Venley

Sentencia N.º 1303

Sentencia
N.º 1303
Fecha
09/08/2006
Sala
Casación Social
Expediente
06-569
Ponente
Omar Alfredo Mora Díaz
Procedimiento
Recurso de control de la legalidad

SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Caracas,  09 de  agosto   de 2006. Años: 196º y 147º.

 

                  En el juicio que por cobro de prestaciones sociales, sigue el ciudadano SALOMÓN ESCALONA, representado judicialmente por los abogados José Manuel Hernández, Ingrid Higuera y Estilita Ruiz, contra la sociedad mercantil DIARIO LA COSTA, C.A., representada judicialmente por la abogada Norma Lozano de Sosa; el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Extensión Puerto Cabello, conociendo en apelación, publicó sentencia definitiva en fecha 17 de marzo de 2006, mediante la cual declaró: 1) con lugar el recurso interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia proferida en fecha 29 de noviembre de 2005, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, extensión territorial de Puerto Cabello, y 2) parcialmente con lugar la demanda incoada.

 

                  Contra la decisión de Alzada, la representación judicial de la parte actora interpuso oportunamente recurso de control de la legalidad, siendo remitido el expediente a esta Sala de Casación Social.

 

                  En fecha 27 de abril de 2006, se dio cuenta en Sala designándose ponente al Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz.

 

                  Siendo la oportunidad procesal, se pasa a decidir el presente recurso bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, conforme las consideraciones siguientes:

 

Ú N I C O

 

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece los requisitos de admisibilidad del recurso de control de la legalidad, en los siguientes términos:

“Artículo 178: El Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social podrá, a solicitud de parte, conocer de aquellos fallos emanados de los Tribunales Superiores del Trabajo, que aún y cuando no fueran recurribles en casación, sin embargo, violenten o amenacen con violentar las normas de orden público o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de dicha Sala de Casación.

 

En estos casos, la parte recurrente podrá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación del fallo ante el Tribunal Superior del Trabajo correspondiente, solicitar el control de la legalidad del asunto, mediante escrito, que en ningún caso excederá de tres (3) folios útiles y sus vueltos.

 

El Tribunal Superior del Trabajo deberá remitir el expediente a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de manera inmediata; la cual, una vez recibido el expediente, decidirá sumariamente con relación a dicha solicitud. En el supuesto que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social decida conocer del asunto, fijará la audiencia, siguiendo el procedimiento establecido en el Capítulo anterior. La declaración de inadmisibilidad del recurso se hará constar en forma escrita por auto del Tribunal, sin necesidad de motivar su decisión. De igual manera, estará sujeto a multa el recurrente que interponga el recurso maliciosamente, hasta un monto máximo equivalente a ciento veinticinco unidades tributarias (125 U.T.). En este último caso, el auto será motivado. Si el recurrente no pagare la multa dentro del lapso de tres (3) días, sufrirá arresto en jefatura civil de quince (15) días.” (Resaltado de la Sala).

 

 

 

                   Como se aprecia, para que proceda la admisibilidad de dicho medio excepcional de impugnación, se debe cumplir con los requerimientos formulados en dispositivo legal reproducido en el párrafo precedente; a saber: 1) que se trate de sentencias proferidas por Juzgados Superiores Laborales; 2) que éstas no sean impugnables en casación; 3) que violen o amenacen con violentar normas de estricto orden público laboral o procesal y/o 4) que resulten contrarias a la jurisprudencia reiterada de esta Sala de Casación Social.

 

                   Ahora bien, con relación a la cuantía requerida para acceder a la sede casacional esta Sala según sentencia N° 763 de fecha 1° de diciembre de 2003 (caso: Yolanda Otero contra Arena de Francia, C.A.), señaló que en aquellos juicios en los cuales se hubiere proferido sentencia en segunda instancia con posterioridad a la implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se regirán por las disposiciones contenidas en dicha Ley. Asimismo, mediante decisión N° 443 del 18 de mayo de 2004 (caso: Juan de Mata Ramírez Ramírez contra Cauchos y Frenos Capricornio, C.A), se afirmó que para la estimación de la cuantía se debe atender al valor que tenía la unidad tributaria para la fecha en que fue dictada la decisión.

