Sentencia N.º 1288
- Sentencia
- N.º 1288
- Fecha
- 25/06/2007
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 05-0126
- Ponente
- Francisco Antonio Carrasquero López
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
El 21 de enero de 2005, fue recibido en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, oficio n° 005-2005, del 17 de enero de 2005, proveniente del Juzgado Superior Tercero Agrario de
El 24 de enero de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado LUIS V. VELÁSQUEZ ALVARAY.
El 9 de marzo de 2005, se dio cuenta en Sala del escrito contentivo de ampliación de la apelación y anexos, presentados por la parte accionante, y se acordó agregarlos al expediente.
El 11 de mayo de 2005, se dio cuenta en Sala de la diligencia presentada por la parte accionante, por medio de la cual denunció desacato por parte del INTI e igualmente, denunció el delito de invasión, por parte de un número de campesinos, y se acordó agregarlo al expediente.
El 19 de mayo de 2005, se dio cuenta en Sala de la diligencia presentada por la parte accionante, y anexos, mediante la cual se consignó instrumento poder otorgado por el Instituto Nacional de Tierras, a los profesionales del derecho, Rita Margarita Rico Arellano Harry Gutiérrez Benavides y Irack Márquez Moreno, así como, copia simple de la sentencia dictada, bajo el n° 442 del 07 de abril de 2004, por esta Sala Constitucional, y se acordó agregarlos al expediente.
El 16 de marzo de 2006, se dio cuenta en Sala del escrito presentado por los accionantes, alegando nuevos hechos, y se acordó agregarlo al expediente.
El 16 de marzo de 2006, se dio cuenta en Sala del escrito contentivo de inhibición presentado por el Magistrado Luis Velásquez Alvaray, mediante el cual, alegó los motivos por los cuales se separó del conocimiento del presente juicio, y se acordó agregarlo al expediente.
El 03 de mayo de 2006, se dio cuenta en Sala del auto dictado el 7 de abril de 2006, por
Aceptado como fue el cargo por el mencionado Conjuez, en la misma fecha 7 de abril de 2006, se constituyó
El 3 de mayo de 2006, se dio cuenta en Sala del escrito presentado por la parte accionante, por medio del cual ratificó sus alegatos, y se acordó agregarlo al expediente.
El 6 de junio de 2007, se dio cuenta en Sala del escrito presentado por la parte accionante, mediante el cual desistió de la solicitud de desalojo, y pidió se dicte sentencia, se acordó agregarlo al expediente.
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previa las siguientes consideraciones:
I
FUNDAMENTO DE
Señaló la apoderada judicial de los accionantes, que el 18 de octubre de 2003, intentó acción de amparo constitucional, por ante el Juzgado Superior Tercero Agrario de
Que no se les notificó a sus representados de la apertura del procedimiento de calificación tierras de ociosas o incultas, tal como lo establecen los artículos 37 y siguientes, del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
Que sus representados fomentaron, el criadero de rebaño de ganado y que realizaron una serie de bienhechurías dentro del fundo en referencia.
Que la emisión de cartas agrarias, proceden únicamente sobre tierras incultas, (...) cuya propiedad esté en manos del Estado venezolano, así como de los entes y los órganos que lo componen (...).
Que el 14 de octubre de 2003,
Que
Agregó, que el fundo
Que solicitó se declarara con lugar la acción de amparo, y con la finalidad de restablecer la situación jurídica infringida, se le ordenara al Instituto Nacional de Tierras permitir a sus representados continuar ejerciendo su derechos sobre el fundo y se dejara sin efecto el otorgamiento de las referidas cartas agrarias.
Que, el 18 de diciembre de 2003, el Juzgado Superior Tercero Agrario de
Que, el 8 de enero de 2004, el representante de los solicitantes apeló de la decisión y alegó que el juez no indicó ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de
Que, el 12 de enero de 2004, el referido tribunal superior remitió copia certificada del expediente a este Tribunal Supremo de Justicia.
Que, el 15 de junio de 2004,
Que, el 10 de enero de 2005, se celebró la audiencia constitucional ante el Juzgado Superior Tercero Agrario de
Que, el 12 de enero de 2005, el apoderado judicial de los accionantes apeló de la mencionada decisión.
