Venley

Sentencia N.º 1315

Sentencia
N.º 1315
Fecha
22/06/2005
Sala
Constitucional
Expediente
03-0073
Ponente
Jesús E. Cabrera Romero
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero

El 24 de octubre de 2002, el ciudadano CAMPO ELÍAS DUEÑEZ ESPITIA, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V.-6.902.800, asistido en este acto por el abogado HELMISAM BEIRUTI ROSALES, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 79.077, interpuso acción de amparo contra la decisión dictada por el Juzgado Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, del 21 de octubre de 2002, por cuanto en su opinión, dicha sentencia es violatoria de sus derechos y garantías constitucionales a la libertad, al debido proceso y al principio de libertad, consagrados en los artículos 44 numeral 1 y 49 de la Constitución vigente, y 244 del Código Orgánico Procesal Penal.

El 28 de octubre de 2002, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira admitió la presente acción.

El 5 de noviembre de 2002, se realizó la audiencia constitucional en la sede de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, con la presencia del accionante y su abogado asistente y el juez presuntamente agraviante.

El 8 de noviembre de 2002, la Corte de Apelaciones citada, publicó la sentencia que declaró con lugar la acción y ordenó la libertad del accionante.

El 20 de noviembre de 2002, mediante oficio No. 701, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, remitió a esta Sala Constitucional el expediente contentivo de la acción de amparo a los fines de la consulta, establecida en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.  

El 10 de enero de 2003, esta Sala Constitucional recibió el expediente, se dio cuenta en Sala del mismo y se nombró ponente al Magistrado Dr. PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ.

El 5 de noviembre de 2004, se reasignó la ponencia del presente expediente al Magistrado, quien con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Realizado el estudio correspondiente, se pasa a dictar sentencia,  previas las siguientes consideraciones:

De la acción de amparo

            Según señaló el accionante, fue detenido por la Guardia Nacional “en un procedimiento de flagrancia en el delito de Transporte de Estupefacientes”.

Señaló el accionante, que en la oportunidad procesal correspondiente apeló de la medida privativa de libertad que pesa sobre él.

El 11 de octubre de 2002, solicitó al juez presuntamente agraviante le otorgase su libertad, puesto que para ese momento llevaba dos años y un día sometido a medidas de coerción personal, y de conformidad con el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal nadie podía sobrepasar el lapso de dos años  sometido a una medida de coerción personal sin que se realizara el juicio oral y público correspondiente.

Comentó el accionante, que a pesar de haber solicitado su libertad el 11 de octubre de 2002, el juez de juicio presunto agraviante incurrió en mora al dar respuesta a su solicitud el 21 de octubre de 2002.

Con dicha decisión, el Juez Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira –según el accionante- le violó su garantía a la libertad prevista en el numeral 1 del artículo 44 de la Constitución vigente, se le “conculcó (su) Derecho al Debido Proceso Legal, por violación flagrante y directa de la normativa constitucional y del principio de la legalidad procesal penal, por infracción del dispositivo del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal”.    

Igualmente, señaló el accionante que en su escrito dirigido al Juzgado Quinto de Juicio anteriormente citado, señaló que su juicio no se había realizado por culpa de ese tribunal, indicándole el tribunal de juicio en la decisión aquí atacada que dicha aseveración era falsa, ya que el juicio no se había realizado por culpa del hoy accionante, al respecto el accionante manifestó que: “…poco importaba si el retardo procesal de mi causa, era justificado o no, poco importa si el retardo le era imputable o no al tribunal, pues aún así la ley no previó la continuidad de las medidas de coerción personal para los casos de retardo procesal justificado, pues la figura del retardo procesal no es desarrollada, ni tomada en cuenta en el dispositivo del artículo 244 del COPP lo cual le fue difícil de entender al juez accionado, negando inmotivadamente y de modo ilógico lo que era solicitado, mí libertad, por mandato legal”.

