Sentencia N.º 127
- Sentencia
- N.º 127
- Fecha
- 06/02/2001
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 00-1301
- Ponente
- Pedro Rafael Rondón Haaz
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Consta en autos que, en fecha 16 de marzo de 2000, el ciudadano Humberto Nolasco Centeno Flores, titular de la cédula de identidad nº 4.692.028, actuando en su propio nombre y en su condición de Presidente de la sociedad mercantil LICORERÍA EL BUCHÓN, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, bajo el nº 51, Tomo A-29, asistido por los abogados Francois Orsetti y José Hernán Mollegas, inscritos en el Inpreabogado bajo el nº 4755 y 72516, ejerció, ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y de Estabilidad Laboral del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, acción de amparo constitucional contra las sentencias dictadas en fecha 7 de julio de 1999 por el Juzgado Primero del Municipio Heres y Raúl Leoni del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar y en fecha 31 de enero de 2000 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito del Primer Circuito de esa Circunscripción Judicial, a causa de la presunta violación de sus derechos a la defensa y al debido proceso y la amenaza inminente de violación a sus derechos a la libertad económica, a la propiedad y al trabajo, a cuyo efecto invocó las disposiciones contempladas en los artículos 22, 27, 49, 112, 115, 75 y 87 de la Constitución de la República.
En fecha 29 de marzo de 2000, el Juzgado Superior (Accidental) en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Menores, Trabajo y Estabilidad Laboral del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, decidió la pretensión interpuesta y la declaró improcedente.
En fecha 30 de marzo de 2000, el ciudadano Humberto Nolasco Centeno, asistido por los abogados Luisa F. Valderrama y José Mollegas, la primera inscrita en el Inpreabogado bajo el nº 80074, recurrió en apelación contra la sentencia dictada por el citado Juzgado, para ante el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional.
Recibido el expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto de fecha 11 de abril de 2000, y se designó ponente al Magistrado Moisés A. Troconis Villarreal.
En fecha veinte y siete de diciembre de dos mil, se reconstituyó la Sala y se reasignó la Ponencia al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.
I
DE LA CAUSA
En fecha 16 de marzo de 2000, el ciudadano Humberto Nolasco Centeno Flores, actuando en su propio nombre y en su condición de Presidente de la sociedad mercantil Licorería El Buchón C.A., asistido por los abogados Francois Orsetti y José Hernán Mollegas, ejerció, ante el mencionado Juzgado Superior, la acción de amparo constitucional aludida supra.
En esa misma fecha, la ciudadana Judith Parra Bonalde, titular del mencionado Juzgado Superior se inhibió de conocer de la acción de amparo intentada, de conformidad con lo previsto en el artículo 82, numeral 20 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 11 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En fecha 20 de marzo de 2000, la ciudadana Liliana Núñez de Oviedo, en su condición de Tercer Conjuez, aceptó la convocatoria que se le hiciera y se constituyó el citado tribunal en Juzgado Accidental. En esa misma fecha, la mencionada Juez Accidental declaró con lugar la inhibición propuesta por la Juez Judith Parra Bonalde y se abocó al conocimiento de la causa.
El 21 de marzo de 2000, el Juzgado Accidental Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y de Estabilidad Laboral del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar admitió la acción de amparo constitucional, ordenó citar a los presuntos agraviantes, ciudadanos Richard J. Sierra y Carlos Vallee León, en su condición de titulares del Juzgado de Municipio Heres y Raúl Leoni y Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la mencionada Circunscripción Judicial, respectivamente, así como a la ciudadana Amada Palma de Mancini. En dicha decisión se negó la medida cautelar innominada que había sido solicitada.
Celebrada la audiencia oral y pública en fecha 24 de marzo de 2000, el mencionado Juzgado Superior (Accidental) mediante sentencia de fecha 29 de marzo de 2000 declaró improcedente la acción.
II
DE LA PRETENSIÓN DEL RECURRENTE
1. Alega:
1.1. Que en fecha 25 de febrero de 1999, el Juzgado de los Municipios Heres y Raúl Leoni de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar admitió la demanda interpuesta por la ciudadana Amada Palma de Mancini contra la empresa LICORERÍA EL BUCHÓN, C.A. por cumplimiento de contrato de arrendamiento.
