Venley

Sentencia N.º 1266

Sentencia
N.º 1266
Fecha
14/08/2012
Sala
Constitucional
Expediente
12-0180
Ponente
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Procedimiento
Acción de Amparo

EN SALA

 

CONSTITUCIONAL

 

 

Exp. N° 12-0180

 

Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón

 

 

El 7 de febrero de 2012, se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, oficio Nº 12-0018 del 24 de enero de 2012, del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, anexo al cual remitió el expediente contentivo de la acción amparo interpuesta por EVA CIFUENTES GRUBER, titular de la cédula de identidad N° 3.814.157, de profesión abogada e inscrita en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el N° 11.781, contra de la omisión de pronunciamiento del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, respecto a la apelación ejercida contra la decisión que revocó la medida cautelar que fuera acordada en el juicio de divorcio que cursa ante dicho tribunal, para cuya fundamentación denunció la presunta violación de sus derechos a la defensa y al debido proceso, que establecen los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Dicha remisión se efectuó, en virtud de la apelación tempestiva interpuesta por Eva Cifuentes Gruber, mediante diligencia del 20 de enero de 2012, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 18 de enero de 2012, mediante la cual se declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta.

El 7 de febrero de 2012, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, quien con tal carácter, suscribe la presente decisión.

El 28 de febrero de 2012, mediante escrito de acción autónoma de amparo, la abogada Eva Cifuentes Gruber solicitó se declare con lugar la acción de amparo y se anulen  las sentencias producidas por los Juzgados Superiores Quinto y Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Realizado el estudio de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.

 

I

DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

 

            La parte actora presentó solicitud de amparo el 26 de octubre de 2011, con fundamento en los siguientes alegatos:

Que Eva Cifuentes Gruber, actuando en nombre propio y representación, presentó demanda por divorcio contencioso, en contra del ciudadano Luis Eduardo Aveledo Morasso, la cual fue admitida por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránisto y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 26 de noviembre de 2010.

Que en el escrito libelar solicitó medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar, sobre el inmueble identificado con el N° 4, del Conjunto Residencial La Cuadra, Calle Liceo Los Arcos, Urbanización Las Esmeraldas, Estado Miranda, Caracas, haciendo mención en dicho escrito, que entre los cónyuges, hubo un contrato previo a la celebración del matrimonio de separación total de bienes, siendo que el inmueble en cuestión esta titulado a nombre de Luis Eduardo Aveledo Morasso.

Que el 2 de marzo de 2011, el Tribunal decretó la medida cautelar solicitada (se hace la salvedad de que no se consignó la prueba, ya que el cuaderno de medidas, se encuentra desaparecido).

Que en vista de que la parte adversaria insistió en varias oportunidades que se levantara la medida cautelar, el 1 de marzo de 2011, el Tribunal ratificó la medida cautelar sobre el inmueble (se hace la salvedad, de que no se consignó la prueba, ya que el cuaderno de medidas se encuentra desaparecido y aparece en el sistema iuris 2000 que consultan los abogados).

Que el 10 de mayo de 2011, la demandada se opuso, a la medida cautelar decretada (haciendo la salvedad de que no se consignó la prueba, ya que se encontraba en el cuaderno de medidas, que estaba desaparecido).

Que el 9 de junio de 2011, el Tribunal declaró con lugar la oposición a la medida cautelar y levantó la medida cautelar decretada y ratificada por el tribunal con toda su fuerza y vigor (haciendo la salvedad de que no se consignó la prueba, ya que se encontraba en el cuaderno de medidas, que estaba desaparecido).

Que el 20 de junio de 2011, el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránisto y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas desglosó la diligencia, de la abogada Eva Cifuentes y el 16 de junio de 2011 apeló.

Que el 5 de octubre de 2011, la abogada Eva Cifuentes, nuevamente apeló a la decisión dictada.

Que de los hechos narrados anteriormente, se evidencia que el Juez Séptimo de Primera Instancia en lo Civil no ha actuado con la debida diligencia, ya que no ha oído la apelación, ni ha habido ningún pronunciamiento a los efectos de que el tribunal inmediatamente superior, conozca y dirima la controversia, en relación a la medida cautelar, decretada, ratificada con toda su fuerza y vigor y posteriormente levantada, lo cual considera es la primera irregularidad detectada.

