Sentencia N.º 1261
- Sentencia
- N.º 1261
- Fecha
- 14/08/2012
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 12-0634
- Ponente
- Gladys María Gutiérrez Alvarado
- Procedimiento
- Acción de Amparo
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EN SALA CONSTITUCIONAL
Expediente n.° 12-0634
Magistrada Ponente: GLADYS MARÍA GUTIERREZ ALVARADO
Consta en autos que, el 31 de mayo de 2012, el ciudadano GREGORY JOSÉ SIRIT MEZA, titular de la cédula de identidad n.° 13.724.740, mediante la representación del abogado Francisco Ardiles, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.º 3.708, incoó ante esta Sala pretensión de amparo constitucional, con solicitud de medida cautelar innominada de suspensión de efectos, contra la sentencia que emitió el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, del 18 de enero de 2012, en el juicio por ejecución de hipoteca que incoó la ciudadana Carmen Angelina Escalona de Lozano en su contra; para cuya fundamentación denunció la violación a sus derechos a la tutela judicial eficaz, a la defensa y al debido proceso que acogieron los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Luego de la recepción del escrito, se dio cuenta en Sala por auto del 7 de junio de 2012 y se designó ponente a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado.
i
DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA
1. Alegó la representación judicial del solicitante de la protección constitucional que:
1.1. El 23 de marzo de 2010, la ciudadana Angelina Escalona de Lozano lo demandó por ejecución de hipoteca por ante el Juzgado de los Municipios Acosta, San Francisco, Jacura y Cacique Manaure de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón.
1.2. En tiempo hábil hizo formal oposición en base al pago de la obligación ( ) y [s]e consignaron los instrumentos probatorios del pago de la obligación .
1.3. El 28 de febrero de 2011, el Juzgado de los Municipios Acosta, San Francisco, Jacura y Cacique Manaure de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón dictó la sentencia que declaró sin lugar la demanda por ejecución de hipoteca contra la cual, la contraparte ejerció apelación, y el Juzgado de la Alzada le da curso conforme al procedimiento de los juicios breves establecido en el artículo 893 del Código de Procedimiento Civil.
1.4 El 18 de enero de 2012, el Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito del Estado Falcón dicta su sentencia N° 004-E-18-1-12 que 1°) declara Con Lugar la apelación de la parte actora-intimante y revoca la sentencia del A-quo, 2°) declara Sin Lugar la oposición del demandado, 3°) lo condena en costas y ordena bajar el expediente al Juzgado de origen. Esta a su vez lo envía al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Acosta, San Francisco y Jacura de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón con sede en Mirimire .
1.5. El 25 de abril de 2012, el Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Acosta, San Francisco, Jacura y Cacique Manaure de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón procedió al embargo del inmueble al intimado.
1.6. [E]n el artículo 663 del Código de Procedimiento Civil se establece el debido proceso que debe seguirse, una vez hecha la oposición al decreto de intimación. El referido artículo en su parte final establece: En todos los casos de los ordinales, el Juez examinará cuidadosamente los instrumentos que se le presenten, y si la oposición llena los extremos exigidos en el presente artículo declarará el procedimiento abierto a pruebas y la sustanciación continuará por los trámites del procedimiento ordinario hasta que deba sacarse a remate el inmueble hipotecado .
1.7. Debe entenderse que aplicar el procedimiento del juicio ordinario significa las dos instancias, y en este sentido el procedimiento de segunda instancia está señalado en los artículos 516 y siguientes del Código de Procedimiento Civil que prevé la posibilidad de solicitar la constitución del Tribunal con asociados, la presentación de los informes en el vigésimo día al recibo de los autos, hacerle observaciones a los informes de la parte contraria, si se presentan documentos con los informes de la otra parte puede hacer observaciones, y el derecho de tacha, se permiten la pruebas de documentos públicos, posiciones juradas y el juramento decisorio, el tribunal puede dictar auto para mejor proveer y finalmente la sentencia definitiva se dictará dentro de los sesenta (60) días siguientes conforme al artículo 521 eiusdem.
1.8. Pero la recurrida obvió este procedimiento y en su lugar, después de recibir el expediente, el 9 de diciembre de 2010, en su Capítulo I declara: Esta Alzada le da entrada al presente expediente con el procedimiento de segunda instancia para el juicio breve, según el artículo 893 del Código de Procedimiento. Esto significa que recibido el expediente, fijó el décimo día para decidir, sin incidencia, y si se presentare alguna lo (sic) decidirá según su prudente arbitrio como lo permite el artículo 894 eiusdem (sic).