Que en fecha 8 de marzo de 1999, el Alguacil del referido Juzgado consignó la compulsa con la orden de comparecencia, sin la firma del representante de la demandada, por cuanto éste se negó a firmar y en la que se le ordena contestar la demanda en el vigésimo día. En esa misma fecha dicho Juzgado ordenó al Secretario que librara boleta de notificación para cumplir con el contenido del artículo 218 del Código de Procedimiento Civil; boleta que fue expedida el 25 de febrero de 1999, donde igualmente se le notifica a la demandada que debe comparecer a dar contestación a la demanda en el vigésimo día.
Que, no obstante lo anterior, consta al folio 25 del expediente otra boleta de notificación, suscrita por el Secretario del Tribunal, que al vuelto deja constancia de haber cumplido con el artículo 218 eiusdem, ya que el día 8 de marzo de 1999, fijó la boleta de notificación en la puerta de la empresa mercantil LICORERÍA EL BUCHÓN, C.A., por cuanto el ciudadano HUMBERTO NOLASCO CENTENO FLORES, en su carácter de Presidente de la misma, no quiso recibirla. Igualmente deja constancia -alega el accionante- que fijó una copia de la referida boleta en la cartelera del tribunal. Con esta declaración del Secretario se violó el contenido del artículo 218 en el sentido de que el secretario tenia (sic) la OBLIGACIÓN POR LEY DE ENTREGAR A ALGUNA PERSONA QUE ALLÍ SE ENCUENTRE, AUNQUE NO SEA EL RECEPTOR DE LA CORRESPONDENCIA. OJO (sic) LA PALABRA ENTREGARÁ DENOTA UN SIGNIFICADO DISTINTO Y ALGO MÁS QUE DEJARÁ.
Que la parte demandada en el término de un día no dio contestación a la demanda, es decir, no compareció ni por si ni por medio de apoderado alguno, continuando el juicio sin la presencia del demandado, dictándose sentencia de la cual se apeló, conoció en alzada el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.
Que la sentencia de primera instancia estableció que habiendo constancia en las actas procesales de que la parte demandada no dio contestación a la demanda, ni promovió pruebas, se cumplían los requisitos procesales para que operase la confesión ficta y que, además, el confeso no promovió prueba alguna. Así, bajo la consideración de que la pretensión de la parte actora no era contraria a derecho declaró con lugar la demanda por cumplimiento de contrato de arrendamiento y ordenó pagar la cantidad de treinta mil bolívares (Bs. 30.000,00) diarios como indemnización de daños y perjuicios a partir del 1º de enero de 1999 hasta la definitiva entrega del inmueble. Asimismo, se condenó en costas a la parte perdidosa por haber sido totalmente vencida.
1.2. Que mediante diligencia del 4 de agosto de 1999 apeló de la sentencia dictada por el mencionado Juzgado de Municipio, por cuanto le fue vulnerado el derecho a la defensa contenido en el artículo 68 de la Constitución (derogada).
1.3. Que en la oportunidad de los informes de segunda instancia expuso que la legalidad es el principio rector de la función jurisdiccional, ordenando el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil el deber de procurar la estabilidad de los juicios evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Además señaló que:
1.3.1 Del expediente se evidencia que sólo se le otorgó un (1) día para que diera contestación a la demanda que temerariamente se había ejercido en contra de su representada y así me informó en la Boleta de Notificación que me presento (sic) el Alguacil del tribunal, es decir me cercenaron y robaron diecinueve (19) días para poder ejercer el sagrado derecho a la defensa y al debido proceso.
1.3.2. Que tratándose de un juicio ordinario, conforme a lo previsto en los artículos 344, 346 y 359 del Código de Procedimiento Civil el lapso para contestar la demanda u oponer cuestiones previas es de veinte (20) días, reduciéndole en el caso de autos a un solo día, o según el horario del tribunal a seis horas, conforme consta en la boleta de notificación, lo que logró que operara una especie de confesión al no poder contestar la demanda dentro de las seis horas, por estar impedido de salud.
