Sentencia N.º 1278
- Sentencia
- N.º 1278
- Fecha
- 17/06/2005
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 01-2306
- Ponente
- Arcadio Delgado Rosales
- Procedimiento
- Recurso de Interpretación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADO PONENTE: ARCADIO DELGADO ROSALES
El 9 de marzo de 2005, los abogados Adriana Vigilanza García, Yeitter Urdaneta Carroz y Luis Querales, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nº 23.901, 46.645 y 25.780, respectivamente, en representación del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, solicitaron ACLARATORIA de la sentencia del 4 de marzo de 2004, registrada bajo el Nº 285 y publicada en
En la misma oportunidad se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio del caso, pasa esta Sala a pronunciarse en los siguientes términos:
I
SOLICITUD DE ACLARATORIA
El fallo respecto del cual se solicita aclaratoria resolvió el recurso de interpretación respecto del alcance del poder tributario municipal en los casos en que:
1) La actividad económica se desarrolle en o bajo las aguas, para lo cual se interpretó el artículo 304 de
2) La actividad económica esté sujeta a regulación del Poder Nacional, para lo cual se interpretaron los artículos 180 y 156 eiusdem.
En palabras de los propios peticionantes, su solicitud de aclaratoria está circunscrita a que ese Supremo Tribunal diga de manera expresa si el criterio interpretativo que surgió del fallo de fecha 03 (sic) de marzo de 2004, publicado en Gaceta Oficial de
Para justificar la solicitud, se expuso en el escrito presentado ante
- Que aunque pueda parecer obvio que los Artículos de
- Que, en concreto, se ha generado la duda acerca del momento a partir del cual los municipios pueden exigir el impuesto a las actividades económicas respecto del caso que dio lugar al fallo (el ejercicio de actividades relacionadas con la industria de los hidrocarburos en aguas del Lago de Maracaibo).
- Que se ha entendido que sólo a partir del 21 de abril de 2004, fecha de publicación del fallo en
- Que esa nueva situación de incertidumbre vaticina, una vez más, perjuicios serios a las Haciendas Municipales y también, una nueva discriminación entre contribuyentes. Al efecto, recordaron los solicitantes que los Municipios, desde hace tiempo, han tenido que incurrir en gastos para exigir el tributo, porque la interpretación tradicional, que rechazó esta Sala en el referido fallo del 4 de marzo de 2004, les negaba poder tributario sobre las actividades mencionadas.
- Que incluso la situación es más grave, pues ni siquiera sería el 21 de abril de 2004 la fecha que se tomaría en cuenta a efectos del inicio del período de pago por parte de los contribuyentes, sino el 1º de enero de 2005, ello en virtud de que existe un principio general de Derecho Tributario, recogido por el artículo 8 del Código Orgánico Tributario, según el cual cuando se trate de tributos que se determinen o liquiden por períodos, las normas referentes a la existencia o a la cuantía de la obligación tributaria regirán desde el primer día del período respectivo del contribuyente que se inicie a partir de la fecha de entrada en vigencia.
- Que sería tremendamente injusto para los municipios sostener que sólo con el fallo interpretativo (y su publicación) se inicie efectivamente su poder tributario para ese caso concreto, pues ello significaría hacer depender de una sentencia la vigencia de
- Que un retraso en la aplicación de las normas constitucionales constituiría, además, un premio a los contribuyentes que desconocieron el poder tributario local, que les colocaría en ventaja frente a aquellos que sí entendieron que existía una obligación tributaria que satisfacer y en efecto pagaron sus deudas desde el año 2000.
- Que no sólo sería un premio a esos contribuyentes, sino un peligro para los entes locales, pues las personas que sí pagaron (porque tenían una obligación y lo habían reconocido así) podrían ahora tener la intención de solicitar reintegros de tributos correspondientes a los años 2000, 2001, 2002, 2003 y parte del
- Que la propia Sala Constitucional sostuvo, en el fallo cuya aclaratoria se pide, que las normas constitucionales que fueron interpretadas eran suficientemente claras y que sólo era necesaria su intervención debido a que se presentó en la doctrina y en la jurisprudencia nacionales un debate sobre su alcance.
