Venley

Sentencia N.º 1278

Sentencia
N.º 1278
Fecha
17/06/2005
Sala
Constitucional
Expediente
01-2306
Ponente
Arcadio Delgado Rosales
Procedimiento
Recurso de Interpretación

SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADO PONENTE: ARCADIO DELGADO ROSALES

 

 

El 9 de marzo de 2005, los abogados Adriana Vigilanza García, Yeitter Urdaneta Carroz y Luis Querales, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nº 23.901, 46.645 y 25.780, respectivamente, en representación del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, solicitaron ACLARATORIA de la sentencia del 4 de marzo de 2004, registrada bajo el Nº 285 y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.700 del 21 de abril de ese mismo año, por la cual esta Sala  resolvió los recursos de interpretación respecto de los artículos 156, 180 y 304 de la Constitución, planteados por el Municipio Simón Bolívar del Estado Zulia y por las empresas BJ Services de Venezuela, C.A., Nimir Petroleum Venezuela B.V., Baker Hughes de Venezuela, S.A. y Servicios Halliburton de Venezuela, S.A.

En la misma oportunidad  se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Realizado el estudio del caso, pasa esta Sala a pronunciarse en los siguientes términos:

 

 

 

I

SOLICITUD DE ACLARATORIA

El fallo respecto del cual se solicita aclaratoria resolvió el recurso de interpretación respecto del alcance del poder tributario municipal en los casos en que:

1)      La actividad económica se desarrolle en o bajo las aguas, para lo cual se interpretó el artículo 304 de la Constitución; y

2)      La actividad económica esté sujeta a regulación del Poder Nacional, para lo cual se interpretaron los artículos 180 y 156 eiusdem.

En palabras de los propios peticionantes, su “solicitud de aclaratoria está circunscrita a que ese Supremo Tribunal diga de manera expresa si el criterio interpretativo que surgió del fallo de fecha 03 (sic) de marzo de 2004, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 5.700, del 21 de abril de 2004, implica una suspensión en el tiempo de los Artículos 304 y Artículos 180, en conjunción con el Artículo 156 de ese Texto Fundamental, de manera que estos serían aplicables sólo a partir de la publicación del fallo en Gaceta Oficial y no a partir de la entrada en vigencia de la Constitución”.

Para justificar la solicitud, se expuso en el escrito presentado ante la Sala lo siguiente:

-                     Que “aunque pueda parecer obvio que los Artículos de la Constitución son de aplicación inmediata con la publicación del texto Constitucional, tal como ocurre con las normas legales”, en especial “porque no se trata en ninguno de los tres casos de normas de aquellas llamadas ‘programáticas’ ni que requieran un especial desarrollo normativo, es el caso que han surgido diferencias de criterio en relación con la aplicación temporal del criterio interpretativo producido por esa Sala Constitucional”.

-                     Que, en concreto, se ha generado la duda acerca del momento a partir del cual los municipios pueden exigir el impuesto a las actividades económicas respecto del caso que dio lugar al fallo (el ejercicio de actividades relacionadas con la industria de los hidrocarburos en aguas del Lago de Maracaibo).

-                     Que se ha entendido que sólo a partir del 21 de abril de 2004, fecha de publicación del fallo en la Gaceta Oficial de la República, los Municipios están en capacidad para gravar esa actividad  y no a partir de la entrada en vigencia de la actual Constitución.

-                     Que esa nueva situación de incertidumbre “vaticina, una vez más, perjuicios serios a las Haciendas Municipales y también, una nueva discriminación entre contribuyentes”.  Al efecto, recordaron los solicitantes que los Municipios, desde hace tiempo, han tenido que incurrir en gastos para exigir el tributo, porque la interpretación tradicional, que rechazó esta Sala en el referido fallo del 4 de marzo de 2004, les negaba poder tributario sobre las actividades mencionadas.

-                     Que incluso la situación es más grave, pues ni siquiera sería el 21 de abril de 2004 la fecha que se tomaría en cuenta a efectos del inicio del período de pago por parte de los contribuyentes, sino el 1º de enero de 2005, ello en virtud de que existe un principio general de Derecho Tributario, recogido por el artículo 8 del Código Orgánico Tributario, según el cual “cuando se trate de tributos que se determinen o liquiden por períodos, las normas referentes a la existencia o a la cuantía de la obligación tributaria regirán desde el primer día del período respectivo del contribuyente que se inicie a partir de la fecha de entrada en vigencia”.

-                     Que sería “tremendamente injusto” para los municipios sostener que sólo con el fallo interpretativo (y su publicación) se inicie efectivamente su poder tributario para ese caso concreto, pues ello significaría hacer depender de una sentencia la vigencia de la Constitución, lo que constituiría "un verdadero contrasentido”, máxime cuando los propios jueces contencioso-tributarios, desde el 1º de enero de 2000 (fecha en que empezó a regir la Constitución) podían haber aplicado directamente la Constitución (luego interpretada por la Sala) y haber desechado por sí mismos la interpretación “sesgada” que negaba a los entes locales recaudar lo que en derecho les corresponde.

-                     Que un retraso en la aplicación de las normas constitucionales constituiría, además, un premio a los contribuyentes que desconocieron el poder tributario local, que les colocaría en ventaja frente a aquellos que sí entendieron que existía una obligación tributaria que satisfacer y en efecto pagaron sus deudas desde el año 2000.

-                     Que no sólo sería un premio a esos contribuyentes, sino un peligro para los entes locales, pues las personas que sí pagaron (porque tenían una obligación y lo habían reconocido así) podrían ahora tener la intención de solicitar reintegros de tributos correspondientes a los años 2000, 2001, 2002, 2003 y parte del 2004, a fin de colocarse en igualdad con quienes no los pagaron y que ahora afirman estar obligados sólo a partir del 21 de abril de 2004.

-                     Que la propia Sala Constitucional sostuvo, en el fallo cuya aclaratoria se pide, que las normas constitucionales que fueron interpretadas eran suficientemente claras y que sólo era necesaria su intervención debido a que se presentó en la doctrina y en la jurisprudencia nacionales un debate sobre su alcance.

-                     Que si las normas eran “tan claras” como declaró la propia Sala, sería inaceptable que su aplicación dependa de la sentencia recaída con ocasión de un recurso que sólo fue necesario por la insistencia de los contribuyentes en no pagar su obligación, al punto de poderse ello catalogar como un “fraude a la Constitución” y “un fraude procesal”.