Señalado lo anterior, el accionante solicitó a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira declarar con lugar la acción de amparo ejercida, y en consecuencia ordenara su inmediata libertad,  “…reparándose sólo así, mis situaciones jurídicas infringidas, y el goce que me ha sido privado de mis derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela”. (sic).

DE LA SENTENCIA CONSULTADA

            El 8 de noviembre de 2002, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, declaró con lugar la acción de amparo ejercida y ordenó la libertad inmediata del accionante, fundamentando su decisión en los siguientes términos:

            Señaló la sentencia consultada que la celebración del juicio oral y público había sido diferido en seis oportunidades, en su mayoría a solicitud de la Fiscal Décima del Ministerio Público y de la defensa del otro Co-acusado; asimismo indicó que la causa había permanecido un tiempo paralizada sin que se fijara la oportunidad para la realización del juicio, y que ello había conllevado a que el hoy accionante se encontrara privado de su libertad personal por más de dos años sin que se realizara el correspondiente juicio oral, por lo tanto, señaló que de esta manera “…qued(ó) desvirtuado lo expuesto por el juez accionando durante la audiencia constitucional, quien adujo que las dilaciones han sido ocasionadas por la defensa del agraviado”.  

            En relación a la denuncia realizada por el accionante en cuanto a la violación de sus derechos constitucionales por con la sentencia del tribunal de juicio, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, señaló en su fallo que:

“…al haberse negado la solicitud de libertad del ciudadano CAMPO ELÍAS DUEÑEZ ESPITIA y sin que hasta la presente fecha se haya dictado sentencia definitiva, se le vulneró el derecho a la libertad personal y la garantía al debido proceso, por lo que lo procedente es declarar con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el mencionado ciudadano, asistido por el abogado HEMILSAM BEIRUTI ROSALES, y ordenar la inmediata libertad del mismo, sujeta a caución personal consistente en fianza de dos personas de reconocida solvencia moral y económica, quienes deberán comprometerse cada uno a pagar por vía de multa, en caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas al acusado, una caución que será por  el equivalente a ciento ochenta (180) unidades tributarias, de conformidad con el artículo 258 del Código Orgánico Procesal Penal. Así mismo imponerle a dicho ciudadano la prohibición de salida del país, conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Y así se decide”.

EXAMEN DE LA SITUACIÓN

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente consulta y para ello, observa:

Conforme a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia esta Sala es competente para conocer las apelaciones y las consultas de los fallos de los Tribunales Superiores que actuaron como primera instancia en los procesos de amparo ya que, según la norma invocada, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción constitucional, la tramitación de los recursos, como lo es la apelación, se rigen por las normativas especiales, como la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes de esta Sala.

De acuerdo a estas últimas interpretaciones y a lo pautado en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (artículo 35), es esta Sala, como Tribunal Superior de la primera instancia, cuando ésta corresponda a los Juzgados Superiores, el Tribunal competente para conocer las apelaciones y consultas de los fallos, y así se declara.

No existe en esta materia, debido a lo expuesto, necesidad de dictar Reglamentos Especiales que regulen el funcionamiento y competencia de esta Sala en materia de amparo, ya que la Ley especial de amparo no ha sido derogada, y es esta Sala la competente para conocer las apelaciones y consultas de los fallos de primera instancia de amparo, conforme la jurisprudencia vinculante emitida en fallo de 1° febrero de 2000 (caso: José Amando Mejías).

En consecuencia, esta Sala Constitucional se declara competente para conocer de la presente consulta. Así se declara.

Una vez determinada su competencia, pasa esta Sala a conocer la presente consulta, y en consecuencia, observa:

Como se ha señalado con anterioridad en el presente fallo, la acción de amparo fue ejercida contra la decisión dictada por el Juzgado Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en la cual negó la solicitud de libertad que realizara el hoy accionante, por haber permanecido privado de su libertad por un periodo mayor al de dos años que señala el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, sin que se haya realizado el correspondiente juicio oral y público.

