Venley

Sentencia N.º 1279

Sentencia
N.º 1279
Fecha
25/06/2007
Sala
Constitucional
Expediente
07-0400
Ponente
Luisa Estella Morales Lamuño
Procedimiento
Recurso de Revisión

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

Expediente Nº 07-0400

 

El 21 de marzo de 2007, el abogado José Massa González, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 44.544, actuando como apoderado judicial de la sociedad mercantil FESTEJOS PLAZA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 14 de abril de 1971, bajo el Nº 36, Tomo 33-A, solicitó la revisión constitucional de la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 13 de enero de 2006, en la cual se declaró con lugar la apelación interpuesta por los apoderados judiciales del ciudadano José Armando Duque y se revocó la decisión del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la mencionada Circunscripción Judicial, que declaró sin lugar la demanda interpuesta por el ciudadano José Armando Duque contra la sociedad mercantil Festejos Plaza, C.A., por cobro de prestaciones sociales.

 

En virtud de su reconstitución esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quedó integrada de la siguiente manera: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, Vicepresidente y los Magistrados Pedro Rafael Rondón Haaz, Francisco Antonio Carrasquero López, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán y Arcadio de Jesús Delgado Rosales.

 

El 26 de marzo de 2007, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó como ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.

 

 

I

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

 

            La solicitante, fundó su pretensión de revisión sobre la base de los siguientes argumentos:

 

Afirmó que la sentencia objeto de revisión incurre en el vicio de incongruencia, lo cual constituye una violación del derecho a la defensa. Alegó, que el mencionado vicio se materializa al “(…) determinar la cuantía de un presunto salario de Bs. 5.000,00, para el pago de compensación por transferencia y el corte de cuenta, para el cálculo de los derechos que se le adeudaría al demandante y tenía acumulado el 19 de junio de 1997, cuando se encontraba vigente el anterior régimen de cálculo de las indemnizaciones laborales, calculadas año por año a razón de 30 días por cada año de servicio sobre la base del último salario devengado en el mes anterior a la vigencia de la Ley, según lo establece (…) el artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo y la compensación por transferencia su base de cálculo normal devengado para el 31 de diciembre de 1996 conforme a lo previsto en el literal B eiusdem, disposición esta de orden público que fue infringida por el referido Juzgado Superior por indebida aplicación, ya que no existe prueba alguna en autos, que conduzcan al sentenciador a deducir que dichos cálculos debían hacerse sobre la base del salario de Bs. 5.000,00 diarios y ordenar que por dichos conceptos le correspondían al actor las cantidades (sic) de 900.000,00 (…)”.

 

Que la sentencia objeto de revisión para establecer la existencia de la relación laboral “(…) desestimó la deposición de los testigos de la demandada para determinar que eran insuficientes frente a un medio de prueba por escrito (…)”, la cual consistía en dos identificaciones, denominadas constancia de trabajo, uno sin firma autorizada y otro con una firma ilegible, de los cuales no se desprende ni el monto salarial, ni la prestación de servicios en fecha anterior al 5 de septiembre de 2000, lo cual evidencia a su juicio la infracción del artículo 666 eiusdem.

 

Que la sentencia objeto de revisión incurre en una evidente contradicción ya que “(…) ‘de las actas procesales no emerge elemento alguno que desvirtúe los hechos aducidos por la parte actora, razón por la cual se tienen como ciertos los siguientes hechos: que la relación labora (sic) se inició el 06/06/91 y terminó el 26/06/00 por renuncia, que el último salario devengado era de Bs. 900.000,00 mensuales, es decir, Bs. 30.000,00 diarios  (…)’, esa conclusión es total y absolutamente falsa, porque si se revisa la única documental analizada y considerada por el Juzgador para concluir que entre las partes hubo una relación laboral (que negamos), marcada C, para el 5/9/2000 se indica que el demandante era personal activo, así como para el 7/3/2001 cuando presuntamente le fue entregado el otro carnet, esto es, que si esas son las únicas pruebas consideradas por la recurrida para declarar la procedencia de la acción, su análisis y valoración no están acorde con los presuntos hechos que presuntamente (sic) están plasmados en dichas documentales, lo cual nos conduce a calificar la conducta de la recurrida como de falsa suposición al sacar elementos de convicción falsos de documentos que no se corresponden con la verdad procesal (…)”.

