Venley

Sentencia N.º 131

Sentencia
N.º 131
Fecha
07/03/2002
Sala
Casación Civil
Expediente
01-092
Ponente
Franklin Arrieche Gutiérrez
Procedimiento
Recurso de Casación

 

 


 


SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ponencia del Magistrado FRANKLIN ARRIECHE G.

 

En el juicio por cobro de honorarios profesionales de abogado causados judicialmente, iniciado ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la ciudad de Caracas, por el abogado Jorge PABÓN representado judicialmente por los abogados José Luis Pabón, Nelson Chávez Padrón y Rosa Arelis Hurtado de Pol, contra la sociedad mercantil ALMACENADORA CARACAS C.A., representada judicialmente por los abogados Antonio José Roncayolo y José Eduardo Baralt López; el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con igual competencia y sede, mediante sentencia definitiva de 8 de diciembre de 2000, declaró con lugar el derecho al cobro de honorarios profesionales, y condenó a la intimada a pagar la cantidad de cuarenta y cuatro millones de bolívares (Bs. 44.000.000,oo) con la indexación monetaria, dejando a salvo el derecho de la intimada de acogerse a la retasa. De esta manera declaró sin lugar la apelación ejercida, y reformó la sentencia dictada por el antes mencionado Juzgado de Primera Instancia, que había declarado el derecho de los abogados al cobro de sus honorarios profesionales, sin la indexación demandada.

                  

Contra la referida sentencia de la alzada la parte demandada anunció recurso de casación, que fue admitido mediante auto de fecha 2 de febrero de 2001, y oportunamente formalizado. Hubo impugnación, réplica y contrarréplica.

 

                   Concluida la sustanciación del recurso de casación, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

 

-I-

 

Con  fundamento en el ordinal 1º del artículo 313  del Código de Procedimiento Civil, la formalizante denuncia el quebrantamiento por el juez de alzada, de los artículos 15, 90 y 203 eiusdem, y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la siguiente argumentación:

 

Alega la formalizante, que encontrándose el juicio en estado de sentencia se incorporó al proceso el Juez Accidental, abogado José Manuel Gilly Trejo, quien dictó el fallo definitivo en fecha 8 de diciembre de 2000, sin que previamente se hubiese avocado a la causa, lo que a juicio de la formalizante le produjo indefensión al omitir una forma sustancial del procedimiento, pues no abrió el lapso de tres (3) días de despacho contemplados en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, impidiéndole ejercer su derecho a recusar a dicho funcionario por “amistad manifiesta” con el actor. Expresa, que dicha subversión del procedimiento infringió lo dispuesto en los artículos 15 eiusdem, por no garantizarle su derecho de defensa; el 203 del citado Código, “que prohíbe en forma expresa la abreviación de los términos o lapsos procesales”, y el artículo 49 de nuestra Carta Magna, que garantiza el debido proceso en todas las actuaciones procesales.

 

Para decidir la Sala observa:

 

Mediante fallo N° 97, de 27 de abril de 2001, caso Luis Enrique  García  Lanz  y otros contra la sociedad mercantil Inversiones  García Lanz C.A., expresó  el  siguiente  criterio,  que hoy se reitera:

 

 

“...la  Ley Orgánica del Poder Judicial, prevé en sus artículos 45, 54 y 56, la forma como deben llenarse las faltas temporales y accidentales de los jueces estableciendo la convocatoria de los suplentes o los conjueces, según el caso; debiendo existir constancia de haberse practicado la misma, así como de la debida aceptación de parte del llamado, en este momento podrá el juez accidental o temporal reputarse juez natural en el juicio de que se trate.