- Que si las normas eran tan claras como declaró la propia Sala, sería inaceptable que su aplicación dependa de la sentencia recaída con ocasión de un recurso que sólo fue necesario por la insistencia de los contribuyentes en no pagar su obligación, al punto de poderse ello catalogar como un fraude a
- Que tampoco es aceptable entender que de un recurso de interpretación y su sentencia dependa el derecho de los municipios ribereños del Lago de Maracaibo a obtener sus ingresos propios, mas aún cuando
- Que no son sólo los Municipios los que se ven afectados, sino que los verdaderos "minusválidos jurídicos serían sus habitantes, destinatarios últimos de los servicios que se prestan con los ingresos tributarios, con lo que se vulneraría la solidaridad social y se afectarían los fundamentos del Estado Social de Derecho.
II
CONSIDERACIONES SOBRE
El artículo 252 del Código de Procedimiento Civil es la norma que se refiere a las solicitudes de aclaratoria y ampliación de sentencias. Si bien se refiere, como lo deja ver el texto en el que se ubica, a los procesos judiciales de naturaleza civil, es bien sabido que ese Código contiene disposiciones generales, aplicables a diversos procedimientos.
Se trata, en realidad, de la regla del Derecho Común, invocable incluso en las causas de las que conoce el Máximo Tribunal, en virtud de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 19 de
En ese artículo 252 del Código de Procedimiento Civil se lee:
Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.
Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente.
Como se observa, es clara la norma al fijar un plazo, brevísimo en aras de la seguridad jurídica, para hacer las solicitudes de aclaratoria y ampliación de sentencias: debe hacerse en el día de la publicación del fallo o al día siguiente. Cualquier solicitud posterior será extemporánea y así lo ha decidido invariablemente
Ahora bien, la aplicación de reglas como la contenida en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil a los procesos como el de autos debe tratarse con extremo cuidado, pues el recurso de interpretación tiene unas características que impiden asimilarlo a una simple controversia entre partes, que es el ámbito normal de la referida disposición.
De hecho, ya esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la inaplicabilidad del lapso previsto en el artículo transcrito para el caso de las acciones por derechos o intereses difusos o colectivos, pese a que en ellas sí existe controversia, tomando en cuenta la generalidad del alcance del fallo, no limitado a las partes del proceso.
En los procesos surgidos de acciones por derechos o intereses difusos o colectivos, las sentencias que se dicten surten efectos a favor o en contra de todo el mundo y no sólo a favor o en contra de los que efectivamente se constituyen en partes dentro del proceso.
La situación especial que nace de estos fallos, con sus efectos directos e indirectos hacia personas que pueden no haber participado en las causas donde ellos se dictaron, y que pueden verse perjudicadas a pesar de no haber sido formalmente partes, obliga a una interpretación amplia del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, aplicable como norma general a los juicios que se instruyen conforme a las reglas de dicho Código.
Para los ajenos al proceso donde se emitió el fallo, quienes se encuentran en una concreta situación que por falta de alegatos no fue tomada en cuenta al juzgarse la pretensión, pueden surgir puntos dudosos en la sentencia referidos a su particular situación, y debido a esa posición pueden requerir de ampliaciones del fallo, ya que -repite
En estos supuestos, y casuísticamente, conforme a lo que aprecie el Tribunal como necesidad de las partes y los afectados por la sentencia, las aclaratorias y ampliaciones podrán interponerse antes que se ejecute efectivamente la sentencia. Se trata de una peculiaridad de esta clase de procesos que incluye ampliaciones dirigidas a partes o a terceros que no asistieron al juicio, pero cuya colaboración puede, incluso, ser necesaria para que la sentencia dictada sea idónea y equitativa, y la tutela efectiva de los derechos e intereses difusos o colectivos se adapte al Estado Social de Derecho y de Justicia que impera en
Ahora bien, el derecho que reconoce
Lo anterior es predicable también, incluso con más razón, para el caso del recurso de interpretación constitucional, pues es sabido que a través de éste se pretende la fijación, con carácter erga omnes, del sentido y alcance de una disposición contenida en el Texto Fundamental.