1.9. Luego, la alzada emitió su fallo al día décimo sexto lo que viola el debido proceso de [su] mandante, pues no le dio oportunidad de ser oído en la Alzada en la oportunidad de informes, ni de solicitar la constitución del tribunal con asociados, ni de solicitar al juez un auto para mejor proveer a fin de requerir del Banco de Venezuela el Instrumento que contiene el informe de cuya existencia en los autos consta su admisión y procedencia, lo que significa que estaba dentro de la posibilidad de hacerlo según los límites del artículo 514 eiusdem .
1.10. [E]l Decreto N°1028 del 22/01/96 sobre las materias que se sustanciarán y decidirán conforme al procedimiento de juicio breve, se habrá dado cuenta que en ellas no se incluye el juicio de ejecución de hipoteca, juicio especial contencioso fijado en el Libro Cuarto título (sic) IV del Código de Procedimiento Civil.
1.11. Tampoco consideró la Alzada al decidirse tramitar (sic) la apelación por el trámite del juicio breve que el artículo 663 del Código de Procedimiento Civil para efectos de la ejecución de la hipoteca remite al artículo 634 ejusdem, el cual señala que decretado el embargo se procederá en la ejecución conforme a lo dispuesto en el Título IV, Libro Segundo ibídem. En ese título se establece que después de efectuado el embargo se procederá al justiprecio de la cosa embargada, después de la decisión recurrida en amparo de enero 2012, se baja el expediente y es en abril/2012 cuando se practica el embargo, por lo que todavía está pendiente el justiprecio del inmueble .
1.12. En el presente caso al seguirse el procedimiento pautado para los juicios breves en la tramitación de la apelación, la Alzada, como dice la Sala Constitucional en su Sentencia dictada el 26 de julio de 2006 N° 1439 que se cit[ó], ( ) se lesiona el principio de legalidad de las formas procesales, al subvertir el orden procesal establecido en la ley, y en consecuencia estaría actuando fuera de su competencia con evidente abuso de poder .
2. Denunció:
La violación a su derecho al debido proceso, a la defensa, el principio de acceso a la administración de justicia, a la prueba y a la tutela judicial efectiva que acogieron los artículos 26, 27, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela cuando: tramita el juicio de hipoteca (sic) en Segunda Instancia con el procedimiento pautado para juicios breves, por cuanto su mandante tenía derecho a que se le juzgara conforme al debido proceso previamente establecido para los juicios de ejecución de hipoteca en el Código de Procedimiento Civil, e incurre en abuso de poder cuando rechaza la prueba de su mandante concerniente al pago que se invoca para desvirtuar la acción hipotecaria con el argumento de que los cheques con los cuales se canceló la deuda no pertenecen al intimado sino a persona jurídica diferente, dejando con ello sin efecto el pago hecho y rechazándolo sin tomar en cuenta que conforme al artículo 1283 del Código Civil el pago de las obligaciones puede ser hecho por toda persona que tenga interés en ello y aun por un tercero que no sea interesado; y en 2° lugar, cuando establece que no se sabe quien cobró los cheques sin esperar las resultas de la prueba de informes solicitada al Banco de Venezuela, prueba que se evacuó fuera del tribunal .
3. Pidió:
3.1 Como tutela de fondo:
UN MANDAMIENTO DE AMPARO CONSTITUCIONAL que restablezca las garantías constitucionales a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de [su] mandante y anule la sentencia N° 004-E-18-1-12 de fecha 18 de enero de 2012, dictada por el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón con sede en la ciudad de Santa Ana de Coro, que corre inserta en copia certificada a los folios 107-111 del anexo 2, presidido por la Jueza Anaid Hernández Zavala .
