Sentencia N.º 1295
- Sentencia
- N.º 1295
- Fecha
- 09/07/2004
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 04-0210
- Ponente
- Jesús E. Cabrera Romero
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrado-Ponente: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
El 28 de enero de 2004, anexo a oficio No. 15 del 20 de enero de 2004, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, remitió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado GERARDO MORA FRANCO, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 3.324, en su carácter de defensor del ciudadano WILLIAMS RIVAS ROMÁN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 4.761.245, contra la decisión dictada el 18 de noviembre de 2003, por el Juzgado Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, que decretó a su defendido medida judicial privativa de libertad.
El expediente en mención fue remitido a fin de conocer de la apelación ejercida por la defensa del accionante contra la decisión dictada el 12 de enero de 2004, por la referida Corte de Apelaciones, en la que declaró inadmisible la acción de amparo propuesta.
En la oportunidad señalada, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe el presente fallo. |
El 18 de mayo de 2004, la Secretaría de la Sala dio cuenta del escrito presentado por el abogado GERARDO MORA FRANCO, contentivo de los alegatos del recurso de apelación ejercido.
El 4 de junio de 2003, el prenombrado abogado defensor consignó ante la Secretaría de la Sala, recaudos relacionados con los alegatos esgrimidos en su escrito de apelación.
Realizado el estudio del expediente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:
HECHOS Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO
En el escrito contentivo de la acción de amparo, alegó la defensa del accionante, lo siguiente:
1.- Que, el 17 de noviembre 2003, su defendido fue presentado ante el Juzgado Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, por el Fiscal del Ministerio Público, quien pretendió con dicha presentación convalidar la ilegítima actuación de la Guardia Nacional, cuando practicó su detención al allanar su residencia, en razón de lo cual hizo una errónea aplicación del artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, al darle la cualidad de imputado.
2.- Que el Ministerio Público se excedió y abusó de sus funciones, sin justa causa, cuando solicitó al Juez de Control que decretara contra su defendido medida privativa de libertad, y el Juez en ese acto la decretó, sin importarle la ausencia de los elementos de convicción que consagran los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal.
3.- Que, el 18 de noviembre de 2003, el referido Juzgado Tercero de Control, decidió sin justa causa acumular las actuaciones relacionadas con la detención de su defendido con una investigación iniciada a otro ciudadano.
4.- Que el Tribunal de Control ordenó injustamente la detención preventiva de su defendido, negando la medida cautelar sustitutiva solicitada por la defensa, violándosele el derecho a la defensa y el principio de presunción de inocencia.
5.- Que, el 23 de noviembre de 2003, la defensa ejerció recurso de apelación contra el auto del 18 de noviembre de 2003, dictado por el Tribunal Tercero de Control, sin que hasta la fecha haya habido pronunciamiento.
6.- Que la ilicitud de las pruebas que sirvieron de base para decretar la detención, violan el artículo 197 del Código Adjetivo Penal.
En consecuencia, a juicio de la defensa, los hechos denunciados comportan la violación de los derechos a la libertad personal, a la defensa, a la legalidad y al debido proceso consagrados en los artículos 44 y 49 de la Constitución.
DEL FALLO APELADO
En decisión 12 de enero de 2004, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, declaró inadmisible la acción de amparo constitucional propuesta, al estimar que:
Por la vía de la acción de amparo, entre otras, se solicita la revisión de hechos controvertidos, previamente decididos en las anteriores instancias, dado que ello atentaría contra el principio de la cosa juzgada, en perjuicio de la inmutabilidad de la sentencia. En este sentido, no basta con que se invoque la violación de un derecho constitucional, sino que pueda evidenciar que dicha infracción sea producto de un hecho que no haya sido juzgado. Así lo sostiene la sentencia Constitucional con ponencia del Magistrado Iván Rincón Urdaneta. (Sent. No. 1082 de fecha 5 de junio de 2002).