Es evidente que son muchos los interesados en un caso así, aunque no hubieran hecho la solicitud inicial ni se hubieran jamás incorporado al proceso. El fallo, al momento de iniciar su aplicación, puede generar problemas de orden práctico que
No se trata de una desaplicación de la norma para el caso concreto, pues no hay inconstitucionalidad del dispositivo. Simplemente, el referido artículo 252 no aplica al recurso de interpretación, en lo referido al lapso, ya que no se corresponde con la naturaleza de la acción y de las sentencias interpretativas.
Debe recordarse que el artículo 19 de
Se ha visto además que el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil exige que la aclaratoria o la ampliación la solicite una parte del proceso. Ya se ha indicado que en casos como el de autos ello no es correcto, al igual que no lo es la exigencia del corto plazo. Ahora, lo que sí es obligatorio es que el solicitante tenga un interés.
En efecto, así como se exige un interés, derivado de un caso concreto, para admitir el recurso de interpretación, debe también requerirse para pedir aclaratorias, correcciones o ampliaciones a lo decidido.
Citando de nuevo el caso de los créditos indexados, esta Sala -en su primera aclaratoria, de fecha 21 de febrero de 2002 (sentencia Nº 314)- declaró que el solicitante, el Banco Central de Venezuela, tenía interés por ser destinatario de algunos de los mandatos de la sentencia. Textualmente se indicó que:
En primer lugar, esta Sala debe determinar la cualidad del Banco Central de Venezuela para realizar la solicitud de aclaratoria, y a tal efecto considera que, por tratarse de una decisión en materia de derechos e intereses difusos o colectivos, la cual posee efectos erga omnes, y a su vez, en los numerales sometidos a aclaratoria del fallo dictado por esta Sala el 24 de enero de 2002, se hace clara alusión a una serie de mandatos los cuales deben ser realizados por el ente solicitante, esta Sala estima que el Banco Central de Venezuela posee la cualidad y el interés necesarios para pedir la aclaratoria y actuar en el presente caso, y así se declara.
En el caso de autos es obvio el interés: el Municipio Maracaibo del Estado Zulia está en la misma situación del recurrente original, el Municipio Simón Bolívar de esa entidad federal. Sus representantes judiciales han expuesto ante
Por lo expuesto,
III
ACLARATORIA DEL FALLO
En la sentencia cuya aclaratoria ha sido solicitada se resolvió el recurso de interpretación interpuesto por el Alcalde del Municipio Simón Bolívar del Estado Zulia, asistido por la abogada Adriana Vigilanza García, y por las empresas BJ Services de Venezuela, C.A., Nimir Petroleum Venezuela B.V., Baker Hughes de Venezuela, S.A. y Servicios Halliburton de Venezuela, S.A., representadas por el abogado Rafael Chavero Gazdik, respecto de los artículos 156, 180 y 304 de
El recurso original fue interpuesto por el Alcalde del Municipio Simón Bolívar del Estado Zulia, al que posteriormente se le acumuló el presentado por las mencionadas empresas, si bien cada parte defendía posiciones antagónicas respecto de las mismas normas: el Alcalde del Municipio Simón Bolívar pretendía que se declarase que ni la demanialidad nacional ni las competencias reguladoras nacionales sobre las aguas implicaban la pérdida del poder tributario municipal, mientras que las empresas pretendían justo lo contrario: que se declarase que son esas dos razones las que hacen que los Municipios careciesen de poder impositivo sobre las actividades económicas desarrolladas en o bajo las aguas.