3.2 Como tutela cautelar:
Por cuanto el expediente que contiene la Sentencia recurrida fue bajado al Tribunal Ejecutor de Medidas de los Municipios Acosta, San Francisco, Jacura y Cacique Manaure de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón quien ya practicó el embargo del inmueble hipotecado ( ) es inminente el remate del inmueble, riesgo que resulta del hecho de que el Juzgado referido recibió el expediente, se avocó a su conocimiento e inició el proceso de ejecución, b) que el bien objeto de ejecución sea adjudicado en la subasta a un tercero, lo que haría muy difícil su recuperación del postor de buena fe. Por consiguiente, para resguardar la apariencia de buen derecho, garantizar las resultas del recurso y evitar que se le continúe causando daños a [su] mandante que ya tuvo que desocupar la vivienda objeto del proceso de ejecución por el embargo practicado SOLICITA 1) que la Sala acuerde la suspensión de los efectos de la decisión recurrida y del procedimiento de ejecución que se sigue en el Juzgado Ejecutor de Medidas mientras se decide el presente recurso, como medida cautelar innominada de carácter cautelar según lo dispuesto en los artículos 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 588 del Código de Procedimiento Civil, 2°) Que se le atribuy[a] carácter urgente al asunto para evitar una lesión mayor contra [su] mandante en el presente recurso.
II
DE LA COMPETENCIA DE LA SALA
Por cuanto, con fundamento en los artículos 266.1 y 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y 25.20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, corresponde a esta Sala la competencia para el conocimiento de las demandas de amparo contra las sentencias y demás actuaciones judiciales que dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo los casos de las que pronuncien los Juzgados Superiores con competencia en lo Contencioso Administrativo. Y por cuanto, en el asunto de autos, el amparo se intentó contra el veredicto que expidió el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, el 18 de enero de 2012, esta Sala se pronuncia competente para la decisión de la demanda de amparo en referencia. Así se decide.
III
DE LA SENTENCIA OBJETO DE amparo
El Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón declaró, mediante decisión del 18 de enero de 2012, con lugar el recurso de apelación que ejerció la ciudadana Carmen Angelina Escalona de Lozano, revocó la sentencia del Juzgado de los Municipios Acosta, San Francisco, Jacura y Cacique Manaure de esa Circunscripción Judicial y declaró sin lugar la oposición realizada por el demandado en el juicio de ejecución de hipoteca que incoó Carmen Angelina Escalona de Lozano contra Gregory José Sirit Meza, a quien condenó en costas, con fundamento en los siguientes motivos:
Cursa a los folios 1 al 9, escrito de demanda por EJECUCIÓN DE HIPOTECA, con sus respectivos anexos, interpuesta por el Abogado FRANCISCO ALEJANDRO DUNO SÁNCHEZ, la cual fue estimada en cuarenta mil quinientos noventa y dos bolívares con trece céntimos (Bs. 40.592,13), equivales a seiscientas veinticuatro con cuarenta y nueve unidades tributarias (624,49 UT).
Alega el demandante en su escrito lo siguiente: 1) que otorgó en calidad de préstamo a interés al demandado la cantidad de treinta y nueve mil bolívares (Bs. 39.000,oo), la cual se obligó a devolverle, en un plazo legal de treinta (30) días, contados a partir de la protocolización del documento contentivo del convenio establecido ante el Registro Público en fecha 21 de julio de 2009; 2) que para el 21 de agosto de 2009, el demandado debió hacerle efectivo el pago de la cantidad establecida, lo cual no ha cumplido hasta la presente fecha; 3) que en el documento protocolizado, el demandado estableció como garantía, la constitución a favor de la parte actora, de una Hipoteca Especial en Primer Grado, sobre un inmueble de su propiedad, constituido por una (1) casa de habitación, ubicada en la Calle Bolívar Casa N° 62, Población de Mirimire, Municipio San Francisco del estado Falcón, enclavada en una parcela de terreno el cual forma parte del inmueble y propiedad del prestatario, con una superficie de aproximadamente quince metros (15 Mts) de frente por setenta metros (70 Mts) de fondo, para un área de un mil cincuenta metros cuadrados (1.050,oo Mts2), cuyos linderos son los siguientes linderos: Norte: con bienhechurías que es o fue de Said Sirit. Sur: con bienhechurías que es o fue de Shirly Fair. Este: con Calle Bolívar y, Oeste: Quebrada Paraguay, de acuerdo a documento registrado por ante la Oficina de Registro Público de los Municipios Acosta, San Francisco, Jacura y Cacique Manaure del estado Falcón, bajo el N° 106, Protocolo Primero, Tomo Primero, Primer Trimestre de fecha 26 de marzo de 2001; 4) que la falta de pago en el tiempo establecido, le da derecho a la parte actora como acreedora a ejecutar la hipoteca establecida, y en caso de ejecución, se conviene en que el avalúo del inmueble y del terreno sobre el cual está constituida la Hipoteca, se hará con un solo perito designado por el Tribunal; 5) que ha realizado múltiples gestiones de cobro las cuales han sido infructuosas; 6) que el demandado sea condenado además del pago de la cantidad antes mencionada, la cantidad de ochocientos doce bolívares con trece céntimos (Bs. 812, 13), por concepto de intereses legales, mas la cantidad de setecientos ochenta bolívares (Bs. 780,oo), por concepto de intereses moratorios; 7) que solicita al Tribunal proceder a la Ejecución de la Hipoteca, ordenar la intimación del deudor y se decrete medida de enajenar y gravar sobre el inmueble antes mencionado; 8) que en caso de hacer la parte demandada oposición al decreto intimatorio y el juicio se tramite por el procedimiento ordinario, solicita que en la sentencia se condene se le condene a cancelarle la indexación monetaria y los intereses que se sigan devengando.
