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Ponencia del Magistrado ALFONSO VALBUENA CORDERO.
En el juicio que por cobro de prestaciones sociales sigue el ciudadano REGIS DEL VALLE GONZÁLEZ, representado judicialmente por los abogados Ángel Francisco Villalobos, Rosa Facendo, Rodolfo Gutiérrez Olave y Carlos Corvo Salazar contra la empresa CONSTRUCCIONES E INVERSIONES GARCÍA, C.A. (CONIGARCA), representada judicialmente por los abogados Jorge Ortiz, Gilda Villarroel, Rachid José Martínez y Jorge A. Quijada G.; el Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en la ciudad de Barcelona, conociendo en alzada, dictó sentencia definitiva en fecha 09 de febrero del año 2004, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por la parte demandante, confirmando así el fallo dictado por el Tribunal de la causa, que declaró la perención de la instancia.
Contra esta decisión de alzada, la representación judicial de la parte demandante, propuso recurso de control de la legalidad.
Recibido el expediente en esta Sala de Casación Social, se dio cuenta en fecha 06 de mayo del año 2004, correspondiendo la ponencia al Magistrado Alfonso Valbuena Cordero.
Siendo la oportunidad legal para ello, pasa esta Sala de Casación Social a pronunciarse sobre su admisibilidad en los siguientes términos:
El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece los requisitos de admisibilidad del recurso de control de la legalidad, en los siguientes términos:
El Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social podrá, a solicitud de parte, conocer de aquellos fallos emanados de los Tribunales Superiores del Trabajo, que aún y cuando no fueran recurribles en casación, sin embargo, violenten o amenacen con violentar las normas de orden público o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de dicha Sala de Casación.
En estos casos, la parte recurrente podrá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación del fallo ante el Tribunal Superior del Trabajo correspondiente, solicitar el control de la legalidad del asunto, mediante escrito, que en ningún caso excederá de tres (3) folios útiles y sus vueltos.
El Tribunal Superior del Trabajo deberá remitir el expediente a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de manera inmediata; la cual, una vez recibido el expediente, decidirá sumariamente con relación a dicha solicitud. En el supuesto que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social decida conocer del asunto, fijará la audiencia, siguiendo el procedimiento establecido en el Capítulo anterior. La declaración de inadmisibilidad del recurso se hará constar en forma escrita por auto del Tribunal, sin necesidad de motivar su decisión. De igual manera, estará sujeto a multa el recurrente que interponga el recurso maliciosamente, hasta un monto máximo equivalente a ciento veinticinco unidades tributarias (125 U.T.). En este último caso, el auto será motivado. Si el recurrente no pagare la multa dentro del lapso de tres (3) días, sufrirá arresto en jefatura civil de quince (15) días.
Al respecto, esta Sala de Casación ha señalado según sentencia de fecha 20 de febrero del año 2003 que al ser el recurso de control de la legalidad un medio de impugnación excepcional, a los fines de asegurar su admisibilidad, debe cumplirse con las exigencias antes transcritas, las cuales son:
1.- Que se trate de sentencias emanadas de Juzgados Superiores laborales;
2.- Que no sean impugnables en casación;
3.- Que violen o amenacen con violentar normas de estricto
orden público; y
4.- Que resulten contrarias a la jurisprudencia reiterada de esta Sala de Casación Social.
Además de ello para su admisibilidad se requiere verificar:
1.- La oportunidad para su interposición, es decir, que sea solicitado el recurso de control de la legalidad dentro de un lapso preclusivo de cinco (5) días, contado por días de despacho, siguientes a la fecha en que sea dictada la sentencia sujeta a revisión; y
2.- La extensión del escrito, es decir, que no exceda de tres (3) folios útiles y sus vueltos.
Verificado en el presente caso el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad antes transcritos, pasa esta Sala a conocer el escrito contentivo de este medio de impugnación excepcional en los siguientes términos:
Alega el recurrente que el sentenciador de alzada incurrió en la infracción de los artículos 26, 388 y 512 del Código de Procedimiento Civil y, en la contravención de la jurisprudencia dictada por esta Sala de Casación Social, según sentencia de fecha 28 de octubre del año 2003, al declarar la perención de la instancia, en fundamento a que la causa se encontraba paralizada por dos años y tres meses, después del lapso de promoción de pruebas y, que la parte actora debía instar la causa al estado de informes para llegar al estado de sentencia, aún cuando, a su decir, por un lado, se encuentra comprobado en autos el vencimiento del lapso de evacuación de pruebas promovidas por la empresa demandada y, por el otro, la falta de presentación de informes, al ser facultativo de las partes, no interrumpe la causa, lo cual, luego de un examen exhaustivo, no fue constatado en autos por esta Sala de Casación Social.
Asimismo solicita el recurrente la declaratoria con lugar de la confesión ficta, en la cual, a su decir, incurrió la parte demandada al quedar tácitamente citada para la contestación de la demanda, según diligencia de fecha 23 de marzo del año 2001, en la cual el ciudadano Jorge Ortiz aceptó y se juramentó como defensor ad-litem de la parte accionada, todo ello conforme a la jurisprudencia dictada por esta Sala de Casación Social, según sentencias de fecha 30 de noviembre del año 2000 y 19 de diciembre del año 2001, lo cual, luego de un examen exhaustivo, tampoco fue constatado por esta Sala de Casación Social.
En consecuencia, y por los motivos antes expuestos, resulta inadmisible el presente recurso de control de la legalidad y así se establecerá en el dispositivo del presente fallo.
En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad propuesto por la representación judicial de la parte demandante contra la sentencia de fecha de fecha 09 de febrero del año 2004 emanada del Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en la ciudad de Barcelona.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en la ciudad de Barcelona. Particípese esta decisión al Juzgado Superior de origen, antes mencionado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas a los siete (07) días del mes de octubre del año 2004. Años 194° de la Independencia y 145° de la Federación.
El Presidente de la Sala,
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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ
El Vicepresidente,
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JUAN RAFAEL PERDOMO
Magistrado Ponente,
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ALFONSO VALBUENA CORDERO
El Secretario Temporal,
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JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA
R.C.L. N° AA60-S-2004-000377
Nota: Publicada en su fecha a las
El Secretario Temporal