 

                   No obstante, cabe señalar que la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, según sentencia N° 1573 de fecha 12 de julio del año 2005, publicada en la Gaceta Oficial N° 38.249 de fecha 12 de agosto de 2005, con base en el principio de la perpetuatio fori, según el cual es el actor el que determina con la presentación de su demanda la competencia y jurisdicción, estableció con carácter vinculante para todos los Tribunales de la República los parámetros que en adelante se deben seguir para determinar la cuantía requerida para acceder a casación, efectuando un cambio de criterio en los términos que de seguida se reproducen:

 

“Al respecto, siendo uno de los pilares fundamentales de la justicia la confianza que tienen los particulares que un órgano del Poder Público, actúe de manera semejante a la que ha venido actuando, frente a circunstancias similares o parecidas, considera la Sala que las modificaciones posteriores que determinen el quantum necesario para acceder a la sede casacional, pueden afectar eventualmente a las partes, pues no están en capacidad de prever, las alteraciones que en el futuro puedan ocurrir en relación con esa situación y en caso de ser previsible, no tienen la seguridad que sucedan.

 

En tal sentido, esta Sala en aras de preservar la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, establece que la cuantía necesaria para acceder a casación, debe ser la misma que imperaba para el momento en que se interpuso la demanda, pues es en ese momento en el cual el actor determina el derecho a la jurisdicción y la competencia por la cuantía y por ello considera cumplido el quantum requerido por el legislador para acceder en sede casacional, pues las partes no están en disposición de prever las modificaciones de la cuantía a que hubiere lugar durante la tramitación del proceso para acceder en casación. Así se decide.

Por otra parte, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cuantía para acceder en casación quedó modificada, en efecto el artículo 18 lo siguiente: ‘(…) El Tribunal Supremo de Justicia conocerá y tramitará, en la Sala que corresponda, los recursos o acciones, que deban conocer de acuerdo con las leyes, cuando la cuantía exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.) (…)’.

 

De lo anterior se colige, que para acceder a la sede casacional de acuerdo con la referida ley la cuantía del juicio deberá exceder a las tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.). Sin embargo, ante los incrementos anuales que sufre la unidad tributaria pudiera estar afectándose o limitándose la posibilidad de los administrados de acceder en casación ante las respectivas Salas del Tribunal Supremo de Justicia; en tal sentido, el Juzgador correspondiente deberá determinar -con base a los parámetros anteriormente expuestos- la cuantía exigida para el momento en que fue presentada la demanda, y en caso que la cuantía exigida sea la establecida en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, deberá calcularse la unidad tributaria vigente para el momento en el cual fue interpuesta la referida demanda.

 

(Omissis)

 

En tal sentido, sólo se aplicará este criterio a las nuevas demandas que se inicien con posterioridad a la publicación en la Gaceta Oficial del presente fallo y para las causas que se encuentren en trámite siempre que el tribunal correspondiente aún no hubiere emitido pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso de casación. Así se declara.

 

En consecuencia, se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud del carácter vinculante del presente caso para todos los Tribunales de la República”.

