Venley

Sentencia N.º 1288

Sentencia
N.º 1288
Fecha
25/06/2007
Sala
Constitucional
Expediente
05-0126
Ponente
Francisco Antonio Carrasquero López
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

El 21 de enero de 2005, fue recibido en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, oficio n° 005-2005, del 17 de enero de 2005, proveniente del Juzgado Superior Tercero Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, mediante el cual, se remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional, interpuesta por el abogado JONNY COLMENAREZ BLANCO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad n° 10.729.184 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 77.57, con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos RAÚL DUQUE SERNA y JUAN MÉNDEZ GARCÍA, titulares de las cédulas de identidad números E-82.260.815 y 4.954.469, respectivamente, contra la Oficina Regional de Tierras del Instituto Nacional de Tierras del Estado Portuguesa (INTI), dicha remisión obedece, al recurso de apelación ejercido por los accionantes, contra la decisión dictada el 10 de enero de 2005, por el Juzgado Superior Tercero Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional, intentada por los mencionados ciudadanos Raúl Duque Serna y Juan Méndez García, alegando lo establecido en los artículos 26, 51, 115, 116 y 49 numeral 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como lo establecido en los artículos 40, 43, 95 y 98 del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

 

            El 24 de enero de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado LUIS V. VELÁSQUEZ ALVARAY.

 

            El 9 de marzo de 2005, se dio cuenta en Sala del escrito contentivo de ampliación de la apelación y anexos, presentados por la parte accionante, y se acordó agregarlos al expediente.

 

El 11 de mayo de 2005, se dio cuenta en Sala de la diligencia presentada por la parte accionante, por medio de la cual denunció desacato por parte del INTI e igualmente, denunció el delito de invasión, por parte de un número de campesinos, y se acordó agregarlo al expediente.

 

El 19 de mayo de 2005, se dio cuenta en Sala de la diligencia presentada por la parte accionante, y anexos, mediante la cual se consignó instrumento poder otorgado por el Instituto Nacional de Tierras, a los profesionales del derecho, Rita Margarita Rico Arellano Harry Gutiérrez Benavides y Irack Márquez Moreno, así como, copia simple de la sentencia dictada, bajo el n° 442 del 07 de abril de 2004, por esta Sala Constitucional, y se acordó agregarlos al expediente.

 

El 16 de marzo de 2006, se dio cuenta en Sala del escrito presentado por los accionantes, alegando nuevos hechos, y se acordó agregarlo al expediente.

 

El 16 de marzo de 2006, se dio cuenta en Sala del escrito contentivo de inhibición presentado por el Magistrado Luis Velásquez Alvaray, mediante el cual, alegó los motivos por los cuales se separó del conocimiento del presente juicio, y se acordó agregarlo al expediente.

 

El 03 de mayo de 2006, se dio cuenta en Sala del auto dictado el 7 de abril de 2006, por la Presidenta de esta Sala Constitucional, mediante el cual fue declara con lugar la inhibición presentada por el Magistrado Luis Velásquez Alvaray, y se ordenó convocar al Segundo Conjuez Magistrado Alberto Viloria Rendón, a los fines de constituir la Sala Accidental.

 

Aceptado como fue el cargo por el mencionado Conjuez, en la misma fecha 7 de abril de 2006, se constituyó la Sala Accidental que continuará conociendo de la presente causa, quedando integrada por los siguientes Magistrados: doctora Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Jesús Eduardo Cabrera Romero, Vicepresidente; Pedro Rafael Rondón Haaz, Francisco Antonio Carrasquero López, Marco Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán y Alberto Viloria Rendón; asimismo, se acordó remitir el expediente a la Sala Natural, y se designó ponente al Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, quien con tal carácter, suscribe el presente fallo.

 

El 3 de mayo de 2006, se dio cuenta en Sala del escrito presentado por la parte accionante, por medio del cual ratificó sus alegatos, y se acordó agregarlo al expediente.