II
DE
Mediante decisión del 10 de enero de 2005, el Juzgado Superior Tercero Agrario de
.... observa este juzgador que nuestra Constitución establece el derecho al debido proceso, el cual se extiende a todas las actuaciones del poder público (sic). En este sentido, el debido proceso concebido en nuestra Carta Magna, comprende entre otros, el derecho a la defensa, de suerte que no existe duda alguna sobre la obligación que pesa sobre todos los órganos judiciales y administrativos de notificar a toda persona cuyo derecho e intereses pudiera resultar afectados por esto. En el presente caso el quejoso aduce la violación al debido proceso, al no haber sido notificados sus representados de la apertura del procedimiento administrativo por parte del Instituto Nacional de Tierras (INTI), sin embargo este juzgador observa que, en el referido cuaderno separado en copias certificadas (sic) del expediente signado con el n° P03-1085-48-OT, cursa al folio 125, el Auto de Apertura correspondiente, en sujeción al artículo 51 de
Aún cuando el quejoso alega que su derecho a la defensa le fue igualmente vulnerado por el ente Agrario, se aprecia al folio 120 del Expediente Administrativo que en fecha 14 de octubre de 2003 le fue comunicado a los señores Raúl Duque y Juan Méndez, que ese despacho benefició con Carta Agraria a un grupo de pequeños productores en un lote de terreno de origen Baldío, ubicado en el Sector El Carrao de Garcitas, Parroquia
que aún cuando no se observa orden cronológico de las actuaciones en el citado expediente, como se dijo antes, es cierto que el quejoso aduzca que no fue debidamente informado de la apertura y del otorgamiento de cartas Agrarias al grupo de campesinos del sector, por lo tanto es fácil deducir que los quejosos estaban en pleno conocimiento del procedimiento instaurado por parte de
En relación al otorgamiento de las Cartas Agrarias, este Tribunal considera que el Decreto n° 2290 (sic) de fecha 31 de enero de 2003, así como
En relación al derecho de propiedad alegado por los quejosos (...) este tribunal estima que no existe tal violación por cuanto prevalece la temporalidad del Acto Administrativo contenidas en las Cartas Agrarias emitidas a favor de un grupo de campesinos, y además el amparo constitucional autónomo, no es la vía idónea para lograr la restitución del derecho de propiedad, así como el uso goce y disfrute de terreno en cuestión por cuanto nuestra legislación, tanto la ordinaria en el Código Civil como
III
DE LA COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la apelación ejercida, al respecto observa, que la decisión dictada, el 10 de enero de 2005, por el Juzgado Superior Tercero Agrario de
En el presente caso, se somete al conocimiento de esta Sala Constitucional el recurso de apelación ejercido por parte accionante, contra el fallo dictado, en primer grado de jurisdicción, por el Juzgado Superior Tercero Agrario de
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Determinada la competencia de
Expresa la apoderada judicial de los accionantes, que dicha acción de amparo constitucional se fundamentó en la violación de los derechos establecidos en los artículos 19, 25, 26, 27 49, 115, 116, de
En este sentido se observa que, la sentencia objeto de la presente apelación declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta, y estableció que, no se vulneró derecho alguno a los accionantes, por cuanto se les notificó de la emisión de las Cartas Agrarias otorgadas por el Directorio de
Ahora bien,
No se admitirá la acción de amparo:
(
)
5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes (
).
Asimismo, en sentencia n° 963 del 5 de junio de 2001, de esta Sala Constitucional, caso: José Ángel Guía y otros, se estableció que:
... el ejercicio de la tutela constitucional por parte de los jueces de la república, a través de cualquiera de los canales procésales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano; por lo que, en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo de la constitución atribuye a las vías procesales ordinarias les impone el deber de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, que bastaría con señalar que la vía existente y que su agotamiento previo es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo....
Igualmente, esta Sala Constitucional, en Sentencia n° 2.369 del 23 de noviembre de 2001, caso: Parabólicas Services Maracay, C.A., estableció que:
En concordancia con lo expuesto anteriormente,
Así, en primer término, se consagra claramente la inadmisión de la acción cuando el agraviado haya optado por recurrir a la vías ordinarias o a los medios judiciales preexistentes, sobre el fundamento de que todo juez de
No obstante, la misma norma es inconsistente, cuando consagra que, en el caso de la opción por la vía ordinaria, si se alega violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, la acción de amparo será admisible, caso en el cual el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos previstos en los artículos 23, 24 y 26 de
En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de
Lo expuesto anteriormente, lleva a concluir, entonces, que la norma en análisis, no sólo autoriza la admisibilidad del llamado amparo sobrevenido sino que es el fundamento de su inadmisibilidad, cuando se dispone de un medio idóneo para el logro de los fines que, a través del amparo, se pretende alcanzar.
Ahora bien, en el caso bajo examen, los accionantes no acudieron al medio judicial idóneo para obtener la restitución de los derechos que alegaron lesionados, como lo es el recurso contencioso administrativo de nulidad previsto en el artículo 171 y siguientes de
Por tal motivo, esta Sala difiere del pronunciamiento realizado por el a-quo en el fallo apelado, por cuanto, no obstante haber advertido que el accionante no utilizó los medios judiciales preexistentes, procedió a pronunciarse sobre el fondo de la controversia y declaró sin lugar la acción incoada, cuando debió declararla inadmisible.
Por las razones expuesta, esta Sala Constitucional declara sin lugar la apelación ejercida, revoca el fallo apelado y declara inadmisible la acción de amparo constitucional incoada. Así se decide.
V
DECISIÓN
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de
Publíquese, regístrese y archívese.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Ponente
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ALBERTO VILORIA RENDÓN
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
FACL/
Exp. n° 05-0126
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias