Sentencia N.º 1303
- Sentencia
- N.º 1303
- Fecha
- 12/08/2014
- Sala
- Casación Social
- Expediente
- 12-854
- Ponente
- Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez
- Procedimiento
- Recurso de Apelación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Ponencia del Magistrado LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ
El Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los Estados Zulia y Falcón, remitió a esta Sala el expediente contentivo del recurso de nulidad, conjuntamente con solicitud de medida cautelar, que sigue la sociedad mercantil GANADERÍA SAN ANTONIO S.A. (GASANTONIO), representada judicialmente por los abogados Zulaida Labarca Aranaga, Luis Paz Caizedo, Alfonso José Chacín Chourio, José Luis López Martínez y José Francisco Parra Villalobos, contra el acto administrativo dictado en sesión N° 298-10 de fecha 18 de febrero de 2010, por el Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, representado judicialmente por los abogados Roberto Urguelles, Eloym Gil, Sugeidi Coello, Kennelma Caraballo, Gerson Rivas, Robert Orozco, Golfredo Contreras, Francesco Zordán, Elda Tolisano, Carlos Farías, José Rodríguez, Miguel Monsalve, Kary Zerpa, Jorge Narváez, Viggy Moreno, Lila del Valle Ruiz, Vicmary Cardoza Casadiego, Rocío Camacho, Karina Sánchez, Ricardo Cestari, Ivanora Zavala, José Garay, José del Carmen Rodríguez, Anna Veltri, Carmen Fermín, Ysabel Masabe, Ricardo Laurens, Iveth González, Elizabeth Aldana, Jemima Scata, Rafael Boscán, Mirla Garrido, Bárbara Rodríguez, Greiner Marín, Decxy Ávila, Néstor Orta, Wiston Chacón, Mónica Oviedo, Luis Aponte, Miguel González, Lizzette Chacón, Miguel Henríquez y Gabriel Pulido; conforme al cual se acordó la declaratoria de tierras ociosas o incultas, inicio del rescate y acuerdo de medida cautelar de aseguramiento sobre las tierras del predio denominado San Antonio, ubicado en el Sector El Rosario, Km 7 ½ vías San Carlos-Encontrados, Parroquia San Carlos, Municipio Colón del estado Zulia, con una superficie aproximada de 1.073 hectáreas.
La remisión se efectúo con motivo al recurso de apelación propuesto por la representación judicial de la parte accionada, contra el fallo dictado por el tribunal de la causa en fecha 23 de abril de 2012, conforme al cual se declara con lugar la acción de nulidad incoada.
En fecha 7 de junio de 2012 se dio cuenta en Sala, asignándose la ponencia de la causa al Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
Conforme auto de fecha 1° de febrero de 2013, esta Sala deja constancia que en fecha 14 de enero de 2013 tomaron posesión de sus cargos el Magistrado Suplente Octavio Sisco Ricciardi y las Magistradas Suplentes Sonia Coromoto Arias Palacios y Carmen Esther Gómez Cabrera, en virtud de la falta absoluta por culminación del periodo constitucional de los Magistrados Omar Alfredo Mora Díaz, Juan Rafael Perdomo y Alfonso Valbuena Cordero; ello en atención al contenido del artículo 47 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la decisión N° 1701 de fecha 6 de diciembre de 2012, emanada de la Sala Constitucional de este alto Tribunal.
En fecha 19 de marzo de 2014, se fijó la celebración de la audiencia de informes para el día 28 de abril del mismo año, la cual se llevó a cabo en la referida fecha, con la asistencia de las partes.
Concluida la sustanciación del presente recurso, y cumplidas las formalidades de ley correspondientes, se pasa a decidir en los siguientes términos:
PUNTO PREVIO
El abogado José Francisco Parra Villalobos, actuando en representación judicial de la parte actora, consigna escrito por ante la Secretaría de esta Sala, en el que solicita expresamente se declare la perención de la instancia, por haber transcurrido un lapso superior a 6 meses sin que la parte apelante hubiese impulsado el proceso, y por ende, quede definitivamente firme la sentencia apelada.
Al respecto, debe indicarse al peticionante que el planteamiento efectuado ya ha sido resuelto por esta Sala en una solicitud similar, concretamente a través de la decisión N° 1633 de fecha 15 de diciembre de 2011 con la aprobación de la mayoría absoluta de los Magistrados integrantes de la Sala, y en la cual se explicó que la figura de perención de la instancia se produce por inactividad procesal de la parte actora, conforme al artículo 94 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esto es, la normativa correspondiente es específica, y sin laguna de ningún tipo, con respecto a quien procede la figura de la perención, es decir, sólo se indica que la inactividad de la parte actora produce la perención de la instancia, mas no hace referencia a la parte accionada.
Por ello, es evidente que la petición efectuada por la representación judicial de la accionante es improcedente, en tanto y cuanto, quien ejerció el presente recurso de apelación ha sido la parte accionada, y la referida norma no establece sanción para la falta de actividad procesal en que esta incurra. Así se decide.
Asimismo, es preciso indicar que las decisiones sobre perención de la instancia en materia contencioso administrativa agraria, se han dictado cuando la inactividad procesal ha sido observada en la figura de la parte actora, y no del ente agrario accionado, ello, en acatamiento al artículo 94 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Por ello, reiterando el criterio pacífico de esta Sala ya citado en las líneas que preceden, se debe indicar que es improcedente la petición de declarar la perención de la instancia. Así se resuelve.
ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado por ante el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los Estados Zulia y Falcón, en fecha 18 de mayo de 2010, la sociedad mercantil Ganadería San Antonio S.A. (GASANTONIO), representada judicialmente por el abogado José Francisco Parra Villalobos, propone recurso contencioso administrativo de nulidad contra el acto dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras, en sesión número 298-10 de fecha 18 de febrero de 2010, en el cual se acordó la declaratoria de tierras ociosas o incultas, inicio de rescate y acuerdo de medida cautelar de aseguramiento de la tierra, sobre el predio denominado San Antonio, ubicado en el Sector El Rosario, km. 7 ½ vía San CarlosEncontrados, Parroquia San Carlos, Municipio Colón del estado Zulia, con una superficie aproximada de 1.073 hectáreas.