-                     Que tampoco es aceptable entender que de un recurso de interpretación y su sentencia dependa el derecho de los municipios ribereños del Lago de Maracaibo a obtener sus ingresos propios, mas aún cuando la Sala sostuvo que el artículo 180 de la Constitución se incluyó para “rechazar expresamente los dos argumentos principales para la negación de la tributación municipal”.

-                     Que no son sólo los Municipios los que se ven afectados, sino que los verdaderos "minusválidos jurídicos” serían sus habitantes, destinatarios últimos de los servicios que se prestan con los ingresos tributarios, con lo que se vulneraría la “solidaridad social” y se afectarían los fundamentos del Estado Social de Derecho.

 

II

CONSIDERACIONES SOBRE

LA TEMPESTIVIDAD DE  LA SOLICITUD

 

 

El artículo 252 del Código de Procedimiento Civil es la norma que se refiere a las solicitudes de aclaratoria y ampliación de sentencias. Si bien se refiere, como lo deja ver el texto en el que se ubica, a los procesos judiciales de naturaleza civil, es bien sabido que ese Código contiene disposiciones generales, aplicables a diversos procedimientos.

Se trata, en realidad, de la regla del Derecho Común, invocable incluso en las causas de las que conoce el Máximo Tribunal, en virtud de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, según el cual “las reglas del Código de Procedimiento Civil regirán como normas supletorias en los procedimientos que cursen ante el Tribunal Supremo de Justicia”.

En ese artículo 252 del Código de Procedimiento Civil se lee:

“Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.

Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente”.

 

Como se observa, es clara la norma al fijar un plazo, brevísimo en aras de la seguridad jurídica, para hacer las solicitudes de aclaratoria y ampliación de sentencias: debe hacerse en el día de la publicación del fallo o al día siguiente. Cualquier solicitud posterior será extemporánea y así lo ha decidido invariablemente la Sala. Además, de la norma transcrita se desprende que no cualquier persona puede formular la solicitud de aclaratoria o de ampliación: sólo las partes pueden hacerlo, y también esta Sala lo ha repetido en su constante jurisprudencia al respecto.

Ahora bien, la aplicación de reglas como la contenida en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil a los procesos como el de autos debe tratarse con extremo cuidado, pues el recurso de interpretación tiene unas características que impiden asimilarlo a una simple controversia entre partes, que es el ámbito normal de la referida disposición.

De hecho, ya esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la inaplicabilidad del lapso previsto en el artículo transcrito para el caso de las acciones por derechos o intereses difusos o colectivos, pese a que en ellas sí existe controversia, tomando en cuenta la generalidad del alcance del fallo, no limitado a las partes del proceso.

La Sala lo estableció así en la aclaratoria, del 24 de mayo de 2002 (sentencia Nº 961), a su decisión del 24 de enero de ese mismo año (sentencia Nº 85), sobre el conocido caso de los créditos llamados indexados o mexicanos. En esa aclaratoria –la segunda de la referida sentencia- se lee: 

“En los procesos surgidos de acciones por derechos o intereses difusos o colectivos, las sentencias que se dicten surten efectos a favor o en contra de todo el mundo y no sólo a favor o en contra de los que efectivamente se constituyen en partes dentro del proceso.

La situación especial que nace de estos fallos, con sus efectos directos e indirectos hacia personas que pueden no haber participado en las causas donde ellos se dictaron, y que pueden verse perjudicadas a pesar de no haber sido formalmente partes, obliga a una interpretación amplia del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, aplicable como norma general a los juicios que se instruyen conforme a las reglas de dicho Código.

Para los ajenos al proceso donde se emitió el fallo, quienes se encuentran en una concreta situación que por falta de alegatos no fue tomada en cuenta al juzgarse la pretensión, pueden surgir puntos dudosos en la sentencia referidos a su particular situación, y debido a esa posición pueden requerir de ampliaciones del fallo, ya que -repite la Sala- la especial situación de los afectados, que no se dio a conocer en autos, puede no haber sido considerada en el fallo, y por tanto no ser precisa con relación a quienes no concurrieron al juicio. Siendo ello así, considera la Sala que el lapso preclusivo para pedir las aclaraciones y ampliaciones contemplado en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, no puede aplicarse estrictamente en las causas donde se ventilan derechos e intereses difusos o colectivos, evitando así la Sala que la preclusión se convierta en un atentado a la justicia eficaz, responsable y equitativa que con relación a esos terceros les garantiza el artículo 26 constitucional. Por ello, considera la Sala que, en estos casos, no se aplica el término del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, ni para solicitar la aclaración o ampliación, ni para que el Tribunal la provea.

En estos supuestos, y casuísticamente, conforme a lo que aprecie el Tribunal como necesidad de las partes y los afectados por la sentencia, las aclaratorias y ampliaciones podrán interponerse antes que se ejecute efectivamente la sentencia. Se trata de una peculiaridad de esta clase de procesos que incluye ampliaciones dirigidas a partes o a terceros que no asistieron al juicio, pero cuya colaboración puede, incluso, ser necesaria para que la sentencia dictada sea idónea y equitativa, y la tutela efectiva de los derechos e intereses difusos o colectivos se adapte al Estado Social de Derecho y de Justicia que impera en la República (artículo 2 constitucional).

Ahora bien, el derecho que reconoce la Sala no es un derecho que pueda ser utilizado por las personas en forma excesiva, ya que, así como la teleología del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil fue limitar el derecho a pedir la aclaratoria o la ampliación, dentro de un lapso reducido, esta necesidad de restricción de la oportunidad rige en la institución y de allí que la Sala considere que una vez efectuada la petición, ella agota el derecho, y así se declara”.

 

Lo anterior es predicable también, incluso con más razón, para el caso del recurso de interpretación constitucional, pues es sabido que a través de éste se pretende la fijación, con carácter erga omnes, del sentido y alcance de una disposición contenida en el Texto Fundamental.

Es evidente que son muchos los interesados en un caso así, aunque no hubieran hecho la solicitud inicial ni se hubieran jamás incorporado al proceso. El fallo, al momento de iniciar su aplicación, puede generar problemas de orden práctico que la Sala no puede ignorar. No puede, en consecuencia, limitarse las peticiones de aclaratoria y ampliación de fallos interpretativos al breve lapso previsto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil.

No se trata de una desaplicación de la norma para el caso concreto, pues  no hay inconstitucionalidad del dispositivo. Simplemente, el referido artículo 252 no aplica al recurso de interpretación, en lo referido al lapso, ya que no se corresponde con la naturaleza de la acción y de las sentencias interpretativas.