 

El 6 de junio de 2007, se dio cuenta en Sala del escrito presentado por la parte accionante, mediante el cual desistió de la solicitud de desalojo, y pidió se dicte sentencia, se acordó agregarlo al expediente.

 

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previa las siguientes consideraciones:

 

I

FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN

 

            Señaló la apoderada judicial de los accionantes, que el 18 de octubre de 2003, intentó acción de amparo constitucional, por ante el Juzgado Superior Tercero Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en contra del Instituto Nacional de Tierras del Estada Portuguesa (INTI), alegando que el mismo violó las garantías constitucionales al debido proceso y al derecho a la propiedad, ya que otorgó carta agraria a un grupo de personas, dentro de los linderos del fundo La Yagua y La Batea, basándose en el decreto presidencial 2.292 del 4 de febrero de 2003.

 

Que no se les notificó a sus representados de la apertura del procedimiento de calificación tierras de ociosas o incultas, tal como lo establecen los artículos 37 y siguientes, del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

 

            Que sus representados fomentaron, el criadero de rebaño de ganado y que realizaron una serie de bienhechurías dentro del fundo en referencia.

Que la emisión de cartas agrarias, proceden únicamente sobre tierras incultas, “(...) cuya propiedad esté en manos del Estado venezolano, así como de los entes y los órganos que lo componen (...)”.

 

            Que el 14 de octubre de 2003, la Oficina Regional de Tierras del Estado Portuguesa les notificó el otorgamiento de las referidas cartas agrarias, pero no les notificó sobre la apertura del procedimiento antes señalado.

 

            Que la Oficina Regional de Tierras del Estado Portuguesa privó a sus representados “(...) de su propiedad predial (...)”, por cuanto entregó Carta Agraria a los campesinos, que quebrantó el debido proceso, y violó lo preceptuado en los artículos 115 y 116 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

            Agregó, que el fundo La Yagua y La Batea, no fueron objeto de abandono, y que se encontraban en plena producción, “(...) mermada en la actualidad por los actos realizados por el Instituto Nacional de Tierras cuando le prohíbe a sus  representados, realizar desarrollo agrario donde se otorgó CARTA AGRARIA (...)”.

 

            Que solicitó se declarara con lugar la acción de amparo, y con la finalidad de restablecer la situación jurídica infringida, se le ordenara al Instituto Nacional de Tierras permitir a sus representados continuar ejerciendo su derechos sobre el fundo y se dejara sin efecto el otorgamiento de las referidas cartas agrarias.

 

            Que, el 18 de diciembre de 2003, el Juzgado Superior Tercero Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Lara declaró inadmisible la acción.

 

            Que, el 8 de enero de 2004, el representante de los solicitantes apeló de la decisión y alegó que el juez no indicó ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

            Que, el 12 de enero de 2004, el referido tribunal superior remitió copia certificada del expediente a este Tribunal Supremo de Justicia.

Que, el 15 de junio de 2004, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar el recurso de apelación y revocó la decisión dictada el 18 de diciembre de 2003, por el Juzgado Superior Tercero Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, la cual declaró inadmisible la acción de amparo y ordenó al referido tribunal pronunciarse nuevamente sobre la admisibilidad de la acción de amparo

 

Que, el 10 de enero de 2005, se celebró la audiencia constitucional ante el Juzgado Superior Tercero Agrario de la Circunscripción Judicial de Estado Lara, en la cual se declaró sin lugar la acción de amparo.

 

Que, el 12 de enero de 2005, el apoderado judicial de los accionantes apeló de la mencionada decisión.