1.3.3. Que la anterior situación viola el sagrado derecho a la defensa y al debido proceso, previstos en el artículo 68 de la Constitución (derogada) en concordancia con el artículo 213 del Código de Procedimiento Civil, por lo que pidió al mencionado Juzgado Primero de Primera Instancia que declarara la nulidad absoluta de todos los actos procesales ocurridos en la aludida causa hasta la etapa de la admisión de la demanda.
1.4. Que el mencionado Juzgado Primero de Primera Instancia observó que, ciertamente, se ordenó la citación del representante legal de la empresa demandada para que compareciera en el vigésimo día de despacho, entre las 08:00 a.m. y 02:00 p.m., a fin de darle contestación a la demanda, con lo cual se violó lo previsto en el encabezado del artículo 344 del Código de Procedimiento Civil; sin embargo, -observó dicho juzgado- no es cierto que se le restaron diecinueve días a la parte demandada y se le redujera a un día el lapso para contestar la demanda y oponer las cuestiones previas, ya que esta exagerada afirmación habría podido ser cierta si el referido auto de admisión hubiere fijado el primer día de despacho siguiente a la citación para que tuviera lugar el acto de contestación de la demanda. Además, en cuanto a la supuesta enfermedad ello constituye un hecho nuevo que bien puede ser alegato (sic) y probado por la parte confesa en la oportunidad probatoria de conformidad con el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil y no habiendo sido así tal afirmación resulta irrelevante.
Que -según se afirma en dicho fallo- en ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado, y que al haber practicado el Juez la citación -según boleta que fuera fijada en el local comercial donde funciona la empresa demandada como en la cartelera del propio tribunal- con fundamento en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, corrigió el vicio procesal, esto es: no dejó de cumplirse en el terreno de la citación ninguna irrealidad esencial a su validez; la acción se cumplió debidamente, la boleta de notificación en la cual se contenía el emplazamiento categóricamente estableció que el notificado Humberto Nolasco Centeno Flores representante legal de la demandada Licoreria dentro de los VEINTE (20) DIAS de despacho a la fijación y consignación de la presente Boleta de Notificación en horas comprendidas de ocho de la mañana a dos de la tarde a fin de dar contestación a la demanda. (sic)
Que -según se indica en dicho fallo- por fuerza de esa boleta de notificación, por su fijación y consignación no sólo se corrigió el vicio procesal sino que la demandada quedó debidamente citada alcanzando el acto el fin para el cual fue destinado, quedando trabada la litis, a derecho las partes para ejercer el debido control sobre el expediente y su procedimiento. Este control no fue ejercido por la parte demandada quien siempre se negó a firmar las boletas del tribunal, tanto la de su citación personal como la quenta (sic) de que se había dictado una sentencia, por lo que -estimó dicho Juzgado- no existe el vicio procesal denunciado, y no se le cercenó el derecho a la defensa a ninguna de las partes en el proceso.
Que -continúa- al no existir vicios de nulidad en el proceso no puede haber materia que permita una reposición; que la demandada apeló de la sentencia definitiva sin invocar la nulidad de la misma, conforme está pautado en el artículo 209 eiusdem y que la sentencia apelada contiene todos los requisitos establecidos en el artículo 243 ibidem y no fueron denunciados ni existen en el expediente los supuestos que acarrean la nulidad de una sentencia.
1.5. Que: con la existencia de la decisión dictada por el Juzgado de los Municipios Heres y Raúl Leoni del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar en fecha 07 de Julio de 1.999, (...) así como también la decisión del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Transito (sic) del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar en fecha 31 de Enero del 2.000... se violentaron a su representada los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso y se amenaza de violación los derechos a la propiedad, a la libertad económica y al trabajo.
2. Denuncia la violación del derecho a la defensa y al debido proceso, previsto en la disposición contemplada en el artículo 49 de la Constitución de la República, por cuanto el acto procesal por el cual alegan haberse cumplido con el contenido del artículo 218 es nulo y no pudo haber sido tomado en cuenta por el Juez revisor de la Sentencia del Juzgado A-quo.