 

Continuó exponiendo, que “(…) se solicita de esa Sala Constitucional revise dichas documentales y la conclusión de la recurrida, anulando el fallo por infracción de norma legal expresa, al no decidir conforme a lo alegado y probado en autos (…)”.

 

Alegó que “(…) de aceptarse gratia arguendi la tesis de la recurrida de que entre las partes hubo una relación de trabajo, ha debido ser a partir del 5/9/2000 y no antes, y los cálculos para el pago de la prestación social de antigüedad conforme al artículo 108 eiusdem, han debido comenzarse a calcular después del tercer mes ininterrumpido de servicios (…)”.

 

Que “(…) no está demostrado que el demandante haya devengado un salario fijo mensual de Bs. 900.000,00 durante todo el tiempo que presuntamente duró la relación de trabajo como lo indica la recurrida, de manera que, cuando la recurrida llega a esa conclusión y ordena el pago del monto total de Bs. 10.779.994,50, por 300 días de prestación social de antigüedad y 30 días adicionales, no está actuando conforme lo demanda el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, sino que utiliza la fórmula de cálculo de la Ley derogada (…)”.

 

Estimó la “(…) infracción de los artículos 174, 219 y 223 de la Ley Orgánica del Trabajo y la incongruencia en la cual incurre la recurrida, ya que se observa, que en la parte motiva de la sentencia recurrida se señala que la presunta relación de trabajo terminó el 26/6/2000, pero cuando ordena pagar los conceptos de vacaciones vencidas, bono vacacional vencido, utilidades y utilidades fraccionadas (…), lo hace para los ejercicios fiscales 2001, 2002, cuando la misma recurrida había señalado que la relación de trabajo había terminado el 26/06/2000, lo que advierte la manifiesta contradicción e incongruencia, pues ordena pagar conceptos y montos de años en los cuales el demandante no prestó servicios para la empresa por propia manifestación del fallo (...)”.

 

Asimismo, consideró que las anteriores circunstancias se constituyen en una violación del derecho a la defensa y al debido proceso consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por adolecer la sentencia del vicio de incongruencia, para lo cual citó diversas sentencias de la Sala de Casación Social y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.   

 

            Finalmente, solicitó se declarara ha lugar la solicitud de revisión interpuesta y se anulara la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 13 de enero de 2006.

 

 

II

DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

 

 

Mediante sentencia dictada por el Juzgado Segundo Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 13 de enero de 2006, declaró con lugar la apelación interpuesta por los apoderados judiciales del ciudadano José Armando Duque y revocó la decisión del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la mencionada Circunscripción Judicial, que declaró sin lugar la demanda interpuesta por el mencionado ciudadano contra la sociedad mercantil Festejos Plaza, C.A., por cobro de prestaciones sociales, sobre la base de las siguientes consideraciones:

 

“(…) una vez analizadas las pruebas cursantes a los autos, quien decide observa que en primer término, la parte actora, a través de la constancia de trabajo de fecha 05/09/00, demostró la existencia de una prestación de servicios, en calidad de Jefe de Servicios para con la demandada. Por otra parte se observa que la demandada intentó desvirtuar la naturaleza laboral del (...) que la unió con el accionante a través de la declaración de testigos, pues esta indicó que el actor era un trabajador independiente en los términos del artículo 40 de la Ley Orgánica del Trabajo, siendo que a juicio de este tribunal, no es suficiente ni se puede, por si solo, calificar tal situación, por cuanto es un punto de derecho que corresponde al Juez, en base a la jurisprudencia y las leyes de la República, en especial aplicando el principio de la primacía de la realidad sobre las formas o apariencias previsto en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se establece.