También la Sala Constitucional, de manera reiterada y pacifica ha establecido, que la acción de amparo tiene como finalidad proteger situaciones jurídicas infringidas en las cuales se encuentren envueltos derechos constitucionales. Así que, una de las características de la Acción de Amparo es tener naturaleza restablecedora y que los efectos producidos por la misma son restitutorios, sin existir la posibilidad de que a través de ella, pueda crearse, modificarse o extinguirse una situación jurídica preexistente, en razón de lo cual, la Acción de Amparo no procede cuando no pueda restablecerse la situación jurídica infringida, esto es cuando no puedan retrotraerse las situaciones de hecho a la condición que poseía antes de producirse la violación denunciada.
Por otra parte esta Alzada en sede Constitucional, advierte al accionante, que en los asuntos de amparo contra decisiones judiciales, funciona como un asunto declarativo, de conocimiento limitado, destinado a la tutela de los derechos y garantías constitucionales, en la que el operador de justicia constitucional no realiza un proceso estratégico, es decir; no declara probado o no probado determinados hechos, sino que se limita a declarar que la decisión dictada por el órgano jurisdiccional accionado, vulneró o no un derecho o garantía constitucional.
En este orden de ideas esta Alzada en sede Constitucional observa igualmente, el pronunciamiento proveído por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 3 de este Circuito Judicial Penal y que es objeto de estudio de la presente acción de amparo, debe este Tribunal Colegiado matizar lo siguiente:
En fecha 10 de diciembre de 2003, se le dio entrada a las causas acumuladas <6336 y 6338> provenientes del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 3 del Circuito Judicial Penal de esta Entidad Federal, por interposición de sendas apelaciones interpuestas por los abogados HERNAN LINARES Y ROMAN REYES VÁSQUEZ, en representación de los imputados CARLOS ALBERTO SIERRA GÓMEZ Y WILLIAMS ENRIQUE RIVAS ROMAN (Presunto Agraviado). Causa que fue distribuida mediante sorteo N° 41 según libro de distribución de este Despacho Judicial, el día 12 de diciembre de 2003, correspondiéndole a la Juez Virginia Berbín Obando, el conocimiento de la prenombrada causa signada con el N° 2196 nomenclatura de esta Alzada.
Estando dentro del lapso para admitir o no el recurso de impugnación intentado, este Tribunal Colegiado dictó auto observando lo que a continuación sigue:
a fin de pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de apelación planteado por la defensa, observa:
PRIMERO: El Dr. HERNÁN LINARES, actuando como defensor del ciudadano CARLOS ALBERTO
, en fecha 23 de noviembre de 2003, ejerció apelación en contra del fallo del Tribunal de Control, que acordó la privación Judicial Preventiva de Libertad.
SEGUNDO: De igual forma, los profesionales del derecho DR. ROMÁN REYES VÁSQUEZ y CARLOS RIVERA, ejercieron apelación contra el mismo fallo, a favor de su defendido imputado WILLIANS ENRIQUE RIVAS ROMÁN, a quien también el Tribunal de Control, decretó privación judicial preventiva de libertad.
TERCERO: El 24 de noviembre de 2003, mediante auto el Tribunal Tercero de Control ordena emplazar al Fiscal del Ministerio Público, para que dé cumplimiento a la contestación de ambas apelaciones, tal como dispone el artículo 449 del Código Orgánico Procesal Penal
CUARTO: No obstante ello, el Tribunal al librar la notificación del Fiscal en la misma fecha 24 de noviembre de 2003, sólo emplaza a esta parte a contestar la apelación ejercida por el Dr. HERNÁN LINARES a favor de su defendido CARLOS ALBERTO
, silenciando el emplazamiento respecto a la apelación ejercida por el DR. ROMÁN REYES y por el DR. CARLOS RIVERA, a favor del imputado WILLIANS ENRIQUE RIVAS ROMÁN, las cuales ejercieron separadamente, con alegatos diferentes que destinan para cada imputado, quebrantándose de esta forma el debido proceso para una de las partes como lo es el Fiscal del Ministerio Público, quien debe quedar emplazado, así el Administrador de Justicia da oportunidad para que en igualdad de condiciones refute los alegatos esgrimidos en la apelación respecto al imputado WILLIANS ENRIQUE RIVAS GÓMEZ.