En tal sentido señala la parte actora que:
Ahora bien, el objeto o fundamento del porque (sic) el Juzgado que conoció de la Apelación; ratificó la sentencia fue el hecho de que consta al folio 25 una supuesta Boleta de notificación del secretario del Tribunal A Quo que dejo (sic) fijada presuntamente a las puertas de la empresa demanda (sic), en vez de ENTREGARCELA (sic) a alguien como lo exige el Código, donde en su criterio se subsano (sic) el vicio de orden Público DONDE TANTO EN EL AUTO DE ADMISIÓN DE LA DEMANDA, COMO EN LA ORDEN DE COMPARECENCIA, EN EL AUTO DEL TRIBUNAL QUE ORDENA EXPEDIR POR SECRETARÍA LA BOLETA DE NOTIFICACIÓN Y EN LA PROPIA boleta de notificación cursante a los folios 17, 19 y 24 respectivamente, SE LE CONCEDIÓ ESCASAMENTE A MI REPRESENTADA UN SOLO DÍA PARA DAR CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, en el sentido que en todos los actos procesales mencionado (sic) se le informó al demandado que debía dar contestación a la demanda AL VIGESIMO DÍA EXACTO Y NO DENTRO DE LOS VEINTE DÍA LUEGO DE CITADO. Al PARECER (sic) el Juez revisor no se dio cuenta, que el secretario no cumplió a cabalidad con lo establecido en la Ley al no identificar la persona a que le entregó esta Boleta para darles (sic) credibilidad a tal acto procesal como lo ordena el contenido del artículo 218, es decir, no basta que el secretario diga que el demandado se negó a recibir la Boleta sino que es necesario ENTREGAR LA BOLETA a alguien quien debe ser identificado aunque no sea el propio demandado....
3. Pide:
...se deje sin efecto las decisiones que Ordenó el Desalojo de inmueble donde tiene su sede mi representada y en consecuencia este Juez Constitucional una vez decretado Con Lugar la presente acción de amparo tome todas las medidas que considere a los fines de que le sea restituidos los derechos y garantías constitucionales denunciados como violados (sic).
De conformidad con lo previsto en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil solicitó medida cautelar innominada, a fin de que se ordene la suspención (sic) de la ejecución del Juicio contenido en el expediente 14.237-99 de la enumeración que al efecto lleva el Tribunal Primero de los Municipios Heres y Raul (sic) Leoni, es decir, la suspeción (sic) de la ejecución de la sentencia que en fecha siete días del mes de julio recayó en el expediente señalado, dictada por el Juzgado Primero de Municipio Heres y Raúl Leoni del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, hasta tanto sea decidido el presente Amparo Constitucional (sic).
III
DE LA COMPETENCIA DE LA SALA
Visto que, con fundamento en las disposiciones previstas en los artículos 266, numeral 1, y 335 de la Constitución de la República y en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala se declaró competente para conocer de los recursos de apelación y consultas que se ejerzan contra las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo el caso de las que pronuncien los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Y visto que, en el caso de autos, el recurso de apelación fue ejercido contra la sentencia dictada, en materia de amparo constitucional, por el Juzgado (Accidental) Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y de Estabilidad Laboral del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, esta Sala se declara competente para conocer del recurso en referencia. Así se decide.
IV
DE LA SENTENCIA RECURRIDA EN APELACIÓN
El juez de la recurrida decidió sobre la pretensión de amparo en los términos siguientes:
Por los razonamientos antes expuestos, fué declarado IMPROCEDENTE LA ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL, intentado en contra de las sentencias dictadas por los Juzgados Primero de Municipio de los Municipios Heres y Raúl Leoni, y el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario, de éste Circuito Judicial, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley.-
Se condena en costa al recurrente, por haber sido totalmente vencido.-. (sic)
A juicio del juez de la recurrida, de autos se evidencia que en el procedimiento seguido por el Juzgado de los Municipios Heres y Raúl Leoni del Primer Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar se le dieron al recurrente todas las oportunidades para se hiciera parte en el juicio que por cumplimiento de contrato intentara en su contra la ciudadana Amada Palma de Mancini.
