Venley

Sentencia N.º 1320

Sentencia
N.º 1320
Fecha
13/08/2008
Sala
Constitucional
Expediente
08-0330
Ponente
Pedro Rafael Rondón Haaz
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 22 de noviembre de 2007, el ciudadano DEIVIS ALEXANDER OCHOA HERNÁNDEZ, mediante la representación del abogado Jermán Escalona, con inscripción en el I.P.S.A. bajo el n.° 51.241, intentó, ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, amparo constitucional contra la omisión de pronunciamiento en que incurrió, el 25 de octubre de 2007, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal, para cuya fundamentación denunció la violación a sus derechos a la tutela judicial eficaz, a la libertad personal, al debido proceso, a la defensa y a solicitar del Estado el restablecimiento de la situación jurídica que le haya sido lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados, que acogieron los artículos 26, 44 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El 14 de febrero de 2008, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara juzgó sobre la pretensión que fue interpuesta y la declaró parcialmente con lugar.

El 22 de febrero de 2008, el ciudadano Deivis Alexander Escalona Hernández, mediante la representación del abogado Jermán Escalona, apeló, tempestivamente, contra la sentencia del citado Tribunal, para ante el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional.

Luego de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 25 de marzo de 2008 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

 

I

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

1.         Alegó:

1.1       Que, “…en fecha 25 de Octubre de 2.007, se llevó a cabo la Audiencia de conformidad con el artículo 250 de la Ley Penal Adjetiva, donde el Fiscal 3° del Ministerio Público del Estado Lara, ratificó medida de privación judicial preventiva de libertad solicitada ante el querellado en fecha 23 de Octubre de 2.007, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE UN ROBO Y LESIONES GRAVES previstos y sancionados en los artículos 406 ordinal 1° y 416 del Código Penal”.

1.2       Que “…siendo la oportunidad para presentar los alegatos de la Defensa, se solicitó como punto previo la NULIDAD ABSOLUTA del procedimiento realizado por el Fiscal 3° del Ministerio Público del Estado Lara, por considerar que se violaron derechos constitucionales a (su) defendido, así como normas procedimentales contenidas en nuestra Ley Adjetiva Penal, siendo que el Ministerio Público a sabiendas que el imputado se había presentado voluntariamente ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Estado Lara cuando fue llamado por este órgano el día 20-04-06 y donde arbitrariamente fue reseñado sin haber sido imputado y ante el Ministerio Público introduciendo escrito en fecha 24-04-06, donde solicitaba se le imputara a los fines de ejercer su derecho a la Defensa, siendo notificado éste para que compareciese ante ese despacho a los fines de nombrar su Defensor Privado, hecho este que se materializó y donde fu(eron) nombrados los Abogados CARLOS RANGEL y (su) persona y se ofició al Tribunal de Control de este Circuito Judicial para la correspondiente juramentación la cual recayó sobre Tribunal Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en asunto N°. KP01-P-2007-8551 y donde no se había podido realizar el acto de juramentación por encontrarse el Tribunal atendiendo gran cantidad de flagrancias siendo esto un hecho público y notorio en (su) circuito” (sic).

1.3       Que “…pese a estar pendiente la juramentación arriba señalada el Ministerio Público solicitó la orden de captura de (su) defendido violentándose así su derecho al DEBIDO PROCESO y específicamente su DERECHO A LA DEFENSA y a ser juzgado en libertad e ignorando lo que en esa investigación se estaba realizando ya que de haberse percatado que estaba en proceso de juramentación de la defensa no hubiese incurrido en (ese) error judicial”.

1.4       Que las anteriores razones de hecho y de derecho “…constituían (su) argumento para sustentar la NULIDAD ABSOLUTA del procedimiento y por ende de la írrita DETENCIÓN de (su) defendido y así se solicitó y no se obtuvo pronunciamiento alguno (…) incurriendo de esta manera en una evidente DENEGACIÓN DE JUSTICIA y violentando el debido proceso”.

 

2.         Denunció:

La violación a los derechos a la tutela judicial eficaz, a la libertad personal, al debido proceso, a la defensa y a solicitar del Estado el restablecimiento de la situación jurídica que le haya sido lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados que establecen los artículos 26, 44 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto el Juez de Control omitió pronunciarse respecto de las delaciones de lesión a los derechos constitucionales del quejoso que había efectuado la defensa.

 

3.         Pidió:

…que el presente recurso de amparo sea admitido, y substanciado conforme a derecho.