Que el “5-08-2011 (fecha indicada por la accionante), el abogado LUIS BOUQUET LEON (sic), actuando en su carácter de apoderado de la parte actora, presenta escrito al Tribunal, en donde le informa que el Tribunal debe librar los oficios, ya que son documentos que se encuentran en oficinas o en poder de personas naturales y jurídicas, de conformidad a lo establecido en el articulo (sic) 433 del Código de Procedimiento Civil.

Que de las actas que conforman en el expediente en cuestión se observa, que el Tribunal, no libró los oficios correspondientes lo que es, a su decir, la segunda irregularidad detectada.

Que por lo tanto, la parte accionante ataca en principio las presuntas violaciones producidas por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario, por incurrir en la presunta falta de pronunciamiento y retardo procesal, al abstenerse de proveer sobre el recurso de apelación planteado por la parte actora, hoy recurrente, desde el 16 de junio de 2011, y no haber librado los oficios correspondientes a la evacuación de la prueba de informes promovida por ella; y posteriormente, en la audiencia constitucional, la parte quejosa ya no acciona solo contra el referido Juzgado Séptimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sino que también ataca el procedimiento de apelación que cursó por ante el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Que por las razones anteriormente expuestas solicitó se declarase con lugar la acción de amparo constitucional y se restablezca la situación jurídica infringida, ordenando al tribunal agraviante de primera instancia, decidir sobre la apelación; ordene la reconstrucción del cuaderno de medidas; y oficie a las instituciones y oficinas públicas y privadas y personas que deban informar sobre las pruebas de informes admitidas.

II

DE LA SENTENCIA APELADA

 

Mediante sentencia del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, del 18 de enero de 2011, declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta, sobre la base de las siguientes consideraciones:

“Revisada la solicitud de amparo constitucional de marras y los instrumentos que rielan a los autos, este Órgano Jurisdiccional se adentra al análisis y resolución de la misma.

Como bien fue señalado con antelación, la parte accionante interpuso la solicitud de Tutela Constitucional primigenia por presuntas violaciones producidas por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario, por incurrir en la presunta falta de pronunciamiento y retardo procesal, al abstenerse de proveer sobre el recurso de apelación planteado por la parte actora, hoy recurrente, desde la fecha 16 de junio de 2011, y no haber librado los oficios correspondientes a la evacuación de la prueba de informes promovida por ella.

Posteriormente, en la audiencia constitucional, la parte quejosa ya no acciona solo contra el referido Juzgado Séptimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sino que también ataca el procedimiento de apelación que cursó por ante el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

En efecto, en la audiencia constitucional del 13 de enero de 2012, la abogada Eva Cifuentes como parte accionante adujo:

* Que la presente acción de amparo es incoada en contra del Juzgado Séptimo de Primera Instancia;

* Que fue incoada en contra de decisión dictada en juicio de divorcio contencioso incoado por la aquí accionante;

* Que el demandado en el juicio principal incumplía con la manutención de sus hijos;

* Que fue solicitada medida cautelar sobre el inmueble de la parte demandada en el juicio principal;

* Que el Juzgado presunto agraviante dictó medida preventiva a favor de la aquí accionante;

* Que el cuaderno de medidas de la causa se extravió y se denunció la desaparición por ante la Inspectoria General De Tribunales;

* Que existe violación al debido proceso con dichos actos;

* Que el Juzgador presunto agraviante violó normas constitucionales al oír la apelación dos veces y estar resuelta una de ellas por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario;

* Que por esas razones solicita la reposición de la causa y la restitución de la medida cautelar dictada por el Juzgado de instancia;

* Que no fueron remitidos los oficios requeridos;

* Que no consta la tramitación de las apelaciones en el cuaderno principal;

* Que fueron oídas dos apelaciones por ella solicitadas, y que la primera de ellas fue formalizada y sentenciada por el Juzgado Superior Quinto confirmando el auto dictado por el juzgado de instancia;

* Que la segunda de las apelaciones fue oída y actualmente se encuentra en estado de espera de sentencia;

* Que por tal razón solicita la anulación del procedimiento realizado por ante el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta misma circunscripción Judicial;

* Que en tal virtud, es atacada por esta vía la decisión de dicho Juzgado Superior procediendo a consignar escrito con su fundamentación constante de seis folios útiles y legajo de copias certificadas.

Por su parte, la representación de la Fiscalía 84º del Ministerio Público, manifestó:

• Que luego de realizada una valoración de los instrumentos consignados, especialmente del informe presentado por el juez presunto agraviante, donde establece haber revisado la apelación;

• Que en virtud de la existencia de un nuevo hecho con la intención de atacar una decisión dictada por un juzgado del mismo rango que el conocedor de la presente litis, solicita la inadmisibilidad de la acción.