Debe recordarse que el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal  Supremo de Justicia remite al Código de Procedimiento Civil, pero que el recurso a ese texto sólo será correcto cuando sea compatible con lo juzgado por el Alto Tribunal. Un Código pensado para regular controversias inter partes puede ser muy útil en ciertos casos en los que no existe contienda, pero ser del todo inadecuado en otros supuestos, como el de autos.

Se ha visto además que el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil exige que la aclaratoria o la ampliación la solicite una parte del proceso. Ya se ha indicado que en casos como el de autos ello no es correcto, al igual que no lo es la exigencia del corto plazo. Ahora, lo que sí es obligatorio es que el solicitante tenga un interés.

En efecto, así como se exige un interés, derivado de un caso concreto, para admitir el recurso de interpretación, debe también requerirse para pedir aclaratorias, correcciones o ampliaciones a lo decidido.

Citando de nuevo el caso de los créditos indexados, esta Sala -en su primera aclaratoria, de fecha 21 de febrero de 2002 (sentencia Nº 314)- declaró que el solicitante, el Banco Central de Venezuela, tenía interés por ser destinatario de algunos de los mandatos de la sentencia. Textualmente se indicó que:

“En primer lugar, esta Sala debe determinar la cualidad del Banco Central de Venezuela para realizar la solicitud de aclaratoria, y a tal efecto considera que, por tratarse de una decisión en materia de derechos e intereses difusos o colectivos, la cual posee efectos erga omnes, y a su vez, en los numerales sometidos a aclaratoria del fallo dictado por esta Sala el 24 de enero de 2002, se hace clara alusión a una serie de mandatos los cuales deben ser realizados por el ente solicitante, esta Sala estima que el Banco Central de Venezuela posee la cualidad y el interés necesarios para pedir la aclaratoria y actuar en el presente caso, y así se declara”.

 

En el caso de autos es obvio el interés: el Municipio Maracaibo del Estado Zulia está en la misma situación del recurrente original, el Municipio Simón Bolívar de esa entidad federal. Sus representantes judiciales han expuesto ante la Sala, suficientemente, cuáles son los problemas que afronta ese municipio con las nuevas dudas acerca del momento en que se hacen exigibles las normas constitucionales interpretadas en el fallo del 4 de marzo de 2004.

Por lo expuesto, la Sala resolverá la solicitud presentada por los representantes judiciales del Municipio Maraciabo del Estado Zulia, la cual tendrá como consecuencia una ampliación del fallo del 4 de marzo de 2004, a objeto de precisar los efectos de la decisión. Así se declara.

III
ACLARATORIA DEL FALLO

 

En la sentencia cuya aclaratoria ha sido solicitada se resolvió el recurso de interpretación interpuesto por el Alcalde del Municipio Simón Bolívar del Estado Zulia, asistido por la abogada Adriana Vigilanza García, y por las empresas BJ Services de Venezuela, C.A., Nimir Petroleum Venezuela B.V., Baker Hughes de Venezuela, S.A. y Servicios Halliburton de Venezuela, S.A., representadas por el abogado Rafael Chavero Gazdik, respecto de los artículos 156, 180 y 304 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El recurso original fue interpuesto por el Alcalde del Municipio Simón Bolívar del Estado Zulia, al que posteriormente se le acumuló el presentado por las mencionadas empresas, si bien cada parte defendía posiciones antagónicas respecto de las mismas normas: el Alcalde del Municipio Simón Bolívar pretendía que se declarase que ni la demanialidad nacional ni las competencias reguladoras nacionales sobre las aguas implicaban la pérdida del poder tributario municipal, mientras que las empresas pretendían justo lo contrario: que se declarase que son esas dos razones las que hacen que los Municipios careciesen de poder impositivo sobre las actividades económicas desarrolladas en o bajo las aguas.

En el propio fallo del 4 de marzo de 2004, destacó la Sala que “mayor justificación de un recurso de interpretación es difícil de hallar, sin dejar de lado que la actividad que está en el fondo de la controversia es la de la industria de los hidrocarburos, base de la economía nacional”. Se trataba, sin duda, de un caso de relevancia, lo que queda una vez más demostrado por la presente solicitud.

La Sala, en la sentencia del 4 de marzo de 2004, analizó con cuidado las disposiciones en cuestión y resolvió la interpretación de la siguiente manera:

 

“1) La declaratoria de las aguas como bienes del dominio público de la Nación, realizada por el artículo 304 de la Constitución, debe ser interpretada en el sentido de que Nación es sinónimo de República.

2) Esa declaratoria de demanialidad no tiene efecto alguno sobre las potestades tributarias que puedan corresponder a los entes político-territoriales, por lo que no puede servir de base para excluir de la imposición municipal a las actividades económicas que se desarrollen en o bajo las aguas. Tal declaratoria sólo tiene como consecuencia la aplicación a las aguas del régimen legal del dominio público.

3) Debe ser entendido como principio general que las competencias enumeradas en el artículo 156 de la Constitución, atribuidas al Poder Nacional, sólo pueden ser consideradas de manera restrictiva, por lo que no puede presumirse poder tributario alguno por el hecho de que el Poder Nacional cuente con la atribución de regular determinado sector.

4) La primera parte del artículo 180 de la Constitución fue incluido en ese Texto Fundamental para dar por terminada la discusión doctrinal y jurisprudencial en torno al problema del poder tributario implícito en los casos en que se contemple un poder regulador. Esa primera parte del artículo 180, en consecuencia, sólo ha recogido lo que constituye un principio general y debe ser interpretado como la imposibilidad de presumir que una competencia reguladora nacional implica necesariamente un poder de tributación exclusivo sobre dicha actividad o materia. Los Estados y Municipios pueden, por tanto, dictar normas para exigir los tributos que constitucionalmente se les reconocen, aun en el caso de actividades cuya normación sustantiva corresponde al Poder Nacional”.

 

A continuación de esas declaraciones, la Sala ordenó, en virtud de que se había establecido una interpretación vinculante de normas constitucionales, “la publicación íntegra de este fallo en la Gaceta Oficial de la República, en cuyo sumario deberá indicarse: ‘Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, contentivo de la interpretación vinculante de los artículos 304, 156 y 180, primera parte, de la Constitución de la República’”.