En el propio fallo del 4 de marzo de 2004, destacó
1) La declaratoria de las aguas como bienes del dominio público de
2) Esa declaratoria de demanialidad no tiene efecto alguno sobre las potestades tributarias que puedan corresponder a los entes político-territoriales, por lo que no puede servir de base para excluir de la imposición municipal a las actividades económicas que se desarrollen en o bajo las aguas. Tal declaratoria sólo tiene como consecuencia la aplicación a las aguas del régimen legal del dominio público.
3) Debe ser entendido como principio general que las competencias enumeradas en el artículo 156 de
4) La primera parte del artículo 180 de
A continuación de esas declaraciones,
Los solicitantes de la aclaratoria sostienen no tener dudas sobre el contenido del fallo de hecho,
Como se expuso en el apartado correspondiente, para los solicitantes resulta obvio que los Artículos de
Sin embargo, admitieron los propios solicitantes que en el caso concreto se ha generado la duda acerca del momento a partir del cual los municipios pueden exigir el impuesto a las actividades económicas respecto del supuesto que dio lugar al fallo: bien la fecha de entrada en vigencia de
Al respecto se observa:
Debe
En el caso de los artículos 156, 180 y 304 de
La determinación de la naturaleza normativa (vinculante) de las disposiciones constitucionales fue uno de los grandes avances del Derecho Público. De hecho, la jurisdicción constitucional que esta Sala representa en el ordenamiento venezolano- sólo puede basarse en la afirmación del carácter normativo del Texto Fundamental. Sería imposible censurar al legislador en caso de que sus actos se aparten de
Por supuesto, no toda disposición constitucional es de aplicación directa e inmediata. Las Constituciones son, entre otras cosas, textos en los que las sociedades jurídicamente organizadas regulan su estructura y funcionamiento, así como precisan el alcance de los derechos ciudadanos y de las potestades públicas, pero también son textos en los que se exponen los deseos de esa misma sociedad a veces de difícil realización- y los medios que, para satisfacerlos, han ideado.
Las disposiciones constitucionales, por ello, son de muy diverso contenido. Rara vez se encontrarán disposiciones legales o sublegales que consistan en declaraciones de propósitos. En cambio, las Constituciones sí suelen incluir declaraciones de la más variada índole. Basta leer el Preámbulo que antecede a muchas de ellas, como es el caso venezolano, para confirmar este aserto.
Ahora, al ser
Lo que sí resulta cierto es que, aunque pueda afirmarse que toda
Una disposición programática no contiene un mandato directamente ejecutable por toda la colectividad: tiene destinatarios específicos, que deben desarrollarlo de manera tal que el propósito perseguido logre cumplirse. Antaño existió la tendencia a estimar como programáticas disposiciones que no lo eran, desconociendo su naturaleza. Hoy en día, en buena medida gracias a la interpretación del Máximo Tribunal, se deslindaron las disposiciones programáticas (mandatos al Legislador, por lo general) de las inmediatamente ejecutables por todas las autoridades públicas y los particulares.
No es posible, así, desatender las normas del Texto Fundamental; con la intención de que ello no ocurra, la propia Constitución ha previsto un conjunto de instituciones y recursos dirigidos a garantizar su ejecución. El Constituyente ha tutelado su creación, por lo que en el caso venezolano existe incluso un Título entero dedicado a la La protección de esta Constitución.
Los peticionantes de la aclaratoria insisten en que no es posible sostener que los artículos 156, 180 y 304 de
La consecuencia expuesta significa, para el caso concreto, que si bien durante algunos años no se pudieron recaudar ingresos fiscales a causa de una interpretación errada de las normas constitucionales, luego de la fijación de su sentido correcto debe darse cumplimiento a la obligación que siempre existió, así ello implique responder por tributos de períodos pasados.
