Sentencia N.º 1315
- Sentencia
- N.º 1315
- Fecha
- 22/06/2005
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 03-0073
- Ponente
- Jesús E. Cabrera Romero
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero
El 24 de octubre de 2002, el ciudadano CAMPO ELÍAS DUEÑEZ ESPITIA, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V.-6.902.800, asistido en este acto por el abogado HELMISAM BEIRUTI ROSALES, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 79.077, interpuso acción de amparo contra la decisión dictada por el Juzgado Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal de
El 28 de octubre de 2002,
El 5 de noviembre de 2002, se realizó la audiencia constitucional en la sede de
El 8 de noviembre de 2002,
El 20 de noviembre de 2002, mediante oficio No. 701,
El 10 de enero de 2003, esta Sala Constitucional recibió el expediente, se dio cuenta en Sala del mismo y se nombró ponente al Magistrado Dr. PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ.
El 5 de noviembre de 2004, se reasignó la ponencia del presente expediente al Magistrado, quien con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio correspondiente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:
De
Según señaló el accionante, fue detenido por
Señaló el accionante, que en la oportunidad procesal correspondiente apeló de la medida privativa de libertad que pesa sobre él.
El 11 de octubre de 2002, solicitó al juez presuntamente agraviante le otorgase su libertad, puesto que para ese momento llevaba dos años y un día sometido a medidas de coerción personal, y de conformidad con el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal nadie podía sobrepasar el lapso de dos años sometido a una medida de coerción personal sin que se realizara el juicio oral y público correspondiente.
Comentó el accionante, que a pesar de haber solicitado su libertad el 11 de octubre de 2002, el juez de juicio presunto agraviante incurrió en mora al dar respuesta a su solicitud el 21 de octubre de 2002.
Con dicha decisión, el Juez Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal de
Igualmente, señaló el accionante que en su escrito dirigido al Juzgado Quinto de Juicio anteriormente citado, señaló que su juicio no se había realizado por culpa de ese tribunal, indicándole el tribunal de juicio en la decisión aquí atacada que dicha aseveración era falsa, ya que el juicio no se había realizado por culpa del hoy accionante, al respecto el accionante manifestó que:
poco importaba si el retardo procesal de mi causa, era justificado o no, poco importa si el retardo le era imputable o no al tribunal, pues aún así la ley no previó la continuidad de las medidas de coerción personal para los casos de retardo procesal justificado, pues la figura del retardo procesal no es desarrollada, ni tomada en cuenta en el dispositivo del artículo 244 del COPP lo cual le fue difícil de entender al juez accionado, negando inmotivadamente y de modo ilógico lo que era solicitado, mí libertad, por mandato legal.
Señalado lo anterior, el accionante solicitó a
DE
Señaló la sentencia consultada que la celebración del juicio oral y público había sido diferido en seis oportunidades, en su mayoría a solicitud de
En relación a la denuncia realizada por el accionante en cuanto a la violación de sus derechos constitucionales por con la sentencia del tribunal de juicio,
al haberse negado la solicitud de libertad del ciudadano CAMPO ELÍAS DUEÑEZ ESPITIA y sin que hasta la presente fecha se haya dictado sentencia definitiva, se le vulneró el derecho a la libertad personal y la garantía al debido proceso, por lo que lo procedente es declarar con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el mencionado ciudadano, asistido por el abogado HEMILSAM BEIRUTI ROSALES, y ordenar la inmediata libertad del mismo, sujeta a caución personal consistente en fianza de dos personas de reconocida solvencia moral y económica, quienes deberán comprometerse cada uno a pagar por vía de multa, en caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas al acusado, una caución que será por el equivalente a ciento ochenta (180) unidades tributarias, de conformidad con el artículo 258 del Código Orgánico Procesal Penal. Así mismo imponerle a dicho ciudadano la prohibición de salida del país, conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de
EXAMEN DE LA SITUACIÓN
Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente consulta y para ello, observa:
Conforme a
De acuerdo a estas últimas interpretaciones y a lo pautado en
No existe en esta materia, debido a lo expuesto, necesidad de dictar Reglamentos Especiales que regulen el funcionamiento y competencia de esta Sala en materia de amparo, ya que
En consecuencia, esta Sala Constitucional se declara competente para conocer de la presente consulta. Así se declara.