En fecha 26 de marzo de 2010, el Tribunal de la causa admite la demanda por Ejecución de Hipoteca, y ordena la intimación del demandado. (f. 11).
En fecha 13 de abril de 2010, el alguacil del Tribunal consigna recaudos que le fueron entregados para practicar la intimación de la parte demandada, por no poder ubicarla en la dirección señalada en autos, y en vista de la diligencia del alguacil, la parte actora solicita al Tribunal de la causa ordenar y librar cartel de intimación, la (sic) cual fue ordenada por el Tribunal a quo en fecha 22 de abril del mismo año, en los diarios la Mañana y La Costa. (f. 13).
En fecha 3 de mayo de 2010, la parte actora consigna dos (2) ejemplares del Diario La Costa, de fechas 28 de abril de 2010 y 3 de mayo de 2010, contentivas del cartel de intimación de la parte demandada. (f. 25).
En fecha 8 de junio de 2010, la parte actora consigna tres (3) ejemplares del Diario La Costa de fecha 7 de mayo de 2010, y dos (2) del Diario La Mañana de fechas 26 y 27 de mayo de 2010.
En fecha 14 de junio de 2010, la parte actora consigna un (1) ejemplar del Diario La Mañana. De fecha 11 de junio del mismo año.
Riela al folio treinta y siete (37) escrito de contestación del demandado, alegando: 1) que es cierto que suscribió un contrato de préstamo a interés con la ciudadana CARMEN ANGELINA ESCALONA de LOZANO en fecha 21 de julio de 2009 por la cantidad de treinta y nueve mil bolívares (Bs. 39.000,oo), y que la cantidad adeudada fue pagada en el mes de noviembre de 2009, mediante cheque distinguido con serial N° 9530366002354, por la cantidad de sesenta mil bolívares (Bs. 60.000,00), girado en contra de la entidad Banco de Venezuela, a la cuenta corriente N° 0112-0339-21-0000047458, de la empresa Distribuidora Sirit, C.A., la cual representa, a nombre de la ciudadana demandante, el cual fue cobrado en fecha 6 de noviembre de 2009; 2) que quedaban unos intereses pendientes convenidos entre ambas partes y que finiquitó el pago en el mes de diciembre de 2009, mediante cheque distinguido con el serial N° 9530313002356, por la cantidad de diecinueve mil bolívares (Bs. 19.000,oo), girado en contra de la entidad Banco de Venezuela, a la cuenta corriente N° 0112-0339-21-0000047458 Distribuidora Sirit, C.A., la cual representa, a nombre de la ciudadana demandante y fue cobrado en fecha 23 de diciembre de 2009.
Cursa al folio 47, escrito de promoción de pruebas con anexos de la parte demandada, las cuales fueron admitidas por el Tribunal de la causa en fecha 17 de septiembre de 2010.
En fecha 28 de febrero de 2011, el Tribunal de la causa dicta sentencia en la cual declara sin lugar la demanda por Ejecución de Hipoteca, con fundamento en lo establecido en los artículos 429 del Código de Procedimiento Civil y en los artículos 1354 y 1907 del Código Civil, la cual fue apelada por la parte actora en fecha 11 de marzo de 2011.
Riela al folio 66, auto de fecha 15 de marzo de 2011, mediante el cual el Tribunal admite y oye en ambos efectos la apelación interpuesta por la parte actora.
En fecha 18 de marzo de 2011, el Tribunal de la causa ordena remitir a esta alzada el presente expediente.
En fecha 9 de diciembre de 2010, esta Alzada, le da entrada al presente expediente, de conformidad con el procedimiento de segunda instancia para el juicio breve, según el artículo 893 del Código de Procedimiento Civil.
