Sentencia N.º 1279
- Sentencia
- N.º 1279
- Fecha
- 25/06/2007
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 07-0400
- Ponente
- Luisa Estella Morales Lamuño
- Procedimiento
- Recurso de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Expediente Nº 07-0400
El 21 de marzo de 2007, el abogado José Massa González, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 44.544, actuando como apoderado judicial de la sociedad mercantil FESTEJOS PLAZA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de
En virtud de su reconstitución esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quedó integrada de la siguiente manera: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, Vicepresidente y los Magistrados Pedro Rafael Rondón Haaz, Francisco Antonio Carrasquero López, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán y Arcadio de Jesús Delgado Rosales.
El 26 de marzo de 2007, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó como ponente a
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.
I
DE LOS FUNDAMENTOS DE
La solicitante, fundó su pretensión de revisión sobre la base de los siguientes argumentos:
Afirmó que la sentencia objeto de revisión incurre en el vicio de incongruencia, lo cual constituye una violación del derecho a la defensa. Alegó, que el mencionado vicio se materializa al (
) determinar la cuantía de un presunto salario de Bs. 5.000,00, para el pago de compensación por transferencia y el corte de cuenta, para el cálculo de los derechos que se le adeudaría al demandante y tenía acumulado el 19 de junio de 1997, cuando se encontraba vigente el anterior régimen de cálculo de las indemnizaciones laborales, calculadas año por año a razón de 30 días por cada año de servicio sobre la base del último salario devengado en el mes anterior a la vigencia de
Que la sentencia objeto de revisión para establecer la existencia de la relación laboral (
) desestimó la deposición de los testigos de la demandada para determinar que eran insuficientes frente a un medio de prueba por escrito (
), la cual consistía en dos identificaciones, denominadas constancia de trabajo, uno sin firma autorizada y otro con una firma ilegible, de los cuales no se desprende ni el monto salarial, ni la prestación de servicios en fecha anterior al 5 de septiembre de 2000, lo cual evidencia a su juicio la infracción del artículo 666 eiusdem.
Que la sentencia objeto de revisión incurre en una evidente contradicción ya que (
) de las actas procesales no emerge elemento alguno que desvirtúe los hechos aducidos por la parte actora, razón por la cual se tienen como ciertos los siguientes hechos: que la relación labora (sic) se inició el 06/06/91 y terminó el 26/06/00 por renuncia, que el último salario devengado era de Bs. 900.000,00 mensuales, es decir, Bs. 30.000,00 diarios (
), esa conclusión es total y absolutamente falsa, porque si se revisa la única documental analizada y considerada por el Juzgador para concluir que entre las partes hubo una relación laboral (que negamos), marcada C, para el 5/9/2000 se indica que el demandante era personal activo, así como para el 7/3/2001 cuando presuntamente le fue entregado el otro carnet, esto es, que si esas son las únicas pruebas consideradas por la recurrida para declarar la procedencia de la acción, su análisis y valoración no están acorde con los presuntos hechos que presuntamente (sic) están plasmados en dichas documentales, lo cual nos conduce a calificar la conducta de la recurrida como de falsa suposición al sacar elementos de convicción falsos de documentos que no se corresponden con la verdad procesal (
).
Continuó exponiendo, que (
) se solicita de esa Sala Constitucional revise dichas documentales y la conclusión de la recurrida, anulando el fallo por infracción de norma legal expresa, al no decidir conforme a lo alegado y probado en autos (
).
Alegó que (
) de aceptarse gratia arguendi la tesis de la recurrida de que entre las partes hubo una relación de trabajo, ha debido ser a partir del 5/9/2000 y no antes, y los cálculos para el pago de la prestación social de antigüedad conforme al artículo 108 eiusdem, han debido comenzarse a calcular después del tercer mes ininterrumpido de servicios (
).