Una vez determinada su competencia, pasa esta Sala a conocer la presente consulta, y en consecuencia, observa:
Como se ha señalado con anterioridad en el presente fallo, la acción de amparo fue ejercida contra la decisión dictada por el Juzgado Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal de
En relación con lo estipulado en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, esta Sala Constitucional en reiterada jurisprudencia (vid. Casos: Rita Alcira Coy, del 24 de enero de 2001 e Iván Alexander Urbano, del 15 de septiembre de 2004) ha señalado que la medida de coerción personal que es decretada contra un imputado o acusado decae, previo análisis de las causas de la dilación procesal, cuando han transcurrido más de dos años de su vigencia, contados a partir del momento en que fue dictada, siempre y cuando, no se haya proveído la prórroga establecida en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, dado que, en ese caso, deberá esperarse que culmine la misma para que pueda existir dicho decaimiento. No procederá el decaimiento de la medida, aunque hayan transcurrido los dos años, en aquellos casos en los cuales dicho lapso haya transcurrido por causas imputables al procesado, o cuando la libertad del imputado se convierte en una infracción del artículo 55 de
Asimismo, se ha señalado que esa pérdida de la vigencia se traduce en la libertad del imputado o acusado y debe ser proveída, de oficio, por el tribunal que esté conociendo de la causa. Ahora bien, si la libertad no es decretada, entonces el afectado, o su defensa, debe solicitar simplemente la libertad, atendiendo al contenido del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal. No debe entenderse esta solicitud como una revisión de la medida de coerción personal, según lo establecido en el artículo 264 eiusdem, por cuanto esta última disposición normativa sólo se aplica en aquellos casos en los cuales las razones por las cuales fue dictada la medida han variado, lo cual es distinto a la prolongación en el tiempo de la misma (ver, en ese sentido, la sentencia N° 3060, del 4 de noviembre de 2002, caso: David José Bolívar).
Ahora bien, si la libertad es negada por el tribunal que conoce de la causa como sucedió en el presente caso- ello permite que la parte afectada pueda interponer el recurso de apelación establecido en el numeral 5 del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, dado que esa negativa le produce un gravamen y, además, no se trata de una decisión inimpugnable, como ocurre cuando se niega la revisión de la medida de coerción personal.
Ese medio judicial ordinario la apelación-, debe ser agotado antes de intentar el amparo, ya que, en caso contrario, la acción deviene inadmisible conforme a lo señalado en el numeral 5 del artículo 6 de
De conformidad con lo anteriormente expuesto, en el presente caso, al haber el Juzgado Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal de
Por todo lo anteriormente expuesto lo procedente en el presente caso es declarar inadmisible la presente acción de amparo, y así se declara. Queda de esta forma revocada la decisión consultada.
En virtud de haberse revocado la decisión consultada que otorgó la libertad al ciudadano CAMPO ELÍAS DUEÑEZ ESPITIA, lo procedente es ordenarle al Juzgado Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal de
Declarado lo anterior, esta Sala Constitucional debe llamar la atención de
Visto lo anterior,
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de
Se ordena al Juzgado Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal de
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente a
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de
Luisa Estella Morales Lamuño
El Vicepresidente-Ponente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Los Magistrados,
Pedro Rafael Rondón Haaz
Luis Velázquez Alvaray
Francisco Carrasquero López
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Arcadio Delgado Rosales
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. No.: 04-0073
JECR/
Quien suscribe, Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, manifiesta su voto concurrente respecto de la decisión que antecede:
Si bien comparte la dispositiva del fallo, por la cual la mayoría revocó la sentencia que dictó la primera instancia constitucional, el 8 de noviembre de 2002, y declaró inadmisible el amparo que incoó el quejoso, no obstante, discrepa en lo que a continuación sigue:
1. Se hace un llamado de atención a los jueces de
A juicio de quien aquí concurre, con tal afirmación, se ignora el contenido de los artículos 27 de
2. Estima quien suscribe que la mayoría sentenciadora no debió limitarse a la declaración de inadmisibilidad de la pretensión de amparo, sino que, en virtud de los alegatos de la defensa de una prolongación de la medida privativa de libertad que sufren el demandante más allá de lo que establece el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, ha debido
3. Estima oportuno el Magistrado que aquí emite su voto concurrente la aclaración de que, bajo ningún respecto, se pretende procurar la impunidad a favor de quienes resulten, en definitiva, declarados responsables penalmente. De lo que se trata es de que, independientemente del resultado condenatorio o absolutorio al cual se arribe, tal conclusión debe ser el producto de un proceso en el cual se preserve la efectiva vigencia de los derechos y garantías constitucionales de todas las partes.
Queda en estos términos expuesto el criterio del Magistrado concurrente.
Fecha ut retro.
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magis
/
trados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Concurrente
LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY
FRANCISCO A. CARRASQUERO LÓPEZ
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
ARCADIO DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH.sn.ar.
Exp. n° 03-0073
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