QUINTO: De los documentos consignadas por el Tribunal de Primera Instancia, se observa: que la misma adolece del cómputo de los días transcurridos, desde la fecha en que se produjo el auto apelado hasta la fecha en la cual, ambas defensas apelaron, así como ausencia de la boleta de notificación debidamente firmada por el Fiscal, a fin de verificar el día en que éste quedó debidamente emplazado, para dejar constancia del lapso que transcurrió para su debida contestación.
SEXTO: Por lo anteriormente expuesto, esta Corte de Apelaciones, ORDENA al Tribunal Tercero de Control, subsane la omisión, dando cumplimiento al procedimiento de apelación contenido en el artículo 449 del Código Orgánico Procesal Penal, y notifique al Fiscal de la apelación ejercida por la defensa del imputado WILLIANS ENRIQUE RIVAS ROMÁN. Así como, ordenar la realización del cómputo correspondiente ya señalado y consignar copia certificada de la boleta de notificación del Fiscal debidamente firmada
.
Ahora bien, esta Sala hace notar, como lo ha sostenido en reiteradas decisiones, que al haberse dictado contra el presunto agraviado la medida de privación judicial preventiva de libertad, la vía idónea para impugnarla es la que establece el Código Orgánico Procesal Penal, es decir, la interposición tanto del recurso de apelación establecido en el artículo 447 Eiusdem, como el examen y revisión de esa medida, preceptuado en el artículo 264 ibídem
Observa este Tribunal Colegiado, en relación a lo resaltado con anterioridad, los abogados defensores del ciudadano WILLIAMS RIVAS ROMAN, intentaron recurso de impugnación (Apelación de Autos), circunstancia que origina que la presente acción de amparo esta incidida en una causal de inadmisibilidad de las contenidas en el artículo 6 (Cardinal 5°) de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
(...)
Por otra parte, las acciones de amparo las ha venido declarando inadmisible, si bien es cierto cumplen con los requisitos de admisibilidad estatuidos en el artículo 6° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, de un análisis previo del fondo del asunto se evidencia la falta de empatía entre la pretensión aducida y el derecho aplicable, ello para evitar que se instaure un proceso que desde el inicio resulta evidente su improcedencia con el respectivo coste procesal, bajo tal supuesto como inútil. Así lo ha sostenido en sentencia N° 3137 de fecha 06 de diciembre de 2002, con ponencia del Magistrado Antonio García García. ASI SE DECIDE.
ALEGATOS DE LA APELACIÓN
El 18 de mayo de 2004, la parte apelante presentó ante la Secretaría de esta Sala, escrito contentivo de los alegatos en los que basó el recurso ejercido.
Ahora bien, de acuerdo a la jurisprudencia reiterada de esta Sala, concretamente en sentencia del 4 de abril de 2001 (Caso: Estación de Servicios Los Pinos, S.R.L.), se consideran inadmisibles los escritos presentados por las partes luego de transcurrido los treinta días que establece el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, para que el ad quem conozca de la apelación de la sentencia de amparo constitucional. Dicho plazo, de acuerdo a lo sentado en el fallo indicado ut supra debe considerarse como un plazo preclusivo para que las partes interpongan cualquier escrito relacionado con el expediente.