Que: ciertamente hubo un vicio en la admisión de la demanda, pero que el mismo, se subsanó, cuando le fuera librada la boleta de notificación, por cuanto se negó a firmar la compulsa presentada por el Alguacil, y en el momento en que el Secretario, fué (sic) a entregarle la boleta de notificación, el demandado, se negó a recibirla y no le quedó otra alternativa que fijarla en la puerta de la empresa, cumpliéndose con ello el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, y en dicha boleta se establecìa (sic) que debìa (sic) comparecer ante el Tribunal dentro de los 20 dìas (sic) siguientes a dicha entrega, para que diere constestaciòn (sic) a la demanda.
Que el recurrente contumaz, al no presentarse para defenderse y oponer todas las defensas a que a bien tuviera, precluyéndole los lapsos procesales, incurrió en confesión ficta. Tuvo ademàs (sic) otra oportunidad, para solicitar la nulidad de las actuaciones, en el momento que concurre al Tribunal a apelar de la sentencia definitiva dictada por el a-Quo, en el juicio.
Que el anterior razonamiento se fundamenta en los artículos 206, 209, 212 y 213 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto la citación alcanzó el fin para el cual estaba destinada, que era enterar al demandado, LICORERÍA EL BUCHÓN, C.A., que en su contra se había intentado una acción por cumplimiento de contrato de arrendamiento, por ante el mencionado Juzgado de Municipio.
Que conforme al artículo 257 de la Constitución vigente -que establece que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales- lo fundamental en un procedimiento es la citación y la misma se cumplió cuando el demandado se negó a firmar la compulsa junto con el recibo presentado por el Alguacil, conforme el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, por lo que, esta norma de orden público no fue violada, en consecuencia ni su derecho a la defensa, ni el debido proceso.
Que con respecto a las amenazas de violación de los derechos a la propiedad, al trabajo y a la libertad económica -estimó el juez de la recurrida- que éstas no fueron demostradas ni en los alegatos ni en las pruebas, por lo que los jueces, al momento de dictar sentencia, debemos atenernos a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hechos, por tal motivo, conforme al artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, se desestima tal alegato, por no haber sido probado en forma legal ante ésta Instancia.
V
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
En el caso de autos el ciudadano HUMBERTO NOLASCO CENTENO FLORES, actuando en su propio y nombre y en representación de la sociedad mercantil LICORERÍA EL BUCHÓN, C.A., intentó acción de amparo constitucional contra dos sentencias, a saber: la dictada en fecha 7 de julio de 1999 por el Juzgado de los Municipios Heres y Raúl Leoni de la mencionada Circunscripción Judicial y la emanada en fecha 31 de enero de 2000 por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de esa Circunscripción Judicial, por considerar que en ambos fallos se habían lesionado sus derechos a la defensa y al debido proceso, previstos en el artículo 68 de la derogada Constitución y 49 del Texto Constitucional vigente, por cuanto se le acortó -en su criterio- el lapso para dar contestación a la demanda que por incumplimiento de contrato de arrendamiento intentara la ciudadana Amada Palma de Mancini contra la referida sociedad mercantil.
El Juez de la recurrida admitió la acción de amparo constitucional, la tramitó de conformidad con el procedimiento establecido por esta Sala en sentencia del 1º de febrero de 2000, caso José Amado Mejía Betancourt y otros, y la declaró improcedente por considerar que no existe lesión de los pretendidos derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, agregando que igualmente resultaba improcedente la denuncia de amenaza de violación de los derechos constitucionales a la propiedad, trabajo y libertad económica, por no haber señalado el accionante en qué forma se causó la trasgresión de los mismos, ni probado que tal amenaza hubiese ocurrido, esto es, se limitó únicamente a señalar que habían sido violados.
Al respecto, esta Sala observa, del análisis de los elementos que conforman el expediente, que el ciudadano HUMBERTO NOLASCO CENTENO FLORES, asistido por el abogado José Ángel Salazar, apeló de la decisión dictada en primer grado de jurisdicción por el mencionado Juzgado de Municipio, alegando la violación del derecho a la defensa, contenido en el artículo 68 de la Constitución (derogada) y desarrollado en el Código de Procedimiento Civil (folio 60 del expediente).
El Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la mencionada Circunscripción Judicial consideró que no hubo la alegada violación constitucional a los derechos a la defensa y al debido proceso, puesto que el acto de notificación para la contestación de la demanda cumplió el fin para el cual estaba destinado, quedando trabada la litis y a derecho las partes. En consecuencia, declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó en todas sus partes el fallo dictado por el Juzgado de los Municipios Heres y Raúl Leoni de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.
En virtud de lo anterior el ciudadano HUMBERTO NOLASCO CENTENO FLORES intentó, por ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y Estabilidad Laboral de dicha Circunscripción Judicial, acción de amparo constitucional no sólo contra la sentencia emanada del referido Juzgado de Primero de Primera Instancia sino -también- contra el fallo dictado por aludido Juzgado de Municipio, planteando en dicha acción de amparo -que ahora revisa esta Sala en apelación-, nuevamente, la violación de sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, argumentando las mismas razones de hecho y de derecho que le fueron expuestas al Juez Primero de Primera Instancia, que conocía -en segundo grado de jurisdicción- de la apelación intentada contra la sentencia presuntamente lesiva a los derechos constitucionales del accionante.
A este respecto, esta Sala ha señalado que la acción de amparo contra actuaciones judiciales, contenida en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es un mecanismo especial de protección constitucional que surge cuando el juez, actuando fuera de su competencia, lesiona un derecho o garantía constitucional y no como un mecanismo para que el juez de alzada del que dictó la decisión conozca, nuevamente, de los vicios que mediante el recurso ordinario de apelación fueron alegados. Es decir, sólo procede el amparo, conforme el citado artículo 4, contra las sentencias que dicten los tribunales en segundo grado de jurisdicción, cuando se denuncien violaciones a derechos o garantías constitucionales no juzgadas en cualquiera de las dos instancias.
En el caso de autos el recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de los Municipios Heres y Raúl Leoni de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar -de la cual conoció el Juzgado Primero de Primera Instancia de esa Circunscripción Judicial- se fundamentó en las mismas razones alegadas en la acción de amparo contra el fallo del último de los mencionados Juzgados, del cual conoció el Juzgado Superior (Accidental) en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y de Estabilidad Laboral del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a saber, en la violación del derecho a la defensa y al debido proceso por cuanto se redujo a un solo día -según se alegó- el lapso de contestación a la demanda por incumplimiento de contrato de arrendamiento.
Por tanto, al haberse planteado tanto al juez de alzada ordinario como al juez constitucional las mismas razones para declarar la nulidad de la sentencia dictada por el juez de primera instancia, esta Sala estima que la presente acción de amparo, intentada por el ciudadano HUMBERTO NOLASCO CENTENO FLORES, actuando en su propio nombre y en su condición de Presidente de la sociedad mercantil LICORERÍA EL BUCHÓN, C.A., pretendiendo que el Juez de amparo actuase como una tercera y cuarta (en el caso de esta Sala) instancia respecto de su pretensión de nulidad, lo cual resulta improcedente. Así se decide.
En consecuencia, procede la confirmatoria del fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y de Estabilidad Laboral del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, pero por las razones expuestas en el presente fallo.
VI
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la acción de amparo constitucional ejercida por HUMBERTO NOLASCO CENTENO FLORES, actuando en su propio nombre y en su condición de Presidente de la sociedad mercantil LICORERÍA EL BUCHÓN, C.A., contra la sentencia, de fecha 31 de enero de 2000, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de esa Circunscripción Judicial y, en consecuencia, CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Superior (Accidental) en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y de Estabilidad Laboral del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 29 de marzo de 2000, en los términos expuestos. En consecuencia, declara SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por el prenombrado ciudadano, en fecha 30 de marzo de 2000, contra la citada sentencia.
Se confirma la condenatoria en costas al accionante por haber sido totalmente vencido en juicio.
Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la ciudad de Caracas, a los 06 días del mes de FEBRERO de dos mil uno. Años: 190º de la Independencia y 141º de la Federación.
El Presidente,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO
Magistrado
ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA
Magistrado
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Magistrado-Ponente
El Secretario,
JOSE LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH/fs/sn.-
Exp. No. 00-1301
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