 

 

 

                  En sujeción al criterio jurisprudencial emanado de la Sala Constitucional supra acreditado, esta Sala en sentencia N° 580, de fecha 4 de abril de 2006, con la finalidad de adaptar los nuevos parámetros para determinar la cuantía requerida para acceder a casación establecidos en dicha decisión, a los distintos medios de impugnación contemplados en el proceso laboral -casación y control de la legalidad-, ello en virtud a que hasta su publicación en la Gaceta Oficial, imperaba un criterio diferente con relación a tal particular, expresó que “…el nuevo criterio sobre la cuantía que ha de examinarse para admitir o no el recurso de casación, debe aplicarse de acuerdo a la fecha en que se ejerza el medio recursivo correspondiente, de tal manera, que los recursos que hayan sido interpuestos antes del 12 de agosto de 2005 -fecha de publicación en Gaceta Oficial de la citada sentencia de la Sala Constitucional-, deberán decidirse conforme al criterio entonces imperante; por el contrario, el nuevo criterio será aplicable para aquellos interpuestos con posterioridad a la fecha supra indicada (12 de agosto de 2005)”. (Cursiva de la Sala)

 

                   Así las cosas, siendo concebido el recurso de control de la legalidad como un medio recursivo para impugnar decisiones que no sean recurribles en casación, resulta pertinente para esta Sala, con base a los lineamientos expuestos en el fallo N° 580, parcialmente transcrito, precisar la cuantía que ha de considerarse en el caso sub iudice, para así poder verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de dicho medio excepcional de impugnación previsto en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

                   En tal sentido, se observa que la parte demandante interpuso el presente recurso de control de la legalidad en fecha 24 de marzo de 2006, es decir, con posterioridad al 12 de agosto de 2005 -fecha de publicación en la Gaceta Oficial del fallo emanado de la Sala Constitucional-, y por tanto resulta aplicable el criterio recientemente establecido en la sentencia N° 1573, supra referida.

 

                  En virtud de lo antes expuesto, esta Sala verifica que la demanda fue introducida por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, extensión Puerto Cabello, en fecha 19 de diciembre de 2003, siendo que para el momento de su interposición la cuantía mínima requerida para acceder a la sede casacional en los juicios laborales era de tres millones de bolívares (Bs. 3.000.000,00), de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nº 1.029 de fecha 22 de enero de 1996, pues, para esa época se encontraba diferida la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, ciudad de Puerto Cabello, entrando en vigencia según Resolución N°. 2004-00027 de fecha 8 de diciembre de 2004, el 7 de enero de 2005.

 

                  En ese orden de ideas, se aprecia que el recurso de control de la legalidad fue ejercido contra una decisión definitiva dictada por un Juez Superior laboral, que conoció en alzada de un procedimiento por cobro de prestaciones sociales, de cuyo escrito libelar se evidencia que la pretensión contenida en el mismo, fue estimada por el actor en la cantidad de diez millones veintiocho mil setecientos nueve bolívares con noventa y seis céntimos (Bs. 10.028.709,96), por lo que al exceder dicha estimación la cuantía mínima establecida, se considera que la sentencia impugnada cumple con todos los presupuestos para ser recurrible en casación.

 

                   Por consiguiente, resulta evidente que en el caso bajo estudio se incumple el requisito de admisibilidad del recurso de control de la legalidad previsto en el artículo 178 de la Ley Adjetiva Laboral, referido a que la sentencia emanada del Tribunal Superior del Trabajo no sea impugnable en casación, lo cual trae como efecto inmediato, la declaratoria de inadmisiblidad del presente medio excepcional de impugnación ejercido por la parte demandante. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

                  Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad propuesto por la parte demandante, contra la decisión de fecha 17 de marzo de 2006, emanada del Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Extensión Puerto Cabello.

 

                  No hay expresa condenatoria en costas del proceso, dada la naturaleza de la presente decisión.

 

                  Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial arriba identificada. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, en conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

_____________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

El Vicepresidente,                                                                   Magistrado,

 

 

________________________                            ______________________________

JUAN RAFAEL PERDOMO                 ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

Magistrado,                                                                              Magistrada,

 

 

________________________________      _________________________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ       CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

El Secretario,

 

 

_____________________________

JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

 

C.L. Nº AA60-S-2006-000569

 

 

Nota: Publicada en su fecha a 

 

 

 

 

 

                                                                                              El Secretario,

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