Sentencia N.º 1325
- Sentencia
- N.º 1325
- Fecha
- 13/08/2008
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 07-1800
- Ponente
- Pedro Rafael Rondón Haaz
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Consta en autos que, el 2 de mayo de 2007, la ciudadana IWONA SZYMAÑCZAK, titular de la cédula de identidad n.° 24.231.420, con la asistencia del abogado Luis Enrique Tiamo Toledo, con inscripción en I.P.S.A. bajo el n.° 88.231, intentó, ante el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, demanda de amparo constitucional contra el acto decisorio que expidió el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de esa misma Circunscripción Judicial, el 26 de octubre de 2006, para cuya fundamentación denunció la violación a sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial eficaz que acogieron los artículos 49 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El 10 de agosto de 2007, el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui juzgó sobre la pretensión que fue interpuesta y la declaró con lugar, decisión contra la cual, el 1° de octubre de 2007, apeló el ciudadano Gaetano Salvato Bronzi tercero interesado-, mediante la representación del abogado Antonio Anato, con inscripción en I.P.S.A. bajo el n.° 47.556 y, por auto del 5 de diciembre de 2007, se remitió el expediente a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Luego de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala, por auto del 12 de diciembre de 2007, y se designó ponente al Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero.
El 14 de diciembre de 2007, el ciudadano Gaetano Salvato Bronzi, mediante la representación del abogado Antonio Anato, consignó escrito de fundamentación de la apelación y luego, el 4 de marzo de 2008, solicitó pronunciamiento.
El 8 de mayo de 2008, se reasignó la ponencia al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.
El 11 de junio y el 2 de julio de 2008, el apelante pidió decisión.
I
DE LA CAUSA
El 8 de mayo de 2007, el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui admitió la pretensión de tutela constitucional, otorgó la medida cautelar que fue solicitada y ordenó la práctica de las notificaciones correspondientes.
El 27 de junio de 2007, tuvo lugar la audiencia pública correspondiente de la que se levantó acta en la cual se dejó constancia de la asistencia de la representación judicial de la quejosa, abogado Luis Enrique Tiamo Toledo; de los ciudadanos Salvato Bronzi Gaetano y Salvato Marsicano Donato, con la asistencia del abogado César Augusto Rodríguez Vivas; de la representación del Ministerio Público y de la inasistencia del supuesto agraviante.
El 10 de agosto de 2007, el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui declaró con lugar la demanda de amparo constitucional.
II
DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA
1. La parte actora alegó:
1.1 Que celebró contrato de arrendamiento con el ciudadano Salvato Bronzi Gaetano respecto de un apartamento que se ubica en el edificio Puerto Dorado, n° 80, piso 8, calle Tamanaco, tercera etapa de El Morro, Lechería, Estado Anzoátegui.
1.2 Que, el 8 de julio de 2004, el ciudadano Donato Salvato Marsicano, apoderado del arrendador, con la asistencia de abogados, interpuso demanda de desalojo en su contra ante el Juzgado del Municipio Diego Bautista Urbaneja de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.
1.3 Que en la primera oportunidad procesal contestación de la demanda- opuso la cuestión previa que dispone el ordinal 3° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, por falta de legitimidad de la persona que se presenta como apoderado o representante del actor, pues quien dijo ser el representante del arrendador -Donato Salvato Marsicano- no tiene capacidad de postulación para el ejercicio de poderes en juicio, por cuanto no es abogado.
1.4 Que pese a la falta de legitimación del ciudadano Donato Salvato Marsicano como apoderado del actor, el Juzgado del Municipio Diego Bautista Urbaneja de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, el 17 de noviembre de 2004, declaró con lugar la demanda de desalojo; en consecuencia, la condenó al desalojo y a la entrega del inmueble libre de bienes y personas, para lo cual desechó la cuestión previa, en los siguientes términos:
En el presente caso, se aprecia que DONATO SALVATO tenía facultades para representar judicialmente al demandante, sin embargo DONATO SALVATO no era abogado y si en esta condición de Apoderado judicial hubiera concurrido ante los Tribunales de la República sin la debida asistencia profesional, si hubiese tenido lugar la defensa por ello (sic) opuesta pero siendo que se hizo asistir de abogado mal puede ser declarada con lugar la cuestión previa alguida (sic) por la accionada, por lo que la misma se Declara Improcedente.