Los solicitantes de la aclaratoria sostienen no tener dudas sobre el contenido del fallo –de hecho, la Sala acogió su interpretación, por considerarla la correcta-, pero sí sobre el alcance de la decisión. Para la parte peticionante, la solicitud “está circunscrita a que ese Supremo Tribunal diga de manera expresa si el criterio interpretativo que surgió del fallo de fecha 03 (sic) de marzo de 2004, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 5.700, del 21 de abril de 2004, implica una suspensión en el tiempo de los Artículos 304 y Artículos 180, en conjunción con el Artículo 156 de ese Texto Fundamental, de manera que estos serían aplicables sólo a partir de la publicación del fallo en Gaceta Oficial y no a partir de la entrada en vigencia de la Constitución”.

Como se expuso en el apartado correspondiente, para los solicitantes resulta obvio que “los Artículos de la Constitución son de aplicación inmediata con la publicación del texto Constitucional, tal como ocurre con las normas legales”, en especial “porque no se trata en ninguno de los tres casos de normas de aquellas llamadas ‘programáticas’ ni que requieran un especial desarrollo normativo”.

Sin embargo, admitieron los propios solicitantes que en el caso concreto se ha generado la duda acerca del momento a partir del cual los municipios pueden exigir el impuesto a las actividades económicas respecto del supuesto  que dio lugar al fallo: bien la fecha de entrada en vigencia de la Constitución (que es el criterio de los solicitantes), bien la fecha de publicación de la sentencia en la Gaceta Oficial (que es el criterio que ellos rechazan).

Al respecto se observa:

Debe la Sala, ante todo, recordar que las Constituciones modernas, entre ellas la venezolana, contienen auténticas normas de Derecho, por lo que no es posible hablar de disposiciones programáticas, salvo que así lo haya establecido expresa y claramente el Texto Fundamental. Así lo asentó, por ejemplo, en la sentencia del 4 de noviembre de 2003 (Nº 2884, caso: Oscar Figuera y otros contra Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo), al rechazar el argumento de la Procuraduría General de la República según el cual el artículo 90 de la Constitución de 1961 (96 de la actual) contenía una disposición programática (el artículo imponía el deber del Estado de favorecer “el desarrollo de las relaciones colectivas de trabajo” y establecer “el ordenamiento adecuado para las negociaciones colectivas”).

 En el caso de los  artículos 156, 180 y 304 de la Constitución de 1999 no es posible tampoco predicar ese carácter. Por el contrario, su lectura revela su naturaleza normativa: son previsiones de aplicación obligatoria e inmediata, sin necesidad alguna de desarrollo legislativo ni de declaraciones judiciales.

La determinación de la naturaleza normativa (vinculante) de las disposiciones constitucionales fue uno de los grandes avances del Derecho Público. De hecho, la jurisdicción constitucional –que esta Sala representa en el ordenamiento venezolano- sólo puede basarse en la afirmación del carácter normativo del Texto Fundamental. Sería imposible censurar al legislador en caso de que sus actos se aparten de la Carta Magna y, en consecuencia, anularlos, si no estuviera sometido a mandatos categóricos consagrados por el Constituyente.

Por supuesto, no toda disposición constitucional es de aplicación directa e inmediata. Las Constituciones son, entre otras cosas, textos en los que las sociedades jurídicamente organizadas regulan su estructura y funcionamiento, así como precisan el alcance de los derechos ciudadanos y de las potestades públicas, pero también son textos en los que se exponen los deseos de esa misma sociedad –a veces de difícil realización- y los medios que, para satisfacerlos, han ideado.

Las disposiciones constitucionales, por ello, son de muy diverso contenido. Rara vez se encontrarán disposiciones legales o sublegales que consistan en declaraciones de propósitos. En cambio, las Constituciones sí suelen incluir declaraciones de la más variada índole. Basta leer el Preámbulo que antecede a muchas de ellas, como es el caso venezolano, para confirmar este aserto.

Ahora, al ser la Constitución el documento en el que se reflejan los valores generalmente compartidos por la sociedad de que se trate, esas declaratorias de propósitos tienen un indudable valor, tanto para los órganos del Estado, que deben orientarse por ellas, como para los jueces, en especial esta Sala como máxima tutora judicial de la constitucionalidad. Los diversos cometidos que el Estado asume son órdenes que deben ser ejecutadas. De poco serviría un texto carente de vinculación para sus destinatarios: autoridades públicas y particulares.

Lo que sí resulta cierto es que, aunque pueda afirmarse que toda la Constitución contiene disposiciones que deben ser ejecutadas, no todas son de naturaleza idéntica: algunas son mandatos al legislador para que, haciendo uso de su libertad de apreciación y decisión, escoja los mecanismos más idóneos para dar satisfacción al propósito del Constituyente. Es el caso, precisamente, de las llamadas normas programáticas: aquellas que, inspiradas en un fin, prevén la necesidad de materializarlo, pero dejan su desarrollo al legislador, representante de la voluntad popular.

Una disposición programática no contiene un mandato directamente ejecutable por toda la colectividad: tiene destinatarios específicos, que deben desarrollarlo de manera tal que el propósito perseguido logre cumplirse. Antaño existió la tendencia a estimar como programáticas disposiciones que no lo eran, desconociendo su naturaleza. Hoy en día, en buena medida gracias a la interpretación del Máximo Tribunal, se deslindaron las disposiciones programáticas (mandatos al Legislador, por lo general) de las inmediatamente ejecutables por todas las autoridades públicas y los particulares.

La Sala destaca lo anterior porque, como bien expusieron los solicitantes de la aclaratoria, salvo en caso de disposiciones que requieran desarrollo legislativo, las normas constitucionales deben aplicarse desde que entran en vigencia, no siendo aceptable que queden en suspenso.

No es posible, así, desatender las normas del Texto Fundamental; con la intención de que ello no ocurra, la propia Constitución ha previsto un conjunto de instituciones y recursos dirigidos a garantizar su ejecución. El Constituyente ha tutelado su creación, por lo que en el caso venezolano existe incluso un Título entero dedicado a la “La protección de esta Constitución”.

Los peticionantes de la aclaratoria insisten en que no es posible sostener que los artículos 156, 180 y 304 de la Constitución estuvieron en suspenso hasta la fecha en que esta Sala fijó el criterio vinculante sobre su interpretación, sino que siempre debieron ser aplicados. Ello lleva a una conclusión: si, por un motivo cualquiera (confusión en la interpretación, por ejemplo), durante algún tiempo la norma no fue aplicada, lo correcto es que, una vez resuelto el problema, se declare que siempre existió la obligación, con todas las implicaciones que ello trae.

La consecuencia expuesta significa, para el caso concreto, que si bien durante algunos años no se pudieron recaudar ingresos fiscales a causa de una interpretación errada de las normas constitucionales, luego de la fijación de su sentido correcto debe darse cumplimiento a la obligación que siempre existió, así ello implique responder por tributos de períodos pasados.