 

II

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

Por cuanto, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b), de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala declaró su competencia para el conocimiento de las apelaciones respecto de las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo de las que emitan los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Y por cuanto, en el asunto de autos, la apelación se ejerció contra un veredicto que expidió, en materia de amparo constitucional, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, esta Sala se pronuncia competente para la decisión del recurso en referencia. Así se decide.

 

III

DE LA SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

Los sentenciadores del fallo contra el que se recurrió  juzgaron sobre la pretensión de amparo en los términos siguientes:

 

PUNTO PREVIO

Esta Tribunal en Sede Constitucional pasa a resolver la incidencia planteada por el presunto agraviante durante la Audiencia celebrada en fecha 06/02/08, en relación a la solicitud de promoción de pruebas testimoniales, donde el mismo alegó textualmente lo siguiente: “…solicito y promuevo como prueba a los ciudadanos Marcos Parra, el Juez Trino La Rosa, la Secretaria María Alejandra Rodríguez y el Alguacil Saúl Hernández, a los fines de que rindan testimonio de esto…”

(...)

De lo antes trascrito y de alegado por las partes en la audiencia constitucional, se observa que el amparo obedece a una omisión de pronunciamiento donde el accionante agrega la existencia de un presunto hecho delictivo que se basa en el forjamiento de un documento, por lo que resulta impertinente e innecesaria la práctica de las deposiciones de testigos alegada por el presunto agraviante, por cuanto no son suficientes para determinar lo alegado por el accionante, máxime cuando para determinar la presunta irregularidad cometida sobre un documento se requieren de pruebas especiales practicadas por expertos, y la demostración de un procedimiento que de certeza de lo alegado, razón por la cual se declara INADMISIBLE las pruebas testimoniales ofrecidas por el presunto agraviante. (sic)

Ahora bien, en relación a supuesto violado (sic) la Defensa alega textualmente lo siguiente: “interpongo el presente RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL (…) contra la decisión judicial del Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, a cargo del Dr. TRINO LA ROSA VENDERDYS, en el Asunto Nº KP01-P-2.007-010341, donde omitió pronunciarse sobre la solicitud de NULIDAD ABSOLUTA planteada por la Defensa en la audiencia celebrada en fecha 25 de Octubre de 2007” (negrillas nuestra)

(...)

Ahora bien, en relación a la supuesta omisión de la solicitud de nulidad absoluta planteada por la defensa en la audiencia celebrada en fecha 25/10/07 y el presunto forjamiento o reemplazo de las actas que denuncia el accionante, considera esta Alzada que el acta inserta en el Asunto Principal signado bajo el Nº KP01-P-2007-010341, en los folios 35 al 39, no consta en el acta solicitud de nulidad alguna, observando que posee continuidad en cada una de sus partes y líneas, por lo que mal podría deducirse con una simple lectura del acta que dice el presuntamente agraviado haber sido alterada, que la misma posea la legalidad de un documento público, pues se trata de un instrumento que no ha sido tachado ni declarado nulo por algún otro procedimiento, la cual además se observa que fue suscrita por un Juez, el Secretario y las Partes, debiendo por tanto el recurrente demostrar por una vía distinta a esta que la misma fue alterada tal como lo alega y no por este procedimiento especial de amparo que no permite incidencia. Si este alega un hecho punible y de las actas no se evidencia actuación que pueda ser resuelta por esta vía extraordinaria, siendo procedente, como se ha indicado anteriormente, que quien lo alega concurra al organismo competente para que se inicie la correspondiente investigación, tal es el caso de la Fiscalía del Ministerio Público o de los Cuerpos Policiales, que deben ser puesto en conocimiento del presunto hecho delictivo a través de las vías que establece la ley, a fin de establecer tanto la existencia del hecho que se dice delictuoso y si constituye delito y por otro lado resolver por vía de incidencia o tacha en el procedimiento ordinario.

Siendo así las consideraciones realizadas por esta alzada y de la revisión de cada uno de los actos indicados por el Abg. Jerman Escalona, en su condición de Defensor Privado del ciudadano Deivis Alexander Ochoa Hernández, considera que lo más ajustado a derecho es declarar INADMISIBLE la presente denuncia, en razón de que debe agotarse el procedimiento ordinario.