1.5 Que, el 30 de noviembre de 2004, ejerció apelación contra la sentencia a que se hizo referencia, recurso cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui quien, el 26 de octubre de 2006, declaró sin lugar la apelación y confirmó en todas sus partes el fallo que había sido recurrido.
2. Denunció:
La violación a sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial eficaz que establecen los artículos 49 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
pues con su sentencia permitió que alguien, con una representación contraria a derecho, cuyas actuaciones son nulas e inadmisibles, [la] demandara, se trabara indebidamente la litis, se desarrollara todo un proceso y se [le] sentenciara y condenara a desalojar el inmueble que sirve de morada a [su] persona y núcleo familiar, contrariando, como se ha dejado dicho, todo el criterio vinculante emanado de la Sala Constitucional, pues solo le es dado a [su] arrendador, asistido de abogado o mediante apoderado judicial debidamente constituido, obligar[la] a sustentar y sostener de manera regular una demanda y un juicio como los de marras. En ese sentido, alegó que el juez del acto decisorio impugnado
a pesar de haberse percatado oportunamente que quien se había presentado en juicio como representante judicial de [su] arrendador no es abogado y que esa condición no le permitía actuar en juicio a nombre de [su] arrendador, ni siquiera asistido de abogado, por lo que es nulo el juicio de desalojo propuesto en [su] contra, no aplicó el correctivo procesal adecuado, (
).
3. Pidió:
3.1 Como medida cautelar:
(
) la suspensión de la ejecución de la sentencia en cuestión hasta tanto [ese] Tribunal Constitucional no emita el fallo de rigor. De permitirse la citada ejecución y, por tanto, [su] desalojo del inmueble (
), ello constituiría un gravamen irreparable que haría nugatorio todo eventual efecto declarativo de procedencia de este Recurso de Amparo Constitucional.
3.2 Como petitorio de fondo:
(
) la declaratoria CON LUGAR del recurso extraordinario de Amparo Constitucional aquí propuesto, dada la conducta lesiva mediante la que el Juez imputado de agravio lesionó [sus] derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso y a una tutela judicial efectiva, cuando de manera evidente e incomprensible se sustrajo del criterio imperante y vinculante expresado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en los numeroso (sic) fallos dictados en caso de idéntica hechura.
III
DE LA COMPETENCIA DE LA SALA
Por cuanto, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b), de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala declaró su competencia para el conocimiento de las apelaciones respecto de las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo de las que emitan los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Y por cuanto, en el asunto de autos, la apelación se ejerció contra un veredicto que expidió, en materia de amparo constitucional, el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de
IV
DE LA SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
El sentenciador del fallo contra el que se recurrió juzgó sobre la pretensión de amparo en los términos siguientes:
CON LUGAR la acción de AMPARO CONSTITUCIONAL, ejercida por la ciudadana, IWONA SZYMAÑCZAK, (
), contra sentencia de fecha 26 de octubre de 2006, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de [esa] Circunscripción Judicial, que conoció en Alzada de la apelación ejercida por la recurrente en el juicio por DESALOJO incoado en su contra por el ciudadano DONATO SALVATO MARSICANO, quien actuó en dicho juicio como apoderado de su padre, ciudadano SALVATO BRONZI GAETANO, con motivo del fallo proferido por el Juzgado del Municipio Diego Bautista Urbaneja de [esa] misma Circunscripción Judicial, en fecha 17 de noviembre 2004, en el mencionado juicio.
En consecuencia, se revoc[ó] la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de esta Circunscripción Judicial, y se orden[ó] emitir un nuevo fallo tomando en cuenta el criterio expresado en esta decisión.
En virtud de la especial naturaleza del amparo solicitado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no hay condenatoria en costas.