Si bien todas las normas constitucionales son inmediatamente ejecutables, lo cierto es que no siempre están dadas las condiciones necesarias para dar certidumbre a la situación de que se trate. Inevitablemente existirán disposiciones ambiguas, oscuras, incluso en apariencia contradictorias con otras disposiciones de igual rango. La creación del Constituyente, como toda obra humana, está expuesta al riesgo de no ser todo lo clara que se espera.
Precisamente, por estar consciente de que las normas constitucionales en ocasiones requieren ser interpretadas,
La interpretación vinculante que hace esta Sala, y que justifica la acción autónoma de interpretación constitucional, se refiere a los siguientes casos:
1. Al entendimiento de las normas constitucionales, cuando se alega que chocan con los principios constitucionales.
(
)
2.- Igual necesidad de interpretación existe, cuando
3. Pero muchas veces, dos o más normas constitucionales, pueden chocar entre sí, absoluta o aparentemente, haciéndose necesario que tal situación endoconstitucional sea aclarada.
(
)
4.- Pero entre los Tratados y Convenios Internacionales, hay algunos que se remiten a organismos multiestatales que producen normas aplicables en los Estados suscritores, surgiendo discusiones si ellas se convierten en fuente del derecho interno a pesar de no ser promulgadas por
5.- También se hace necesaria la interpretación a un nivel general, para establecer los mecanismos procesales que permitan el cumplimiento de las decisiones de los órganos internacionales previstos en el artículo 31 de la vigente Constitución, mientras se promulgan las leyes relativas al amparo internacional de los derechos humanos.
6.- El régimen legal transitorio, por otra parte, ha dejado al descubierto jurídico algunas áreas, donde parecen sobreponerse normas del régimen legal transitorio a
Esta situación, que no puede ser resuelta mediante las acciones ordinarias de inconstitucionalidad, sólo lo puede ser mediante interpretaciones que impidan el solapamiento indebido de una norma con otra, o que llenen el vacío dejado por normas que no lo resuelvan. Estos vacíos pesan sobre las instituciones y por ende sobre la marcha del Estado.
(
)
7.- Ha sido criterio de esta Sala, que las normas constitucionales, en lo posible, tienen plena aplicación desde que se publicó
Muchas de estas normas están en espera de su implementación legal producto de la actividad legislativa que las desarrollará.
El contenido y alcance de esas normas vigentes, pero aún sin desarrollo legislativo, no puede estar a la espera de acciones de amparo, de inconstitucionalidad o de la facultad revisora, porque de ser así, en la práctica tales derechos quedarían en suspenso indefinido.
(
)
8.- También pueden existir normas constitucionales cuyo contenido ambiguo las haga inoperantes, y ante tal situación, a fin que puedan aplicarse, hay que interpretarlas en sentido congruente con
9.- Dada la especial situación existente en el país, producto de la labor constituyente fundada en bases prestablecidas (bases comiciales), también puede ser fuente de discusiones las contradicciones entre el texto constitucional y las facultades del constituyente; y si esto fuere planteado, es la interpretación de esta Sala, la que declarará la congruencia o no del texto con las facultades del constituyente.
La sentencia interpretativa, entonces, es aquélla destinada a producir certidumbre en las situaciones en que no la había. Esa incertidumbre por lo general obedece a la oscuridad, pero pudiera darse el caso, que es el de autos, en que la incertidumbre surgió no a causa de las normas en sí, sino de los criterios divergentes de los operadores jurídicos.