La Sala entiende y comparte la preocupación de los solicitantes, pero debe hacer alguna matización, pues no todos los casos deben tratarse de igual forma. Observa al respecto:

Si bien todas las normas constitucionales son inmediatamente ejecutables, lo cierto es que no siempre están dadas las condiciones necesarias para dar certidumbre a la situación de que se trate. Inevitablemente existirán disposiciones ambiguas, oscuras, incluso en apariencia contradictorias con otras disposiciones de igual rango. La creación del Constituyente, como toda obra humana, está expuesta al riesgo de no ser todo lo clara que se espera.

Precisamente, por estar consciente de que las normas constitucionales en ocasiones requieren ser interpretadas, la Sala creó el recurso de interpretación del Texto Fundamental, al no figurar de manera expresa en su articulado. Así, en el fallo por el cual la Sala admitió por vez primera su competencia para conocer de recursos de tal naturaleza (Nº 1077, del 22 de septiembre de 2000, caso: Servio Tulio León) se enumeraron los supuestos que justifican su ejercicio:

“La interpretación vinculante que hace esta Sala, y que justifica la acción autónoma de interpretación constitucional, se refiere a los siguientes casos:

1. Al entendimiento de las normas constitucionales, cuando se alega que chocan con los principios constitucionales.

(…)

2.- Igual necesidad de interpretación existe, cuando la Constitución se remite como principios que la rigen, a doctrinas en general, sin precisar en qué consisten, o cuál sector de ellas es aplicable; o cuando ella se refiere a derechos humanos que no aparecen en la Carta Fundamental; o a tratados internacionales protectores de derechos humanos, que no se han convertido en leyes nacionales, y cuyo texto, sentido y vigencia, requieren de aclaratoria.

3. Pero muchas veces, dos o más normas constitucionales, pueden chocar entre sí, absoluta o aparentemente, haciéndose necesario que tal situación endoconstitucional sea aclarada.

(…)

4.- Pero entre los Tratados y Convenios Internacionales, hay algunos que se remiten a organismos multiestatales que producen normas aplicables en los Estados suscritores, surgiendo discusiones si ellas se convierten en fuente del derecho interno a pesar de no ser promulgadas por la Asamblea Nacional, o no haberlo sido por el antiguo Congreso de la República. En lo que respecta a la constitucionalidad de tales normas surge una discusión casuística, que debe ser aclarada por algún organismo, siendo esta Sala la máxima autoridad para reconocer su vigencia en el Derecho Interno.

5.- También se hace necesaria la interpretación a un nivel general, para establecer los mecanismos procesales que permitan el cumplimiento de las decisiones de los órganos internacionales previstos en el artículo 31 de la vigente Constitución, mientras se promulgan las leyes relativas al amparo internacional de los derechos humanos.

6.- El régimen legal transitorio, por otra parte, ha dejado al descubierto jurídico algunas áreas, donde parecen sobreponerse normas del régimen legal transitorio a la Constitución, o donde ni el uno o el otro sistema constitucional tienen respuestas, creándose así “huecos legales” a nivel constitucional, debido a que ninguna norma luce aplicable a la situación, o que ella se hace dudosa ante dos normas que parcialmente se aplican.

Esta situación, que no puede ser resuelta mediante las acciones ordinarias de inconstitucionalidad, sólo lo puede ser mediante interpretaciones que impidan el solapamiento indebido de una norma con otra, o que llenen el vacío dejado por normas que no lo resuelvan. Estos vacíos pesan sobre las instituciones y por ende sobre la marcha del Estado.

(…)

7.- Ha sido criterio de esta Sala, que las normas constitucionales, en lo posible, tienen plena aplicación desde que se publicó la Constitución, en todo cuanto no choque con el régimen transitorio.

Muchas de estas normas están en espera de su implementación legal producto de la actividad legislativa que las desarrollará.

El contenido y alcance de esas normas vigentes, pero aún sin desarrollo legislativo, no puede estar a la espera de acciones de amparo, de inconstitucionalidad o de la facultad revisora, porque de ser así, en la práctica tales derechos quedarían en suspenso indefinido.

(…)

8.- También pueden existir normas constitucionales cuyo contenido ambiguo las haga inoperantes, y ante tal situación, a fin que puedan aplicarse, hay que interpretarlas en sentido congruente con la Constitución y sus principios, lo que es tarea de esta Sala.

9.- Dada la especial situación existente en el país, producto de la labor constituyente fundada en bases prestablecidas (bases comiciales), también puede ser fuente de discusiones las contradicciones entre el texto constitucional y las facultades del constituyente; y si esto fuere planteado, es la interpretación de esta Sala, la que declarará la congruencia o no del texto con las facultades del constituyente”.

 

La sentencia interpretativa, entonces, es aquélla destinada a producir certidumbre en las situaciones en que no la había. Esa incertidumbre por lo general obedece a la oscuridad, pero pudiera darse el caso, que es el de autos, en que la incertidumbre surgió no a causa de las normas en sí, sino de los criterios divergentes de los operadores jurídicos.

Cuando una norma constitucional es  clara, en principio no es admisible el recurso de interpretación, por no haber oscuridad ni ambigüedad sobre la que pronunciarse. Al respecto, en el fallo del 9 de noviembre de 2000 (caso: Ricardo Combellas), esta Sala incluyó entre los requisitos para que se admita el recurso de interpretación, el siguiente:

“2. Precisión en cuanto al motivo de la acción. La petición de interpretación puede resultar inadmisible, si ella no expresa con precisión en qué consiste la oscuridad o ambigüedad de disposiciones, o la contradicción entre las normas del texto constitucional; o sobre la naturaleza y alcance de los principios aplicables; o sobre las situaciones contradictorias o ambiguas observadas en el análisis comparativo de la Constitución y las normas del régimen transitorio o del régimen constituyente”.

 

El caso de autos fue muy distinto: las normas eran claras, pero la situación de incertidumbre era indudable. Se trataba de una controversia que enfrentaba a autoridades públicas y particulares, y que incluso repercutía en las relaciones entre República y Municipios, cada uno procurando defender lo que entendían como una potestad propia. No podía la Sala inadmitir un recurso semejante, con base en la claridad de las normas. Por ello, en el fallo del 4 de marzo de 2004 se declaró, respecto del artículo 304 de la Constitución:

 

“La jurisprudencia de esta Sala ha sido insistente en afirmar que una norma clara no requiere interpretación, por lo que un recurso dirigido a obtenerla sería inadmisible. Ahora, en este caso la norma es clara en lo que se refiere a la declaratoria de demanialidad, pero en la práctica se ha presentado una incertidumbre acerca de sus consecuencias, lo que exige un pronunciamiento que la disipe”.