Que (
) no está demostrado que el demandante haya devengado un salario fijo mensual de Bs. 900.000,00 durante todo el tiempo que presuntamente duró la relación de trabajo como lo indica la recurrida, de manera que, cuando la recurrida llega a esa conclusión y ordena el pago del monto total de Bs. 10.779.994,50, por 300 días de prestación social de antigüedad y 30 días adicionales, no está actuando conforme lo demanda el artículo 108 de
Estimó la (
) infracción de los artículos 174, 219 y 223 de
Asimismo, consideró que las anteriores circunstancias se constituyen en una violación del derecho a la defensa y al debido proceso consagrados en el artículo 49 de
Finalmente, solicitó se declarara ha lugar la solicitud de revisión interpuesta y se anulara la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de
II
DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
Mediante sentencia dictada por el Juzgado Segundo Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de
(
) una vez analizadas las pruebas cursantes a los autos, quien decide observa que en primer término, la parte actora, a través de la constancia de trabajo de fecha 05/09/00, demostró la existencia de una prestación de servicios, en calidad de Jefe de Servicios para con la demandada. Por otra parte se observa que la demandada intentó desvirtuar la naturaleza laboral del (...) que la unió con el accionante a través de la declaración de testigos, pues esta indicó que el actor era un trabajador independiente en los términos del artículo 40 de
Así las cosas, de las deposiciones de los testigos se evidencian indicios de laboralidad, siendo que de la declaración de Mario Moure, se desprende que entre las partes hubo un vínculo jurídico, el cual consistió en la prestación de servicio, en la cual fungía el actor como jefe del mismo, actuando en representación de la demandada, pues así se desprende, especialmente de la pregunta décima sexta en la cual se le preguntó ...si el servicio prestado en su condición de mesonero o jefe de Servicio, puede ser considerado como un trabajador independiente...; así mismo, de la declaración del ciudadano (...) se desprende que entre las partes hubo un vínculo jurídico, el cual consistió en la prestación de un servicio, en la cual fungía el actor como jefe del mismo, actuando en representación de la demandada, pues así se desprende, especialmente de la repregunta cuarta, en lo relativo a la oportunidad en que el actor prestaba el servicio para la demandada, ya que el testigo indicó que éste trabajaba en la misma oportunidad en que ellos lo hacían y que, éste, era el que lo dirigía; y quinta, en cuanto a que el actor estaba sometido a una jornada; pruebas éstas que al adminicularlas con la prueba promovida por el accionante marcada con la letra C de fecha 05/09/00, que se le concedió valor probatorio, surgen elementos que no dejan duda que el actor era un trabajador dependiente, por lo que siendo esto así y no logrando la demandada desvirtuar la presunción que opera a favor del trabajador, prevista en el artículo 65 de
( )
De igual manera, se observa que de las actas procesales no emerge elemento alguno que desvirtúe los hechos aducidos por la parte actora, razón por la cual se tienen como ciertos los siguientes hechos: que la relación labora (sic) se inició el 06/06/91 y terminó el 26/06/00 por renuncia, que el último salario devengado era de Bs. 900.000,00 mensuales, es decir, Bs. 30.000,00 diarios a los cuales se le debe agregar la alícuota de la utilidad de Bs. 1.249,99 más la alícuota del bono vacacional de Bs. 1.416,66, lo que da un salario normal de Bs. 32.666,65 que se tomará como base de cálculo para la prestación de antigüedad , que el cargo desempeñado por el actor era de Jefe de Servicios, que el salario base para calcular la indemnización de antigüedad y compensación por transferencia es de Bs. 150.000,00 mensuales, es decir Bs. 5.000,00 diarios; que la demandada se negó a pagar las prestaciones sociales y demás conceptos laborales que reclama el accionante. Así se establece.
Con base a todo lo anterior pasa esta superioridad a pronunciarse sobre los conceptos y cantidades reclamadas por el demandante, de la manera siguiente:
a.- Indemnización por antigüedad generada desde el 6/6/91 hasta el 18/6/97: De conformidad con el literal a del artículo 666 de
b.- Compensación por Transferencia: De conformidad con el literal a del artículo 666 de
c.- Prestación de antigüedad: De conformidad con el artículo 108 de
d.- Vacaciones vencidas de los períodos 1991-
e.- Bono vacacional vencido de los períodos 1991-
e.- (sic) Utilidades y Utilidades fraccionadas de los años 1991 al 2002: según lo dispuesto en el artículo 174 de
Los anteriores conceptos dan un monto pendiente por pagar de Bs. 28.052.494,50 (...).
III
DE LA COMPETENCIA
Debe esta Sala determinar su competencia para conocer la presente solicitud de revisión y al respecto observa que conforme lo establece el cardinal 10 del artículo 336 de
Asimismo, en el fallo Nº 93 del 6 de febrero de 2001 (caso: Corpoturismo), esta Sala determinó su potestad extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, de revisar las siguientes decisiones judiciales:
(
) 1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.