Cuando una norma constitucional es clara, en principio no es admisible el recurso de interpretación, por no haber oscuridad ni ambigüedad sobre la que pronunciarse. Al respecto, en el fallo del 9 de noviembre de 2000 (caso: Ricardo Combellas), esta Sala incluyó entre los requisitos para que se admita el recurso de interpretación, el siguiente:
2. Precisión en cuanto al motivo de la acción. La petición de interpretación puede resultar inadmisible, si ella no expresa con precisión en qué consiste la oscuridad o ambigüedad de disposiciones, o la contradicción entre las normas del texto constitucional; o sobre la naturaleza y alcance de los principios aplicables; o sobre las situaciones contradictorias o ambiguas observadas en el análisis comparativo de
El caso de autos fue muy distinto: las normas eran claras, pero la situación de incertidumbre era indudable. Se trataba de una controversia que enfrentaba a autoridades públicas y particulares, y que incluso repercutía en las relaciones entre República y Municipios, cada uno procurando defender lo que entendían como una potestad propia. No podía
La jurisprudencia de esta Sala ha sido insistente en afirmar que una norma clara no requiere interpretación, por lo que un recurso dirigido a obtenerla sería inadmisible. Ahora, en este caso la norma es clara en lo que se refiere a la declaratoria de demanialidad, pero en la práctica se ha presentado una incertidumbre acerca de sus consecuencias, lo que exige un pronunciamiento que la disipe.
Consideraciones similares acerca de la claridad de las normas se hallan repartidas a lo largo de toda la sentencia.
En efecto, en el fallo del 4 de marzo de 2004,
A lo largo de todo el fallo
La lectura de otros extractos del fallo es especialmente reveladora, por lo que a continuación
Para
Ello es un error, estima
No entiende
Con sobrada razón afirmó el Alcalde del Municipio Simón Bolívar del Estado Zulia que la interpretación que esta Sala ahora rechaza tiene su génesis en una profunda confusión (
).
Ciertamente, son todas nociones distintas, imposibles de mezclar sin llegar a despropósitos como el que se produjo en el caso de autos (
).
Estima
En el primero de los recursos (
) el actor se mostró sorprendido por la conclusión a la que se ha llegado al negar la tributación municipal cuando la actividad se desarrolla en aguas (
).
De absurda llegó a calificar
Esa situación absurda obliga a
(
) la extinta Corte Suprema de Justicia jamás distinguió entre quienes operaban en tierra y quienes lo hacían en aguas, a los fines de una pretendida no sujeción a la imposición municipal. (
).
Hizo bien la desaparecida Corte Suprema de Justicia en no distinguir, pues ya en este fallo se han podido ver las exageraciones a las que conduce la tesis sostenida por quienes quieren ver en las aguas una excepción al poder de los municipios.
El Alcalde del Municipio Simón Bolívar proporcionó ejemplos, sin duda exagerados y que nadie hasta ahora ha sostenido seriamente, pero que permiten demostrar la sinrazón de esa especie de inmunidad fiscal: (
) Se trata de una argumentación ad absurdum, pero que precisamente sirve para poner de relieve que algo falla en la interpretación hasta ahora sostenida.
En otro párrafo,
Todo lo anterior llevó a
Por lo expuesto, esta Sala declara que el artículo 304 de
Como se observa, parece desprenderse de ese artículo que la discusión quedó definitivamente zanjada, a favor de la tesis de la separación de potestades. La norma es clara al respecto: la potestad tributaria que corresponde a los Municipios es distinta y autónoma de las potestades reguladoras atribuidas al Poder Nacional o Estadal sobre determinadas materias o actividades. Con esa disposición se dejan a salvo las potestades tributarias locales, que no deben verse afectadas por lo que sólo sean potestades nacionales de regulación. Por supuesto, ello obliga a precisar, entre las potestades nacionales, cuáles son las reguladoras.