Así las cosas, de las deposiciones de los testigos se evidencian indicios de laboralidad, siendo que de la declaración de Mario Moure, se desprende que entre las partes hubo un vínculo jurídico, el cual consistió en la prestación de servicio, en la cual fungía el actor como jefe del mismo, actuando en representación de la demandada, pues así se desprende, especialmente de la pregunta décima sexta en la cual se le preguntó ‘...si el servicio prestado en su condición de mesonero o jefe de Servicio, puede ser considerado como un trabajador independiente...’; así mismo, de la declaración del ciudadano (...) se desprende que entre las partes hubo un vínculo jurídico, el cual consistió en la prestación de un servicio, en la cual fungía el actor como jefe del mismo, actuando en representación de la demandada, pues así se desprende, especialmente de la repregunta cuarta, en lo relativo a la oportunidad en que el actor prestaba el servicio para la demandada, ya que el testigo indicó que éste trabajaba en la misma oportunidad en que ellos lo hacían y que, éste, era el que lo dirigía; y quinta, en cuanto a que el actor estaba sometido a una jornada; pruebas éstas que al adminicularlas con la prueba promovida por el accionante marcada con la letra ‘C’ de fecha 05/09/00, que se le concedió valor probatorio, surgen elementos que no dejan duda que el actor era un trabajador dependiente, por lo que siendo esto así y no logrando la demandada desvirtuar la presunción que opera a favor del trabajador, prevista en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, es forzoso para quien decide, establecer que el actor es trabajador subordinado, en los términos del artículo 39 de la Ley Orgánica del Trabajo y en consecuencia que existió entre las partes una relación de trabajo. Así se decide.

(…)

De igual manera, se observa que de las actas procesales no emerge elemento alguno que desvirtúe los hechos aducidos por la parte actora, razón por la cual se tienen como ciertos los siguientes hechos: que la relación labora (sic) se inició el 06/06/91 y terminó el 26/06/00 por renuncia, que el último salario devengado era de Bs. 900.000,00 mensuales, es decir, Bs. 30.000,00 diarios a los cuales se le debe agregar la alícuota de la utilidad de Bs. 1.249,99 más la alícuota del bono vacacional de Bs. 1.416,66, lo que da un salario normal de Bs. 32.666,65 que se tomará como base de cálculo para la prestación de antigüedad , que el cargo desempeñado por el actor era de Jefe de Servicios, que el salario base para calcular la indemnización de antigüedad y compensación por transferencia es de Bs. 150.000,00 mensuales, es decir Bs. 5.000,00 diarios; que la demandada se negó a pagar las prestaciones sociales y demás conceptos laborales que reclama el accionante. Así se establece.

Con base a todo lo anterior pasa esta superioridad a pronunciarse sobre los conceptos y cantidades reclamadas por el demandante, de la manera siguiente:

a.- Indemnización por antigüedad generada desde el 6/6/91 hasta el 18/6/97: De conformidad con el literal a del artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo, corresponden al actor la cantidad de 180 días, por los seis años y 12 días de prestación de servicios, a razón de un salario diario de Bs. 5000,00 lo que da un monto de Bs. 900.000, 00 (…).

b.- Compensación por Transferencia: De conformidad con el literal a del artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo, corresponden al actor la cantidad de 180 días por los 6 años y 12 días laborados, a razón de un salario diario de Bs. 5.000,00 lo que da un monto de Bs. 900.000,00 (…).

c.- Prestación de antigüedad: De conformidad con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, corresponden al actor la cantidad de 300, días por cinco años y 7 días laborados, más 30 días adicionales según lo dispone el primer aparte del supra mencionado artículo, lo que da un total de 330 días a razón de un salario nominal diario de Bs. 32.666,65 lo que da un monto de Bs. 10.779.994,50 (…).

d.- Vacaciones vencidas de los períodos 1991-1992 a 2001-2002: Según lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo; le corresponden 15 días por el período de 1991-1992 (…) 24 días por el período de 2000-2001 y 25 días por el período de 2001-2002, lo que da un total de 220 días a razón de un salario diario de Bs. 30.000,00, lo que da un monto de Bs. 6.600.000,00 (…).