Aduce que en fecha 16 de abril de 2010, se le presentó cartel de notificación emanado del Instituto Nacional de Tierras, donde se le notificó del acto administrativo recurrido.
Indica que la medida cautelar de aseguramiento de la tierra fue efectuada parcialmente por la Oficina Seccional de Tierras Sur del Lago del Instituto Nacional de Tierras, el 16 de abril de 2010.
Señala que presentó escrito de oposición y defensa contemplado en el artículo 91 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lo cual se hizo el 28 de abril de 2010, sin que se produjera decisión, por lo que, de conformidad con los artículos 4 de la Ley Orgánica Procedimientos Administrativos y 96 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, operó el silencio administrativo negativo; en consecuencia, el administrado puede ejercer el recurso inmediato siguiente.
Alega que es única y exclusiva propietaria y poseedora del señalado fundo San Antonio, que es una sola unidad de producción según consta del documento registrado en la Oficina Subalterna del antes Distrito Colón del estado Zulia, de fecha 17 de febrero de 1983.
Expresa que la Administración Pública, violando la norma sobre la citación personal, publicó el cartel de notificación en el diario El Regional, que de acuerdo a las máximas de experiencia, es de escasa circulación, lo que trajo como consecuencia que no tuviera nunca conocimiento personal del inicio del procedimiento; y por ello no pudo hacer uso de los medios de defensa que concede la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en sus artículos 37 y 38, por lo que el procedimiento está viciado de nulidad absoluta, por cuanto se realizó a espaldas del administrado, violentándose su garantía fundamental al debido proceso y el derecho a la defensa consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Sostiene que el acto administrativo está viciado de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con su artículo 18 numerales 3 y 7, en correspondencia con los artículos 123 y 126 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ya que no consta en la notificación del señalado acto administrativo, los nombres y firmas de los miembros del Directorio del Instituto Nacional de Tierras, que asistieron a la reunión del 18 de febrero de 2010, no hay constancia del lugar donde se emitió el acto administrativo y tampoco tiene, la copia de la providencia, la fecha de su emisión.
Expresa que el fundo San Antonio está dedicado a la ganadería de doble propósito, y para el momento de ejecutarse la medida cautelar, existía una población de 128 animales bufalinos.
Señala que impugna la inspección técnica realizada en fecha 13 de junio de 2009 por funcionarios del ente accionado, y en tal sentido, expresa:
Los funcionarios actuantes en el informe técnico no hicieron las pruebas que ordena el artículo 21, Tabla A del Reglamento Parcial del decreto de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, por lo que información que suministra sobre la caracterización de la clase de los suelos es ilegal. Afirmamos que de haber hecho las pruebas técnicas a las que se refiere el artículo 21 eiusdem, hubieran determinado que los suelos donde está ubicado el FUNDO SAN ANTONIO, son clase VI, sub clase específica VISDT en el ciento por ciento (100%) de su superficie. Los suelos VISDT, son terrenos con severas limitaciones para cultivos, aunque aptos para pastos, bosques y vida silvestre, siendo posible la producción de un número reducido de cultivos que requieren condiciones especiales o prácticas de manejo y conservación cuidadosa. Que la superficie de uso del Fundo SAN ANTONIO, no corresponde a 1057 ha con 1721 m2, la superficie de uso del fundo se reduce SEISCIENTAS HECTÁREAS (600 Has) en todo el año, pues la parte Norte del fundo está sometida a inundaciones permanentes, que sólo cesan en ciertas épocas del año, al producirse verano fuerte, como desde el año pasado circunstancias esta que se atribuye al fenómeno del Niño, que es un hecho notorio comunicacional.
En el expediente administrativo hay inspecciones técnicas de ese Instituto donde se ha dejado constancia del área inundadiza del fundo. Tal zona de inundación se produce por ser la parte Norte del Fundo SAN ANTONIO, cercana al Caño Taparito, que recoge las aguas que bajan de toda la zona, siendo la penúltima finca para llegar al Caño Caimán, que (sic) al lindero Norte del fundo. Tal condición natural del fundo impide que se pueda utilizar toda el área del mismo, y tener una producción pecuaria que pueda ser afectada, dañada o disminuida por las crecidas de las aguas.
En consecuencia el porcentaje de la carga animal supera el promedio de acuerdo a las condiciones existentes mayor a 2UA/ha, por lo que el Fundo SAN ANTONIO, tiene un valor porcentual mayor al 80% de estimación de productividad. Negamos que la carga animal por hectárea que indica el Informe Técnico del 13 de junio de 2009 en la zona sea 2UA/ha, pues tal carga es de 1.75UA/ha. Las tierras del Fundo SAN ANTONIO, tienen una pendiente que no excede el uno por ciento (1%), por lo que la instalación de equipos de sistemas de riego, para aumentar los promedios de rendimiento, presenta limitaciones para su instalación y buen rendimiento.
Es falso que la clasificación de los suelos donde se encuentra el Fundo SAN ANTONIO, sean Clase V. Sub Clase VD10 en un 100%. La clasificación de las tierras del Fundo SAN ANTONIO, Clase VI, Subclase VISDT.
Igualmente impugno del Informe Técnico del 13 de junio de 2009, que la carga animal se debe tomar de acuerdo a los porcentajes que arroje el Municipio Colón, por cuanto el rendimiento idóneo, de acuerdo al artículo 105 de las Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establece: Artículo 105: la base imponible del impuesto será la diferencia entre el rendimiento idóneo de la tierra rural y su rendimiento real obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente. Por otra parte, el artículo 2°, numeral 6, del Decreto N° 3.463, de fecha 09 de febrero de 2005, establece ( ) De las normas trascritas, se determina que el rendimiento idóneo tiene como referencia el promedio anual de producción nacional, y no tiene como referencia a la producción municipal, que es lo que contempla el informe en el capítulo de observaciones punto número tres, donde para la carga animal promedio bajo estas condiciones es de 2UA/ha ajustada a la consolidación de un modelo de explotación pecuario sustentable para la zona. La unidad animal por hectárea a nivel nacional no llega a 1UA/ha, como conclusión se establece que el Fundo San Antonio excede la carga animal de la media anual a nivel nacional ( ). Al momento de la ocupación parcial del Fundo San Antonio había una carga animal de 2.300 animales y del informe del 13 de junio de 2009 determina la cantidad de animales 2.269.