 

Consideraciones similares acerca de la claridad de las normas se hallan repartidas a lo largo de toda la sentencia.

            En efecto, en el fallo del 4 de marzo de 2004, la Sala insistió reiteradamente en la claridad de las normas que interpretaría, pero a la vez en la necesidad de efectuar el pronunciamiento judicial que, en aras de la certidumbre que requieren las actividades relacionadas con la controversia planteada, resolviese el problema definitivamente.

A lo largo de todo el fallo la Sala mostró su sorpresa por el hecho de que se haya generado una controversia sobre un aspecto jurídico carente de sombras. Para la Sala, resultaba evidente que todo fue producto de una confusión incomprensible. De no ser por la importancia de la materia, la Sala nunca habría tenido necesidad de dictar sentencia interpretativa, y habría aplicado el supuesto de inadmisibilidad. No lo hizo por cuanto era evidente que los operadores jurídicos estaban enfrentados en una situación insostenible, en la que están involucrados nada menos que la principal industria del país y el poder tributario de los entes territoriales.

La lectura de otros extractos del fallo es especialmente reveladora, por lo que a continuación la Sala transcribirá algunos párrafos en los que se dejó sentado que el asunto era claro (todas las letras cursivas son destacados del presente fallo aclaratorio). 

“Para la Sala es clara la confusión en que incurren quienes sostienen que la declaratoria de las aguas como bienes del dominio público nacional implica que las actividades que se lleven a cabo en o bajo las mismas también quedan sometidas al poder exclusivo –en este caso, tributario- de la República.

Ello es un error, estima la Sala, pues al artículo 304 de la Constitución no puede atribuírsele un significado mayor al que su propio texto proporciona: las aguas son del dominio publico nacional, por lo que toca a la República su aprovechamiento, como titular del derecho de propiedad. Ahora, nada en esa disposición puede conducir a pensar que lo que suceda en o bajo las aguas también pasa al poder tributario de la República, pues con ello se estaría extendiendo el sentido de la norma”.

 

La Sala agregó:

“No entiende la Sala cómo pudo surgir una interpretación semejante, con la que se confunden nociones muy distintas. Dedicarse a actividades relacionadas con la industria de los hidrocarburos, y hacerlo bajo las aguas de un lago, como hacen los accionantes del segundo recurso, no es explotar las aguas, como tan infelizmente se ha afirmado.

Con sobrada razón afirmó el Alcalde del Municipio Simón Bolívar del Estado Zulia que la interpretación que esta Sala ahora rechaza tiene su génesis en una profunda confusión (…).

Ciertamente, son todas nociones distintas, imposibles de mezclar sin llegar a despropósitos como el que se produjo en el caso de autos (…).

Estima la Sala que sólo uniendo esas nociones es que puede concluirse que quien sea el titular del derecho sobre las aguas ejerce poder exclusivo sobre todo lo que sucede en o bajo ellas, como si también le pertenecieran necesariamente los lechos de los ríos o las cuencas de los lagos. Además, sólo confundiendo nociones se puede llegar a concluir que la propiedad sobre las aguas implica un poder absoluto para regularlas y, en especial, para aprovecharse de los tributos sobre cualquier actividad que se desarrolle en ellas. Parece olvidarse, por ejemplo, que la propiedad de las aguas bien pudo ser atribuida a los particulares, con lo que quizás nadie hubiera jamás pensado en relacionar, hasta confundirlas, todas las nociones indicadas”.

 

La Sala, en otros momentos, reiteró su asombro ante la confusión que se generó por la interpretación del artículo 304 de la Constitución. Al respecto se lee en el fallo:

“En el primero de los recursos (…) el actor se mostró sorprendido por la conclusión a la que se ha llegado al negar la tributación municipal cuando la actividad se desarrolla en aguas (…).         

La Sala muestra idéntica sorpresa: no logra comprender cómo algo que es simplemente un accidente geográfico –que el territorio esté cubierto por agua- puede implicar un tan grande cambio de régimen jurídico, de manera que una empresa pague si trabaja en tierra y no lo haga si hace lo mismo en las aguas (…)”.

 

De absurda llegó a calificar la Sala la situación surgida con ocasión de la determinación de las potestades tributarias locales sobre actividades desarrolladas en las aguas. En tal sentido destacó:

 

“Esa situación absurda obliga a la Sala a mencionar el caso analizado y decidido por la extinta Corte Suprema de Justicia, en fecha 17 de agosto de 1999, con ocasión de la demanda que se interpuso, por razones de inconstitucionalidad, contra la llamada ‘apertura petrolera’, el cual versaba sobre el régimen legal para la explotación de los hidrocarburos.

(…) la extinta Corte Suprema de Justicia jamás distinguió entre quienes operaban en tierra y quienes lo hacían en aguas, a los fines de una pretendida no sujeción a la imposición municipal. (…).

Hizo bien la desaparecida Corte Suprema de Justicia en no distinguir, pues ya en este fallo se han podido ver las exageraciones a las que conduce la tesis sostenida por quienes quieren ver en las aguas una excepción al poder de los municipios”.

 

La Sala, incluso, se valió de la argumentación ad absurdum, aprovechando ejemplos proporcionados por uno de los accionantes, a fin de dejar patente que la interpretación restrictiva del poder tributario municipal carecía de sustento. Al respecto sostuvo:

“El Alcalde del Municipio Simón Bolívar proporcionó ejemplos, sin duda exagerados y que nadie hasta ahora ha sostenido seriamente, pero que permiten demostrar la sinrazón de esa especie de “inmunidad fiscal”: (…) Se trata de una argumentación ad absurdum, pero que precisamente sirve para poner de relieve que algo falla en la interpretación hasta ahora sostenida”.

 

En otro párrafo, la Sala llamó la atención sobre el hecho de que la interpretación del artículo 304 de la Constitución, por la que se limitaba el poder local, incluso dejaba de lado tesis consolidadas por la doctrina tributaria, como la del establecimiento permanente. Al respecto sostuvo:

“La Sala destaca lo mismo que el recurrente del expediente 2306, respecto a que la mayor parte de quienes sostienen la imposibilidad de gravar a las empresas de servicios que operan en el Lago de Maracaibo hayan dejado de lado la tesis del establecimiento permanente. Resulta extraño ese abandono, cuando esa figura incluso ha sido en ocasiones exageradamente utilizada por la doctrina tributaria y alabada continuamente. Pareciera que la existencia de las aguas nubló el entendimiento de la situación, no dejando lugar para ninguna otra consideración”.