e.- Bono vacacional vencido de los períodos 1991-1992 a 2001-2002: Según lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo; le corresponden (…) 15 días por el período 1999-2000, 16 días por el período 2000-2001 y 17 días por el período 2001-2002, lo que da un total de 132 días a razón de un salario diario de Bs. 30.000,00 lo que da un monto de Bs. 3.960.000,00 (…).

e.- (sic) Utilidades y Utilidades fraccionadas de los años 1991 al 2002: según lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo (…), por los años 1992 al 2001 le corresponden 150 días a razón de 15 días por año y por el año 2002 le corresponde una fracción de 6.25 días por los 5 meses completos laborados en ese año lo que da un total de 163,75 días a razón de un salario de Bs. 30.000,00 lo que da un monto de Bs. 4.912.500,00 (…).

Los anteriores conceptos dan un monto pendiente por pagar de Bs. 28.052.494,50 (...)”.

  

 

III

  DE LA COMPETENCIA

 

 

            Debe esta Sala determinar su competencia para conocer la presente solicitud de revisión y al respecto observa que conforme lo establece el cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución, la Sala Constitucional tiene atribuida la potestad de “(…) revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva (…)”.

  

Asimismo, en el fallo Nº 93 del 6 de febrero de 2001 (caso: “Corpoturismo”), esta Sala determinó su potestad extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, de revisar las siguientes decisiones judiciales:

 

“(…) 1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.

2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.

4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional (…)”.

 

Ahora bien, por cuanto, en el caso de autos, se pidió la revisión de un fallo definitivamente firme que emanó del Juzgado Segundo Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, esta Sala declara su competencia para el conocimiento de la misma. Así se decide.

 

 

IV

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

 

 

            Llegada la oportunidad para decidir, esta Sala observa:

 

            Solicitó la actora a esta Sala Constitucional el ejercicio de la facultad de revisión concedida por el cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con respecto a la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 13 de enero de 2006, en la cual se declaró con lugar la apelación interpuesta por los apoderados judiciales del ciudadano José Armando Duque y revocó la decisión del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la mencionada Circunscripción Judicial, que declaró sin lugar la demanda interpuesta por el mencionado ciudadano contra la sociedad mercantil Festejos Plaza, C.A., por cobro de prestaciones sociales.

 

            Igualmente, se advierte que la solicitante no ejerció el recurso extraordinario de control de la legalidad previsto en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, contra la sentencia objeto de revisión, por lo que la misma se encuentra definitivamente firme -Vid. Sentencia de esta Sala Nº 2.251/2006-.

 

La sentencia Nº 93 del 6 de febrero de 2001 (caso: “Corpoturismo”), señaló que la facultad de revisión es “(…) una potestad estrictamente excepcional, extraordinaria y discrecional (…)”, por ello “(…) en lo que respecta a la admisibilidad de tales solicitudes de revisión extraordinaria esta Sala posee una potestad discrecional de admitir o no admitir el recurso cuando así lo considere”, así “(…) la Sala puede en cualquier caso desestimar la revisión  ‘(…) sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales’ (…)”.

 

 En este sentido, la discrecionalidad que se le atribuye a la facultad de revisión constitucional, no debe entenderse como una nueva instancia y, por lo tanto, la solicitud en cuestión se admitirá sólo a los fines de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales o cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese rango, así como cuando se contraríen los criterios vinculantes de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, lo que será determinado por la Sala en cada caso, siendo siempre facultativo de ésta su procedencia.

 

El apoderado judicial de la solicitante, como se expresó anteriormente, alegó la “(…) infracción de los artículos 174, 219 y 223 de la Ley Orgánica del Trabajo y la incongruencia en la cual incurre la recurrida, ya que se observa, que en la parte motiva de la sentencia recurrida se señala que la presunta relación de trabajo terminó el 26/6/2000, pero cuando ordena pagar los conceptos de vacaciones vencidas, bono vacacional vencido, utilidades y utilidades fraccionadas (…), lo hace para los ejercicios fiscales 2001, 2002, cuando la misma recurrida había señalado que la relación de trabajo había terminado el 26/06/2000, lo que advierte la manifiesta contradicción e incongruencia, pues ordena pagar conceptos y montos de años en los cuales el demandante no prestó servicios para la empresa por propia manifestación del fallo (...)”.

 

Al respecto, es importante señalar, que el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 26 de la Constitución lleva consigo, entre otras, la exigencia de que toda decisión judicial deba ser motivada, en el sentido de que toda sentencia debe contener una motivación que no tiene por que ser exhaustiva, pero si razonable, en el sentido de  “(…) que deben considerarse motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentaron la decisión (…)” -Vid. Sentencia de esta Sala Nº 4.594/2005, caso: “José Gregorio Díaz Valera”-.

 

Además de la exigencia de motivación, la tutela judicial efectiva impone que las sentencias sean congruentes. La congruencia, que puede ser vulnerada tanto por el fallo en sí mismo, como por la fundamentación. De allí, que dicha exigencia se vulnera cuando se produce “(…) un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formulan sus pretensiones, al conceder más, menos o cosa distinta de lo pedido (…)” (Sentencia del Tribunal Constitucional Español Nº 172/1994); así como cuando la motivación es incongruente por acción o por omisión.

 

La Sala reiteradamente ha señalado que así como podemos encontrarnos con que un fallo puede ser incongruente tanto por acción como por omisión, por cuanto “(…) la incongruencia activa se presenta, ante la resolución de la pretensión por parte del juez, incumpliendo la obligación de actuar de manera coherente en relación con los términos en que fue planteada dicha pretensión, generando con su pronunciamiento desviaciones que suponen modificación o alteración en el debate; en cambio, la inmotivación deviene por incongruencia omisiva, por el incumplimiento total de la obligación de motivar, y dejar por ende, con su pronunciamiento, incontestada dicha pretensión, lo que constituye una vulneración del derecho a la tutela judicial, siempre que el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita (…)”-Vid. Sentencia de esta Sala Nº 4.594/2005, caso: “José Gregorio Díaz Valera”-

 

            Asimismo, en relación a la incongruencia como lesión al derecho a la defensa y la garantía del debido proceso, esta Sala Constitucional en sentencia Nº 1.340 del 25 de junio de 2002 señaló: “(...) el agravio o lesión al derecho a la defensa y a la garantía del debido proceso lo causa la evasión en cuanto al pronunciamiento correcto u omisión de pronunciamiento o ausencia de decisión conforme al recurso ejercido por la parte, lo que da lugar a una incongruencia entre -lo peticionado- la actuación requerida del órgano jurisdiccional y la producida por éste, que originó una conducta lesiva en el sentenciador, quien estando obligado a decidir de acuerdo con lo solicitado, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia (artículo 243, numeral 5, del Código de Procedimiento Civil), procedió a declarar algo distinto a lo reglado en la ley (…)”.

 

Igualmente, la Sala sostuvo en sentencia Nº 1.068/2006, que: “(...) ‘la función jurisdiccional es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el Legislador, donde la aplicación indefectible por el juzgador de ciertas consecuencias jurídicas se impone, ante determinados presupuestos de hecho (…). Esta actividad reglada previene fórmulas de actuación para la magistratura en virtud de la cual si bien el juez dispone de la posibilidad de emitir juicios de opinión que obedezcan a su particular manera de comprender las situaciones sometidas a su conocimiento y posee un amplio margen interpretativo, debe, sin embargo, ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad. En este sentido, se advierte como el ordenamiento jurídico introduce disposiciones normativas dirigidas especialmente a la actividad de juzgamiento’ (…)”.

 

Las anteriores consideraciones se fundamentan en los artículos 15, 243, ordinal 5º y 244 del Código de Procedimiento Civil, los cuales establecen lo siguiente:

 

“(…) Artículo 15 

Los Jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.

(…)

Artículo 243 

Toda sentencia debe contener:

...(omissis)...

5° Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.

Artículo 244 

Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior; por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita (…)”.

 

De igual forma, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo recoge los principios antes señalados en los siguientes términos:

 

“(…)  Artículo 160. La sentencia será nula:

1.- Por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior;

2.- Por haber absuelto la instancia;

3.- Por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca que sea lo decidido; y

4.- Cuando sea condicional o contenga ultrapetita (…)”.

 

Ahora bien, tal como se sostuvo precedentemente, de la lectura de la decisión cuya revisión es solicitada, se evidencia que el Juez Superior al analizar los alegatos de la accionante y las defensas de la demandada, a pesar que declaró que “(…) de las actas procesales no emerge elemento alguno que desvirtúe los hechos aducidos por la parte actora, razón por la cual se tienen como ciertos los siguientes hechos: que la relación labora (sic) se inició el 06/06/91 y terminó el 26/06/00 por renuncia (…)”, acordó el pago de conceptos -tales como “(…) Vacaciones vencidas. Bono vacacional vencido, Utilidades y Utilidades fraccionadas (…)”- derivados de la finalización de una relación laboral correspondientes a los años 2001 y 2002, siendo que a su propio juicio la misma había finalizado en el año 2000.

 

Tales circunstancias, permiten a esta Sala estimar que en el fallo sometido a revisión se incurrió en el vicio de inmotivación por contradicción entre sus motivos y el dispositivo, el cual conlleva a la violación del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y al desconocimiento del alcance que a dicha norma la Sala ha dado, ya que al no analizarse correctamente los alegatos de las partes y no ceñirse a los términos en los cuales el mismo Juzgado determinó el alcance de la controversia planteada por las partes, el Juez desconoció doctrina vinculante de esta Sala Constitucional, llegando a conclusiones erróneas que fundamentaron la declaratoria con lugar de la demanda interpuesta y, en consecuencia, modificó de forma sustancial los términos del litigio principal, haciendo contradictorio el contenido de la decisión objeto de revisión.

 

Por lo antes expuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 5.16 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala estima procedente la revisión de la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 13 de enero de 2006, y visto que el fallo impugnado obvió los criterios e interpretación de las normas y principios constitucionales, como lo son la vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso y con ellos la vulneración del principio de la congruencia y la no contradicción, lesivos, a su vez del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 26 y 49 numeral 8 de la Constitución, así como la doctrina sentada por esta Sala en las sentencias citadas en el texto de la presente decisión, en consecuencia, se declara ha lugar la revisión ejercida, se anula dicha decisión y se ordena que se dicte nuevo fallo, de segunda instancia, con pronunciamiento de fondo sobre la materia denunciada por los apoderados judiciales de la solicitante en revisión, sin incurrir en la inmotivación por contradicción analizada en el presente fallo (Vid. Sentencias de esta Sala Nros. 93/01 y 325/05, casos: “Corpoturismo” y “Alcido Pedro Ferreira”, respectivamente). Así se decide.

 

V

DECISIÓN

 

 

            Por las razones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara HA LUGAR la solicitud de revisión interpuesta por el abogado José Massa González, actuando como apoderado judicial de la sociedad mercantil FESTEJOS PLAZA, C.A., ya identificados, de la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 13 de enero de 2006, en la cual se declaró con lugar la apelación interpuesta por los apoderados judiciales del ciudadano José Armando Duque y revocó la decisión del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la mencionada Circunscripción Judicial, que declaró sin lugar la demanda interpuesta por el mencionado ciudadano contra la sociedad mercantil Festejos Plaza, C.A., por cobro de prestaciones sociales. En consecuencia, se ANULA la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 13 de enero de 2006 y, ORDENA remitir copia de la presente decisión al Juzgado Superior Distribuidor para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas a los fines de que el Juzgado Superior, a quien corresponda por distribución, emita nuevo fallo en los términos expuestos.

 

            Publíquese y regístrese. Cúmplase con lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 25 días del mes de junio de dos mil siete (2007). Años: 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

 

La Presidenta de la Sala,

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                           Ponente

 

El Vicepresidente,

 

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

 

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

Exp. Nº AA50-T-2007-0400

LEML/

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