Llegada la oportunidad para decidir la presente causa, se observa:
II
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO
Del libelo de demanda se evidencia que la acción intentada está referida a una acción de ejecución de hipoteca incoada por Carmen Angelina Escalona de Lozano contra el ciudadano Gregory José Sirit Meza, derivado del préstamo a interés que la accionante dio al demandado por la cantidad de treinta y nueve mil bolívares (Bs. 39.000,00), que tendría que devolver en un plazo de treinta (30) días, contados a partir de la protocolización del documento contentivo del contrato, mediante el cual el demandado como garantía, constituyó a favor de la parte actora Hipoteca Especial de Primer Grado, sobre un inmueble de su propiedad, constituido por una (1) casa de habitación, ubicada en la Calle Bolívar Casa N° 62, población de Mirimire, Municipio San Francisco del estado Falcón, enclavada en una parcela de terreno el cual forma parte del inmueble y propiedad del prestatario, con una superficie de aproximadamente quince metros (15 Mts) de frente por setenta metros (70 Mts) de fondo, para un área de un mil cincuenta metros cuadrados (1.050,00 Mts2), cuyos linderos son los siguientes linderos: Norte: con bienhechurías que es o fue de Said Sirit. Sur: con bienhechurías que es o fue de Shirly Fair. Este: con Calle Bolívar y, Oeste: Quebrada Paraguay, de acuerdo a documento registrado por ante la Oficina de Registro Público de los Municipios Acosta, San Francisco, Jacura y Cacique Manaure del estado Falcón, bajo el N° 106, Protocolo Primero, Tomo Primero, Primer Trimestre de fecha 26 de marzo de 2001. Que en la oportunidad para hacer oposición al decreto intimatorio, la parte demandada se opuso al mismo, alegando que había pagado a la demandante la cantidad adeudada; admitiendo el tribunal a quo dicha oposición. En tal virtud, procede esta alzada a verificar la procedencia de tal oposición.
Pruebas aportadas por la parte demandante 1.- Copia fotostática simple de documento registrado por ante el Registro Público de los Municipios Acosta, San Francisco, Jacura y Cacique Manaure del estado Falcón, en fecha 21 de julio de 2009, bajo el N° 42, folios 286 al 290, Protocolo Primero, Tomo 7° del año 2009, contentivo de contrato de préstamo con hipoteca, mediante el cual el ciudadano GREGORY JOSÉ SIRIT MEZA, constituye a favor de la ciudadana CARMEN ANGELINA ESCALONA DE LOZANO, hipoteca especial de primer grado hasta por la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL BOLÍVARES (Bs. 39.000,00), sobre un inmueble constituido por una casa de habitación ubicada en la Calle Bolívar, signada con el N° 62 de la población de Mirimire, Municipio San Francisco del estado Falcón, enclavada sobre una parcela de terreno con una superficie de quince metros de frente por setenta metros de fondo (15x70 mts.) para un área total de un mil cincuenta metros cuadrados (1.050 mts2), comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: bienhechurías que son o fueron de Soit Fair, Sur: bienhechurías que son o fueron de Shirly Fair, Este: calle Bolívar, y Oeste: quebrada Paraguay; estableciéndose que el plazo para la cancelación de esa hipoteca será de treinta (30) días contados a partir de la protocolización de ese documento. Esta copia fotostática simple de documento público, el cual constituye el instrumento fundamental de la presente acción, por cuanto no fue impugnada se le tiene como fidedigna de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y surte plena prueba para demostrar la obligación contraída por el ciudadano GREGORY SIRIT MEZA, la cual fue garantizada con la mencionada hipoteca a favor de la demandante de autos, hasta por la cantidad indicada; así como también que dicha obligación se encuentra de plazo vencido, pues habiendo sido contraía el día 21 de julio de 2009, con un plazo para su cumplimiento de treinta (30) días, se colige que la misma se venció el día 21 de agosto de 2009.