2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de
3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de
4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de
Ahora bien, por cuanto, en el caso de autos, se pidió la revisión de un fallo definitivamente firme que emanó del Juzgado Segundo Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de
IV
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Llegada la oportunidad para decidir, esta Sala observa:
Solicitó la actora a esta Sala Constitucional el ejercicio de la facultad de revisión concedida por el cardinal 10 del artículo 336 de
Igualmente, se advierte que la solicitante no ejerció el recurso extraordinario de control de la legalidad previsto en el artículo 178 de
La sentencia Nº 93 del 6 de febrero de 2001 (caso: Corpoturismo), señaló que la facultad de revisión es (
) una potestad estrictamente excepcional, extraordinaria y discrecional (
), por ello (
) en lo que respecta a la admisibilidad de tales solicitudes de revisión extraordinaria esta Sala posee una potestad discrecional de admitir o no admitir el recurso cuando así lo considere, así (
)
En este sentido, la discrecionalidad que se le atribuye a la facultad de revisión constitucional, no debe entenderse como una nueva instancia y, por lo tanto, la solicitud en cuestión se admitirá sólo a los fines de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales o cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese rango, así como cuando se contraríen los criterios vinculantes de
El apoderado judicial de la solicitante, como se expresó anteriormente, alegó la (
) infracción de los artículos 174, 219 y 223 de
Al respecto, es importante señalar, que el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 26 de
Además de la exigencia de motivación, la tutela judicial efectiva impone que las sentencias sean congruentes. La congruencia, que puede ser vulnerada tanto por el fallo en sí mismo, como por la fundamentación. De allí, que dicha exigencia se vulnera cuando se produce (
) un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formulan sus pretensiones, al conceder más, menos o cosa distinta de lo pedido (
) (Sentencia del Tribunal Constitucional Español Nº 172/1994); así como cuando la motivación es incongruente por acción o por omisión.
Asimismo, en relación a la incongruencia como lesión al derecho a la defensa y la garantía del debido proceso, esta Sala Constitucional en sentencia Nº 1.340 del 25 de junio de 2002 señaló: (...) el agravio o lesión al derecho a la defensa y a la garantía del debido proceso lo causa la evasión en cuanto al pronunciamiento correcto u omisión de pronunciamiento o ausencia de decisión conforme al recurso ejercido por la parte, lo que da lugar a una incongruencia entre -lo peticionado- la actuación requerida del órgano jurisdiccional y la producida por éste, que originó una conducta lesiva en el sentenciador, quien estando obligado a decidir de acuerdo con lo solicitado, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia (artículo 243, numeral 5, del Código de Procedimiento Civil), procedió a declarar algo distinto a lo reglado en la ley ( ).
Igualmente,
Las anteriores consideraciones se fundamentan en los artículos 15, 243, ordinal 5º y 244 del Código de Procedimiento Civil, los cuales establecen lo siguiente:
(
) Artículo 15
Los Jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.
(
)
Artículo 243
Toda sentencia debe contener:
...(omissis)...
5° Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.
Artículo 244
Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior; por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita (
).
De igual forma,
(
) Artículo 160. La sentencia será nula:
1.- Por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior;
2.- Por haber absuelto la instancia;
3.- Por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca que sea lo decidido; y
4.- Cuando sea condicional o contenga ultrapetita (
).
Ahora bien, tal como se sostuvo precedentemente, de la lectura de la decisión cuya revisión es solicitada, se evidencia que el Juez Superior al analizar los alegatos de la accionante y las defensas de la demandada, a pesar que declaró que (
) de las actas procesales no emerge elemento alguno que desvirtúe los hechos aducidos por la parte actora, razón por la cual se tienen como ciertos los siguientes hechos: que la relación labora (sic) se inició el 06/06/91 y terminó el 26/06/00 por renuncia (
), acordó el pago de conceptos -tales como (
) Vacaciones vencidas. Bono vacacional vencido, Utilidades y Utilidades fraccionadas (
)- derivados de la finalización de una relación laboral correspondientes a los años 2001 y 2002, siendo que a su propio juicio la misma había finalizado en el año 2000.
Tales circunstancias, permiten a esta Sala estimar que en el fallo sometido a revisión se incurrió en el vicio de inmotivación por contradicción entre sus motivos y el dispositivo, el cual conlleva a la violación del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 de
Por lo antes expuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 5.16 de
V
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de
Publíquese y regístrese. Cúmplase con lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Ponente
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. Nº AA50-T-2007-0400
LEML/
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