 

II

DE LA SENTENCIA APELADA

 

Mediante decisión del 10 de enero de 2005, el Juzgado Superior Tercero Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Lara declaró sin lugar la acción de amparo interpuesta por la apoderada judicial de los accionantes, contra el directorio de la Oficina Regional de Tierras del Estado Portuguesa, por cuanto otorgó carta agraria, a un grupo de personas sobre el fundo La Yagua y La Batea, en tal sentido, dicho fallo estableció lo siguiente:

 

“ .... observa este juzgador que nuestra Constitución establece el derecho al debido proceso, el cual se extiende a todas las actuaciones del poder público (sic). En este sentido, el debido proceso concebido en nuestra Carta Magna, comprende entre otros, el derecho a la defensa, de suerte que no existe duda alguna sobre la obligación que pesa sobre todos los órganos judiciales y administrativos de notificar a toda persona cuyo derecho e intereses pudiera resultar afectados por esto. En el presente caso el quejoso aduce la violación  al debido proceso, al no haber sido notificados sus representados de la apertura del procedimiento administrativo por parte del Instituto Nacional de Tierras (INTI), sin embargo este juzgador observa que, en el referido cuaderno separado en copias certificadas (sic) del expediente signado con el n° P03-1085-48-OT, cursa al folio 125, el Auto de Apertura correspondiente, en sujeción al artículo 51 de la Ley Orgánica  de Procedimientos Administrativos, en concordancia con los artículos 52 y 53 eiusdem, emanado de la Oficina Regional de Tierras del Estado Portuguesa, en fecha 5 de noviembre de 2003, en base a la denuncia interpuesta por el ciudadano José María Virche (F.115), y que este tribunal considera suficiente para iniciar la sustanciación de dicho procedimiento administrativo.  

 

Aún cuando el quejoso alega que su derecho a la defensa le fue igualmente vulnerado por el ente Agrario, se aprecia al folio 120 del Expediente Administrativo que en fecha 14 de octubre de 2003 le fue comunicado a los señores Raúl Duque y Juan Méndez, que ese despacho benefició con Carta Agraria a un grupo de pequeños productores en un lote de terreno de origen Baldío, ubicado en el Sector El Carrao de Garcitas, Parroquia La Capilla del Municipio Guanarito, y le advierten lo siguiente: (...) que si usted considera que se le esta (sic)vulnerando algún derecho favor presentarse por ante este despacho el día lunes 20 de octubre de 2003 y presentar los soportes documentales que avalen sus dichos, así como el plano correspondiente al predio que usted considera que es de su propiedad (...).

 

“que aún cuando no se observa orden cronológico de las actuaciones en el citado expediente, como se dijo antes, es cierto que el quejoso aduzca que no fue debidamente informado de la apertura y del otorgamiento de cartas Agrarias al grupo de campesinos del sector, por lo tanto es fácil deducir que los quejosos estaban en pleno conocimiento del procedimiento instaurado por parte de la Oficina Regional de Tierras del Estado Portuguesa (...).

 

En relación al otorgamiento de las Cartas Agrarias, este Tribunal considera que el Decreto n° 2290 (sic) de fecha 31 de enero de 2003, así como la Resolución emanada del Instituto Nacional de Tierras (INTI) de fecha 05 de febrero de 2003, se ajusta al espíritu, propósito y razón de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, acabar con el Latifundio que azota desde hace muchos años al campesino venezolano, desarrollar y fortalecer el agro, el cual se encuentra bastante deprimido, idea ésta a la cual nos suscribimos y acatamos por ser mandato constitucional. Es así como el Instituto Nacional de Tierras (INTI) puede autorizar la ocupación de grupos campesinos en las tierras públicas con vocación agrícolas mediante el otorgamiento de la Carta Agraria, siendo una actuación provisional que se realiza hasta que el Ente Agrario tramite y resuelva la adjudicación provisional. De tal manera que no es posible atacar la nulidad de las Cartas Agrarias emitidas a través de una acción de amparo constitucional autónoma, por cuanto existe para ello el mecanismo debidamente estructurado, como lo es el recurso de nulidad y hasta el procedimiento cautelar regulado, previsto en los artículos 171 al 198 de la novísima Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y así se decide.

