Sentencia N.º 1263
- Sentencia
- N.º 1263
- Fecha
- 14/08/2012
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 12-0766
- Ponente
- Gladys María Gutiérrez Alvarado
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
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EN SALA CONSTITUCIONAL
Expediente n.° 12-0766
Magistrada Ponente: GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
Consta en autos que, el 4 de julio de 2012, el abogado ROMER ANDRÉS ROMERO MARTÍNEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 87.188, actuando en su propio nombre y representación, intentó, ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, amparo constitucional conjuntamente con medida cautelar innominada, contra la decisión del Tribunal Quinto (5°) de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal Estado Zulia, sede Maracaibo, tutelado por el juez abogado ALBERTO GONZÁLEZ VILLALOBOS (en lo adelante, la AGRAVIANTE) de fecha 21/05/2012, ratificada el 05/06/2012 , para cuya fundamentación denunció la violación a sus derechos a la tutela judicial eficaz, al debido proceso, a la defensa, a ser oído y al juez natural que acogieron los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la causa que se sigue contra el ciudadano Ricardo Alberto García Padrón, por la comisión de los delitos de uso de documento falso y estafa agravada.
El 20 de junio de 2012, la Sala n.° 1 Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia juzgó sobre la pretensión que fue interpuesta y la declaró inadmisible.
El 27 de junio de 2012, el abogado Romer Andrés Romero Martínez, actuando con el carácter de autos, apeló contra la sentencia del citado Tribunal, para ante el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional.
Luego de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 12 de julio de 2012 y se designó ponente a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado.
I
DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA
1. Alegó:
1.1 Que [e]l 21/05/2012 se apertura el juicio en la causa 5M-531-2012, en el cual la AGRAVIANTE no permitió la participación de la VÍCTIMA ni de los representantes judiciales de las otras dos (02) víctimas, presentes en la sala de juicios No. 6 del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia. El juez injuriante ALBERTO GONZÁLEZ VILLALOBOS tutor de la AGRAVIANTE- arbitrariamente ordenó que las VÍCTIMAS no podían intervenir porque no se querellaron, ni adhirieron a la acusación fiscal ni interpusieron una acusación propia .
1.2 Que el juicio del 21 de mayo de 2012 y la continuación del 05 de junio de 2012 han sido una continuada y permanente violación de los derechos procesales de la VÍCTIMA al debido proceso, tutela eficaz y proceso como vía de materialización de la justicia. En estas audiencias, la AGRAVIANTE a viva voz- manifestó expresiones soeces del siguiente tenor textual, las cuales deberán ser oídas en la videograbación del juicio en los días señalados: ( ) Mira caballero, aquí usted no tiene ningún derecho ; ( ) Tú no tienes derecho a participar porque no te querellaste .
1.3 Que [a] los fines de fundamentar jurídicamente los derechos constitucionales violados por la AGRAVIANTE, el día 30 de mayo de 2012 la VÍCTIMA interpuso un escrito por ante la URDD para ante la AGRAVIANTE. En la continuación del juicio del 05 de junio de 2012, la AGRAVIANTE manifestó que [les] devolvería el referido escrito en el cual se solicitó la NULIDAD ABSOLUTA de la decisión de la AGRAVIANTE de impedir la participación de los representantes judiciales de las víctimas. Además, se solicitaba el derecho a réplica hacia la intempestiva incidencia (sic) de la defensora privada MARIANELA SELESTE (sic) CONGA GARCÍA de desconocer el carácter de víctima de la VÍCTIMA.
1.4 Que [e]l ciudadano ALBERTO GONZÁLEZ VILLALOBOS señaló que él consideraba que tampoco tenía[n] cualidad para interponer escritos. Además, RATIFICÓ SU DECISIÓN (INCONSTITUCIONAL) DE NO PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LAS VÍCTIMAS EN EL JUICIO. Esto debió quedar registrado en la videograbación de los dos (02) días del inconstitucional juicio oral y público.
1.5 Que las audiencias del 21 de mayo y del 5 de junio fueron completamente parcializadas -tanto por la AGRAVIANTE como por la representación fiscal- hacia el acusado de autos; y obedientes a los antijurídicos y contra legem pedimentos de la defensora privada.