De allí, que en sintonía con el criterio expresado, la Sala considera inadmisible el escrito que contiene los fundamentos de la apelación, el cual como antes se acotó fue recibido en esta Sala Constitucional del Tribunal Suprema de Justicia el 18 de mayo de 2004, una vez finalizado el lapso de 30 días que comenzó el 28 de enero de 2004.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Conforme a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia esta Sala es competente para conocer las apelaciones y las consultas de los fallos de los Tribunales Superiores que actuaron como primera instancia en los procesos de amparo ya que, según la norma invocada, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción constitucional, la tramitación de los recursos, como lo es la apelación, se rigen por las normativas especiales, como la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes de esta Sala.
De acuerdo a estas últimas interpretaciones y a lo pautado en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (artículo 35), es esta Sala, como Tribunal Superior de la primera instancia, cuando esta corresponda a los Juzgados Superiores, el Tribunal competente para conocer las apelaciones y consultas de los fallos, y así se declara.
No existe en esta materia, debido a lo expuesto, necesidad de dictar Reglamentos Especiales que regulen el funcionamiento y competencia de esta Sala en materia de amparo, ya que la Ley especial de amparo no ha sido derogada, y es esta Sala la competente para conocer las apelaciones y consultas de los fallos de primera instancia de amparo, conforme la jurisprudencia vinculante emitida en fallo de 2 febrero de 2000 (caso: José Amando Mejías).
En el caso de autos, la sentencia contra la cual se ejerce el presente recurso de apelación, ha sido dictada por una Corte de Apelaciones en lo Penal, concretamente, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. Siendo ello así, esta Sala resulta competente para conocer del mismo, y así se declara.
Determinada la competencia, pasa la Sala a pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a su conocimiento, y a tal fin observa:
A criterio de la defensa del accionante, la violación de los derechos constitucionales denunciados nacen de las actuaciones realizadas por el Representante del Ministerio Público y el Juzgado Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, las cuales se concretaron en:
- La presentación de su defendido ante el Juzgado de Control, por parte del Fiscal del Ministerio Público, quien con dicha presentación pretendió ratificar la ilegítima actuación de la Guardia Nacional, al practicar su detención cuando allanó su residencia y, por ende, darle la cualidad de imputado.
- El abuso de funciones del Ministerio Público, cuando sin justa causa, solicitó al Juez de Control que decretara contra su defendido medida privativa de libertad.
- El decreto de medida judicial privativa de libertad contra su defendido por el Juzgado Tercero de Control, sin que en la investigación existieran los elementos de convicción exigidos por los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal.
La acumulación de las actuaciones relacionadas con la detención de su defendido, con una investigación iniciada contra otro ciudadano.
La negativa del órgano jurisdiccional de otorgar al accionante una medida cautelar sustitutiva de libertad, violándosele el derecho a la defensa y el principio de presunción de inocencia.
Ahora bien, respecto a los alegatos de la defensa, apunta la Sala, lo siguiente:
El numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece que serán inadmisibles aquellas acciones de amparo en las que el presunto agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o haya hecho uso de los medios judiciales preexistentes.
Se ha reiterado en doctrina y en jurisprudencia el carácter especial de la acción de amparo y el problema que constituiría el otorgarle un carácter sustitutivo de los demás mecanismos judiciales, los cuales al ser parte de un sistema jurídico homogéneo, se presentan igualmente como garantizadores y protectores de los derechos y garantías constitucionales.
En tal sentido, la Sala reitera la doctrina asentada en sentencia del 2 de marzo de 2001 (Caso: Bimbo de Venezuela, C.A.) en la cual expresó:
La acción de amparo contra actos jurisdiccionales, ha sido concebida en nuestra legislación, como un mecanismo procesal de impugnación de actuaciones u omisiones judiciales que enerven directamente derechos o garantías constitucionales, revestido de particulares características que lo diferencian de las demás acciones de amparo que previene el texto normativo que las regula, así como de las otras vías existentes para atacar los actos emanados de los operadores de justicia. En este sentido, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dispone lo siguiente:
Artículo 4. Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.
En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva.