 

Ahora bien, esto debe estar señalado no sólo en los libros respectivos, los cuales  aun  estando a disposición de las partes  no   pueden   considerarse  elementos  suficientes  para que los litigantes estén en conocimiento del suceso procesal del avocamiento; entonces es de impretermitible observancia, que cuando un juez distinto al que venía conociendo el mérito hasta el acto de informes, sea el encargado de dictar la decisión sobre el asunto; tal avocamiento  conste  en  autos,  pues el mundo para  las partes como para el juez lo  constituyen las actas que integran el expediente y lo que está fuera  de él,  es como si no existiera. Esta consideración emerge de dos reglas fundamentales del Sistema Procesal, como lo son: 1) quod non est in actis non est in mondo, lo que no está en las actas, no existe, no está en el mundo; y 2) el de la verdad o certeza procesal, por cuanto el mundo para las partes como para el juez, lo constituyen las  actas  que   integran el  expediente  y  lo  que está fuera de él es como si no existiera y como se expresa en el foro, toda actuación que conste en las actas del proceso se supone conocida por los litigantes: quod in actis, est in mundo.

 

El incumplimiento de esa formalidad acarrea que las partes, al no enterarse del cambio del funcionario, se vean impedidas de proponer contra él la recusación, si hubiese lugar a ello. Lo aquí expuesto lleva a la lógica conclusión, de que al no constar en autos el avocamiento de un nuevo juez del conocimiento, priva a las partes del ejercicio de su derecho”.

 

De  acuerdo  con  la  doctrina  antes   señalada, es menester que el nuevo juez que se incorpore al proceso dicte expresamente un  auto  de  avocamiento,  y  si  fuera   el  caso, deberá notificar a las  partes  del mismo con  la  finalidad  de que éstas puedan controlar su capacidad subjetiva a través del mecanismo de la recusación.

 

En  tal  sentido,  esta Sala considera  apropiado  señalar que  la notificación del avocamiento no es necesaria si la incorporación del nuevo juez ocurre antes de vencerse el lapso natural  de  sentencia  y  su  única prórroga,  pues  en  este  caso tiene plena  vigencia  el  principio  de  que  las  partes se encuentran a  derecho,  consagrado  en el artículo 26 del Código de Procedimiento Civil, y por ello se presume, antes  que  la  causa quede en suspenso y se desactive este principio, que los litigantes están enterados de lo que acontece en los autos.

 

No obstante, sí el avocamiento del nuevo juez que se incorpora a la causa ocurre una vez vencido el lapso natural de sentencia y su prórroga (de ser el caso), éste debe notificar a las partes de su avocamiento, porque de no hacerlo éstas podrían sufrir indefensión, pues se les estaría privando de un medio procesal –la recusación- que el legislador ha puesto a su alcance para el resguardo de sus derechos, por lo que de concretarse la indefensión, la denuncia deberá formularse al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, acusando la omisión de una forma sustancial de los actos –la notificación de las partes- que menoscabó el derecho de defensa del recurrente, acompañada con la delación del artículos 15 eiusdem, y de los artículos 90 y 251 ibidem, que establecen, respectivamente, la forma procesal preterida (la notificación de las partes) y el medio procesal que la omisión del juez le priva al recurrente (la recusación).

 

Naturalmente, si la incorporación del juez a la causa que se encuentra en suspenso ocurre en primera instancia (por vencimiento del lapso de sentencia y su prórroga, de ser el caso) y el sentenciador omite la formalidad de notificar a las partes de su avocamiento, deberá denunciar, además de las normas indicadas anteriormente, el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, precepto que obliga al juez de alzada a corregir las faltas que se hayan producido en primera instancia, pues dicha disposición resulta infringida por no haber corregido lo correspondiente a través de la reposición.

 

Asimismo,  en  los  supuestos  antes  anotados  es menester  que  el  formalizante  cumpla  con  la  carga  de señalar cuál es el gravamen generado por la ausencia de notificación del avocamiento,  y   alegar   la  causal  de  inhibición existente  en  el juez  que  sentenció  la  causa,  que  como  no  fue declarada de oficio, sería utilizada en su contra  a  través  de  la recusación. En éste sentido, es prudente precisar que no es suficiente alegar genéricamente que  existe  una causal para  recusar  al  juez, sino que es necesario indicar cuáles son los hechos concretos que se subsumen  en la causal alegada; y que las partes no hayan consentido tácitamente la falta de avocamiento o la ausencia de notificación de tal avocamiento, demostrando que en la primera oportunidad  que   se hizo  presente en autos denunció la anomalía.