1.6 Que la prístina ausencia de fundamentación jurídica de la inconstitucional DECISIÓN de la AGRAVIANTE -del 21/05/2012 y ratificada el 05/06/2012- también lesiona los derechos constitucionales del AGRAVIADO a la defensa y a la tutela judicial eficaz, en razón de la inmotivación de todo lo relacionado, toda vez que no fue plenamente elucidado y adminiculado con el Derecho y la jurisprudencia constitucional .
1.7 Que [e]l juez ALBERTO GONZÁLEZ VILLALOBOS, tutor de la AGRAVIANTE, simplemente expresó que la VÍCTIMA no podía participar en el juicio oral y público porque no se había querellado, lo cual queda fatalmente desmentido con el análisis jurídico ut supra desarrollado. Además, el ciudadano ALBERTO GONZÁLEZ VILLALOBOS coadyuvó, con su caprichosa decisión, a exacerbar LA ARBITRARIEDAD aquí delatada .
1.8 Que la AGRAVIANTE no fundamentó jurídicamente el por qué desconoció los derechos constitucionales y procesales de la VÍCTIMA, independientemente de que no se haya querellado ni adherido ni acusado, a PARTICIPAR/INTERVENIR en el inconstitucional juicio de la causa 5M-531-10. Simplemente se limitó a expresar su opinión personal, sin fundamentación legislativa (sic) o jurisprudencial. En consecuencia, la decisión de PROHIBIR LA PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES JUDICIALES DE LAS VÍCTIMAS simplemente refleja una actuación ARBITRARIA del AGRAVIANTE que no agregó valor jurídico, configurándose así el vicio de inmotivación DE LA DECISIÓN DEL 21/05/2012 -ratificada el 05/06/2012- que est[á] recurriendo en amparo constitucional .
2. Denunció:
La violación a los derechos a la tutela judicial eficaz, al debido proceso, a la defensa, a ser oído y al juez natural que reconocen los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
3. Pidió:
Como medida cautelar:
ORDENAR la interrupción del juicio oral y público en la causa 5M-531-10, que cursa por ante el Tribunal Quinto (5°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, hasta tanto no haya una decisión firme al fondo de la presente demanda de amparo constitucional.
Como petitorio de fondo:
admita la presente DEMANDA DE AMPARO CONSTITUCIONAL, decrete la MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA solicitada, de el curso de Ley y, una vez tramitada y sustanciada conforme a Derecho, decida -en forma breve, sumaria y efectiva- declararla CON LUGAR, DECRETE la nulidad de la decisión de la AGRAVIANTE, y ORDENE la suspensión del juicio oral y público hasta tanto exista una decisión firme de la presente acción de amparo constitucional.
II
DE LA COMPETENCIA DE LA SALA
Por cuanto, con fundamento en los artículos 266.1 y 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y 25.19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, corresponde a esta Sala la competencia para el conocimiento de las apelaciones respecto de las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo de las que emitan los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Y por cuanto, en el caso de autos, la apelación se ejerció contra un veredicto que expidió, en materia de amparo constitucional, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, esta Sala se pronuncia competente para la decisión del recurso en referencia. Así se decide.
III
DE LA SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
Los sentenciadores del fallo contra el que se recurrió juzgaron sobre la pretensión de amparo en los términos siguientes:
declara: INADMISIBLE la Acción de Amparo Constitucional intentada por el profesional del derecho ROMER ANDRÉS ROMERO MARTÍNEZ, portador de la cédula de identidad No. 3.663.518, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 87.188, actuando en su propio nombre e interés en la condición de víctima no querellada ni adherida a la acusación fiscal, en contra de la decisión dictada por el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en fecha 21.05.2012, ratificada en fecha 05.06.2012, emitida en la apertura del juicio oral y público de la causa registrada bajo el No. 5M-531-10; todo ello por cuanto no consta en autos copia de las decisión objeto de la presente acción de amparo constitucional, ello de acuerdo al criterio emitido en la decisión No. 2002, de fecha 16.12.11, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
A juicio de quienes expidieron el acto de juzgamiento objeto de apelación