Del análisis del artículo transcrito, y buscando salvaguardar la integridad de la cosa juzgada y, por tanto, la seguridad jurídica, la jurisprudencia patria ha señalado que para que proceda la acción de amparo contra actos jurisdiccionales deben concurrir las siguientes circunstancias: (i) que el órgano jurisdiccional presuntamente agraviante haya incurrido en una grave usurpación de funciones o abuso de poder (incompetencia sustancial o material); y aunado a ello, (ii) que tal proceder ocasione la violación de un derecho constitucional.
Por otra parte, se desprende de la naturaleza misma de esta acción, y de la interpretación de la causal de inadmisiblidad de la misma prevista en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley que rige la materia, que para su admisión se requiere que se hayan agotado todos los mecanismos procesales existentes sin que haya sido lograda la tutela constitucional, o que los mismos resulten inidóneos para restituir o salvaguardar el derecho lesionado o amenazado.
Así, la particular causal de inadmisiblidad comentada, restringe el ámbito de accionabilidad del amparo, denotando la intención del legislador de evitar que sean interpuestas acciones de amparo para intentar reabrir un asunto ya resuelto judicialmente, en perjuicio de la inmutabilidad de la cosa juzgada, por una parte; y por la otra, repeler los intentos de que la vía del amparo sustituya los demás mecanismos procesales, brindados por el sistema adjetivo para la resolución de los conflictos intersubjetivos de intereses, o que sean ventiladas paralelamente causas cuyo objeto (tuición constitucional) sea el mismo, en detrimento de la continencia de la causa.
(...)
En coherencia con lo antes expuesto, resulta acertada la sentencia dictada por el a quo, pues ciertamente la presente acción de amparo constitucional se encuentra incursa en la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, toda vez que la accionante optó por acudir a la vía de la oposición para con ello enervar los efectos supuestamente lesivos de un decreto cautelar dictado en su contra. Así se declara.
Visto lo anterior, observa esta Sala, que en el proceso penal que dio lugar a la presente acción de amparo, una vez que el Juzgado Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, decretó la medida judicial privativa de libertad contra el ciudadano Williams Rivas Román, la defensa ejerció recurso de apelación contra dicha resolución, correspondiéndole conocer del mismo a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta.
Observa igualmente la Sala, que los fundamentos del referido recurso de apelación, son idénticos a los esgrimidos para interponer la presente acción de amparo.
En tal sentido, los tribunales ante la interposición de una acción de amparo constitucional, deberán revisar si en el proceso originario fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos -independientemente de la parte que lo hubiere ejercido-, y de constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías o medios procesales ordinarios les imprime la potestad de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que su agotamiento es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo.
Por ello, comparte la Sala el criterio sustentado por el a quo, al estimar inadmisible la acción de amparo propuesta, razón por la cual pasa a confirmar el fallo apelado, y así se declara.
DECISIÓN
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por el abogado GERARDO MORA FRANCO, contra la decisión dictada el 12 de enero de 2004, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, que declaró inadmisible la acción de amparo incoada por el prenombrado abogado en su carácter de defensor del ciudadano WILLIAMS RIVAS ROMÁN, contra la decisión dictada el 18 de noviembre de 2003, por el Juzgado Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta.
Queda así confirmada la sentencia apelada.
Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 09 días del mes de julio de 2004. Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.
El Presidente de la Sala,
Iván Rincón Urdaneta
El Vicepresidente-Ponente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Los Magistrados,
José Manuel Delgado Ocando
Antonio José García García
Pedro Rafael Rondón Haaz
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp: 04-0210
JECR/
En virtud de la potestad que le confiere el artículo 53 del Reglamento de Reuniones de este Alto Tribunal, quien suscribe, Magistrado Antonio J. García García, consigna su opinión concurrente al contenido decisorio del presente fallo, en los siguientes términos:
Si bien quien suscribe el presente voto está de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría sentenciadora, encuentra desacertado el criterio empleado para asumir la competencia de la Sala. En efecto, la mayoría sentenciadora se declaró competente para conocer el caso de acuerdo con lo dispuesto en el literal b de la disposición derogatoria, transitoria y final única de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sin atender a la verdadera lectura que de la Ley en su conjunto se desprende.