 

En relación al derecho de propiedad alegado por los quejosos (...) este tribunal estima que no existe tal violación por cuanto prevalece la temporalidad del Acto Administrativo contenidas en las Cartas Agrarias emitidas a favor de un grupo de campesinos, y además el amparo constitucional autónomo, no es la vía idónea para lograr la restitución del derecho de propiedad, así como el uso goce y disfrute de terreno en cuestión por cuanto nuestra legislación, tanto la ordinaria en el Código Civil como la Especial Agraria establecida en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, prevén la existencia de las acciones para esa naturaleza de pretensiones y que de ninguna manea pueden ser calificadas como ineficaces o impertinentes (...) Finalmente, en el presente caso se observa que no existe evidencia de la violación del derecho constitucional de los aducidos por los accionantes, ya que se desprende que los mismos están en conocimiento de la tramitación del procedimiento administrativo, que tuvieron acceso al mismo y además ejercieron el recurso de revisión, razón por la cual han debido de continuar con el mismo hasta su culminación. Por otro lado esta acción de amparo autónoma no es la vía idónea para solicitar la revocatoria de las cartas Agrarias ni tampoco para la restitución de la propiedad, en consecuencia, resulta forzoso para este sentenciador, declarar sin lugar la presente acción de amparo constitucional y así se decide”.

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la apelación ejercida, al respecto observa, que la decisión dictada, el 10 de enero de 2005, por el Juzgado Superior Tercero Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con ocasión de la acción de amparo presentada contra el Directorio de la Oficina Regional de Tierras del Estado Portuguesa, razón por la cual, esta Sala Constitucional, en virtud del criterio establecido en la sentencia del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán), en la que se estableció la competencia para conocer de las apelaciones que se ejerzan contra las decisiones dictadas por los juzgados superiores de la República (con excepción de las decisiones dictadas por los tribunales superiores con competencia en lo contencioso administrativo, salvo que conozcan en materia civil), las cortes de lo contencioso administrativo y las cortes de apelaciones en lo penal, pronunciadas en juicios de amparo constitucional, cuando conozcan de dichas acciones como tribunales de primera instancia; polo que resulta competente para conocer, del presente recurso de apelación.

 

En el presente caso, se somete al conocimiento de esta Sala Constitucional el recurso de apelación ejercido por parte accionante, contra el fallo dictado, en primer grado de jurisdicción, por el Juzgado Superior Tercero Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con competencia como tribunal de primera instancia en materia especial agraria, en un proceso de amparo constitucional, por tanto, resulta competente para conocer y resolver el recurso ejercido. Así se declara.

 

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Determinada la competencia de la Sala para conocer de la presente apelación, observa que la acción de amparo fue interpuesta, contra la Oficina Regional de Tierras del Estado Portuguesa, por no haber notificado a los accionantes del procedimiento referido al otorgamiento de las cartas agrarias sobre el fundo La Yagua y La Batea. Además, por declarar dicho fundo como tierras ociosas o incultas, de conformidad con el artículo 4 del Decreto n° 2.292 del 4 de febrero de 2003.

 

Expresa la apoderada judicial de los accionantes, que dicha acción de amparo constitucional se fundamentó en la violación de los derechos establecidos en los artículos 19, 25, 26, 27 49, 115, 116, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los artículos 1, 2 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

En este sentido se observa que, la sentencia objeto de la presente apelación declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta, y estableció que, no se vulneró derecho alguno a los accionantes, por cuanto se les notificó de la emisión de las Cartas Agrarias otorgadas por el Directorio de la Oficina Regional de Tierras del Estado Portuguesa. Asimismo observó, que el actor pudo acudir a la vía contencioso administrativa contra el acto administrativo, que de ser procedente, podría obtener el efecto anulatorio del acto impugnado. De igual forma, con respecto a la lesión del derecho de propiedad, señaló que la acción de amparo constitucional no posee función constitutiva de derechos, y que, si el accionante cuestionó la legalidad de los actos administrativo, disponía para ello, de la acción contencioso administrativa de nulidad antes de alegar las presuntas infracciones constitucionales.