se observa que en el presente caso, la acción de amparo constitucional resultó ejercida, como quedó dicho, en contra de la decisión dictada por el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en fecha 21.05.2012, ratificada en fecha 05.06.2012, emitida en la apertura del juicio oral y público de la causa registrada bajo el No. 5M-531-10, decisión que a juicio del accionante injurió su derecho constitucional como víctima de participar en el proceso penal, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 2, 7, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 49, 51, 55, 137, 138, 143, 255, 257, 334 y 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 1, 2, 4 y 18 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Se evidencia además que el accionante promueve como pruebas, la inspección judicial del expediente No. 5M-531-10, la inspección judicial de la videograbación del juicio oral y público, de los días 21.05.2012 y 05.06.2012, así como la del día 29.11.11. Igualmente, promueve la testimonial de la representante judicial de la víctima LORENA MONTERO G., a los fines de ser todas evacuadas en la audiencia constitucional de acción de amparo. Respecto a dichas solicitudes, realizadas en la promoción de pruebas del accionante, debe traerse a colación el criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que al respecto señala:
No obstante el pronunciamiento que antecede, esta Sala observa de las actas del expediente que el Presidente de la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas requirió con carácter de extrema urgencia del Juzgado Trigésimo Octavo en Funciones de Control accionado- el expediente original de la causa penal- (folio 82 del expediente); para así tener a disposición la decisión judicial impugnada en amparo; actuación procesal a todas luces inconducente; toda vez que al no haberse consignado ningún tipo de copia de la sentencia accionada, lo cual traduce carencia de pruebas e indicios suficientes que dieran fe de la existencia de dicha decisión, así como desconocimiento de su contenido, debe señalar esta Sala que se imponía la declaratoria de inadmisibilidad del amparo incoado. (Sentencia No. 76, de fecha 10.05.2009). (Negrita y Subrayado de esta Sala).
Conforme a lo anterior, esta Sala Accidental estima que en el presente caso sujeto a consideración, concurre una causal de INADMISIBILIDAD, toda vez que, del estudio de las actuaciones, se observa que el accionante no acompañó al escrito de acción de amparo constitucional copia simple, ni certificada de la decisión judicial contra la que se ejerce el amparo constitucional; es decir, la emitida por el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en fecha 21.05.2012, ratificada en fecha 05.06.2012, en la apertura del juicio oral y público de la causa registrada bajo el No. 5M-531-10, lo cual en caso de no haber sido un pronunciamiento separado del acta de apertura a juicio oral, tampoco fueron consignadas las respectivas actas, ello a los fines de fundar debidamente la acción interpuesta, referida a la presunta inmotivación del órgano subjetivo al dar respuesta oralmente sobre la negativa de intervención de la víctima en el debate, cuya consignación resultaba una carga del accionante a los fines de proceder esta Alzada a pronunciarse sobre la admisión de la acción interpuesta.
En relación a los medios de prueba promovidos por el accionante mencionados anteriormente, evidencia esta Sala que los mismos fueron promovidos para ser evacuados en la Audiencia Oral Constitucional, mereciendo mención especial la videograbación del juicio oral y público, de los días 21.05.2012 y 05.06.2012, así como la del día 29.11.11, por ser un medio de prueba indisponible para el accionante, por lo que no puede considerarse para éste una carga la presentación ante esta Sala Accidental, no obstante, al verificarse que no se consignó copia de la decisión emitida por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, que originó la presunta lesión constitucional, siendo éste un requisito sine qua non a los fines de la admisión de la acción de amparo constitucional, entre otros, y que en consecuencia lo hace inadmisible, las mismas no ameritan pronunciamiento al fondo por ser inoficioso.
En este orden de ideas, constituyendo una carga procesal para el accionante, la consignación en copia simple o certificada de las decisiones judiciales contra las que se acciona; es evidente que su incumplimiento como se ha verificado en el presente caso arrastra la inadmisibilidad de la presente acción de amparo constitucional, tal como así lo estableció la doctrina expuesta por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No. 2278 de fecha 17.12.2007, en que precisó:
( )
Siendo dicho criterio reiterado recientemente por dicha Sala, como se evidencia de la sentencia No. 2002, de fecha 16.12.11, en los siguientes términos:
( )
Así las cosas, concluyen estas juzgadoras, que en el presente caso existe una causal de inadmisibilidad de la presente acción de amparo constitucional, por cuanto no consta en autos, copia de las actas de debate de fechas 21.05.2012 y 05.06.2012, emitidas en razón de la apertura del juicio oral y público de la causa registrada bajo el No. 5M-531-10, en las cuales presuntamente se encuentra contenida la decisión que produjo el agravio denunciado por el accionante.