En criterio de quien concurre la lectura que debió atribuírsele al mencionado literal merecía: a) determinar si la competencia, como presupuesto del proceso, debía considerarse un elemento integrante del procedimiento y, por tanto, aceptar que la Ley habilita a aplicar los criterios competenciales vinculantes; b) contrastar los criterios de especialidad y temporalidad para fijar el alcance de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales luego de la vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; y, c) atender a la lógica del legislador, no a presumir su inadvertencia, para realizar una labor de ingeniería constitucional y precisar cómo se articulan, con la nueva Ley, el amparo constitucional y la revisión constitucional.
Según el literal b de la disposición derogatoria, transitoria y final única de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción Constitucional, Contencioso Administrativa y Contencioso Electoral, la tramitación de los recursos y solicitudes que se intenten ante la Sala Constitucional, Político Administrativa y Electoral, se regirán por los procedimientos dispuestos en esa Ley y demás normativas especiales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes expresamente indicadas en el artículo 335 constitucional.
Tal dispositivo plantea tres escenarios. El primero, casado con la lógica, excluye la aplicación de cualquier interpretación en materia de competencia de la Sala porque ya el artículo 5 de la Ley Orgánica indicó expresamente cuál iba a ser la distribución competencial. No acepta, pues, que se establezca un catalogo expreso de competencia para luego excepcionarlo mediante una disposición transitoria.
El segundo arriba a la misma conclusión sólo que desde un análisis más jurídico formal. Si la competencia es un presupuesto del proceso, ¿debe entenderse que cuando la Ley indica procedimiento en este concepto está inmerso el de competencia así contradiga lo dispuesto en su artículo 5?
Finalmente, el tercero, que se ganó la inclinación de la Sala: la habilitación mencionada alcanza a los criterios competenciales y, por tanto, la distribución de competencia en materia de amparo constitucional establecida por la jurisprudencia de la Sala se mantiene incólume, no obstante la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
En criterio de quien concurre en su voto el primero de los supuestos es, a corta pisa, el más natural de los escenarios que sobreviene a la entrada en vigencia de la Ley, ya que, cuando una ley neo-regula a una institución se debe presumir que en ese nuevo orden está recogida toda la experiencia normativa vinculada al precepto, por lo que el operador jurídico no puede defender la subsistencia del orden modificado, salvo que se trate de cuestionar la constitucionalidad del dispositivo; antes más, la interpretación debe seguir la línea futurista del legislador: si modificó la institución -lo que también comprende omitir figuras- es porque ese es el orden que el legislador quiere que exista y debe ser el orden que el operador debe aplicar.
El argumento expuesto adquiere solidez si se tiene en cuenta que para el supuesto de que la Asamblea Nacional hubiese querido que la distribución de competencia en materia de amparo constitucional continuase operando como hasta la entrada en vigencia de la Ley sucedía, con no hacer señalamiento alguno a la materia tenía, ya que la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia en nada regulaba, como es cronológicamente lógico, la materia de amparo constitucional -lo que hacía su mención en la novísima Ley innecesaria-. De allí, que el señalamiento expreso de esa materia no encuentra más justificación que el deseo de regularla en los términos en que se hizo.
De hecho, si se observa cómo se imbrica bajo la nueva Ley el amparo constitucional y la revisión extraordinaria según se asuma una u otra tesis, se evidencia que procesalmente no tiene sentido que el legislador haya ampliado la posibilidad de que los ciudadanos soliciten la revisión constitucional de un fallo para otorgarle, simultáneamente, la posibilidad de que cuestione ese mismo fallo a través del amparo, de manera que la tesis que defiende el fallo concurrido conlleva a una dualidad de mecanismos para tutelar el mismo objeto, circunstancia que no se compadece con la intención del legislador de modificar, seguramente en aras de la celeridad, los instrumentos con los cuales cuenta esta Sala para garantizar la supremacía de la Constitución.
