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Buscar sentenciasSALA DE CASACIÓN SOCIAL
Caracas, 09 de agosto de 2006. Años: 196º y 147º.
En el juicio por cobro de prestaciones sociales y otros beneficios laborales, que sigue el ciudadano MERVIN RAMÓN SÁNCHEZ, representado judicialmente por el abogado Manuel Aguilar, contra la sociedad mercantil TERRAPLEN OCCIDENTE, C.A., representada judicialmente por los abogados Román Duque Corredor, Edison Verde Oroño, Marilin Vilchez Contreras y Nelson Urdaneta; el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, conociendo apelación, en fecha 24 de marzo de 2006, publicó sentencia mediante la cual declaró con lugar el recurso ejercido por la parte accionada y sin lugar la demanda, revocando así el fallo dictado en fecha 25 de junio de 2001 por el Juzgado Décimo de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada y San Francisco de la referida Circunscripción Judicial.
Contra la decisión de Alzada, la representación judicial de la parte actora, interpuso oportunamente de conformidad con el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el recurso de control de la legalidad.
Recibido el presente expediente, se dio cuenta en Sala en fecha 1° de junio de 2006, designándose Ponente al Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz. Siendo la oportunidad legal para ello, pasa esta Sala de Casación Social a pronunciarse sobre la admisibilidad del presente recurso, en los siguientes términos:
Ú N I C O De conformidad con lo establecido en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es potestad de esta Sala de Casación Social revisar por vía del Control de la Legalidad aquellas decisiones proferidas por Juzgados Superiores del Trabajo, que aun cuando no fueran recurribles en casación violenten o amenacen con violentar las normas de estricto orden público o cuando la decisión sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala.
Ahora bien, una vez cumplidos los requisitos previstos en la Ley Adjetiva Laboral, dada la naturaleza extraordinaria del recurso, corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo 178 eiusdem, la admisibilidad del mismo, especialmente para aquellas circunstancias donde se hallen violentadas o amenazadas disposiciones de orden público o la jurisprudencia reiterada de la Sala.
En tal sentido, debe entenderse que tales quebrantamientos o amenazas irrumpen las instituciones fundamentales del derecho sustantivo del trabajo, derechos indisponibles o reglas adjetivas que menoscaban el debido proceso y derecho a la defensa.
En el caso bajo estudio, se delata la infracción por la recurrida de los artículos 243, ordinal 4° y 12 del Código de Procedimiento Civil, por el vicio de silencio de pruebas, toda vez que a criterio del recurrente, la juez de alzada no analizó ni juzgó en forma “real” la prueba testimonial presentada por la parte actora, así como tampoco valoró los documentos consignados a los autos que no fueron impugnados por la accionada.
Asimismo, se acusa la infracción del artículo 21 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, relativo al grupo de empresas y con ello la abundante jurisprudencia de la Sala con respecto a dichos supuestos.
La Sala, una vez revisados los términos en que fue dictada la sentencia recurrida y las actas procesales que cursan en el expediente, considera que la misma está ajustada a derecho y no incurre en violaciones del orden legal ni de la jurisprudencia reiterada de la Sala. De manera que, con base en los criterios que fundamentan la presente decisión, se declara inadmisible el presente recurso de control de la legalidad. Así se decide.
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte actora contra la sentencia de fecha 24 de marzo de 2006 proferida por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia
No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la decisión.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los fines legales consiguientes. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes identificado, en conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. El Presidente de la Sala y Ponente, ____________________________ OMAR ALFREDO MORA DÍAZ El Vicepresidente, Magistrado, ________________________________ _________________________ LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ JUAN RAFAEL PERDOMO Magistrado, Magistrada, ______________________________ _________________________________ ALFONSO VALBUENA CORDERO CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA El Secretario, _____________________________ JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA C.L. N° AA60-S-2006-000734 No- ta: Publicada en su fecha a El Secretario,