 

Todo lo anterior llevó a la Sala a concluir que la interpretación correcta del artículo 304 se desprendía de su propio texto, es decir, reiteró que la norma era clara y que sólo se oscureció su sentido a causa de una insólita confusión de nociones jurídicas. Así declaró lo que sigue:

“Por lo expuesto, esta Sala declara que el artículo 304 de la Constitución de la República debe ser interpretado en el sentido exacto de su letra: que las aguas son del dominio público de la República, aprovechables en beneficio colectivo. Ese dominio ejercido por el Poder Nacional no acepta la exclusión del poder de los otros entes territoriales –en especial los municipios, a través de los impuestos sobre actividades económicas- sobre las actividades que se desarrollen en o bajo las mismas, salvo excepción expresa”.

 

La Sala se pronunció luego sobre el alcance de los artículos 180 y 156 de la Constitución y, al hacerlo, insistió en el hecho de que la interpretación que efectuaría se correspondía perfectamente con la letra de unas normas claras. Se lee así, respecto del primer párrafo del artículo 180 (“La potestad tributaria que corresponde a los Municipios es distinta y autónoma de las potestades reguladoras que esta Constitución o las leyes atribuyan al Poder Nacional o Estadal sobre determinadas materias o actividades”) lo siguiente:

“Como se observa, parece desprenderse de ese artículo que la discusión quedó definitivamente zanjada, a favor de la tesis de la separación de potestades. La norma es clara al respecto: la potestad tributaria que corresponde a los Municipios es distinta y autónoma de las potestades reguladoras atribuidas al Poder Nacional o Estadal sobre determinadas materias o actividades. Con esa disposición se dejan a salvo las potestades tributarias locales, que no deben verse afectadas por lo que sólo sean potestades nacionales de regulación. Por supuesto, ello obliga a precisar, entre las potestades nacionales, cuáles son las reguladoras”.

 

La Sala añadió:

“La Sala ha visto claridad en la norma, pero no lo ha visto así el apoderado de las cuatro empresas recurrentes, quien sostuvo que ‘con la confusa redacción del artículo 180 de la Constitución se ha pretendido hacer ver que los Municipios disponen de potestades tributarias autónomas y distintas a las del Poder Nacional, lo que ha permitido el resurgimiento de la polémica referida a la gravabilidad de servicios prestados en el Lago de Maracaibo, a través del impuesto sobre actividades económicas’.

(…)    

No entiende la Sala cómo puede afirmarse, ante norma tan clara, que su significado tiene una ‘confusa redacción’. Tal vez no sea la mejor, pero no se presta a equívocos, sobre todo a quienes conocen su origen. Quizás personas inexpertas en la materia tributaria ignoren que durante años, y salvo excepciones, doctrina y jurisprudencia unieron potestades reguladoras y tributarias, haciendo a las segundas como una consecuencia natural de las primeras. Sin embargo, a personas medianamente enteradas de la situación no puede causarles confusión una norma que sólo pretende dar una solución distinta a lo que se había convertido en un criterio consolidado, sobre todo a partir de la década de los noventa.

(…)

La norma sobre la que versa este proceso constituye una de las novedades constitucionales: la expresa distinción entre potestades tributarias y potestades reguladoras. La inclusión de esta disposición obedeció, sin duda, a la necesidad de eliminar una incertidumbre que siempre existió en nuestro Derecho: el alcance del poder normativo de la República y, en mucho menor medida, de los estados, respecto de las competencias municipales, en materia tributaria”.

 

Sobre el artículo 156 de la Constitución la Sala efectuó consideraciones similares. En concreto se lee en el fallo:

“De todos esos numerales es predicable el mismo aserto: no deben confundirse potestades de regulación con las de tributación. El Alcalde accionante, al igual que lo hizo respecto del caso de las aguas, hizo uso de la argumentación ad absurdum, a fin de demostrar lo irrazonable que es unir nociones que deben mantenerse separadas. Basta leer los nada menos que 33 numerales del artículo 156 para eliminar las dudas acerca de las supuestas competencias implícitas: de ser ciertas, prácticamente no habría poder tributario estadal o municipal, debido a que la República goza de un poder regulador amplísimo, que abarca la casi totalidad de las materias o sectores de interés.

Es más: la Sala manifiesta la misma extrañeza que el Alcalde del Municipio Simón Bolívar del Estado Zulia, pues no encuentra la razón para negar la tributación en algunas materias reguladas por el Poder Nacional y no en otras (…)”.

 

            Las citas previas tienen como propósito precisar que en el caso de autos es imposible sostener que las normas no fueren aplicables desde la entrada en vigencia de la Constitución.

Por ello, carece de sentido entender que la aplicabilidad de las normas interpretadas por esta Sala es predicable sólo a partir del 21 de abril de 2004, fecha de publicación del fallo, y no a partir de la entrada en vigencia de la actual Carta Magna. Por el contrario, ese criterio implica desconocer la majestad del Constituyente y da pie a generar controversias interpretativas desprovistas de fundamento que sólo tienen como intención excusarse de la aplicación de las normas constitucionales. Los solicitantes en algún momento de su escrito califican a esa situación como "fraude a la Constitución" y esta Sala comparte la afirmación.

Comparte también la Sala la inquietud de los solicitantes de la aclaratoria en el sentido de que esa nueva situación de incertidumbre –respecto del inicio de los efectos de las disposiciones constitucionales interpretadas- “vaticina, una vez más, perjuicios serios a las Haciendas Municipales”. No es difícil comprender cómo la situación no se ha podido resolver, en evidente daño a las finanzas locales: los municipios han dejado de percibir unos ingresos que el Constituyente les asignó. Insiste la Sala: es el Constituyente, no este Alto Tribunal, el que previó disposiciones claras sobre el caso de autos.

Tienen razón los solicitantes cuando afirman que sería “tremendamente injusto” para los municipios sostener que sólo con la publicación del fallo en la Gaceta Oficial se inicie efectivamente su poder tributario para el caso de autos, pues ello significaría hacer depender de una sentencia la vigencia de la Constitución, lo que constituiría "un verdadero contrasentido”.

No sólo es  injusto -agrega la Sala, en consonancia con lo anterior- sino que es una violación del Texto Fundamental, que no admite inaplicación. Como bien han advertido los solicitantes, los propios jueces contencioso-tributarios podían desde el 1º de enero de 2000, cuando entró en vigencia la Constitución, haber aplicado directamente el texto de las normas ahora interpretadas por la Sala y, en consecuencia, haber desechado por sí mismos la interpretación contraria.