El promedio anual de producción de unidad animal por hectárea no llega a una (1), por lo que, no puede el Instituto Nacional de Tierras, tener como media de producción para el municipio mas allá del doble de la producción nacional por impedírselo el artículo 105, en su tercer aparte de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario ( ).
Se solicitó medida preventiva de protección a la seguridad agroalimentaria, sobre la actividad desplegada en el lote de terreno afectado.
En fecha 22 de octubre de 2010, el tribunal de la causa admite el recurso de nulidad incoado, ordenando practicar las notificaciones y citación correspondiente.
La representación judicial del ente agrario accionado consigna, en fecha 10 de octubre de 2011, escrito de oposición. Asimismo, la Defensora Pública Agraria, abogada Paula Sánchez, en representación de los terceros beneficiarios del acto impugnado, Asociación Cooperativa Las Tres Ceibas 578, presenta, en fecha 11 de octubre de 2011, escrito de oposición al recurso incoado.
El abogado Francisco Fossi, en su carácter de Fiscal del Ministerio Público con competencia en materia contencioso administrativa agraria, consigna, en fecha 24 de febrero de 2012, informe en el que considera que la acción de nulidad interpuesta debe ser declarada sin lugar.
Concluida la sustanciación del recurso contencioso administrativo de nulidad, el tribunal de la causa procede a emitir el correspondiente fallo.
SENTENCIA APELADA
El Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los Estados Zulia y Falcón, mediante decisión de fecha 23 de abril de 2012, declaró con lugar la acción de nulidad incoada.
El tribunal de la causa, luego de reproducir lo expresado por el recurrente al impugnar la inspección técnica realizada por funcionarios del ente accionado, expresa lo siguiente:
( ) que este Juez puede inferir de acuerdo con el Principio iura novit curia, que el recurrente aún cuando no hace expresa mención del vicio de Falso Supuesto de Hecho y de Derecho, se desprende de los hechos precedentemente descritos que es éste el vicio que denuncia al establecer que el Instituto Nacional de Tierras hipotéticamente en la práctica de la Inspección Técnica es falsa por los motivos expresados arriba y que además se aplicó erróneamente el derecho ( ).
( ) el administrado en esta oportunidad denuncia una serie de hechos que para este Juzgador, es entendido como la perpetración del vicio de Falso Supuesto en sede administrativa.
( )
De ahí que, en el caso de marras la parte accionante promovió y evacuó la prueba de Experticia ( ) para desvirtuar el carácter de improductividad o de ociosidad ( ).
En el caso de autos, en fecha diecisiete (17) de octubre de 2011, el recurrente promovió conforme al artículo 188 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario la prueba de Experticia sobre el Fundo San Antonio, la cual fue admitida posteriormente por este Juzgado, ordenando al experto Médico Veterinario MIGUEL ANTONIO ORTEGA ( ).
( ) recibido el Informe Pericial en fecha dos (02) de febrero de 2012, el cual estima importante para este sentenciador y en consecuencia le es preciso destacar las consideraciones y conclusiones a las cuales llegó el mencionado experto:
( )
( ) en cuanto al contenido del informe expedido por el experto para colaborar con este Juez en la elaboración de su sentencia y poder entonces determinar si en el caso de autos, la Administración Pública Agraria incurrió en la violación de los derechos y garantías de los administrados, al dictar un acto administrativo que no estuvo ajustado a derecho. Es visible entonces asumir una posición firme en virtud de que es palpable el hecho de que se incurrió en la materialización del vicio de Falso Supuesto por parte del Ente Agrario recurrido, ya que el informe técnico levantado por los funcionarios del Instituto Nacional de Tierras resulta abismalmente distinto a la realidad del Fundo SAN ANTONIO, ya que por un lado, tenemos que la caracterización agroecológica del mismo, señala que por el contrario a lo indicado en dicho informe del Ente Agrario (el cual indicó que la clasificación de los suelos son de Clase V, uso pecuario Sub-Clase Específica VD10), que la unidad deproducción se ubica en una región donde los suelos son habitualmente Clase VII los cuales presentan un limitado uso, generalmente no son adecuadas para cultivos y se restringen al pastoreo básicamente, a lotes de árboles o a la vida silvestre, en las cuales no es práctico medidas de mejoramiento e incluso tiene problemas de exceso de humedad o mal drenaje.
Otra de las cuestiones relevantes del informe pericial realizado por el Médico Veterinario Miguel Antonio Ortega, es que se refleja que la carga animal del Fundo San Antonio supera la carga del estado y del municipio dentro del periodo de los años 2008-2010. Asimismo tenemos que los niveles de producción del fundo agrario afectado para el momento de la emisión del acto administrativo a pesar de las perturbaciones climáticas y el efecto del fenómeno de la vaguada del 2010, los niveles de producción se mantuvieron en el nivel promedio del estado Zulia y que en definitiva el comportamiento climático de la zona afecta la productividad de las fincas de la región, es decir que se hacen sensible a las consecuencias del fenómeno natural.