A juicio de quien expidió el acto de juzgamiento objeto de apelación:
Así las cosas, el Tribunal observa, no obstante que la decisión judicial objeto de análisis transitó por todo el procedimiento esquelético que impone el desarrollo de una sentencia; que en la admisión de la misma se advierte un vicio procesal y legal, que empero haber sido admitida, no fue corregida por el Tribunal presunto agraviante, en la oportunidad de plantearse la cuestión previa por el quejoso, toda vez, según se evidencia de las actuaciones, que el ciudadano DONATO SALVATO MARSICANO, interpuso demanda por DESALOJO contra la ciudadana IWONA SZYMAÑCZAK, con un poder otorgado con facultades judiciales que le fue conferido por el ciudadano SALVATO BRONZI GAETANO, en su carácter de Arrendador del inmueble objeto del juicio por Desalojo, evidenciándose que el apoderado judicial del señalado Arrendador, no es abogado en ejercicio y se hizo asistir por los profesionales del derecho EDDA PEREZ ALACALA y JULIO CESAR FARIÑAS; cuando lo procedente era sustituir el poder conferido a los abogados que le asistían para interponer la demanda en cuestión, conforme a lo establecido en la disposición legal y procesal contenidas en los artículos 3 y 4 de
V
DE
Con motivo de la apelación, el ciudadano Gaetano Salvato Bronzi, mediante la representación del abogado Antonio Anato, alegó:
1. Que la pretensión de amparo constitucional es inadmisible de conformidad con el cardinal 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, toda vez que, efectivamente transcurrieron sobradamente los seis (6) meses señalados, sin que la presunta agraviada haya ejercido la acción constitucional de amparo que nos ocupa, toda vez, que dicho lapso de tiempo (sic) (6 meses) se consumó, como dijimos precedentemente el día 27 de abril de 2007; y aún en el supuesto de que se tomara como punto de partida para computar los seis (6) meses aludidos, la fecha en que fue notificada la presunta agraviada de la sentencia en contra de la cual intentó la presente acción de amparo constitucional, esto es, el día 06 de noviembre de 2006, tal como consta en el respectivo expediente contentivo del juicio de desalojo; igualmente transcurrieron los indicados seis (6) meses, toda vez que, dicho lapso de tiempo (sic), aún en éste supuesto vencieron el día 06 de mayo de 2007, y este amparo fue admitido como se dijo en párrafos anteriores, en fecha 08 de mayo de 2007; (
)
2. Que el ciudadano Donato Salvato Marsicano, como apoderado del ciudadano Gaetano Salvato Bronzi, se limitó a la presentación de la demanda de desalojo en contra de la ciudadana Iwona Szymañczak, debidamente asistido por abogados y no realizó ni pretendió la realización de ningún acto del proceso, para lo cual sustituyó el mandato en abogados quienes sí tienen capacidad de postulación, en atención a las amplias facultades que fueron otorgadas en el poder, entre las cuales estaba la constitución de apoderados judiciales.
VI
MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN
De autos se desprende que la ciudadana Iwona Szymañczak interpuso demanda de amparo constitucional contra el acto jurisdiccional que expidió el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de
Como fundamento de la pretensión de amparo de autos, la justiciable alegó la supuesta violación a sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial eficaz que acogieron los artículos 49 y 26 de
Por su parte, el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de
1. Ahora bien, respecto al primer alegato que fue expuesto por la representación judicial del recurrente, en cuanto a la inadmisibilidad de la demanda de acuerdo con el cardinal 4 del artículo 6 de
El 26 de octubre de 2006, el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de
El 8 de noviembre de 2006, el Alguacil del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de
De lo anterior se evidencia que a la demanda de autos no le es oponible la causal de inadmisibilidad que preceptúa el cardinal 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucional, toda vez que, desde la oportunidad cuando, según consta en autos, tuvo lugar la notificación de la decisión impugnada a la legitimada activa, hasta la interposición de la presente demanda de amparo constitucional no había transcurrido el lapso que dispone la referida norma para la declaratoria de inadmisión. Por tal razón, se desecha por improcedente el alegato de inadmisibilidad que fue esgrimido por el recurrente. Así se decide.
2. Respecto a la supuesta falta de legitimación de la persona que se presentó como apoderado del ciudadano Salvato Bronzi Gaetano para la incoación de la demanda de desalojo contra la ciudadana Iwona Szymañczak, esta Sala debe proceder a la realización de las siguientes consideraciones:
El ciudadano Salvato Bronzi Gaetano otorgó poder a su hijo, Donato Salvato Marsicano, en los siguientes términos:
Yo, Salvato Bronzi Gaetano, (
) confiero Poder General pero amplio y bastante cuanto en derecho se refiere al ciudadano DONATO SALVATO MARSICANO (
) para que en mi nombre y representación, reclame, sostenga y defienda mis derechos, intereses y acciones en todos y cada uno de mis asuntos, negocios e intereses que tenga en la actualidad o tuviere en lo futuro; para representarme en todo los asuntos judiciales, ya como demandante o como demandado, con facultades para intentar y contestar en mi nombre y representación, toda especie de acciones, reconvenciones, excepciones y recursos ordinario o extraordinario, con facultades expresar para darse por citado (
) podrá sustituir este mandato en abogado de su confianza, en todo o en parte y otorgar y revocar poderes y sustituciones y en general queda facultado ampliamente mi apoderado para hacer con respecto a mis derechos cuanto yo mismo pudiera hacer sin limitación alguna en cuanto no sea opuesto en derecho (
)
Como fue narrado, el ciudadano Donato Salvato Marsicano -quien no es abogado- actuó en el juicio originario como apoderado de su padre.