No puede perderse de vista que el mayor número de amparos constitucionales que cursan ante esta Sala son en segunda instancia, lo que ha conllevado a que los casos que conoce en única instancia sean tramitados con lentitud, perdiendo el amparo su naturaleza expedita. Para paliar tal circunstancia el legislador recogió los criterios jurisprudenciales desarrollados por esta Sala en materia de revisión extraordinaria, consolidando a dicha institución como el mecanismo ideal para revisar los fallos atendiendo a la clara ventaja que ello representa, de concebirse a dicha figura en términos similares al certiorary originario del commaw law.
La opción que, en criterio de quien concurre en su voto, fue plasmada por el legislador, le permitía a la Sala garantizar un ritmo de trabajo acorde con su estructura dedicándose a resolver únicamente aquellos procesos de amparo en los que el dictamen de los tribunales ordinarios no era acertado o en los que, por sus características, era de utilidad el caso para sentar o uniformar la jurisprudencia constitucional.
Por otra parte, se debe agregar que la competencia es un presupuesto del proceso, y aunque en la práctica son instituciones que se presentan indisolublemente unidas, en la teoría son conceptos que, inclusive, temporalmente puede ubicarse.
La competencia, según se ha enseñado en nuestras Facultades, es la medida de la función jurisdiccional del juez y el procedimiento el aspecto exterior del fenómeno procesal, el método propio para la actuación ante ese juez (Couture). Conforme lo expresado, existe una idea primera de competencia y una noción segunda de procedimiento, lo que sucede es que tales instituciones se entremezclan en las variadas actividades que deben realizarse en el proceso para que avance hasta su meta final, requiriéndose constantemente en el devenir procedimental pronunciamientos del tribunal; sin embargo ello no da pie a que se incluya en la idea de procedimiento la noción de competencia pues esta la precede. En conclusión, el señalamiento que hace el literal b de la disposición derogatoria, transitoria y final única de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia no abarca a ninguna de las sentencias dictadas por esta Sala para determinar su competencia, lo que la obligaba a plegarse plenamente a la distribución competencial realizada por el artículo 5 de la Ley.
Tal situación forzaba entonces a la Sala a precisar cómo se articula la normativa de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales con la distribución de competencia realizada por el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
En tal sentido se debe tener en cuenta que desde que en el año 1988 entró en vigencia, luego de décadas de espera, la ley reguladora del amparo constitucional, uno de los aspectos que generó mayor incertidumbre fue el de la competencia para conocer de la pretensión contenida en el libelo, ya sea cuando la acción se ejercía de manera autónoma o cuando se hacía como parte de un proceso más amplio, en el que la protección se convierte en una especie de medida cautelar.
En tal virtud, se han repartido los casos siguiendo un principio general, no siempre fácil de precisar, como es el de la afinidad de los derechos, junto a supuestos muchos más sencillos, en los que la atribución de competencia no genera dudas, como puede ser el caso del amparo contra altas autoridades del Estado, entregado directamente al Máximo Tribunal.
Ahora, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales sigue siendo la misma; no así la ley sobre este Máximo Tribunal. La nueva ley sobre el Máximo Tribunal de la República, cónsona con la ya conocida competencia de amparo en poder de todos los tribunales, incluido el Supremo, incorporó normas sobre esta materia. Por ello, desde el 20 de mayo de este año la Sala Constitucional sólo tiene competencia para conocer de los casos de amparo expresa y taxativamente enumerados en la ley. Antes, la competencia de la Sala se derivaba de la Ley de Amparo más los complementos y adaptaciones jurisprudenciales, producto de la inexistencia de ley posterior a 1999. Ahora esa explicación cede ante el Derecho Positivo.