En consecuencia, si bien es cierto, tal como lo indica expresamente la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en su artículo 171, que el dictamen consignado por el experto no tiene carácter vinculante, pudiéndose apartar si estima que otros medios de pruebas son conducentes, idóneos y que le den suficientes elementos convicción para tomar su decisión, es enteramente prudente establecer al mismo tiempo que este Juez Superior Agrario, en el caso en particular, considera que la prueba de Experticia, fue y es un medio probatorio eficaz para demostrar la productividad o improductividad del fundo en cuestión, siendo pues evidente que los resultados arrojados desvirtúan la ociosidad o improductividad que alegó el Instituto Nacional de Tierras para la fecha en que éste dictó el acto administrativo que afectó parte de las tierras que conforman el Fundo San Antonio, por lo cual este Juzgador, acoge en su totalidad el contenido del dictamen pericial porque en definitiva le ha creado suficiente convicción de que la Administración Agraria en esta oportunidad actuó a espaldas del derecho, incurriendo en el vicio referido, de manera pues que como corolario de cada una de las reflexiones y consideraciones legales, doctrinales y jurisprudenciales precedentemente reseñadas a lo largo de esta humilde decisión, en aras de garantizar una buena y equitativa administración de justicia, este Operador de Justicia, procede a declarar CON LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad con solicitud de Medida Preventiva y de Protección a la Seguridad Agroalimentaria interpuesto por el abogado en ejercicio JOSÉ FRANCISCO PARRA VILLALOBOS ( ).
FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
Contra la decisión proferida por el tribunal de la causa, la representación judicial del Instituto Nacional de Tierras ejerce recurso de apelación, conforme diligencia de fecha 25 de abril de 2012 consignado ante el a quo, señalando expresamente que la experticia con la que el sentenciador determinó la existencia de un falso supuesto de hecho, no es suficiente para establecer la configuración de dicho vicio no alegado por el recurrente.
Sostiene el apelante que no fue el recurrente quien alegó mal el derecho, sino que no alegó nada y el Juez sustituyó las defensas del recurrente; así, insiste, el Juez no puede suplir la carga de las partes en litigio.
El profesional del derecho, abogado Gerson José Rivas Rivero, en la oportunidad de plantear sus alegatos en la audiencia oral de informes celebrada ante esta Sala, ratifica lo expuesto en el escrito de apelación. Asimismo, argumenta que el sentenciador se subrogó en los alegatos del recurrente, en franca violación del derecho a la defensa del ente agrario accionado.
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
En el asunto de autos se demandó la nulidad de un acto administrativo, por cuanto el recurrente consideró que se le violó su derecho de propiedad, que hubo vicios en la notificación del acto recurrido, así como vicios en el propio acto. Se impugnó un informe técnico que sirve de sustento al acto recurrido.
Sin embargo, el tribunal de la causa no decidió, en forma alguna, sobre ninguno de los planteamientos efectuados por el recurrente en vía de nulidad; tampoco se pronunció sobre los alegatos de defensa esgrimidos por la representación judicial del ente agrario demandado.
Por el contrario, el sentenciador, abogado Johbing Richard Álvarez Andrade, decidió la nulidad del acto recurrido sobre la base de un elemento no controvertido, una cuestión no planteada por el recurrente, esto es, sobre un falso supuesto que, como se indicó, no fue parte de la litis que debía resolver.
En este sentido, es preciso indicar que en el ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, se determina que toda sentencia debe contener una "Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia."
El reseñado precepto normativo establece el llamado principio de congruencia, el cual constriñe al sentenciador a no alterar el problema judicial debatido entre las partes, debiendo resolver sobre todo aquello alegado y probado por los sujetos integrantes de la controversia. El incumplimiento de lo indicado anteriormente, hará padecer a la sentencia del vicio de incongruencia.
Ha sido pacífica y reiterada la jurisprudencia de la Sala de Casación Social de este alto Tribunal con respecto al vicio de incongruencia, la cual ha establecido:
(...) no cumple el Tribunal con el principio de exhaustividad e incurre en el vicio de incongruencia, cuando no resuelve sobre todo lo alegado en el libelo y en la contestación, pues, la oportunidad para que las partes formulen sus alegatos está regida por el principio de preclusión (Sentencia N° 206 de fecha 21 de junio de 2000, dictada por la Sala de Casación Social).
Asimismo, la doctrina indica:
La incongruencia, como vicio del fallo, es la desacertada relación entre dos términos, litis y sentencia. Más sencillamente entendida, la incongruencia es un error de concordancia lógica y jurídica entre la pretensión y la sentencia que nuestro ordenamiento impone (...). En el Proceso se integra una auténtica trilogía de elementos, personas, acciones y cosas, cuya unidad no puede destruir la sentencia. Entre la problemática planteada en la demanda y su contestación, por una parte, y la sentencia por la otra, debe existir una relación de causa efecto, considerada como una necesidad de congruencia.
(...)
La demanda y defensa son presupuestos básicos de la sentencia (...). La congruencia no es sino la acertada relación entre la demanda y la sentencia y para que el fallo sea fiel en esta relación es necesario que se mantengan ciertas condiciones objetivas: 1° que la litis no cambie, pues toda transformación posterior trae mutaciones y conflictos; 2° Que haya valores constantemente en la litis para que no se alteren las líneas fundamentales de la controversia, y 3° se mantenga firme la triple trilogía (personas, acciones y cosas) que determina la inmutabilidad de la cosa juzgada. (Humberto Cuenca, Curso de Casación Civil, pp. 129 y 130).
Del contenido de la jurisprudencia supra transcrita, se desprende el hecho que en el caso que los jueces no decidan conforme a la pretensión deducida, con las excepciones o defensas opuestas, incurrirán en el vicio de incongruencia, tal y como ocurrió en el asunto de autos, por cuanto el juez determinó la existencia de un falso supuesto no alegado por las partes, a los efectos de declarar la nulidad del acto recurrido.
Así pues, al ser la decisión apelada violatoria del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil por incongruente, del artículo 12 eiusdem, por no atenerse a las normas de derecho y del artículo 15 del mismo texto normativo por no garantizar el derecho a la defensa de la parte accionada, se deberá declarar la nulidad de la misma.