En relación con lo estipulado en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, esta Sala Constitucional en reiterada jurisprudencia (vid. Casos: Rita Alcira Coy, del 24 de enero de 2001 e Iván Alexander Urbano, del 15 de septiembre de 2004) ha señalado que  la medida de coerción personal que es decretada contra un imputado o acusado decae, previo análisis de las causas de la dilación procesal, cuando han transcurrido más de dos años de su vigencia, contados a partir del momento en que fue dictada, siempre y cuando, no se haya proveído la prórroga establecida en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, dado que, en ese caso, deberá esperarse que culmine la misma para que pueda existir dicho decaimiento. No procederá el decaimiento de la medida, aunque hayan transcurrido los dos años, en aquellos casos en los cuales dicho lapso haya transcurrido por causas imputables al procesado, o cuando la libertad del imputado se convierte en una infracción del artículo 55 de la Constitución vigente, todo lo cual debe ser debidamente examinado por el juez de juicio.

Asimismo, se ha señalado que esa pérdida de la vigencia se traduce en la libertad del imputado o acusado y debe ser proveída, de oficio, por el tribunal que esté conociendo de la causa. Ahora bien, si la libertad no es decretada, entonces el afectado, o su defensa, debe solicitar simplemente la libertad, atendiendo al contenido del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal. No debe entenderse esta solicitud como una revisión de la medida de coerción personal, según lo establecido en el artículo 264 eiusdem, por cuanto esta última disposición normativa sólo se aplica en aquellos casos en los cuales las razones por las cuales fue dictada la medida han variado, lo cual es distinto a la prolongación en el tiempo de la misma (ver, en ese sentido, la sentencia N° 3060, del 4 de noviembre de 2002, caso: David José Bolívar).

Ahora bien, si la libertad es negada por el tribunal que conoce de la causa –como sucedió en el presente caso- ello permite que la parte afectada pueda interponer el recurso de apelación establecido en el numeral 5 del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, dado que esa negativa le produce un gravamen y, además, no se trata de una decisión inimpugnable, como ocurre cuando se niega la revisión de la medida de coerción personal.

Ese medio judicial ordinario –la apelación-, debe ser agotado antes de intentar el amparo, ya que, en caso contrario, la acción deviene inadmisible conforme a lo señalado en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. (ver sentencia N° 963, del 5 de junio de 2001, caso: José Ángel Guía).

De conformidad con lo anteriormente expuesto, en el presente caso, al haber el Juzgado Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira negado la solicitud de libertad de conformidad con el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, realizada por la defensa del ciudadano CAMPO ELÍAS DUEÑEZ ESPITIA, lo procedente era ejercer el recurso de apelación, y no una acción de amparo, por cuanto al tener la vía de la apelación el amparo resulta inadmisible de conformidad con el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (ver sentencia No. 2369 del 23 de noviembre de 2001, Caso: Mario Telles García).

Por todo lo anteriormente expuesto lo procedente en el presente caso es declarar inadmisible la presente acción de amparo, y así se declara. Queda de esta forma revocada la decisión consultada.

En virtud de haberse revocado la decisión consultada que otorgó la libertad al ciudadano CAMPO ELÍAS DUEÑEZ ESPITIA, lo procedente es ordenarle al Juzgado Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, realice las gestiones necesarias a fin de librar la orden de captura contra el mencionado ciudadano, siempre y cuando el proceso seguido contra el citado ciudadano se encuentre aún en esa instancia. Así se decide.

Declarado lo anterior, esta Sala Constitucional debe llamar la atención de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, la cual, actuando de manera incompetente al extralimitarse en sus atribuciones ordenó la libertad del acusado y estableció la caución personal y la prohibición de salida del país, no teniendo dicha Corte de Apelaciones competencia para decretar mediante amparo la libertad de ningún ciudadano, por cuanto, es jurisprudencia reiterada y pacífica de esta Sala que la acción de amparo es una acción restitutoria y no creadora de derechos.