Con relación al supuesto violado por el (sic) por parte del Juez de Primera Instancia en funciones de Control Nº 03 de este Circuito Judicial Penal, por la falta de notificación del auto de fundamentación de la audiencia de fecha 20/10/07, la Defensa alega textualmente lo siguiente: “por la falta de notificación del auto de fundamentación de la decisión in comento (sic) a los fines de ejercer el derecho a recurrir la misma y en consecuencia haber incurrido este en PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD”

Ahora bien, de la revisión realizada a las actas que conforman el Asunto Principal Nº KP01-P-2007-010341 y al Sistema Informático JURIS 2000, se puede evidenciar que en fecha 26 de Octubre de 2007 se realizó la fundamentación de la decisión de fecha 25 de Octubre de 2007, habiendo transcurrido un (1) día entre la Audiencia celebrada y su respectiva fundamentación.

A este respecto, es menester ilustrar lo estipulado en el artículo 177 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece textualmente lo siguiente: (...)

Visto el contenido del citado artículo es necesario señalar que, la celeridad procesal esta constituida como uno de los más altos fines del Código Orgánico Procesal Penal, por ello los Jueces tienen la obligación de decidir en el acto cuando existen audiencias orales, ya que sino resultaría ineficaz la adopción de un modelo de juzgamiento oral pleno si los jueces se reservan lapsos prolongados para decidir, por lo que esta Corte observa que la fundamentación de la decisión de fecha 25 de Octubre de 2007, se realizó transcurrido un (1) día de la Audiencia celebrada, por lo que el Juez de Control Nº 03 de este Circuito Judicial Penal estuvo en la obligación de notificar a las partes de dicha fundamentación, con la finalidad de que las mismas se impongan de la decisión y puedan ejercer los recursos, si estiman necesario hacerlo, a los fines de dar cumplimiento con el derecho a la tutela judicial efectiva, establecida en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantiza la libertad de acceso de todos los ciudadanos a los Tribunales de Justicia, de conformidad de lo pautado en la Ley, y que a su vez ofrece distintas vías procesales, preceptos que establecen los medios de impugnación, a través de los cuales el derecho ha de ejercerse.

(...)

Como consecuencia de los razonamientos anteriormente analizados y expuestos, considera esta Corte de Apelaciones en sede de Primera Instancia, actuando como Tribunal Constitucional, que lo ajustado a derecho en el presente caso es DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de Amparo interpuesto por el Abg. Jerman Escalona, en su condición de Defensor Privado del ciudadano Deivis Alexander Ochoa y en consecuencia se ordena al Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control N° 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, notificar a todas las partes del Auto motivado publicado al día siguiente de la celebración de la Audiencia.

 

Con motivo de la apelación, el recurrente alegó: 1) que “…El recurso de amparo en cuestión, se fundamentó entre otras cosas, en la FALTA DE PRONUNCIAMIENTO por parte del juez de Control N° 3 de este Circuito Judicial Penal, referente a una solicitud de NULIDAD ABSOLUTA hecha por (esa) Defensa Técnica. Se acompañó a dicho recurso copia del Acta de Audiencia celebrada en fecha 25-10-07. Se informó a (esa) digna Corte sobre un aparente forjamiento de uno de los folios que componen la citada Acta y en donde se observa que habían eliminado la palabra NULIDAD de la misma. Queda así plenamente demostrado que el motivo del recurso de amparo constitucional no era tal como lo plantea (esa) Corte la alteración del Acta de la Audiencia Preliminar”; 2) que “…Para el momento de la realización de la Audiencia Constitucional no existía ninguna denuncia por forjamiento de documento público razón por la cual era obligación de (esa) Corte pronunciarse con respecto a lo solicitado en el recurso, sin tocar el fondo de la posible comisión de un hecho punible. Existía un Acta sobre la cual debía centrarse el análisis a los fines de determinar la existencia o no de la violación de un derecho o garantía constitucional, hecho este que en el presente caso no ocurrió, haciendo caso omiso a esa función tuitiva que tienen (esos) magistrados”; y, 3) que “…El Acta de la Audiencia de fecha 25-10-07 (…), en varios pasajes se observa la forma insistente mediante la cual esta defensa expresó que se habían violentado derechos constitucionales a su defendido no consiguió igualmente respuesta alguna por el juzgador al momento de tomar este su decisión. (…) en el presente caso existían en el acta en cuestión pedimentos directos donde se señalaban violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa que no fueron satisfechos por el juez de control y que (esa) Corte no tomó en cuenta para decidir”; y pidió “…sea declarado con lugar el presente recurso y para que una vez decidido se cumpla con el restablecimiento en el goce efectivo y activo de los derechos y garantías constitucionales de (su) defendido ordenándose la libertad plena”.