Ahora bien, el recurrente en vía administrativa alegó que el acto impugnado es violatorio del derecho de propiedad por cuanto las tierras afectadas le pertenecen. A los efectos de probar tal titularidad, señala que posee una cadena titulativa que data de 1954 (vid folio 13, pieza 1), cuestión que, en vez de demostrar una cadena titulativa perfecta, evidencia el incumplimiento del artículo 82 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en lo que respecta al desprendimiento válido de la Nación a los efectos de considerar las tierras afectadas como de origen privado. Por consiguiente, al no existir la violación alegada por el recurrente, se desestima su planteamiento. Así se decide.
Con respecto al quebrantamiento del debido proceso y el derecho a la defensa, por vicios en la notificación del acto recurrido, debe señalarse que es el mismo apoderado actor, abogado José Francisco Parra Villalobos, quien indica que a su representada se le presentó cartel de notificación en fecha 16 de abril de 2010, y luego, en fecha oportuna propone el recurso contencioso administrativo de nulidad. Asimismo, expresa que presentó, en sede administrativa, escrito de oposición y defensa, contemplado en el artículo 91 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, con lo cual se evidencia que el demandante sí pudo ejercer su derecho a la defensa, tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional, en virtud que el ente accionado lo enteró de la decisión que pudiera afectar sus derechos e intereses.
De tal manera que, al no evidenciarse la alegada violación, debe considerarse como improcedente el vicio expuesto por el accionante. Así se decide.
Por último, y con respecto a la impugnación del informe técnico que sustenta al acto recurrido, debe indicarse que el recurrente no logró plasmar algún vicio que emergiese en la decisión administrativa objetada derivado de tal impugnación, a tal punto que fue el sentenciador del tribunal de la causa quien se subrogó en las obligaciones del accionante y configuró, teóricamente, la existencia del vicio que surge en el acto recurrido con base en el planteamiento efectuado por el recurrente. Esto es, el recurrente no alegó la existencia de alguno de los supuestos señalados en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en el planteamiento por él efectuado, dando como resultado el que se deba desestimar el mismo. Así se decide.
Como consecuencia de lo anterior, y al no constatarse, conforme a la exposición realizada por el recurrente, la ilegalidad del acto recurrido, se deberá declarar sin lugar el presente recurso contencioso administrativo de nulidad. Así se establece.
DECISIÓN
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado Gerson José Rivas Rivero, actuando en representación judicial del Instituto Nacional de Tierras, contra la decisión emanada del Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los Estados Zulia y Falcón en fecha 23 de abril de 2012; SEGUNDO: NULO el precitado fallo; y TERCERO: SIN LUGAR el recurso de nulidad, conjuntamente con solicitud de medida cautelar, que sigue la sociedad mercantil Ganadería San Antonio S.A. (GASANTONIO), contra el acto administrativo dictado en sesión N° 298-10 de fecha 18 de febrero de 2010, por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras, conforme al cual se acordó la declaratoria de tierras ociosas o incultas, inicio del rescate y acuerdo de medida cautelar de aseguramiento sobre las tierras del predio denominado San Antonio, ubicado en el Sector El Rosario, Km 7 ½ vías San Carlos-Encontrados, Parroquia San Carlos, Municipio Colón del estado Zulia, con una superficie aproximada de 1.073 hectáreas.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los doce (12) días del mes de agosto de dos mil catorce. Años: 204º de la Independencia y 155º de la Federación.
El Presidente de la Sala y Ponente,
_______________________________________
LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIERREZ
La Vicepresidenta, Magistrado,
_________________________________ _______________________________
CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA OCTAVIO JOSÉ SISCO RICCIARDI
Magistrada, Magistrada,
________________________________ _______________________________
SONIA COROMOTO ARIAS PALACIOS CARMEN ESTHER GOMEZ CABRERA
El Secretario,
_____________________________
MARCOS ENRIQUE PAREDES
R. A. Nº AA60-S-2012-000854
Nota: publicada en su fecha a
El Secretario,
El Magistrado Octavio Sisco Ricciardi lamenta discrepar en esta ocasión de la mayoría que suscribió la decisión que antecede; por lo que salva su voto, con fundamento en las siguientes consideraciones:
El fallo del cual disiento declaró en su punto previo, que la perención de la instancia en apelación se configura de acuerdo a lo previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y que en tal sentido, no obra respecto a la parte demandada por imperativo legal.
Ahora bien, siendo que la causa versa sobre un recurso contencioso administrativo de nulidad contra un acto administrativo dictado por el Instituto Nacional de Tierras, que se sustancia conforme a las reglas adjetivas de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA), considero que la norma aplicable es el artículo 182 de este cuerpo normativo (disposición común al Procedimiento Contencioso Administrativo Agrario y a las Demandas contra los Entes Estatales Agrarios). Esto, en aplicación del criterio de especialidad, que determina que ante dos normas incompatibles, una general y la otra especial, prevalece la segunda, ya que la ley especial substrae una parte de la materia regida por la de mayor amplitud, para someterla a una reglamentación concreta.
No obstante lo anterior, en esta oportunidad debo centrar el análisis en la referencia que hacen las normas respecto a la inactividad como requisito para la perención. Los artículos en comento disponen textualmente:
Artículo 94
Perención
La instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año POR INACTIVIDAD DE PARTE ACTORA, antes de la oportunidad de los informes o de la fijación de la audiencia, según el caso. [Énfasis añadido].
Artículo 182
La perención de la instancia procederá de oficio o a instancia de parte opositora, cuando hayan transcurrido seis meses sin que se haya producido NINGÚN ACTO DE IMPULSO PROCESAL POR LA PARTE ACTORA. La inactividad del juez o jueza después de vista la causa, o habiéndose producido la paralización por causas no imputables a las partes, no producirá la perención. [Énfasis añadido].
Ahora bien, sostener que la perención de la instancia obra solo en virtud de la inactividad del actor crea una desigualdad procesal que obra en detrimento del debido proceso, y desdice la naturaleza jurídica de este instituto procesal, por varias razones:
Primero. La paralización del proceso como elemento para la perención de la instancia debe ser total, en el sentido de que no debe realizarse ningún acto tendiente a continuar su tramitación. De acuerdo con esto, la instancia en trámite se activa con el impulso que, de la misma, realiza cualquier legitimado y perime respecto a todos los intervinientes comprendidos en ella. Así, las partes, el tribunal y en algunos casos terceros interrumpen la perención, naturalmente, siempre que el acto realizado sea idóneo para cumplir con el fin de hacer progresar la causa, careciendo de importancia cuál es el sujeto que lo realizó.
