situación alegada es debida a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de las partes o de los profesionales que las representan o defienden.
De allí, que estime la Sala preciso reiterar la doctrina establecida en la sentencia Nº 1.142 del 9 de junio de 2005 (caso: Giuseppe Antonio Valenti Damiata y otro), referida al acceso a la justicia como a los recursos, contenidos en el derecho a la tutela judicial eficaz, la cual estableció lo siguiente:
El principio de la tutela judicial efectiva garantiza no sólo el derecho a obtener de los tribunales correspondientes una sentencia o resolución, sino que además conlleva la garantía de acceso al procedimiento y a la utilización de recursos, la posibilidad de remediar irregularidades procesales que causen indefensión y la debida motivación.
Es así como, dentro de los principios y garantías contemplados tanto en la Constitución como en el Código Orgánico Procesal Penal, se reconoce al ciudadano el derecho a la tutela procesal penal, que se basa principalmente en el derecho que tiene toda persona de acceder a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses. Como contenido de este derecho, el acceso a la justicia consiste en provocar la actividad jurisdiccional hasta obtener la decisión de un juez, es decir, la posibilidad de dirigirse a uno de ellos en busca de la protección efectiva de dichos derechos -de naturaleza constitucional- e intereses.
Sin embargo, la tutela judicial efectiva, lejos de consistir en el derecho a acceder a los tribunales en el tiempo, forma y modo que se le antoje al ciudadano y al margen de las pretensiones legales, se trata muy por el contrario, de un derecho de configuración legal. De allí, que deban observarse los requisitos establecidos en la ley para su acceso, sin que estos requisitos puedan ser tildados de formalidades no esenciales.
El derecho a la tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 26 constitucional es el que garantiza la libertad de acceso de todos los ciudadanos a los tribunales de justicia, de conformidad con lo pautado en la ley, que a su vez ofrece distintas vías procesales. Estas normas de procedimiento que regulan esas vías, son preceptos que establecen los medios de impugnación a través de los cuales tal derecho ha de ejercerse.
La interpretación y aplicación de las reglas que regulan el acceso a los recursos legalmente establecidos es, en principio, una cuestión de legalidad ordinaria, cuyo conocimiento compete exclusivamente a los jueces, a quienes corresponde precisar el alcance de las normas procesales.
Dichos preceptos legales que regulan el acceso a los recursos, son necesarios, tomando en cuenta la naturaleza y finalidad del proceso, debiendo respetarse determinados formalismos que establecen que, ciertas consecuencias, no se tendrán por producidas cuando no se observen los requisitos de admisibilidad o procedibilidad, todo esto en aras de la certeza y la seguridad jurídica.
Tales exigencias formales, que cumplen, por lo general, un cometido eminente en la ordenación del proceso, deben interpretarse en el sentido más favorable para su efectividad, tratando que no se conviertan en un obstáculo insalvable que no permita la continuación del proceso, y sólo deben causar la grave consecuencia de la inadmisión del recurso o de la petición cuando no sean perfectamente observadas por el recurrente (Resaltado de este fallo).
Por ello, esta Sala juzga que en el presente caso, el órgano jurisdiccional presuntamente agraviante, no abusó ni se extralimitó en su competencia, por lo cual no se configura la violación constitucional aducida por el quejoso, en los términos del artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en consecuencia, se declara improcedente in limine litis la acción de amparo constitucional ejercida. Así se declara.
V
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, se declara COMPETENTE para conocer de la presente acción de amparo constitucional y declara IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado José Joel Gómez, en su carácter de defensor del ciudadano JESÚS ALBERTO MENA, ya identificados, contra la decisión dictada por la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 27 de marzo de 2009, en la que declaró inadmisible el recurso de apelación ejercido por la referida defensa contra el fallo del 25 de febrero de 2009, mediante el cual el Juzgado Vigésimo de Primera Instancia en Funciones de Control del señalado Circuito Judicial Penal, declaró sin lugar la solicitud de nulidad absoluta del acto de la audiencia para oír al imputado.
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 07 días del mes de Agosto de dos mil nueve (2009). Años: 199° de la Independencia y 150º de la Federación.
La Presidenta de la Sala,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Ponente
El Vicepresidente,
Francisco Antonio Carrasquero López
Los Magistrados,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
MARCOs TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. Nº 09-0692
LEML/
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