2.- Copia fotostática simple de certificación de gravamen de los últimos dos años, expedido por el Registro Público de los Municipios Acosta, San Francisco, Jacura y Cacique Manaure del estado Falcón, en fecha 10 de marzo de 2009, correspondiente al inmueble propiedad del ciudadano GREGORY JOSÉ SIRIT MEZA, protocolizado por ante esa Oficina de Registro Público en fecha 26 de marzo de 2001, anotado bajo el N° 106, folios 113 al 115, Protocolo Primero, Tomo 1°, Primer Trimestre del año 2001, donde se evidencia que sobre ese inmueble pesa hipoteca convencional a favor de CARMEN ANGELINA ESCALONA DE LOZANO, según documento mencionado supra; así como que no pesan medidas de embargos ni prohibiciones de enajenar y gravar. A esta copia fotostática de documento público, se le tiene como fidedigna de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, demostrándose con ella que el único gravamen que pesa sobre el mencionado inmueble es la mencionada hipoteca, objeto de la presente acción.
Pruebas aportadas por la parte demandada:
1.- Detalle del estado de cuenta corriente Nº 0112-0339-21-0000047458 perteneciente a la Distribuidora Sirit, C.A., de la entidad financiera Banco de Venezuela correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2009. Al respecto se observa que con estos documentos se pretende demostrar el pago realizado a la parte actora por la cantidad de sesenta mil bolívares (Bs. 60.000,oo) y diecinueve mil bolívares (Bs. 19.000,oo) respectivamente, mediante los cheques Nros. 9530366002354 y 9530313002356, pero es el caso que la cuenta a que hace mención no pertenece al demandado de autos, sino a una persona jurídica diferente a él, a pesar de alegar ser su representante legal, hecho que tampoco está demostrado; por otra parte tampoco se refleja en estos instrumentos quien cobró los mencionados cheques; y finalmente como corolario se observa que los instrumentos bajo análisis no contienen ninguna identificación sobre la persona o la institución de la cual emanan, razón por la cual no se les concede ningún valor probatorio, y se desechan.
2.- Comunicación dirigida al Banco de Venezuela, Oficina 339-Paseo Talavera, de fecha 6 de mayo de 2010, mediante la cual el ciudadano GREGORI SIRIT, en su carácter de representante de la firma mercantil DISTRIBUIDORA SIRIT, C.A., solicita copias fotostáticas de los cheques Nros. 9530366002354 y 9530313002356. Este documento privado emanado del mismo promovente, no se le concede ningún valor probatorio en virtud de violar el principio de alteridad, por cuanto la parte demandada pretende crearse una prueba a su favor.
3.- Prueba de informes, solicitado mediante oficio al Banco de Venezuela, el nombre de la persona beneficiaria de los cheques signados con los números 9530366002354 y 9530313002356 librados contra la cuenta corriente N° 0102-0339-210000047458, así como los montos de cada cheque, el número de cuenta a la que fueron cargados los mismos y la identificación del titular de la referida cuenta corriente a la que se le cargó el pago. Para valorar esta prueba se observa que no obstante haber sido admitida y providenciada por el tribunal de la causa, no se recibieron las resultas de la misma, razón por la cual nada hay que valorar al respecto.
Establecido lo anterior se observa que el Tribunal a quo, en la sentencia recurrida de fecha 28 de febrero de 2011 se pronunció siguiente manera:
Lo anterior evidencia la inequívoca existencia de la hipoteca en cuestión, que se constituyó sobre el inmueble identificado cumpliendo todos los requisitos formales exigidos por la Ley a tal efecto, pues consta en documento público que la demandante acompañó a su libelo, al que también anexa Certificación de Gravamen expedida por el mismo Registrador Público de los Municipios Acosta, San Francisco, Jacura y Cacique Manaure del Estado Falcón, el fecha 10 de marzo de 2009. omissis
En el caso que nos ocupa, reviste particular importancia el que la parte demandante en ningún momento desconoció los pagos que su demandado manifestó haberle hecho, que se corresponden con débitos efectivamente realizados a la cuenta corriente N° 0102-0339-21-0000047458 del Banco de Venezuela, según las relaciones de movimientos de la misma que acompañó a su escrito de contestación marcados A y B, que corren a los folios 39, 40 y 41 de este expediente y que promovió como pruebas en la oportunidad procesal correspondiente, los cuales este tribunal aprecia en todo su valor probatorio ya que no fueron tachados, impugnados, ni desconocidos por la parte actora, quien tampoco negó el concepto por el que el demandante dijo haber realizado dichos pagos, ni demostró que los mismos no conciernen a la hipoteca en que se soporta su acción.