Visto lo anterior, la Sala estima necesario remitir copia del presente fallo a la Inspectoría General de Tribunales, a los fines disciplinarios correspondientes.

DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, del 8 de noviembre de 2002, y se declara INADMISIBLE, de conformidad con el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la acción de amparo ejercida por el ciudadano CAMPO ELÍAS DUEÑEZ ESPITIA, asistido por el abogado HEMILSAM BEIRUTI ROSALES, contra la decisión dictada por el Juzgado Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, el 21 de octubre de 2002.

Se ordena al Juzgado Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, realice las gestiones necesarias a fin de librar la orden de captura contra el ciudadano CAMPO ELÍAS DUEÑEZ ESPITIA.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. Remítase copia de la presente sentencia al Juzgado Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira y a la Inspectoría General de Tribunales. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 22 días del mes de junio de dos mil cinco (2005). Años: 195° de la Independencia y 146° de la Federación.

La Presidenta de la Sala,

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

El Vicepresidente-Ponente,

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

Los Magistrados,

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

 

Luis Velázquez Alvaray

 

Francisco Carrasquero López

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

 

Arcadio Delgado Rosales

 

 

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

Exp. No.: 04-0073

JECR/

 

Quien suscribe, Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, manifiesta su voto concurrente respecto de la decisión que antecede:

Si bien comparte la dispositiva del fallo, por la cual la mayoría revocó la sentencia que dictó la primera instancia constitucional, el 8 de noviembre de 2002, y declaró inadmisible el amparo que incoó el quejoso, no obstante, discrepa en lo que a continuación sigue:

1. Se hace un llamado de atención a los jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en razón de que, a juicio de la Sala, esa instancia “…actuando de manera incompetente al extralimitarse en sus atribuciones ordenó la libertad del acusado y estableció la caución personal y la prohibición de salida del país, no teniendo dicha Corte de Apelaciones competencia para decretar mediante amparo la libertad de ningún ciudadano, por cuanto, es jurisprudencia reiterada y pacífica de esta Sala que la acción de amparo es una acción restitutoria y no creadora de derechos” (f.8).

A juicio de quien aquí concurre, con tal afirmación, se ignora el contenido de los artículos 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ya que el juez de amparo tiene “potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella”. De modo que la referida Corte de Apelaciones, si consideraba que se había lesionado el derecho a la libertad del imputado, estaba obligada a la restitución inmediata de la situación jurídica que determinó fue infringida. De otra forma, la justicia constitucional devengaría en mero declarativa.

2. Estima quien suscribe que la mayoría sentenciadora no debió limitarse a la declaración de inadmisibilidad de la pretensión de amparo, sino que, en virtud de los alegatos de la defensa de una prolongación de la medida privativa de libertad que sufren el demandante más allá de lo que establece el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, ha debido la Sala ordenarle al Juez de Juicio que emitiera inmediato pronunciamiento, en caso de que no exista a estas alturas sentencia definitivamente firme en la causa que se sigue al quejoso, ya que el imputado se encuentra privado de libertad desde el año 2000.

3. Estima oportuno el Magistrado que aquí emite su voto concurrente la aclaración de que, bajo ningún respecto, se pretende procurar la impunidad a favor de quienes resulten, en definitiva, declarados responsables penalmente. De lo que se trata es de que, independientemente del resultado condenatorio o absolutorio al cual se arribe, tal conclusión debe ser el producto de un proceso en el cual se preserve la efectiva vigencia de los derechos y garantías constitucionales de todas las partes.

 

Queda en estos términos expuesto el criterio del Magistrado concurrente.

Fecha ut retro.

La Presidenta,

 

 

 

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

El Vicepresidente,

 

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

Los Magis…/

trados,

 

 

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

                        Concurrente

 

 

 

LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY

 

 

 

FRANCISCO A. CARRASQUERO LÓPEZ

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

ARCADIO DELGADO ROSALES

 

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

PRRH.sn.ar.

Exp. n° 03-0073

 

 

 

 

 

 

 

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