Segundo. La perención es indivisible, porque la instancia misma, cualquiera que sea la naturaleza de su objeto es considerada como indivisible. En este sentido, cabe precisar siguiendo a Rillo Canale, que a los fines de la caducidad debe considerarse la instancia como el fenómeno jurídico procesal concretado en una petición o acto procesal ante el órgano jurisdiccional, principal o incidental, que va desde la deducción de la demanda o articulación de incidente, hasta la notificación de las partes de la sentencia definitiva o incidental. [Rillo Canalle, O. Interrupción de la caducidad de la instancia. En Perención y Caducidad. (Págs. 37-249). Caracas: Ediciones Fabretón. 1989.
Naturalmente, la indivisibilidad de la instancia tiene gran relevancia práctica. A partir de este elemento, los actos impulsorios realizados por cualquiera de las partes interrumpen la perención. Igualmente esto tiene incidencia en otras cuestiones del mismo orden, por ejemplo, en virtud del principio de indivisibilidad, no puede considerarse terminada la primera instancia mientras la sentencia recurrida no quede notificada a todos los interesados, también determina qué ocurre con la reconvención una vez han concurridos los elementos de la perención con respecto a la demanda, entre otros casos.
Tercero. A fin de entender la operatividad de la perención debe partirse de un presupuesto básico, la existencia de la relación procesal hace nacer también para el demandado, facultades y expectativas, entre ellas, la fundamental de esperar una sentencia de rechazo de la pretensión del actor por parte del juez. Siendo así, las partes, tanto la actora como la demandada, tienen interés en que se dicte la sentencia de mérito que resuelva el conflicto que ha sido planteado ante el órgano jurisdiccional.
Precisamente, esta visión es la que dio lugar al artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, en el cual se exonera de costas a las partes si perime la causa, en el entendido que tan obligada está una parte como la otra a urgir la marcha del juicio. En otros términos, ambas deben procurar el tránsito del proceso hasta su estadio final.
Cuarto. Por otra parte, debe tenerse presente que el objeto de la perención es estimular la actividad procesal con la amenaza de extinción del proceso, y tiene varios fundamentos, uno de carácter objetivo, que es la inactividad procesal prolongada y; dos de carácter subjetivo, que son: presunción de desistimiento tácito de la instancia e interés público de que no se extiendan eternamente los procesos.
De acuerdo con estos elementos básicos, se conforma el instituto procesal de la perención, que opera con la concurrencia de varios requisitos, entre los que se encuentran: la existencia de una instancia, la inactividad procesal y el transcurso de los plazos legales de inactividad. Una vez verificada la perención, se producirán consecuencias jurídicas que se clasifican según opere en primera o única instancia o instancias ulteriores. El efecto esencial cuando ocurre en el primero de los casos es que no extingue la acción -siguiendo el léxico de la literatura clásica y de la jurisprudencia-. En segunda o ulterior instancia, la regla básica dispone que le otorgue fuerza de cosa juzgada al pronunciamiento recurrido. En este sentido, expone el artículo 270 del Código de Procedimiento Civil:
Artículo 270
La perención no impide que se vuelva a proponer la demanda, ni extingue los efectos de las decisiones dictadas, ni las pruebas que resulten de los autos; solamente extingue el proceso.
Cuando el juicio en que se verifique la perención se halle en apelación, la sentencia apelada quedará con fuerza de cosa juzgada, salvo que se trate de sentencias sujetas a consulta legal, en las cuales no habrá lugar a perención.
Ahora bien, de acuerdo a lo anterior no es factible sostener que la perención opera por la sola inactividad de la parte actora, puesto que si hay una actividad procesal realizada por otros legitimados como el demandado o el órgano jurisdiccional- que sea idónea para motorizar la marcha de proceso, no existe un estancamiento que dé lugar al perfeccionamiento de la perención.
Un ejemplo práctico es conveniente a fin de ilustrar lo anterior. Durante el transcurso de la primera instancia una causa debe ser conocida por un nuevo juez, las razones pueden ser múltiples, por incompetencia subjetiva, por su fallecimiento, por la modificación de la competencia por una relación entre causas continencia o conexión-, etc. La parte demandada pide el abocamiento del juez y este provee de acuerdo a lo solicitado, sigue el transcurso de la causa y llega a estado de sentencia sin que la actora haya efectuado ningún acto procesal, quedando acreditada la inactividad de la parte actora por un período superior al previsto por ley para el perfeccionamiento de la perención (en las causas agrarias 6 meses). La demandada sostiene que vista la inactividad de la parte actora procede declarar la perención. ¿Qué debe decidir el juez? Siendo consustancial a la perención la paralización de la causa, debe desechar el pedimento de la parte demandada. No obstante, de acuerdo al razonamiento esbozado en la decisión que antecede, en la causa se materializó la perención.
Así las cosas, está claro que el análisis de la norma no puede conducir a sostener que la perención opera por inactividad de la parte actora, porque esto desnaturaliza, desdice del instituto procesal en comento, y además obra contra la tutela judicial efectiva a la cual tiene derecho la parte demandada, quien tiene interés en que se dicte la sentencia de mérito.
Por otra parte, si se aplica el criterio de la Sala, concretamente en alusión a la segunda instancia agraria, es evidente la desigualdad procesal. De acuerdo con esto, si recurren las partes y ha transcurrido el lapso de inactividad previsto en la ley con respecto a ambas, deberá declararse la perención de la instancia en lo que respecta al recurso de la actora mas no así el de la demandada. Obviamente, en este supuesto se está conculcando el derecho a la defensa de la demandada y el principio de la igualdad procesal.