Revisados los autos, se observa que en la Audiencia Constitucional y en escrito presentado en esa misma oportunidad, la presunta agraviada solicita (i) la reposición de la causa al estado de que sea oída la apelación (en contra del auto del 09-06-2011 del Juzgado Séptimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas); (ii) la reposición al estado del lapso de evacuación de pruebas; (iii) que se restituya medida de prohibición de enajenar y gravar; (iv) y peticiona que se anule el procedimiento de apelación que cursó ante el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (resuelto el 31-10-2011), relacionado con el juicio de divorcio contencioso seguido en contra del ciudadano Luís Eduardo Aveledo Morasso.

De modo que, es claro para este Órgano Jurisdiccional, que en el caso de marras se atacan la omisión de pronunciamiento del Juzgado Séptimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción judicial, actuaciones de éste y actuaciones de un Juzgado Superior, concentrando con ello distintas pretensiones para ser resueltas por un mismo tribunal.

De manera que, la parte accionante ha acumulado disímiles pretensiones no susceptibles de ser tramitadas ante un mismo Órgano Jurisdiccional. En efecto, conforme a la doctrina reiterada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y a la interpretación del artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales la acción de amparo contra las decisiones de los Juzgados de Primera Instancia deben ser conocidos por los tribunales superiores al que emitió el pronunciamiento; en tanto que el amparo contra las actuaciones de los Juzgados Superiores está atribuido exclusivamente a la Sala Constitucional de nuestro más Alto Tribunal de la República.

Por lo tanto, este Tribunal tiene atribuida competencia para conocer del amparo contra el Juzgado Séptimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción judicial; empero carece de competencia para tramitar y conocer de la petición de tutela contra el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, por lo que tal acumulación es inviable.

Sobre la inepta acumulación se pronuncio la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 441 del 22 de marzo de 2004 (caso: Jorge Luís Caraballo), en la que sentó lo siguiente:

(…)

De ahí, que en el caso bajo análisis al haber sido propuesto amparo constitucional contra actuaciones y omisiones de dos Juzgados diferentes, uno de primera instancia y otro Superior, se produjo la inepta acumulación prevista en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, lo que hace inadmisible la petición de tutela de marras, toda vez que el conocimiento de ambas pretensiones no corresponden exclusivamente a este Tribunal.

En consecuencia, habiéndose producido en autos una inepta acumulación de pretensiones que no corresponden al conocimiento de un mismo Tribunal, la petición de tutela aquí planteada resulta inadmisible, sin que se impongan costas al no observarse que la solicitud fuese temeraria.” (Negrillas del fallo original).

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

Debe esta Sala previamente, determinar su competencia para conocer del asunto debatido y al efecto observa:

En virtud de lo dispuesto en la sentencia de esta Sala Nº 1 del 20 de enero de 2000, (caso: Emery Mata Millán), a tenor de lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y de lo establecido en el artículo 25.19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, resulta necesario reiterar que le corresponde a esta Sala Constitucional conocer las apelaciones de las sentencias provenientes de los Juzgados o Tribunales Superiores de la República -salvo los Contencioso Administrativos-, de las Cortes de lo Contencioso Administrativo y, las Cortes de Apelaciones en lo Penal, en tanto su conocimiento no estuviere atribuido a otro Tribunal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en primera instancia.

Conforme lo anterior, visto que la decisión impugnada fue dictada en materia de amparo constitucional por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, esta Sala se declara competente para el conocimiento de la presente causa. Así se decide.

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Esta Sala procede a decidir sobre la apelación por parte de Eva Cifuentes Gruber, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 18 de enero de 2012, mediante la cual se declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta.

En la presente acción de amparo se observa, que se alegó la presunta violación a los derechos a la defensa y al debido proceso, que establecen los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contra la omisión de pronunciamiento del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, respecto a la apelación ejercida contra la decisión que revocó la medida cautelar que fuera acordada en el juicio de divorcio que cursa ante dicho tribunal. Igualmente, mediante escrito presentado el 28 de febrero de 2012, la accionante solicitó se declare con lugar la acción de amparo y se anulen  las sentencias producidas por los Juzgados Superiores Quinto y Segundo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, argumentando nuevos hechos en los mismos términos de los señalados en la audiencia constitucional que se encuentran reproducidos en el fallo del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, del 18 de enero de 2012 y que fue parcialmente transcrita en el Capítulo II.