 

Ahora bien, esta Sala considera propicio establecer que lo antes dispuesto debe aplicarse también en aquellos casos en los que esta Sala de Casación Civil declare con lugar un recurso de casación con reenvío, y la sentencia haya sido dictada fuera del lapso de sesenta (60) días que establece el artículo 319 del Código de Procedimiento Civil, pues si bien esta Sala no tiene el deber de notificar a las partes del fallo dictado en casación, dado que el artículo 251 eiusdem no tiene aplicación frente a ella, sí es ineludible que el juez a quien le corresponda sentenciar en reenvío ordene notificar a las partes de su avocamiento, para que éstas puedan controlar su capacidad subjetiva haciendo uso, en caso de ser necesario, del medio procesal de la recusación.

 

Por tanto, se reitera el criterio asentado en relación con los siguientes puntos:

- El nuevo juez que deba conocer de la causa deberá avocarse a la misma, mediante auto expreso.

 

- Si el avocamiento del juez ocurre dentro del lapso de sentencia y su prorroga, no será necesario notificar a las partes al respecto, en virtud del principio de que ellas se encuentren a derecho.

 

- Sí el avocamiento ocurre después de vencido el lapso para sentenciar y su prorroga, el nuevo juez deberá notificar a las partes de su avocamiento, para que éstas tengan la oportunidad de controlar la capacidad subjetiva del sentenciador través de la figura de la recusación, si ello es necesario.

 

Adicionalmente, esta Sala amplia la citada doctrina en los términos que a continuación se explanarán, la cual será aplicable en los recursos admitidos a partir del día siguiente a la publicación de este fallo:

 

- Para que prospere la denuncia de indefensión ante esta Sala el formalizante deberá:

 

a) Indicar la causal de recusación que no pudo proponer contra el juez, bien por falta de avocamiento expreso, o por no haberse notificado a las partes de dicho avocamiento.

 

b) Que las partes no hayan consentido tácitamente la falta de avocamiento o la ausencia de notificación del avocamiento, es decir, el recurrente en la primera oportunidad en que se hizo presente en autos debe haber denunciado la anomalía.

 

- Si  la  sentencia  de  la  Sala  de Casación Civil que declara con lugar el recurso  de  casación  ejercido,  es publicada fuera  del  lapso  de  sesenta  (60)  días previsto  en el artículo 319 del  Código de  Procedimiento Civil,  será  necesaria  la  notificación de  las  partes  del  avocamiento  del  juez  de  reenvío, para que éstas tengan  la  oportunidad de  controlar  la  capacidad  subjetiva del sentenciadora través de la figura de la recusación, si ello es necesario. Si esta formalidad no se cumple, se podrá plantear una denuncia de indefensión en los términos ya señalados.

 

La referida notificación por parte del juez de reenvío no será necesaria cuando la sentencia de esta Sala sea publicada dentro de los sesenta (60) días que establece el artículo 319 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

En  el  caso  concreto, del  examen  de  las actas procesales  esta  Sala  pudo  constatar  que  el expediente fue recibido   en   el  citado  Juzgado  Superior  cuando  cumplía funciones  de  juez  la  abogada Carmen Reyes Moreno; más adelante,  por  auto de fecha 2 de octubre de 2000 se avocó como juez provisoria la abogada Nelly Hueck, quien fijó el lapso para presentar  el escrito de observaciones a los informes y posteriormente, se dictó la sentencia definitiva, la cual aparece firmada  por el abogado José Manuel Gilly Trejo como Juez accidental. Consta del expediente que la incorporación del Juez ocurrió  después  de  presentados  los  escritos de observaciones a los informes,  y  en  las  actuaciones procesales no aparece algún auto  referido  al avocamiento de dicho funcionario, por lo que es obvio que las partes no tuvieron conocimiento de su incorporación para sentenciar el juicio.

