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Buscar sentenciasSALA DE CASACIÓN SOCIAL
Caracas, 09 de agosto de 2006. Años: 196º y 147º.
En el juicio que por cobro de prestaciones sociales, sigue el ciudadano SALOMÓN ESCALONA, representado judicialmente por los abogados José Manuel Hernández, Ingrid Higuera y Estilita Ruiz, contra la sociedad mercantil DIARIO
Contra la decisión de Alzada, la representación judicial de la parte actora interpuso oportunamente recurso de control de la legalidad, siendo remitido el expediente a esta Sala de Casación Social.
En fecha 27 de abril de 2006, se dio cuenta en Sala designándose ponente al Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz.
Siendo la oportunidad procesal, se pasa a decidir el presente recurso bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, conforme las consideraciones siguientes:
Ú N I C O
El artículo 178 de
Artículo 178: El Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social podrá, a solicitud de parte, conocer de aquellos fallos emanados de los Tribunales Superiores del Trabajo, que aún y cuando no fueran recurribles en casación, sin embargo, violenten o amenacen con violentar las normas de orden público o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de dicha Sala de Casación.
En estos casos, la parte recurrente podrá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación del fallo ante el Tribunal Superior del Trabajo correspondiente, solicitar el control de la legalidad del asunto, mediante escrito, que en ningún caso excederá de tres (3) folios útiles y sus vueltos.
El Tribunal Superior del Trabajo deberá remitir el expediente a
Como se aprecia, para que proceda la admisibilidad de dicho medio excepcional de impugnación, se debe cumplir con los requerimientos formulados en dispositivo legal reproducido en el párrafo precedente; a saber: 1) que se trate de sentencias proferidas por Juzgados Superiores Laborales; 2) que éstas no sean impugnables en casación; 3) que violen o amenacen con violentar normas de estricto orden público laboral o procesal y/o 4) que resulten contrarias a la jurisprudencia reiterada de esta Sala de Casación Social.
Ahora bien, con relación a la cuantía requerida para acceder a la sede casacional esta Sala según sentencia N° 763 de fecha 1° de diciembre de 2003 (caso: Yolanda Otero contra Arena de Francia, C.A.), señaló que en aquellos juicios en los cuales se hubiere proferido sentencia en segunda instancia con posterioridad a la implementación de
No obstante, cabe señalar que
Al respecto, siendo uno de los pilares fundamentales de la justicia la confianza que tienen los particulares que un órgano del Poder Público, actúe de manera semejante a la que ha venido actuando, frente a circunstancias similares o parecidas, considera
En tal sentido, esta Sala en aras de preservar la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, establece que la cuantía necesaria para acceder a casación, debe ser la misma que imperaba para el momento en que se interpuso la demanda, pues es en ese momento en el cual el actor determina el derecho a la jurisdicción y la competencia por la cuantía y por ello considera cumplido el quantum requerido por el legislador para acceder en sede casacional, pues las partes no están en disposición de prever las modificaciones de la cuantía a que hubiere lugar durante la tramitación del proceso para acceder en casación. Así se decide.
Por otra parte, con la entrada en vigencia de
De lo anterior se colige, que para acceder a la sede casacional de acuerdo con la referida ley la cuantía del juicio deberá exceder a las tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.). Sin embargo, ante los incrementos anuales que sufre la unidad tributaria pudiera estar afectándose o limitándose la posibilidad de los administrados de acceder en casación ante las respectivas Salas del Tribunal Supremo de Justicia; en tal sentido, el Juzgador correspondiente deberá determinar -con base a los parámetros anteriormente expuestos- la cuantía exigida para el momento en que fue presentada la demanda, y en caso que la cuantía exigida sea la establecida en
(Omissis)
En tal sentido, sólo se aplicará este criterio a las nuevas demandas que se inicien con posterioridad a la publicación en
En consecuencia, se ordena la publicación del presente fallo en
En sujeción al criterio jurisprudencial emanado de
Así las cosas, siendo concebido el recurso de control de la legalidad como un medio recursivo para impugnar decisiones que no sean recurribles en casación, resulta pertinente para esta Sala, con base a los lineamientos expuestos en el fallo N° 580, parcialmente transcrito, precisar la cuantía que ha de considerarse en el caso sub iudice, para así poder verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de dicho medio excepcional de impugnación previsto en el artículo 178 de
En tal sentido, se observa que la parte demandante interpuso el presente recurso de control de la legalidad en fecha 24 de marzo de 2006, es decir, con posterioridad al 12 de agosto de 2005 -fecha de publicación en
En virtud de lo antes expuesto, esta Sala verifica que la demanda fue introducida por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, Trabajo y Menores de
En ese orden de ideas, se aprecia que el recurso de control de la legalidad fue ejercido contra una decisión definitiva dictada por un Juez Superior laboral, que conoció en alzada de un procedimiento por cobro de prestaciones sociales, de cuyo escrito libelar se evidencia que la pretensión contenida en el mismo, fue estimada por el actor en la cantidad de diez millones veintiocho mil setecientos nueve bolívares con noventa y seis céntimos (Bs. 10.028.709,96), por lo que al exceder dicha estimación la cuantía mínima establecida, se considera que la sentencia impugnada cumple con todos los presupuestos para ser recurrible en casación.
Por consiguiente, resulta evidente que en el caso bajo estudio se incumple el requisito de admisibilidad del recurso de control de la legalidad previsto en el artículo 178 de
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia, en nombre de
No hay expresa condenatoria en costas del proceso, dada la naturaleza de la presente decisión.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente a
El Presidente de
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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ
El Vicepresidente, Magistrado,
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JUAN RAFAEL PERDOMO ALFONSO VALBUENA CORDERO
Magistrado, Magistrada,
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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA
El Secretario,
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JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA
C.L. Nº AA60-S-2006-000569
Nota: Publicada en su fecha a
El Secretario,