Por su parte, el tribunal a quo, en su sentencia declaró inadmisible la acción al considerar que en el caso de marras se atacan la omisión de pronunciamiento del Juzgado Séptimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción judicial, actuaciones del a quo (en el juicio principal de divorcio que conoció por apelación) y actuaciones de otro Juzgado Superior, concentrando con ello distintas pretensiones para ser resueltas por un mismo tribunal, por lo que la parte accionante acumuló disímiles pretensiones no susceptibles de ser tramitadas ante un mismo órgano judicial, contrariando el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en consecuencia, habiéndose producido en autos una inepta acumulación de pretensiones que no corresponden al conocimiento de un mismo tribunal, por lo que resultaba inadmisible.

Al respecto la Sala observa, que tal como lo señalara el a quo, se produce una inepta acumulación de pretensiones en la presente causa, pues el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil prohíbe la concentración de pretensiones en una misma demanda, en los casos en que las pretensiones se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; cuando, por razón de la materia, no correspondan al conocimiento del mismo tribunal, y en los casos en que procedimientos sean incompatibles. Así pues, toda acumulación de pretensiones realizada en contravención a lo dispuesto por la mencionada ley adjetiva, es lo que la doctrina denomina inepta acumulación.

Al respecto, la Sala Constitucional ha indicado que, en casos como estos, debe declararse la inepta acumulación de pretensiones, según se desprende de su reiterada doctrina jurisprudencial que sobre este aspecto es recurrente. En atención a ese criterio, esta Sala Constitucional del Tribunal ha señalado, entre otras, en la sentencia N° 2307/2002, caso: Carlos Cirilo Silva, que en aquellos supuestos en que se invoque la tutela constitucional no sólo contra distintos presuntos agraviantes, con base en supuestos totalmente diferentes, sino también cuando se haga contra actuaciones que, aun cuando puedan guardar relación entre sí, no emanan del mismo órgano o ente, se verifica una inepta acumulación. En este mismo orden, se pronunció la sentencia N° 840/2007 en el caso: Carlos Alberto Noriega.

De allí pues que, a la luz de las normas y doctrina jurisprudencial citadas, la Sala advierte que el caso sub iúdice se subsume en el supuesto de inadmisibilidad por inepta acumulación de pretensiones, debido a que la  parte actora formuló en el mismo escrito varias pretensiones de amparo contra varios sujetos diferentes que, como se señaló en líneas previas, son competencia de órganos jurisdiccionales diferentes en cuanto al grado se refiere.

Debe esta Sala una vez más destacar que, en casos como el presente, se debe interponer cada pretensión de forma independiente y por separado según los sujetos presuntamente agraviantes ante el tribunal competente para conocer cada demanda, ya que la competencia del tribunal constitucional en amparo se determina no sólo según la materia afín a los derechos cuya violación se denuncia, sino también en atención a la persona, sentencia, sujeto, acto u omisión señalados como presunto agraviante, por lo que siendo interpuestas de forma conjunta ante este Máximo Tribunal, no podrían acumularse en razón de la incompetencia de este juzgador para pronunciarse sobre la totalidad de las pretensiones, haciendo imposible su tramitación, razón por lo que resulta forzoso para esta Sala declarar: i) sin lugar la apelación, ii) inadmisible por inepta acumulación el amparo de autos y iii) se ratifica en los términos expuestos la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 18 de enero de 2012. Así se declara.

 

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por EVA CIFUENTES GRUBER, contra de la omisión de pronunciamiento del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

SEGUNDO: CONFIRMA la decisión del 18 de enero de 2012 del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en los términos expuestos en el presente fallo, que declaró INADMIBILE POR INEPTA ACUMULACIÓN de pretensiones respecto al amparo contra la omisión de pronunciamiento del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; y la acción de amparo de solicitud de anulación  de las sentencias producidas por los Juzgados Superiores Quinto y Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Publíquese, regístrese, comuníquese y devuélvase el expediente. Cúmplase con lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 14 días del mes de agosto de dos mil doce (2012). Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

   El Vicepresidente

 

 

 

               FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

 

 

 

Los Magistrados

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 Magistrado-Ponente

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                              

 

 

ARCADIO DELGADO ROSALES

 

 

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 

 

 

 

 

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

       

 

 

 

 

    El Secretario

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exp. 12-0180

MTDP/

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