 

IV

MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN

El demandante de amparo delató la violación a sus derechos a la tutela judicial eficaz, a la libertad personal, al debido proceso, a la defensa y a solicitar del Estado el restablecimiento de la situación jurídica que le haya sido lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados con fundamento en los artículos 26, 44 y 49 de la Constitución de la República, que, supuestamente, fueron vulnerados por el Juez Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de la Circuito Judicial Penal del Estado Lara, cuando, supuestamente, omitió pronunciarse respecto de las denuncias referentes a la vulneración de los derechos constitucionales del imputado que su defensa había efectuado durante la celebración de la audiencia de presentación.

La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara declaró parcialmente con lugar la pretensión de amparo constitucional porque consideró que el a quo penal no había notificado a las partes de la fundamentación del decreto de la medida privativa de libertad que pesa sobre el imputado, que dictó el 26 de octubre de 2007. Contra esta decisión apeló la defensa del accionante y alegó que el fundamento del amparo se refería a la falta de pronunciamiento del juez de control respecto de las delaciones de violación a los derechos constitucionales de su representado y que la Corte de Apelaciones también había incurrido en la misma omisión.

La Sala, para la decisión, observa:

De las actas que forman el expediente de la presente causa se desprende, con claridad, que, efectivamente, el objeto del amparo era la impugnación del fallo que dictó, el 25 de octubre de 2007, el Juez Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, con ocasión de la celebración de la audiencia de presentación del ciudadano Deivis Alexander Ochoa Hernández, en la cual habría omitido pronunciamiento respecto de las denuncias de violación a los derechos constitucionales de este último a la defensa, al debido proceso y a la libertad personal en el proceso que se lleva en su contra.

Verifica esta Sala que, con ocasión de la celebración de la audiencia de presentación de imputado, la defensa denunció que en el procedimiento que se llevaba en contra de su representado, se habían lesionado los derechos al debido proceso y a la defensa que reconoce el artículo 49 de la Constitución de la República.

Comprueba, igualmente, esta alzada constitucional que, en el auto que produjo el Juez de Control al término de la celebración de la referida audiencia de presentación, no hubo pronunciamiento alguno respecto de las delaciones de lesión a los derechos constitucionales del procesado; así como tampoco lo hubo en el auto de fundamentación de la medida privativa de libertad que emitió el a quo penal, el 26 de octubre de 2007.

Así las cosas, estima esta Sala Constitucional que la razón asiste al apelante por cuanto, efectivamente, la Corte de Apelaciones, pese a que hubo oído al accionante en la audiencia pública correspondiente, no resolvió respecto del fundamento de la demanda de amparo que era la omisión de pronunciamiento en la que incurrió el Juez Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, respecto de las denuncias de violación a los derechos constitucionales del quejoso al debido proceso, a la defensa y a la libertad personal que había alegado la defensa del imputado durante el proceso que se seguía en su contra, con relación con las cuales, en efecto, no emitió decisión. Así se declara.

En razón del anterior pronunciamiento, lo procedente en derecho es la reposición de la causa de amparo al estado de que el juez de primera instancia vuelva a decidir – esta vez de forma motivada- respecto de las denuncias de violación a los derechos constitucionales del imputado que interpuso su defensa. Así se declara.

 

V

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: CON LUGAR la apelación que interpuso la defensa del ciudadano Deivis Alexander Ochoa Hernández contra la decisión que pronunció, el 14 de febrero de 2008, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara.

segundo: REVOCA la sentencia que dictó la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara,  que declaró parcialmente con lugar el amparo de autos.

TERCERO: CON LUGAR el amparo que interpuso la defensa del ciudadano Deivis Alexander Ochoa Hernández contra el fallo que emitió el Juzgado Tercero de Primera Instancia funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, el 25 de diciembre de 2007.

CUARTO: SE REPONE la causa al estado de que la Corte de Apelaciones Circuito Judicial Penal del Estado Lara se pronuncie respecto de las denuncias de violación a los derechos constitucionales del accionante.

 

Publíquese, regístrese y archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,       a los 13 días del mes de agosto de dos mil ocho. Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

El Vicepresidente,

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

Los Magistrados,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Ponente                      

 

…/

…

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

PRRH.sn.ar.

Exp. 08-0330

 

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