Con base en lo anterior y vista la distribución competencial realizada por el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en criterio de quien concurre en su voto la Sala es competente para conocer de los amparos constitucionales en los siguientes supuestos:
- Amparos autónomos y cautelares, mientras que las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia sólo conocen de los cautelares, no en razón de la Ley del Tribunal Supremo sino por la previsión genérica del amparo como medida provisional contenida en la Ley de Amparo.
- Esas acciones de amparo autónomo están circunscritas a dos casos: cualquiera que se ejerza contra funcionarios y órganos de rango constitucional y la que se ejerza contra sentencias.
- Las acciones contra sentencia sólo están previstas en dos casos: contra sentencias de tribunales contencioso administrativos y contra sentencias de tribunales que deciden la acción de reclamo en el supuesto ya indicado.
- Fuera de los amparos en primera (y única) instancia -es decir, contra las altas autoridades y las sentencias mencionadas- existe la posibilidad de que la Sala Constitucional conozca de amparo por vía de apelación, justamente en los dos casos enumerados (sentencias de tribunales contencioso administrativos y sentencias que deciden la acción de reclamo), con lo que coinciden los supuestos de amparo contra sentencias y apelación de las mismas sentencias. Obviamente, las pretensiones son distintas en uno u otro caso.
- Las consultas quedan también dentro de la competencia de esta Sala, sólo para el caso ya mencionado de las sentencias respecto de los cuales cabría apelación ante ella, en aplicación del artículo 35 de la Ley de Amparo, según el cual toda sentencia es consultable si no se apela dentro del lapso, ante el juez que debería conocer de la apelación. La sanción de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia no ha eliminado la posibilidad de consulta, pese a no decir nada al respecto; sólo ha precisado cuáles son los supuestos de apelación. Si esta Sala es tribunal de apelación en dos casos y sólo ellos- será también tribunal para las consultas correspondientes.
La enumeración anterior trae importantes consecuencias:
- No cabrá ante el Tribunal Supremo de Justicia más amparo autónomo que los mencionados: contra los funcionarios de rango constitucional, sea por acción u omisión; y contra las sentencias en el caso especialísimo y novedoso- de la acción de reclamo y contra las sentencias de los tribunales contencioso administrativos. Con ello, no existe posibilidad de amparo contra sentencias de otros tribunales, cualquiera que sea el ámbito de sus competencias.
- No cabe apelación sino contra las sentencias enumeradas: una vez más los casos de la acción de reclamo y de los fallos de los tribunales contencioso administrativos.
- Excepción hecha de esos casos expresamente previstos, la Sala Constitucional no conoce de apelación (y consulta) respecto de ninguna sentencia de tribunales superiores. Tampoco cabe la apelación de sentencias de amparo ante las Salas de Casación, en vista de que ellas como esta misma Sala- no es en ningún caso tribunal de instancia y a diferencia de esta Sala- no se les ha encomendado por vía excepcional ningún caso de apelación. Tampoco procede la apelación de sentencias de amparo ante la Sala Político-Administrativa, aunque esa Sala sí pueda ser vista como tribunal superior en ciertos casos, porque los casos que le hubieran correspondido (el de los tribunales contencioso administrativos) han sido atribuidos a esta Sala Constitucional.
Ciertamente, lo expuesto no implicaba que la Sala se desprendiera de las causas que hasta la fecha de la entrada en vigencia de la Ley conocía, pues, según el principio perpetuatio loci -artículo 3 del Código de Procedimiento Civil-, la competencia se determina conforme a la situación de hecho existente para el momento de la interposición del recurso o amparo, y no tienen efecto respecto de ella los cambios posteriores de dicha situación, circunstancia que
justifica, vale acotar, que el presente voto sea concurrente y no salvado.
Queda así expresado el criterio del Magistrado concurrente.
Fecha ut supra.
El Presidente,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente,
JESUS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
JOSE M. DELGADO OCANDO ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA
Concurrente
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp: 04-0210
AGG.-
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