 

Ahora bien, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en el cardinal 5 del artículo 6, dispone:

 

“No se admitirá la acción de amparo:

 

(…)

 

5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes (…)”.

 

Asimismo, en sentencia n° 963 del 5 de junio de 2001, de esta Sala Constitucional, caso: José Ángel Guía y otros, se estableció que:

 

“... el ejercicio de la tutela constitucional por parte de los jueces de la república, a través de cualquiera de los canales procésales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano; por lo que, en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo de la constitución atribuye a las vías procesales ordinarias les impone el deber de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, que bastaría con señalar que la vía existente y que su agotamiento previo es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo...”.

 

Igualmente, esta Sala Constitucional, en Sentencia n° 2.369 del 23 de noviembre de 2001, caso: Parabólicas Service’s Maracay, C.A., estableció que:

 

“En concordancia con lo expuesto anteriormente, la Sala estima pertinente señalar que la norma prevista en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consagra simultáneamente el supuesto de admisibilidad e inadmisibilidad de la acción de amparo.

 

Así, en primer término, se consagra claramente la inadmisión de la acción cuando el agraviado haya optado por recurrir a la vías ordinarias o a los medios judiciales preexistentes, sobre el fundamento de que todo juez de la República es constitucional y, a través del ejercicio de los recursos que ofrece la jurisdicción ordinaria, se pueda alcanzar la tutela judicial efectiva de derechos o garantías constitucionales.

 

No obstante, la misma norma es inconsistente, cuando consagra que, en el caso de la opción por la vía ordinaria, si se alega violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, la acción de amparo será admisible, caso en el cual el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos previstos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y su decisión versará exclusivamente sobre la suspensión o no, de manera provisional, sobre el acto cuestionado de inconstitucionalidad.

 

En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente. De otro modo, la antinomia interna de dicho artículo autorizaría al juez a resolver el conflicto de acuerdo con las técnicas integrativas de que dispone el intérprete (H. Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Buenos Aires, Eudeba, 1953, trad, de Moisés Nilve).

 

Lo expuesto anteriormente, lleva a concluir, entonces, que la norma en análisis, no sólo autoriza la admisibilidad del llamado amparo sobrevenido sino que es el fundamento de su inadmisibilidad, cuando se dispone de un medio idóneo para el logro de los fines que, a través del amparo, se pretende alcanzar”.

 

            Ahora bien, en el caso bajo examen, los accionantes no acudieron al medio judicial idóneo para obtener la restitución de los derechos que alegaron lesionados, como lo es el recurso contencioso administrativo de nulidad previsto en el artículo 171 y siguientes de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Ello así, la pretensión incoada resulta inadmisible en aplicación del artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantía Constitucionales.

 

            Por tal motivo, esta Sala difiere del pronunciamiento realizado por el a-quo en el fallo apelado, por cuanto, no obstante haber advertido que el accionante no utilizó los medios judiciales preexistentes, procedió a pronunciarse sobre el fondo de la controversia y declaró sin lugar la acción incoada, cuando debió declararla inadmisible.

 

Por las razones expuesta, esta Sala Constitucional declara sin lugar la apelación ejercida, revoca el fallo apelado y declara inadmisible la acción de amparo constitucional incoada. Así se decide.

 

V

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación, SEGUNDO: REVOCA el fallo apelado, TERCERO: INADMISIBLE la acción de amparo incoada por JONNY COLMENAREZ BLANCO, con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos RAÚL DUQUE SERNA y JUAN MÉNDEZ GARCÍA, contra la Oficina Regional de Tierras del Instituto Nacional de Tierras del Estado Portuguesa.

 

Publíquese, regístrese y archívese.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 25 días del mes de  JUNIO  de dos mil siete. Años: 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                               El Vicepresidente,

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ 

 

 

 

      FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ      

                                                         Ponente

 

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

ALBERTO VILORIA RENDÓN

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

 

 

FACL/

Exp. n° 05-0126

 

 

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