 

Siendo así, es necesario concluir que el referido Juez accidental  menoscabó  el  derecho  de  defensa  de  la  hoy recurrente   en  casación,  pues  con  tal  proceder  impidió  el ejercicio de su derecho a recusarlo en la oportunidad legal correspondiente,   infringiendo  los  artículos  15  y  90  del  Código de Procedimiento Civil.

 

Cabe advertir al impugnante, como bien se indicó en la doctrina  establecida  en  el  fallo  N° 97,  de  27 de abril de 2001, (Luis Enrique García Lanz y otros contra la sociedad mercantil Inversiones García Lanz C.A.),  ya citado, que sólo los autos que están en el expediente  existen  para  el  juez  y  para  las  partes a los  efectos  de  la  decisión  que  ha  de  recaer  en el juicio; por tanto,  aun cuando   el   impugnante   haya  traído  al  expediente copia  certificada de  las  actas  en  las  cuales el juez accidental antes mencionado se  dio  por  juramentado  y  aceptó el cargo, ello no es suficiente para demostrar  que  la  hoy recurrente en casación tenía   conocimiento  de quién  era  el  Juez  que decidiría la  controversia,  pues las mismas no formaban parte del expediente  antes de  que éste dictara su decisión. Además el propio impugnante reconoce en su escrito de contestación del recurso, que la Sala de Casación Civil es un tribunal de derecho ante el cual no pueden aportarse pruebas.

 

Con base en los motivos antes expuestos esta Sala declara procedente las denuncias de infracción de los artículos 15 y 90 del Código de Procedimiento Civil. En cuanto al quebrantamiento del artículo 203 del Código de Procedimiento Civil, denunciado por el formalizante, esta Sala lo desestima por cuanto no tiene relación con el asunto planteado, dado que el supuesto de hecho contemplado en dicha regla se refiere a la posibilidad de que se abrevien los términos y lapsos procesales cuando la ley lo permita, por voluntad de ambas partes o de aquélla a quien le favorezca el lapso, siempre que se le exprese al juez y se le notifique a la otra parte, según sea el caso. Por tanto, dicha disposición nada tiene que ver con la falta de avocamiento del juez y  la apertura del lapso establecido en el artículo 90 eiusdem. Así se declara.

 

Habiendo  prosperado una denuncia por defecto de actividad de conformidad con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, la Sala se abstiene de conocer y decidir las restantes denuncias contenidas en el escrito de formalización.

 

DECISIÓN

 

En mérito  de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia  en   nombre   de   la  República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR el recurso  de  casación   anunciado   por   la  parte  demandada sociedad   mercantil   ALMACENADORA   CARACAS C.A.,  contra el fallo  de  fecha 8 de diciembre de 2000, dictado por el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional  y  sede  en  la   ciudad  de  Caracas. En consecuencia, se casa  el fallo  antes mencionado,  y  se  repone  la  causa  al estado de que el Juez que resulte competente dicte nueva decisión sin incurrir en el vicio de forma declarado en esta sentencia.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal Superior de origen antes mencionado.

Dada,  firmada  y  sellada  en  la  Sala  de  Despacho de la Sala   de  Casación  Civil  del Tribunal  Supremo de  Justicia,   en Caracas,  a los    siete    ( 07 )  días  del  mes  de  marzo    de dos mil dos. Años 191º de la Independencia y 143º de la Federación.

 

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

__________________________________

FRANKLIN ARRIECHE G.

 

El Vicepresidente,

 

 

______________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

 

                                                     Magistrado,

 

 

                                                      ___________________________

                                             ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

La Secretaria,

 

 

______________________________

adriana padilla ALFONZO

 

Exp. Nº 2001-000092

 

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