En consecuencia, en virtud de los argumentos antes expuestos, considera este Tribunal Colegiado Accidental, que la presente acción de Amparo Constitucional contra la resolución dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal del estado Zulia, señalado como presunto agraviante, debe ser declarada INADMISIBLE; todo ello por cuanto no consta en autos copia de las decisión objeto de la presente acción de amparo constitucional, ello de acuerdo al criterio emitido en la decisión No. 2002, de fecha 16.12.11, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y ASÍ SE DECIDE.
IV
MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN
Como punto previo, la Sala debe pronunciarse respecto de la tempestividad de la apelación; así, tal como consta del cómputo de las audiencias transcurridas,- que produjo, el 28 de junio de 2012, la Sala n.° 1 Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia-, el pronunciamiento objeto de impugnación fue dictado el miércoles 20 de junio de 2012; decisión de la cual el actor se dio tácitamente por notificado el jueves 21 siguiente, oportunidad en la que solicitó, entre otras, copia certificada del referido fallo y contra el cual apeló el miércoles 27 siguiente, es decir, una vez que ya había vencido el lapso de tres días que preceptúa la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales para el ejercicio de dicho recurso.
En efecto, la Sala observa que el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales dispone, expresamente, que el lapso para la interposición del recurso de apelación es de tres días después de dictado el fallo -entiéndase publicado o notificado según el caso-, al señalar lo siguiente:
Artículo 35.- Contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud de amparo se oirá apelación en un solo efecto. Si transcurridos tres (3) días de dictado el fallo, las partes, el Ministerio Público o los procuradores no interpusieren apelación, el fallo será consultado con el Tribunal Superior respectivo, al cual se le remitirá inmediatamente copia certificada de lo conducente. Este Tribunal decidirá dentro de un lapso no mayor de treinta (30) días.
Esta Sala, mediante sentencia n.° 501 de 31 de mayo de 2000, caso: Seguros Los Andes C.A., determinó cómo debía computarse el lapso a que hace referencia el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en los términos siguientes:
en relación con los lapsos para interponer el recurso de apelación en amparo, esta Sala Constitucional considera que admitir que el lapso de apelación previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales debe computarse por días continuos, incluyendo sábados, domingos y feriados, sería atentatorio contra el derecho a la defensa, principio cardinal del sistema procesal, pues el ejercicio del recurso de apelación se vería limitado de hecho, incluso cercenado, bien por la llegada del fin de semana, o alguna fiesta patria.
( )
Bajo este orden de ideas, considera esta Sala que el lapso de tres (3) días para interponer el recurso de apelación en amparo, previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, debe ser computado por días calendarios consecutivos, excepto los sábados, los domingos, el jueves y el viernes santos, los declarados días de fiesta por la Ley de Fiestas Nacionales y los declarados no laborables por otras leyes, y así se declara, reiterando con carácter vinculante lo ya expresado en el fallo del 1º de febrero de 2000 (caso: José Amando Mejía).
Así las cosas, esta Sala advierte que en el caso que nos ocupa, el recurrente disponía del lapso de tres (3) días para interponer el recurso de apelación, a saber: el viernes 22 de junio primer día-, el lunes 25 de junio segundo día- y el martes 26 de junio de 2012 tercer y último día-, ya que se había dado por notificado tácitamente desde el jueves 21 de ese mes y año, cuando solicitó copia certificada del fallo que nos ocupa, tal como consta de la diligencia anexa al folio 47 del expediente de amparo; sin embargo, no fue hasta el miércoles 27 de junio de 2012, que interpuso su apelación. De modo que, la presente apelación es inadmisible por extemporánea, por cuanto fue interpuesta cuando ya había caducado el lapso que preceptúa el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales para la interposición del recurso en referencia, y así se declara. (Vide. s. S.C. n.° 3213/2003 caso: Ely Fabio Hernández).
V
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE POR EXTEMPORÁNEA la apelación que interpuso el ciudadano ROMER ANDRÉS ROMERO MARTÍNEZ, en su propio nombre y representación, contra la sentencia que dictó, el 20 de junio de 2012, la Sala n.° 1 Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que declaró INADMISIBLE la demanda de amparo constitucional que interpuso ese ciudadano contra el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Juicio de ese mismo Circuito Judicial Penal. En consecuencia, queda firme el pronunciamiento de la primera instancia constitucional.
Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente a la Sala n.° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 14 días del mes de agosto de dos mil doce. Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.
La Presi /
denta,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
Francisco Antonio Carrasquero López
Los Magistrados,
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
/
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
Ponente
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
GMGA.zt
Expediente n. 12-0766
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