Todo lo anterior exige, además, otras consideraciones relacionadas con la justicia: como expusieron los peticionantes, un retraso en la aplicación de las normas constitucionales constituiría un premio a los contribuyentes que negaron, sin base sólida alguna, el poder tributario local, que les colocaría en ventaja frente a aquéllos que sí aceptaron la existencia de la obligación tributaria.

Justicia no sólo con los particulares, sino con los propios entes municipales, los cuales estarían expuestos, en caso de no aceptarse la aplicación de las normas constitucionales desde el año 2000, a que los contribuyentes que sí pagaron en su oportunidad solicitasen reintegros de tributos correspondientes a los años 2000, 2001, 2002, 2003 y parte del 2004, a fin de colocarse en igualdad con quienes no los pagaron.

En fin, si la propia Sala ha sostenido con tanta insistencia que las normas eran muy claras, no existe otra posibilidad que negar que su aplicación dependa de la sentencia recaída con ocasión de un recurso que sólo fue necesario por la insistencia de algunos contribuyentes en no pagar su obligación. Como es lógico –y así lo han expuesto los peticionantes- de un recurso de interpretación no puede depender el derecho de los municipios a obtener sus ingresos propios.

Luego de todas las consideraciones expuestas, debe destacar la Sala, de manera expresa, lo siguiente:

La publicación del fallo interpretativo en la Gaceta Oficial de la República tiene una finalidad distinta a la de fijar el inicio de la aplicabilidad de las normas constitucionales: es el medio de dar publicidad al fallo de manera que llegue al mayor número de personas. Las normas del Estado se publican en medios impresos (Gacetas Oficiales) como requisito para entrar en vigencia, por lo que cualquier decisión que guarde relación con ellas (derogatorias, anulaciones o interpretaciones vinculantes) debe aparecer también impresa en los medios oficiales. Asimismo, en la actualidad el Máximo Tribunal cuenta con un recurso de gran valor: la página de Internet, a través de la cual se acerca aún más a los ciudadanos la información sobre los pronunciamientos judiciales.

Ahora, en el caso del recurso de interpretación, la publicación en Gaceta Oficial no marca necesariamente el momento en que se inicia la aplicación de las normas. La Sala debe fijarlo caso por caso, en atención a las circunstancias de cada uno: la sentencia siempre constituiría la interpretación vinculante de las normas supremas, pero podrá disponer lo que estime necesario respecto de los efectos de la decisión. Al respecto se observa:

-                     Cuando una norma constitucional es oscura, ambigua o contradictoria con otras, por lo que la Sala es la única que, con carácter definitivo, elimina esa indeseable situación, debe entenderse que la aplicación del criterio vinculante sólo debe hacerse desde que se dicta la sentencia y se publica en el expediente (no desde que se publica en la Gaceta Oficial, que es en este caso sólo un medio de información). Sería injusto obligar a las personas a sujetarse a un criterio que podría fijarse años después de sancionada la Constitución cuando en realidad las normas no permitían conocer con precisión su sentido o alcance.

-                     En cambio, cuando una norma es clara, pero pese a su claridad se hubiere generado una situación de tal controversia que obligase a una intervención de la Sala, debe entenderse que el fallo interpretativo sólo ha puesto fin a la incertidumbre, pero no ha aclarado realmente la norma: es imposible aclarar lo ya claro. En esos casos, lo justo es entender que las normas siempre fueron aplicables con independencia del fallo. De lo contrario se generaría la situación que los solicitantes han censurado en su petición de aclaratoria.

 

Por lo expuesto, esta Sala es del criterio que los artículos 156, 180 y 304 de la Constitución, interpretados en el fallo del 4 de marzo de 2004, son de aplicación desde el mismo momento en que el Texto Fundamental entró en vigencia. El fallo, en ese caso, sólo sirvió para dar total certidumbre acerca del alcance del poder tributario local y los límites del poder tributario nacional, en vista de la controversia generada en su aplicación práctica, pero no a causa de oscuridad ni ambigüedad de las normas. Lo contrario sería desconocer el carácter vinculante de las disposiciones supremas del ordenamiento jurídico y su aplicabilidad inmediata. Así se declara.

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

DECISIÓN

                        Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley:

                        PRIMERO: ACLARA y AMPLÍA el fallo del 4 de marzo de 2004, en los siguientes términos:

             “Los artículos 156, 180 y 304 de la Constitución, interpretados en el fallo del 4 de marzo de 2004, son de aplicación desde el mismo momento en que el Texto Fundamental entró en vigencia. El fallo, en ese caso, sólo sirvió para dar total certidumbre acerca del alcance del poder tributario local y los límites del Poder Tributario nacional, en vista de la controversia generada en su aplicación práctica, pero no a causa de oscuridad ni ambigüedad de las normas. Lo contrario sería desconocer el carácter vinculante de las disposiciones supremas del ordenamiento jurídico y su aplicabilidad inmediata”.

 

                        SEGUNDO: ORDENA la publicación de este fallo de aclaratoria y ampliación en la Gaceta Oficial de la República, en cuyo sumario se indicará:

            “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por la que, en aclaratoria y ampliación de su fallo del 4 de marzo de 2004, se fija el momento a partir del cual se hacen exigibles las disposiciones contenidas en los artículos 156, 180 y 304 de la Constitución”.

 

                                   TERCERO: ORDENA hacer mención destacada de este fallo en la pagina principal del sitio de Internet de este Alto Tribunal con la siguiente indicación:

 

            “Sentencia que aclara y amplía el fallo del 4 de marzo de 2004, y se fija el momento a partir del cual se hacen exigibles las disposiciones de los artículos 156, 180 y 304 de la Constitución. Se declara que son de aplicación desde la entrada en vigencia del Texto Fundamental. Se afirma que, en caso de normas claras, lo contrario sería desconocer el carácter vinculante de las disposiciones supremas del ordenamiento jurídico y su aplicabilidad inmediata”.

 

            Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 17 días del mes de junio del año dos mil cinco (2005). Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.

El Presidente (E),

 

 
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

El Vicepresidente (E),

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Los Magistrados,

 

 

LUIS V. VELÁZQUEZ ALVARAY

 

 

FRANCISCO A. CARRASQUERO LÓPEZ

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

ARCADIO DELGADO ROSALES

                                                                        Ponente

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

Exp.: 01-2306

 

ADR/asa

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