Es evidente que la ciudadana demandante solo se limitó a demostrar la existencia de la hipoteca sobre el inmueble identificado, constituida a su favor por el propietario del mismo, mas en ningún momento utilizó los medios procesales que la Ley pone a su disposición para desvirtuar lo alegado por su demandado ni para atacar la documentación que el mismo produjo para evidenciar la realización del pago de su obligación, la cual quedó así reconocida y convalidada por la actora y así se declara, de conformidad con las previsiones del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, (sic)
En este caso entonces el Tribunal declara que, por efecto de la disposición legal antes transcrita, la demandante admitió todo lo alegado por el demandado en su escrito de contestación de la demanda, ya que nada probó que desvirtuara sus afirmaciones, antes por el contrario, con su silencio y omisión de pruebas reconoció la documentación promovida por el accionado para demostrar el pago de su deuda, lo que conlleva su liberación de la obligación contraída, según lo establecido en los artículos 1354 y 1907 del Código Civil
Vista la decisión anterior, observa esta alzada que la jueza a quo fundamentó su decisión en el hecho que la demandante solo demostró la existencia de la hipoteca constituida a su favor por el demandado, pero que no desvirtuó los alegatos del intimado relativos a los pagos realizados. Al respecto se observa que establece el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil que quien pida la ejecución de la una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe probar el pago o el hecho extintivo de la obligación; en este sentido, tenemos que en atención a lo prescrito en la referida norma, en el caso de autos, la demandante tiene la carga procesal de demostrar la existencia de la obligación demandada con todos sus requisitos, es decir, la hipoteca con la concurrencia de los requisitos exigidos en el artículo 661 ejusdem; y el intimado, habiendo hecho oposición con fundamento en el pago de la obligación demandada, deberá demostrar el pago alegado. Así tenemos que en el caso bajo análisis, la actora acompañó a su escrito libelar prueba de la obligación, como es el documento constitutivo de la hipoteca demandada, el cual se encuentra registrado en la jurisdicción donde está situado el inmueble, es decir, protocolizado por ante el Registro Público de los Municipios Acosta, San Francisco, Jacura y Cacique Manaure del estado Falcón, estando el bien inmueble hipotecado ubicado en jurisdicción del Municipio San Francisco del estado Falcón; igualmente del mismo documento se evidencia que la obligación garantizada con dicha hipoteca es líquida y de plazo vencido, por cuanto se garantiza el pago de la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL BOLÍVARES (Bs. 39.000,00), con vencimiento el día 21 de agosto de 2009; de lo que se colige también que no ha transcurrido el lapso de prescripción a que se refiere el artículo 1.977 del Código Civil; y como tercer requisito, se observa que no se desprende del documento constitutivo de la hipoteca, que la obligación se encuentre sujeta a condición o a alguna otra modalidad; en tal virtud, se concluye que están llenos los extremos de ley para solicitar la ejecución de la hipoteca demandada. Por otra parte, observa esta alzada que tal como quedó establecido supra, de los documentos acompañados por el intimado, éste no logró demostrar el alegado pago de la obligación contraída con la demandante; razón por la cual, la oposición por él realizada debe ser desestimada, y revocada la sentencia apelada, y así se decide.
IV
MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN
Luego del análisis de la acción de amparo que fue interpuesta, esta Sala procede a la comprobación del cumplimiento de los requisitos que exige el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y encuentra que dicha pretensión satisface los mismos. Así se declara.
En cuanto a la admisibilidad de la demanda de amparo sub examine a la luz de las causales de inadmisibilidad que preestablecen los artículos 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala concluye que, por cuanto no se encuentra incursa, prima facie, en las tales causales, la pretensión es admisible. En consecuencia se admite esta demanda de amparo constitucional, sin perjuicio de la potestad que asiste a este Supremo Tribunal de examinar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos en la ley y la jurisprudencia en cualquier estado y grado del proceso. Así se declara.
V
DE LA MEDIDA CAUTELAR
La parte accionante solicitó a la Sala Constitucional, en su demanda de amparo la suspensión de los efectos de la decisión recurrida y del procedimiento de ejecución que se sigue en el Juzgado Ejecutor de Medidas mientras se decide el presente recurso, como medida cautelar innominada de carácter cautelar según lo dispuesto en los artículos 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 588 del Código de Procedimiento Civil.
