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Buscar sentenciasTRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN SOCIAL
Caracas, doce (12) de agosto de 2014. Años: 204º y 155°
En el juicio que por cobro de diferencia de domingos laborados en turno rotativo, siguen los ciudadanos JOSÉ GREGORIO GUEVARA PEROZA, RICHARD ALFONSO ABREU LÓPEZ, ELVIS RAMÓN BRANDT FIGUEIRA, JOSÉ ALEXANDER FERNÁNDEZ ZABALETA, CAMILO AUGUSTO POVEDA GONZÁLEZ, MAX GUERRERO ZAPATA, ALEXIS ANTONIO DELGADO BARRIOS, PEDRO ARTURO GARCÍA GARCÍA, CLEIRBER ALBERTO ROJAS, JORGE ALEXANDER ESCALONA AGUILAR, GIOVANI ANTONIO PEROZA JIMÉNEZ, ENDER RAMÓN CAMPOS PETIT, CRISTIAN MICHEL BARRERA GÓMEZ, EVELIO DAVID RODRÍGUEZ SANDOVAL, JOSÉ RAFAEL MARTÍNEZ, DEIVIS JOHAN GARCÍA GRATEROL, WILFREDO ANTONIO ESPINOZA TREJO, JOSÉ RAFAEL GUILLÉN, DANNY JOSÉ MARTÍNEZ ARAUJO y JOSÉ ALEXANDER TORRES LEÓN, representados judicialmente por los abogados Gilberto Corona Ramírez y David Crespo Rojas, contra la sociedad mercantil CARTÓN DE VENEZUELA, S.A., representada judicialmente por los abogados Jesús López Polanco, Roger Rodríguez Toffolo, Diana Pereira Teixeira, Eliana Costero Encinoza, Luis Rafael Monagas Romero y Betzaida Alexandra Zerpa Blasco; el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, dictó sentencia el 8 de abril de 2014, mediante la cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por la parte demandada, confirmando la sentencia dictada el 29 de enero de 2014, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de referida Circunscripción Judicial, que declaró sin lugar la defensa de caducidad alegada por la empresa demandada y con lugar la demanda.
Contra la decisión emitida por la Alzada, el 14 de abril de 2014 la parte demandada interpuso recurso de control de la legalidad, siendo remitido el expediente a esta Sala de Casación Social.
El 20 de mayo de 2014, se dio cuenta en Sala designándose ponente al Magistrado Octavio Sisco Ricciardi.
Siendo la oportunidad procesal, se pasa a decidir el presente recurso bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, conforme las consideraciones siguientes:
Ú N I C O
De conformidad con lo establecido en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es potestad de esta Sala de Casación Social revisar por vía de control de la legalidad, aquellas decisiones proferidas por Juzgados Superiores del Trabajo, que no siendo recurribles en casación, violenten o amenacen con violentar normas de estricto orden público laboral.
Ahora bien, por razón de que el recurso de control de la legalidad es un medio de impugnación excepcional, se debe cumplir, para poder garantizar su admisibilidad, con los requerimientos formulados en la norma de la Ley Adjetiva Laboral, señalada en el párrafo precedente; a saber: 1) que se trate de sentencias proferidas por Juzgados Superiores Laborales, 2) que éstas no sean impugnables en casación, y 3) que violen o amenacen con violentar normas de estricto orden público laboral o procesal.
Asimismo, es oportuno señalar, que tratándose como antes se expresó de un recurso de naturaleza extraordinaria, corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la admisibilidad del mismo, especialmente en aquellas circunstancias donde se pretenda la violación de disposiciones de orden público.
En tal sentido, debe entenderse que tales quebrantamientos o amenazas irrumpen las instituciones fundamentales del derecho sustantivo del trabajo, derechos indisponibles o reglas adjetivas que menoscaban el debido proceso y derecho a la defensa.
Señala la parte demandada recurrente que la recurrida contraviene el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ya que a su criterio la prueba de exhibición es independiente de otras pruebas, es decir, se basta por sí misma y no fue concebida para suplir deficiencias en la evacuación de pruebas de distintas naturaleza, como sucede en el presente caso.
Sostiene que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo al igual que el Código de Procedimiento Civil, no contempla que los documentos privados sean valorados con las normas que rigen la prueba de exhibición, como erróneamente lo hizo el a quo y lo estableció el Juzgado Superior del Trabajo.
Delata la demandada:
( ) La LOPTRA (sic) diferencia el tratamiento de la evacuación de la prueba documental del (sic) que corresponde la prueba de exhibición. Sus artículos 77 al 82 son precisos. Al Juez de juicio no le es dado por ley: LOPTRA, (sic) arbitrar la evacuación de documentales de modo diferente al establecido en las normas pertinentes de la LOPTRA (sic) y menos deducir consecuencias jurídicas de pruebas que han sido desestimadas.
Deducir consecuencias jurídicas de las pruebas documentales (folios 31 al 171 segunda pieza) desestimadas por el juez A QUO, es violentar el sentido del artículo 82 LOPTRA (sic). Por ello, denunciamos la ilegalidad: no está prevista en la LOPTRA (sic) la opción deducida y refrendada por el Juez Superior por la cual, procedente el control de la legalidad de esa actuación.
Si las documentales fueron desestimadas por el A QUO, no cabía apreciar valor para otro medio probatorio que además, según el artículo 436 CPC (sic), tiene que se (sic) fundamentarse para la prueba documental por lo que; al ratificar el Juez Superior la errónea valoración de la prueba de exhibición vulneró el artículo 82 de la LOPTRA (sic). (Subrayado de la cita).
También denuncia la violación del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil aplicable por remisión del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ya que el a quo sacó elementos de convicción de casos diferentes al que fue objeto de juzgamiento y el juez ad quem, en vez de revocar esa decisión, confirmó y validó la misma contraviniendo el sentido del artículo en cuestión.
Por último delata la parte demandada recurrente, la infracción del artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, generó desigualdad entre las partes al ratificar la decisión del a quo que erróneamente aplicó el principio de progresividad de una convención colectiva no vigente, sin precisar las mejoras de la convención vigente 2010-2013.
Ahora bien, en atención a lo antes expuesto, efectuado el análisis del fallo impugnado, así como de las actas que conforman el expediente, considera este alto Tribunal que la sentencia recurrida se encuentra ajustada a derecho pues no vulnera normas de orden público laboral, por lo que resulta innecesario desplegar la actividad jurisdiccional para el conocimiento del presente recurso de control de la legalidad, al no ajustarse la pretensión a los fines de este medio excepcional de impugnación.
D E C I S I Ó N
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia dictada el 8 de abril de 2014, por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy.
Dada la naturaleza de la presente decisión, no hay condenatoria en costas.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial arriba identificada a los fines consiguientes. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen, en conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
El Presidente de la Sala,
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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ
La Vicepresidenta, Magistrado Ponente,
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CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA OCTAVIO SISCO RICCIARDI
Magistrada, Magistrada,
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SONIA COROMOTO ARIAS PALACIOS CARMEN ESTHER GÓMEZ CABRERA
El Secretario,
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MARCOS ENRIQUE PAREDES
C.L.N° AA60-S-2014-000699
Nota: Publicada en su fecha a
El Secretario,