El 17 de noviembre de 2004, el Juzgado del Municipio Diego Bautista Urbaneja de
En relación a este punto se observa, que tal como lo sostuvo el Tribunal A-quo, si bien es cierto que el ciudadano DONATO SALVATO MARSICANO, plenamente identificado en autos, no es abogado y por lo tanto no tiene postulación para actuar en juicio en nombre de su poderdante SALVATO BRONZI GAETANO, plenamente identificado en autos, no es menos cierto que el mismo se hizo asistir por los profesionales del derecho Edda Pérez Alcalá y Julio Cesar Fariñas, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nº 56.555 y 95.374, respectivamente, por lo que estima este Tribunal con la asistencia anteriormente señalada quedó subsanada tal omisión. Así se declara.
De lo anterior se evidencia que, tanto el Juzgado de Municipio como el Juzgado de Primera Instancia erraron cuando consideraron subsanada la cuestión previa que fue promovida por la parte demandada ordinal 3° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil-, toda vez que, de conformidad con lo que preceptúan los artículos 166 del Código de Procedimiento Civil y 4 de
Como consecuencia de lo que fue referido con anterioridad, esta Sala declara, respecto de la cuestión previa a que se refiere el ordinal 3° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil (La ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del actor, por no tener capacidad necesaria para ejercer poderes en juicio, o por no tener la representación que se atribuya, o porque el poder no esté otorgado en forma legal o sea insuficiente), específicamente el supuesto que se refiere a la ilegitimidad de la persona que se presenta como apoderado del actor porque no tiene la capacidad necesaria para ejercer poderes en juicio, no es subsanable en modo alguno.
En este sentido, debe observarse que es por esa razón que el artículo 350 del mismo texto legal no establece alguna forma de enmienda de ese vicio, cuando establece literalmente, como formas de subsanación de la cuestión previa del ordinal 3° del artículo 346, la comparecencia del representante legítimo del actor o del apoderado debidamente constituido, o la ratificación en autos del poder y de los actos realizados con el poder defectuoso, ninguna de las cuales serviría para salvar la imposibilidad jurídica del contrato de mandato en cuyo ejercicio se habría actuado en juicio.
En tal sentido, la jurisprudencia reiterada de esta Sala ha señalado que son ineficaces las actuaciones realizadas en juicio por quien no es abogado, aun cuando hubiere actuado asistido de abogado, así en sentencia n.° 2324 de 22 de agosto de 2002, estableció:
En este orden de ideas, debe concluirse, que para el ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio, lo cual no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del derecho, salvo que la persona actúe en el ejercicio de sus propios derechos e intereses. De tal forma que, cuando una persona, sin que sea abogado, ejerce poderes judiciales, incurre en una manifiesta falta de representación, al carecer de esa especial capacidad de postulación que detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de la profesión, conforme a lo que establecen
En el caso de autos, el ciudadano Bernardo Gutiérrez García, quien no es abogado, se atribuyó la representación en el juicio del ciudadano Javier Gutiérrez García, lo cual, como se explicó anteriormente, es inadmisible en Derecho. Por tanto,
Asimismo, esta Sala en sentencia n.° 1.170 de 15 de junio de 2004, ratificó que:
(
), la asistencia y la representación en juicio es función exclusiva de los abogados, de acuerdo con lo que preceptúan los artículos 166 del Código de Procedimiento Civil y 3 de
De un análisis de
(...)