Al respecto, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone expresamente ese derecho a la tutela cautelar, que al mismo tiempo es garantía del derecho a la tutela judicial eficaz. Precisamente, de allí surge la existencia de un poder cautelar general, susceptible de ser aplicado en el marco de los procesos que se sustancien de conformidad con la Ley del más alto Tribunal de la República. Así, el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece lo siguiente:
En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar, y la Sala Constitucional podrá acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que estime pertinentes. La Sala Constitucional contará con los más amplios poderes cautelares como garantía de la tutela judicial efectiva, para cuyo ejercicio tendrá en cuenta las circunstancias del caso y los intereses públicos en conflicto.
En tal sentido, esta Sala desde el fallo n.° 156 del 24 de marzo de 2000 (Caso: Corporación L´ Hotels C.A.) ha indicado que dada la urgencia del amparo no es necesaria la exigencia que el accionante demuestre la presunción de buen derecho, ya que basta para ello la ponderación por el juez del fallo impugnado, exención que también opera para el periculum in mora al estar consustanciado con la naturaleza de la petición de amparo que en el fondo contiene la afirmación que una parte está lesionando a la otra, o que tiene el temor que lo haga.
Por tanto, siendo que el juez del amparo, para decretar una medida preventiva, no necesita que el peticionante de la misma le pruebe los dos extremos señalados con antelación en este fallo, queda entonces a criterio del juez del amparo, utilizando para ello las reglas de la lógica y las máximas de experiencia, si la medida solicitada es o no procedente; en ese sentido, esta Sala otorga la medida cautelar innominada de suspensión de los efectos de la sentencia que dictó el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón que es su objeto, y que fue dictada el 18 de enero de 2012, así como la suspensión del procedimiento de ejecución de dicha actuación judicial que se sigue ante el Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Acosta, San Francisco, Jacura y Cacique Manaure de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, mientras se decide el fondo del presente amparo constitucional. Así se decide.
VI
DECISIÓN
Por las razones que se expusieron, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, ADMITE la demanda de amparo que incoó el ciudadano GREGORY JOSÉ SIRIT MEZA, mediante la representación del abogado Francisco Ardiles, contra la sentencia que emitió el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, del 18 de enero de 2012, en el juicio por ejecución de hipoteca que incoó en su contra la ciudadana Carmen Angelina Escalona de Lozano, por lo que ORDENA:
1. La notificación de esta decisión al Juez del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, la cual deberá acompañarse con copia de esta decisión y del escrito continente de la demanda de amparo, con la información de que podrá hacerse presente en la audiencia pública, cuyo día y hora serán fijados por la Secretaría de la Sala, para que exponga lo que estime pertinente acerca de la demanda de amparo constitucional a que se contraen las presentes actuaciones. Se le advertirá a la notificada que su ausencia no será entendida como aceptación de los hechos que se le imputaron.
2. La notificación al Ministerio Público de la admisión de la presente causa, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
3. Que el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón notifique este pronunciamiento a la ciudadana Angelina Escalona de Lozano, parte solicitante de la ejecución de hipoteca interpuesta contra el solicitante del presente amparo en el cual se emitió la decisión objeto de la presente demanda, y también notifique al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Acosta, San Francisco, Jacura y Cacique Manaure de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón. Después del cumplimiento con esta actuación, el referido Juzgado Superior informará inmediatamente sus resultas a esta Sala Constitucional.
4. Se fije la audiencia pública correspondiente dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la práctica de la última de las notificaciones que se están ordenando (lapso que debe entenderse como cuatro (4) días de conformidad con s.S.C. n.° 2197 de 23.11.2007).
5. Se SUSPENDEN los efectos de la sentencia dictada, el 18 de enero de 2012, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en el juicio de ejecución de hipoteca que incoó la ciudadana Carmen Angelina Escalona de Lozano en contra del ciudadano Gregory José Sirit Meza, hoy impugnada, hasta tanto sea resuelto el presente juicio.
6. ACUERDA la medida cautelar innominada solicitada, y en tal sentido, se ORDENA al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Acosta, San Francisco, Jacura y Cacique Manaure de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón suspenda la ejecución de la sentencia que emitió el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, el 18 de enero de 2012, en el juicio de ejecución de hipoteca que incoó la ciudadana Carmen Angelina Escalona de Lozano en contra del ciudadano Gregory José Sirit Meza, hasta tanto sea resuelta la presente demanda de amparo.
Publíquese, regístrese, notifíquese y cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 14 días del mes de agosto de dos mil doce. Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.
La Presidenta,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vice /
presidente,
Francisco Antonio Carrasquero López
Los Magistrados,
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
Ponente
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
GMGA.zt.
Expediente n.° 12-0634
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