¿Qué debe hacerse entonces? Deben reinterpretarse los artículos a fin de consagrar que el instituto procesal de la perención obra en virtud de la inactividad procesal de las partes. Y en esto es tajante y pacífico el criterio de la doctrina y la jurisprudencia, pues se asocia la inactividad al concepto de carga procesal, de allí a que deba plantearse, como paso previo al diagnóstico de la perención, ¿tenían o no las partes la carga procesal de impulsar el proceso? Y en respuesta a esta cuestión, en la existencia o inexistencia de esta carga, se tendrá la solución correcta.
Sobre el principio de igualdad, que en lo particular debe regir la interpretación de las normas en comento, conviene invocar el criterio expuesto por la Sala Constitucional en su sentencia N° 898 de 2002 donde dispuso:
El referido artículo establece que todas las personas son iguales ante la ley, lo que explica que no se permitan discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.
Pueden reconocerse tres modalidades del derecho a la igualdad: a) igualdad como generalización, que rechaza los privilegios, al vincular a todos los ciudadanos a unas normas generales que no admiten distingos; se relaciona con el conocido principio de que la norma jurídica regula las categorías de sujetos y de situaciones, para las cuales existe una misma respuesta por parte del Derecho; b) igualdad de procedimiento o igualdad procesal, que supone la sanción de reglas de solución de conflictos, iguales para todos, previas e imparciales; y c) igualdad de trato, que implica atender igualmente a los iguales. Sucede, no obstante, que respecto a un mismo supuesto de hecho puedan darse diferencias en los elementos que lo conforman, lo que daría lugar a la aplicación de consecuencias jurídicas diferentes según que las distinciones sean relevantes para justificar un trato desigual (la igualdad como diferenciación) o irrelevantes, en cuyo caso se dará un trato igual (la igualdad como equiparación).
La igualdad como equiparación rechaza, como quedó dicho, la discriminación fundada en criterios de diferenciación considerados irrelevantes. El anotado rechazo se funda mayormente en criterios razonables, formados a través del tiempo y asumidos como tales por la ética pública en un momento determinado.
En cambio, la igualdad como diferenciación toma en cuenta las diferencias que existen entre hechos aparentemente similares, para -en función igualadora-, dar un trato diferenciado. Aquí no se aplican criterios abstractos, como en el caso anterior, sino que se imponen criterios valorativos o de razonabilidad, con el fin de ponderar si las diferencias advertidas justifican el trato desigual. [Énfasis añadido].
Otra sentencia bastante ilustrativa sobre la igualdad, es la N° 1342 de 2012 de la misma Sala, donde queda expuesto lo que sigue:
[ ] debe esta Sala analizar si, en efecto, la norma cuestionada infringe tal, por lo que al respecto aprecia que el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece: Todas las personas son iguales ante la Ley; en consecuencia: 1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.
En relación con el referido enunciado esta Sala ha dejado establecido respecto a la violación de esta norma que la cláusula de igualdad ante la ley, no prohíbe que se le confiera un trato desigual a un ciudadano o grupo de ciudadanos, siempre y cuando se den las siguientes condiciones: a) que los ciudadanos o colectivos se encuentren real y efectivamente en distintas situaciones de hecho; b) que el trato desigual persiga una finalidad específica; c) que la finalidad buscada sea razonable, es decir, que la misma sea admisible desde la perspectiva de los derechos y principio constitucionales; y d) que la relación sea proporcionada, es decir, que la consecuencia jurídica que constituye el trato desigual no guarde una absoluta desproporción con las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifica. Si concurren las condiciones antes señaladas, el trato desigual será admisible y por ello constitutivo de una diferenciación constitucionalmente legítima (sentencia Núm. 2.413 del 13 de octubre de 2012, caso: Manuel Enrique Peña Mendoza).
De otra parte, ha señalado la Sala, con ocasión de excluir la posibilidad de consentir desigualdades, sobre la base de supuestos distintos, cuando se trata de tutelar valores diversos e importantes para la sociedad, considerados por el Legislador, lo siguiente:
observa la Sala que, la incorporación de estos factores subjetivos por parte del legislador, se constituye en un mecanismo que busca fomentar el estímulo al desarrollo, desempeño y reconocimiento profesional del funcionario del servicio exterior en el ejercicio de sus funciones, abriendo la posibilidad de obtener una pensión de jubilación justa y acorde con las condiciones particulares de cada funcionario de manera individual.
Lo cual no contraría el derecho a la igualdad entre los funcionarios del Servicio Exterior previsto en la Constitución, y que la Sala ha expuesto en los términos siguientes en su sentencia N° 266 del 17 de febrero de 2006 (caso: José Ramón Mendoza Ríos), en la cual señaló( ) que el principio de igualdad implica un trato igual para quienes se encuentren en situación de igualdad -igualdad como equiparación-, y un trato desigual para quienes se encuentren en situación de desigualdad -igualdad como diferenciación- (vid. sentencia n° 898/2002, del 13 de mayo). En este último supuesto, para lograr justificar el divergente tratamiento que se pretenda aplicar, el establecimiento de las diferencias debe ser llevado a cabo con base en motivos objetivos, razonables y congruentes.
De lo anterior se desprende que no resulta correcto conferirle un tratamiento desigual a supuestos fácticos que ostenten un contenido semejante y que posean un marco jurídico equiparable, pero debe aclararse que igualdad no constituye sinónimo de identidad, por lo que también sería violatorio del principio de igualdad darle un tratamiento igualitario a supuestos que sean distintos (vid. GUI MORI, Tomás. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL ÍNTEGRA 1981-2001. Tomo I. Editorial Bosch. Barcelona, 2002, p. 332). Lo que podría resumirse en dos conclusiones: No asimilar a los distintos, y no establecer diferencias entre los iguales. (Omissis)
Tomando en consideración esta última afirmación, debe señalarse que dos de las modalidades más básicas de este principio son, en primer lugar, el principio de igualdad ante la ley strictu sensu, también denominado principio de igualdad en la ley o igualdad normativa, el cual constituye una interdicción a todas aquellas discriminaciones que tengan su origen directo en las normas jurídicas, de lo cual se colige que dicho postulado se encuentra dirigido a los autores de las normas, es decir, al órgano legislativo; y en segundo término, el principio de igualdad en la aplicación de la ley o igualdad judicial, el cual constituye la piedra de tranca a toda discriminación que se pretenda materializar en la aplicación de las normas jurídicas por parte de los tribunales de la República, siendo que este segundo principio se encuentra destinado a los órganos encargados de la aplicación de la Ley (vid. GUI MORI. Ob. Cit., p. 331).
A mayor abundamiento, y con especial referencia al principio de igualdad normativa, resulta necesario señalar que el mismo constituye un mecanismo de defensa en manos del ciudadano frente a las posibles discriminaciones que pudiera sufrir por obra del Poder Legislativo, e implica la prohibición de que en los principales actos de esta rama del poder público -a saber, en las leyes- se establezcan discriminaciones. Siendo así, el órgano legislativo se encuentra en la obligación de respetar el principio de igualdad, toda vez que su incumplimiento es susceptible de conllevar a la movilización del aparataje de la justicia constitucional, a los fines de que sea emitido un pronunciamiento que apunte a catalogar como inconstitucional la ley correspondiente, sea en el caso concreto a través de la aplicación del control difuso de la constitucionalidad, o de forma abstracta mediante la motorización del control concentrado de la constitucionalidad. (Destacado de la Sala).
Así pues la norma impugnada, lejos de imponer criterios de desigualdad jurídica, tiende a fomentar el principio de igualdad que debe existir entre los funcionarios adscritos al Servicio Exterior.
Con base en los criterios doctrinales expuestos, es evidente que el artículo 68 de la Ley del Servicio Exterior no se encuentra viciado de nulidad, por cuanto no infringe lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución; y así se declara. [Énfasis añadido].
La sentencia es muy esclarecedora y nos lleva a discurrir, en relación a los artículos en comento, si se ha establecido una diferenciación constitucionalmente legítima. Los literales b), c) y d) son muy significativos y permiten llevar a la conclusión que no es constitucionalmente admisible esta distinción, ya que la implementación irrestricta de los enunciados legales bajo análisis producen una desproporción hacia una de las partes, desnaturalizando además el instituto procesal que consagran.
Siendo así, a tenor del análisis desarrollado por la Sala Constitucional, se aprecia que no se trata de la igualdad en la aplicación de la ley, sino de un tratamiento paritario de las partes dentro de un proceso. Este tipo de igualdad se concreta como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, a partir de los cuales se desprende que el mismo -el proceso- debe transcurrir sin que entre las partes haya desequilibrios de tipo procesal -más que desequilibrio discriminación- entendida como diferenciación desprovista de fundamento, y que, como consecuencia, se cause algún tipo de posición privilegiada, lo que supondría para quienes tuvieran que litigar frente a aquellos en otra clase de situación, un tratamiento discriminatorio no justificado o sustentado en diferencias irrelevantes. Por tanto, de lo que se trata es que las partes tengan las mismas posibilidades y medios, y de que no se produzca nunca indefensión.
Pero, sea cual sea la postura adoptada en cuanto a la perención es importante que no se desnaturalice su esencia y que, al mismo tiempo, se resuelva razonablemente el imperativo legal de acuerdo a las herramientas hermenéuticas que tiene la Sala, de manera tal que su labor jurisdiccional no quede atada a una mera labor mecanicista de subsunción en la aplicación de leyes.
En síntesis, se requiere que la actividad judicial se oriente a la corrección de los márgenes de desviación e ilegitimidad jurídicas, a través de lo que la Sala Constitucional ha denominado interpretación constitucionalizante, penetrando en el principio constitucional de igualdad, para evitar criterios irrazonables o arbitrarios de la ley que creen categorías o grupos a los que se dé trato diferente.
Ahora bien, a pesar de sostener que debe realizarse una interpretación constitucionalizante de la normas sobre la perención aludidas, en el presente caso concurro con la mayoría sentenciadora al distinguir que no ha operado la perención en la causa, pero por razones sustancialmente distintas. La principal es que no les es imputable a las partes la paralización de la causa ante la falta de fijación de la audiencia de informes, por tanto, no se puede producir la extinción de la instancia bajo los parámetros del artículo 94 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia o bien, de acuerdo al 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
Sin embargo, prosiguió la decisión que antecede expresando que la recurrida incurrió el vicio de incongruencia al no decidir de acuerdo a la pretensión deducida. Al respecto, disiento de la mayoría sentenciadora, pues el juez superior no trajo a juicio un argumento nuevo ajeno al contradictorio, sino que se atuvo a la pretensión deducida calificando los hechos delatados por el actor recurrente, de allí que mencione:
este juez puede inferir de acuerdo al principio iura novit curia, que el recurrente aún cuando no hace expresa mención del vicio de falso supuesto [ ] este es el vicio que denuncia al establecer que [ ] la práctica de la Inspección Técnica es falsa por los motivos expresados arriba y que además se aplicó erróneamente el derecho.
Siendo así, en el presente caso debió desecharse el recurso de apelación ya que no existe la incongruencia delatada y, al mismo tiempo, porque de los elementos que cursan en autos se comprueba el falso supuesto tal como fijó el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los Estados Zulia y Falcón.
En los términos que anteceden, queda expuesto el criterio de este disidente.
Fecha supra.
El Presidente de la Sala y Ponente,
________________________________ LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ
| |
La Vicepresidenta,
__________________________________ CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA
| Magistrado disidente,
___________________________ OCTAVIO SISCO RICCIARDI
|
Magistrada,
___________________________________ SONIA COROMOTO ARIAS PALACIOS
| Magistrada,
_________________________________ CARMEN ESTHER GÓMEZ CABRERA
|
El Secretario,
_____________________________ MARCOS ENRIQUE PAREDES
| |
A.A. AA60-S-2012-000854
Nota: Publicada en su fecha a
El Secretario,
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