(
)
No entiende
(
)
La norma sobre la que versa este proceso constituye una de las novedades constitucionales: la expresa distinción entre potestades tributarias y potestades reguladoras. La inclusión de esta disposición obedeció, sin duda, a la necesidad de eliminar una incertidumbre que siempre existió en nuestro Derecho: el alcance del poder normativo de
Sobre el artículo 156 de
De todos esos numerales es predicable el mismo aserto: no deben confundirse potestades de regulación con las de tributación. El Alcalde accionante, al igual que lo hizo respecto del caso de las aguas, hizo uso de la argumentación ad absurdum, a fin de demostrar lo irrazonable que es unir nociones que deben mantenerse separadas. Basta leer los nada menos que 33 numerales del artículo 156 para eliminar las dudas acerca de las supuestas competencias implícitas: de ser ciertas, prácticamente no habría poder tributario estadal o municipal, debido a que
Es más:
Las citas previas tienen como propósito precisar que en el caso de autos es imposible sostener que las normas no fueren aplicables desde la entrada en vigencia de
Por ello, carece de sentido entender que la aplicabilidad de las normas interpretadas por esta Sala es predicable sólo a partir del 21 de abril de 2004, fecha de publicación del fallo, y no a partir de la entrada en vigencia de la actual Carta Magna. Por el contrario, ese criterio implica desconocer la majestad del Constituyente y da pie a generar controversias interpretativas desprovistas de fundamento que sólo tienen como intención excusarse de la aplicación de las normas constitucionales. Los solicitantes en algún momento de su escrito califican a esa situación como "fraude a
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Tienen razón los solicitantes cuando afirman que sería tremendamente injusto para los municipios sostener que sólo con la publicación del fallo en
No sólo es injusto -agrega
Todo lo anterior exige, además, otras consideraciones relacionadas con la justicia: como expusieron los peticionantes, un retraso en la aplicación de las normas constitucionales constituiría un premio a los contribuyentes que negaron, sin base sólida alguna, el poder tributario local, que les colocaría en ventaja frente a aquéllos que sí aceptaron la existencia de la obligación tributaria.
Justicia no sólo con los particulares, sino con los propios entes municipales, los cuales estarían expuestos, en caso de no aceptarse la aplicación de las normas constitucionales desde el año
En fin, si la propia Sala ha sostenido con tanta insistencia que las normas eran muy claras, no existe otra posibilidad que negar que su aplicación dependa de la sentencia recaída con ocasión de un recurso que sólo fue necesario por la insistencia de algunos contribuyentes en no pagar su obligación. Como es lógico y así lo han expuesto los peticionantes- de un recurso de interpretación no puede depender el derecho de los municipios a obtener sus ingresos propios.
Luego de todas las consideraciones expuestas, debe destacar
La publicación del fallo interpretativo en
Ahora, en el caso del recurso de interpretación, la publicación en Gaceta Oficial no marca necesariamente el momento en que se inicia la aplicación de las normas.
- Cuando una norma constitucional es oscura, ambigua o contradictoria con otras, por lo que
- En cambio, cuando una norma es clara, pero pese a su claridad se hubiere generado una situación de tal controversia que obligase a una intervención de
Por lo expuesto, esta Sala es del criterio que los artículos 156, 180 y 304 de
IV
DECISIÓN
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de
PRIMERO: ACLARA y AMPLÍA el fallo del 4 de marzo de 2004, en los siguientes términos:
Los artículos 156, 180 y 304 de
SEGUNDO: ORDENA la publicación de este fallo de aclaratoria y ampliación en
Sentencia de
TERCERO: ORDENA hacer mención destacada de este fallo en la pagina principal del sitio de Internet de este Alto Tribunal con la siguiente indicación:
Sentencia que aclara y amplía el fallo del 4 de marzo de 2004, y se fija el momento a partir del cual se hacen exigibles las disposiciones de los artículos 156, 180 y 304 de
Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 17 días del mes de junio del año dos mil cinco (2005). Años 195° de
El Presidente (E),
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
El Vicepresidente (E),
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Los Magistrados,
LUIS V. VELÁZQUEZ ALVARAY
FRANCISCO A. CARRASQUERO LÓPEZ
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
ARCADIO DELGADO ROSALES
Ponente
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp.: 01-2306
ADR/asa
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