Ahora bien, si el amparo va a interponerse mediante apoderado, éste si deberá ser un abogado en ejercicio, ya que se trata de comparecer por otro en juicio, lo que es función exclusiva de los abogados, de acuerdo al artículo 3 de
En este orden de ideas, debe concluirse que, para el ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio, lo cual no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del Derecho, salvo que la persona actúe en el ejercicio de sus propios derechos e intereses. De tal forma que, cuando una persona, sin que sea abogado, pretenda ejercer poderes judiciales, incurre en una manifiesta falta de representación, en cuanto carece de esa especial capacidad de postulación que detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de su profesión, conforme a lo que establece
En el caso de autos, la ciudadana Divina Pastora Pena García, quien no es abogada, pretendió la sustitución de un poder en la persona de un profesional del Derecho, cuando confirió la facultad de representación judicial de otro, la cual nunca pudo detentar, lo que, como se explicó anteriormente, es inadmisible en derecho.
De otra parte, en el escrito continente de la demanda no se observa que la ciudadana que se mencionó invocara, por vía principal o por intervención de terceros, la protección de legítimos derechos e intereses de su persona, razón por la cual no pudo tramitarse, ni por ende, lesionarse, garantía de tutela jurisdiccional alguna en su ámbito subjetivo.
Así las cosas,
En ese mismo sentido, la jurisprudencia de
En sentencia de esta Sala, de fecha 18 de abril de 1956, se estableció lo siguiente: Como tal representante de otros, no puede dicho señor sin ser abogado ni procurador comparecer en juicio, ni realizar ninguna gestión (la ley erradamente dice cuestión) inherente al ejercicio de la profesión de abogado (artículo 2° Ley de Abogados) ya que tampoco está comprendido aquél en las excepciones establecidas por esta ley por el Código de Procedimiento Civil. En consecuencia no le es dable a esta Corte admitir el escrito de formalización de este recurso pues además del referido artículo 2°, también dispone el artículo 4° de la misma ley especial que: Los jueces no admitirán como representante a personas que según las disposiciones de la presente ley, carezcan de las condiciones exigidas para ser apoderados judiciales.
(
)
En sentencia del 14 de agosto de 1991 (Agropecuaria Hermanos Castellano C.A. contra Leonte Borrego Silva y otro),
En el mismo orden de ideas,
El artículo 3 de
Por su parte, el artículo 4 eiusdem dispone que ...Toda persona puede utilizar los órganos de la administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses. Sin embargo, quien sin ser abogado deba estar en juicio como actor, como demandado o cuando se trate de quien ejerza la representación por disposición de
De acuerdo con las referidas normas es necesario para comparecer a un juicio en nombre de otro, estar asistido o representado por un profesional del derecho. Dicha tarea está reservada por expresa disposición de la ley a quienes ostentan el título de abogado, con la finalidad de que cualquier solicitud judicial tenga el debido sustento jurídico.
En el presente caso, consta de las actas que Eloín Chirinos Silva, quien invocó su condición de Presidente de
Tal actuación es ineficaz, pues de acuerdo con las normas antes transcritas no puede un ciudadano comparecer en nombre de una persona jurídica a interponer un recurso sin ser abogado.
...El mencionado ciudadano en su carácter de apoderado general de la parte co-demandada, ha venido actuando en este juicio sin que conste que es abogado contraviniendo
En sentencia de esta Sala de fecha 18 de abril de 1956, se estableció lo siguiente: Como tal representante de otros, no puede dicho señor sin ser abogado ni procurador comparecer en juicio, ni realizar ninguna gestión (...) inherente al ejercicio de la profesión de abogado (Art. 2º de
En el actual régimen procesal el legislador ha puesto énfasis en conferir la capacidad de postulación en juicio por otra persona en forma exclusiva a los abogados, al establecer tal cualidad en forma imperativa en el artículo 166, que sólo podrán ejercer poderes en juicio quienes sean abogados en ejercicio, conforme a las decisiones de
En igual sentido, en sentencia dictada el 22 de enero de 1992 (Raúl Lubo Lozada c/ Asociación Civil Fundación para
En el caso que se estudia, el Presidente de
En razón de todo lo que fue expuesto, esta Sala considera que la falta de capacidad de postulación, conlleva, en estos casos, a una falta de representación que ocasiona ineludiblemente la inadmisión de la demanda interpuesta, de conformidad con lo que ordena el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, porque es contraria a
En mérito de las consideraciones que preceden, esta Sala declara sin lugar el recurso de apelación que fue interpuesto contra el acto decisorio que expidió, el 10 de agosto de 2007, el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de
VII
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de
Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vice-presidente,
Francisco Antonio Carrasquero López
Los Magistrados,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Ponente
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH.sn.ar.
Exp. 07-1800
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